UN MODELO DE GOBIERNO DEMOCRÁTICO PARA EL SIGLO XXI

Conferencias de LUIS MARÍA ARGAÑA

Conferencias en Universidades Americanas N° 3

A.N.R. (Asociación Nacional Republicana)

INTRODUCCIÓN

La presente publicación reúne tres conferencias pronunciadas por el presidente de la Asociación Nacional Republicana, Profesor Dr. Luis María Argaña, en prestigiosas universidades de los Estados Unidos de América, durante el mes de marzo de 1997.

Los temas fueron escogidos por las universidades invitantes y guardan relación con aspectos de la transición, la actualidad política y económica y del relacionamiento de la sociedad civil y las Fuerzas Armadas en el Paraguay.

Si bien el contenido de las exposiciones tiene una fuerte connotación política, la estructuración del discurso está basado con objetividad y rigor académico, tanto en las fuentes utilizadas así como en la expresión de las referencias personales en que le cupo al disertante actuar en el campo de la actividad pública.

Dichas circunstancias hacen que estas exposiciones deban considerarse, como partes integrantes de un cuerpo de doctrina actualizado dentro del pensamiento republicano que enfrenta la perentoria necesidad de autenticidad con sus raíces originarias y de actualidad ante los múltiples problemas que afronta el hombre paraguayo en este final del milenio.

Además de lo expresado, que justifica esta edición, debo señalar que es por primera vez que prestigiosas universidades del exterior solicitan el concurso del presidente de nuestra entidad, en el afán de conocer el pensamiento del centenario Partido Nacional Republicano - Partido Colorado - hoy reencontrado con su impronta democrática, de la que surgió su dirigencia legítima en 1996, y se apresta a elegir candidatos para los compromisos electorales de 1998.

Con esta primera incursión académica se inicia la apertura de la ANR con el exterior, que tradicionalmente se desenvolvía inmerso exclusivamente con la visión localista de los hechos políticos. Es de esperar que en el futuro se amplíen las relaciones e Intercambios con tan prestigiosas Universidades norteamericanas.

Georgetown University con sede en Washington, fundada en 1787, es la más antigua institución de educación superior en los Estados Unidos de América vinculada a la Iglesia Católica, y desde 1805 está dirigida por la Compañía de Jesús. Desde el año 1815, una ley del Congreso le autorizó a conferir títulos universitarios. Su biblioteca cuenta casi con 1.500.000 volúmenes. El director del Centro de Estudios Latinoamericanos de dicha Universidad, Profesor Arturo Valenzuela fue quien cursara la invitación al presidente de la ANR.

American University fue fundada en 1861 por el gobierno del Distrito de Columbia, con los auspicios de la Iglesia Metodista Unida y fue instituida por ley del Congreso en 1893. En la actualidad es una universidad independiente, coeducacional, con más profesionales. Su biblioteca consta de 636.000 obras, 858.000 microfilms y 29.000 periódicos. La biblioteca de la carrera de Derecho cuenta con 201.414 volúmenes y 947.121 microfilms.

La Universidad Internacional de Florida con sede en Miami fue fundada en junio de 1965. Forma parte del sistema estatal universitario del Estado de la Florida y fue iniciativa de la legislatura del Estado. Además de las unidades académicas creadas desde su fundación, cuenta con una biblioteca de 232.000 volúmenes.

Dentro de su estructura ha creado una unidad especial para hacer el seguimiento y apoyo al ALCA, la institución que con propósitos de integración social y económica de los 34 países americanos, ha nacido por iniciativa del Presidente Clinton hace dos años.

Se publica también en esta edición, otros materiales vinculados a la visita del presidente de la ANR a los Estados Unidos de América.

Julio César Frutos

Comisión de Prensa A.N.R.

EL PROCESO DEMOCRATICO EN EL PARAGUAY

Exposición pronunciada en la Universidad de Georgetown

Washington D.C., 6 de marzo de 1997

SEÑOR RECTOR DE LA UNIVERSIDAD DE GEORGETOWN

SEÑORAS Y SEÑORES:

Quiero ante todo agradecer a las autoridades de esta alta casa de estudios la oportunidad que me han brindado para dialogar con este calificado auditorio sobre los problemas y aspiraciones de nuestra nación, en un momento tan crucial para nuestro hemisferio. Estamos confrontando una coyuntura cargada de tensiones, de incertidumbres y de inmensos desafíos, cuyas definiciones han de incidir sin duda sobre la suerte y el futuro de nuestros pueblos.

CONVIVENCIA DE DEMOCRACIA CON POBREZA

Todas las naciones de nuestro continente y particularmente mi país, el Paraguay, viven un momento decisivo, bajo el signo promisorio de un esfuerzo intenso y porfiado por consolidar, en sus respectivas fronteras, un orden democrático que permita el imperio de la ley y la justicia y la búsqueda pacífica de la solución de los grandes problemas económicos y sociales que afectan directamente a sus poblaciones.

Más que una propuesta mancomunadamente acordada, este esfuerzo fue la respuesta unánime y espontánea de las naciones de nuestro continente a las enormes y múltiples dificultades derivadas de una coyuntura mundial desfavorable. Mientras la crisis económica de los años veinte produjo en Europa los brotes totalitarios que buscaron solucionar las dificultades del momento por la vía del autoritarismo y la violencia, la crisis de los años ochenta, produjo en América Latina una respuesta diferente. En un marco de dificultades crecientes, alentó un aferramiento, un renacer de sus arraigadas aspiraciones democráticas, cuya consolidación y éxito constituyen sin duda el gran desafío de la hora.

Por primera vez, en más de medio siglo, todas las naciones de nuestro hemisferio, con una sola excepción, están gobernadas por autoridades electas en comicios libres. Por primera vez después de un largo período en que primaron los gobiernos autoritarios, designados más por la voluntad de la fuerza antes que por las preferencias ciudadanas, en nuestro hemisferio se ha visto, en forma casi unánime, el traspaso repetido y ordenado del poder atendiendo el mandato soberano de la voluntad popular. Con ello se ha consolidado no solo la legitimidad del mando de las autoridades nacionales sino que también se ha expandido e intensificado el ámbito y la observancia de los derechos humanos en nuestras naciones.

Se ha producido así un cambio enorme, aunque todavía incierto. Fue la reivindicación del individuo contra el poder opresor del estado, de la ley ante la fuerza. La Libertad ha triunfado sobre la opresión. Y con la libertad los Partidos Políticos volvieron nuevamente a gravitar como fuerzas determinantes en el curso de los acontecimientos sociales.

Este nuevo orden político se gestó y se desarrolló en un marco de dificultades y de tensiones enormes. En efecto, a partir de 1982 se desata sobre los países del hemisferio la sombra de los efectos dramáticos de una nueva crisis económica, la más profunda y prolongada del último medio siglo. Sus secuelas negativas, que hasta hoy siguen gravitando, produjeron en el continente una conmoción sin precedentes desde la gran depresión de los años treinta.

Los síntomas más relevantes de este agudo dislocamiento internacional fueron, entre otros, la crisis del petróleo, la brusca caída de los precios de las materias primas, la llamada crisis de la deuda externa, el colapso de la capacidad de pago de importantes naciones deudoras, la reversión significativa de la tendencia expansiva de las actividades productivas y particularmente del flujo de capitales a la región, la contracción de los ingresos internos de las economías productoras de materias primas, la caída de los recursos fiscales, la reversión del flujo de capitales, la proliferación de los déficits y la consiguiente intensificación de los procesos inflacionarios. Y más significativamente, en medio de ese cuadro de dificultades ya agobiantes, se produjo una reorientación de la cooperación internacional del desarrollo. El Dr. Enrique Iglesias, Presidente del Banco Interamericano, dio el siguiente diagnóstico, claro y patético, de este proceso y de sus efectos:

“El fenómeno común más importante en la segunda mitad de este siglo fue la crisis de la deuda externa que se desató a fines de 1982 y que en pocos meses envolvió a casi todos los países de la región. Países que venían creciendo sobre la base de una abundante oferta de bienes y servicios importados financiados con crecientes flujos de crédito externo, vieron de pronto cerradas las puertas de esos recursos. Más aún, las crecientes obligaciones de amortizaciones e intereses de deudas anteriores- que en la práctica se venían financiando con nuevos créditos- perdieron repentinamente su sustento.

“Desde un comienzo y durante varios años, las consecuencias de este brusco cambio en la economía de los países - para no nombrar su elevado costo social - fueron graves.

“La balanza de pagos, que dependía de crecientes influjos de ahorro externo, experimentó un repentino cambio de signo en el movimiento neto de capitales. El cumplimiento de las obligaciones que generaba la deuda externa vigente hubiera sido solo posible con la transformación casi instantánea de elevados déficits comerciales de bienes y servicios no factoriales de superávit igualmente substanciales.

“Internamente lo anterior implicaba generar, casi por arte de magia, un excedente considerable de ahorro sobre inversión, pasando de una situación de desequilibrio ahorro- inversión exactamente opuesta, justo cuando el déficit público se agudizaba o perdía su sostén externo y cuando las empresas -principales ahorradoras del sector privado - entraban en severa crisis por quiebra, iliquidez, recesión de la demanda o falta de insumos importados. En algunos casos, la crisis financiera externa estranguló al sistema financiero interno, agravando las tendencias recesivas en la economía'' (y aquí cerramos nuestra cita de los autorizados juicios del Dr. Iglesias).

En esa coyuntura, de suyo ya difícil, la cooperación financiera internacional se transformó, de un programa de ayuda al financiamiento de inversiones públicas y privadas, en un programa de apoyo a un ajuste estructural orientado a reducir la dimensión y la acción del estado, a la privatización de empresas públicas que en su mayoría habían sido anteriormente promovidas y financiadas por la cooperación internacional y a comprimir las importaciones. Con esas medidas se buscaba contraer el gasto interno, público y privado de los países de la región, contraer las importaciones y generar de este modo nuevas fuentes internas de liquidez, todo para facilitar el restablecimiento de una capacidad de pago que permitiera la reanudación del servicio de la deuda externa en los países en mora.

Con frecuencia se habla y se destaca la crisis de México, que suspendió el servicio de su deuda externa en 1988. Pero la verdad es que problemas similares, con magnitudes e intensidades diferentes, experimentaron todos los países del hemisferio. Todos, sin excepción, fueron afectados por la terrible presión de la coyuntura recesiva. Todos soportaron agudas crisis de pagos, fuertes presiones en sus balanzas de pagos y no pocos de ellos, intensas corridas bancarias que devoraron parte importante del ahorro privado.

Ante ese panorama, la nueva ayuda internacional se orientó principalmente y en forma casi exclusiva hacia los grandes países del continente y a los que presentaban situaciones de iliquidez ya extremas.

El resto debió enfrentar los efectos recesivos de la crisis movilizando sus menguados recursos internos, reduciendo la inversión interna particularmente en el sector público y comprimiendo significativamente el monto de gasto y el nivel de vida de la población.

Las medidas restrictivas aplicadas por los países del área han contribuido a superar la crisis de pagos y a restablecer nuevos equilibrios macroeconómicos, pero a puntos considerablemente por debajo de los niveles de producción e ingresos de comienzos de la década. Por ejemplo, en mi país, el Paraguay, la contracción del nivel interno de producción e ingresos se redujo en promedio de un 35 a un 40%, lo que significa que en los sectores más afectados y más numerosos, como ser la pequeña y mediana agricultura y el campo industrial que produce para el mercado interno, han tenido que soportar contracciones considerablemente mayores, con la caída del valor de nuestras exportaciones, siendo el gran problema, el agudo déficit resultante en la balanza comercial.

El costo social de este esfuerzo fue elevado. Sus efectos negativos están a la vista: la caída generalizada de la inversión pública, la contracción del gasto de beneficios sociales, el incremento desmedido del desempleo, la proliferación dramática de la pobreza y la intensificación del reclamo social que no puede ser fácilmente satisfecho. No hay un solo país en el hemisferio que con mayor o menor intensidad no ofrezca hoy este tenso y dramático cuadro social. En nuestro país, la línea de pobreza se elevó en el período de un 30 a un 54% y el de la pobreza crítica alcanzó límites dramáticos de alrededor de un 35% de la población del país.

EL CASO PARAGUAYO: EL FIN DEL AUTORITARISMO

Dentro de ese contexto hemisférico y mundial, el caso paraguayo asumió características singulares. Siendo uno de los países menos desarrollados del hemisferio, por la moderación de su endeudamiento externo, sus problemas de pago no adquirieron las dimensiones dramáticas de otros países de niveles similares, como los de Bolivia y Nicaragua por ejemplo, que sí recibieron una generosa ayuda exterior para superar sus enormes dificultades de pago.

Quizás por ello, a pesar del enorme esfuerzo interno realizado para preservar un mercado cambiario abierto y estable, revertir el déficit fiscal, contener el proceso inflacionario y mantener su política de libre comercio con el exterior, nuestro país no recibió ayuda alguna ni para el reescalonamiento de su deuda externa y menos para el mantenimiento de sus programas de inversión y desarrollo. Por el contrario, con un fuerte flujo negativo de capitales con los organismos internacionales, para regularizar sus atrasos en el servicio de su deuda externa se vio forzado a utilizar sus reservas internacionales, obligando al Banco Central a asumir su financiamiento en vista de la incapacidad de pago de los organismos y entes deudores, que se vieron afectados en su liquidez por la contracción de sus recursos ordinarios y por el corte súbito del financiamiento interno de sus proyectos regulares.

