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LINO OVIEDO

  LA INJUSTICIA DE LA JUSTICIA, 2001 (LINO CÉSAR OVIEDO SILVA)


LA INJUSTICIA DE LA JUSTICIA, 2001 (LINO CÉSAR OVIEDO SILVA)

LA INJUSTICIA DE LA JUSTICIA

LINO CÉSAR OVIEDO SILVA

UNIÓN NACIONAL DE COLORADOS ÉTICOS (UNACE)

INDUSTRIAL GRÁFICA COMUNEROS

ASUNCIÓN – PARAGUAY

2001 (409 páginas)

 

 

INDICE

BIOGRAFÍA

I. CARRERA MILITAR 

II. CARGOS EJERCIDOS

III. SU FAMILIA

IV. PROTAGONISTA DEL CAMBIO

V. LA PERSECUCIÓN

VI. CRONOLOGÍA DE SU CARRERA POLÍTICA

VII. FUNDADOR DEL UNACE

VIII. MISIÓN DE PAZ  

IX. MEDALLAS Y CONDECORACIONES

X. OTROS CARGOS EJERCIDOS 

A MANERA DE PRÓLOGO 

LA INJUSTICIA DE LA "JUSTICIA"

I. CONSIDERACIONES GENERALES 

II. ANTECEDENTES

III. INICIO DE LA PERSECUCIÓN AL GRAL. OVIEDO 

IV. VÍA LIBRE PARA CONDENAR AL GRAL. OVIEDO

V. CONDENA DEL TRIBUNAL MILITAR EXTRAORDINARIO

VI. CONSPIRACIÓN CONTRA OVIEDO Y CONTRA LAS REGLAS DE LA DEMOCRACIA

VII. LA INHABILITACIÓN Y LA CONDENA DEFINITIVA DEL GRAL. OVIEDO

VIII. AFRENTA A LA DIGNIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS

IX. LA LEY ANTI-INDULTO

X. REESTRUCTURACIÓN DEL THE - CONMUTACIÓN DE LA PENA

XI. EL DECRETO N° 117/98

XII. INCIDENTE DE NULIDAD - A.I. N°- 02/98

XIII. INTERVENCIÓN DE OFICIO DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

XIV. EL PRESIDENTE DE LA CORTE ELECTO, MINISTRO RIENZI SE ARROGA FACULTADES DEL PLENO DE LA CORTE 

XV. EL JUICIO POLÍTICO AL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA ING. RAÚL CUBAS GRAU

XVI. OTRAS ACUSACIONES

XVI. 1. MUERTE DEL DR. ARGAÑA

XVI. 2. MUERTE DE MANIFESTANTES EN LA PLAZA FRENTE AL CONGRESO NACIONAL

XVI. 3. EL INFORME DE LA COMISIÓN INTERPARLAMENTARIA DE INVESTIGACIÓN DE ILÍCITOS

XVI. 3. 1. LOS INFORMES DE LA CIA Y DE LA DEA

XVI. 3. 2. LA HACIENDA DE LINO OVIEDO EN CIUDAD DEL ESTE

XVI. 3. 3. LAS MANIFESTACIONES DE DIPLOMÁTICOS NORTEAMERICANOS

 XVI. 3. 4. LA CONEXIÓN LINO OVIEDO - FERNANDINHO BEIRA-MAR

XVI. 3. 5. LAS "EVIDENCIAS"

XVII. SITUACIÓN JURÍDICA DEL GRAL. OVIEDO EN EL PARAGUAY

XVIII. REFUGIO-EXTRADICIÓN 

XIX. LA SITUACIÓN ACTUAL 

XX. CONCLUSIÓN

ILUSTRACIONES FOTOGRÁFICAS.

 

LA INJUSTICIA DE LA JUSTICIA 

 

I.       CONSIDERACIONES GENERALES.

El caso que afecta al Gral. Lino César Oviedo Silva quedará inscrito, en los anales de nuestra historia política, como una situación absolutamente atípica, en la que se ha dado una «rara» conjunción de intereses de los poderes fácticos: Poder Ejecutivo ( Presidente de la República; Altos Mandos de las Fuerzas Armadas de la Nación; Corte Suprema de Justicia Militar ); Poder Judicial ( Corte Suprema de Justicia ); Poder Legislativo ( en mayoría ), y la tácita aprobación de los partidos políticos de la oposición, y de los altos niveles jerárquicos de la Iglesia Católica, así como de los medios de comunicación, y grupos empresariales muy poderosos, quienes vieron peligrar sus intereses hegemónicos, con el probable advenimiento al poder del Gral. Oviedo, debido al «discurso político» esgrimido por el mismo, considerado «populista», por estar identificado con el pueblo, en contra de los altos intereses de los estamentos mencionados; todo ello sin soslayar a los que individualmente y/o colectivamente, fijándose como objetivo primordial la "extinción" o, en su defecto, la reducción a su "mínima expresión" de las Fuerzas Armadas como institución, veían peligrar la consecución de sus fines, con la consolidación en el poder del Gral. Oviedo, habida cuenta su carácter de Oficial General del Ejército y, fundamentalmente, su iniciativa y capacidad de trabajo.

Su discurso, enmarcado en un sentido totalmente nacionalista, agrario, lo hace aparecer como un reivindicador de las clases sociales desarraigadas, un representante genuino del campesinado, de los pobres, y de todos aquellos desamparados de alguna manera, sin importar el partido político con el cual simpatizan. Tanto es así, que no sólo los colorados sino numerosos adherentes afiliados al Partido Liberal, apolíticos, y empresarios extranjeros en gran mayoría, especialmente de los Departamentos de Alto Paraná y Canindeyú fueron proclives a prestarle su apoyo incondicional. ¿Por qué? Presumiblemente porque inspira confianza en la defensa de la propiedad privada, y porque tendría la autoridad suficiente y el liderazgo necesario para contener a los políticos oportunistas y corruptos, sin olvidar a los seudo líderes campesinos y/o sindicalistas que han anarquizado al país tornándolo ingobernable.

Este fue el motivo fundamental, y quizá el único, por el cual Lino Oviedo se constituyó en un "enemigo del sistema" o, como dicen sus detractores, un "fascista", un hombre peligroso de atentar contra la democracia. Esta palabra "democracia", tan castigada en su utilización, usada por todas las dictaduras, tanto de derecha como de izquierda, es un término gastado, ya que los seudo demócratas siempre quieren aparecer como gobiernos constitucionales y auténticos defensores del pobre pueblo, al cual explotan. La utilización del término aludido, no pasa de ser un gesto demagógico, con el cual pretenden, neciamente, «blanquear» sus conciencias y su imagen ante la ciudadanía.

El Gobierno de Wasmosy, y el que surgió luego del golpe parlamentario de marzo de 1999, nunca pudieron presentar una sola prueba de deshonestidad con que imputar a Lino Oviedo, ni impulsar proceso judicial alguno con el cual responsabilizarlo con pruebas verdaderas, ni tan siquiera indicios que pudieran comprometerlo, como por ejemplo, el de la "basura tóxica". En tal esfuerzo, el Gobierno de Wasmosy, a pesar de todo el malabarismo realizado, incluyendo la venida de expertos franceses, únicamente pudo demostrar que los tambores -hasta hoy almacenados en uno de los depósitos del Puerto de Asunción- son absolutamente inofensivos. Al respecto, el anterior Director del INTN, Dr. Anthony Stanley se ha ratificado que: «... que ni en el puerto de Asunción, ni en el Chaco Paraguayo, se ha detectado basura tóxica, incluyendo un trabajo muy particular que realicé a fin de detectar sustancia radiactiva, lo cual dio resultados totalmente negativos» (DOC. N°1). Se ideó aquello de la adquisición fraudulenta de helicópteros para la Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD). Wasmosy y sus amigos del Poder Judicial, pretendieron comprometerlo en dichas compras, desconociendo el hecho de que la SENAD no dependía de la Comandancia del Ejército-cargo desempeñado por Oviedo-sino de la propia Presidencia de la República (Wasmosy). Es más: se pasó por alto la responsabilidad de los técnicos locales (pilotos de la Fuerza Aérea), que han avalado el "buen estado" de los helicópteros en cuestión. Por el contrario, durante el tiempo en que le cupo al Gral. Oviedo ejercer su profesión de militar, y ya después del golpe de 1989, se avizoraban en las FF.AA. un nuevo dinamismo, un inmenso poder de generar acontecimientos. Así fue que, luego de 35 años de un Gobierno totalitario, por primera vez y en poco tiempo, en menos de dos años, todas las instituciones militares se remozaron, tuvieron nuevas construcciones, cambiaron su filosofía, y la vida del soldado pasó a ser considerada una cuestión fundamental.

En ese contexto, se cuidaba la salud del soldado, su forma de vida, su alimentación, su educación, su imagen, así como el acercamiento de la familia, traducida en la visita anual de los padres, por cuenta de la institución militar, para observar cómo eran tratados sus hijos. Ello era también una forma indirecta de hacer política, porque aquellos padres satisfechos, llevaban la buena nueva a sus hogares, comentando a sus vecinos y parientes el buen pasar de sus hijos en los cuarteles de la patria, creando de esta forma una franca admiración hacia la preocupación de las Fuerzas Armadas por sus soldados. Con el Gral. Oviedo, ya no hubo "soldaditos" que esperaban a viajar «de gratis» en la terminal de ómnibus, siendo vejados y maltratados; ahora se les acercaba a sus "valles", en un camión del Ejército, acompañado de un oficial, que esperaba una semana o lo que fuera necesario para culminar las visitas familiares, y los traía de vuelta al cuartel, con la dignidad que se merece la persona y el uniforme. Todos aquellos ciudadanos que recorren las rutas de la república, observarán que las construcciones civiles de las instituciones militares se hicieron de nuevo, y lucen acorde con la dignidad de sus funciones específicas, de custodiar la integridad territorial y defender a las autoridades legítimamente constituidas, conforme con la Constitución y las Leyes.

Simultáneamente, con el ataque inmisericorde contra Oviedo, también se apuntaba a denigrar y denostar a las Fuerzas Armadas, para quitarle todo apoyo, sin tener en cuenta el enorme perjuicio causado a una institución que forma parte de la idiosincrasia misma del pueblo paraguayo, profundamente arraigado en el amor hacia todo lo que sea "militar". No olvidemos que las raíces históricas del Paraguay, son las de un pueblo en armas, que arrancó desde la lejana colonia, ya con el grito de los Comuneros, en la defensa de la heredad, en Paraguay y Tacuarí, aún antes de la independencia; y luego contra los países vecinos, en defensa de nuestra soberanía amenazada.

En esta tarea de "liquidar" todo lo que haga referencia a las Fuerzas Armadas, trabajaron en contubernio, el Gobierno, sectores de la Iglesia Católica, el Parlamento (en mayoría), y las fuerzas vivas de la oposición, que controla también la prensa oral, escrita y televisiva, sin olvidar los objetivos estratégicos de otros países que, con el argumento de la "globalización", consideran que hay que "erradicar" todo lo que signifique "identidad nacional", "nacionalismo", patriotismo y, naturalmente, "reducir a su mínima expresión a la institución militar". Sin embargo, los mismos practican todo lo contrario, con una exageración que podría confundirse con xenofobia. Se recortó el presupuesto de las Fuerzas Armadas, se hizo creer a la población que los soldados ingresan en los cuarteles para esperar su muerte, y se ha promocionado de un modo inusual la "objeción de conciencia", (1) minando la mente de los jóvenes con argumentos baladíes, como que servir a la patria, es ir a barrer y hacer mandados en la vivienda de los oficiales, o realizar trabajos domésticos; teniendo todo esto, como único objetivo, la abolición del servicio militar obligatorio, en primera instancia y, consecuentemente, la posterior desaparición de la institución militar, sin tener en cuenta que el servicio militar obligatorio tiene por objeto la formación y preparación de la "reserva" de las Fuerzas Armadas, para hacer frente a cualquier contingencia que pudiera acontecer, y actuar en defensa de nuestra soberanía.   

Recientemente, la amenaza de un nuevo «arreo masivo» de jóvenes desprovistos de su baja militar, contribuyó a aumentar notablemente el número de objetores de conciencia.

Cabe recordar la farsa montada por los «objetores de conciencia», de tirarse en el suelo, en la calle Palma, con carteles en los que se leían los nombres de los soldados fallecidos. Estas fotos recorrieron el mundo, haciéndonos aparecer como una "republiquita tenebrosa". No dijeron que las muertes se produjeron por diversos accidentes, propios de la vida militar, en un lapso de 50 años, ni que el porcentaje de los mismos es el más bajo de toda América, en relación con la cantidad de movilizados. Demás está decir que la cantidad de jóvenes "objetores de conciencia " que fallecen cada semana por diferentes causas: alcoholismo, drogadicción, accidentes de tránsito motivados por la ingestión de bebidas alcohólicas, patoterismo, etc., superan con creces la cifra antedicha.

 

(1) Articulo 129 de la Constitución Nacional, que establece el Servicio Militar Obligatorio y, al mismo tiempo agrega que: " Quienes declaren su objeción de conciencia prestarán servicio en beneficio de la población civil, a través de centros asistenciales designados por ley y bajo jurisdicción civil....."  Cabe señalar que, hasta la fecha, sigue sin reglamentarse este recurso constitucional que desde hace unos años, ha permitido que una de las Cámaras del Congreso Nacional - Diputados - expida masivamente certificados de " objetores de conciencia " a quienes lo soliciten, en abierta contravención al fin especifico de su cometido

 

II. ANTECEDENTES.

A partir del día en que Lino Oviedo triunfó en las internas del Partido Colorado, el 7 de septiembre de 1997, se montó la conspiración para sacarlo de en medio y, de ese modo, evitar que sea electo Presidente de la República del Paraguay, por cuanto que, siendo candidato oficial del Partido Colorado, sumado al hecho de tener simpatizantes y adherentes de otros Partidos e incluso de apolíticos, así como de calificados exponentes del empresariado nacional, sus posibilidades de ganar las elecciones generales de mayo de 1998, eran muchas.

Lo antedicho se inició con un Sumario, el 5 de septiembre de 1996, en la Academia Militar - ACADEMIL- a pedido del Cnel. DEM José Manuel Bóveda Melgarejo (Comandante del Cuerpo de Cadetes) a los efectos de esclarecer publicaciones difundidas por el Diario «Noticias», iniciándose un Sumario de Prevención. En los antecedentes de este Sumario, el Presidente de la Suprema Corte de Justicia Militar, Gral. JM: Fausto Facetti Bruyn, (destituido ahora desde la segunda semana de octubre/2001) ordenó que se remita el expediente al Juzgado de Instrucción Militar de Turno.

Se abrió el correspondiente procedimiento con numerosas declaraciones testifícales, y pruebas instrumentales, que culminaron con el Auto Interlocutorio N° 4/96 de la Suprema Corte de Justicia Militar el 16 de diciembre de 1996, sobre la procedencia de formar un Tribunal Militar Extraordinario (TME), para el juzgamiento del Gral. Brig. Sindulfo Fernando Ruiz Ramírez, ex Director - Comandante de la Academia Militar. (2)

Pasados más de cinco meses, el 29 de mayo de 1997, por Decreto N° 17.365, se integró el Tribunal Militar Extraordinario (3) y, en fecha 13 de Agosto de 1997, el mismo, por A.I. N° 2/97 amplió el Sumario, y se incluyó como procesado al Cnel. Bóveda. En este punto cabe señalar que, por el grado del Coronel Bóveda, no podía ser juzgado por el Tribunal Militar Extraordinario, que sólo se constituía para juzgar a Oficiales Generales. En realidad debía ser Juzgado por el Tribunal Militar permanente. Fue así que este Coronel, por pretender defender su imagen como pundonoroso militar, pasó a ser, de denunciante a procesado, y luego condenado a tres años de prisión, y dado de baja absoluta y deshonrosa de las FF.AA.

 

(2) Corte Suprema de Justicia Militar presidida por el Gral. J.M. Fausto Facetti Bruyn     e integrado por los Coroneles J.M., Venancio Román y Carlos Da Silva Hetter

(3) Promulgado por el Ing. Juan Carlos Wasmosy a solicitud de la Corte de Justicia Militar, para Juzgar al Gral. De Brig. Sindulfo Fernando Ruiz Ramírez, y a quienes resulten cómplices o encubridores, en los supuestos hechos irregulares ocurridos en la Academia Militar "Mariscal Francisco Solano López" con los siguientes Oficiales Generales: Gral. De Div. Juan Evaristo González Maldonado (Presidente) e integrado por el Valte. José Ramón Ocampos Alfaro, Gral., de Div. Pablo Ydoyaga Viera; Gral. Brig. Eulogio Rodríguez Acevedo, Gral. J.M. Fausto A Facetti Bruyn, siendo designado Fiscal General Militar Ad-Hoc el Calte Manuel Jesús Roig Benítez.

El 7 de septiembre de 1997 Lino Oviedo, ya retirado de la carrera militar, y el Ing. Raúl Cubas Grau, candidatos del Movimiento «Unión Nacional de Colorados Éticos» - UNACE - ganaron las elecciones internas para Presidente y Vice - Presidente de la República, respectivamente, por el Partido Colorado, contra sus competidores, el Dr. Luis María Argaña - Dr. Nicanor Duarte Frutos, por el «Movimiento de Reconciliación Colorada» - MRC - y el Ing. Carlos Facetti - Ing. Juan Bautista Ibáñez, por «Acción Democrática Republicana» -ADR -

Este triunfo electoral los ubicaban, por entonces, como los candidatos oficiales de dicha agrupación política para las elecciones generales para Presidente y Vice- Presidente de la República, las que debían realizarse el 10 de mayo de 1998.,

 

III. INICIO DE LA PERSECUCIÓN AL GRAL. OVIEDO.

A partir de dicho acontecimiento, se inició para Oviedo una cadena de persecuciones de carácter político, buscando, todas ellas, sacarle de la carrera hacia la Presidencia de la República del Paraguay.

Fue así como, por Orden Particular N° 59 del 3 de octubre de 1997 (Doc. N° 2), el Presidente Wasmosy, considerándose agraviado por las expresiones vertidas por el Gral. Oviedo, en su carácter de candidato a Presidente de la República por el Partido Colorado, supuestamente en perjuicio de la investidura presidencial, dispuso su arresto disciplinario por treinta días, pese a su condición de Oficial en situación de retiro. Este lo cumplió, a partir del mes de diciembre, en la Primera División de Infantería (Tacumbú), originándose, de ese modo, el primer acto de la persecución tenaz e implacable, que seguiría hasta hacerle perder la candidatura presidencial, e incluso lograr su eliminación como candidato para las próximas elecciones generales del 2003, por la vía de la condena a 10 años de prisión militar. Todo fríamente calculado.

Inmediatamente el Gral. Oviedo interpuso un recurso de Habeas Corpus contra esta medida del Presidente Wasmosy, acción constitucional que fue acogida favorablemente por la Jueza Abogada Blanca Florentín (A.I. N° 9 del 3.10.97 - Doc. N° 3). Apelada esta Resolución, el Tribunal de Apelación declaró mal concedidos los recursos de nulidad y apelación, y dispuso la devolución del juicio al juzgado de origen, sin más trámites, con voto en disidencia de Arnaldo Samuel Aguirre y votos a favor de Manuel Silvio Rodríguez y Alicia Beatriz Pucheta de Correa. Con esta Resolución, quedaba firme el Habeas Corpus concedido a favor del Gral. Oviedo, cesando de esta manera la medida restrictiva de libertad individual que pesaba sobre el mismo.

El Presidente Wasmosy no podía aceptar este fallo, adverso a sus pretensiones de encarcelar al ganador de las elecciones internas del Partido Colorado, y virtual ganador de las elecciones generales para Presidente de la República, a realizarse en mayo de 1998.

La vivienda particular del Gral. Oviedo, fue atacada en fecha 29 de octubre de 1997 por efectivos del Regimiento "Guardia Presidencial" (a la fecha, Regimiento Escolta Presidencial), con vehículos y helicópteros de las Fuerzas Armadas como apoyo adicional, tratando de capturarlo como si se tratara de un vulgar delincuente. En esta ocasión el domicilio particular, con posterioridad a una intervención policial, fue allanado violentamente, por los efectivos militares con armas de guerra y la cara tapada con pasamontaña, obligando a tenderse en el suelo a los visitantes que, en número de aproximadamente 50 personas, tuvieron que soportar el escarnio de ser tratados como animales, entre ellos el Ing. Raúl Cubas Grau, quien luego accedió a la primera magistratura de la República. En esta ocasión se cometieron todo tipo de abusos y daños materiales a la casa, con el argumento de la búsqueda de armas.

Ante esta situación, Oviedo interpuso un recurso de Habeas Corpus Preventivo, ante el Juez de 1ra Instancia Antonio Roux Vargas, quien hizo lugar al pedido solicitado, ordenando la cesación de toda clase de medidas que pretendan restringir la libertad física del mismo, en virtud a la orden emanada del Cmte., en Jefe de las FF. AA. de la Nación. (A.I. N° 376 del 30.10.1997-Doc. N° 4).

La Corte Suprema de Justicia, en forma insólita, actuó de oficio, fundada en el conocimiento del hecho por la información ampliamente difundida por diversos medios de comunicación y con el pretexto de que el afectado (el Gral. Oviedo) había planteado Acción de Inconstitucionalidad contra la medida de arresto dispuesta por el Comandante en Jefe, aduciendo su situación de Oficial en situación de retiro. Para evitar Sentencias contradictorias, se avocó a entender en el Habeas Corpus Preventivo citado, resolviendo asumir su competencia originaria en la misma. (A.I. N°- 1.:334 del 31.10.97- Doc. 5)

Ese mismo día, (31.10.97) con una rapidez y diligencia inusual, la Corte Suprema de Justicia con sus nueve miembros, por A.I. N°-1335 (Doc. N° 6), resolvió declarar nulo el A.I. N°- 376 de130.10.1997 dictado por el Juez Roux, arriba citado.

Fácil resultará al lector, llegar a la conclusión de que la persecución era tenaz, impía, e inmisericorde y la conjura, debían inhabilitar, como sea, a Oviedo, para birlarle la candidatura a la Presidencia de la República. Esta Corte, que nunca se ha caracterizado precisamente por su diligencia y rapidez en hacer cumplir el viejo dogma dula "justicia pronta y barata", cuando se trató de acusar, condenar y, en consecuencia, inhabilitar a Oviedo, sacó horas de su sueño y, en el día, resolvió "jurídicamente" lo que fuera menester para el logro de sus fines: apoyar, de cualquier modo, al Pdte. Wasmosy en "cerrar" a aquél de toda posibilidad de acceder al poder civil.

Así observamos, que tan "diligente" Corte, ese mismo día 31 de Octubre de 1997, por Resolución N° 321 (Doc. N° 7), suspendió en el ejercicio de su cargo, sin goce de sueldo, al Juez Antonio Roux Vargas, remitiendo todos los antecedentes al Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados, que posteriormente lo destituyó.

La misma suerte, corrió la Jueza Blanca Florentín a la cual, días después, por Resolución N° 325 del 5 de noviembre de 1997 (Doc. N° 8), se la suspendió provisionalmente en su cargo de Jueza de Primera Instancia, sin goce de sueldo, remitiéndose los antecedentes al Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados, que también la destituyó.

El 6 de enero de 1998, el Tribunal Militar Extraordinario ordenó la detención de Gral. Ruiz Ramírez y Cnel. Bóveda en el Regimiento "Guardia Presidencial".

Previo a ello, por Acuerdo y Sentencia N°- 706 del 11 de diciembre de 1997 (Doc. N° 9), dictado por la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), se hizo lugar a la acción de inconstitucionalidad promovida por el Comandante en Jefe de las FF.AA. de la Nación contra el A. I. N°- 269 del 21.10.97, dictado por el Tribunal de Apelación del Menor de la Capital y revocó el A.I. N° 9 del 03.10.97, dictado por la Jueza Blanca Florentín, descrito más arriba.

Asimismo, por Acuerdo y Sentencia N° 713 del 12 de diciembre de 1997 (Doc. N° 10), dictado por la Sala Constitucional de la CSJ, se rechazó la acción de inconstitucionalidad promovida por el Gral. Oviedo contra la Orden Particular N° 59 del 3 de octubre de 1997, dictada por el Comandante en Jefe de las FF.AA. de la Nación por la cual se ordenó el arresto par 30 días del Gral. Oviedo.

Por Acuerdo y Sentencia N° 754 del 31 de diciembre de 1997 (Doc. N° 11), dictada por la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, se resolvió (con la disidencia del Dr. Luis Lezcano Claude y los votos de los Dres. Oscar Paciello Candia -hoy fallecido- y Raúl Sapena Brugada) rechazar la Acción de Inconstitucionalidad planteada por el Gral. Ruiz Ramírez contra el Art. 290 del Código de Procedimiento Militar (que prevé la conformación del Tribunal Militar Extraordinario para juzgar a Generales), y el Decreto N° 17.365 del 29 de mayo de 1997 del Poder Ejecutivo; que integra el citado Tribunal Militar Extraordinario. Cabe mencionar que el Fiscal General del Estado, Dr. Aníbal Cabrera Verón, compartió la tesis de hacer lugar a la Acción de Inconstitucionalidad planteada.

