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LUIS A. GALEANO

  MOVIMIENTO CAMPESINO HOY. CONQUISTAS Y DERROTAS EN UN CONTEXTO CONTRADICTORIO DE CRISIS SOCIAL Y POLÍTICA (LUIS GALEANO)


MOVIMIENTO CAMPESINO HOY. CONQUISTAS Y DERROTAS EN UN CONTEXTO CONTRADICTORIO DE CRISIS SOCIAL Y POLÍTICA (LUIS GALEANO)

MOVIMIENTO CAMPESINO HOY.

CONQUISTAS Y DERROTAS EN UN CONTEXTO CONTRADICTORIO

DE CRISIS SOCIAL Y POLÍTICA
 
LUIS GALEANO


 

Uno de los actores sociales más destacados, en este largo y azaroso proceso de democratización, es el movimiento campesino. Más allá de sus limitaciones y contradicciones, de sus aciertos y desaciertos, las distintas organizaciones campesinas, especialmente las que han intervenido a través de proyectos y luchas de índole reivindicativos, se han constituido en actores sociales que ocuparon legítimos espacios en el escenario social y político nacional. En otro trabajo, hemos señalado que "las marchas, las movilizaciones y las múltiples protestas del campesinado organizado hicieron que los problemas del sector fuesen difundidos y debatidos más ampliamente en el ámbito de la opinión pública. A partir de estas acciones colectivas se logró que dichos problemas hayan sido concebidos como cuestiones sociales que no sólo afectaban críticamente a los pequeños agricultores y a los campesinos sin tierra, sino que también impactaban sobre el conjunto de la sociedad y la marcha del propio proceso de democratización". (1)  Es decir, los campesinos organizados se convirtieron en actores ciudadanos, ganando un protagonismo que antes no tenían.

Esa mayor legitimidad ciudadana y ese más notorio protagonismo no siempre se tradujo en la oportuna y adecuada atención de los problemas campesinos. En efecto, si bien las organizaciones campesinas obtuvieron la atención de una parte de sus demandas y reivindicaciones, la otra parte no fue atendida en la práctica, y si lo fue la respuesta ha sido meramente retórica o la atención fue parcial o visiblemente ineficaz, y en no pocos casos contraproducente. Ahora bien, los éxitos y los fracasos no sólo tuvieron lugar en el plano de las luchas y las demandas encaradas frente a los actores sociales y políticos dominantes, sino que también al interior del conjunto del movimiento campesino se verificaron avances y retrocesos en el marco de la alianza existente entre las distintas organizaciones que lo integran. En estas notas, nuestro análisis enfatizará las conquistas y las derrotas más recientes del movimiento campesino como actor social colectivo, reflexionando sobre los saldos positivos y los negativos acaecidos tanto en el contexto de las acciones y disputas entabladas ante los actores detentadores del poder imperante en la sociedad y en el Estado, como los que igualmente surgieron en su propio seno, expresados en los encuentros o desencuentros surgidos entre las organizaciones que lo conforman.

 

EL ESCENARIO RECIENTE Y ACTUAL

En los últimos años, la crisis de la economía campesina no sólo ha persistido, sino que inclusive empeoró aún más. La fuerte retracción que desde años atrás venía experimentando el cultivo del algodón (el principal rubro de renta de la gran mayoría de los productores campesinos), durante el 2002, se agravó aún más, pues el área sembrada disminuyó en más de 150 mil hectáreas (en comparación al volumen registrado el año anterior) y la productividad y los ingresos disminuyeron notoriamente, por causa de la sequía y depresión de los precios internacionales. (2) No sólo los mayoritarios estratos campesinos que, desde la década del 60, dependían del mencionado renglón productivo para la obtención de gran parte de sus ingresos monetarios están atravesando por una situación económica sumamente crítica, sino también los segmentos que, en el transcurso de un período más reciente -años 90-, innovaron sus estrategias productivas, y que recurriendo a una inserción más intensa y eficiente al mercado (horticultores, fruticultores y pequeños granjeros), entraron en una fase de estancamiento e inclusive de declive. Las importaciones de productos a más bajos precios y de mejor calidad provenientes de los países vecinos, así como la inexistencia de políticas públicas diferenciadas de financiamiento y de mejoramiento tecnológico incidieron en la mencionada retracción.