Pero a pesar de todas esas agobiantes dificultades y de sus fuertes repercusiones sociales, con la participación y la movilización activa de toda la ciudadanía, iniciamos en el país un intenso proceso de restauración democrática. A mí particularmente me tocó la alta y delicada responsabilidad de ser el Jefe Civil del Movimiento Militar del 3 de Febrero de 1989 que puso término a un sistema de gobierno autoritario e inaugurando en el país un nuevo orden democrático bajo cuya egida ya dos presidentes fueron designados en elecciones libres, con la concurrencia de todos los partidos políticos y que se tradujo en la participación pluralista de todos los sectores cívicos en el nuevo parlamento y en los gobiernos municipales. Acabamos asimismo de completar recientemente la renovación de las autoridades municipales en todo el país con elecciones ejemplares, que tuvieron una participación del más del 90% del electorado. Ahora estamos en vísperas de las Elecciones Nacionales en que han de renovarse el parlamento y designarse las nuevas autoridades para el próximo periodo presidencial. La libertad de prensa no tiene interferencias de ninguna laya que impida u obstruya la libre expresión de las ideas. No existe en el país un solo preso político, y ningún partido político tiene restricciones de ninguna clase para su libre desenvolvimiento. Ello nos permite informar que la democracia impera, fecunda en la vida cívica del país. El proceso democrático no solo prosigue con toda normalidad, si no que ha resistido con éxito los brotes retardatarios que han buscado alterar su curso, como el levantamiento de una micro cúpula militar en abril de 1996.

LA CONSTITUCIÓN DE 1992

Para marco legal de este proceso, en una Asamblea Nacional Constituyente, que contó con una mayoría del Partido Colorado que hoy me toca presidir, hemos promulgado una nueva Constitución que no solo garantiza la vigencia plena de los derechos ciudadanos sino que al consagrar el equilibrio de los poderes y particularmente la independencia del poder judicial, garantiza la seguridad de las personas y el libre juego dé las instituciones democráticas. Se ha consagrado en esta Constitución el principio de la no reelección para proscribir la posible gravitación de los recursos del poder en los procesos eleccionarios. Ese fue nuestro aporte decisivo en el avance democrático que se desarrolla en nuestro país. Y ese es el testimonio de la irrevocable vocación democrática del Partido Colorado en que milito.

¿PUEDE CONSOLIDARSE LA DEMOCRACIA EN LA MISERIA?

Pero la democracia por sí sola no es una solución a los problemas que afectan a una nación. Es apenas un medio, un marco, el más apropiado para lograr la convivencia armónica de todos los sectores de opinión que conviven en una sociedad y para buscar, en forma pacífica y mancomunada, la solución de los problemas y el progreso de la nación, en condiciones equitativas para toda la población. Y cuando esas soluciones rebasan a las posibilidades nacionales, las nacientes democracias se ven imposibilitadas para satisfacer las aspiraciones crecientes que emergen intensificadas con el marco de la libertad y viene entonces el riesgo de su crisis. Se acentúa primero el descontento y luego le seguirá el desengaño que puede alimentar el renacer de los planteos autoritarios con la vieja bandera del fracaso de la fórmula de la democracia y de los Partidos Políticos.

Quienes estamos comprometidos con los ideales democráticos y de igualdad de oportunidades para todos, nos afanamos para que ese fracaso no se consume. Queremos contribuir con nuestro empeño a consolidar el ideal democrático que hoy anima a nuestras naciones y buscamos que bajo su ejercicio población toda pueda lograr la realización máxima de sus aspiraciones. Es el gran desafío que tenemos por delante.

GRAVE PANORAMA ECONÓMICO Y SOCIAL

Con la influencia de los factores apuntados, el panorama económico y social que estamos enfrentando en nuestro país no es nada alentador. El país está viviendo una de las crisis más agudas de los últimos cincuenta años, cuya solución escapa a las posibilidades de las fuerzas naturales del mercado y requiere de una activa intervención gubernamental, no para competir con la iniciativa privada, sino por el contrario, para crearle condiciones indispensables para su reactivación y desarrollo. La recesión generalizada afecta a la mayoría de la población y restringe fuertemente a las actividades productivas y comerciales del país. La pobreza extrema se extiende en el campo y el desempleo desmedido, conmueve la paz y la tranquilidad de las ciudades.

El sector de la pequeña y mediana agricultura, que integra el mayor segmento de la población productora y consumidora de nuestro país, resultó dramáticamente empobrecido. La caída del precio externo e interno del algodón, que es su principal cultivo de renta y su mayor fuente de ingresos, sumada a tres fracasos sucesivos de las cosechas debidas principalmente al uso de semillas importadas deficientes, han determinado la brusca caída de sus ingresos y está sumido hoy en la imposibilidad de cumplir con las deudas contraídas para la preparación de sus cultivos y para atender las necesidades más elementales de la familia rural en el período que va de la siembra a la cosecha.

Al caerlos ingresos del sector campesino-agricultor, que representa alrededor del 50% de la población del país, ha decaído su capacidad de consumo, lo que ha determinado la brusca disminución de las ventas del comercio y de la industria local. La caída de las ventas produjo el cierre y el estado de semiquiebra de numerosas empresas y aún más, ha impedido la inversión necesaria para mejorar la productividad y para crear nuevas fuentes de ocupación para la creciente oferta de mano de obra ociosa existente.

Esto trajo aparejada la disminución de las actividades o el cierre de establecimientos industriales que no solo redujo significativamente el nivel de ocupación de la capacidad instalada sino que les imposibilitó el cumplimiento regular de sus obligaciones crediticias con el sistema bancario.

A esta dramática situación se sumó el colapso financiero, que significó la quiebra de tres bancos y de una decena de financieras que entraron en un estado de iliquidez con el congelamiento de sus carteras ante la incapacidad de cobro a sus deudores. Se produjo entonces una corrida bancaria que trajo la pérdida de ahorros de miles de depositantes que no pudieron recuperar su dinero.

Con ese marco fuertemente recesivo, surgió el desempleo masivo como la cuestión social más gravitante que debe resolverse con urgencia. El problema se agrava continuamente en nuestro país con la incorporación anual de 50.000 a 60.000 jóvenes de ambos sexos que ingresan al mercado laboral sin encontrar oportunidades de empleo acordes con sus capacidades o aspiraciones.

Las actividades informales que proliferan en las ciudades, no alcanzan a absorber la masa creciente de desempleados. La imposibilidad de lograr una ocupación remunerada produce en la masa de desempleados la desesperación que busca solución en la delincuencia como una respuesta a las angustias de la falta de ingresos para financiar las necesidades de la canasta familiar. Es otra de las secuelas de la aguda crisis social que estamos viviendo. El índice de robos y de actos de violencia ha aumentado significativamente en el país. La seguridad ciudadana está a cargo de una extendida Policía Privada.

ELECCIONES EN 1998

Este es el marco social y económico en que han de llevarse a cabo las próximas elecciones presidenciales y parlamentarias de nuestro país. Estos son los problemas fundamentales que afectan a la economía y a la sociedad paraguaya. Con vistas a esta contienda electoral se han desatado ya en el país los planteos y las propuestas de soluciones que movilizan a la ciudadanía. Ante este panorama, vamos a exponerles nuestras propuestas, no con el ánimo de hacer proselitismo, sino de presentarles la realidad de los grandes desafíos y responsabilidades que la conducción política debe enfrentar en nuestros países en esta hora decisiva.

ESTADO E INICIATIVA PRIVADA

Nosotros no creemos que el Estado debe competir con la iniciativa privada en la producción y suministro de bienes y servicios. Somos partidarios de la empresa privada como fuerza propulsora del progreso. Y lo que buscamos es la empresa próspera, generadora, inversora, humanizada, que expanda la capacidad productora y tire oportunidades nuevas de empleo a la población, y no la empresa que necesita de la protección y subsidio para subsistir.

Pero en el marco de riesgos y de incertidumbres que domina el panorama nacional, la empresa privada, nacional o extranjera, no se aventura, espera que se restablezcan las condiciones más favorables para sus emprendimientos.

Por eso consideramos ineludible la acción del Estado, no para suplir o competir con la iniciativa privada, sino para favorecer e inducir la recuperación económica y restaurar las condiciones generales más apropiadas para el desenvolvimiento ordenado de la iniciativa y la inversión privadas. Coincidimos con el pensamiento de Roosevelt y los planteos de Keynes. Estimamos que los problemas que confrontan los sectores productivos rebasan las posibilidades del esfuerzo individual. Y sobre todo nos preocupa la propagación desorbitada de la pobreza como un cáncer maligno que compromete la paz social y que demanda una contención y una reversión perentoria.

La pobreza que se extiende es sin duda la mayor amenaza que pueda existir para la estabilidad democrática. Forma una masa pauperizada e insatisfecha que se vuelve receptiva al mensaje prometedor de los grupos autoritarios.

Para consolidar la democracia, ella debe ofrecer a la población la posibilidad de un proceso nuevo que permita expandir, no la miseria sin esperanzas, sino las oportunidades sociales y económicas y que faciliten a los sectores hoy marginados el acceso a la educación, a la salud y al mayor bienestar posible. Y el único medio efectivo para reducir la pobreza e incrementar la integración social es la creación de oportunidades de empleos, la generación de nuevos puestos de trabajo.

En las condiciones recesivas vigentes, esa creación de empleos puede provenir de dos fuentes que pueden ser sucesivas o concurrentes:

1) de la recuperación que permita aprovechar plenamente la capacidad productiva existente y que en la actualidad se encuentra subutilizada y para ello el Estado tendrá que comprar tierras y facilitarlas para la utilización por el agricultor sin tierras;

2) del desarrollo, que permita la expansión y el perfeccionamiento de la capacidad productiva existente.

Ambos caminos demandan un elemento común que es la inversión, la cual debe ser financiada.

Ante la limitada posibilidad de recursos nosotros vamos a comenzar promoviendo la reactivación de nuestro potencial productivo dedicando a ella todos los recursos que podamos movilizar. Estamos conscientes que vamos a tener que depender en gran medida de los recursos internos, en vista de las circunstancias que inciden sobre la cooperación internacional.

Comenzaremos por reactivar nuestra capacidad productiva tradicional. Empezaremos por la pequeña y mediana agricultura, que es la fuente básica de nuestra economía. Comenzaremos con programas de créditos en condiciones de plazos e intereses razonables. Es ésta una actividad que no atrae a la iniciativa privada. En ninguna parte del mundo el crédito a la pequeña agricultura fue asumido por la banca comercial por los riesgos involucrados y por la falta de garantías que el riesgo se concentra en vez de repartirse como recomienda una sana política de crédito. Una mala cosecha afecta a todos los prestatarios y eso significa la ruina del prestatario que no puede recuperar sus préstamos. Es inevitable entonces la acción oficial, por lo menos hasta que el productor pueda recuperar una situación de sujeto de crédito y pueda acceder a las fuentes regulares de ese recurso.

Restaurada la producción agrícola, aumentarán el volumen de la producción y los ingresos del sector y crecerá la demanda interna que estimulará la recuperación de la actividad industrial y comercial del país.

Sabemos que esta tarea no será fácil, sobre todo por la gran dependencia de nuestra producción que es primaria, de la demanda de los mercados externos. Nosotros dependemos básicamente de la exportación de tres productos primarios: el algodón, la soja y la carne. Y los tres productos tienen restricciones en los mercados externos. Somos partidarios del libre comercio. Tenemos las tarifas aduaneras más bajas del hemisferio, en la mayoría de los renglones. Pero nuestra apertura al comercio exterior resulta solo un camino de una vía que beneficia a la importación de bienes manufacturados, mientras nuestra carne, a pesar de satisfacer todas las exigencias sanitarias, no puede ingresar en los grandes mercados de la Unión Europea y Nafta

La actividad industrial necesitará también del crédito para mi recuperación y para su reequipamiento. Pero aquí estimamos que la banca comercial asumirá un papel activo y que la acción oficial será solo complementaria y de apoyo, especialmente para el refinanciamiento de la cartera congelada de los bancos y para los créditos de mediano y largo plazo destinados al financiamiento de equipos importados que necesitan de plazos más largos que los que acuerda la banca comercial.

Lograda la recuperación, esperamos que la inversión privada, nacional y extranjera, encontrará un marco más atractivo para sus inversiones, y que afluirá al país no solo para satisfacer las necesidades del mercado interno ampliado sino para abastecer ese gran negocio pujante que se ha creado con el acuerdo del Mercosur.

Con cuatro países miembros (Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay) y dos países asociados (Bolivia y Chile), con una población conjunta de 213 millones de habitantes y un producto interno de 1.058 mil millones de dólares representa la cuarta potencia económica a nivel mundial (tras la Unión Europea, Nafta y Japón, pero por delante de la Federación Rusa o la Asociación de Estados del Sudeste Asiático) y el de más alta tasa de crecimiento. Su comercio intrarregional ha crecido a una tasa anual del 27% de 1990 a 1995. El 20% del total del comercio de los países miembros es en la actualidad negociado intrarregionalmente comparado con el 9% en 1990. Y lo más importante de destacar es que este intercambio se concentra en bienes procesados, en contraste con las exportaciones que realiza a otros mercados, en las que predominan los bienes primarios o de escasa elaboración, de origen agropecuario y mineral.

El Mercosur ha firmado ya un acuerdo de cooperación con la Unión Europea que llevará a ambos mercados a una eventual zona de libre comercio a partir del año 2005 y aspira poder concretar un convenio similar o de más corto plazo con los países del acuerdo de NAFTA

Ese es el marco nuevo de perspectivas futuras, pero el gran problema es el inmediato. El de la eliminación de la pobreza creciente y el de la reactivación económica. Es un desafío perentorio, que exige respuestas inmediatas y no simples promesas o fórmulas cuyos frutos inciertos solo podrían madurar y concretarse en el largo plazo.

En el caso de nuestro país, la necesidad de la eliminación de la recesión y la pobreza es imperativa en una primera etapa y para su logro deberán movilizarse todos los recursos y medios que estén a su alcance. Otras soluciones y otros planteos podrán ser estudiados y considerados después de atendida y resuelta una dinámica y vigorosa reactivación económica que restaure las bases necesarias para otras negociaciones que reclaman su desarrollo más intensivo. Pensamos que la libertad, la democracia y la paz social que aspiramos para nuestro pueblo no podrán florecer en un marco de miserias sin esperanzas.