En este punto se hace imperioso hacer saber al pueblo, cómo el Ministro de la Corte Oscar Paciello Candia, cuando se refería al caso del Capitán Modesto Napoleón Ortigoza, en torno a los Tribunales Militares, manifestó.... "Todo cuanto dijo expresado, lleva a la asertiva conclusión de que Modesto Napoleón Ortigoza y los otros coprocesados, fueron juzgados por tribunales especiales, práctica absolutamente prohibida y repudiada por cualquier orden jurídico a partir de la Carta Magna de 1215. Y ya se sabe que un tribunal especial no es el "tribunal independiente e imparcial" de que nos habla el Art. 10 de la Declaración de Derechos Humanos.

Y se sabe que en un tribunal especial, porta especificidad de su cometido, que no es otro que dar visos de juridicidad a las mayores aberraciones, no puede sino producir estulticias (necedad, tonterías).... Ninguna conciencia honrada, teniendo posibilidad de hacerlo, podría tener un minuto de reposo, sin repudiar, como una afrenta a la conciencia civilizada de la humanidad, semejante diabólico intento de dar formas de juridicidad a lo que no se revela sino como la reiteración de actos de barbarie, realmente incalificables, agregando que no tengo la menor vacilación en votar por la declaración de inconstitucionalidad, y consiguientemente declaración de irrito (inválido, sin fuerza ni obligación) e indigno de figurar en los anales del derecho en el Paraguay, a este engendro servil con pretensiones de proceso" (ver Acuerdo y Sentencia N° 585 del 31 de diciembre de 1996, Corte Suprema, Sala Constitucional).

En el caso que nos ocupa: Acción de Inconstitucionalidad c/ el Art. 290 del Código de Procedimiento Militar y el Decreto N° 17365 que integra el TME, cuán satisfactorio nos hubiese sido que la Corte salvara la incolumidad y estabilidad de la competencia civil sobre la militar y, con ella, la seguridad jurídica de la nación. Ya no era procesalmente oportuno, volver sobre la competencia de la autoridad militar que había perdido toda jurisdicción, menoscabando gravemente principios procesales y constitucionales (4) e inhibiendo a la judicatura de su ineludible y primera función: aplicar bien el derecho. Esto significa sustraer, lisa y llanamente, a un militar retirado, de la jurisdicción de sus jueces naturales subsistentes.

 

IV VÍA LIBRE PARA CONDENAR AL GRAL. OVIEDO.

En fecha 8 de enero de 1998, por A.I. N° 2/98 el TME ordenó la detención del Gral. (SR) Lino César Oviedo, y envió a la Excma. Corte Suprema de Justicia las compulsas de las actuaciones cumplidas en este proceso a efectos de su remisión al Juzgado de la Causa y, al mismo tiempo, suspendió la prosecución de las investigaciones con relación al Gral. Oviedo. (Doc. N° 12).

Conviene recordar que la existencia del TME fue convalidada por el Acuerdo y Sentencia N° 754 del 31 de diciembre de 1997, por la Corte Suprema de Justicia, Sala Constitucional.

En ese entendimiento, el TME se declaró incompetente en virtud a lo resuelto por la Corte Suprema de Justicia (con el voto unánime de sus miembros) en el A.I. N° 562 del 7 de junio de 1996, (Doc. N° 13) que establecía la competencia del Juzgado de Primera Instancia en lo Criminal del Primer Turno, para seguir entendiendo en la sustanciación del Sumario, con lo que sustrajo la causa de la competencia de los Tribunales Militares. En esta jurisdicción ordinaria, con anterioridad, el Tribunal de Apelación en lo Criminal, por A.I. N° 337 de fecha 7 de agosto de 1996 (Doc. N° 14), determinó la inexistencia de delito que merezca pena corporal y que pudiera atribuirse a Lino César

 

(4) La Constitución Nacional, en su Artículo 174 establece: " Los Tribunales Militares solo juzgarán delitos y faltas de carácter militar, calificados como tales por la ley, y cometidos por militares en servicio activo. Sus fallos podrán ser recurridos ante la justicia ordinaria. Cuando se trate de un acto previsto y penado, tanto por la ley penal común, como por la ley militar, no será considerado como delito militar, salvo que hubiese sido cometido por un militar en servicio activo y en ejercicio de funciones castrenses. En caso de duda de si el delito es común o militar, se lo considerará como delito común. Solo en caso de conflicto armado internacional, y en la forma dispuesta por la ley, estos tribunales podrán tener jurisdicción sobre personas civiles y militares retirados."

 

Oviedo Silva, fundado en que «De los testimonios brindados por las personas nombradas precedentemente, que se hallan agregados en autos y quienes concurrieron junto al General Lino César Oviedo, en los días y horas señalados, no surge en modo alguno que se hayan efectuado aprestos o desplazamiento de tropas u ostentación de armas como preludio de una acción militar inminente.» Asimismo que, «Concluida la ceremonia, el Señor Presidente de la República se estrechó en un abrazo efusivo con el relevado, como constan en las tomas fotográficas agregadas a autos...» y que «no es dable apreciar ningún tipo de acto preparatorio de los delitos investigados, ni tan siquiera la interrupción de aprestos tendientes a su consumación, no existiendo, consecuentemente, ni la consumación, ni la frustración de delito alguno.» otorgando la revocatoria del auto de prisión que dictara el inferior; y por A.I. N° 557 de fecha 30 de diciembre de 1996 (Doc. N°15), al revocar la calificación de delito de rebelión que hizo el Juez, el mismo Tribunal de Apelación en lo Criminal, volvió a ratificar en la inexistencia del delito imputado al Gral. Oviedo, fundado en que: «Como bien se deja sentado en el auto que revoca la prisión de Lino César Oviedo Silva, la orden tiene un momento determinado precisamente para ser cumplida, es en ese momento en que se debe acatar o desacatarla, y de las constancias de autos, surge claramente que la misma fue acatada en el preciso momento y lugar en que se dispuso que fuera cumplida».

Los citados fallos: A.I. N°- 337 y A.I. N° 557 fueron firmados por los Camaristas: Gerardo Bernal Casco (en disidencia) y, a favor, los Camaristas Miguel Ramón Legal Moreno y Elber Caballero Rojas. Estos dos Camaristas, al igual que los Jueces Roux y Florentín, también fueron víctimas de la persecución del Gobierno y sus aliados en la Corte, porque fueron denunciados por mal ejercicio de sus funciones ante el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados y obligados a renunciar.

Refiriéndonos de nuevo al TME, con posterioridad a su remisión del expediente a la Justicia Ordinaria por A.I. N° 2/98 del 8 de enero de 1998, con el argumento que el Juzgado de Primera Instancia en lo Criminal de Feria, Dr. Pedro Mayor Martínez -quien recibió el expediente enviado por el TME- no dictó Resolución admitiendo la competencia, y que la contienda de competencia resuelta por la Excma. Corte Suprema de Justicia, por A.I. N° 562 del 7 de junio de 1996 «está solo referida al Juzgado de Instrucción Militar del 3er. Turno y el Juzgado de Primera Instancia en lo Criminal del 1er. Turno, no siendo vinculante con este Tribunal Militar Extraordinario...» en forma insólita, y sin ninguna clase de explicación racional ni jurídica; el TME por A.I. N° 05/98 del 21 de enero de 1998, se declaró nuevamente competente dejando sin efecto la medida que puso a disposición del Juzgado de Primera Instancia en lo Criminal de Feria el expediente citado y reinició los trámites (???) (Doc. N° 16).

El hecho de que magistrados del fuero ordinario, hayan devuelto el expediente a unos magistrados militares que, en principio, se auto declararon incompetentes, constituye un acto de sometimiento del Poder Judicial al poder fáctico de las Fuerzas Armadas (la jurisdicción ordinaria debe entenderse como la que juzga a los ciudadanos civiles), haciendo abstracción e ignorando el A.I. N° 562 de la Corte Suprema de Justicia antes mencionado (que había otorgado la competencia a la Justicia Ordinaria, o sea, al Juzgado de Primera Instancia en lo Criminal y, por ende, declaró la incompetencia del fuero militar). El TME por sí mismo, y en un acto de prepotencia y abuso de autoridad, se arrogó la facultad de determinar la jurisdicción y competencia, que es una norma de orden público, y procedió a tramitar nuevamente el expediente bajo su exclusiva jurisdicción:

Esta forma grosera de manipular la justicia, con la única finalidad de inhabilitar la candidatura presidencial del virtual ganador de las elecciones nacionales, fue la demostración más real y efectiva de la conjura militar-presidencial, para descalificar al legítimo aspirante a la primera magistratura de la nación.

Lastimosamente se volvió a utilizar la maniobra política, el subterfugio artero y la trapacería, que tanto daño ha causado a nuestra azarosa historia política.

El TME, en fecha 30 de enero de 1998 por A.I. N° 8/98 (Doc. N° 17), amplió el Sumario incluyendo al Gral. Oviedo en carácter de procesado, y sustituyó la carátula del expediente, en razón a que por el supuesto delito de «rebelión» ya había sido sobreseído por la Justicia ordinaria, según A.I. N° 337 y A.I. N° 557, respectivamente.

Se hace notar que la nueva trama jurídica consistió en hacer funcionar un Tribunal Militar Extraordinario para Juzgar a Generales (TME), a efectos de, eventualmente, juzgarlos por delitos puramente militares, por cuanto la «rebelión» es un delito político de carácter ordinario, que pueden cometer civiles y militares, pero que solamente se trata en la jurisdicción ordinaria y, en ella, el Gral. Oviedo fue sobreseído por los A.I. N°- 337 y 557 ya mencionados.

En consecuencia, el Sumario que se había iniciado en investigación de supuestos hechos de indisciplina en la ACADEMIL, y que afectaba a su Comandante, el Gral. Brig. Sindulfo Ruiz Ramírez y al Comandante del Cuerpo de Cadetes, Cnel. DEM José Manuel Bóveda, con toda premeditación y mala fe, el TME cambió la carátula del expediente y pasó a figurar “supuestos delitos contra el orden y seguridad de las Fuerzas Armadas de la Nación e insubordinación, ocurridos en fecha 22 y 23 de abril de 1996 en distintas Unidades militares de la República” (!)

El 4 de febrero de 1998, por Resolución N° 9/98 (Doc. N° 18), el TME, convirtió la detención preventiva del Gral. Oviedo, en prisión de igual carácter, por intento de subvertir el orden y la disciplina militar, alzamiento a mano armada contra los Poderes del Estado, y por instar a rebelarse en alzamiento público contra el Gobierno y sus autoridades, insubordinación, rebelión y asonada.

El TME en fecha 25 de febrero de 1998, resolvió decretar la prisión preventiva del Gral. Ruiz Ramírez y suspender el procedimiento de la causa en el estado en que se encontraba para dicho encausado, hasta tanto se someta a los mandatos del TME, dejándose abierta la causa.

 

V. CONDENA DEL TRIBUNAL MILITAR EXTRAORDINARIO.

Finalmente, por Sentencia Definitiva N° 01/98 del 9 de marzo de 1998 (Doc. N° 19), el TME condenó al Gral. Oviedo a prisión militar por diez años, por la comisión de los delitos contra el orden y seguridad de las Fuerzas Armadas de la Nación e insubordinación, más la responsabilidad civil emergente de los delitos, y al Cnel. Bóveda por tres años, y dispuso la baja absoluta de las FF.AA. de la Nación para los condenados (5).

Lo paradójico de este proceso es que el Gral. Sindulfo Ruiz Ramírez, Comandante de la Unidad donde supuestamente ocurrieron los hechos investigados, ni siquiera es nombrado en la Sentencia dictada (!) ni, mucho menos, pasible de un arresto disciplinario como sanción. Hoy día está sobreseído y nunca, desde luego, fue condenado, con lo que se demuestra, con meridiana claridad, que el único objetivo de esta trama, era la descalificación de Lino Oviedo en su carrera a la primera magistratura de la nación.

Independientemente de que, en virtud del Artículo 174 de la Constitución Nacional, el TME constituido para juzgar a Oviedo, era nulo de nulidad absoluta, por cuanto el Gral. Oviedo ya no era por entonces un militar en servicio activo - había pasado a retiro en abril de 1996 - y no había conflicto armado internacional, cabe señalar que la insubordinación implica, según el léxico jurídico militar y el Código Penal Militar, "resistencia ostensible al cumplimiento de una orden de servicio recibida de un superior o usar violencia o amenaza contra él". En este caso, no se dieron ninguna de estas circunstancias, por lo cual el delito atribuido al Gral. Oviedo no existió. Este hecho innegable, fue confirmado por el Gral., de Ejército Oscar Rodrigo Díaz Delmás, quien sucedió en el cargo al Gral. Oviedo, en ocasión de prestar declaración testifical ante el segundo TME, como se explica más adelante.

Al respecto, existe una nota firmada por el Ing. Wasmosy en fecha 23 de abril de 1996 (que fuera entregada al entonces Ministro del Interior, Dr. Diógenes Martínez, según este último manifestó a diferentes medios de prensa, y autenticada por el Notario Público, Roberto W. Escobar) en la que certificaba, en su carácter de Presidente de la República y Comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas y, a los fines que hubiere lugar en derecho, que: «... en las días 22 y23 de abril de 1996 no ocurrió ningún hecho que constituya transgresión o violación a normas constitucionales o legales que afecten el normal desenvolvimiento de las actividades dentro del Ejército o cualquiera de sus Unidades componentes». «Cualquier expresión o interpretación que pudo haber sido hecha por esta superioridad fue suficientemente aclarada, por lo que este documento sirve para rectificarlo o desvirtuarlo suficientemente.» (DOC. N° 20)

 

(5) A esa fecha el Tribunal Militar Extraordinario (TME) estaba constituido por el Gral. Evaristo González Maldonado (Presidente); Gral. Div. Pablo Ydoyaga Viera; Gral. Div Eulogio Rodríguez; Gral. Div. Luis Ferreira Garbini y el Gral. Div. Cirilo R. Velásquez (Miembros); Calte. Manuel Jesús Roig Benítez (Fiscal General Militar).

 

Resulta evidente que el Presidente Wasmosy, en su carácter de Comandante en Jefe de las FF.AA. de la Nación ordenó e instruyó al TME, integrado por Generales en actividad y, como tales, subordinados al mismo, para que posibiliten la inhabilitación a la candidatura presidencial del Gral. Oviedo, por la vía de la privación de su libertad. Es así como dicho mandatario carente de valor y dignidad, fue capaz de pisotear incluso sus palabras de hombre y Presidente de la República, movido por la pasión de satisfacer sus intereses mezquinos.

La sentencia dictada por este Tribunal Militar, montado por Wasmosy, fue el resultado final, de un amañado proceso, donde no se aplicó ni la mínima regularidad de un debido proceso previo porque, aún dada la naturaleza sumarísima del procedimiento militar, éste exige cuidar que no se coarte el derecho de defensa, razonablemente ejercido. El TME soslayó toda la parte procesal referente a la elevación de la causa al estado plenario, acción que hubiera permitido a los procesados producir sus pruebas y expedirse sobre el mérito del sumario. Esta grave omisión del procedimiento ritual, se hizo con toda mala fe, para obtener una rápida sentencia condenatoria, ya que nos hallábamos en el mes de marzo a escasos 40 días de las elecciones. De haber la Sala Constitucional - en mayoría - de la Corte Suprema de Justicia entrado al fondo del asunto para controlar la constitucionalidad de las normas que estaban en juego en tan transcendental ocasión, pudo haber sentado principios señeros sobre la Jurisdiccionalidad del Tribunal Militar Extraordinario, que extendió indebidamente su competencia hacia militares retirados, en abierta violación del Art. 174 de la Constitución Nacional.

 

VI. CONSPIRACION CONTRA OVIEDO Y CONTRA LAS REGLAS DE LA DEMOCRACIA.

Existen hechos lamentables que involucran políticamente a las Fuerzas Armadas, en actitudes abiertas contra el libre juego del sistema democrático. En efecto, con posterioridad al triunfo del Gral. Oviedo en las internas del Partido Colorado, para ser candidato a Presidente de la República, el entonces Presidente del TME, Gral. Div. Evaristo González Maldonado (Comandante del Ejército a esa fecha), en declaración hecha en sede judicial ante el Fiscal Alejandro Nissen, confesó que había recibido instrucciones del Comandante en Jefe, Ing. Juan Carlos Wasmosy, para crear un Comité de Análisis a los efectos de recomendar cursos de acción para abortar la referida candidatura. Reveló, en su declaración, que fue designado también el Gral. Brig. Víctor López Giménez, al igual que otros Oficiales Generales del referido Comando, quienes elaboraron un plan de acción, que luego fue llevado a la práctica.

Esta historia, probada por las declaraciones más arriba referidas, del Gral. González en sede judicial, en fecha 3 de octubre de 2000, y parcialmente transcriptas en el diario «ABC color» en fecha 25 de junio de 2001 (Doc. N° 21), revela que la condena del Gral. Oviedo fue totalmente programada y ejecutada antes de iniciarse el proceso o sea, un verdadero complot urdido para condenar a un inocente, con toda premeditación y alevosía. Así actúan los sicarios.

Se desnuda, pues, la trama contra el Gral. Oviedo para dejarlo fuera de la competencia por la primera magistratura. Este fue el curso de una acción fríamente calculada por una Comisión integrada por Oficiales Generales y Superiores de las FF.AA de la Nación quienes, bajo la dirección del Gral. Evaristo González Maldonado- según el mismo lo confiesa - propiciaron la planificación que debía culminar con una Sentencia que inhabilitara la candidatura de Lino Oviedo, no sólo para las elecciones de 1998, sino también para las del 2003. Por eso la condena fue la máxima prevista en el Código Penal Militar, o sea diez años.

¿Cuáles son las pruebas de estas afirmaciones? Ellas son rotundas, y no admiten ninguna duda, porque provienen de los protagonistas de la Comisión creada al efecto, por orden directa del Comando en Jefe.

El General Brig. Víctor Aníbal López Giménez, en su declaración indagatoria prestada en la Causa N°1.688, caratulada «HERMES RAFAEL SAGUIER y otros s/ hecho punible contra el orden constitucional y la existencia del Estado», el 14 de Julio de 2000 (Doc. N° 22), dijo y firmó que: «cuando él (Lino Oviedo) ganó las internas del partido colorado, y la sentencia militar estaba siendo tratada en la Corte Suprema de Justicia, hubo una reunión en el Comando del Ejército, a cargo del Comandante, General Evaristo González; de todos los Comandantes de las Grandes Unidades, y Unidades dependientes. Estuvimos aproximadamente, 15 Generales y unos pocos Coroneles. El Gral. Evaristo González dijo: «el Comandante en Jefe quiere saber la opinión de todos Ustedes, qué pueden hacer las Fuerzas Armadas en el caso de LINO OVIEDO; voy a escucharle a cada uno de Ustedes»; y se empezó por la antigüedad de cada uno. Cuando me alcanzó a mí, yo dije en aquella reunión: «toda obra humana es la expresión de la voluntad del hombre. En todo momento LINO OVIEDO dice "seré Presidente de la República”; y nadie sale al paso a decir lo contrario, ni el propio Comandante en Jefe. Yo pido que las Fuerzas Armadas se pronuncien y veten a LINO OVIEDO como Presidente. Para ello podemos formar una Comisión para estudiar la situación y recomendar las acciones convenientes. Al día siguiente, con gran sorpresa mía, en la reunión del Comando en Jefe de las tres Fuerzas (más de 20 Generales), el General Evaristo González fue portavoz de las tres Fuerzas y dijo: «Señor Presidente; la voluntad de las Fuerzas Armadas es que LINO OVIEDO no sea Presidente de la República" Y el Presidente dijo: “¿cómo lograremos eso?”. Si usted autoriza formaremos una Comisión para estudiar la situación, y le presentaremos las acciones recomendadas. Al término de la reunión, el General Evaristo González me llamó y me dijo «Usted se queda en Asunción para trabajar en esta comisión. En ese momento estaba Comandando la Segunda División de Infantería en Villarrica. Creo que mediante el trabajo de esta Comisión, las Fuerzas Armadas han tomado una postura Institucionalista con relación al tema OVIEDO...»

Estas expresiones, vertidas en una declaración judicial, demuestran, de manera elocuente, que la famosa «Comisión» integrada por Generales en actividad de las Fuerzas Armadas, fue una «conjura» cuyo único propósito era lograr que LINO OVIEDO no sea Presidente de la República. También confiesa que el Presidente Wasmosy estaba totalmente de acuerdo con el plan.

El General Evaristo González Maldonado, gestor de la conjura, era el Presidente del Tribunal Militar Extraordinario, encargado de condenar por diez años de prisión militar, y baja deshonrosa, al Gral. Oviedo. En este proceso militar, participaron no sólo los Oficiales Generales de las tres Armas, sino también el Gobierno civil bajo la dirección exclusiva del Ing. Juan Carlos Wasmosy.

En la misma causa N° 1.688, el Gral. Evaristo González Maldonado declaró el 3 de Octubre de 2000, (Doc. N° 23). Ante la pregunta de si «el compareciente tiene conocimiento de una reunión en el asiento del Comando del Ejército, ubicado en Mariano Roque Alonso, con el General Víctor López Giménez y otros, donde se tocaron cuestiones vinculantes con relación a la postura de las Fuerzas Armadas en el Tema relacionado con LINO OVIEDO; si puede referir en caso afirmativo, las circunstancias de dicha reunión, y si recuerda la fecha aproximada, dijo: "Efectivamente, en los primeros meses del año 1998, luego que el Tribunal Militar Extraordinario, que yo presidía, había dictado la sentencia para el General LINO CÉSAR OVIEDO y el Cnel. BÓVEDA, presidí una reunión en el asiento del Comando del Ejército, de la cual participaron los Comandantes de Cuerpo de Ejército, Comando de Institutos Militares de Enseñanzas, Grandes Unidades y Unidades dependientes de los mismos. En dicha reunión, les pedí a los Señores Generales Comandantes su opinión acerca de la situación política que se estaba viviendo en ese momento, y lo involucraba a LINO CÉSAR OVIEDO, ya que la Corte Suprema de Justicia estaba tratando la sentencia del Tribunal Militar Extraordinario, y cuyo resultado afectaría, de una u otra forma, la vida institucional de la República. Entre los Oficiales Generales presentes se encontraba el General de Brigada VÍCTOR LÓPEZ GIMENEZ, entonces Comandante de la Segunda División de Infantería, con asiento en Villarrica. El concepto que yo tengo de dicho General es, como militar, un profesional capaz, de una vasta cultura general y defensor intransigente de la institucionalidad de la República; considerábamos nosotros al General Oviedo como un hombre ambicioso, que lideraba un proyecto político fascista, autoritario, y que su acceso al poder pondría en peligro el proceso democrático que se estaba viviendo en ese momento. En aquella oportunidad designé una comisión presidida por el Jefe del Estado Mayor del Ejército, e integrada por otros Generales, entre ellos el General VÍCTOR LÓPEZ, para realizar un estudio de la situación política que podría afectar a las Fuerzas Armadas, y recomendar las acciones convenientes para dar solución a cualquier problema que pudiera presentarse. El General VÍCTOR LÓPEZ fue designado para integrar dicha Comisión, por los principios que él sostenía de defensa de la democracia y de la vida institucional de la República y un acérrimo enemigo del proyecto fascista de LINO OVIEDO».

Esta es la forma en que se desnuda la farsa, cuyo único objetivo, como venimos explicando, fue eliminar la candidatura presidencial de Oviedo haciendo tabla rasa del respeto a las reglas que rigen un sistema democrático. Se busca «mantener la democracia» violándola despiadadamente. ¿Puede justificarse tal absurdo?

 

VII. LA INHABILITACIÓN Y LA CONDENA DEFINITIVA DEL GRAL. OVIEDO.

Apelada la resolución del TME, la Corte Suprema de Justicia, por Acuerdo y Sentencia N° 84 del 17 de abril de 1998 (Doc. N° 24), confirmó la Sentencia N° 1 del 9 de marzo de 1998, dictada por el Tribunal Militar Extraordinario. Votaron a favor los Dres. Elixeno Ayala, Raúl Sapena Brugada, Enrique Sosa, Oscar Paciello y Luis Lezcano Claude, y en disidencia los otros cuatro miembros (6). Al respecto, en los fundamentos del voto de la mayoría, se podrá apreciar con meridiana claridad, como se pueden tergiversar y adecuar legislaciones, doctrinas y opiniones a fin de lograr el objetivo propuesto: la condena del Gral. Oviedo.

De este modo, el mismo quedó inhabilitado para ser candidato del Partido Colorado en las elecciones generales para la Presidencia de la República, motivo por el cual le sucedió como candidato a Presidente, su Vicepresidente el Ing. Raúl Cubas Grau, conformándose una nueva dupla con el segundo candidato más votado de las internas coloradas, el Dr. Luis María Argaña, como Vicepresidente.

El 10 de mayo de 1998 ganaron las elecciones Presidenciales el Ing. Raúl Cubas Grau y el Dr. Luis María Argaña, como Presidente y Vicepresidente de la República, respectivamente.