La clase social más golpeada por el colapso en el que se encuentran las políticas sociales en este tramo final del inoperante Gobierno del Presidente González Macchi es la campesina. El prácticamente paralizante déficit fiscal hace que sean las comunidades rurales las más negativamente afectadas por la restricción de los recursos estatales en el ámbito de la provisión de los servicios sociales clave, en especial los referidos a la educación y a la salud. Los grupos campesinos que todavía disponen de ciertos recursos productivos (tierra e instrumentos de labranza) intentan reconstruir sus capacidades de auto-alimentación, a costa de una más intensiva auto-explotación de la fuerza de trabajo femenina, y esperan que los jóvenes que migran a las ciudades del país, a la Argentina o al Brasil, les hagan llegar remesas de dinero, menos abundantes que las de otras épocas, pero siempre de vital importancia. Los estratos con menores recursos y los campesinos sin tierra son los más vulnerables. Las cada vez menores oportunidades laborales existentes en los mercados de trabajo urbano, debido al ya prolongado estancamiento de la economía nacional, les dejan horizontes muy estrechos de supervivencia. Si no se sumergen en las condiciones más duras de la pobreza extrema es porque, en varias de las comunidades rurales, todavía persisten importantes recursos y energías de capitales sociales y comunitarios (redes de cooperación y solidaridad).

La crisis política se agudizó últimamente. Si bien el juicio político, que culminó el pasado 11 de febrero de 2003, no desembocó en la destitución del Presidente de la República, el mismo dejó señales evidentes que: la gestión de González Macchi va a quedar como una de las más pobres e ineficientes de la historia política contemporánea paraguaya; su no desplazamiento de la primera magistratura se debió al juego de intereses imperantes en las puertas de una nueva elección presidencial (a realizarse en el próximo mes de abril); y los cargos de corrupción que le fueron imputados no han sido levantados y que deben ser dilucidados en los estrados judiciales. El fuerte enrarecimiento del clima político, aunque, por un lado, generó más confusión e incertidumbre, también, por otro lado, abrió espacios para que diversos segmentos de la ciudadanía expresaran sus posiciones y llegaran a movilizarse en contra la corrupción y la impunidad. Precisamente, las más importantes organizaciones del movimiento campesino, de forma coordinada entre ellas o en alianza con otras organizaciones de los grupos progresistas y de otros sectores sociales, protagonizaron acciones de protestas y de demandas específicas para resolución de los problemas causados por la inoperancia del Gobierno y la corrupción pública.

 

LAS CONQUISTAS

En el transcurso del año 2002, además de los clásicos reclamos por la reforma agraria, los precios de los productos del sector, la salud y la educación, las organizaciones campesinas también se movilizaron, ocupando rutas y marchando hasta Asunción, para detener la privatización de las empresas estatales (particularmente la telefónica), defender la banca pública, repudiar el terrorismo del Estado, protestar por la postergación del gasto social en el presupuesto de la Nación, repudiar el terrorismo de Estado y manifestarse en contra del Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA).

La reforma de la banca pública fue postergada. Se suspendió la venta de COPACO (telefónica estatal) y la Ley 1.615 de privatización de las empresas estatales fue derogada. En el primer reclamó, las organizaciones campesinas actuaron conjuntamente con la Coordinadora Agrícola del Paraguay (que aglutina a los medianos y grandes empresarios agrícolas), los sindicatos estatales de ministerios e instituciones bancarias y financieras afectados y una de las centrales sindicales más importantes del país, la Confederación Nacional de Trabajadores (CNT). Para el segundo reclamo, las mencionadas organizaciones se unieron a la mayoría de las organizaciones sindicales nacionales, los grupos políticos de izquierda y algunos grupos políticos antiprivatistas pertenecientes a partidos tradicionales (al Liberal concretamente), para constituir lo que se denominó el Congreso Democrático del Pueblo.

Uno de los saldos positivos de las distintas intervenciones, en el contexto de sus tradicionales y emergentes demandas, fue "el restablecimiento de las alianzas entre las grandes federaciones que se habían separado en el año 1998, la Federación Nacional Campesina (FNC), la Organización Nacional Campesina (ONAC) y la Meza Coordinadora Nacional de Organizaciones Campesinas (MCNOC)". (3) La separación se había concretado, por un lado, como consecuencia de la divergencia de intereses que afloraba entre los distintos estratos de pequeños agricultores, generada por la agudización del proceso de diferenciación campesina provocado por el avance disrruptivo del capitalismo agrario. El desencuentro, por otro lado, en mayor medida surgió por las discrepancias ideológicas y de orientaciones valorativas que empezaron a manifestarse entre las mencionadas organizaciones, sostenidas preferentemente por las dirigencias y lideres. Mientras que la ONAC continuaba más apegada al mecianismo cristiano cultivado por las Ligas Agrarias de los años sesenta y setenta, y la MCNOC no lograba todavía perfilar un corpus coherente de principios, la FNC ya había asumido ejes ideológicos de corte netamente clasista.

