UNA PROPUESTA ÉTICA

ANÁLISIS DE LA REALIDAD NACIONAL

Autor: CARLOS ROMERO PEREIRA

Editorial HISTÓRICA.

Asunción – Paraguay

1987 (509 páginas)

A MODO DE PROEMIO

         En un momento en que las diatribas personales y los ataques recíprocos en la dirigencia del Partido Colorado vienen a suplantar la carencia de ideas, proyectos y programas con que encarar el futuro, el Ing. Carlos Romero Pereira, un joven exponente del elenco pensante de la Asociación Nacional Republicana, se presenta ante la ciudadanía paraguaya, y ante la de su propio partido, para ofrecer un conjunto coherente de ideas y proyectos tendientes a reencaminar a la República por el sendero de la convivencia democrática, del respeto a los derechos humanos, y de la participación ciudadana en la solución de los problemas que aquejan a nuestras estructuras.

         Propone al efecto la recuperación de un concepto básico, el de la República. Proyecto extremadamente ambicioso que va surgiendo en nuestra conciencia en forma nítida página tras página, renglón tras renglón, hasta conformar un todo.

         No son pocos los que acusan a los políticos de carecer de propuestas, y esto, aunque duela reconocerlo, es esencialmente cierto. Pero ocurre que al juzgar estas acusaciones debemos tener en cuenta que una propuesta no es sólo un conjunto de ideas ni un programa a ser desarrollado cuando alguien asuma potestades gubernativas. Una propuesta política es como una moneda, posee esencialmente dos caras, una objetiva y una subjetiva. No importa sólo lo que se diga, sino además quien lo diga; de tal modo, la credibilidad se ha convertido en un elemento indispensable en la tarea de presentar propuestas políticas. Los sofistas se encuentran definitivamente sepultados en la conciencia ciudadana.

         El Ing. Romero Pereira, por su parte, ha tenido una restallante actuación en los últimos años. Sorprendió a los viejos dirigentes del partido y a la nueva generación, anhelante ésta de novedades en un ambiente esclerosado y enmohecido por una monótona letanía de ficciones superpuestas a crudas realidades, con un llamado imperativo a la autocrítica no sólo partidaria, sino además nacional.

         Esta actitud fue rápidamente repudiada por los detentadores del poder, que vieron en él no sólo una amenaza, por lo que representa como exponente de una nueva generación que desea reencauzar la vida social del país, sino sobre todo por el cuestionamiento radical a toda una época y a una concepción de la política paraguaya.

         Declarado "desertor" por la máxima exponencia del régimen autoritario que gobierna en nombre del Partido Colorado, Romero Pereira fue rápidamente radiado del único cargo rentado que ocupaba en la administración pública. Una medida inconstitucional e ilegal del Poder Ejecutivo así lo determinó, aportando una prueba más, por si faltaba, de que en el Paraguay efectivamente, como se dice en los propios discursos oficiales "se manda", pero, lo que es seguro, que "no se gobierna"... Manda la voluntad omnímoda de un hombre que, además, se considera dueño de todo, del país, de los cargos públicos, de las conciencias, de los partidos políticos, de los hombres, pero por sobre todas las cosas, de las voluntades, que establece él mismo, son "mayoría".

         Carlos Romero Pereira declaró que su destitución de la función pública constituía para él una condecoración en su lucha por la democracia y los derechos humanos en el Paraguay y, de paso, no sólo ratificó que en el Paraguay "se manda", sino además desafió a ese mando estableciendo una categoría ante la cual ese poder carece de efectos: el de la conciencia de los individuos.

         Liberado del cargo con el que el régimen pretendía mantenerlo prisionero ideológico de sus arbitrariedades, el joven dirigente del Partido Colorado engrosó las filas de los disidentes de conciencia que padecen del destierro en su propia tierra y en su propio partido, a los que todas las puertas se les cierran impidiéndoles opinar y difundir su pensamiento crítico.

         Sin embargo, ello fue, antes que un obstáculo para él o un determinante de su óbito político, el estímulo excitante para iniciar un lento proceso de maduración reflexiva, de apertura democrática y dialoguista de inmersión profunda en las raíces de los problemas nacionales, y de vivencias intensas con los protagonistas sociales del drama paraguayo: sus campesinos, sus obreros, sus estudiantes, su intelectualidad, en suma, sus capas laborales y pensantes.