Coincidimos con el ilustre ex-presidente de Colombia, Don Belisario Betancur que una de las urgencias de nuestro tiempo es la paz, porque sin paz no habrá desarrollo y sin desarrollo no se consolídala la democracia en nuestra América morena. Creemos con él que el logro de ese objetivo se facilitaría en la medida en que la comunidad internacional colabore en fortalecer los organismos de solidaridad y de integración latinoamericana.

Pensamos que una gran ayuda para consolidar la democracia y el libre comercio en nuestro hemisferio sería una Alianza contra la Pobreza, con el mismo vuelo visionario de aquella Alianza para el Progreso con que el inolvidable John F. Kennedy iluminó los horizontes y los sueños de nuestros pueblos.

Son estas las inquietudes de un ciudadano de nuestro continente que anhela para él un orden democrático que garantice a su población no solo su seguridad y su tranquilidad, sino también su bienestar y su creciente prosperidad.

Quiero finalmente agradecer a este amable auditorio la paciencia y la atención que generosamente me ha dispensado. Y quedo a disposición de Uds. para cualquier pregunta que estimen pertinente formular. Muchas gracias.

PARAGUAY: LA DEMOCRACIA Y LAS FUERZAS ARMADAS

Exposición pronunciada en el simposio sobre Proyectos Democráticos,

organizado por la American University de Washington D.C.

Washington D.C., 6 de Marzo de 1997

SEÑORAS Y SEÑORES:

Quiero ante todo agradecer a las autoridades de esta alta casa de estudios la oportunidad que me han brindado para dialogar con este calificado auditorio sobre los problemas de la vinculación civil y militar en estos momentos tan claves del presente de la nación paraguaya y del hemisferio latinoamericano, en que sus habitantes claman por una seguridad mínima para el futuro, que lo queremos ver libres de tensiones e incertidumbres.

1. En el Paraguay, el nacimiento de sus Fuerzas Armadas está vinculado a los tiempos de la Colonia y a los hechos de la Independencia.

En la época independiente las Fuerzas Armadas pueden ser analizadas desde dos ángulos diferentes,

a)      Como unidad armada defensora de la soberanía nacional en las dos guerras internacionales que tuvo el país en 1865/1870 contra Brasil, Argentina y Uruguay y en 1932/1935 contra Bolivia, y

b) Como grupo de presión y actor político en la vida cívica de la nación.

Aunque ambos aspectos están indisolublemente ligados, en esta presentación, lo estudiaremos en este último aspecto.

INTRODUCCIÓN

Me veo obligado a hacer una breve referencia histórica porque es de ese proceso de injerencia militar, tímido en un tiempo y contundente después, que se llega a los tiempos actuales en que es preciso redefinir y proyectar un nuevo rol de las Fuerzas Armadas en el Paraguay.

En esta disertación trataré de demostrar:

a) Que la injerencia directa de las Fuerzas Armadas en la política se inicia en febrero de 1936 y tiene un paréntesis en abril de 1996, completando un ciclo de 60 años, y en la segunda parte,

b) El rol que corresponde a las Fuerzas Armadas del Paraguay en nuestros días.

Una primera cuestión de necesaria mención es que las dos guerras internacionales tuvieron el efecto de derivar para la vida civil posterior, a varios de los protagonistas principales, que con las auras del prestigio obtenido en los campos de batalla, se sumaron a la actividad político partidaria, en tiempos de paz.

Los dos partidos políticos tradicionales que subsisten actualmente, fundados ambos en 1887, nutrieron sus cuadros de líderes partidarios de entre éstos. Muchos de ellos llegaron a ocupar la Presidencia de la República, la Vice Presidencia, integraron el gabinete o las Cámaras del Congreso.

Un dato interesante constituye el hecho que de 11 Presidentes de la República militares que tuvo el Paraguay, 8 fueron prestigiosos militares en el campo de la guerra o por lo menos tuvieron actuación en la misma.(l)

Las asociaciones civiles de veteranos de la guerra han servido de sustento para que el «ex camarada» hiciera carrera política, al margen de la adhesión legitimadora que le diera el partido político al que perteneciera.

Un segundo dato que creo necesario dejar consignado es que los componentes de las Fuerzas Armadas han tenido en todo tiempo una inclinación política partidaria hacia alguno de los partidos políticos tradicionales y al partido Revolucionario Febrerista que surge con posterioridad a la guerra del Chaco en la década de los años treinta. En forma explícita o callada de acuerdo al tiempo histórico que le tocó vivir, todo militar conservaba una posición política determinada y actuaba en consecuencia en uno u otro sentido ya sea como grupo de presión o en alguno de los bandos que se conformaba en las acciones revolucionarias.(2)

La institucionalidad de las Fuerzas Armadas, como entidad al margen de la política partidaria no ha podido consolidarse, aunque algunos de sus prestigiosos jefes lo han intentado. La participación del militar en la política ha sido justificada con aquella difundida teoría del «gendarme necesario».(3)

Esta teoría se reproduce en las proclamas que tratan de justificar la revolución con expresiones tales como la «necesidad de salvar la Patria, o «la defección de los partidos políticos» o «para paliar la corrupción y la miseria reinante».

La consecuencia inmediata de esta situación real o supuesta se proyecta en la obligada participación de las Fuerzas Armadas, en las acciones revolucionarias que registra la historia para apoderarse del poder público.

Al igual que en otras naciones latinoamericanas, los militares constituían una institución política sin estatutos ni formulismos legales, aunque tan fuertemente comprometida en los cambios de poder como cualquier otro partido político. En realidad los militares constituyeron un partido militar.

No interesa saber en este análisis, si el militar golpeaba las puertas de los civiles o si los políticos recurrían a los cuarteles para suplir su desprestigio popular, sino anotar la característica paraguaya, que en toda acción revolucionaria incruenta o sangrienta siempre estuvo como participante substancial, el actor militar. También estuvo en los intentos revolucionarios abortados como el de abril de 1996 al que me referiré posteriormente.

Desde 1870, año en que se inicia la era constitucional, la República tuvo 47 presidentes de los cuales solo ocho han completado el período presidencial. En un caso hubo un magnicidio en dos casos hubo muerte natural y en 36 casos hubo interrupción violenta, antidemocrática del mandato presidencial.(3.1)

La revolución armada para derrocar el Gobierno, fue en casi todos los casos una combinación cívico militar, y en los manifiestos justificativos de la «patriada», se exponían los altruistas propósitos para salvar la Patria de la corrupción, el desgobierno, etc. En un caso, en 1989, se invocaba la necesidad de la unión del partido colorado.(4)

La acción de conspirar, obtener recursos y logística para la revolución fue considerada como un medio legítimo de acceso al poder, en detrimento del ejercicio del sufragio popular.

La otra forma de acceso al poder fueron las elecciones fraudulentas en que el Gobierno en ejercicio prepara las elecciones del que sigue en el digitado turno, practicando violencia preelectoral, electoral y poselectoral contra el partido opositor que solo accede a cargos parlamentarios.

Se explica entonces que nunca se dio en el Paraguay el caso que un Presidente entregue el mando a otro Presidente de un partido distinto. En todos los casos de transferencia pacífica del Poder Ejecutivo, fue de un colorado a otro colorado, o de un liberal a otro liberal.

Una información final que creo necesario arrimar a este auditorio conocedor de las líneas generales del comportamiento de las Fuerzas Armadas en América Latina, es un hecho que aunque parezca una anécdota tiene una connotación profunda.

Se trata que seis jefes del Estado paraguayo suman 104 años de ejercicio del poder máximo de la República, en un país que tiene 186 años de vida independiente. El plazo restante de 82 años de gobierno fue ejercido entre 39 jefes de Estado. Hubo incluso jefes de Estado que duraron horas y otros que no completaron el mes.

Señalo inicialmente estas características al solo efecto de comprender que el análisis del caso paraguayo y de la construcción de su nacionalidad, su presente y su futuro, debe hacerse con la paciencia de un monje, con la profundidad de un filósofo y la habilidad de un orfebre.

Como no poseo esas virtudes, trataré de suplirlas con la absoluta objetividad al referirme a hechos no vividos y con la mayor fidelidad cuando me refiera a experiencias de paz, de gobierno, revolucionarias, académicas y de magistrado judicial en que me ha tocado vivir.

La bibliografía de esta materia es escasa y gran parte de la existente está producida con la pasión del «político» y no con la cientificidad del académico.

EL PRESTIGIO DE LAS FUERZAS ARMADAS

a) Las Fuerzas Armadas que defendieron la soberanía en la guerra de 1865/70 estaban constituidas por un ejército no profesional Tanto sus cuadros de jefes como los soldados fueron extraídos de la vida civil, y luego de un breve y elemental entrenamiento fueron destinados al campo de batalla. Sin embargo, la falta de formación técnica y profesional fue suplida con creces por la heroicidad de sus componentes durante los cinco años que duró la guerra.

Como consecuencia de la misma el Paraguay perdió extensos territorios, la población reducida a unas 100.000 personas de 1.000.000 que tenía al iniciarse la contienda. La intensa pobreza emergente se proyectó por muchos años en la vida económica del país.

En realidad, no fue un Ejército técnicamente hablando el que defendió la soberanía, sino el propio pueblo armado que se inmoló en defensa de su soberanía.

Como dijimos más arriba, los más prestigiosos jefes militares se proyectaron, luego de finalizada la misma, a activar en la política nacional, organizando clubes electorales y partidos políticos desde 1870.

b) Años después y como consecuencia de la segunda guerra internacional que el Paraguay mantuvo con Bolivia entre 1932/1935, ya organizado el Ejército profesional, éste se llenó de glorias en los campos de batalla, adquiriendo la institución prestigio relevante. Dos de sus principales conductores, militares profesionales, acceden a la Presidencia de la República en 1936 y en 1939.

Sus componentes principales y la propia institución castrense creyeron haber adquirido el derecho de dirigir la política nacional, notándose una gran injerencia en la vida cívica, aún mayor que en los años anteriores.

Si bien la guerra concluyó en 1935, durante el proceso de negociación de los acuerdos definitivos de límites, un grupo de militares excombatientes se apodera del poder público instalando como presidente de la República, por la vía revolucionaria, a un prestigioso coronel excombatiente.

No solo se instalaba un nuevo gobierno, sino que se iniciaba la eliminación del estado liberal, iniciándose una política de mayor intervención estatal, una invocación a la justicia social como guía del discurso político y la restauración del nacionalismo histórico y cultural.

De allí en más se acentúa la injerencia militar en la política convirtiéndose la institución castrense en un poder político, y como tal deliberante, actor y participante. El rol militar en la sociedad fue mucho más allá de lo tradicional que le encomendaba el marco jurídico vigente.

De esta forma, las Fuerzas Armadas de entonces, el llamado Ejército del Chaco compuesto de excombatientes, adquiere un protagonismo distinto. Si bien es cierto que el Ejército de antes de la guerra ya ejercía acciones de injerencia en la política, se mantenía un cierto equilibrio de fuerza con los partidos políticos.

Existe pues una historia de las Fuerzas Armadas en el Paraguay antes de la guerra del Chaco y una historia después de la misma Después de la guerra, en 1936, toma fuerza la logia de las espadas que tendrá una interrupción recién en abril de 1996, y es en este tiempo que nos encontramos.

A partir de 1936 el Ejército abre un proceso que pretende una transformación social en reemplazo del liberalismo económico como idea y del Partido Liberal criollo en concreto como institución política. El ejército y el pueblo que le acompañó espontáneamente, dieron el paso no siempre fácil de un acto revolucionario, dado el profundo fracaso de la gestión gubernamental liberal.

Un eminente sociólogo paraguayo resume en estos puntos la situación de época:

1. «Una franca inclinación hacia un modelo de estado intervencionista y autoritario,

2. Un explícito rechazo del sistema liberal, y por ende del mecanismo de partidos políticos.

3. En cuanto al ordenamiento político-, el consenso giraba en torno a dos posturas muy definidas, la drástica exclusión del liberalismo como actor político y la decidida aceptación de la incorporación del Ejército como un componente de hecho de la nueva estructura de poder que se trataba de conformar».(5)

LA REVOLUCIÓN DE 1936

Un especialista en estos temas afirma que el proceso de «desinstitucionalización y desprofesionalización, del ejército paraguayo» se inicia con el golpe del 17 de febrero de 1936", que inauguró el primer gobierno militar de la historia moderna del Paraguay».(4.1)

En realidad es opinión mayoritaria que con esta revolución se inicia la era de las espadas en el Paraguay. En mi opinión más que iniciarse se torna relevante, irrebatible.

Esta revolución que derrocó al gobierno liberal, fue liderada por el pueblo, por militares en servicio activo, grupo de militares retirados, un sindicato de obreros, y trabajadores no agremiados, echa por la fuerza al gobierno civil liberal de época, sin que nadie asumiera la defensa del mismo, quizás los propios liberales comprendían que la revolución estaba justificada.

Ella significó «el comienzo del desmoronamiento del régimen liberal y la decidida entrada del ejército en el escenario político nacional».(6)

«La revolución de febrero de 1936 más que un «pro» fue un «anti», era la voz que salía de las entrañas del pueblo paraguayo y decía «basta» a tanta incapacidad, a tanta incuria, a tanta oligarquía despótica, a tanto entregísmo. Era la ruptura de las cadenas de la esclavitud».(7)

Tiene fundamento Juan Rial cuando sostiene que «entre los miembros de las fuerzas militares es mucho mayor el cuestionamiento del liberalismo, del cuerpo de ideas derivado de las posiciones jusnaturalistas en que se fundan garantías individuales para el ciudadano, que el que pueden realizar respecto al funcionamiento de las instituciones representativas de acuerdo con principios mayoritarios».(8)

Desde sus comienzos la revolución de 1936 fue un movimiento antiliberal, heterogéneo, que aglutinó a hombres de todos los partidos, aunque posteriormente derivó en una traición a los postulados que le dieron sustento.