El pueblo debe conocer, que la figura de este gran hombre político, Lino Oviedo, adquirió su verdadera grandeza y dimensión, cuando, desde la prisión, consiguió aleccionar a sus adherentes y posibilitar la victoria en las elecciones generales, con un 54% de los votos, con su sucesor, el Ing. Raúl Cubas Grau, en una convocatoria comicial considerada como una de las más limpias, transparentes y legítimas de toda América. No olvidemos tampoco que los padrones fueron calificados con un 99% de pureza y confiabilidad. Todo ello avalado por la presencia del Secretario General de la OEA, César Gaviria, y observadores invitados de otros países.

En esta ocasión (Acuerdo Sentencia N° 84), en su voto en disidencia, el Ministro Felipe Santiago Paredes, transcribió parte de la opinión del Dr. Paciello y agregó: "...Que los Tribunales Especiales que la Constitución veda de manera absoluta y categórica, son aquellos que se constituyen al sólo efecto de legitimar decisiones generalmente políticas a las que se pretende revestir de una apariencia de legalidad. Concluyendo que un Tribunal Militar Extraordinario (conformado por el propio denunciante y agraviado; actuando como Juez y Parte) con posterioridad a los hechos investigados, que se declare incompetente, pero luego retoma el caso sin respetar la litis pendiente en la

(6) El miembro de la Corte, Dr. Elixeno Ayala (hoy fallecido y reemplazado a la fecha por el Dr. Antonio Fretes). fue designado relator a fin de redactar el voto de la mayoría, siendo los votos en disidencia el Dr. Felipe Santiago Paredes; expresando este en su Conclusión Final que: « La S.D. Nº 1/98 del incompetente Tribunal Militar extraordinario para juzgar a Generales, es arbitraria, inconstitucional y nula...» ; el del Dr. Raúl Torres Kirmser, argumentando que el THE había perdido competencia en relación al caso Oviedo, por el reconocimiento expreso de la existencia de un proceso por los mismos hechos en la jurisdicción ordinaria, soslayando el A.I. N° 562 de la Corte Suprema de Justicia que declaró la competencia de la jurisdicción ordinaria para seguir entendiendo la causa; sin embargo el THE nuevamente se arrogó facultades dejando sin efecto la medida que puso al Gral. Oviedo a disposición del Juzgado de Primera Instancia en lo Criminal de Feria y dispuso la prosecución de la causa con respecto al mismo; y los de la Dra. María Mercedes Boungermini y el Dr. Luis Mauricio Domínguez.

jurisdicción ordinaria, no incluidos entre los órganos militares que ejercen la jurisdicción de paz, con o sin aditivo político, es fácilmente identificado como Tribunal Especial, o es un Tribunal Especial con nombre de Tribunal Militar Extraordinario. Aquí están los hechos que motivaron la Constitución del Tribunal Militar o Extraordinario o Especial que violan el orden constitucional".

La decepción de la ciudadanía y, sobre todo, el pueblo colorado -en mayoría- como consecuencia de esta infame Sentencia, constituyó un espectáculo y episodio penosos. Por tanto, decimos en voz alta y con severa reflexión, criticando la sentencia de la Corte, que la autoridad militar, que tiene la fuerza, ha prevalecido sobre la autoridad judicial que, sin fuerza, o con menos fuerza, está tan obligada a administrar justicia. Nos queda la impresión de que, esta vez, factores de presión, impidieron a la Corte juzgar con objetividad el caso. Nos duele que la Corte, en mayoría, se haya prestado en esta oportunidad a obscuros intereses, dejando de lado la observancia de la Constitución Nacional, afectando la seguridad y la estabilidad de la convivencia, asentada en la misma, y que debiera estar tutelada por la Corte.

Miguel Angel Pangrazio en su obra "Corrupción e impunidad en el Paraguay", 2001, p. 299 dice: "la Corte Suprema de Justicia en un caso anterior- el del General Eumelio Bernal, en situación de retiro- sentó jurisprudencia. El Tribunal Militar Extraordinario, previsto por la Ley N° 844 no tiene jurisdicción para juzgar a militares en situación de retiro. En el caso del Gral. Oviedo, la Corte Suprema de Justicia, por cinco votos contra cuatro entendió que el Gral. Oviedo debía ser juzgado por un Tribunal Militar Extraordinario con el argumento de que el delito militar se había consumado estando en servicio activo. El Art. 8° del Pacto de San José de Costa Rica, establece claramente que el Tribunal debe ser competente, independiente e imparcial, establecido con anterioridad a la ley. El Código Militar en su art. 290 promulgado por Ley N° 884/80 carece de tales requisitos:

No es competente, pues personas ajenas a la ciencia del derecho se constituyen en jueces. No es independiente, en razón de que los generales que integran ese Tribunal están sometidos a la jerarquía del Comandante en Jefe. La imparcialidad es un atributo que ha de garantizar el debido proceso.

La elección del Tribunal a cargo del Poder Ejecutivo con cinco Ofíciales Generales supone confianza, aproximación de intereses con el Presidente de la República. El Art. 290 del Código Militar quedó derogado el 20 de junio de 1992 al entrar en vigor la nueva Constitución de la República. La ratificación del Tratado de San José de Costa Rica, confirma nuestra interpretación jurídica y agrega que, bajo ningún argumento, un oficial del Ejército Paraguayo, en situación de retiro (Lino C. Oviedo), podía ser juzgado por un Tribunal Militar Extraordinario, aún si se probara que el delito se perpetró estando en actividad:

«El Jefe u oficial que obtuvo su pase a retiro, ya no debe ser juzgado por tribunales militares. Si, con posterioridad, se detectan delitos cometidos durante su permanencia en el Ejército, procede que el Comandante en Jefe, que es el Presidente de la República, remita la desuncía al Fiscal General del Estado para su procesamiento». Esta interpretación que formulamos acerca de la competencia limitada de los Tribunales Militares, responde a los principios del debido proceso, garantía constitucional consagrada en el Art. 17 de nuestra Carta Magna.

 

VIII. AFRENTA A LA DIGNIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS.

¿Hasta dónde pueden llegar los extremos de un Gobierno que es capaz de asumir cualquier costo político, con tal de conseguir sus designios? Siendo Ministro de Defensa Nelson Argaña (hijo del fallecido Vicepresidente Luis M. Argaña), en premio a la condena de Oviedo, otorgó la Medalla del Ministerio de Defensa Nacional, máxima condecoración de esta Institución, (Doc. N° 25) a los integrantes del Tribunal Militar Extraordinario que condenaron al camarada en desgracia, aclarándose que, a esa fecha, el Alte. José Ramón Ocampos Alfaro y el Gral. JM Fausto Facetti Bruyn ya no integraban el TME, aunque éste último era el Presidente de la Suprema Corte de Justicia Militar. Jamás en la historia de ningún país, que se tilde de civilizado, se puede llegar a tamaño despropósito: premiar, con una condecoración lesiva a la dignidad de la República, a los Jueces que, con absoluto desprecio a los más elementales principios del respeto al debido proceso, a la práctica de la justicia y la equidad y, por sobre todas las cosas, absolutamente subordinados al principal adversario del Gral. Oviedo, el Ing. Wasmosy, han fabricado una condena contra un inocente. Este fue el "moño" final de la conjura contra Oviedo.

Al respecto, se aclara que fueron «excluidos» en la concesión de la medalla citada: el Gral. Div. Pablo Manuel Ydoyaga Viera y el Gral. Div. Cirilo Ramón Velázquez Stegger, por haber cometido el «pecado» de integrar el TME, reestructurado por Decreto N° 28 del 16.08.98, que sobreseyó al Gral. Oviedo, al Gral. Ruiz Ramírez y al Cnel. Bóveda.

 

IX. LA LEY ANTI - INDULTO.

Ante la posibilidad de que el Presidente electo, Ing. Cubas Grau, pudiera conceder un Indulto al Gral. Oviedo cuando asumiera el cargo el 15 de Agosto de 1998, las fuerzas coaligadas de la oposición tenebrosa, siempre bajo el impulso del todavía Presidente, Ing. Wasmosy, lograron que el Poder Legislativo sancione la Ley N° 1285/98 (Doc. N° 26), por la cual se reglamenta el Indulto Presidencial, cercenando, de esa forma, una atribución conferida al Presidente de la República por el Artículo 238, numeral 10 (7) que le faculta a conceder indultos o conmutar las penas impuestas por los Jueces y Tribunales de la República. La mala fe se evidencia en que tal reglamentación es posterior, y no anterior, al caso en cuestión: Lino Oviedo. Es patente que la sanción de dicha Ley se realizó expresamente para Oviedo o, mejor, contra Oviedo.

(7) El Artículo 238 " De los deberes y atribuciones del Presidente de la República", en el numeral 70 establece: " Indultar o conmutar las penas impuestas por los jueces y tribunales de la República, de conformidad con la ley, y con informe de la Corte Suprema de Justicia"

 

Esta Ley Anti - Indulto, a la que se podría llamar con toda propiedad "Ley Anti - Oviedo", exige el cumplimiento previo de al menos la mitad de la pena, lo que hacía imposible la gracia del indulto inmediato por parte del Presidente de la República a favor de Lino Oviedo. Esto podría ser otorgado solo después de 5 años de prisión, lapso que rebasa el período presidencial; todo calculado. Asimismo, en otra de sus disposiciones, esta Ley señala que las inhabilidades y restricciones "continuarán hasta tanto se cumpla íntegramente el plazo establecido originalmente en la condena". Lo que significa lisa y llanamente que, aun siendo indultado, el mismo seguiría inhabilitado para el ejercicio de cargos públicos por el plazo total de 10 años. De esta manera, aún indultado, no podía candidatarse hasta cumplirse 10 años. Esta disposición es inconstitucional, por cuanto que contraría lo dispuesto por el Artículo 153, última parte, de la Constitución Nacional, referido a la suspensión del ejercicio de la ciudadanía, que señala “...La suspensión de la ciudadanía concluye al cesar legalmente la causa que la determina”. Las fuerzas antidemocráticas, arropadas con apariencia jurídica, atropellan y destrozan fríamente hasta el concepto mismo de la palabra «Ley».

 

X. REESTRUCTURACIÓN DEL TME - CONMUTACIÓN DE LA PENA.

Por Decreto N° 28 del 16 de agosto de 1998 (Doc. N° 27), dictado por el Ing. Cubas Grau, se reestructuró el Tribunal Militar Extraordinario, en razón a que algunos de sus Miembros, a esa fecha, ya se encontraban en situación de retiro (8).

La atribución de conmutar penas (indulto parcial) impuestas por los Jueces o Tribunales de la República, también está consagrada, a favor del Presidente de la República, por la Constitución Nacional. Es una de las dos formas que asume la facultad de gracia, juntamente con el indulto.

Debe recordarse que la condena de Oviedo sobrevino como consecuencia de la supuesta comisión de un delito militar y, por tanto, se aplicó el Código Penal Militar. Precisamente, dada esa circunstancia, cuando se concibió la Ley N° 1285/98 que reglamenta el indulto, se tuvo el cuidado de establecer en ella que rigiese tanto para el fuero común como para el fuero militar, de modo que su alcance afectase la facultad de indulto del Poder Ejecutivo también en ese ámbito. Sin embargo, la facultad de gracia del Presidente de la República fue afectada solamente en relación al indulto, pero no en cuanto a la conmutación, porque así surge de su texto, que nada regula sobre ella.

 

(8) Fue integrado por los siguientes Oficiales Generales: Gral. Div. Pablo Manuel Ido yaga Viera; Gral. Div. Cirilo Ramón Velásquez Stegger; Gral. Brig. Luis Salomón Julián Riego; Gral. Brig. Guillermo Rolando Escobar Fariña; Gral. Brig. Martín Manuel Antonio Yegros Macias; nombrándosele como Fiscal Gral. Militar Ad Hoc al Gral. Brig. Osvaldo Catalino Ramón Faría Vergara

 

 

XI. EL DECRETO N° 117/98.

El 15 de agosto de 1998 juró como Presidente constitucional de la República del Paraguay el Ing. Raúl Cubas Grau. Como uno de sus primeros actos de Gobierno, el Presidente, en uso de sus atribuciones constitucionales, dictó el Decreto N° 117, de fecha 18 de agosto de 1998 (Doc. N° 28), por el que conmuta las penas de diez años de prisión militar y de baja absoluta, impuesta al Gral. Div. Lino César Oviedo Silva, por la de arresto por tres meses, que la tenía compurgada. Igual medida adoptó con respecto al Cnel. DEM (SR) José Manuel Bóveda Melgarejo.

Con la libertad de Oviedo se buscaba, fundamentalmente, como lo señala uno de los puntos del "Considerando" del referido Decreto, reparar las sanciones recibidas por los afectados, "que inquietan la paz y la concordia"; y dar cumplimiento a la promesa pre-electoral manifestada por los candidatos del Partido Colorado, de conceder la libertad plena al Gral. Lino Oviedo.

El Gral. Oviedo, recuperó su libertad ese mismo día 18 de agosto de 1998. A partir de ese momento, las fuerzas coaligadas de la oposición anticonstitucional y otros que respondían al Dr. Luis María Argaña y al Ing. Wasmosy, fundamentalmente parlamentarios, buscaron neutralizar la decisión adoptada por el Presidente Cubas Grau, sin mirar, como de costumbre, la legitimidad ni la legalidad de sus actos.

El Congreso Nacional, por Resolución N° 1 del 19 de Agosto de 1998 (Doc. N° 29), resolvió autorizar al Presidente y Vice Presidente de ese cuerpo a recurrir, ante el Poder Judicial, solicitando la Nulidad del Decreto N° 117 (no la inconstitucionalidad). No obstante ello, la Corte Suprema de Justicia - en fallo dividido, 5 contra 4 - dio lugar a la Acción de Inconstitucionalidad contra el referido Decreto, que culminó con el Acuerdo y Sentencia N° 415 del 2 de diciembre de 1998 Doc. N° 30) de la Corte Suprema de Justicia, que hizo lugar a la misma, fundándose en que lo dispuesto por el Poder Ejecutivo carece de validez, por ser un acto de autoridad opuesto a la Constitución, y por arrogarse atribuciones judiciales. Asimismo dispuso la ejecución del Acuerdo y Sentencia N° 84 del 17 de abril de 1998 dictada por esa misma Corte. (9).

Todas estas argucias no se inspiran en el patriotismo ni en la defensa de la Justicia, sino en una lucha sin tregua, más que evidente, dirigida en contra de una persona determinada, por razones meramente políticas e intereses personales mezquinos, cuya satisfacción buscaban a toda costa, aún cuando tuvieran que pisotear a la Patria misma. La noción de Patria nunca existió en corazones perversos.

 

(9) El voto de la mayoría lo dieron los Doctores. Elixeno Ayala, Luis Lezcano Claude, Oscar Paciello, Wildo Rienzi y César Augusto Sanabria; y el voto de la minoría fue sustentado por los Doctores Enrique Sosa Elizeche, Felipe S. Paredes, Raúl Sapena Brugada y Carlos Fernández Gadea.

 

Muy lejos de los elementales principios de la justicia, nuevamente los cinco Ministros de la Corte, altamente politizados contra el Gral. Oviedo, en abierta violación del Art. 260, inc.1 (10) de la Constitución Nacional, dictó un fallo con carácter general. La Constitución dice: "De los deberes y de las atribuciones de la Sala Constitucional. Son deberes y atribuciones de la Sala Constitucional: 1) conocer y resolver sobre la inconstitucionalidad de las leyes y de otros instrumentos normativos, declarando la inaplicabilidad de las disposiciones contrarias a esta Constitución en cada caso concreto y en fallo que sólo tendrá efecto con relación a ese caso ..." Es decir no tiene efecto " erga “omnes”  Se debe entender, entonces, que la Sentencia beneficia solamente a los miembros del Congreso que la solicitaron, y no tiene el alcance general que le han dado, es decir, no afecta al resto de los ciudadanos de la República del Paraguay para quienes dicho Decreto N° 117/98 CONTINÚA SIENDO CONSTITUCIONAL - y por ende, la conmutación de la pena al Gral. Oviedo y al Cnel. Bóveda, VÁLIDA - sentenciando, además, fuera de lo peticionado en forma concreta, al disponer la ejecución del Acuerdo y Sentencia N°84 antes mencionado.

La Corte Suprema no podía jamás ponerle un segundo apartado que se refiera al cumplimiento de una Sentencia dictada en otro juicio. Y es, precisamente, este camino torcido, esta manipulación grosera de la Constitución, lo que tanto daño hace al país, reflejándose unánimemente en el clamor del clero, del pueblo, de políticos y empresarios, que critican a la justicia por su mediocridad y falta de credibilidad. Porque no actúa "con ojos vendados", sino bien abiertos, en beneficio de los fines personales (miserables, a veces) de quienes deben administrarla. Hacen triunfar la pasión sobre la razón, cuando el ejemplo que el pueblo espera de ellos es el inverso. Como se decía en la Grecia clásica: «pathos» venciendo a «ethos». Lamentable. (11)

En ese sentido, si bien es cierto que el Art. 247 de la Constitución Nacional establece que: " El Poder Judicial es el custodio de esta Constitución. La interpreta, la cumple y la hace cumplir." La Carta Magna no habilita al Poder Judicial - en este caso la Corte - a violar disposiciones claras de la misma, debiendo ajustar sus actos, en todos los casos, a las normas preceptuadas en ella. «Interpretar» lo evidente no es otra cosa que manipular.

Cuando CALAMANDREI, el gran maestro del Derecho decía que "la voz de la Corte era la voz de Dios"; lo decía en el sentido de ser la última palabra, cuando la misma consagraba la justicia de acuerdo a la Constitución y las Leyes. Cuando una sentencia, además de injusta es arbitraria, nunca puede ser cubierta por el principio de cosa juzgada y, por ende, lejos está de ser la voz de Dios.

(10)  “De los deberes y de las atribuciones de la sala Constitucional - Conocer y resolver sobre la inconstitucionalidad de las leyes y de otros instrumentos normativos, declarando la inaplicabilidad de las disposiciones contrarias a esta Constitución en cada caso concreto y en fallo que solo tendrá efecto con relación a ese caso”.

(11) “Pathos”, en griego, es la pasión; “ethos” la moral; de ahí la palabra “ética”; y es la Ética, la esencia de todo comportamiento humano ejemplar.

XII. INCIDENTE DE NULIDAD - ACUERDO Y SENTENCIA N° 02/98.

En el mes de agosto/98 se presentó y se dio por detenido el Gral. Brig. (SR) Ruiz Ramírez, y al mismo tiempo dedujo Incidente de Nulidad de todas las actuaciones que violaron el debido proceso, alegando hechos nuevos, que consistieron en declaración de testigos, pruebas instrumentales, y actas declarativas realizadas en Escribanía Pública en sobre cerrado, con cuatro y cinco meses anteriores a la asunción presidencial, efectuadas durante la vigencia del Gobierno del Presidente Wasmosy, hechas en forma secreta, ante el temor de perder su carrera militar, o de sufrir atentado contra la familia.

Es conveniente recordar, que por el simple hecho de manifestar en una Escritura Pública, un testimonio de que el día 22 de abril de 1996, fecha del «supuesto golpe», no existió apresto operacional en ninguna unidad militar, dependiente del Comando del Ejército, ejercido en ese entonces por el Gral. Oviedo, 240 oficiales y suboficiales fueron pasados a retiro por el Presidente Wasmosy.

Por Auto Interlocutorio N° 21, de fecha 26 de Agosto de 1998 (Doc. N° 31), el Tribunal Militar Extraordinario, hizo lugar al Incidente de Nulidad de actuaciones deducido por la defensa del encausado, Gral. Brig. (SR) Sindulfo Fernando Ruiz Ramírez, declarando nulo todo lo actuado a partir de fojas 36 Tomo 1, quedando invalidadas todas las resoluciones dictadas en este proceso con posterioridad al acto impugnado. Se dispuso la libertad del Gral. Ruiz Ramírez, y se declaró que la nulidad de actuaciones resuelta, beneficia a los coprocesados; Gral. Div. (SR) Lino César Oviedo Silva y el Cnel. DEM (SR) José Manuel Bóveda Melgarejo.

Por la importancia de la conclusión a que arribara el TME, amerita comentar que el relevamiento del cargo de Comandante del Ejército del Gral. Oviedo (22.04.96) “...fue producto de una preparación iniciada con mucha antelación, el 18 de abril de 1996, habiéndose elegido el arma de aviación como el líder de los actos, con el apoyo de la Armada. Este hecho resaltante de esta parte del proceso revela que la crisis producida el 22 y 23 de abril, no fue el producto de la supuesta desobediencia del Comandante del Ejército en cumplir la orden de su relevo del cargo, sino que ha surgido del propio Comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas, con el afán de desplazar al Gral. Oviedo de su cargo". Asimismo, el TME manifiesta que " los jueces, ante una denuncia de indefensión, tienen la obligación de escucharla, aún después de haber dictado sentencia.... y que, como afirmara Chiovenda, muchas veces las mismas razones en que se funda la cosa juzgada, dan pie para aceptar su impugnación, a fin de evitar el desorden y el mayor daño que derivan de una sentencia intolerablemente injusta”.

Por Acuerdo y Sentencia N° 02/98 del 28 de agosto de 1998 (Doc. N° 32), el Tribunal Militar Extraordinario, constituido por Decreto N° 28 del 16 de Agosto/98, en virtud a hechos nuevos y a declaraciones testifícales, dispuso sobreseer libre y totalmente al Gral. Oviedo, al Gral. Ruiz Ramírez y al Cnel. Bóveda en la misma causa ordenando su libertad definitiva; declaró también que la formación del proceso no afecta al buen nombre ni la honorabilidad de los nombrados precedentemente.

No debemos olvidar, que el principal testigo del "caso Oviedo", nunca declaró ante el primer Tribunal Militar Extraordinario, y es el Gral., de Ejército Oscar Rodrigo Díaz Delmás, quien precisamente reemplazó en el cargo de Comandante del Ejército al Gral. Oviedo, y que a esa fecha se desempeñaba como Jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, fuera de la cadena de mando del Gral. Oviedo y, en consecuencia, alejado de toda influencia o presión eventual, (por parte del Gral. Oviedo) por razones de mando. Este General, fue el que concurrió personalmente ante el Gral. Oviedo a la sede de la 1ra. División de Caballería a los efectos de programar el acto de entrega y recepción del cargo, ajustando los detalles pertinentes.

El Tribunal Militar que condenó a Lino Oviedo, con toda premeditación y alevosía, no permitió que declarara este pundonoroso representante de las Fuerzas Armadas, porque sabía que no podía manipularlo para el logro de sus obscuros fines.

El acto de entrega del Comando del Ejército se realizó al otro día -24 de abril de 1996- en presencia del Secretario General de la OEA, César Gaviria; el Embajador de los Estados Unidos, Embajadores de países integrantes del MERCOSUR y otras personalidades. El Presidente Wasmosy abrazó efusivamente al Gral. Oviedo, y le agradeció públicamente los servicios prestados en beneficio de la nación. Todo esto, a dos días de su «insubordinación». ¿Puede concebirse algo más ridículo y absurdo?

Luego, harían reflotar dicha acusación, según conveniencia de Wasmosy y sus secuaces, y la injusta condena de 10 años de cárcel. Violar la ley es delito. Hacerlo en público es, además, falta de pudor: para hacer «su justicia», violaron la Justicia. Lo hizo Wasmosy. Lo hicieron varios. Es la Injusticia de la «justicia».

El Gral. Díaz Delmás, al prestar declaración testifical ante el TME, y al contestar la pregunta referente a que si le constaba si el Gral. Oviedo mencionó algún acto de insubordinación o resistencia al cumplimiento de la orden del Comandante en Jefe, manifestó que en ningún caso se resistió a cumplir y acatar dicha orden.

 

XIII. INTERVENCIÓN DE OFICIO DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.

En atención a un Comunicado emitido por la Dirección General de Comunicación Social de las Fuerzas Armadas, publicado en los diarios, referente a la resolución del Tribunal Militar Extraordinario, que dispuso la nulidad de las actuaciones y el sobreseimiento libre de los encausados Sindulfo Ruiz Ramírez, Lino César Oviedo, y José Manuel Bóveda Melgarejo, la Corte Suprema de Justicia, invocando el Art. 247, 248 y 17 inc. 4 de la Constitución Nacional, dispuso de oficio traer a la vista el Sumario.

La Resolución que dictó en esa ocasión (N° 457 del 03.09.98, Doc. N° 33 ) es, por su naturaleza, eminentemente administrativa (fue firmada por la Secretaría General, reservada para asuntos administrativos) es decir, no fue dictada en un expediente formado, iniciado a pedido de una persona, de un abogado, o de un integrante del Poder Judicial, afectado por la medida. La Corte se arrogó la facultad de Superintendencia sobre el Tribunal Militar Extraordinario, en violación absoluta de la Constitución Nacional, que le otorga al TME autonomía para resolver las cuestiones que se originaron en el ámbito propio de sus atribuciones, o sea en sede militar, porque desde luego no integra el Poder Judicial. Es fácil entender que si un Tribunal Militar condena a uno de sus miembros, lo hace en el ejercicio de sus funciones específicas; y si lo hace en un Sumario referente a delitos militares, es lógico que también tiene atribuciones para revisar las nulidades que se produzcan en el expediente.