Lo que entonces los había distanciado, ahora, más recientemente, los volvía a unir: los principios y la ideología. Entre los primeros, sobresalió el criterio ético del rechazo de la corrupción. Una parte importante de los argumentos de rechazo de la privatización de las empresas estatales se refirió a la corrupción en la que se estaba llevando a cabo el proceso. En cuanto a la ideología, el eje aglutinante giró en torno al resurgimiento del sentimiento nacionalista, que inspiraba la resistencia a la apertura irrestricta del libre mercado, impuesta por los centros hegemónicos del capitalismo mundial, y la oposición a las recetas de reforma económica impuestas por el FMI y el Banco Mundial.

Dada la laxitud de los principios y de las ideas inspiradores, se explica que los consensos no sólo tuvieron lugar al interior del movimiento campesino, sino que asimismo abarcaron a una gama más amplia de actores sociales y políticos. En el caso de la reforma de la banca pública, además de un relativo acuerdo sobre la oposición a la política privatista, la coincidencia también se dio en el plano de los intereses. Con los empresarios agrícolas el "consenso amplio" estuvo en la necesidad de mantener el financiamiento público, a pesar de que los intereses de fondo no eran idénticos, pues para éstos dicha fuente constituía el acceso a créditos a intereses más bajos y ventajosos que los ofrecidos por la banca privada, mientras que para los campesinos esta última era prácticamente la única opción de contar con créditos, fuera de las garras de la usurería. Y los sindicatos de las entidades financieras del Estado, por su parte, se sumaron a la antiprivatización en defensa de la seguridad del empleo del que disfrutan.

En suma, tanto la alianza interna del movimiento campesino como la que se estableció con los otros actores sociales y políticos se concretaron en el suelo movedizo de una coyuntura socio-política sumamente incierta y contradictoria. En gran medida, cabe reiterarlo, la inoperancia y la debilidad del actual Gobierno crearon las circunstancias propicias para el surgimiento del mencionado frente social, independientemente de las coincidencias ideológicas mínimas y de los intereses más "envolventes" que si dieron entre los distintos sectores y organizaciones lo integraron. El hecho de que el denominado Congreso Democrático del Pueblo se haya, de hecho, esfumado una vez que se derogó la ley de privatizaciones y no se aprobó la ley de transición económica, que era una de las condiciones que había impuesto el FMI para arribar a un acuerdo con el Gobierno, pone en evidencia que la alianza popular de base amplia no pudo trascender a la coyuntura que la vio nacer. La alianza entre las organizaciones campesinas tampoco se está manteniendo en los momentos más actuales. Sobre el alcance de la misma, empero, volveremos al final de estas notas.

 

LAS DERROTAS

En el ámbito de las demandas típicas campesinas el saldo ha sido más bien negativo. Durante 2002, la lucha por la tierra sostenida por las organizaciones desde hace varias décadas atrás, aunque menos intensa y masiva, no dejó de ser importante. En total, se verificaron 28 conflictos de tierra, de los cuales 16 fueron resultados de nuevas ocupaciones. Estas últimas, a igual que los casos verificados en años anteriores, fueron llevadas a cabo por parte de las organizaciones de campesinos sin tierra como medidas extremas, dada la no existencia de una política explícita de tierra por parte del Estado, unas agotadas gestiones y requerimientos ante las entidades públicas correspondientes.

La diferencia, en comparación a épocas precedentes, consistió en la materialización de una proporción mayor de desalojos practicados por parte de las autoridades judiciales y policiales. En efecto, en el año pasado, fueron realizados un total de 14 desalojos. En todos ellos se produjeron acciones represivas, apresamientos, torturas y dos campesinos fueron muertos. (4)  El principal resultado de la lucha es que la demanda de tierra de los campesinos organizados ha sido prácticamente desatendida. Esta desatención es el resultado no sólo de la mencionada inexistencia de una política de tierra, sino también del endurecimiento de la posición de los grupos terratenientes dominantes, que están imponiendo sus intereses en la aplicación de la ley y de la administración de la justicia, sumamente expuesta, más que a la presión política e ideológica, a los "estímulos" de la corrupción.