El Decreto revolucionario que lleva el número 152, decía que. «La Revolución Libertadora en el Paraguay reviste la misma índole de las transformaciones sociales totalitarias de la Europa contemporánea en el sentido que la Revolución libertadora y el Estado son ya una misma e idéntica cosa».

«Era la institucionalización más descarada del totalitarismo dogmático y pragmático en nuestra República», que quería construir en el Paraguay el repudiable estado similar al Tercer Reich de Adolfo Hitler.(9)

La presidencia de la República es asumida por el coronel Rafael Hamo, prestigioso militar en la pasada contienda chaqueña, la guerra con Bolivia.

La Proclama del Ejército Libertador del 17 de febrero de 1936 y una Resolución del Comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas del 19 de febrero, disponen la entrega de la situación al Coronel Rafael Franco que regresaba del exterior.

El llamado Decreto plebiscitario, disposición desconocida en el marco jurídico, designa al Presidente de la República en estos términos:

Art. 1. «Designase Presidente Provisional de la República del Paraguay al ciudadano coronel don Rafael Franco, con la misión de establecer el Gobierno que ha de realizar los ideales de grandeza nacional esbozados en el Plebiscito del Ejército Libertador».

Se sepultaba así el sistema republicano. El Congreso fue disuelto y los altos magistrados judiciales fueron declarados cesantes. Duró 17 meses en el poder y sin mantener relación institucional ni reconocer la existencia de ningún partido político.

Dieciocho meses después, el 13 de agosto de 1937, un grupo exclusivamente compuesto de militares, componentes todos del Ejército del Chaco, decide prescindir del gobierno vigente.

El respectivo Decreto Contrarevolucionario decide constituir un «gobierno netamente militar», no apoyarse en «ninguna fuerza política» y llamar a elecciones bajo la garantía del Ejército y la Marina.

La situación sobreviniente a la caída del Coronel Franco no cambió la situación de fondo: la hegemonía militar en la política.

EL GOBIERNO CIVIL DEL DR. PAIVA, SOLO UNA FACHADA

Si bien fue un civil, el nuevo presidente, el Dr. Paiva un prestigioso profesor universitario, de nuevo fueron los militares los únicos dueños de la situación. El Dr. Paiva, gobernó entre agosto de 1937 a agosto de 1939, no contaba con el apoyo de ninguna fuerza civil. Integrado su gabinete con conocidos profesores universitarios, sin actividad política militante, no constituyó peligro a la hegemonía que los militares ejercían en la política.

«Paiva fue, prácticamente una figura decorativa. Eran permanentes las injerencias del Ministro del Interior coronel Paredes y del Jefe de Policía, Coronel Arturo Bray. Ambos trataban de imponer su voluntad al Presidente y éste, aunque hubiera querido, no podía ejercer el mando con auténtica autoridad».(9.1)

Dice el Gral. Pampliega, un militar considerado como institucionalista, que durante el gobierno del Dr. Paiva el poder real estuvo en manos de los militares».(9.2)

EL GOBIERNO DEL GENERAL JOSÉ FÉLIX ESTIGARRIBIA

El general Estigarribia fue el conductor victorioso de la guerra del Chaco. Espada brillante, es uno de los grandes capitanes de la guerra a que los pueblos recurren para defender su soberanía.

Sus restos reposan, con justicia, en el Panteón de los Héroes en Asunción, capital de la República. Gobernó 13 meses, de agosto de 1939 a setiembre de 1940, falleciendo en un accidente aéreo.

Los lauros ganados como militar no pudieron repetirse como líder civil.

Aunque tuvo el apoyo del Partido Liberal, no pudo construir un sistema de defensa de las instituciones republicanas.

Para consolidar el sistema autoritario hizo desaparecer el Congreso, no con el sistema de la disolución por vía de un Decreto, sino con la propia conformidad de los Congresistas, todos liberales, que renuncian a sus bancas, depositando la suma del poder público en el Presidente Estigarribia.

Fue evidente que los planes del Partido Liberal de retomar la conducción del gobierno se esfumó y fue subordinándose a la conducción militar. No de otro modo puede interpretarse la autodisolución del Congreso, que constituye precisamente el contrapeso de los poderes del Ejecutivo.

Se adscribe de esta forma un partido político a la conducción militar, aceptando entre otras cuestiones de Estado, la aprobación de una nueva Carta constitucional sancionada sin votación popular.

La carta constitucional de 1940 dispuesta por un acto administrativo, sepulta una vez más la institución republicana, y da continuidad al sistema autoritario de gobierno. En el fundamento expuesto por el presidente Gral. Estigarribia se expresa con absoluta claridad:

«Se busca un Poder Ejecutivo fuerte, fuerte pero no despótico, a mayor responsabilidad debe corresponder más amplias posibilidades para afrontarla».

Del texto constitucional, de las nuevas y débiles funciones del Congreso unicameral, de su posibilidad de disolución por un Decreto, surge la instalación de la dictadura en el Paraguay.

Con esta Constitución el Estado tiene una gran expansión sobre la sociedad civil, prácticamente se abren las puertas para invadirla en sus aspectos económicos, sociales y culturales.

El custodio de esta situación, seguiría siendo el Ejército del Chaco, intacto en su prestigio y a cuyo frente se encontraba la más prestigiosa de sus espadas, el Gral. Estigarribia.

Es con la Constitución de 1940 que se estableced marco jurídico para el crecimiento estatal y la nacionalización de las empresas privadas en los sectores de energía, transportes y comunicaciones inicialmente.

Esta Constitución y el modelo de Estado creado fue concebido por el sector del Partido Liberal que apoyó al Gral. Estigarribia bajo cuyo gobierno se sanciona la misma. Se preparaba de esta forma para gobernar el país, las Fuerzas Armadas y el liberalismo cuarentista por más de 20 años.

EL GOBIERNO DEL GENERAL MORÍNIGO

De setiembre de 1940 a junio de 1948 gobierna el General Higinio Morinigo por decisión de una cúpula militar. Según Rivarola, el acceso al poder del Gral. Morinigo, llevó a su culminación el proceso de irrupción militar en la política, cuyas expresiones iniciales se dieron hacia finales de la guerra del Chaco. Distante, descreído y hostil al Partido Liberal, desde el momento de su nombramiento para cubrir la Presidencia a raíz de la muerte del Presidente Estigarribia, Morinigo tuvo poderosas razones para deshacerse casi de inmediato de todo el compromiso con el liberalismo. Una de ellas fue la de resguardarse de cualquier intento de la cúpula liberal desplazada por conseguir algún apoyo dentro del Ejército que restableciera la alianza que se dio con Estigarribia, lo que, de darse, hubiera implicado su inevitable alejamiento.(9.3)

Afirma el citado autor, que el gobierno del Gral. Morinigo tuvo una sustentación exclusiva en las Fuerzas Armadas, con lo que se afirma el sistema autoritario. Claramente se ve la aversión al liberalismo, como ideología y como partido, dado que por un decreto disuelve el Partido Liberal.

Sin embargo, es de hacer notar que una camarilla de militares nazifascistas tuvo una fuerte influencia en el gobierno por algún tiempo, con una abierta simpatía al modelo autoritario fascista y del nacional socialismo, y al eje Berlín-Roma-Tokio.

Pese a ello, el grupo civil que integraba el gobierno y en abierto enfrentamiento al ala militar pudo lograr la adhesión al sector de los aliados liderado por los Estados Unidos de América. En la conferencia de consulta de cancilleres de América realizada en Río de Janeiro en enero de 1942, el Paraguay se opone a los países del eje.(10). En el año 1945 se declara la guerra a estos países del eje.

Meses después, por evidente presión externa, el gobierno de Morinigo tuvo que dar los primeros pasos para iniciar una apertura democrática. Los gobiernos que habían estado aliados a los EE.UU. de América durante la segunda guerra mundial, tenían que demostrar en los hechos la adhesión a la causa de la democracia.

Durante el año de 1946 se dan libertades de organización a los partidos políticos, la prensa circula con libertad, y el gobierno constituye un «gobierno de coalición» conformado de tres miembros del Partido Colorado, tres miembros de la agrupación franquista o febrerista y dos militares en servicio activo.

Este período, denominado como «la primavera democrática» resultó en un fracaso. Cada una de las tres agrupaciones en el gabinete trabajaba para su propio interés partidario, sin que pudiera vertebrarse una política nacional global.

En enero de 1947, y ante la renuncia de los ministros febreristas del gabinete de coalición, los militares deciden por amplia mayoría seguir gobernando con exclusión del partido colorado, es decir instalar un gobierno absolutamente de militares, con lo que llegaría a su punto máximo de plenitud el militarismo en el Paraguay.

En ese momento dentro de las Fuerzas Armadas existían tantos grupos ideológicos como existían en la sociedad paraguaya. Es decir, el Ejército estaba profundamente partidizado y cada fracción mantenía contactos con sus respectivos partidos simpatizantes.

Es entonces que un grupo de militares procolorados, asociados con el presidente de la República y con el pueblo colorado, en rápido e incruento contragolpe impiden el copamiento del militarismo, instalándose un gobierno cívico militar.

Desde el 13 de enero de 1947, el partido colorado respalda al gobierno del Gral. Morinigo y se inicia el retorno de la civilidad al poder, compartiendo el gobierno desde ese momento con un sector militar.

Sin embargo, una revolución cargada de odios, organizada por los militares desplazados y asociados con los partidos liberal, febrerista y comunista, trató de desplazar al gobierno de Morinigo llevando al país a nuevas experiencias sangrientas en la lucha por el poder público, en un enfrentamiento que duró 6 meses. Un sector del ejército regular fue leal al gobierno, que sumado a las milicias coloradas armadas rechazaron la rebelión desatada en Concepción. Culminaba así, en una revolución sangrienta la organización del glorioso Ejército del Chaco que defendió la soberanía del territorio paraguayo, regándola con la sangre de 30.000 muertos.

CINCO PRESIDENTES CIVILES EN CINCO AÑOS

El Partido Colorado que había apuntalado al tambaleante gobierno de Morinigo con la organización de sus milicianos armados, desde marzo a agosto de 1947, ganó el derecho de gobernar por haber vencido a los rebelados contra el orden constituido.

Entre el 3 de junio de 1948 y el 4 de mayo de 1954, desfilaron en el gobierno cinco presidentes civiles, prominentes miembros del Partido Colorado. Se iniciaba así un proceso que parecía ser el retorno de la civilidad, pero disensiones internas, estériles disputas de caudillos civiles, sumado a una maquinaria estatal ineficaz en plantear las soluciones socio-económicas urgentes, prepararon el retorno del actor militar.

Las Fuerzas Armadas que en este lapso adoptaron un papel de segundo plano, como tutores de los gobiernos civiles, permanecían con sus cuadros intactos y sus cuarteles rodeando la Capital, esperando el momento de crisis para irrumpir de nuevo y retomar el poder.

En el primer semestre de 1954, aun los gobiernos civiles no pudieron superar:

a) las disputas internas de grupos que lo dividían,

b) el clima de anarquía y

c) la pobre situación socio económica, a tal punto que escaseaban en el mercado productos básicos de la canasta familiar.

Estaba cantado que solo una mano firme militar podría devolver al país los ansiados días de paz que reclamaba una población con problemas económico financieros y sociales profundos.

Uno de los intelectuales de más sólido prestigio y protagonista principal del retorno del coloradismo al poder, J. Natalicio González, apenas pudo gobernar cinco meses, siendo depuesto por un «coupe d etat». Los líderes civiles que le sucedieron, hombres prestigiosos del coloradismo, no tuvieron duración en sus mandatos. Se preparaba así las condiciones para un cambio de gobierno que no se hizo esperar. El Partido Liberal desorganizado, con sus directivos en el exilio, no era la alternativa. Quedaba entonces abierta la reaparición del «gendarme necesario».

EL GOBIERNO DEL GRAL. STROESSNER. 34 AÑOS

El período crítico de mutación del rol de las FF.AA. se inicia en 1936, como se afirmó más arriba. Dentro de esta óptica, se afirma que «la partidización de las Fuerzas Armadas, contrariamente a lo que se cree, no comenzó con el pacto cívico militar que Stroessner impuso al Partido Colorado en 1954, sino que se originó a finales de la guerra civil de 1947 y continuó bajo los gobiernos colorados que se sucedieron entre 1947 y 1954. Stroessner no hizo más que asumir la responsabilidad histórica de formalizar la alianza colorado militar que operaba de facto desde 1947».(10.1)

Compartimos la precedente afirmación, con la salvedad que antes de 1936, hubo verdaderas sacralizaciones del uniforme militar con la adscripción del Partido Liberal a influyentes militares como al General Benigno Ferreira, brazo armado de la revolución de 1904, al Mayor Albino Jara en 1911 y al Mariscal Estigarribia por parte del denominado liberalismo cuarentista representado por Justo Pastor Benítez, Pablo Max Insfran, el Dr. Marin Iglesias y otros.

Estos últimos, responsables y autores de la Constitución del 40, se preparaban para gobernar por 20 años. No debe dejar de apuntarse que la Constitución de 1940 permitía la reelección presidencial por un período más. Como se sabe el proyecto político militar liberal fue frustrado con el accidente aéreo del presidente Mariscal (grado póstumo) Estigarribia en setiembre de 1940, un imponderable que cambió el curso de la historia. No es pues un juicio acertado el que afirma que el Partido Colorado es el único que tiene un sentido «militarista» a lo largo de su existencia cívica.