Esto se halla previsto en el Art. 174 de la Constitución Nacional cuando expresa: "Los tribunales militares sólo juzgarán delitos y faltas de carácter militar, calificados como tales por la ley, y cometidos por militares en servicio activo". Si bien cuando juzgó a Oviedo él ya se hallaba en situación de retiro, lo mismo lo condenaron como si hubiera estado en servicio activo. Bien o mal hubo Sentencia, y la Corte debía respetar la competencia del Tribunal Militar Extraordinario para revisar su fallo.

Por Resolución N° 471 de fecha 23 de septiembre de 1998, emanada de la Corte Suprema de Justicia (Doc. N° 34), resolvió DEJAR A SALVO el carácter de cosa juzgada del Acuerdo y Sentencia N° 84, de fecha 17 de abril de 1998, de la misma Corte, declarando que el mismo continúa firme con todos sus efectos jurídicos, careciendo en absoluto de validez cualquier resolución o acto en sentido contrario, devolviendo el expediente al Tribunal Militar Extraordinario.

Recordemos que el Acuerdo y Sentencia N° 84 citado, confirma la sentencia del primer Tribunal Militar Extraordinario que condenó al Gral. Oviedo a 10 años de prisión, ya comentado precedentemente.

La Corte Suprema utilizó una Resolución administrativa, para reflotar o dar valor de cosa juzgada a una Sentencia que había quedado sin efecto, como consecuencia de que el mismo Tribunal Militar, que había condenado al Gral. Oviedo, procedió a revisar el Sumario declarándolo nulo, con lo cual también quedaba nula y sin efecto la Sentencia de condena.

Es evidente que el Tribunal Militar no podía anular lo resuelto por la Corte Suprema, porque es un Tribunal inferior, pero sí podía anular todas las actuaciones y resoluciones tomadas en sede militar, una de las cuales era la Sentencia de condena. Quiere decir, entonces, que la Corte Suprema ordenó cumplir una Sentencia que fue invalidada por el mismo Tribunal Militar que lo dictó, como consecuencia de hacer lugar a un Incidente de Nulidad de actuaciones (A.I. N° 21/98) deducido por el único coprocesado que podía hacerlo, el Gral. Sindulfo Ruiz Ramírez, porque se hallaba prófugo y con el expediente abierto.

La Resolución administrativa de la Corte Suprema, al comentar que el Tribunal Militar con posterioridad a la Sentencia de la Corte, había anulado todo el Sumario hasta fs. 36, sostiene que dicha nulidad no puede afectar a la Resolución dictada por la Corte, entendiendo que sólo ella podía declararla. Lo correcto hubiera sido que, teniendo a la vista el Sumario con las resoluciones dictadas por el Tribunal Militar, en uso de sus funciones jurisdiccionales, anulara el Acuerdo y Sentencia N° 84, por ser consecuencia directa de la anulación de todas las actuaciones que fundaron el primer fallo condenatorio.

El Art. 117 del Código Procesal Civil dice, en lo pertinente, "Cuando las actuaciones fueren declaradas nulas, quedarán también invalidadas las resoluciones que sean su consecuencia".

La Corte Suprema al indicar "que sólo ella podía declarar la nulidad del proceso", está excediéndose en sus facultades, e invadiendo la del Tribunal Militar que, como se dijo, se halla investida de competencia por la propia Constitución Nacional. Es un axioma jurídico: quien dictó una Resolución que tuvo antecedentes viciados, puede revisarlo a pedido de parte, y si acoge las pretensiones, se invalidan todas las actuaciones, como lo expresa el Art. 117. Todas las actuaciones y resoluciones posteriores, alcanzan también a la resolución de la Corte que, sin embargo, considera que no es posible, porque su resolución hace cosa juzgada formal y material.

La Corte también considera que el Tribunal Militar no tiene atribuciones para revivir procesos fenecidos. Sin embargo, como que el Incidente de Nulidad de actuaciones anuló prácticamente todo el Sumario donde se originó la condena, permite la aplicación del Art. 17 inc. 4 de la Constitución Nacional, que autoriza a revisar las Sentencias penales cuando favorecen al procesado.

La Corte, amparada en el Art. 248 de la Constitución Nacional que, en lo pertinente, dispone: “...En ningún caso los miembros de los otros poderes, ni otros funcionarios, podrán arrogarse atribuciones judiciales que no estén expresamente establecidas en esta Constitución, ni revivir procesos fenecidos... Actos de esta naturaleza conllevan nulidad insanable...”; considera que el Tribunal Militar ha reabierto un proceso fenecido, violando de esta forma la propia Corte la otra disposición constitucional que establece la excepción, o sea el Art. 17 inc. 4.

El Acuerdo y Sentencia N° 415 del 2 de diciembre de 1998, había dispuesto HACER LUGAR a la Acción de Inconstitucionalidad promovida por el Congreso Nacional, contra el Decreto N° 117 del 18 de agosto de 1998, dictado por el Poder Ejecutivo, y dispuso la ejecución del Acuerdo y Sentencia N° 84 citado, por lo que el Presidente de la República, como Comandante en Jefe de las FF.AA. de la Nación, dispuso remitir el expediente al Tribunal Militar Extraordinario, quien dictó la Resolución N°- 01/99 del 4 de febrero de 1999, (Doc. N° 35), en la que resolvió: DECLARAR que el Acuerdo y Sentencia N° 02 de fecha 28 de Agosto de 1998, que dispuso el sobreseimiento libre y total del Gral. Div. (SR) Lino César Oviedo Silva, el Gral. Brig. (SR) Sindulfo Ruiz Ramírez y el Cnel. DEM (SR) José Manuel Bóveda Melgarejo, a la fecha se halla firme y ejecutoriada sin que las disposiciones legales y jurisdiccionales lo hayan anulado o revocado, por lo que ha pasado en autoridad de cosa juzgada.

Por Decreto N°1.200 del 4 de diciembre de 1998 (Doc. N° 36), el Poder Ejecutivo, fundado en que la facultad de conmutar penas es una atribución constitucional del mismo, la cual en ningún caso otro Poder del Estado puede cuestionar o cercenar, sólo sujeta a su conformidad con la ley, que en este caso ha sido rigurosamente cumplida, y a un previo informe de la Excma. Corte Suprema de Justicia, no vinculante, que fue oportunamente solicitado, y cuyos posibles vicios sólo pueden deberse a su propia actuación; que, siendo así, el Poder Ejecutivo en modo alguno acepta que el Decreto N° 117 se halle afectado de inconstitucionalidad, ya sea por razones de fondo o de forma, y tampoco acepta que se halle afectado por asumir funciones jurisdiccionales... dispuso se tome razón de la declaración judicial de inconstitucionalidad del Decreto N° 117 de fecha 18 de agosto de 1998 y ordenar su registro.

 

XIV. EL PRESIDENTE DE LA CORTE ELECTO, MINISTRO RIENZI, SE ARROGA FACULTADES DEL PLENO DE LA CORTE.

En fecha 5 de febrero de 1999, al ser electo Presidente de la Corte, el Dr. Wildo Rienzi, por nota dirigida al Presidente de la República, Ing. Cubas Grau (S.J. II N° 10 - Doc. N° 37), a fin de "reiterar el oficio N° 968 de fecha 4 de diciembre de 1998 en donde se comunicó que esta Corte por S. D. N° 415 del 2 de diciembre de 1998, hizo lugar a la mencionada acción de inconstitucionalidad, disponiéndose la ejecución del Acuerdo y Sentencia N° 84 del 17 de abril de 1998, dictado por la misma, por la que fueron condenados los señores Lino César Oviedo Silva y José Manuel Bóveda Melgarejo a la pena de prisión militar de 10 (diez) y 3 (tres) años respectivamente, en su carácter de Comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas de la Nación, se servirá disponer, dentro del plazo de 72 (setenta y dos) horas, y sin ningún otro trámite, la reclusión de los condenados en una prisión militar, de conformidad con el Art. 50 del Código Penal Militar".

En la misma fecha, 5 de febrero de 1999, el Dr. Rienzi remitió por S.J. II N°- 11 (Doc. N° 38), al Director del Registro Electoral, una nota a fin de comunicar que, en virtud a la Sentencia N° 415 antes mencionada, dé cumplimiento a las disposiciones contenidas en los artículos 91 inc.), 92 y 97 del Código Electoral, artículo 153 numeral 3) de la Constitución Nacional y artículo 26 inciso e) de la Ley N° 635/95; todas ellas referidas a la suspensión del ejercicio de la ciudadanía del Gral. Oviedo.

Con esta actitud, del Presidente de turno de la Corte Suprema de Justicia, deja lugar a la formulación de interrogantes sobre la existencia de algún compromiso con los poderes fácticos ya que, en todo momento, manifestó una postura parcialista, ajena al ideal de justicia que debiera defender. La intimación del Presidente de la Corte, Rienzi, al Presidente de la República, para que, en el plazo de setenta y dos horas, se proceda a la reclusión de los condenados en prisión militar, es contestada por el Ing. Raúl Cubas Grau por Nota N° 156 del 5 de febrero de 1999 (Doc. N° 39), rechazando las expresiones contenidas en dicha nota, porque ni constitucional ni legalmente, el Presidente de la Corte tiene atribuciones ni competencias para disponer en forma personal la ejecución de una Sentencia, y mucho menos, ordenar a otro poder del estado el cumplimiento de una Resolución, agregando, con firmeza, que el Presidente Constitucional de la República del Paraguay no se subordina al Presidente de la Corte Suprema de Justicia, expresando su profundo repudio por esa actitud, que pretende poner en tela de juicio la dignidad, el imperio y los efectos constitucionales de los fallos emanados de los tribunales castrenses .

Por Resolución N° 02/99 (Doc. N° 40) del 26 de marzo de 1999, el Tribunal Militar Extraordinario, teniendo en cuenta que el Comandante en Jefe de las FF.AA. de la Nación dispuso dos veces el arresto del Gral. Oviedo en el asiento del Regimiento "Guardia Presidencial", en cumplimiento a lo dispuesto por la Corte Suprema de Justicia y a disposición del Tribunal Militar Extraordinario, RESUELVE: COMUNICAR al Señor Comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas de la Nación, que en la presente causa, en este Tribunal Militar Extraordinario, no pesa medida restrictiva de libertad contra el Gral. Div. (SR) Lino César Oviedo Silva ni el Cnel. DEM (SR) José Manuel Bóveda Melgarejo.

Firman el Gral. Div. Pablo M. Idoyaga Viera, Presidente; Gral. Div. Cirilo R. Velásquez Steger, Gral. Div. Guillermo Escobar Fariña, Gral. Brig. Luis S. Julián Riego, Gral. Brig. Martín M. Yegros Macias, Miembros y el My. JM Luis G. Velaztiqui, Secretario. Cabe señalar que los generales Pablo M. Idoyaga Viera, Presidente; y Cirilo R. Velásquez Steger integraron el primer TME que había condenado al Gral. Oviedo a diez años de prisión.

Sin embargo, el Gobierno surgido de la conspiración de marzo de 1999, ungido por una Resolución de la Corte Suprema de Justicia, obligó al Cnel. DEM José Manuel Bóveda Melgarejo, al cumplimiento de la condena original de tres años, con total abstracción del Acuerdo y Sentencia N° 2/98 del Tribunal Militar Extraordinario y las ratificaciones que comentamos del mismo Tribunal.

El Gobierno nacido del golpe de marzo de 1999, a los pocos días de instalarse, promulgó el Decreto 2316 (Doc. N° 41), del 5 de abril de 1999, a los efectos de cerrar el círculo sobre el Gral. Oviedo, en el sentido de que, si es capturado, se le obligaría a cumplir la condena de diez años de prisión militar, que había sido revocada por el propio Tribunal Militar que lo condenó, como ya hemos comentado. En esta disposición gubernamental se enumeran las principales medidas tomadas contra Oviedo resumidas en: la Sentencia Definitiva N° 1 del 09.03.99 del primer Tribunal Militar que lo condena; el Acuerdo y Sentencia N° 84 del 17 de abril de 1999 de la CSJ que confirma esta Sentencia; el Decreto N° 117 del 18 de agosto de 1998 por el cual se conmuta las penas al Gral. Oviedo y al Cnel. Bóveda; el Acuerdo y Sentencia N° 415 del 2 de diciembre de 1998 CSJ que hace lugar a la Acción de Inconstitucionalidad promovida por el Congreso Nacional contra el Decreto N° 117 ya mencionado, y dispone la ejecución del Acuerdo y Sentencia N° 84. Alega también que, como consecuencia del Decreto N° 1200 del 4 de diciembre de 1998, el Presidente de la Corte remitió la Nota S.J. II N° 10 del 5 de febrero de 1999, que reclama el cumplimiento de la Sentencia Definitiva N° 415 del 2 de diciembre de 1998, concluyendo que a la fecha se hallan pendientes de cumplimiento lo resuelto por la Corte Suprema de Justicia, en cuanto a la prisión de los condenados, decretando revocar en todas sus partes el Decreto N° 1.200 citado, y disponer el cumplimiento de las medidas de prisión y baja absoluta para el Gral. Oviedo y el Cnel. Bóveda.

El Poder Ejecutivo, con toda mala fe no tuvo en cuenta la Sentencia del Tribunal Militar Extraordinario que revocó la condena de los mencionados encausados ni la conmutación respectiva. Por lo visto, solo es válida una Sentencia si se trata de condenar e inhabilitar políticamente al Gral. Oviedo, (para que no gane elecciones) y no cuando se trata de su sobreseimiento.

Se ha iniciado una peligrosa práctica, por la que el Presidente de turno, podrá revocar cuanto acto jurídico administrativo haya decretado el antecesor, con el sólo pretexto de rectificar la situación que sea inconveniente para los intereses que en ese momento primen.

 

XV. EL JUICIO POLÍTICO AL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA, ING. RAÚL CUBAS GRAU.

Ante la postura firme del Presidente Raúl Cubas de hacer respetar su decisión de mantener el indulto concedido al Gral. Oviedo y al Cnel. José M. Bóveda, las fuerzas coaligadas de la oposición y el grupo argañista, además de la sospechosa actitud de algunos " aliados " al Gobierno -que no aparecieron y/o viajaron- y con algunos hechos adicionales, coma el de evitar que el Diputado Conrado Pappalardo pudiera ingresar a la sala de sesiones, lograron los votos necesarios en la Cámara de Diputados para formular la acusación y someter al titular del Poder Ejecutivo a un JUICIO POLÍTICO, (12) por supuesto mal desempeño en sus funciones y desacato a una resolución judicial.

Este hecho coincidió con una circunstancia funesta y lamentable para la historia política del Paraguay: la muerte del Vice-Presidente Luis María Argaña, el día Martes 23 de Marzo de 1999; quedando por aclararse las verdaderas circunstancias de su deceso, y también, quiénes fueron directamente beneficiados con la desaparición del mismo.

El Presidente de la República, sin capacidad de reaccionar ante este hecho gravísimo que conmovió las estructuras de todo el país, no adoptó las medidas pertinentes para evitar el estallido social que produjo la versión del fallecimiento.

 

(12) Artículo 225 de la Constitución, establece que: `La acusación será formulada par la Cámara de Diputados, por mayoría de dos tercios. Corresponderá a la Cámara de Senadores, por mayoría absoluta de dos tercios, juzgar en juicio público a los acusados por la Cámara de Diputados y, en su caso, declararlos culpables, al solo efecto de separarlos de sus cargos....".

 

Los acontecimientos se precipitaron y la gran convulsión generada por la noticia de la defunción del Dr. Argaña, en la Cámara de Diputados -que ya había aprobado la fecha del 7 de Abril de 1999 para tratar la acusación en el juicio político al Ing. Cubas y, debido al suceso antedicho, se lo trató en una sesión extraordinaria el día 24 de Marzo /99-- hicieron que el bloque opositor y algunos colorados (aliados del Poder Ejecutivo) volcaran sus votos o se ausentaran, para dar vía libre al juicio político contra el Ing. Raúl Cubas Grau; el mismo se vio acorralado y sin capacidad de reacción ante este suceso tan grave; y sólo atinó a esperar los acontecimientos que, sin duda alguna, desembocarían en su defenestración de la Presidencia de la República, que fue lo que aconteció con su renuncia al cargo .

Evidentemente, no estuvo a la altura que las circunstancias exigían y se evidenció su falta de experiencia política, gran orfandad de colaboradores y equipo de trabajo para administrar la crisis, por cuanto el mismo prefería rodearse y dejarse asesorar por un reducido (e inepto) entorno familiar, entre los que tenían un papel preponderante su esposa, Mirtha Guzinky Lezcano; la cuñada, Elizabeth Guzinky Lezcano; sus sobrinos, Emilio Cubas Guzinky (Tiki), Gustavo Leyte Guzinky y, en esos días, su hermano, el Capitán de Navío (SR) Carlos Cubas Vildosola, de reconocida militancia argañista y antioviedista, (13) amén de otros aprendices del arte de la política.

Otros factores coadyuvaron para que el Ing. Cubas presentara renuncia a la Presidencia de la República. Entre ellos, una verdadera batalla campal frente a las plazas del Congreso, en donde adherentes del Gobierno y los que respondían al argañismo y la oposición, se enfrentaron a golpes de puño, palos, petardos, todo tipo de armas contundentes y armas de fuego, que derivó finalmente en la muerte de siete manifestantes y varios heridos de ambas facciones, aunque la propaganda del Gobierno que asumió en marzo de 1999, con sus aliados de algunos medios de comunicación, insistieron enfáticamente, por todos los recursos a su alcance, que los muertos y heridos pertenecían exclusivamente al sector opositor al Gobierno; naturalmente ningún familiar de algún muerto o herido reivindicaron haber estado éstos en el bando "perdedor", el de los "asesinos", "fascistas", etc., porque ello, obviamente, no generaría "beneficios", ni prebendas, sino todo lo contrario: persecuciones, procesos penales, encarcelaciones, despidos de oficinas públicas, y otros males. Crearon así el sofisma de "oviedistas asesinos", intentando propalar la imagen del nacimiento de un Gobierno probo y justiciero, con una galería de "mártires" anexa, encabezada por el fallecido Dr. Argaña, del que pretendieron hacer un mito sobre el cual apuntalar el «nuevo gobierno probo de la unidad nacional» y lucrar, a más no poder, a costa del difunto.

(13) El Capitán Cubas, designado por el hermano el 15.08.98 para la cartera de " Industria y Comercio " , renunció al cargo tres días después, debido a su disconformidad con el acto de " conmutación " de la pena al Gral. Oviedo.

 

No nos olvidemos de que este tema fue utilizado por el Gobierno con la manifiesta complicidad de Fiscales y Jueces, para perseguir y torturar a sus adversarios políticos quienes, por dicho motivo, han sido encarcelados, en un total de, por lo menos, sesenta personas, bajo acusaciones antojadizas que, en casi todos los casos, fueron después desvirtuadas. No faltaron tampoco los "testigos falsos" preparados por sectores afines al Gobierno, los supuestos "probos", para consumar su obra perversa.

Al respecto, a la fecha de esta publicación ya nadie duda de que existieron francotiradores en las azoteas de las sedes de las Cámaras de Diputados y Senadores, - Ver página 36 del libro "La otra cara del marzo paraguayo" y las declaraciones del ex Comandante de la Policía Nacional, Crio. Gral. Comandante (SR) Niño Trinidad Ruiz Díaz al Diario ABC Color en fechas: 7, 8 y 10 de octubre del 2001- (Doc. N° 42) (14). Además existen filmaciones y tomas fotográficas donde se aprecia, con absoluta claridad, que ambos bandos portaban petardos, palos, y otros elementos; asimismo, una de las integrantes del grupo "jóvenes por la democracia", Joaquina Romero (hija del ex Senador Carlos Romero Pereira) en una entrevista a un medio de prensa escrita, comentó que, en un momento dado, en el bando opositor al Gobierno estuvieron ofreciendo armas de fuego, aunque posteriormente intentó desdecirse. Existen fotografías donde aparece el actual Director del Ceremonial, Lincoln Alfieri, portando un arma de guerra en la "zona caliente" - azotea del Congreso- sin que ello haya motivado la intervención -aunque sea para averiguaciones de ningún Fiscal o Juez del fuero penal.

Las fuerzas de contención fueron insuficientes, nadie podía detener a la turba enfurecida de uno y otro bando; la Policía fue rebasada; y la salida de vehículos blindados y tanques del Ejército, ordenada por el Presidente, sin personal de apoyo, tampoco sirvió de nada.

De hecho, el propio Comandante de la Fuerzas Militares, Gral., de Ejercito Eligio Torres Heyn -según expresiones vertidas por el Crio. Gral. Niño Trinidad Ruiz Díaz, fundado en sus posturas ambiguas habría formado parte de la conjura para desplazarlo al Ing. Cubas. Demás está decir que Torres Heyn, inmediatamente después de asumir el nuevo Gobierno, encabezado por el Senador González Macchi, fue condecorado por el Gobierno Estadounidense (¿por qué?) y, realmente, fue una de los pocos Oficiales Generales de las Fuerzas Armadas que continuó en actividad con el nuevo régimen; el resto fue desplazado de los cargos que ocupaban y, posteriormente, pasados a retiro.

Por lo expuesto, la confusión generada fue muy grande, y el estado de cosas al que se llegó hacía muy difícil la administración del conflicto.

(14) El Crio. Gral. Comandante (SR) Niño Trinidad Ruiz Díaz, en entrevista al diario ABC Color, en fechas 07, 08 y 10 de octubre del 2001, afirmó que en la azotea de ambas Cámaras del Congreso se habían parapetado francotiradores, quienes habían disparado contra el parabrisas del carro hidrante de la Policía y contra los manifestantes, individualizando en ese grupo, al Gral. (SR) Eugenio Morel Garay (actual Embajador en Venezuela), a Lincoln Alfieri (actual Director del Ceremonial de la Presidencia de la República), y al suboficial de la Policía Nacional, Juan Carlos Ocholasky (presunto asesino de un fotógrafo del Diario "Ultima Hora" y a la fecha detenido con sus presuntos cómplices).

El Padre Oliva hizo su papel invitando a las madres a venir a la plaza con sus hijos, no quedándose a ver esto por televisión. Su comportamiento daba a entender que este grave acontecimiento era como una fiesta patronal de danza y canto. Su actitud, desde todo punto de vista, fue irresponsable. A lo antedicho, se debe agregar la presión descarada ejercida por la Embajadora del Gobierno Estadounidense, Sra. Maura Harthy, quien personalmente -cuando no lo hacía el Agregado Militar de su Embajada- visitaba y/o llamaba telefónicamente a los Comandantes de Fuerzas o Grandes Unidades, instando a no defender al Gobierno Constitucional y a desacatar cualquier orden dada en ese sentido por el Ing. Cubas. ¿No es este comportamiento una grosera injerencia antidemocrática en los actos de un Gobierno extranjero, y un atropello incalificable a la dignidad y a la Soberanía de nuestra nación? La Historia los juzgará.

 

XVI. OTRAS ACUSACIONES.

XVI. 1. MUERTE DEL DR. ARGAÑA.

Ya como un agregado no previsto en los cálculos de la conspiración, se le sumó otro baldón aún más terrible: acusar gratuitamente, con testigo falso "preparado" por ellos con antelación, a Oviedo, del deceso del Vicepresidente Argaña, acusándole como autor moral de tal hecho, y de la muerte de siete manifestantes en la plaza frente al Congreso. (Aunque él, a esa fecha, se encontraba arrestado en el Regimiento "Guardia Presidencial"). El círculo estaba cerrado. Pero, en el reloj de la historia, la verdad siempre triunfa, y llegará el momento en que el pueblo sabrá cómo se le ha mentido vilmente.

La causa que investiga la muerte del Dr. Argaña se encuentra plagada de irregularidades, desde su inicio, por haber sido violadas garantías elementales consagradas en la Constitución Nacional, la Ley Penal de fondo y forma, así como sus reglamentaciones.

La inclusión del Gral. Oviedo en la causa que investiga el fallecimiento del Dr. Argaña, se basa en el Dictamen Fiscal N° 290 (Doc. N° 43) y la Resolución A.I. N° 555 del 5 de mayo de 1999 (Doc. N° 44).

En ese sentido fueron incluidos, en calidad de procesados por «autoría moral» de la muerte: el Gral. Oviedo, el Diputado Conrado Pappalardo Saldívar, Bonifacio Nara y el Gobernador del Dpto. de Amambay, Víctor Hugo Paniagua, basándose en las declaraciones de Gumersindo Aguilar Jiménez, José Alberto Planás, Walter Bower y Francisco José de Vargas. (Doc. N° 45).

Al respecto, Gumersindo Aguilar-reconocido incluso por sus aliados y por el Juez de la causa, Jorge Bogarín, como testigo falso- se encontraba legalmente inhabilitado para testificar porque cuenta con varios antecedentes y procesos pendientes por delitos comunes, hechos que lo descalifican para ser tenido en cuenta como testigo, según el Artículo 238 inc. 2° del Código Procesal Penal aplicable a este caso. Sin embargo dieron curso a sus "declaraciones".