Si la reforma de la tenencia de la tierra ha sido nula, el panorama no estuvo mejor en las otras demandas campesinas clásicas: crédito, comercialización de productos del sector, asistencia técnica y apoyo a las organizaciones productivas. Al colapso financiero del Estado ya citado, se le debe agregar la ineficiencia de los organismos públicos en la ejecución de algunos programas, como el destinado a promover el fortalecimiento de las estrategias productivas de grupos de campesinos organizados, y que contó con fondos de apoyo-como subsidio e inversión- no escasos, proveídos por Taiwan. La participación de dos de las federaciones campesinas (MCNOC y ONAC) en la administración de los recursos no evitó el fracaso.

 

RECAPITULACIÓN FINAL

Ni las conquistas fueron plenas victorias, ni las derrotas fueron totales fracasos. Centrándonos en la cuestión que más directamente atañe a las demandas campesinas, cabe señalar que la postergación del tratamiento de la reforma de la banca pública, en la práctica, significó transferir al futuro la solución de un problema institucional y político clave para la puesta en marcha de una política de desarrollo rural que tienda a fortalecer a la agricultura familiar. Actores sociales y políticos clave (incluidos los empresarios agrícolas como vimos) están de acuerdo en que se mantenga una banca pública encargada de administrar el crédito dirigido a la agricultura familiar. Donde el consenso termina es en la forma en que se concretaría la reconversión institucional, teniendo en cuenta que la misma debería implicar la reducción de la excesiva cantidad del personal burocrático y técnico con el que cuenta las dos instituciones más importantes del sector: el Crédito Agrícola de Habilitación (CAH) y el Banco Nacional de Fomento (BNF).

El estancamiento en el acceso efectivo a la tierra registrado por parte del campesinado organizado no debe ser visto desde el signo exclusivo del fracaso. La movilización de las organizaciones campesinas por esta siempre vital demanda es una llamada permanente para el diseño y la puesta en ejecución de una política de reforma agraria. A diferencia de lo que sostienen los grupos de poder, esta reforma es una de las grandes deudas sociales y políticas que debe ser saldada por los responsables de la conducción del país.

La alianza interna de las organizaciones constitutivas del movimiento campesino, en el 2002, resurgió, pero también volvió a dar señales de debilitamiento. Prueba de esto último es que algunos de los más destacados dirigentes de las tres grandes centrales se están candidatando para algunos cargos electivos que serán designados en las elecciones generales que realizarán en abril de 2003. Cada uno de ellos se está postulando a través de los partidos y movimientos políticos más afines a la ideología de sus organizaciones. La mayoría estas entidades políticas responde a posiciones progresistas y de izquierda. No es casual que uno de los principales dirigentes de la ONAC, de raigambre social cristiana, figure en los primeros lugares de la lista a senadores del nuevo movimiento Patria Querida, que responde a una vertiente ideológica neoconservadora modernizante. Esperemos que este actual desencuentro sea más bien momentáneo y que prontamente vuelvan a concretarse próximamente otros nuevos encuentros, como el que tuvo lugar durante el año que acaba de concluir. Una parte importante de la responsabilidad está en manos de los dirigentes campesinos. Últimamente, en gran medida, son ellos los gestores de las uniones o desuniones en pos de las grandes causas campesinas: la superación de la pobreza y de la exclusión social, y la conquista de ciudadanía autónoma y gravitante.

 

CITAS BIBLIOGRÁFICAS

1. Galeano, L. A., "La sociedad dislocada", CPES, Asunción, 2002.

2. CDE, "Informativo Campesino", No. 171, Asunción, Diciembre 2002.

3. CDE, Ob. Cit.

4. CDE, Ob. Cit.

 

 

NOVAPOLIS – REVISTA DE ESTUDIOS POLÍTICOS CONTEMPORÁNEOS

EDICIÓN Nº 2 – FEBRERO DE 2003

LA CUESTIÓN AGRARIA EN PARAGUAY

Y EL MOVIMIENTO CAMPESINO

 

 

Fuente: http://www.novapolis.pyglobal.com

(Registro: Setiembre 2011)





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NOVAPOLIS, REVISTA PARAGUAYA DE ESTUDIOS POLÍ



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