Simplemente, al igual que los demás, aprovechó la coyuntura histórica para adscribirse por conveniencias electorales o de permanencia o acceso al poder, suscribiendo pactos cívicos militares con lo cual seguía múltiples ejemplos precedentes.

Así se explica el pacto cívico militar de mayo de 1954, por el que la A.N.R. y las Fuerzas Armadas se proponen gobernar conjuntamente.

En un principio hubo cierto equilibrio de fuerzas para posteriormente derivar en una hegemonía del sector militar. El desprendimiento y exilio de los sectores civiles colorados críticos en 1955, 1959 y finalmente en 1987, marcó la hora final del modelo de cogobierno y se plantea la sustitución.

El modelo stronista fue incluso aceptado por la oposición liberal civil, que integró en todo tiempo (salvo los primeros años) el Congreso unicameral y la bicameral desde 1968.

En el tiempo stronista los liberales integraron el Congreso desde 1962 hasta el golpe revolucionario del 3 de febrero de 1989.

También estuvieron los liberales junto a los colorados en la elaboración, discusión y sanción de la Constitución de 1967.

Stroessner al igual que otros presidentes del tiempo de las espadas disolvió la Cámara de Representantes en 1959, tal como lo hizo el presidente coronel Rafael Franco en 1936 y el Mariscal Estigarribia en 1940. Modificó la Constitución Nacional como sus predecesores, al igual que lo hiciera Estigarribia, y siguió la tradición de exiliar a sus adversarios eliminando cualquier resistencia a su gobierno.

El grupo colorado exiliado en 1959 en Buenos Aires, fue el único que resistió en el exilio por 30 años, no participando en la Convención Nacional Constituyente del año 1967, en la que estuvieron elaborando la nueva Constitución los más radicales opositores al gobierno stronista, integrando posteriormente sus Cámaras legislativas desde el año 1968 en que se puso en vigencia la nueva institucionalidad creada.

Queda como hemos visto, el dato histórico consignado, que los partidos tradicionales, colorados, liberales y febreristas, no pudieron sustraerse a la coparticipación conjunta con la logia de las espadas en el ejercicio del Gobierno, en que los partidos perdieron su hegemonía de control y de crítica, esperando tiempos mejores para retomar el poder real.

Agazapados, utilizando el doble discurso, y con conspiraciones secretas, la civilidad esperaba la primavera de la democracia.

Los que participaban en los cargos electivos lo hacíamos cumpliendo instrucciones de nuestras respectivas cúpula , partidarias. En opinión de Rivarola, «la década del setenta se distinguió por el predominio de una tendencia marcadamente conservadora. El predominio de esta actitud conservadora no constituía sino una expresión de vivencias muy concretas además de decisivas. Una de ellas, sin duda, la que cabría denominar la euforia de progreso.

En ese sentido la construcción de la hidroeléctrica de Itaipú tuvo de la misma manera que en el campo económico un impacto muy profundo a nivel de las motivaciones y expectativas respecto a los nuevos horizontes que aparentemente se abrían para el país».

En otras palabras, la euforia económica sirvió de anestesia a la reacción de la civilidad que no respondió por las represiones que se realizaban en el campo de las restricciones políticas y las violaciones de los derechos humanos.

Se hacía difícil a una población de pleno empleo y con buenos ingresos nunca antes producido, pensar en reacciones políticas. Las circunstancias hacían y los civiles sabíamos que solo por un golpe cívico militar era posible derrocar al régimen imperante.

Ya la corrupción generalizada se hizo intolerable, las violaciones de los derechos humanos eran públicas, el contexto internacional había cambiado, el milagro de Itaipú ya había finalizado, el desempleo cundía en el campo y la ciudad, la crisis estaba en la calle y el cambio por la vía de la revolución era voz cantada en el seno del pueblo y de los dirigentes políticos. Faltaba sin embargo, que un sector de los militares acompañaran dicha decisión, porque inevitablemente otro segmento militar permanecería fiel a la situación imperante.

Una fecha clave es el 1 de agosto de 1987. Ese día la Junta de Gobierno del Partido Colorado, escenario en que debía realizarse, una Convención partidaria para elegir por voto popular nuevas autoridades partidarias, el local es copado por fuerzas policiales El propósito del asalto violento fue el que solamente el sector leal y sumiso al gobierno ingrese a la alta directiva partidaria y deje de lado a las fuerzas coloradas disidentes con el régimen

Convencido yo mismo que el modelo estaba agotado presente mi renuncia al cargo de Presidente de la Corte Suprema de Justicia. El hecho del 1 de agosto molestó a un sector de los componentes de las Fuerzas Armadas y dejó claramente en la civilidad la convicción que por la vía del sufragio popular, era imposible aspirar a la democratización interna del Partido Colorado y mucho menos en el escenario nacional. En 1988 debían realizarse elecciones nacionales para elegir presidente de la república, senadores y diputados.

Quedaba abierto y necesario el otro medio, el camino revolucionario. Al Gral. Andrés Rodríguez la historia lo puso en la alternativa de organizar la parte militar, y a quien les habla pergeñar el diseño democrático y la participación civil en la revolución del 2 y 3 de febrero de 1989.

UNA REVOLUCIÓN POR Y PARA LA DEMOCRACIA

La revolución de 1989 fue como todas las anteriores, de conformación cívico-militar. Violentamente innecesaria, fueron sacrificadas vidas de jóvenes soldados cuyos jefes estaban ya rendidos o ausentes. La ambición bastarda y la insaciable sed de poder de uno de los coroneles hizo que se segaran más de un centenar de vidas sin motivo.

Producida la renuncia de Stroessner en la madrugada del 3 de febrero de 1989, surgieron dos posiciones netamente opuestas,

a) LA TESIS MILITAR. Consistía en la implantación de un gobierno netamente militar hasta el fin del período constitucional que se cumpliría el 15 de agosto de 1993. Esta posición era sostenida por los coroneles revolucionarios.

b) LA TESIS CIVIL. Se fundaba en la Constitución Nacional, es decir, el llamado a comicios nacionales en forma inmediata para elecciones de Presidente de la República, senadores y diputados, cuyas Cámaras debían ser disueltas. Esta posición era sostenida en la negociación por el Partido Colorado tradicionalista, único actor civil revolucionario.

Felizmente el sector militar aceptó la tesis civil, y fueron convocadas elecciones generales para el 1 de mayo de 1989. En ellas participaron con candidatos propios los partidos tradicionales y varios nuevos partidos políticos que emergieron con las ansias de participar en la experiencia de la transición y la construcción de la democracia.

El gobierno de facto duró hasta el 1 de mayo de 1989, en que se hizo cargo el gobierno electo por voto popular, integrando las Cámaras del Congreso la pluralidad del espectro cívico.

Empezaba así bajo el signo de la inclusión, un largo proceso de reconstrucción democrática o una esperanzada transición, que se pretendía pudiera cambiar en profundidad el modelo político agotado.

Algunos logros políticos se pueden apuntar a esta etapa de gobierno de transición, entre otros:

a) la vigencia de las libertades públicas, (prensa, reunión, asociación, emisión del pensamiento)

b) plena vigencia del pluralismo ideológico,

c) respeto a los derechos humanos,

d) nuevas leyes electorales y la sanción de la nueva Constitución Nacional.

La Convención Nacional Constituyente elegida por voto popular fue integrada por todos los partidos políticos. Los republicanos colorados por ser mayoría marcaron las pautas ideológicas de la nueva Constitución. Una de ellas, entre las más importantes fue la disposición por la cual desaparece la posibilidad de la reelección presidencial, dejando establecido que solo podrá ejercerse por un período de cinco años.

Sin embargo, paralelamente, muchos disvalores persistían en el tiempo de la transición tales como:

a) desequilibrio de poder en la relación cívico militar,

b) acentuado antagonismo socio económico entre los diferentes agentes de la sociedad,

c) la inexistencia de una política social,

d) crecimiento acelerado del desempleo y de la población marginal,

e) falta de transparencia en la negociación de la deuda externa,

f) aumento del área de cultivo de marihuana, del narcotráfico y del lavado de narcodolares, y el

g) descreimiento en la eficacia de la gestión política y de sus actores.

Un factor negativo, fue la aparición de un núcleo de seudo- empresarios que en forma fraudulenta, amañada, con tráfico de influencias, con sobrefacturas evidentemente escandalosas, se constituyó en el poder real detrás del trono. Reaparecía un grupo ya constituido en el régimen anterior a la sombra y con la varita mágica de las obras publicas corruptas y sin ningún control de los organismos del Estado.

Resurgía, ahora con nuevos asociados una seudo empresa privada, una plutocracia fraudulenta, que por el mecanismo de la afiliación al Partido Colorado quería legitimar su condición fenicia, desvirtuando el sentido de la política.

Estos grupos seudoempresariales y corruptos, actuaban asociados a microcupulas militares, conformando ambos el sustento endeble del gobierno de la transición.

De este grupo, salen las acusaciones de la supuesta decadencia de los partidos políticos en el Paraguay y la descalificación de sus líderes civiles, que consideran que la política no puede existir sino la sustenta un alto sentido de ética y de solidaridad social.

En la realidad todo había cambiado para no cambiar nada ni una realización perfecta del más puro «gatopardismo».

El Partido Colorado, que inicialmente fuera un actor importante de la transición, a medida que transcurría el tiempo, estaba siendo obligado a aceptar, ser cómplice y factor de legitimación de los círculos de la corrupción y a convertirse en pantalla de la verdadera estructura del poder de una microcúpula militar y el grupo de seudoempresarios corruptos.

La revolución que aspirábamos fuera por y para la democracia, había cambiado sustancialmente sus nobles propósitos, de traer la democracia al Paraguay.

Ante esta situación no me quedaba otra alternativa que hacer, sino dimitir de la función que tenía en el gabinete (11) y seguir desde el exilio con el proyecto civil, político y social, en salvaguarda del prestigio del Partido Colorado.

LAS INTERNAS COLORADAS DE 1992

El 15 de agosto de 1993, vencía el período del Gobierno de la transición. Con la debida antelación los partidos políticos fueron convocados para elegir por el sistema de voto directo sus candidatos a Presidente, senadores, diputados, gobernadores y juntas departamentales.

Una vez electos en las internas, quienes obtuvieron mayor pluralidad de votos serían presentados en las elecciones nacionales para competir con los candidatos de otros partidos políticos, y el partido que obtuviere mayor número de votos consagraría para sí el cargo de Presidente de la República. Se adjudicaría también el cargo de Vice Presidente de la República, los de las Cámaras del Congreso y los demás puestos electivos proporcionalmente a los votos obtenidos. La distribución de escaños se hace conforme al sistema de D'Hont.

El grupo colorado al que pertenezco decidió mi candidatura para presidente de la República en las internas partidarias convocadas, que finalmente se realizaron en diciembre de 1992.

Mis amigos y yo triunfamos por amplio margen electoral, y sin embargo, el fraude poselectoral, del Tribunal partidario manejado por los seudoempresarios y la microcúpula militar, dispuso la violación de la voluntad popular, y se declaró triunfador el perdedor.

Los documentos electorales (padrones y actas) fueron secuestrados y llevados a una unidad militar comprometida, detenidos los jueces electorales, con lo cual se consumó el fraude. Se confirmaba una vez más que la logia de las espadas aún estaba vigente, y se demostraba también, que aún dentro del proceso de transición en el Paraguay, y en un contexto regional democratizado, los partidos políticos y sus líderes permanecían sometidos por el poder militar.

Refiero esta situación, no con el afán de llamar la atención en una cuestión que me afecta personalmente, sino como referente de la injerencia profunda de una microcupula militar en los quehaceres de la política interna de un partido político. Y que esta acción se inscribe una vez más, en el largo calendario de la injerencia del actor militar en la política paraguaya.

LA INTERRUPCIÓN DEL CICLO DE LAS ESPADAS

En abril de 1996 se intentó de nuevo tomar el gobierno de la República por la vía de una acción violenta. El protagonista militar y el grupo que le acompañaba eran los mismos que a contramano de la historia no se convencían que la logia de las espadas ya había perimido.

El proyecto golpista no se concretó, pese, a que el propio presidente de la República, había renunciado al cargo. La intervención de factores internacionales, diplomáticos, gobiernos, la OEA y mandatarios vecinos, que hicieron desistir del intento a los militares en rebelión.

En realidad, en abril de 1996, se rompió el acuerdo que existía desde 1992, entre el «seudoempresariado corrupto» y la «microcupula militar asociada», por lo que el coloradismo no tuvo ninguna injerencia en ese hecho.

El 28 de abril, unos días después del fallido golpe de estado, el coloradismo en forma pacífica, libre y ordenada, elegía sus nuevas autoridades por el voto directo. De ese cotejo y desde esa fecha ejerzo la presidencia del Partido Colorado, una entidad que en setiembre cumple 110 años de existencia.

Muchas personas interesadas en la suerte del destino y la política del Paraguay, se preguntan ¿qué significa el hecho del fallido golpe de estado de abril de 1996?.

La respuesta es simple. Un arreglo de cuentas entre viejos asociados de proyectos antidemocráticos, en que precisamente el Partido Colorado fue la víctima.

¿Qué podríamos hacer los demócratas en el arreglo de cuentas de nuestros viejos verdugos?.

La crisis de abril de 1996 evidencia que la situación política del Paraguay se definía en ese momento como una democracia tutelada por un sector del Ejército. Así se explica que los rebeldes, pese al intento de copamiento del Gobierno y de obtener la renuncia escrita del presidente de la República, tuvieron que desistir de sus propósitos por presión internacional.

Solo el tiempo dirá si los hechos de abril de 1996 constituyen el fin de la logia de las espadas o una interrupción de su proyecto de controlar al poder civil.

EL NUEVO ROL DE LAS FUERZAS ARMADAS

La primera condición para que las Fuerzas Armadas cumplan el rol que la Constitución les atribuye, es permanecer absoluta e irremediablemente al margen del partidismo. La prescindencia del electoralismo de los partidos políticos es una de las condiciones para su modernización.