Los señores: José Alberto Planás (ex Ministro de obras Públicas y Comunicaciones del actual Gobierno); Walter Bower Montalto (ex Ministro del interior y de Obras Públicas y Comunicaciones del actual Gobierno), y Francisco José de Vargas (Senador de la Nación), igualmente son inhábiles para actuar como testigos en virtud al Art. 238 incs. 6°, 8°, y 10º del Código Procesal Penal, por ser enemigos políticos del Gral. Oviedo; además, al haber sido quienes lo denunciaron públicamente como el «autor moral» del deceso del Dr. Argaña, amén del interés manifiesto del resultado de la causa, y de haber presentado denuncias contra el mismo en los estrados judiciales, estaban dentro de las generales de la Ley.

Los testimonios de los citados testigos inhábiles y, fundamentalmente, falsos, fueron tenidos en cuenta por el Juez de la causa, para imputar la "autoría moral" del hecho al Gral. Oviedo, al Diputado Pappalardo, al Gobernador Paniagua y Bonifacio Nara. De estos imputados, solo se presentó el Gobernador Paniagua a asumir su defensa; no así los demás «por falta de garantías en su integridad física, y de un debido proceso».

El Gobernador Paniagua, a través de su defensa, demostró la falsedad de los testigos inhábiles: a) Gumersindo Aguilar: desvirtuado por Buenaventura Cabrera de León, Francisco Álvarez y Miguel Ángel Berni Fatecha; b) José Alberto Planas: desvirtuado por el Comisario Virginio Escobar, y el Gral. Evelio Benítez; c) Francisco José de Vargas: desvirtuado por el actual Ministro de Salud Pública y Bienestar Social, Dr. Martín Chiola.

El Gobernador Víctor Hugo Paniagua, con sobreseimiento libre por Resolución A.I. N°- 1.681 de fecha 25 de julio del 2000 (Doc. N° 46), el Diputado Conrado Pappalardo, y Bonifacio Nara, ambos con sobreseimiento parcial y provisional en primera instancia por Resolución A.I. Nº 2.266 de 24 de octubre del 2000, confirmada en fecha 12 de noviembre de 2001, por el Tribunal de Apelación en lo Criminal, integrado por los camaristas José Ríos Cabrera, Oscar Paiva Valdovinos y Anselmo Aveiro (en disidencia), en base a los siguientes argumentos: «No se puede pasar por alto que el Sr. Víctor Hugo Paniagua también ha sido sobreseído con anterioridad y se hallaba imputado y vinculado en este proceso en las mismas circunstancias y como participante de la supuesta reunión de la que habían tomado parte Conrado Pappalardo y Bonifacio Nara, hecho que sirvió de base para vinculara las tres personas citadas en la presente causa». Esta resolución (que ratificó el sobreseimiento de Pappalardo y Nara) del Tribunal de Apelación en lo Criminal, quedó firme por cuanto ni la querella, ni la Fiscalía accionaron contra la misma y, en ese sentido, en fecha 30 de noviembre del 2001, el Juez Carlos Escobar comunicó al Ministerio del Interior y a la Policía Nacional, el levantamiento de la Orden de Captura que pesaba contra el Diputado Conrado Pappalardo Saldívar y Bonifacio Nara. (Doc. N° 47) Al respecto, es importante aclarar que los mismos fueron incluidos en la causa, al igual que el Gral. Oviedo, en base a la misma imputación y por los mismos testigos falsos e inhábiles, y han logrado sus respectivos sobreseimientos, incluso, sin haberse presentado ante la Justicia, que es el caso del Dr. Pappalardo y Bonifacio Nara.

La situación procesal del Gral. Oviedo es igual a la del Gobernador Víctor Hugo Paniagua, el Diputado Pappalardo y Bonifacio Nara, todos ellos con sobreseimiento.

¿Puede seguir imputándosele como «autor moral» cuando sus «cómplices» ya han sido declarados inocentes, y los testigos, falsos? ¿Qué «justicia» es esa?

El lector puede sacar sus propias conclusiones sobre la "seriedad" de la imputación contra el Gral. Oviedo. Aquí, más que en todas las situaciones de carácter jurídico anteriormente referidas, es donde más paladinamente se nota el feroz encarnizamiento contra el mismo, atacado, desde cualquier ángulo, en un juego criminal en el que "vale todo".

Los procedimientos judiciales que pretenden involucrarlo en el caso Argaña, han sufrido modificaciones respecto a los autores materiales del hecho, existiendo distintos grupos de implicados, pero siempre se mantuvo, como por arte de magia, a los mismos "autores ideológicos". En este caso: el Gral. Oviedo.

El primer grupo de autores materiales, al decir del testigo falso Aguilar, estaba compuesto por Bonifacio Nara y Sergio Da Silva de Oliveira, siendo el primero de ellos (Nara) indiciado en el proceso, pero nunca acusado, y el segundo, ni siquiera indiciado.

El segundo grupo de autores materiales, al decir de los testigos falsos y un medio de prensa aliado al Gobierno, estaba compuesto por Máximo Osorio Vera (Sobreseído por Resolución A.I. Nº 507 de fecha 11 de mayo del 2000), Wladimiro Woroniecki, también sobreseído, Richard Gómez, (Sobreseído por Resolución A.I. N° 506 de fecha 11 de mayo del 2000), José "Coco" Villar (asesinado a sangre fría en presencia de su madre e hijo pequeño por efectivos del Regimiento Escolta Presidencial y la SENAD en Monte Lindo - Chaco -) y Walter Gamarra (que fuera filmado mientras disparaba durante los acontecimientos de la plaza).

Actualmente, al no contar la justicia con autores materiales que permitan sustentar la imputación contra el Gral. Oviedo como "autor moral", se creó un tercer grupo que pretende dar validez a dicha imputación, apareciendo en el escenario Pablo Vera Esteche, quien se declaró confeso como "autor material" del «crimen», e involucró a Luis Rojas (detenido, quien niega toda vinculación con el hecho), y a Fidencio Vega Barrios (prófugo); asimismo aparecen como involucrados: Constantino Rodas (quien habría tenido participación en la venta del vehículo utilizado en el hecho) y el Mayor Reinaldo Servín (amigo de Luis Rojas).

Extrañamente, el Juez Jorge Bogarín condenó al «autor material», Pablo Vera Esteche a sufrir la pena de 20 años de cárcel, mientras que a Constantino Rodas y al Mayor Reinaldo Servín, «presuntos cómplices», a la pena de 25 años de cárcel (???) ¿Por qué hay más «clemencia» contra el «autor material»? (¡Cosas de la «justicia» con minúsculas!)

Al respecto, existe una denuncia criminal formulada por Luis Alberto Rojas ante la Corte Suprema de Justicia de la nación Argentina (Doc. N° 48 ) , y la misma está siendo investigada, contra los siguientes Señores: el ex Cónsul del Paraguay en Buenos Aires, Rolando Goiburú; el Dr. Jorge Bogarín González - Juez -; el Dr. Oscar Latorre - ex Abogado de la familia Argaña y, a la fecha, Fiscal General del Estado -; y Nelson Argaña -ex Ministro de Defensa del actual Gobierno e hijo del Dr. Luis María Argaña-Al respecto, Rojas en su denuncia, que el Sr. Goiburú, quien lo visitó en dependencias de la Policía Federal Argentina (antes de su extradición al Paraguay)”... me comentó que en cumplimiento de directivas recibidas del Sr. Juez de la causa por la cual se me pedía la extradición desde la República del Paraguay, el Dr. Jorge Enrique Bogarín González, y de uno de los hijos del fallecido ex Vicepresidente del Paraguay, Dr. Luis María Argaña, el Sr. Nelson Argaña (actual Ministro de Defensa del Paraguay), su visita tenía como propósito "convencerme" para que acceda a ser extraditado al Paraguay, país en el cual me aseguró y garantizó no sería objeto de "vejámenes" o "torturas" por parte de las autoridades policiales, militares o penitenciarias (como sí lo fueron otras personas detenidas en la causa por la cual se pedía mi extradición). Goiburú me indicó además que dichas personas y otras del Gobierno paraguayo se encargarían del bienestar, seguridad y protección de mi familia; por último me dijo que se me pagarían U$S. 1.000.000.(Dólares estadounidenses, un millón), para que, una vez llegado al Paraguay, me "hiciera cargo" o “asumiera la culpa”; junto con mi compañero de causa Fidencio Vega Barrios, del asesinato del ex Vicepresidente de la República del Paraguay, Dr. Luis María Argaña y de uno de sus guardaespaldas, hecho ocurrido el día 23 de marzo de 1999; debía además declarar ante el Juez Bogarín que el autor intelectual de dicho crimen había sido el ex general Lino César Oviedo". ¿Puede concebirse acción "jurídica" más necia como espeluznante? La «justicia» comprando a los «personajes» del circo por ella montado para engatusar al pueblo. Hay quienes alteran la Historia. Pero hay otros que inventan historias: entre ellos se encuentran los malabaristas circenses que componen el impresentable Gobierno surgido en el tristemente célebre «marzo paraguayo».

Como sustento de lo precedentemente descrito, Rojas ofrece como pruebas lo siguiente:

Nota escrita de puño y letra por el Sr. Goiburú; el libro de registro de visitas o de personas de la Policía Federal Argentina; dos cassettes con la grabación de conversaciones mantenidas en dos de las visitas que realizó el Sr. Rolando Goiburú; y el testimonio de Fidencio Vega Barrios -en esa fecha detenido en la Alcaldía del Departamento Central de la Policía Federal Argentina, de la Ciudad de Buenos Aires, hoy prófugo-; y el del personal de la Policía que estuvo de guardia en esas fechas (mes de abril del 2000).

De ser ciertas las afirmaciones del Sr. Rojas, nuevamente estamos en una situación en la que no se escatiman los medios para involucrarlo al Gral. Oviedo en el crimen de Argaña, antes que buscar la verdad y castigar a los responsables. Se llega a la conclusión inequívoca de que eso, en verdad, no les interesa en absoluto. Ni la verdad, ni la justicia. Solamente les apasiona saquear despiadada e impunemente al país, sin el estorbo de Oviedo.

A la fecha de esta publicación, nuevamente, el Diario Noticias, en su desmedido interés por vincular a Oviedo, de una u otra forma, con los «presuntos asesinos»: Luis Alberto Rojas, Fidencio Vega Barrios, y «el autor material» confeso Pablo Vera Esteche, en fechas 2, 3, 4, 5, 6 y días posteriores de noviembre del 2001, ha publicado la supuesta transcripción de una conversación entre Rojas y Vera Esteche - filmada y grabada en la Agrupación Especializada de la Policía Nacional - en la que, a pesar del infructuoso esfuerzo de Vera Esteche por desviar la conversación hacia el tema de Lino Oviedo, en ningún momento ha logrado que Rojas mencionara alguna conexión con el mismo, sino tan solo comentarios generales como que: «yo me defiendo a mí, a mí no me interesa si Lino vive o muere, yo defiendo mi libertad. A mí no me interesa Lino Oviedo». Demás está decir, que ni el propio «autor material» Vera Esteche ha mencionado jamás ninguna conexión con Lino Oviedo, ni con ninguno de los otros a quienes también se pretende conectar con esta «última versión»: nos referimos al Senador Víctor Galeano Perrone y el Diputado Conrado Pappalardo Saldívar. No obstante lo cual, el Diario Noticias, en forma aviesa y mal intencionada, nuevamente, tergiversa la realidad de los hechos - como en el caso de las versiones anteriores de los «asesinos» del Dr. Argaña, en las que involucró a mucha gente inocente que incluso ha motivado una querella criminal contra, el Director del citado Diario, entablada por el Señor Richard Gómez - intentando consignar expresiones de Rojas en la que los vincularía como autores morales del hecho.

Demás está decir que el chófer del fallecido Dr. Argaña, Víctor Barrios en una filmación manifiesta que, ninguno de los tres acusados: Vera Esteche, Rojas y Vega Barrios fueron los asesinos y agrega que los verdaderos asesinos tenían «... rasgos de centroamericanos».

El 23 de agosto de 2001, fue lanzado el libro "Magnicidio en la diagonal" escrito por Osvaldo Bergonzi, hombre muy ligado al Dr. Luís María Argaña. El autor, con una publicidad previa al lanzamiento, la cual hacía elogios a la objetividad y absoluta imparcialidad en el análisis de los hechos, motivó que se buscara su lectura para conocer una supuesta opinión que pudiera traer luz a los acontecimientos ocurridos en los días del 23 al 28 de marzo de 1999.

Instruidos de su contenido, no hemos podido encontrar tan siquiera una página que no esté teñida de subjetividad, parcialismo y panegíricos hacia la figura del político desaparecido, objeto principal del libro: el Dr. Argaña. El entusiasmo con que el escritor se refiere a todo lo que sea la familia Argaña, ensalzándolos hasta niveles inconcebibles, hace que el contenido concreto de los comentarios, sean simplemente una recopilación de opiniones periodísticas y de hechos conocidos por todos los medios de prensa. Nada original. Nada de primicia.

En concreto, la única acusación que existe contra Oviedo se refiere a su supuesto "estrecho" vínculo con el mayor Reinaldo Servín, condenado a 25 años de prisión por su participación punible en el fallecimiento del Dr. Argaña. ¿Cuáles son estos vínculos? Y,...en el supuesto caso de que se los dilucidara, nos preguntamos: ¿En qué tratado de derecho la “vinculación” es prueba de “complicidad”?

La opinión del Diputado Nacional Rosalino Andino Scavone, es que Reinaldo Servín era un «hombre de confianza» de Lino Oviedo, y que, por esa relación, éste lo había nombrado Delegado en el Departamento de Canindeyú por el Movimiento UNACE (p.226/227);

Reinaldo Servín, al ser un entusiasta adherente del movimiento interno partidario colorado UNACE, lógicamente podía ser designado Delegado para cumplir una misión en el interior, sin que esta designación signifique precisamente la de ser "hombre de confianza". En política es rutina estimular con cargos políticos a los que hacen méritos como adherentes para escalar posiciones, teniendo en cuenta también que era un Oficial retirado, que podía actuar libremente en política, sin impedimento legal alguno, así como cumplir a cabalidad la misión que se le encomendara para atender a los adherentes del movimiento.

Nelson Argaña sindica a Servín como uno de los autores morales o, en su defecto, instigador principal del hecho, y se ampara, para presumir así, en que Servín era un estrecho colaborador de Oviedo y, como es sabido, fue reincorporado al Ejército luego de la asunción de Raúl Cubas (p.234)

La verdad es que Reinaldo Servín fue reincorporado al Ejército, junto con 240 oficiales y suboficiales que habían sido pasados a retiro por capricho del ex Presidente Wasmosy; y no fueron reincorporados por Cubas, como dice Nelson Argaña, sino por disposición del Tribunal de Cuentas 1ra Sala, que ordenó la reincorporación del personal militar señalado (!)

Bergonzi incrimina a Oviedo, como responsable moral del deceso, porque Reinaldo Servín se había comunicado telefónicamente por celular con el Gral. Oviedo en 9 oportunidades entre el 24 de enero y el 28 de marzo de 1999, conforme a lo señalado en la pág. 244 "Relacionamiento de llamadas". Otro dislate "jurídico" como el de las "vinculaciones".

Este es el único argumento concreto, para justificar, según el Juez Bogarín "DEJAR abierta la causa con relación al Gral. Lino César Oviedo Silva."

Menciona también Bergonzi, que el lazo de "estrecho colaborador" de Servín con el Gral. Oviedo, y la "promesa" de éste a los supuestos autores materiales del «crimen»: Constantino Rodas, Pablo Vera Esteche, Fidencio Vega Barrios y Luis Alberto Rojas, de cobrar el saldo del precio estipulado por "el trabajo", una vez sentado Oviedo en el sillón presidencial, conforman, si no una semiplena prueba, una presunción fuerte en el derecho penal (p. 234), ignorando, con toda mala fe, que el propio "autor confeso", Pablo Vera Esteche, declaró que personalmente no le conocía al Mayor Servín y que nunca había conversado con él, ni siquiera telefónicamente. ¿Cómo explica Bergonzi estas sinrazones?

Fácil resulta entender que todas las imputaciones que se hacen al Gral. Oviedo, provienen de presunciones interesadas, y no corroboradas por pruebas de testigos, o de otros indicios serios y concordantes. Las elucubraciones de Bergonzi, arrancan de la lectura de la indagatoria de Pablo Vera Esteche y, al decir de él, de su conversación personal con el mismo en la prisión, sin ningún otro asidero.

Las declaraciones de los procesados, no pueden inculpar a terceros, si no son corroboradas con pruebas contundentes que confirmen la versión dada ante el Juez, porque sus declaraciones, conforme lo analiza el procesalista Víctor B. Riquelme en su obra «Temas procesales penales», Ed.1974, p.25/26, "1) es formulada sin juramento; 2) porque el vinculado a la causa tiene interés en la misma causa; 3) porque la indagatoria no es fuente de pruebas y sí, oportunidad para explicar los hechos, en los que aparece complicado. Es un medio de defensa para sí, que no tiene carácter de acusación o de prueba contra otro; 4) porque quien responde a interrogatorio no jurado, produce actuación que riñe con la exigencia del juramento de decir verdad y no pueden ser testigos los que tuvieren interés en el resultado de la causa; 5) porque la depravación del sentimiento moral, al acusar a otro, al mismo tiempo lo presenta como sospechoso en sumo grado (Mitermaier p. 279); 6) Mitermaier Pág. 286 dice: "el inculpado contra quien se sigue una información por la razón de un crimen, NO PUEDE SER OIDO BAJO JURAMENTO, y nada autoriza una excepción tan grave a favor de los cómplices. Sus declaraciones no pueden, según las mismas reglas, tener valor sino agregadas a otros medios de convicción"; 7) porque Jofre afirma que la declaración del coprocesado es testimonio inhábil, p. 194; 8) porque el reconocimiento de la propia participación en el hecho, no es suficiente para admitir como plenamente probada la responsabilidad del confesante..: y si tal posición jurídica es sospechosa, lo es mucho más cuando designa al coautor; 9) porque una misma persona no puede revestir la calidad de sujeto del proceso como imputado y al mismo ser testigo, como lo dice Florián «Derecho Procesal Penal» p. 341, Jorge Clariá Olmedo, «Tratado Derecho Penal» Editorial Ediar S.A. Tomo 3, p.295/296.

 

XVI. 2. MUERTE DE MANIFESTANTES EN LA PLAZA FRENTE AL CONGRESO NACIONAL.

Este proceso penal se encuentra, igualmente, plagado de irregularidades, desde su inicio, por haber sido violadas garantías elementales consagradas en la Carta Magna, Ley penal de fondo y forma, así como sus reglamentaciones.

Esta causa es la que sirvió de excusa al Poder Ejecutivo y sus aliados (Encuentro Nacional y PLRA, aunque este Partido posteriormente abandonó el "Gobierno de Unidad Nacional" que se instaló después de la renuncia del Ing. Cubas), para eliminar y neutralizar todo intento de oposición; todo ello con la complicidad del Poder Judicial, sin excepciones de ninguna laya, por cuanto los Magistrados ya habían aprendido la lección de que hasta la mínima intención de impartir justicia, cuando se trataba de un tema político, o que lesionara intereses de poderosos, era castigado con la suspensión y/o remoción por la Corte Suprema de Justicia o el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados que, desgraciadamente, desde su creación, únicamente sirvió para amedrentar y utilizar a los Magistrados para el logro de los propósitos de los mandones de turno.

En efecto, el hecho de la muerte de los manifestantes sirvió para procesar, encarcelar y torturar a una inmensa cantidad de ciudadanos, casi todos políticos, (entre ellos los Senadores Enrique González Quintana, Octavio Manuel Gómez, Amado Enrique Yambay, José Francisco Appleyard y Víctor Galeano Perrone, quien se asiló en Uruguay) que podrían haber hecho oposición a este Gobierno, amén de lanzar una advertencia directa a todos: que a quien creara dificultades, se le "fabricaba una denuncia" por cualquier motivo. Ejemplo: haber transportado a manifestantes del UNACE; haber repartido alimentos, petardos, palos o armas en la plaza del Congreso a los adherentes al UNACE; todo ello como si en el bando contrario, integrado por : "jóvenes por la democracia", "adherentes del argañismo", "organizaciones campesinas ", " barras bravas de clubes deportivos ", etc., con el apoyo de algunos exponentes de la Iglesia Católica (fundamentalmente, el sacerdote Francisco de Paula Oliva), solamente hayan tenido por armas "Biblias", "rosarios", "velas" y "agua bendita", cuando que las filmaciones y fotografías demuestran lo contrario. Al respecto,... ¿quien fue imputado y posteriormente encarcelado por haber acarreado o repartido lo mismo en este bando? No nos consta que nadie haya sido indiciado por ello. Los argañistas, todos eran buenos, con perfil de mártires; los oviedistas, todos eran malos, con perfil de asesinos: lindas frases para un cuentito infantil.

El caso de los Senadores González Quintana y Gómez, merece un comentario especial porque, al igual que otros indefensos ciudadanos, han denunciado haber sido víctimas de torturas en sede policial (Departamento de Investigación de Delitos) (Doc. N° 49), acusando -al igual que otros torturados- al entonces Ministro del Interior, Walter Bower, de haber dirigido los apremios físicos. Al respecto, este último también está querellado, por el delito de tortura, por Richard Gómez -uno de los inicialmente acusados por el crimen de Argaña-, por el Oficial Inspector de la Policía Nacional, Jorge López y el Crio. Principal de la Policía Nacional, Alfredo Cáceres -acusados de participar en el supuesto golpe de estado del 18.05.00. -

Lo antedicho mueve a una profunda y serena reflexión, por cuanto que la reimplantación de la práctica de la tortura en nuestro país, como sistema de amedrentamiento y/o coacción, supone un serio retroceso, en materia de respeto a los derechos humanos, máxime si se tiene en consideración que nuestro país ha ratificado el «Pacto de San José de Costa Rica», suscripto en dicha ciudad, el 22 de noviembre de 1969, y la «Convención Interamericana, para prevenir y sancionarla Tortura», suscripta en Cartagena de Indias, Colombia, el 9 de diciembre de 1985, sin mencionar que la propia Constitución la prohibe y la declara imprescriptible (15).

(15) El Articulo 5° de la Constitución " De la tortura y de otros delitos; expresa: “Nadie será sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes. El genocidio y la tortura, así como la desaparición forzosa de personas, el secuestro y el homicidio por razones políticas son imprescriptibles”.

El Gral. Oviedo fue incluido en la causa en virtud del pedido Fiscal por Dictamen N° 236 del 28 de marzo de 1999 (Doc. N° 50), que en uno de sus párrafos expresa “... algunos adherentes del movimiento político denominado UNACE liderado por el General en situación de retiro, ha generado un grado de violencia extrema...". En base a este pedido Fiscal, el juzgado dictó Resolución (A.I. N°-288 del 28 de marzo de 1999 - Doc. N° 51) ordenando su detención, en violación del Art. 18, in fine, de la Constitución Nacional, que establece: "...los actos ilícitos de los imputados no afectan a sus parientes y allegados...”. Las sinrazones y los dislates jurídicos se siguen acumulando, adaptando las leyes como lo hicieron desde el "vamos", para sus propios fines e intereses espúreos.

A todas luces resulta subjetiva y animosa la inclusión del Gral. Oviedo en esta causa, cuando que el mismo no habría podido intervenir ni física ni intelectualmente, ya que se encontraba recluido por disposición del Ing. Cubas Grau en el Regimiento «Guardia Presidencial», hoy «Regimiento Escolta Presidencial».

Pero para estos personajes del «marzo paraguayo», como dieron en llamar a este suceso, violar las leyes es algo tan natural como ducharse o prepararse un café. Su única ley, es aquella en la cual "vale todo". Viven inmersos en un cinismo impúdico sin límites.

El fundamento del pedido de extradición, en relación a esta causa, que imputa la comisión de homicidio doloso calificado, se sustenta en las declaraciones del entonces Ministro del Interior Capitán de Navío (SR) Carlos Cubas Vildosola (hermano de padre del Ing. Cubas Grau) y el diputado Franklin Boccia (del PLRA) (Doc. N° 52). Respecto al testimonio del Capitán Cubas (adherente del argañismo), quien en varias ocasiones anteriores manifestó públicamente su animadversión y enemistad insalvable contra el Gral. Oviedo - lo que torna inválida su declaración en virtud de los artículos 237 y 238 del Código Procesal Penal aplicable a este caso - (16) le acusa de haberle dado instrucciones telefónicas al entonces Comandante de la Policía Nacional, Crio. Gral. Comandante Niño Trinidad Ruiz Díaz.

Dicho testimonio es desmentido por el propio Niño Trinidad Ruiz Díaz quien, al deponer judicialmente, negó haber recibido instrucciones del Gral. Oviedo (desde luego eso no correspondía), ya que él se encontraba bajo la orden del Ministro del Interior, Capitán Cubas Vildosola, quien constituyó despacho en la propia Comandancia de la Policía Nacional, para dirigir el operativo desde el día anterior, jueves 25 de marzo.

Si hubiera algún responsable por eventual negligencia de las Fuerzas del Orden, a nuestro juicio, debiera ser el Ministro del Interior, y no el Comandante, ni el Director de «Orden y Seguridad», Crio. Gral. Lidio Ramón Torales, presos desde marzo de 1999 y sobre quienes pesan Sentencias de 18 y 8 años de cárcel respectivamente, dictadas por el Juez Jorge Bogarín el 9 de noviembre del 2001 por esta causa. Cabe señalar que en esa fecha, 26 de marzo de 1999, también se encontraban en la sede de la Comandancia de la Policía Nacional, además del Ministro del Interior, el Fiscal General del Estado, Dr. Aníbal Cabrera Verón, los Fiscales Blas Imas, Gustavo Arregui, Marco Alcaráz, Gustavo Amarilla, entre otros; y el Juez en lo Penal de Turno, Dr. Gustavo Ocampos (emparentado con la familia Argaña), ¿...por qué entonces tanto ensañamiento con el Crio. Gral. Trinidad Ruiz Díaz? ¿Y los otros...?

No podemos dejar de lamentar una sentencia injusta. Si ante la impotencia declarada de la policía de no contar con la capacidad suficiente, tanto logística como operacional, para hacer frente a una manifestación política desbordada, donde una facción se enfrentaba a la otra, primero con bombas y cohetes de artificio, para luego usar palos, piedras, hasta el terreno de las agresiones personales, habida cuenta que no se trataba de un tumulto cualquiera, sino la ejecución de una conspiración bien meditada para provocar la caída del Poder Ejecutivo, ...entonces ¿cómo puede cargarse con toda la culpa a los citados jefes policiales, haciendo caso omiso de la presencia, en la Comandancia de la Policía Nacional de todos los funcionarios arriba citados?

Es una demostración más, de que nuestra justicia es débil, que nuestros jueces son influenciados por factores ajenos al estricto criterio de derecho que debe primar en sus resoluciones, coadyuvando de ese modo a deteriorar aún más la imagen de desprestigio de nuestro país en el contexto de las naciones civilizadas.

Creemos que las condenas contra dichos jefes policiales, no soportan el análisis más elemental y jamás hubiera acontecido en un verdadero estado de derecho.

Respecto a las declaraciones del Diputado Boccia, de la lectura de su deposición surge que en ningún momento imputa actuaciones dolosas al Gral. Oviedo, sino que se refiere genéricamente a ".... sectores oviedistas...".

 

XVI. 3. EL INFORME DE LA COMISIÓN INTERPARLAMENTARIA DE INVESTIGACIÓN DE ILÍCITOS.

 

En Junio del año 2000, la Comisión Interparlamentaria de Investigación de Ilícitos (CPI) del Congreso Brasileño, presentó un extenso informe sobre el Narcotráfico y otros ilícitos graves, que involucraba a Oviedo en "tráfico internacional de drogas y contrabando de armas, lavado de dinero y evasión de divisas".

Según lo admite el mismo informe, las conclusiones, a las cuales la comisión había arribado con relación a Oviedo, se basan mayormente en datos arrimados por parlamentarios paraguayos - notoriamente antioviedistas-quienes, incluso, habían participado activamente en el golpe de estado que derrocó al Gobierno del Presidente Raúl Cubas Grau. Esto se constata claramente en la página 1.082 del informe, que dice textualmente:

"Essas informaçôes foram extraídas de un dossié encaminhado a esta CPI por membros da Comissâo Permanente de Combate ao Narcotráfico do Parlamente Paraguaio e outros documentos, incluindo relatorios da CIA, o Servicio de Informaçâo Americano, o do DEA, a Agencias de Combate as drogas"

Como se puede apreciar en el citado párrafo, el mismo también dice que algunos datos fueron aportados por nada menos que la CIA (Servicio de Información Norteamericano) y la DEA (la Agencia de combate a las drogas).

Aparte de eso, el informe sostiene que el encargado de negocios de los EEUU en Paraguay, Stephen Mcfarland, había afirmado estar en conocimiento de la vinculación de Oviedo con el narcotráfico.

Todas estas acusaciones son muy serias y, de ser ciertas, dejarían poca duda al respecto del tema.

A continuación pasaremos a examinar, uno a uno, los alegatos del informe de la CPI, y lo que nuestras propias investigaciones han revelado.

 

XVI. 3. 1. LOS INFORMES DE LA CIA Y DE LA DEA:

En primer lugar, debe quedar en claro que los "relatorios de la CIA", mencionados como una de las fuentes de información, nunca pudieron ser encontrados, ni copia alguna pudo ser obtenida, a pesar de nuestros esfuerzos en ese sentido, y desafiamos a los que sustentan dicha infamia a que los den a publicidad. La misma suerte corrió el informe de la DEA, también mencionado más arriba. Cabe la pregunta: ¿si los informes de marras son tan contundentes y claros, por qué negar el acceso a los mismos?

Afortunadamente, el mismo Departamento de Estado Norteamericano ha arrojado luz sobre este misterio. En Diciembre del año 1999, en un artículo aparecido en el diario Bonaerense "La Nación", la Embajada Norteamericana en Buenos Aires ha aclarado que la misma "no tiene imputaciones que hacer por narcotráfico contra el General paraguayo Lino Oviedo ". El mismo artículo nos dice que: "sus diplomáticos reiteraron que un documento atribuido a la DEA, que lo involucraba en operaciones ilícitas que afectarían a los Estados Unidos, es falso".

Finalmente, el artículo cita a una fuente de la misma Embajada diciendo: "El agente de la DEA que lo firmaba, no existe, además el documento estaba escrito en español y en los más de veinte años que llevo en la diplomacia nunca vi un documento norteamericano redactado en ese idioma" . Conclusión: el famoso informe de la DEA que vincula a Oviedo con el Narcotráfico no existe.

¿En dónde podremos encontrar al macabro personaje cuyo cerebro pergeñó tan viles mentiras? Otra prueba más de la diabólica inventiva, desenmascarada nuevamente, de los piratas del «marzo paraguayo» en procura de mancillar el nombre de Lino Oviedo. El Juez más implacable de estos impostores será su propia conciencia.

A ellos aluden los siguientes versos de un inmortal poeta español:

 

 

Conciencia nunca dormida,

Mudo y pertinaz testigo

Que no dejas sin castigo

Ningún crimen en la vida.

La ley calla. El mundo olvida:

¿Más quién sacude tu yugo?

Al Sumo Hacedor le plugo

Que, a solas, con el pecado,

Fueses tú, para el culpado,

Delator, Juez y verdugo.

 

XVI. 3. 2. LA HACIENDA DE LINO OVIEDO EN CIUDAD DEL ESTE.

El informe de la CPI describe, en su página 1.063, cómo supuestamente se realizaba una de las operaciones de contrabando de drogas, y declara que las mismas, luego de pasar la frontera hacia el Paraguay, eran depositadas en un establecimiento perteneciente a Oviedo situado en el Km. 10 de Ciudad del Este, llamado Hacienda "Santo Antonio", siendo el contacto de los traficantes en este lugar, una persona con el nombre de "Joaquim".

Solicitado informe detallado respecto de todas y cada una de las fincas existentes en el KM. 10 de Ciudad del Este, empezando por el Km.9 y terminando en el 11, a ambos lados de la ruta, al respecto, no solamente no existe ninguna hacienda "Santo Antonio", sino que ninguna de las propiedades de la Zona, ni de toda Ciudad del Este, pertenece a Lino César Oviedo, ni tampoco a persona alguna llamada "Joaquim"; como nombre o apellido.

 

XVI. 3.3. LAS MANIFESTACIONES DE DIPLOMÁTICOS NORTEAMERICANOS.

En la página 1.082 del informe de la CPI, se menciona que "o proprio encarregado de negocios dos Estados Unidos em Assunçâo, Stephen McFarland, declarou em entrevista concedida em 14.06.2000 ao Jornal O Globo, que há indicios de envolvimiento de Oviedo com o narcotráfico e outras atividades ilícitas na área de frontera entre o Paraguay e o Brasil". Estas declaraciones y otras similares fueron vertidas por MacFarland en diferentes medios de la prensa paraguaya (Ver ABC Color del 14.06.00. - Página 2 y ABC Color del 15.06.00 - Página 4).

Sin embargo, durante una entrevista en el programa "Humberto Rubín", aireada por el canal "Tele futuro" en fecha 16 de junio del 2000, Stephen Macfarland declaró que no tenía ninguna prueba contra Oviedo que lo relacionara de alguna manera con algún ilícito.

Si es cierto que este diplomático realizó tan grave acusación a O Globo, declarando, después, que carecía de pruebas, estamos, nuevamente, en presencia de otro impostor.

Y sería raro que las tuviese, puesto que, como hemos dicho más arriba, sus colegas diplomáticos de la legación de Buenos Aires, que, en teoría, deberían contar con los mismos datos que él, han dejado bien en claro que el Gobierno de los Estados Unidos no cuenta con evidencia alguna de que Oviedo esté implicado en narcotráfico de ninguna especie.

Finalmente, para aclarar cualquier duda, el General Charles Wilhelm, jefe del Comando Sur de los EEUU., solo unos días antes declaró: “yo jamás he tenido ningún reporte de que (Lino Oviedo) estuviera involucrado”: Nos preguntamos: si hubiese cualquier tipo de indicio, ¿no es lógico pensar que el Jefe del Comando Sur, la máxima expresión del poder militar de los Estados Unidos en Sudamérica, no estaría en conocimiento? Es más, el General Wilhelm no es ambiguo en su respuesta, sino enfático: “Jamás he tenido ningún reporte”: ¿Más claro?

 

XVI. 3. 4. LA CONEXIÓN LINO OVIEDO - FERNANDINHO BEIRA-MAR.

En su constante tentativa de pintarlo como ligado al narcotráfico, los malvados detractores del Gral. Oviedo han repetido insistentemente que existe alguna conexión o vínculo comercial entre el ex Comandante del Ejército Paraguayo, y el narcotraficante Luiz Fernando da Costa, alias "Fernandinho Beira Mar". Así también el informe de la CPI, en su página 1.063, afirma que Beira Mar" se había refugiado en una "Fazenda" perteneciente al Gral. Oviedo. Esta afirmación se basa en las declaraciones de un testigo, cuyo nombre o características no se revelan en el informe. Solamente su declaración se transcribe, y en ella esta persona declara que "FERNANDINHO BEIRA MAR, traficante do Rio de Janeiro, está escondido na Fazenda do General Oviedo". ¿Puede la CPI, si tiene un mínimo de dignidad, «transcribir» una declaración tan grave y rotunda sin molestarse en citar el nombre del declarante? Ni dignidad, ni respeto: menos aún veracidad.

No teniendo el nombre de la persona que brindó estos informes, no hemos podido investigar en qué se basan los mismos, y mal podríamos especular al respecto de las motivaciones que esta persona habría tenido para realizar tan aventuradas manifestaciones. Lo que sí ofrecemos como elemento de juicio son dos cosas: en primer lugar, el hecho de que no existe ninguna hacienda, estancia, cabaña o establecimiento agropecuario, ni de ninguna naturaleza, que pertenezcan al Gral. Oviedo, ni hemos podido esclarecer en qué se basan aquellos que afirman que sí existen.

Aníbal Miranda, el autor del libro "Los dueños de Grandes Fortunas" -publicación que también es usada en el informe de la CPI como "evidencia" - es uno de los que afirman que Oviedo es propietario de estancias. En su libro, nos dice lo siguiente "Oviedo también se hizo hacendado, tiene una estancia en las cercanías de Pozo Colorado (Chaco), y otra en Juan de Mena... una tercera se halla en el noroeste en el Chaco cerca de la frontera con Bolivia”.

Sin embargo, estas afirmaciones no están respaldadas por ningún tipo de evidencia o documentación. Comprendemos que, si el Gral. Oviedo fuese propietario de un establecimiento costoso, probablemente el mismo no estaría a su nombre y no es un título de propiedad lo que esperamos como prueba. Pero sería relativamente fácil detectar a alguna persona cercana al general Oviedo que, repentinamente, aparezca como dueño de una estancia valiosa. Si el Sr. Miranda demostrase, por ejemplo, que cierta estancia de tamaño y valor considerables, en cierta fecha aparece, repentinamente, como perteneciente a cualquier persona ligada a Oviedo, (pero, alguien que anteriormente haya sido muy pobre en recursos materiales), entonces podríamos concluir que dicha persona es, probablemente, un " testaferro " de Oviedo. Pero el Sr. Miranda no nos ofrece indicio, tan siquiera circunstancial. En otras palabras, sus afirmaciones son totalmente irresponsables, y tienen tanto valor como la de cualquier persona que en una reunión familiar comente por ejemplo, que "le dijeron" que el Presidente de los Estados Unidos es adicto a las drogas. En inglés, esto es conocido como "hearsay" (oído al pasar), y con gran sabiduría, en el sistema legal norteamericano ningún "hearsay" se admite como evidencia de nada.

En segundo lugar, no deja de ser válido tomar nota de las afirmaciones del mismo "Beira Mar", que repetidas veces ha afirmado no conocer a Oviedo, y ha negado haber estado siquiera en el Paraguay. Si realmente hubiese estado en este país, pensamos que no iban a faltar testigos que pudiesen confirmar el hecho, puesto que el Paraguay, con menos de seis millones de habitantes, es un país donde las cosas se saben rápidamente, de boca en boca.

Ahora bien, si vamos a dar crédito a lo que el narcotraficante detenido asevera, él ha declarado que, con quienes sí está vinculado es con la diputada Laura Carneiro y el diputado Wanderly Martins, ambos miembros de la CPI. Según "Beira Mar", ellos habían recibido dinero de él para ser protegido (Revista Isto E, 2 de Mayo del 2000).

Finalmente, en la mayoría de los sistemas judiciales del mundo, el testimonio de un solo testigo no es aceptado como evidencia válida, basado en el principio jurídico "Unus testis nullus tesos" (testigo único, testigo nulo). El único indicio de que existe algún vínculo entre "Fernandinho Beira Mar" y Oviedo proviene de la versión de un testigo que, además, es desconocido. El lector saque sus propias conclusiones.

 

XVI. 3. 5. LAS "EVIDENCIAS".

En lo que se refiere al caso Oviedo, el informe de la CPI incluye un listado de documentos arrimadas por la Comisión de la Lucha Contra el Narcotráfico, como evidencias, y se aclara que estas "pruebas" fueron entregadas a la CPI por el Senador Luis Alberto Mauro (conocido y vehemente anti-oviedista) y el diputado Nery Felipe Pereira, miembro del movimiento político Argañista.

Un análisis detenido de esa lista de documentos plantea en la mente de cualquier persona imparcial la siguiente interrogante: ¿Cómo, de qué manera, los «documentos y citados demuestran que Oviedo está, de alguna forma, implicado en narcotráfico, lavado de dinero o contrabando?

Del análisis del listado de documentos precedentemente descripto, se concluye que el mismo constituye, simplemente, un conjunto de papeles que revelan las operaciones de comercio - aparentemente importaciones - de una firma. Cómo el Senador Mauro y el Diputado Pereira concluyeron, en base a estos documentos, que el Gral. Oviedo realiza lavado de dinero, es un misterio que no alcanzamos a comprender.

Decían los filósofos: para demostrar una verdad, la razón es la primera autoridad; y la autoridad es la última razón. Es decir, que no porque lo diga un gran personaje, ipso facto eso es la verdad: es necesario demostrarlo racionalmente.

Y en las citadas acusaciones, sólo se dice que se dijo. ¿Se respetan a sí mismos los que acusan de esta forma? No. Son simples impostores: mercaderes de la mentira. Carecen de autoridad. Más aún de Ética.

 

XVII. SITUACIÓN JURÍDICA DEL GRAL. OVIEDO EN EL PARAGUAY.

Si bien es cierto que, a lo largo de la presente obra, se aprecia, con absoluta nitidez, todo lo acontecido en relación a la persecución de la que fuera objeto el Gral. Oviedo, y las causas en las que se halla incluido, en carácter de procesado, sin embargo creemos que a efectos de facilitar la comprensión del lector, amerita efectuar un somero análisis de cada imputación, de suerte que se pueda visualizar, con mayor claridad, el estado en que se encuentra cada una de ellas.

a) Condena del Tribunal Militar Extraordinario.

*        S.D. N° 01/98 el 9 de marzo de 1998 del TME, que condenó al Gral. Oviedo a la pena de 10 años de prisión militar y baja absoluta de las Fuerzas Armadas de la Nación.

*        Confirmación de la pena por la Corte Suprema de Justicia por Acuerdo y Sentencia N° 84 del 17 de Abril de 1998.

*        Conmutación de la pena por la de arresto de 3 meses, según Decreto N° 117/98 promulgado por el Ing. Cubas Grau el 18 de agosto de 1998.

*        A.I. N° 21 del 26 de agosto de 1998 del TME que hace lugar al Incidente de Nulidad de actuaciones deducido por la defensa del encausado, Gral. Brig. (SR) Sindulfo Fernando Ruiz Ramírez, declarando nulo todo lo actuado, quedando invalidadas todas las resoluciones dictadas en el proceso, disponiéndose la libertad del Gral. Ruiz Ramírez, declarándose que la nulidad de actuaciones resuelta beneficia a los coprocesados; Gral. Div. (SR) Lino César Oviedo Silva y el Cnel. DEM (SR) José Manuel Bóveda Melgarejo.

*        Acuerdo y Sentencia N° 02/98 del 28 de agosto de 1998 del TME que, en virtud a hechos nuevos y a declaraciones testifícales, dispuso sobreseer libre y totalmente al Gral. Oviedo, al Gral. Ruiz Ramírez y al Cnel. Bóveda en la misma causa, ordenando su libertad definitiva; declaró también que la formación del proceso no afecta al buen nombre ni la honorabilidad de los nombrados precedentemente.

*        Resolución N° 471 del 23 de septiembre de 1998, emanada de la Corte Suprema de Justicia, que resolvió dejar a salvo el carácter de cosa juzgada del Acuerdo y Sentencia N° 84 del 17 de abril de 1998, de la misma Corte, declarando que el mismo continua firme con todos sus efectos jurídicos, careciendo en absoluto de validez cualquier resolución o acto en sentido contrario.

*        Acuerdo y Sentencia N° 415 del 2 de diciembre de 1998 de la Corte Suprema de Justicia, que dio lugar a la Acción de Inconstitucionalidad contra el Decreto N° 117/98, que fuera promovida por el Congreso.

*        Decreto N° 1200/98 del 4 de diciembre de 1998, promulgado por el Ing. Cubas Grau en el que, fundado en que la facultad de conmutar penas es una atribución constitucional del Poder Ejecutivo, que en ningún caso otro Poder del Estado puede cuestionar o cercenar, rechazó que el Decreto N° 117/98 se halle afectado de inconstitucionalidad, ya sea por razones de fondo o de forma y dispuso que se tome razón de la declaración judicial de inconstitucionalidad del Decreto N° 117 del 18 de agosto de 1998 y ordenar su registro.

*        Resolución N° 01/99 del 4 de febrero de 1999 del TME en la que declara que el Acuerdo y Sentencia N° 02 de fecha 28 de agosto de 1998 que dispuso el sobreseimiento libre y total del Gral. Div. (SR) Lino César Oviedo Silva, del Gral. Brig. (SR) Sindulfo Ruiz Ramírez y del Cnel. DEM (SR) José Manuel Bóveda Melgarejo, a la fecha se halla firme y ejecutoriada sin que las disposiciones legales y jurisdiccionales lo hayan anulado o revocado, por lo que ha pasado en autoridad de cosa juzgada.

*        Resolución N° 02/99 del 26 de marzo de 1999 del TME en la que, teniendo en cuenta que el Ing. Cubas Grau dispuso el arresto del Gral. Oviedo en el asiento del Regimiento «Guardia Presidencial», resolvió comunicar al Comandante en Jefe de las FF.AA., de la Nación que, en la presente causa, en el TME, no pesa medida restrictiva de libertad contra el Gral. Oviedo ni el Cnel. Bóveda.

*        Decreto N° 2.316 del 5 de abril de 1999 en el que el actual Presidente de la República, Luis González Macchi, a efectos de cerrar el círculo sobre el Gral. Oviedo, en el sentido de que si fuera capturado, se le obligaría a cumplir la condena de 10 años de prisión militar, revocó en todas sus partes el Decreto N° 1.200 antes citado y dispuso el cumplimiento de las medidas de prisión y baja absoluta para el Gral. Oviedo y el Cnel. Bóveda.

Ahora bien, el último fallo del TME (Acuerdo y Sentencia Nº. 2/98 del 28 de agosto de 1998) pasó a autoridad de cosa juzgada, no fue anulado por la Corte Suprema de Justicia como se pretende hacer creer, puesto que las resoluciones simplemente administrativas de la Corte no son decisiones judiciales, según las leyes, pues la nulidad de las Sentencias deben declararse solamente por Acuerdo y Sentencia de la Corte Suprema de Justicia, con audiencia a las partes. Aquí no se previno así, por lo que el Acuerdo y Sentencia Nº. 2/98 que dictó el TME en última instancia y que sobreseyó a Lino Oviedo está firme y él no tiene condena alguna que cumplir. (Art. 124 del Código de Procedimientos Penales.)

La Corte Suprema de Justicia (CSJ) objetó el Acuerdo y Sentencia Nº. 2/98 - aunque esto ya no altera el fondo de la cuestión - porque afirma que el TME no tiene la facultad de rever decisiones de la Corte. Eso es verdad; no obstante ello, el TME sí tiene facultades de rever sus propias resoluciones, y es esta situación la que debe ser resuelta y dilucidada únicamente por la CSJ, a efectos de evitar contradicciones y un escándalo jurídico

No pueden coexistir, en la misma causa, dos Sentencias o Resoluciones antagónicas; un fallo del TME que condena y un fallo del TME que absuelve. (!)

Si la CSJ, en un momento dado, dijo que confirma el primero, debe, necesariamente, ante la nueva situación planteada por la segunda Sentencia, dejar sin efecto su primer fallo teniendo en cuenta que esta segunda Sentencia de absolución no fue apelada y se halla firme y ejecutoriada en el fuero castrense.

Como antecedente se puede mencionar el caso del Capitán Modesto Napoleón Ortigoza, y el del guerrillero Remigio Giménez, condenado a 25 años, en los que la CSJ revocó sus propias Sentencias, así como en otros procesos de homicidios.

De todos modos, e independientemente de que el mismo TME sobreseyera al Gral. Oviedo, la condena original fue conmutada por Decreto N° 117/98, y la acción de inconstitucionalidad que fuera promovida por el Congreso y concedida por Acuerdo y Sentencia N° 415 de la Corte, únicamente rige para quienes la promovieron (no tiene carácter «erga omnes»), es decir no más de 80 personas, siendo VÁLIDA LA CONMUTACIÓN DE LA PENA para el resto de los habitantes de la República del Paraguay. No lo decimos nosotros, lo establece la Constitución Nacional en un Articulo 260, Inc.»1" que expresa: « Son deberes y atribuciones de la Sala Constitucional: conocer y resolver sobre la inconstitucionalidad de las leyes y de otros instrumentos normativos, declarando la inaplicabilidad de las disposiciones contrarias a esta Constitución en cada caso concreto y en fallo que sólo tendrá efecto con relación a ese caso, y... » Sobran los comentarios.

 

b) Caso muerte del Vicepresidente, Dr. Luis María Argaña.

Fueron involucrados, como presuntos «autores morales» del hecho, el Gral. Lino César Oviedo, el Diputado Nacional Dr. Conrado Pappalardo Saldívar, el Gobernador del Dpto. de Amambay Dr. Víctor Hugo Paniagua, y el comerciante Bonifacio Nara, por la imputación hecha por un testigo que resultó ser falso (Gumercindo Aguilar) de que había escuchado la planificación del «asesinato» en ocasión de un «asado» en la casa de Nara, en Pedro Juan Caballero. Las probanzas del proceso demostraron que todo lo afirmado por el testigo falso Gumersindo Aguilar, ha sido desvirtuado.

En el curso del juicio, después de cinco meses de prisión, fue sobreseído libremente Víctor Hugo Paniagua, luego Pappalardo y Nara con sobreseimiento parcial y provisional, en primera Instancia. Esta Resolución fue confirmada en segunda Instancia el 12.11.2001, por el Tribunal de Apelaciones y, a la fecha, quedó firme porque ni la Fiscalía ni la querella accionaron contra la Resolución; asimismo ya fue levantada la orden de captura que pesaba sobre ambos.

El Gral. Oviedo se halla en la misma situación que Pappalardo y Nara quienes fueron sobreseidos, sin que los mismos hayan comparecido ante la justicia, ni se haya presentado ninguna prueba que los incrimine. Es el mismo fundamento que favoreció al coprocesado Víctor Hugo Paniagua.  ,

Sugestivamente el Tribunal de Apelaciones en lo Criminal, no hizo extensivo el sobreseimiento al Gral. Oviedo, quien se halla procesalmente en la misma situación que los demás sobreseidos, lo que indica el temor de adoptar un criterio de justicia imparcial.

En resumen, en esta causa no existe absolutamente NADA contra Lino Oviedo y la trama montada con todos los grupos -como se describió precedentemente- se ha derrumbado como un castillo de naipes.

 

c) Muerte de manifestantes en la plaza frente al Congreso.