Eso implica como condición previa que el Comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas también debe permanecer prescindente en las cuestiones internas de los partidos, cuestión que hasta hoy no se ha logrado en la relación Poder Ejecutivo y partidos políticos,

Es decir no se trata tanto de arrinconar a las Fuerzas Armadas dándoles misiones y funciones tradicionales, y ordenarles que la cumplan estrictamente conforme la normativa jurídica.

Las Fuerzas Armadas, como integrantes de la sociedad global se modernizarán en la medida que los demás estamentos sociales y políticos evolucionen y a su vez ingresen a la modernidad.

Las Fuerzas Armadas nutren sus cuadros en sectores sociales intermedios y pobres. Si el Gobierno central no enfrenta los problemas sociales y económicos aberrantes de ese sector social, será difícil obtener la pasividad global de las Fuerzas Armadas. No debe perderse de vista que en términos económicos el Paraguay es una sociedad del tercer mundo.

Es decir, no podemos aspirar a que uno de los actores políticos cambie de rol, que olvide de un día para otro su memoria, mientras los demás actores políticos al cual estuvo ligado por muchos años siga en el papel tradicional.

La breve cronología expuesta del caso paraguayo, señala un itinerario de cogobierno civil-militar de unos 60 años, con preeminencia del factor militar que sumió a los partidos políticos, en una situación de dependencia legitimadora.

Eso sin referir, porque sería remontarnos a muchos años atrás, que siempre hubo una injerencia mayor o menor en la política paraguaya por parte del actor militar.

El valor de la precedente historia nos señala entre otras cosas que existe la necesidad que la clase política y los partidos políticos también reflexionen y asuman un nuevo rol en la sociedad. Es necesario que se vean en los partidos políticos y su dirigencia los factores de una gestión honesta y eficiente de la cosa pública.

Pero si la clase política distorsiona su rol y los gobiernos se dedican a la corrupción del más alto nivel, que es una realidad hoy, no sólo las espadas sino también el pueblo impotente apelarán a los recursos extremos, en la desesperación que ya la tiene sumida su pobreza y su miseria. No recurrirán probablemente a nuevos intentos revolucionarios, porque existe conciencia que los gobiernos surgidos de golpes de estado, no resuelven los problemas sociales, y a veces los agravan.

Entonces, debemos pensar en una reelaboración del rol de las fuerzas Armadas, como consecuencia de una reelaboración de la institucionalidad del Estado, es decir, en una Reforma del Estado.

Es necesario que todos los actores sociales, civiles y militares, replanteen, todos juntos, su nuevo rol en la sociedad. No es posible exigir modernidad a las Fuerzas Armadas en el contexto de una sociedad que no ha evolucionado.

SEÑORAS Y SEÑORES:

Quiero manifestar mi acuerdo con el Dr. Sanguinetti, ilustre presidente de la República Oriental de Uruguay cuando afirma que «uno de los mayores vacíos en la formación de la dirigencia latinoamericana es su escasisimo conocimiento del tema militar».(12)

Señala que los años de la dictadura provocaron en los políticos una actitud de alejamiento y aún de rechazo a la consideración de la materia.

Afirma que «impensadamente, como resultado de ese desinterés, la guerra ha ido quedando reservada en forma exclusiva a los militares, y de allí a que resulte muy difícil la subordinación al poder constituido...».

«Se habla en voz baja, como de un tabú, pese a que se trata nada menos que de la administración del uso del poder coactivo del Estado, algo sustancial a su propia existencia».

En coincidencia, Bustamante afirma que, «tradicionalmente, el tema de lo militar fue para las élites civiles de la región objeto más de exorcismo que de estudio, más de polémica que de diálogo, más de negación que de investigación. El despertar de esta autoimpuesta ignorancia de los intelectuales siempre fue tan rudo como inesperado».(13)

Por estas razones quiero poner énfasis especial en encomiar la labor desempeñada por la Escuela de Estudios Internacionales de la American University que dirige el profesor Goddmann, cuando produce un diálogo fructífero, continental y abierto para discutir el relacionamiento de la sociedad civil y los militares en el fin de este milenio que tiene en América Latina gobiernos democráticos, con una excepción, dispuestos a fundar la democracia futura no sobre el filo de las espadas sino en el campo de un desarrollo sustentable.

No quiero tampoco herir su modestia pero creo que el profesor Goddman nos da una magnífica lección de cómo encaminar el análisis de las cuestiones militares y civiles en el preámbulo de su obra «Los Militares y la Democracia» donde expresa y me permito leer su acertado pensamiento:

«Para que la democracia se afiance en América Latina, tanto los militares como los líderes civiles deben asumir nuevos roles. Los problemas que puede causar la democracia pluralista son bastantes diferentes de los que provoca un gobierno controlado por la conjunción ejército-oligarquía que predominó en el pasado de América Latina. El reconocimiento de que el ejército es una de las instituciones formales más fuertes en las sociedades que necesitan desesperadamente una coherencia política y social, representa un desafío para los líderes civiles latinoamericanos muy diferente del que deben enfrentar los líderes de las naciones desarrolladas.

En resumen, si no se adoptan nuevos roles que permitan la confianza y la cooperación entre civiles y militares, el futuro de la política latinoamericana seguirá siendo caótico. Tal vez los militares no detendrán el poder formalmente, pero ejercerán su presión sobre los gobernantes civiles limitando el desarrollo de sus naciones. Si los líderes civiles y militares latinoamericanos son capaces de adoptar nuevos roles, se podrán lograr los completos acuerdos necesarios para una democracia pluralista, respetuosa de la múltiples fuerzas políticas existentes en las naciones de América del Sur y Central (incluyendo los intereses militares)».(14)

Finalmente quiero tomar de las expresiones del Lic. Gerardo Le Chevallier, pronunciadas en un seminario en Asunción en noviembre de 1996, sus vistas a las posibles misiones para las FF.AA. paraguayas: (15)

a) Redefinir el estado-nación paraguayo y sus límites.

b) ¿Quiénes son los enemigos externos y que tan real es su amenaza?. Es cierto que estamos hablando de las pos guerra fría, pero me parece que el enemigo histórico de las FF.AA. paraguayas no ha sido la URSS. La pregunta entonces es si ustedes tienen, o pueden tener, los recursos como para defenderse de sus vecinos. Evidentemente debe evaluarse el sistema de alianzas con estos y las garantías internacionales que pueden negociarse.

c) En democracia no hay enemigo [político] interno. Pero hay otras amenazas: Las migraciones masivas, las epidemias, la degradación del medio ambiente, el desempleo, el narcotráfico, etc.

d) ¿Qué otras misiones nos interesan?. Operaciones de paz, producir y exportar armas, proyectos de infraestructuras, alfabetizar, vacunar, etc.

e) La decisión de los dinosaurios, adaptarse o desaparecer.

Concluye el Licenciado Le Chevalier:

"Las FF.AA. deben existir. No nos cabe la menor duda. Es una realidad institucional qué sustenta históricamente nuestras naciones, es una realidad política y material, además hay abundantes razones a favor que acabo de exponer y ni una sola en contrario que sea realista en el corto y mediano plazo.

Pero las FF.AA. deben entender que con las pos-guerra las necesidades de nuestras sociedades han cambiado: Estamos construyendo un mundo nuevo, para ello no podemos descuidar ningún ciudadano, ningún recurso, ningún esfuerzo, por eso deben continuar, hasta terminarlo el proceso de modernización, profesionalización y concientización democrática que afortunadamente hemos comenzado en casi todo el mundo.»

Tales las conclusiones de mi amigo el Lic. Le Chevallier, que las hago mías, así como las del Director de este instituto el Sr. Louis W. Goodman.

Al agradecer vuestra atención, quedo a disposición de Uds. para responder a vuestras preguntas.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Ref. 1. General B. Caballero (1880-1886), General Patricio Escobar( 1886-1890), General Juan Bautista Eguisquiza (1890-1894), Coronel Rafael Franco (1936- 1937). Mariscal José Félix Estigarribia (1939-1940), General Rolón (1949), General Alfredo Stroessner (1954-1989)

En tres casos, el del Coronel Juan Antonio Ezcurra, el coronel Albino Jara y el del General Andrés Rodriguez, no han tenido participación en guerra internacional alguna.

Ref. 2.  En esta exposición se utiliza «revolución» como sinónimo de cuartelazo, «coupe d’etat» o golpe de estado y no en el sentido clásico de la expresión.

Ref. 3. Valenilla Lanz Laureano, venezolano, en su obra “Cesarismo Democrático” editado en 1919, utiliza la expresión “gendarme necesario” para justificar el régimen del dictador Presidente Gómez.

Ref. 3.1. Los presidentes que completaron el período constitucional fueron el Gral. Bernardino Caballero, Gral. Patricio Escobar, Gral. Juan B. Eguzquiza, Eduardo Schaerer, Eligió Ayala, José P. Guggiari, Gral. Higinio Morinigo y el Gral. Alfredo Stroessner.

El único caso de magnicidio se realiza en 1877, en que los revolucionarios inician el complot con el asesinato del presidente de la República Juan Bautista Gill.

Ref. 4. El Dr. Cecilio Baez opina que la única “revolución popular”, es decir, sin participación del actor militar fue la del Gral. Bernardino Caballero en 1873.

Ref. 4.1. Riquelme M.A. «Stronismo, golpe militar y apertura tutelada», página 16., R.P ediciones, Asunción, 1992

Ref. 5. Rivarola Domingo, «Política y Sociedad en el Paraguay Contemporáneo, el autoritarismo y la democracia», Revista Paraguaya de Sociología, página 73, 1988.

Ref. 6. Ibídem - Rivarola, D.

Ref. 7. Argaña, Luis M., «Historia de las ideas políticas en el Paraguay», página 191. Asunción, Editorial “El Foro”, 1983

Ref. 8. Rial, Juan, “Las Fuerzas Armadas y la cuestión de la democracia en América Latina”, en “Los militares y la democracia”, página 3, Editorial Peitho, Montevideo, 1990.

Ref. 9. Argaña, Luis M., ibídem, página 192.

Ref.9.1. Pampliega, Amancio, Misión cumplida, Edit. «El Lector» Asunción.

Ref. 9.2. Pampliega, A., ibídem.

Ref. 9.3, Rivarola D., ibídem, página 152.

Ref. 10.      El jefe de la diplomacia paraguaya en la reunión de Rio de Janeiro/42 fue el Prof. Dr. Luis A. Argaña, quien se desempeñaba como Ministro de Relaciones Exteriores

Ref. 10.1.   Riquelme, A.M. ibídem, página 16.

Ref. 11.      La renuncia fue del gabinete del Presidente Rodriguez. Siguió en el ejercicio del cargo de Presidente de la Asociación Nacional Republicana (Partido Colorado)

Ref. 12.      Sanguinetti, Julio María, “El temor y la impaciencia”, página 81, Fondo de Cultura Económica, Montevideo, 1990.

Ref. 13. Bustamante, Fernando, “Los paradigmas en el estudio del militarismo en América Latina”, en “Los militares y la democracia”, página 29, Editorial Peitho, Montevideo, 1990.

Ref. 14. Goodman, Louis W., Introducción, página XIV, m “Los militares y la democracia”, Editorial Peitho, Montevideo, 1990.

Ref. 15. Le Chevalier, Gerardo, “La percepción pública ( pos guerra fría) de las Fuerzas Armadas”, página 103, en “Programa de relaciones cívico-militares”, simposio en Asunción, noviembre/1996.

Nota:A.N.R. La sigla ANR utilizada en el texto significa Asociación Nacional Republicana, que también tiene por denominación “Partido Colorado”.

ARTÍCULOS DE LA CONSTITUCIÓN NACIONAL SANCIONADA EL 20 DE JUNIO DE 1992, REFERENTES A LAS FUERZAS ARMADAS.

CAPITULO XI

DE LOS DEBERES DEL SERVICIO MILITAR

Art. 129. Todo paraguayo tiene la obligación de prepararse y de prestar su concurso para la defensa armada de la Patria.

A tal objeto, se establece el servicio militar obligatorio. La ley regulará las condiciones en que se hará efectivo este deber.

El servicio militar deberá cumplirse con plena dignidad y respeto hacia la persona. En tiempo de paz no podrá exceder de doce meses.

Las mujeres no prestarán servicio militar sino como auxiliares, en caso de necesidad, durante conflicto armado internacional.

Quienes declaren su objeción de conciencia prestarán servicio en beneficio de la población civil a través de centros asistenciales designados por ley y bajo jurisdicción civil. La reglamentación y el ejercicio de este derecho no deberán tener carácter punitivo ni impondrán gravámenes superiores a los establecidos para el servicio militar.

Se prohíbe el servicio militar personal no determinado en la ley, o para beneficio o lucro particular de personas o entidades privadas.

La ley reglamentará la contribución de los extranjeros a la defensa nacional.

CAPITULO II

DE LAS RELACIONES INTERNACIONALES

DE LA RENUNCIA A LA GUERRA

Art. 144. La República del Paraguay renuncia a la guerra, pero sustenta el principio de la legítima defensa. Esta declaración es compatible con los derechos y obligaciones del Paraguay en su carácter de miembro de la Organización de las Naciones Unidas y de la Organización de Estados Americanos, o como parte en tratados de integración.

CAPITULO V

DE LA FUERZA PÚBLICA

DE LA COMPOSICIÓN

Art. 172. La Fuerza Pública está integrada, en forma exclusiva, por las fuerzas militares y policiales.

De las Fuerzas Armadas

Art. 173. Las Fuerzas Armadas de la Nación constituyen una institución nacional que será organizada con carácter permanente, profesional, no deliberante, obediente, subordinada a los poderes del Estado y sujeta a las disposiciones de esta Constitución y las leyes. Su misión es la de custodiar la integridad territorial y la de defender a las autoridades legítimamente constituidas, conforme con esta Constitución y las leyes. Su organización y sus objetivos serán determinados por la ley.