El Gral. Oviedo fue incluido con motivo del Dictamen Fiscal N° 236 del 28 de marzo de 1999 que, en uno de sus párrafos, expresa: «algunos adherentes del movimiento político denominado UNACE liderado por el General en situación de retiro, ha generado un grado de violencia extrema». En base a este pedido del Fiscal, el Juzgado dictó la resolución (A.I. N° 288 del 28 de marzo de 1999) ordenando su detención, en violación al Art. 18 In fine de la Constitución Nacional que dice: «Los actos ilícitos o la deshonra de los imputados no afecta a sus parientes o allegados». Aparte: ¡qué poco seria queda, en un Dictamen, no identificar al supuesto imputado con nombre y apellido, limitándose a expresar, como con desdén, su condición de «el Gral. en situación de retiro»...!

Resulta subjetiva y animosa la inclusión del Gral. Oviedo en esta causa, en el que se produjo la muerte de siete manifestantes, el día 26 de marzo de 1999, cuando que él mismo no habría podido intervenir, ni física, ni intelectualmente, ya que se encontraba recluido por disposición del Presidente de la República (Ing. Cubas Grau) en el Regimiento «Guardia Presidencial», desde el día 24 de marzo de 1999, del cual salió en libertad el día domingo 28 de 1999 en horas de la tarde.

El Capitán (SR), Carlos Cubas Vildosola le acusó de haber dado instrucciones telefónicas al entonces Comandante de la Policía Nacional (Crío. Gral. Niño Trinidad Ruiz Díaz), lo qué fue totalmente negado por el mismo, como se describió precedentemente.

En relación al mismo proceso, en su declaración en sede judicial que sirvió para decretar la detención de Oviedo, el Diputado Nacional Franklin Boccia en ningún momento lo imputó en forma directa al Gral. Oviedo, sino que se refirió genéricamente «a sectores oviedistas».

Fácil resulta concluir, que las acusaciones que se hacen contra el Gral. Oviedo proviene de presunciones interesadas, y no corroboradas por pruebas de testigos o de otros indicios serios y concordantes.

Es evidente que el Gobierno busca, con esta causa, eliminar políticamente a todos aquellos adversarios que podrían hacerle oposición formal y ganarle en elecciones libres; por eso involucraron a los principales parlamentarios y dirigentes del movimiento UNACE que lidera el Gral. Oviedo. Si se estudia seriamente esta causal, la misma no resiste ni el menor análisis, porque no existe ningún fundamento serio y concluyente para involucrarle en la causa, salvo los motivos políticos señalados.

Con una justicia imparcial, sin ingerencia política de ninguna naturaleza, sería fácil y rápida la defensa y su absolución por estas imputaciones.

POR LO EXPUESTO SE APRECIA CON ABSOLUTA NITIDEZ QUE, DE NO EXISTIR EN LA REPÚBLICA DEL PARAGUAY UN GOBIERNO MANIFIESTAMENTE ADVERSO AL GRAL. OVIEDO, EL MISMO PODRÍA ESTAR EN NUESTRO PAÍS EN LIBERTAD, Y CON PLENO GOCE DE SUS DERECHOS POLÍTICOS Y CÍVICOS.

 

XVIII. REFUGIO-EXTRADICIÓN.

El Gobierno de la República Federativa del Brasil, a través del Ministro de Justicia -destituido en los primeros días de noviembre de 2001-, ha rechazado la apelación formulada por la defensa del Gral. Oviedo en relación a una petición de que le sea otorgado el carácter de «Refugiado», amparándose en la Ley N° 9.474 del 22 de julio de 1997 -que define mecanismos para la implementación del Estatuto de los Refugiados de 1951 y determina otras providencias- (Doc. N° 53) y que fuera rechazada, en primera instancia, por el "Comité Nacional para los Refugiados", CONARE.

Lo antedicho fue apelado al Supremo Tribunal de Justicia -la máxima autoridad judicial del Brasil en virtud a que se violó lo dispuesto en la referida Ley en lo que respecta al procedimiento que contempla que el solicitante (Gral. Oviedo) debe prestar declaración ante el organismo, hecho que no ocurrió.

En consecuencia, el Supremo Tribunal concedió al Gral. Oviedo el status de "Refugiado Político", con carácter provisional, hasta tanto se expida si existen méritos para la concesión del refugio político en forma definitiva. El fallo fue anunciado por el Ministro de la Corte, Edson Vidigal, y el mismo expresa en uno de sus párrafos que el “...procedimiento afectó el principio constitucional que prevé tratamiento igualitario para todos ".

La resolución tomada por el ex Ministro de Justicia del Brasil ha puesto de manifiesto que existió presión política por parte del Gobierno paraguayo, a fin de que se resuelva el pedido de Refugio en contra Lino Oviedo; eso es vital, porque, de ese modo, quedó demostrado que se ha politizado un procedimiento de protección a perseguidos, implementado por una Convención Internacional que justamente fue elaborada y firmada por los países contratantes, con el fin de tener un instrumento aséptico, objetivo, fuera del ámbito político, como una forma de asegurar que aquellos que son perseguidos por sus ideas o pensamientos o posición política, no queden sujetos a los avatares o caprichos de los políticos que, ocasionalmente, se encuentran en el poder y que se manejan igualmente por intereses momentáneos, sectoriales y que no se compadecen de los derechos individuales de aquellos que no coinciden con los regímenes dominantes.

Exhibir ante la consideración pública a un organismo creado, por imperio de una Convención Internacional, para defender y proteger los derechos fundamentales del individuo perseguido, y que se ha convertido en una oficina burocrática que actúa de acuerdo a influencias o parámetros políticos, es un escándalo al que ningún Estado quiere ser expuesto; y esto se maximiza cuando queda probado que la influencia política es de un país extraño y, justamente es ese país, el que es acusado de perseguir y amenazar la vida y la integridad de quien solicita refugio.

Esto, lastimosamente, sucedió con la CONARE y lo confirmó el propio ex Ministro de Justicia del Brasil. Por la aplicación del concepto de objetividad y protección, los Estados ante los cuales se solicita Refugio, nunca convierten en parte del proceso de la concesión de refugio, al otro Estado (en este caso al Paraguay) del cual el peticionante se dice perseguido o amenazado. Se realizan las investigaciones de la forma más confidencial y prudente posible y, únicamente, por los medios del Estado solicitado para refugio (Brasil) y por los datos aportados por el solicitante, cada uno de los cuales deben ser corroborados y comprobados fehacientemente para darlos por válidos y, entonces con fuerza, como para lograr que se pronuncie ese Estado favorablemente al pedido de Refugio.

En todos estos procesos es parte de hecho y de derecho, el representante Nacional o Regional del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para Refugiados (ACNUR), juntamente con otros organismos designados por la Ley en cada Estado firmante de la Convención; así, por ejemplo, en la Argentina, el organismo encargado del estudio y concesión de refugio es el Centro de Elegibilidad para Refugiados (CEPARE), dependiente del Ministerio del Interior y, más puntualmente, de la Dirección General de Migraciones, y la conforman representantes de la ACNUR, la Dirección de Migraciones, la Dirección de Asuntos Jurídicos, el Ministerio de Relaciones Exteriores y la Secretaría Administrativa del Comité; en el Brasil, el órgano correspondiente se llama CONARE, es decir Comité Nacional para los Refugiados y está compuesto por Miembros del Ministerio de Justicia, de Trabajo, Salud, Policía Federal, ACNUR y una ONG (Organización no Gubernamental ).

Resulta, por estas razones, sumamente llamativo que, en el caso de solicitud de Refugio del Gral. Lino Oviedo al Estado Brasileño, éste haya dado participación en el proceso de decisión al Estado Paraguayo, justamente de quien Oviedo denuncia ser perseguido.

El ministro de Relaciones Exteriores del Paraguay, nota mediante hizo saber al Estado brasileño su contrariedad por el tema del trámite del pedido de Refugio; pero la cosa no terminó ahí; se conformó una delegación que viajó presurosa a Brasilia a fin de presentar alegatos y supuestas contrapruebas a la defensa de la solicitud en cuestión.

Para el efecto, viajaron a la Capital brasileña, el abogado Jorge Vasconsellos, en representación del Presidente de la República, Luis González Macchi; el Fiscal General del Estado, Oscar Latorre, en representación de la Fiscalía, y el Diputado Nery Pereira, Presidente de la Comisión de Lucha contra el Narcotráfico de la Cámara de Diputados. También acompañó a la comitiva Javier Cazal, Director del Centro de Investigación Judicial. La delegación paraguaya habló con los miembros de la Comisión Nacional de Refugiados (CONARE) del Brasil y dejó instrucciones precisas al abogado José Eduardo Rangel, que representa al Gobierno paraguayo ante la justicia brasileña en el caso Oviedo, para intensificar los recursos que hagan posible la extradición y desvirtuar los argumentos presentados por la defensa del Gral. Oviedo para el pedido de Refugio.

Así pasó el Estado paraguayo, denunciado como perseguidor, a ser parte del proceso de concesión o rechazo del pedido de Refugio del Gral. Lino Oviedo; integraba la comitiva, como pudo apreciarse, el propio abogado personal de quien funge como Presidente del Paraguay - por obra y gracia de la Corte Suprema de Justicia y contra lo establecido en la Constitución Nacional - y esto es así, porque el abogado Jorge Vasconsellos, no es el Procurador General de la República; que es el que constitucionalmente representa los intereses del Estado paraguayo, tampoco es el abogado del Poder Ejecutivo, por cuanto el abogado Vasconsellos no ha sido nombrado como tal, no existe Decreto de algún nombramiento en ese sentido, ni en ningún otro que sea oficial, por lo tanto es simplemente el abogado personal del Señor Luis González Macchi - quien inconstitucionalmente funge como Presidente del Paraguay - y no es otro que aquel que lo defiende en los innumerables pedidos de juicio político: por desvío de fondos, robo, corrupción y otros delitos, que obran en su contra en el Parlamento paraguayo. Con semejante «prenda», esta Comisión no sólo era improcedente sino impresentable: una vergüenza.

Nos preguntamos si esto no resultó un hecho resaltante, merecedor de un análisis profundo por parte de los componentes de la CONARE y del ex Ministro de Justicia del Brasil; pero a ojos vista está que no fue así; tampoco les llamó la atención que se hiciera presente el propio Fiscal General del Estado, el abogado Oscar Latorre, hasta hace unos meses atrás, nada más y nada menos que el apoderado de la familia Argaña, el abogado querellante representante de la familia Argaña en el juicio de la muerte del Dr. Luis María Argaña; asesor y promotor de la recompensa que se ofreció por la cabeza del peticionario de refugio (USS. 100.000) - según la denuncia formulada por Luis Rojas, como se la describe precedentemente - Por otro lado, a cualquiera le resultaría inaudito que se llegara este funcionario para tratar de contrarrestar el pedido de refugio, puesto que se trataba de la más alta autoridad del Ministerio Público; no fue el Fiscal de alguna causa el que viajó; era la máxima autoridad de los Fiscales y, coincidentemente, ex abogado de la familia Argaña, hecho este que se encuentra probado en el expediente de solicitud de extradición del Gral. Oviedo, donde está agregada la fotocopia autenticada de la causa que investiga la muerte del Vicepresidente Argaña. A estos dos anteriores, acompañaron un representante del Centro de Investigación Judicial y un Diputado; solo faltó el Presidente de turno de la Corte Suprema de Justicia - que no sería nada raro tratándose del Paraguay de hoy - y el circo hubiera resultado completo.

La prueba más fehaciente de que el Gral. Lino Oviedo es un perseguido en el Paraguay, lo daban, en forma grotesca y extravagante, la comitiva de referencia; sin embargo, se los hizo parte y se les dio curso. En cualquier país del mundo civilizado - menos Brasil, ahora lo sabemos - la sola presencia de personajes como los arriba mencionados ameritan la inmediata concesión del Refugio. El precedente sentado en el Brasil es nefasto para la institución del Refugio  en el mundo. Imagínense si, en su momento, el Estado de Guinea en el África Occidental, para procesar los pedidos de Refugios de los sierraleoneses, tuviera que dar participación al Gobierno de Sierra Leona, cuando ya habían sucedido decenas de miles de muertes, violaciones y mutilaciones; la pregunta obligada es si Pakistán deberá dar intervención al Fiscal General de los talibanes - hoy en guerra - para conceder o no Refugio a un perseguido por el régimen talibán que huye de Afganistán. Según el ex Ministro de Justicia del Brasil y el CONARE, ese debería ser el procedimiento... Sobran las palabras.

El Art. 32 de la Ley brasileña Nº 9474 del 22/07/97, que reglamenta el tema del Refugio y su procedimiento de concesión, establece, clara y taxativamente, la cláusula de "NO RETORNO" al país de origen o residencia habitual del peticionante de Refugio, mientras permanezcan o subsistieren las circunstancias que pondrían en riesgo la vida, la integridad física o la libertad del solicitante de Refugio. Esto, en apariencia, resulta contradictorio, puesto que si el Brasil rechaza el pedido de Refugio de una persona, podría pensarse que efectivamente toma esa posición porque no ha encontrado mérito para otorgar el estatuto, es decir, ha encontrado que no existe persecución o riesgo de vida u otra razón esgrimida en la Convención; pero lo que particularmente Brasil entienda o no como persecución o peligro de vida en un momento histórico determinado, puede o no coincidir con la realidad de los hechos, puede o no coincidir con la posición de otros Estados del mundo civilizado, puede o no estar acorde con lo establecido con la Convención Internacional sobre el Estatuto de los Refugiados. No por eso una persona que reclama Refugio, queda fuera del ámbito de protección de las Naciones Unidas u otros países que pudieran hacerlo; esa es la sabiduría de la Convención. Además debe tenerse en cuenta que la Convención es un instrumento Internacional del cual es signatario Brasil; en otras palabras, es un Instrumento Internacional el cual está obligado a cumplir y su incumplimiento le acarreará una serie de medidas negativas en su contra; existen sanciones a nivel internacional para quienes incumplen con sus compromisos internacionales; no es lo mismo violar la Ley interna o la Constitución del Brasil, por los brasileños, que violar un Tratado Internacional y quedar expuesto, en la mira del concierto de las naciones libres y, además, con la posibilidad de que el sujeto, víctima del incumplimiento del compromiso internacional, recurra ante los estrados internacionales y denuncie este hecho, de tal suerte que la realidad quede expuesta a la consideración mundial, y no oculta entre trámites burocráticos, funcionarios corruptos y cómplices .

En aplicación del Art. 32 de la Ley 9474/97, el ciudadano paraguayo cuyo refugio, eventualmente, sea denegado por el Estado del Brasil, NO PODRA SER DEVUELTO, NI ENTREGADO, BAJO NINGUNA CIRCUNSTANCIA, AL PAIS DE SU NACIONALIDAD O RESIDENCIA HABITUAL DEL CUAL HA DENUNCIADO SER PERSEGUIDO O DONDE SU VIDA, INTEGRIDAD FÍSICA Y LIBERTAD ADUJO ESTAR EN RIESGO".

Esto no es invento ni interpretación interesada, sino lo dispuesto por la Ley y la Convención, y sin duda alguna, planteará una situación legal y de hecho, en la cual el Superior Tribunal Federal que es el organismo judicial que tiene a su cargo el otorgamiento o no de extradición de Lino Oviedo, quedará en una encrucijada difícil de sortear, debiendo sentar jurisprudencia a nivel nacional en el Brasil y a nivel internacional.

Esto es así, puesto que, no pudiendo ser devuelto Lino Oviedo al país de origen, como lo manda la Convención y el Art. 32 de la Ley 19474/97, el juicio de extradición carece de sentido y aplicación práctica, ya que, de llegar a dictarse sentencia definitiva, podrían originar un raro caso, pero no inexistente, de dictar una sentencia de cumplimiento imposible, contrario a la Ley y a un Tratado Internacional. Si no archivan el proceso de extradición puede darse el caso de que dicten sentencia definitiva, la cual solo puede tener dos sentidos: a) Concediendo la Extradición y b) Denegando la Extradición. De producirse el caso "b)" no habría ningún tipo de problemas pues coincidiría con la aplicación de la Ley y la Convención en el sentido de la no-devolución del solicitante de refugio a su país de origen; pero de producirse el caso "a)", nos encontraríamos con que el STJ ordena la extradición de Lino Oviedo, es decir, la entrega del mismo al país del cual él dice ser perseguido y en cuyo lugar estaría en peligro su vida y su integridad física, lo cual sería de cumplimiento imposible, teniendo en cuenta lo preceptuado por el Art. 32 de la Ley 9474/97 y la solicitud de Refugio en el Brasil por parte del mismo; sin duda, eso ameritaría la declaración de Sentencia arbitraria, inconstitucional y «contra legem».

Cada país una vez que haya convertido en Ley de la nación la Convención sobre el estatuto de Refugiado, reglamenta el modo, la forma, el procedimiento, mediante el cual una persona que sea perseguida o cuya vida esté en peligro por variadas razones, puede solicitar refugio de tal suerte a recibir la protección de la que habla la Convención sobre el Estatuto de Refugiado. Invariablemente, en todos los países signatarios de la Convención, se solicita, a los que pretenden obtener el Estatuto de Refugiado, que aporten la mayor cantidad de pruebas sobre la persecución de que son objetos o la razón, causa o motivo por los que su vida correría peligro en su país de origen; es lo que se conoce como peligro de vida en algunos casos, peligro de muerte en otros. Las pruebas sobre las situaciones denunciadas no siempre son aportadas en abundancia por los que pretenden el Refugio, debido a que por la misma situación que los hace solicitar el Refugio, les resulta imposible contar con esas pruebas por cuanto, la mayoría de ellos, han tenido que abandonar sus países en forma intempestiva, inesperada, han tenido que salir huyendo -la mayoría de las veces - con lo que tenían puesto y nada más; casi nunca uno está preparado para cambiar de vida en cuestión de minutos u horas, y además tener tiempo para juntar pruebas para un posible Asilo o Refugio; la persona huye, salva su vida y luego se verá. Tanto es así que, en la generalidad de los casos, ni siquiera cuentan con los documentos personales aquellos que se presentan a solicitarla calidad de Refugiado y tienen que recibir certificados o documentos temporales hasta tanto se resuelva definitivamente su situación.

Un proceso de concesión del Estatus de Refugiado tiene un tiempo de duración variable, dependiendo esto de cada país; en la Argentina, por ejemplo, puede durar entre un año a cinco; en otros, menos; en otros, más. En todos los casos los Estados que concederán la protección del Refugio, proceden a juntar la mayor cantidad posible de información sobre el solicitante, información objetiva, y esta labor se hace más o menos difícil, según la situación particular de cada persona; unas han llevado una vida pública que ha dejado en los medios de comunicación rastros indiscutibles de la persecución de que han sido objeto o del peligro que correría su vida si regresaran al país de origen; otros, sin embargo, no tienen la suerte de que su vida de perseguido o amenazado; conste en los medios de prensa o semejantes, de tal modo que la comprobación de las alegaciones que hacen sobre su estado de peligro o persecución resulta mucho más difícil, pero no por eso es menos importante o acuciante. Como se sabe, en este caso, se obvió toda investigación, no se cumplió con el procedimiento ordenado por la Ley en el sentido de la aplicación del Art. 18 de la Ley 9474/97 que ordena la comparecencia del peticionante y la recolección de pruebas; se le ha perjudicado a Lino Oviedo y se ha convertido su Resolución con respecto al Refugio, la que fue dictada en el más breve tiempo en todo el mundo (lo que demuestra poca seriedad o manifiesta parcialidad) un manejo político de algo que, por esencia y objetivo, es y debe ser absolutamente apolítico.        

Queda algo en qué pensar : "Qué percepción tan distinta de la realidad paraguaya tiene el ex Ministro de Justicia del Brasil comparada, por ejemplo, con la posición del Departamento de Estado de los Estados Unidos con respecto a la Justicia en el Paraguay". ¿Percepción distinta o conveniencia política y económica? La historia nos dirá.

A la fecha de esta publicación, los abogados defensores del Gral. Oviedo, en fecha 22 de noviembre del 2001 ha retirado la solicitud del carácter de «Refugiado» en razón a la extremada dilación en el tratamiento de este tema, amén de la solicitud de «Extradición» formulada por el Gobierno paraguayo, que ha motivado que el afectado se encuentre privado de su libertad desde hace 18 meses. En consecuencia, el Gral. Oviedo se somete a la decisión del Superior Tribunal de Justicia en lo que se refiera a la «Extradición».

 

XIX. SITUACIÓN ACTUAL.

Contra el Gral. Oviedo, aún no pudo aplicarse la condena de diez años -de hecho no corresponde porque el mismo había obtenido asilo político en la Argentina y, luego de la asunción del Presidente Fernando De la Rúa, pasó a la clandestinidad hasta su aprehensión en la República Federativa del Brasil, fecha desde la cual viene siendo reclamado por el actual Gobierno paraguayo, por vía de extradición, como "responsable moral" de los hechos acaecidos en marzo de 1999 (!), de los cuales jamás se demostró nada en su contra. Esta carta ya está muy gastada en este «juego». Nótese, que el Gobierno paraguayo no solicitó la extradición en base a la condena de diez años, dictada por el TME, en razón de no corresponder la extradición por motivos políticos, religiosos, o delitos de naturaleza militar. Al respecto, cabe señalar que en el supuesto caso en que sea concedida la extradición por la causal arriba señalada, el Gral. Oviedo ya no cumplirá la condena de diez años que le fuera impuesta originariamente por el TME (aunque ella ya fue derogada por el mismo TME) en razón de que el artículo 2°, apartado 2, del Tratado de Extradición, firmado con la República Federativa del Brasil el 24 de febrero de 1922, y ratificado por Ley N° 666 del 25 de septiembre de 1924 por la República del Paraguay, establece que: "el delincuente así entregado, sólo podrá ser juzgado por el delito que motivase el pedido de extradición, salvo si, puesto en libertad, permaneciese en el territorio del país requirente más de treinta días, después de los cuales podrá ser juzgado por otro delito que allí hubiese cometido".

Desde nuestro punto de vista, el Gobierno Brasileño, por medio de sus tres poderes utiliza el caso del Gral. Oviedo «como moneda de cambio» con el Gobierno paraguayo por la concesión de un sinnúmero de ventajas en Itaipú, en el MERCOSUR y, ni qué decir, de lo peticionado en relación a Ciudad del Este - todas ellas satisfechas por el Gobierno Paraguayo - que es una Ciudad en vías de extinción.

El último acontecimiento en Itaipú -ignoramos qué otras ventajas adicionales debe estar recibiendo Brasil, pero seguros estamos de que existen- se refiere a la decisión sobre la disminución de la cota de Embalse que según Tratado debía estar a 220 metros sobre el nivel del mar (msnm) y, sin embargo, a efectos de satisfacer demanda del mercado interno de Brasil, se reducirá a 210 msnm, sin compensaciones para la Rca. Del Paraguay.

Es una ignominia y una repugnante bajeza cosificar a las personas convirtiéndolas en «moneda de cambio». Es un atentado gravísimo contra el más fundamental principio de la Ética: «El respeto de la dignidad de la persona».

Por lo expuesto, ignoramos cuál será el resultado final del tema pendiente: la concesión o no de la "Extradición Política Disfrazada" solicitada por el Gobierno paraguayo, en virtud a la naturaleza política de los crímenes imputados, amén de su nula sustentación jurídica. Pero cualquiera sea el corolario de este tema, los responsables de esos hechos deben tener presente que no podrán erradicar del corazón de la gran mayoría del pueblo paraguayo, esa esperanza de un porvenir más venturoso para ellos y sus hijos, que ha engendrado en sus mentes el Gral. Oviedo, y que se ha de materializar un poco antes o más tarde, pero con seguridad llegará la hora de la verdad. La Justicia triunfará sobre la injusticia.

 

XX. CONCLUSIÓN.

Las causas penales iniciadas contra General Oviedo tienen, desde el punto de vista formal, todas las apariencias de las tramitaciones jurídicas normales. Pero allí se detienen las cosas, porque, desde la primera actuación hasta la última, se constata que, además de prejuzgamiento, existe el propósito frío y deliberado de burlar leyes de fondo y forma, para adecuar el caso a los intereses en juego.

Si toda hipocresía es detestable en sí misma, la peor de todas es aquella en la cual el juzgador simula ajustarse estrictamente a derecho, inclusive con alarde de aparente celo magistral y ético, mientras, en realidad, viola el espíritu y la letra de cuantas normas manosea, para llegar a resultados falsos, dañando al máximo a quien espera justicia. Perjudica gravemente al prójimo y prostituye la justicia. ¿Puede concebirse felonía mayor: traicionar la justicia, en nombre de la justicia y de la ética?

La historia humana, pletórica de tales farsas judiciales, que han alcanzado celebridad, está preñada de procedimientos elaborados al solo efecto de obtener un sentido inverso, al igual del que nos ocupamos. Se pone de resalto así el propósito malicioso de apelar al anti derecho y decapitar los valores substantivos que regulan la convivencia humana civilizada. ¿Es concebible, en personas bien nacidas, la determinación de hacer el Mal en nombre del Bien con el expreso objetivo de satisfacer nada más que sus mezquinos intereses, perjudicando, no sólo a una persona, sino a la Patria misma? ¿Qué castigos merecerán estos delincuentes de «lesa Patria»?

En el caso que ahora presentamos, ocurre eso mismo, con caracteres tan abundantemente torcidos, que pareciera que el Poder Judicial, en su lado civil y castrense, no pretende otra cosa que consagrar el absurdo, vistiendo el error con el ropaje de la verdad.

Pero a esta altura de los tiempos, semejante "proeza" está destinada al fracaso. Los estudiosos ofrecen numerosos paradigmas de intolerancia, falsedad ideológica, manipulación de testimonios, torturas psicológicas y, en fin, toda una parafernalia de los fementidos montajes que nuestras nulidades tribunalicias, aunque revestidas de toga, carecen de la creatividad necesaria para innovar el escenario del clásico teatro de títeres, dirigidos desde el Capitolio.

No obstante, al General Oviedo le estaba deparando el destino protagonizar, como víctima, el último episodio procurado por una judicatura adversa. Y, con inmenso dolor moral, vemos entonces la imagen de quienes, habiendo renunciado a la dignidad humana y cayendo más bajo aún que los peldaños de la propia indecencia, experimentan el gozo de uncirse como esclavos al carro de la barbarie, deleitándose en la ciénaga de su servidumbre.

En este somero estudio, y su riqueza representada en los documentos que se anexan, se aprecia, en toda su extensión, cómo se articuló el torvo aparato neo inquisitorial, buscando destruir a un hombre, sin poder lograrlo en ningún momento, porque la sociedad contemporánea ya está madura para distinguir entre la verdad y la falacia. Pero el daño a la Patria, se lo cobrará la Historia a través de la sentencia de la ciudadanía.

Basta leer atentamente los infinitos recodos de las Resoluciones que incriminan al Gral. Oviedo, para asimilarla flagrante violación de las garantías constitucionales y de las normas que regulan el debido proceso. De esta comprobación irrefutable surge la nulidad absoluta de todo lo obrado en contra del General Oviedo, al tiempo que cobra cuerpo la responsabilidad penal de todos aquellos que, desde el ángulo que les cupo actuar, fueron autores, cómplices y encubridores de este monumental fraude judicial, del que inexorablemente tendrán que responder ante la Historia. Cada uno responderá por sus actos, sin duda alguna.

Tanto fue así, que nunca, en las sentencias más difíciles, se tuvo unanimidad. Siempre el fallo fue dividido cinco a cuatro. Siempre funcionó el "Pacto Político" que se gestó con los partidos de oposición, con el Gobierno de Wasmosy, cuatro miembros para la Corte representando a los partidos de oposición, cuatro del Partido Colorado y un Miembro de consenso. Es evidente que el ex Presidente Wasmosy manejó a su antojo la mayoría, y consiguió su objetivo de impedir que el Gral. Oviedo accediera a la primera magistratura de la nación... Pero ello fue coyuntural por cuanto no pueden cinco o, incluso, nueve miembros de ningún Poder, impedir que se materialice la voluntad y el deseo de la gran mayoría del pueblo paraguayo que confía en el Gral. Oviedo y quiere que el mismo acceda a la primera magistratura de la República. En pocas palabras: no se puede detener la Historia. Hegel la comparaba con un río. Y nadie, con artimañas y pirotecnias sofísticas, podrá jamás detener un río.

La nación paraguaya debe tomar nota cuidadosa de nombres y apellidos de cuantos se involucraron en este contubernio de lesa justicia, para que, por un lado, caiga sobre ellos todo el peso de la ley; y por otro, sirva de escarmiento a quienes, en una hora decisiva para la patria, desertaron cobardemente del cumplimiento del deber. Este ha sido, sin duda, el proceso judicial más escandaloso registrado en los anales de nuestro país.

Existe un dicho en latín "Véritas filia témporis "(La verdad es hija del tiempo). Confiados aguardamos que el análisis de los hechos relatados ayude a esclarecer algunas de esas verdades, y que nunca más la injusticia prime sobre la justicia.

Un luminoso amanecer se avecina. El sol radiante de la verdad resplandecerá. La Justicia imperará.

Es, no sólo una expresión de deseos, sino de la esperanza más grande de que, muy pronto, nuestra amada patria pueda levantarse de su postración, gobernada por los fuertes brazos de ciudadanos éticos que buscarán, con todas las fuerzas de sus mentes de paraguayos leales, servirla siempre, y nunca más servirse de ella.

 

 

ILUSTRACIONES FOTOGRÁFICAS.

 

ANEXOS

I. DOCUMENTOS CITADOS EN EL TEXTO

Documento N° 1

Nota cursada por el Dr. Anthony Stanley al Gral. Oviedo en fecha 30 de Agosto del 2001 donde clarifica todo lo referente a la falsa acusación sobre la basura tóxica.

Documento N° 2

Orden Particular N°- 59 del 03.10.97, dictada por el Comandante en Jefe de las FFAA: de la Nación, por la cual se ordena el arresto por 30 (treinta) días del Gral. Div. (SR) Lino César Oviedo Silva.

Documento N° 3

Recurso de Habeas Corpus acogida favorablemente por la Jueza Blanca Florentín por A.I. N°- 9 del 03.10.97

Documento N° 4.

Recurso de Habeas Corpus Preventivo acogido favorablemente por el Juez Antonio Roux Vargas por A.I. N°- 376 del 30.10.97.

Documento N° 5

A.I. N°- 1.334 del 31.10.97, dictada por la Corte Suprema de Justicia, por la cual la Corte asume su competencia originaria en el Habeas Corpus planteado por el Gral. De Div. (S.R.) Lino César Oviedo Silva.

Documento Nº 6

A.I. N° 1.335 del 31.10.97, dictado por la Corte Suprema de Justicia, por el cual la Corte declara nulo el A.I. N° 376 del 30 de octubre de 1.997, dictado por el Juzgado de 1ra. Instancia en lo laboral del 3er. Turno.

Documento N° 7

Resolución N°- 321 del 31.10.97, dictada por la Corte Suprema de Justicia, por la cual suspende sin goce de sueldo al Juez Antonio Roux Vargas del Juzgado de 1ra. Instancia en lo Laboral del 3er. Turno.

Documento N° 8

Resolución N°- 325 del 05.11.97, dictada por la Corte Suprema de Justicia, por la cual se dispuso la suspensión provisional de la Jueza de 1ra. Instancia en lo Correccional del Menor del 2do. Turno (Abog. Blanca Florentín).

Documento N° 9

Acuerdo y Sentencia N° 706 del 11 de diciembre de 1997 dictado por la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia por el cual se hace lugar a la acción de inconstitucionalidad promovida por el Comandante en Jefe de las FF.AA. de la Nación contra el A.I. N° 269 del 21 de octubre de 1997, dictado por el Tribunal de Apelación del Menor de la Capital y se revoca el A.I. N° 9 del 3 de octubre de 1997, dictado por el Juzgado de 1ra. Instancia en lo Correccional del Menor del 2do.Turno.

Documento N° 10

Acuerdo y Sentencia N° 713 del 12 de diciembre de 1997, dictado por la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, por el cual se rechaza la acción de inconstitucionalidad promovida por el Gral. Div. (SR) Lino César Oviedo Silva contra la Orden Particular N° 59 del 3 de octubre de 1997, dictada por el Comandante en Jefe de las FF.AA. de la Nación.

Documento N° 11

Acuerdo y Sentencia N°- 754 del 31 de diciembre de 1997, dictado por la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia por el cual se rechazó la acción de inconstitucionalidad promovida por el Gral. Brig. (SR) Sindulfo Fernando Ruiz Ramírez contra el Art. 290 del Código de Procedimiento Penal Militar y Decreto N° 17365 del 29 de mayo de 1997, dictado por el Poder Ejecutivo.

Documento N°12

A.I. N°- 2/98 del THE del 08.01.98 por la que ordena la detención del Gral. Div. (SR) Lino César Oviedo Silva.

Documento N° 13

A.I. N°- 562 del 7 de junio de 1996, dictado por la Corte Suprema de Justicia, que estableció la competencia del Juzgado de Primera Instancia en lo Criminal del Primer Turno para seguir entendiendo en la sustanciación del Sumario, en la que sustrajo la causa del Gral. Oviedo de la competencia de los Tribunales Militares:

Documento N° 14

A.I. N°- 337 del 07.08.96 del Tribunal de Apelación que determina la inexistencia de delito que merezca pena corporal y que pudiera atribuirse al Gral. Lino César Oviedo Silva, otorgando la revocatoria del auto de prisión que dictara el inferior.

Documento N° 15

A.I. N°- 557 del 30.12.96 del tribunal de Apelación en lo Criminal que revoca la calificación de delito de rebelión que hizo el inferior con la cual se ratifica en la inexistencia del delito imputado al Gral. Oviedo.

Documento N° 16

A.I. N° 05/98 del 21 de enero de 1998, del THE por el cual se declara nuevamente competente y solicita al Juez Ordinario, la devolución del expediente y reinicia los trámites.

Documento N° 17

A.I. N°- 8/98 del 30.10.98 del TME, por la que amplía el Sumario incluyéndolo en carácter de procesado al Gral. Oviedo y sustituye la carátula del expediente.

Documento N° 18

A.I. N°- 09/98 del TME que convierte la detención preventiva, en prisión de igual carácter, por intento de subvertir el orden y la disciplina militar, alzamiento a mano Arreada contra los poderes del Estado, y por instar a rebelarse en alzamiento público contra el Gobierno y sus autoridades, insubordinación y asonada, al Gral. Oviedo.

Documento Nº 19

Sentencia Definitiva N° 1/98 del 09.03.98, dictada por el TME, por la cual se condena al Gral. Div. (SR) Lino César Oviedo Silva y al Cnel. DEM (SR) José Manuel Bóveda Melgarejo a sufrir la pena de prisión militar de 10 (diez) años y 3 (tres) años respectivamente.

Documento Nº 20

Nota firmada por el Ing. Wasmosy donde manifiesta que en los días 22 y 23 de abril de 1996 no ocurrió ningún hecho que constituya transgresión o violación a normas constitucionales o legales que afecten el normal desenvolvimiento de las actividades dentro del Ejército o cualquiera de sus unidades componentes.

Documento N° 21

Transcripción del diario ABC "Color" del 25.06.01 de declaración del Gral. (SR) Evaristo González Maldonado donde revela que la condena e inhabilitación del Gral. Oviedo, fue totalmente programada.

Documento N° 22

Transcripción de la declaración indagatoria del Gral. Víctor Aníbal López Jiménez prestada en la Causa N°- 1688 caratulada "Hermes Rafael Saguier y otros s/ hecho punible contra el orden constitucional y la existencia del Estado", donde el mismo revela su participación en el complot para abortar la candidatura del Gral. Oviedo a la Presidencia de la República.

Documento Nº 23

Transcripción de la declaración del Gral. Evaristo González Maldonado el 03.10.00 en la misma causa que la del Gral. López Jiménez, donde corrobora lo declarado por éste, en el sentido de la existencia del complot para inhabilitarlo al Gral. Oviedo en su carrera a la Presidencia de la República.

Documento N° 24

Acuerdo y Sentencia N° 84 del 17 de abril de 1998, dictado por la Corte Suprema de Justicia en pleno, por el cual se confirmó la S.D. N°1 del 9 de marzo de 1998, dictada por el Tribunal Militar Extraordinario.

Documento N° 25

Resolución N°- 537 del 30 de diciembre de 1999, del Ministerio de Defensa presidido por Nelson Argaña que otorga la Medalla del Ministerio de Defensa a los integrantes del Tribunal Militar Extraordinario que, inicialmente; condenaron al Gral. Oviedo a la pena de prisión militar por 10 (diez) años.

Documento N°- 26

Ley Nº 1285/98 por la cual se reglamenta el indulto presidencial, más conocido como "Ley anti-Oviedo".

Documento N° 27

Decreto N°- 28 del 16 de Agosto de 1998, dictado por el Ing. Raúl Cubas Grau; por el cual se reestructuró el Tribunal Militar extraordinario en razón a que algunos de sus miembros, a esa fecha, ya se encontraban en situación de retiro.

Documento N° 28

Decreto N° 117/98 del 18 de Agosto de 1998, por el que el Ing. Cubas Grau, en uso de sus atribuciones constitucionales, conmuta las penas de 10 (diez) años de prisión militar y de baja absoluta impuesta al Gral. Div. (SR) Lino César Oviedo Silva, por la de arresto por 3 (tres) meses; igual medida adoptada con respecto al Coronel DEM (SR) José Manuel. Bóveda Melgarejo.

Documento N°- 29

Resolución N°1 del 19 de Agosto de 1998 dictada por el Congreso Nacional, por la cual se faculta al Presidente y Vicepresidente del Congreso Nacional a recurrir al Poder Judicial para solicitar la nulidad del Decreto N° 117 del 18 de Agosto de 1998, dictado por el Poder Ejecutivo.

Documento N° 30

Acuerdo y Sentencia N° 415 del 2 de diciembre de 1.998, dictado por la Corte Suprema de Justicia en pleno, por el cual se declara la inconstitucionalidad del Decreto N°- 117 del 18 de agosto de 1998, dictado por el Poder Ejecutivo y se dispuso la ejecución del Acuerdo y Sentencia N° 84 del 17 de abril de 1998, dictado por la Corte Suprema de Justicia.

Documento N° 31

A.I. N° 21/98 del 26 de agosto de 1998 del Tribunal Militar Extraordinario que hace lugar al Incidente de Nulidad de actuaciones deducido por la defensa del encausado, Gral. Brig. Sindulfo Fernando Ruiz Ramírez, declarando nulo todo lo actuado. Se dispuso, la libertad del Gral. Ruiz Ramírez, y se declaró que la nulidad de actuaciones resuelta, beneficia a los co-procesados Gral. Div (SR) Lino César Oviedo Silva y el Cnel. DEM (SR) José Manuel Bóveda Melgarejo.

Documento N° 32

Acuerdo y Sentencia N°- 02/98 del 28 de agosto de 1998, del Tribunal Militar Extraordinario que sobresee libremente al Gral. Div. (SR) Lino César Oviedo Silva, Gral. Brig. (SR) Sindulfo Fernando Ruiz Ramírez y el Cnel. DEM (SR) José Manuel Bóveda Melgarejo.

Documento N° 33

Resolución 457 del 3 de septiembre de 1998, dictada por la Corte Suprema de Justicia, por la cual la Corte solicita al Tribunal Militar Extraordinario la remisión de los autos caratulados: "Sumario instruido al Gral. De Div. (SR) Lino César Oviedo Silva, Gral. Brig. (SR) Sindulfo Ruiz Ramírez y Cnel. DEM (SR) José Manuel Bóveda Melgarejo s/ supuestos delitos contra el orden......"

Documento N° 34

Resolución N° 471 del 23 de septiembre de 1998, dictada por la Corte Suprema de Justicia, en la que la misma resuelve dejar a salvo el carácter de cosa juzgada, del Acuerdo y Sentencia N° 84, de fecha 17 de abril de 1998 de la CSJ, declarando que el mismo continúa firme con todos sus efectos jurídicos.

Documento N° 35

Resolución N° 01/99 del 04 de febrero de 1999, del Tribunal Militar Extraordinario (TME) en la que resuelve declarar que el Acuerdo y Sentencia N°- 02 del 28 de agosto de 1998 - que dispuso el sobreseimiento libre y total del Gral. De Div. (SR) Lino César Oviedo Silva, el Gral. Brig. (SR) Sindulfo Ruiz Ramírez y el Cnel. DEM (SR) José Manuel Bóveda Melgarejo, a la fecha se halla firme y ejecutoriada sin que las disposiciones legales y jurisdiccionales lo hayan anulado o revocado, por lo que ha pasado en autoridad de cosa juzgada.

Documento N° 36

Decreto N°1.200 del 9 de diciembre de 1998, dictado por el Poder Ejecutivo, por el cual se toma nota del Acuerdo y Sentencia N° 415 de la Corte Suprema de Justicia y se dispuso se tome razón de la declaración judicial de inconstitucionalidad del Decreto N° 117 del 18 de agosto de 1998 y ordenar su registro:

Documento N° 37

Nota S.J. II N° 10 del 5 de febrero de 1999, remitida por el Presidente de la Corte Suprema de Justicia, Dr. Wildo Rienzi, al Presidente de la República, Ing. Raúl Cubas Grau, a fin de reiterar al oficio N°- 968 del 4 de diciembre de 1998 en donde se comunicó que la CSJ por SD N° 415 del 2 de diciembre de 1998 hizo lugar a la mencionada acción de inconstitucionalidad, disponiéndose la ejecución del Acuerdo y Sentencia N° 84 del 17 de abril de 1998.

Documento N° 38

Nota S.J. II N°11 del 5 de febrero de 1999, remitida por el Dr. Rienzi al Director del Registro Electoral, a fin de solicitar la exclusión del padrón electoral al Gral. Oviedo y al Cnel. Bóveda.

Documento Nº 39

Nota N° 156 del 5 de febrero de 1999, remitida por el Ing. Cubas Grau al Dr. Rienzi , rechazando las expresiones contenidas en la Nota S.J. II N°10, por cuanto el Presidente de la Corte no tiene atribuciones ni competencias para disponer en forma personal la ejecución de una Sentencia.

Documento N° 40

Resolución N° 02/99 del 26 de marzo de 1999 del TME en la que, teniendo en cuenta que el Ing. Cubas Grau dispuso dos veces el arresto del Gral. Oviedo en el asiento del Regimiento "Guardia Presidencial", en cumplimiento a lo dispuesto por la Corte Suprema de Justicia y a disposición del Tribunal Militar Extraordinario, resuelve comunicar al señor Comandante de las FF.AA. de la Nación que, en la presente causa, en este TME, no pesa medida restrictiva de libertad contra el Gral. Div. (SR) Lino César Oviedo Silva ni el Cnel. DEM (SR) José Manuel Bóveda Melgarejo.

Documento N° 41

Decreto N° 2316 del 6 de abril de 1999, dictado por el Poder Ejecutivo surgido del "golpe de mayo", por el cual se revoca el Decreto N°1.200 del 9 de diciembre de 1999 y, dispone el cumplimiento de las medidas de prisión y baja absoluta para el Gral. Oviedo y el Cnel. Bóveda.

Documento N° 42

Declaraciones del ex Comandante de la Policía Nacional, Crio Gral. (SR) Niño Trinidad Ruiz Díaz, al diario ABC "Color" en fechas 7, 8 y 10 de octubre del 2001.

Documento N° 43

Dictamen Fiscal N° 290 que aconseja la inclusión del Gral. Oviedo en la causa que investiga la muerte del Dr. Argaña.

Documento N° 44

A.I. N° 555 del 5 de mayo de 1999, por el cual el Juzgado a cargo del Dr. Jorge Bogarín, hace lugar al Dictamen Fiscal e incluye al Gral. Oviedo en la causa que investiga la muerte del Dr. Argaña.

Documento N° 45

Publicaciones del Diario ABC «color» en relación a los testigos falsos del caso de la muerte del Dr. Argaña.

Documento N° 46

A.I. N°- 1681 del 25 de julio del 2000, dictado por el Juez Jorge Bogarín que sobresee al Gobernador de Amambay, Víctor Hugo Ramón Paniagua Fretes.

Documento N° 47

A.I. N°- 2.226 del 24 de octubre del 2000, dictado por el Juez Jorge Bogarín, por el que decreta el sobreseimiento parcial y provisional a favor de los Señores Conrado Pappalardo Zaldívar y Bonifacio Nara.

Documento N° 48

Denuncia por coacción en concurso real con cohecho, amenaza de muerte y asociación ilícita, formulada ante la Corte Suprema de Justicia de la Rca. Argentina por Luis Alberto Rojas (acusado por el asesinato del Dr. Argaña) contra los Señores: ROLANDO GOIBURU (ex Cónsul del Paraguay en Buenos Aires), DR. JORGE ENRIQUE BOGARIN GONZÁLEZ (Juez de la causa del crimen del Dr. Argaña y muerte de jóvenes en la plaza) OSCAR LATORRE (ex Abogado de la Flia. Argaña y actual Fiscal General del Estado) Y NELSON ARGAÑA (hijo del Dr. Luis María Argaña y ex Ministro de Defensa a la fecha de la acusación).

Documento N° 49

Acta Notarial solicitado por la Señorita Belinda Gómez (hija del Senador Octavio Manuel Gómez) y Certificado Médico de las lesiones sufridas por el Senador Enrique González Quintana.

Documento N°. 50

Dictamen Fiscal N° 236 del 28 de marzo de 1999, que solicita la inclusión del Gral. Oviedo en la causa que investiga la muerte de los jóvenes en la plaza.

Documento N° 51

A.I. N° 288 del 28 de marzo de 1999 por el cual el Juez Gustavo Ocampos González hace lugar a la petición del Fiscal y resuelve ampliar el Sumario e incluir al Gral. Oviedo en carácter de procesado en la causa que investiga la muerte de los jóvenes en la Plaza, decretando su detención preventiva.

Documento N° 52

Declaraciones en sede Judicial del Capitán de Navío (SR) Carlos Cubas Vildosola y el Dip. Franklin Boccia, en base a las cuales se sustenta el pedido de extradición del Gral. Oviedo en la causa que investiga la muerte de los jóvenes en la plaza.

Documento N° 53

Ley N°- 9474 del 22 de julio de 1997 de la República Federativa del Brasil, que define mecanismo para la implementación del Estatuto de los Refugiados del año 1951 y determina otras providencias.

 

II. DOCUMENTOS DIVERSOS

A

Orden General N°- 91 del 22 de abril de 1996, dictada por el Comandante en jefe de las FF.AA. de la Nación, por la cual dispuso el relevo del Gral. Div. Lino César Oviedo Silva como Comandante del Ejército.

B

Decreto N°-13098 del 23 de abril de 1996, dictado por el Poder Ejecutivo, por el cual nombra como Comandante del Ejército al Gral. Div. Oscar Rodrigo Díaz Delmás en reemplazo del Gral. Div. Lino César Oviedo Silva.

C

Decreto N° (sin número ni fecha) por el cual se nombra Ministro de Defensa Nacional al Gral. Div. Lino César Oviedo Silva.

D

Nota del 24 de abril de 1996, del Gral. Lino César Oviedo dirigida al Comandante en Jefe de las FF.AA. de la Nación, solicitando su pase a retiro del cuadro permanente de las FF.AA. de la Nación.

E

Decreto N°- 13099 del 24 de abril de 1996, dictado por el Poder Ejecutivo, por el cual se acuerda el pase a retiro del Gral. Div. Lino César Oviedo Silva del cuadro permanente de las FF.AA. de la Nación.

F

A.I. N°- 4/96 del 16 de diciembre de 1996, dictado por la Suprema Corte de Justicia Militar, por el cual declara la procedencia de la formación de un Tribunal Militar Extraordinario para juzgar a Generales.

G

Decreto N°-17365 del 29 de mayo de 1997, dictado por el Poder Ejecutivo, por el cual se designan los integrantes del Tribunal Militar Extraordinario para juzgar a Generales.

H

Nota del 18 de agosto de 1998 del Presidente de la República al Presidente de la Corte Suprema de Justicia, por la cual solicita informe sobre las condenas impuestas al Gral. Div (SR) Lino César Oviedo Silva y al Cnel. DEM (SR) José Manuel Bóveda Melgarejo.

H

Nota del 18 de agosto de 1998 del Presidente de la Sala Penal al Presidente de la Corte Suprema de Justicia, por la cual informa sobre las condenas impuestas al Gral. Div. (SR) Lino César Oviedo Silva y al Cnel. DEM (SR) José Manuel Bóveda Melgarejo.

I

Nota NSP N°- 83/98 del 18 de agosto de 1998 del Presidente de la Corte Suprema de Justicia al Presidente de la República, por la cual se informa sobre las condenas impuestas al Gral. Div. (SR) Lino César Oviedo Silva y al Cnel. DEM (SR) José Manuel Bóveda Melgarejo.

J

Nota NSP N°- 84/98 del 19 de agosto de 1998 del Presidente de la Corte Suprema de Justicia al Presidente de la República, por la cual se comunica que el informe remitido por la Corte no cumplía el requisito para la conmutación.

K

Nota del 20 de agosto de 1998 del Presidente de la República al Presidente de la Corte Suprema de Justicia, por la cual se contesta la nota N° 84/98.

L

Nota remitida por el Ing. Raúl Cubas Grau al Sr. Williams Jefferson Clinton, Presidente de los Estados Unidos de América, en fecha 25 de marzo de 1999 (dos días después del asesinato del Dr. Argaña) solicitando oficialmente asistencia del Gobierno americano para que sus agencias policiales y/o de investigación puedan colaborar con el Gobierno del Paraguay en la investigación del hecho (La misma no tuvo respuesta ni se accedió a lo solicitado).

M

Votos en la Cámara de Diputados el día 24 de marzo de 1999 en ocasión del tratamiento de la acusación para el «juicio político» al entonces Pdte. De la Rca. Ing. Raúl Cubas Grau.

M

Nota de fecha 28 de marzo de 1999 remitida por el Presidente de la República, Ing. Raúl Cubas Grau al Presidente del Congreso Nacional, por la cual presenta renuncia al cargo.

N

Acta de Manifestación de hechos formulado por el Sr. Marcelo Paz Ibáñez en fecha 4 de abril del 2000, en su carácter de Coordinador de "Jóvenes en vigilia permanente por la democracia" (JOVIPE), en la que expresa, entre otras cosas, que el día de la matanza de los jóvenes en la plaza (26 de marzo de 1999) los disparos provenían desde las sedes de ambas Cámaras del Congreso.

 

 

 



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