Los militares en servicio activo ajustarán sus desempeños a las leyes y reglamentos, y no podrá afiliarse a partido o a movimiento político alguno, ni realizar ningún tipo de actividad política.

De los Tribunales Militares

Art. 174. Los Tribunales Militares sólo juzgaran delitos y faltas de carácter militar, calificados como tales por la ley, y cometidos por militares en servicio activo.

Sus fallos podrán ser recurridos ante la justicia ordinaria.

Cuando se trate de un acto previsto y penado, tanto por la ley penal común como por la ley penal militar, no será considerado como delito militar, salvo que hubiese sido cometido por un militar en servicio activo y en ejercicio de funciones castrenses. En caso de duda de si el delito es común o militar, se lo considerara como delito común.

Sólo en caso de conflicto armado internacional, y en la forma dispuesta por la ley, estos tribunales podrán tener jurisdicción sobre personas civiles y militares retirados.

SECCION V

DE LA CÁMARA DE SENADORES

De las atribuciones exclusivas de la Cámara de Senadores

Art. 224.    Son atribuciones exclusivas de la Cámara de Senadores:

2) prestar acuerdo para los ascensos militares y los de la Policía Nacional, desde el grado de Coronel del Ejército o su equivalente en las otras armas y servicios, y desde el de Comisario Principal para la Policía Nacional;

5) autorizar el envío de fuerzas militares paraguayas permanentes al exterior, así como el ingreso de tropas militares extranjeras al país.

LA INTEGRACIÓN PARA EL DESARROLLO

Conferencia pronunciada en el Centro Latinoamericano y del Caribe

de la Universidad Internacional de Florida

Miami, 7 de Marzo de 1997

SEÑOR DECANO, SEÑORAS, SEÑORES:

Es para mí particularmente grato, concurrir a esta prestigiosa Universidad, con el propósito de dialogar con este selecto Auditorio sobre los temas de la Integración. Desde tiempos de Bolívar, Artigas, Francia, y otros próceres de nuestras patrias, hemos soñado con el ideal integracionista, y es en estos tiempos que ella va cobrando su tangible realidad en tierras americanas.

Sean mis primeras palabras entonces, para agradecer a las autoridades de esta alta Casa de Estudios la oportunidad que brindan a un político paraguayo, en expresar sus ideas de cómo vemos y aspiramos que sea, la integración.

LA INSERCIÓN INTERNACIONAL

En nuestros tiempos ya ningún país podrá desarrollarse en forma autónoma y separada de los demás. Surge en consecuencia, como de primordial importancia, para mi país, el elemento determinante para su proyecto nacional y factor decisivo de un Estado moderno, su inserción internacional en el más breve plazo.

Dentro del contexto internacional, hoy se habla del poder nacional, su imagen externa y la búsqueda de prestigio. Amén, del respeto irrestricto a la democracia representativa que posibilita el desarrollo económico.

Debemos convenir también, que la dimensión internacional que adquiere un país, es el contrapunto necesario e indisociable, de la soberanía y de su desarrollo. La soberanía va más allá del simple y tradicional concepto de la “soberanía-territorio”, una defensa de los intereses de un país, en un mundo globalizado. A mayor abundamiento, la asociación que el Paraguay ha hecho con Brasil y Argentina para la utilización de los recursos del Río Paraná, que nos separa con ambos países, ha dado un nuevo giro a la soberanía que cada país ejerce sobre los ríos internacionales.

La soberanía, que hemos adquirido desde nuestra Independencia en 1811, y que la ejercemos sobre nuestro territorio, hoy recibe el impacto de la actualización de este nuevo concepto con la globalización, que no debe significar privilegios para los grandes ni mengua para los pequeños.

Esto es así, porque los recursos financieros, tecnológicos y científicos; son proveídos en gran parte desde los países centrales, hacia los países del Tercer Mundo. Es decir, los bienes y servicios que necesitamos tanto para producir dentro de nuestras fronteras, como para exportarlos, reciben un importante componente externo.

El ejercicio de la soberanía, es mucho más marcado en el mundo de hoy, envuelto en la globalización de la economía, los intercambios comerciales y los flujos de tecnologías, inversión de capitales y servicios y por una creciente dependencia de las economías, sean estas desarrolladas o subdesarrolladas, por su relación con el exterior.

Muchos dirigentes políticos, ya tienen conciencia que los factores tradicionales de producción, la tierra, el trabajo y el capital fueron superados ampliamente por la tecnología y el conocimiento científico, ya que las ventajas comparativas de los países son alteradas por el despliegue de la capacidad tecnológica de sus competidores. Se corre así el riesgo, de quedar atrasados, en la estagnación y la pobreza, como consecuencia de políticas sociales y económicas conservadoras.

De alguna manera, pensamos que el gran desafío consiste en que la inserción internacional necesaria en nuestros días, debe conciliar los intereses del Paraguay en aras de la defensa de su soberanía económica y sus recursos naturales, con el propósito que la modernidad no vaya en detrimento de su integridad. Es decir, que la integración tanto regional, hemisférica o con la Unión Europea, sea la base de un desarrollo sustentable. La experiencia de la conformación lenta de la Unión Europea que, hoy tiene la excelencia integracional, que llegó a ese nivel precisamente por haberse atendido la disparidad de los países componentes y sus resultados han sido fruto de su maduración y perfectibilidad. Ello nos enseña que es posible armonizar y conciliar la diversidad

LOS BLOQUES ECONÓMICOS

Estos se fueron conformando en los últimos años, en el plano económico, en una tríada constituida por los Estados Unidos de América, la Unión Europea y el Japón. Pero, sin embargo estos a su vez, generaron sus propias áreas contiguas, como el caso del Nafta, en respuesta a la Unión Europea, consolidada como mercado común por el Tratado de Maastrich, en 1992 y la consolidación de Europa de los Doce.

El Japón, ejerce un papel preponderante, en torno al cual surgieron aceleradamente el Sudeste de Asia y la propia China Popular.

Así, se fue consolidando a su vez, el NAFTA, que fue un intento de acuerdo inicial de liberalización de las economías de Estados Unidos, Canadá y México en la búsqueda de constituir un sistema comercial, en toda América del Norte. Lamentablemente los propósitos de incrementar el comercio zonal, no han resultado conforme las previsiones. Probablemente, la pluralidad de los asociados en ALCA (Área de Libre Comercio de las Américas) sea la respuesta adecuada para la reactivación económica de todos sus componentes. De eso hablaremos más adelante.

La Unión Europea que tenía como objetivos principales la configuración de un mercado restringido, ha suscrito acuerdos con el Mercosur con las miras de ampliación de la inserción internacional mutua que objetiviza que las regiones, que son productoras de materias primas básicas, no deben quedar al margen de la globalización. En otras palabras, que los más de doscientos millones de habitantes del Mercosur, están inmersos en el proyectos de la Unión Europea, que podrá obtener en ello una fuente de consumo masivo, a condición de que aumente la capacidad adquisitiva de los países involucrados. Esto implica naturalmente una modificación de la creación y distribución de la riqueza.

No podemos dejar de considerar la realidad de los llamados “tigres asiáticos”, nucleados en torno a la ASEAN (Asociación de Países del Sudeste de Asia), extensivos hoy a Malasia y Tailandia, que también tienen una fuerte presencia en el comercio y las finanzas internacionales.

Es de preguntarse qué lugar corresponde a América Latina en una nueva división internacional del trabajo, que pareciera estar en proceso de gestación. Nuestro continente que sigue siendo, productor de materias primas o productos semi-manufacturados, con mano de obra abundante y barata, corre el riesgo de sufrir la marginalización a consecuencia de la falta de profesionalización del trabajador y de la perimida tecnología utilizada para la producción.

La respuesta de nuestros países, ha sido una solución multilateral. Diversas instituciones como el Sela, Pacto Andino, Aladi, Mercosur, Grupo de los Ocho, y otras agrupaciones similares, han seguido el camino de una balcanización integracionista. La experiencia nos enseña que la integración en la diversidad de esta forma no ha logrado sus mejores frutos. Pudo haberse repetido, quizás la experiencia bolivariana de la Confederación de Estados Americanos, que desde 1826 en el Congreso de Panamá no se asocian precisamente por los localismos y rivalidades. Por eso, es de primordial importancia que la integración se fundamente en el liderazgo de sus mejores mentores y estadistas, en un ambiente democrático piedra basal de su consistencia y éxito futuro.

Es así, que la aproximación de los países latinoamericanos a los centros productores de tecnologías, realizada en formas de varios sub-bloques, no ha obtenido la respuesta que sirviera para romper la brecha tecnológica y científica que existe entre los países centrales y los periféricos.

De estos sub-bloques regionales, es el MERCOSUR, el que ha logrado mayor aproximación con la Unión Europea en un breve plazo y con proyecciones para el futuro.

Si bien la decisión paraguaya de participar en el Mercosur, no ha sido el resultado de una reflexión minuciosa, ha aportado y seguirá aportando benéficos resultados a la región y al Paraguay.

Una de las cuestiones criticadas es el hecho que el Paraguay ya contaba en anteriores corporaciones multinacionales, como ALALC y ALADI, ventajas y beneficios dada su condición, al igual que Uruguay, de una asimetría con respecto a sus socios mayores, el Brasil y Argentina.

Es decir, que el Paraguay perdió posiciones regionales obtenidas con anterioridad al ingresar al Mercosur, razón por la que es justa su renegociación con el objetivo de buscar el equilibrio ante la manifiesta descomposición que la situación heterogenea de sus asociados ha generado.

Dicha heterogeneidad se funda en:

a) diferencias en la dimensión económica, geográfica y demográfica,

b) diferencias en la disponibilidad de recursos naturales y las modalidades de su explotación,

c) diferencias en la estructura económica, particularmente en cuanto a la participación, características y pautas de desarrollo de la industria manufacturera,

d) diferencias en las políticas económicas y en el papel que los agentes económicos desempeñan en su gestión,

e) diferencias en las prioridades derivadas de la situación coyuntural del sector externo y,

f) diferencias en cuanto a la importancia relativa en las relaciones intrarregionales en el plano económico.

De esta desigualdad, resulta la necesidad de que cada una de las acciones que se emprendan y contemplen en forma equitativa los intereses de los países asociados en el acuerdo subregional.

Cuanto más heterogénea sea la base de la acción comunitaria, mayor debe ser la flexibilidad normativa y menor las restricciones institucionales (Argaña, L.M., ”Hacia un nuevo ordenamiento político, social y económico del Estado”. Proyecto Presidencial, Año 1992. pag.170)

En síntesis, podemos señalar como un objetivo permanente de la política internacional, el deseo integracionista a condición previa que la acción comunitaria debe contemplar las situaciones de debilidad estructural o de mediterraneidad, como en el caso paraguayo.

Justamente, expreso en este Centro de integración americana, estas inquietudes, que son coherentes con el principio de la solidaridad social que campea en el estatuto de ALCA, y define una doctrina digna de ser apoyada y fortalecida. Por expresar las ideas precedentes, de la necesidad de romper la asimetría que existe en Mercosur, algunos han mal entendido mi discurso político afirmando que llevaba impreso el signo de la anti-integración, cuando que lo que pretendemos es, que la integración coopere con el desarrollo de todos sus asociados.

Mercosur con sus cuatro países miembros (Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay), y dos países asociados (Bolivia y Chile), con una población total de 213.000.000 de habitantes y un producto interno de 1.058 mil millones de dólares, representa la cuarta potencia económica a nivel mundial, detrás de la Unión Europea, Nafta y Japón, aunque por delante de la Federación Rusa o la Asociación de Estados del Sudeste Asiático, y es el de más alta tasa de crecimiento.

Su comercio intrarregional, ha crecido a una tasa anual del 27% de 1990 a 1995. El 20% del total del comercio de los países miembros, es en la actualidad negociado intrarregionalmente comparado con el 9% en 1990.

Y lo más importante que destacar, es que este intercambio concentra en bienes procesados, en contraste con las exportaciones que realiza a otros mercados en las que predominan los bienes primarios o de escasa elaboración, de origen agropecuario y mineral.

El Mercosur y la Unión Europea, han suscrito un Acuerdo de Cooperación que llevará a ambos mercados a una eventual Zona de Libre Comercio a partir del año 2005 y aspira poder concretar un similar convenio o de más corto plazo con los países del Nafta

LA REVOLUCIÓN TECNOLÓGICA

El nuevo paradigma industrial que está modificando el perfil de la sociedad en escala mundial, se produce a raíz de los avances en las áreas de energía, informática, telecomunicaciones, y la biotecnología. Sin embargo, estas avanzadas de la inteligencia del hombre llegan a los países del Tercer Mundo a escala reducida y a una élite aún más pequeña. Existen países en Latinoamérica que han acogido esta revolución tecnológica, pero al mismo tiempo, grandes masas de la sociedad permanecen analfabetas, incomunicadas y sin salud. Corresponde a quienes estamos en los quehaceres de la política nacional, proyectar que en el próximo milenio, no existan las asimetrías poblacionales dentro de cada país y en la globalidad hemisférica.

Esta revolución tecnológica constituye lo que se da en llamar la “Tercera Revolución Industrial”, por el hecho que ella define la hegemonía de un país con respecto a otro. Y esta cuestión de la integración es para nosotros, de fundamental importancia, con respecto a la concesión de las “ventajas comparativas”. Dichas ventajas no tienen relevancia cuando son otorgadas a un país de menor desarrollo relativo que mantiene una brecha, científica y tecnológica con respecto al país otorgante, porque en la práctica el país dismuido nunca podrá hacer uso de sus ventajas.

Las ventajas comparativas podrán cobrar importancia en una región cuando son otorgadas entre países de similar o igual escala económica, tecnológica y de desarrollo industrial.

Si con estos principios básicos surgidos de la experiencia de la integración europea, no encaramos el futuro, ella servirá sólo para que los grandes países que en el momento inicial de la asociación estuvieren a la cabeza del grupo, en detrimento de los asociados pequeños, sigan en esa situación hegemónica pese a las buenas intenciones con que se iniciaron los proyectos integradores en nuestra América.

EL NUEVO ORDENAMIENTO

Esta nueva idea que surge inevitable en el mundo de hoy, no pretende sustituir totalmente el sistema, implementado durante y después de la Segunda Guerra Mundial, pero sí adaptar a los nuevos tiempos, algunas instituciones del periodo anterior.

Una de ellas, es la reforma de la Carta de las Naciones Unidas, que permitió el ingreso de otros países al seno del Consejo de Seguridad.(1965)

Otra reforma necesaria es el derecho del veto, que hoy solo la detentan pocos países consagrando la negación de la igualdad jurídica entre los Estados. Se tienen reservas sobre su conveniencia y se ha propuesto, sin abolir el veto, por lo menos racionalizar su utilización, sustrayendo a la regla de la unanimidad determinados asuntos.

Entre las reformas necesarias, está la que tiende a priorizar la defensa de los derechos humanos, el combate a la pobreza crítica, el medio ambiente y otros postulados inherentes a los derechos de la humanidad.

Por otra parte, la acción del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial, viene siendo reorientada, para convertirse en instrumento de apoyo a los países que abandonaron el socialismo e incorporarlos al sistema económico internacional, mediante los mismos mecanismos de ajuste utilizados con los países subdesarrollados.

LA NEGOCIACIÓN COMO EL EJERCICIO DE LA SOBERANÍA

Todo lo que venimos afirmando en cuanto a la necesaria inserción internacional, la consecuencia de integrar sub-bloques económicos y la realidad de una revolución tecnológica, así como el sustento del nuevo ordenamiento internacional, nos conduce a señalar que la negociación entre las naciones es una metodología necesaria y es además el ejercicio de la soberanía nacional.

El Paraguay al ser cada vez más interdependiente adquiere una mayor soberanía. Es necesario ejercitar el principio de la supranacionalidad previsto en la Constitución Nacional, en su artículo 145, para ganar más espacios en el mundo moderno.

No es el tiempo de excluirse, sino de incluirse. No es el tiempo de renunciar a nuestros derechos fundamentales, a nuestra existencia digna como Nación, sino de una firmeza negociadora al que tenemos derecho los países de menor desarrollo relativo, y más aún cuando los instrumentos internacionales fueron negociados con debilidades y bajo presiones. Es por esa razón que, nuestra presencia en Mercosur y las posibilidades de permanecer en los nuevos bloques en formación como el ALCA, debe comprenderse como el discurso político que clama una justicia social, una solidaridad internacional dentro de la gran doctrina que rige a los organismos internacionales, de la igualdad jurídica de las naciones y la solidaridad con aquellos que padecen de economías débiles.

En líneas generales, la década del noventa no ha sido exitosa en el campo internacional para nuestro país. Por falta de líneas de orientación quizás o de cuestiones complejas que fueron determinantes para la imagen en el exterior. El origen ilegítimo del poder público, y el ejercicio del mismo que padece de la misma ilegitimidad, obviamente no podía proyectar una política exterior diferente. No se puede ser afuera lo que no se es adentro.

No obstante ello, se debe insistir en la defensa de los intereses nacionales, respetar los pactos acordados y promover las relaciones internacionales.

La cláusula pacta sunt servanda, debe ser la base fundamental de nuestra política exterior, sin que ello perturbe el derecho a negociar o renegociar en forma permanente buscando la realización práctica de la igualdad de los Estados.

En este contexto, nuestra política exterior debe priorizar el fortalecimiento de los sistemas multilaterales y bilaterales de comercio, la propiedad intelectual e industrial, el derecho marcario, la protección a los servicios de transferencia de tecnología que constituyen en el mundo moderno un requisito de sobrevivencia de la economía de un país.

Debemos avanzar en la construcción de un perfil de confianza internacional para que la inserción del Paraguay en ese mundo globalizado sea recibida como un país moderno, dispuesto a respetar la ética empresarial. Esa es una condición para que el país pueda recibir la cooperación internacional.

LA UNIFICACIÓN DE LAS SUB-REGIONES

Debo manifestar francamente mi adhesión sin reticencias al proyecto de creación del Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA) porque se funda en la superación de un déficit que hace tiempo padecemos nosotros mismos los países americanos. Quisimos combatir la pobreza, el suddesarrollo, e ingresar al desarrollo desunidos, y así hemos ido creando múltiples asociaciones sub-regionales con intereses muchas veces contrapuestos. Evidentemente aquel camino fue errado.

La doctrina fundante de ALCA se basa precisamente en los principios expuestos en la reunión de los 34 países cuyos representantes reunidos en Denver, Colorado, en junio de 1995, continuadas en Cartagena en marzo de 1996, y finalmente consagradas en la cumbre de Miami, bajo el lema “Pacto para el Desarrollo y la Prosperidad: Democracia, Libre Comercio y Desarrollo sostenible en las Américas”, realizaran los presidentes americanos diciendo que:

“Reconocemos que la integración económica y la creación de un área de libre comercio, serán tareas complejas particularmente a la luz de las amplias diferencias en los niveles de desarrollo, y en el tamaño de las economías de nuestro hemisferio”.

El mismo histórico documento que expresa la declaración de principios manifiesta que:

“Resulta políticamente intolerable y moralmente inaceptable que algunos sectores de nuestras poblaciones se encuentren marginados y no participen plenamente de los beneficios del desarrollo. Con el objetivo de lograr una mayor justicia social para todos nuestros pueblos, nos comprometemos individual y colectivamente a mejorar el acceso a la educación de calidad, y a la atención primaria en materia de salud, así como a erradicar la pobreza extrema y el analfabetismo. Todos deben tener acceso a los frutos de la estabilidad democrática y del crecimiento económico sin discriminación por motivos de raza, nacionalidad, origen o de religión.”

Nadie que lea el contenido y los principios de estos objetivos en que se funda ALCA podría oponerse a ella. Se puede decir que ella objetiva una verdadera revolución o cuando menos, una reforma profunda en la metodología para erradicar la pobreza profunda de Latinoamérica.

Los objetivos son absolutamente claros: Crecimiento económico sin discriminación, erradicación de la pobreza extrema, acceso a la educación y la salud concorde al proceso de desarrollo y fundamentalmente el de lograr una mayor Justicia Social.

Debo manifestar con absoluta complacencia conceptual con los términos con que se funda ALCA. Es por vez primera que los presidentes de América asumen el compromiso ferviente del desarrollo económico con justicia social.

Creo entender que la difusión de la práctica de la democracia política en nuestros países, la madurez de la clase política en el momento en que nos encontramos con una excepción, nos demuestra que el crecimiento económico debe estar sustentado en un proyecto democrático, legitimo, condicionante para enfrentar las barreras de la pobreza hemisférica.

Creo entender que la apelación a objetivar la solidaridad y la justicia social igualmente en el momento del nacimiento de un bloque hemisférico está relacionado con el hecho que el mundo ha enterrado para siempre la aventura del socialismo marxista del autoritarismo que son el cimiento de los desajustes de las economías.

Creo también de suma importancia el hecho que ALCA nazca sobre la base y la experiencia de los organismos sub-regionales existentes ya que se trata no de cambiar por cambiar, sino utilizando la existencia de los bloques con sus propias experiencias, recursos y grandes núcleos poblacionales.

La armonización de tales acuerdos será posible con la cooperación del sector privado y de los empresarios que conforman juntamente con los Estados los basamentos de esta nueva experiencia que va cobrando forma aceleradamente.

El desafío es arribar a esta meta en conjunto.

Para ello, debemos entender una vez más que la dificultad detectada en los proyectos latinoamericanos y de otras áreas es el problema de la existencia de profundos desfaces en los grados de desarrollo de nuestros pueblos.

Surge además con claridad la existencia de sendas que reconocen diferencias de grados en el avance del proceso: integración económica y creación de un área de libre comercio.

La invitación formulada para que nuestros países definan antes de fin de siglo el procedimiento para el gradual desarme arancelario que materialice la voluntad de la creación del área de libre comercio, no puede ni debe excluir la serena exclusión las dificultades mencionadas y de este modo garantizar la conquista del objetivo: la justicia social.

La experiencia de los países que nos antecedieron en esta marcha, da fundamentos a manifestar que quienes centraron todo su esfuerzo exclusivamente en mecanismos de desarme arancelario profundizaron las desigualdades existentes y en consecuencia fracasaron en el empeño.

Hoy estamos obligados a dejar bien en claro que:

Mientras avanzamos en la creación del área del libre comercio y producimos el desarme arancelario de acuerdo al ritmo pactado, es también necesario concertar políticas macro económicas que garanticen que el comportamiento de los socios contribuye efectivamente a cerrar la brecha existente y mantener la confianza en el proceso.

Así podría sugerirse ya en esta etapa de aportes y ampliación a los procedimientos que nos lleve al mejor camino de la armonización, la creación de un Foro permanente que estudie el contenido de una ley armonizada de inversiones para los países signatarios del ALCA.

También la proyección de una normativa común de protección del medio ambiente, porque el desarrollo del que estamos hablando debe ser un “desarrollo sustentable” que proteja para las generaciones futuras los recursos naturales que estamos utilizando en la presente generación.

Es también necesaria la proyección de una normativa común sobre derechos laborales que garantice una aplicación clara en el área de los derechos del trabajo. Y en el mismo orden de importancia el Foro que tenga que crearse deberá analizar en una normativa común, que busque proteger el derecho marcario, los derechos intelectuales, las patentes y marcas.

Estas iniciativas que deberán tomarse entre otras, que servirán para enriquecer el concepto, deben encontrar el punto de equilibrio que garantice que el objetivo de igualdad se cumpla sin permitir a ninguna de las partes generar barreras no arancelarias al comercio. De allí que la prudencia en la confección del sistema garantizará el éxito en el emprendimiento.

Los mecanismos que constituyen principios de competencias desleales deben ser erradicados, trazando para ello un abanico que comprenda desde la política de adquisiciones hasta los subsidios encubiertos que promocionan actividades fuera del marco de la competencia honesta, o permiten en la generación de bienes a ser libremente intercambiados, a los niños de las calles o mano de obra en condiciones de semiesclavitud.

La incapacidad del gobierno que preside los destinos de mi país es el único argumento que encuentro para la ausencia de una política a la industria automotriz, entre otras, por parte de la República del Paraguay. La ausencia de política ha permitido que solo en este sector el Brasil para el año 2000 radicará inversiones que rondan los 13.000 millones de dólares, mientras que en nuestro territorio, para la misma época será de cero dólar.

Esto lo manifiesto con un profundo dolor en el alma que ruego me permitan compartir. Y este dolor tiene dos fundamentos: el primero el que me produce cuando siento que a mis compatriotas se les niega la oferta de puestos de trabajo que representan inversiones de esta naturaleza, y el segundo porque la ausencia de políticas de desarrollo comunes profundizan las desigualdades que atentan contra los procesos de integración en los que firmemente creo.

Del mismo modo, estas políticas comunes de bienes indispensables para superar los espacios discrecionales que generaron el reclamo de 1350 empresarios norteamericanos contra el Paraguay por piratería.

El gobierno de mi país ha permitido el florecimiento de la delincuencia a límites tales, que demanda una política concertada en el continente que nos permita acelerar sino en intensidad, por lo menos en modo de respuesta a estas actividades ilegales incluidas las del narcotráfico.

Para ello deviene imprescindible la generación de políticas de cooperación con los países que demuestren la voluntad para erradicar estos males.

Esto nos acerca por el lado no deseado a la aplicación del principio de solidaridad que naturalmente tienda a generar condiciones para que los países de menor desarrollo relativo puedan encarar su acercamiento a los países de mayor desarrollo, generando de este modo la justicia social, que se invoca en la declaración de principios de ALCA.

Creemos firmemente que una de las formas de disminuir la delincuencia de nuestras patrias es otorgando a los sectores populares la posibilidad de un trabajo digno, bien remunerado, por lo cual, la primer área a ser atacada es el fomento de la educación mínima.

Esta somera aproximación a la problemática de la integración, sería incompleta si no mencionara finalmente la necesidad de la creación de un organismo que con carácter permanente con suficiente autoridad y agilidad, diese solución a las controversias que surgirán de la implementación de los acuerdos multinacionales.

Considero por lo demás oportuno que sea un centro de nivel universitario, como en este que me permite expresar mis ideas el que se consagre la problemática, las opiniones, de políticos y empresarios para que ALCA avance sin pausas hasta el año 2005 tiempo previsto para su puesta en marcha.

Como lo dijera el brasileño Ruiz Carlos Pereira: “que lo que está pasando en el Mercosur, es muy importante para la construcción del ALCA, porque estamos poniendo a prueba la decisión de los ministros de que el ALCA se construirá a partir de los “building blocs”, y atendiendo a los errores que se suscitaron en su proceso de construcción. ALCA en mi concepto reiterando la opinión del experto brasileño “es un proceso que empieza a aterrizar”, y tiene un gran futuro al fundarse, en el crecimiento de la economía global sin discriminación, y bajo el manto legitimador de lograr una mayor justicia social.

Al agradecer la invitación que me han realizado para que exprese estas opiniones, quiero dejar paso a las preguntas y respuestas, que las daré con mucho gusto si estoy en condiciones de contestarlas. Muchas gracias.

INDICE

EL PROCESO DEMOCRATICO EN EL PARAGUAY

PARAGUAY: LA DEMOCRACIA Y LAS FUERZAS ARMADAS

LA INTEGRACION PARA EL DESARROLLO

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