         Fruto de esa etapa densa de los últimos meses, Romero Pereira logró reunir junto con sus propios aportes intelectuales, los de un trabajo crítico y reflexivo desarrollado por un equipo interdisciplinario de jóvenes especialistas en las diversas ramas de la realidad paraguaya. Él le imprimió su propio entusiasmo y su incansable trabajo de coordinación, así como ideas básicas y proposiciones claves para la formulación del análisis diagnóstico, y fundamentalmente, para la elaboración de las propuestas rectificadoras.

         De allí surge este documento que hoy se lanza a la opinión pública nacional y muy especialmente a la conciencia crítica y reflexiva del Partido Colorado. Sus autores son muchos y anónimos trabajadores del pensamiento, jóvenes de la nueva generación paraguaya que muy pronto comenzarán a protagonizar el proceso político-social de reivindicación, luego de más de tres décadas de totalitarismo autocrático.

         No se pretende crear nada absolutamente original; es más, se tiene la certeza que todo se ha dicho de una forma u otra, que muchas voces ya se han hecho escuchar en el uso de la palabra, pero eso no impide que una nueva se sume para ratificar conductas anteriores y para demostrar que es realmente mucho lo que nos une.

         Romero Pereira asume a plenitud la responsabilidad moral, intelectual y política de estas propuestas que lanza hoy, no como dogmas de fe, sino como materia de discusión, de análisis, de diálogo para iniciar una labor interpartidaria e intrapartidaria que prepare el camino para el Paraguay del siglo XXI: un Paraguay donde precisamente ya no tendrán cabida los dogmas de una falsa opción mesiánica.

         Aún más, es su intención que en torno a estas propuestas, y a otras de carácter político partidario que también se presentan hoy conjuntamente ¹, surja el profundo proceso de revisión ilimitada de todas las justificaciones que han permitido la sobrevivencia de un despotismo mediocre y mediocrizante, que aparte de imponer 33 años de obras faraónicas logradas con préstamos internacionales que deberán afrontar generaciones futuras, mantuvo a nuestra sociedad en la oscuridad de las cavernas y en el más tremendo primitivismo político e injusticia social.

         Se reúnen de esta manera los dos elementos a que hacíamos referencia antes: una propuesta concreta, tanto en las ideas como caminos y fines por un lado, y por el otro la persona cuya credibilidad se fundamenta antes que nada en su conducta pública.

         El totalitarismo imperante ha destruido en la conciencia colectiva hasta el concepto de la crítica, estableciendo al efecto categorías a la misma, aceptando por un lado las alabanzas bajo la carátula de críticas constructivas, y rechazando apriorísticamente las otras por no pertenecer a la precitada calificación. Hoy, no por novedosos, sino por consecuentes, deseamos recuperar el concepto de cosa pública y en ese sentido reconocemos, no sólo el responsable de la obra, sino todos aquellos anónimos colaboradores, el derecho a la crítica y al disenso, sea la misma constructiva o no. En cualquiera de los casos, el objetivo prioritario del presente trabajo se habrá cumplido: se desarrollará un diálogo en base a ideas y en base a propuestas que pueden y deben ser mejoradas por la sociedad toda. Tanto el compartir como el disentir pertenece a los derechos inalienables del hombre, y sólo con el efectivo uso de esa facultad podremos caminar todos juntos la senda de reconstrucción de la sociedad.

         La participación de la sociedad es el único motor de los cambios, y es el seguro de vida de las ideas políticas. A esa participación se convoca en la presente obra, y a esa participación se convoca en el quehacer nacional, que es, en última instancia, responsabilidad de todos.

         Sólo si asumimos plenamente esa responsabilidad podremos obtener democracia y libertad. Quisiera en este momento recordar el inflexible razonamiento de aquel gran maestro y luchador que fue don Manuel Azaña, cuando decía: "Yo no sé si la libertad y la democracia hacen más felices a los hombres, solo sé que los hacen más hombres".

                  JUAN ERNESTO VILLAMAYOR

¹ Manifiesto al pueblo colorado

y a la ciudadanía paraguaya toda.

   INDICE   

A MODO DE PROEMIO

MANIFIESTO AL PUEBLO COLORADO Y A LA CIUDADANIA PARAGUAYA TODA.

ANÁLISIS DE LA REALIDAD NACIONAL

CAPÍTULO I. EL ORDENAMIENTO JURÍDICO DE LA SOCIEDAD NACIONAL.

LA CONSTITUCIÓN NACIONAL Y LA LEY ELECTORAL     

CAPÍTULO II. LAS FF.AA. Y LOS ORGANISMOS DE SEGURIDAD        

CAPÍTULO III. LA CUESTIÓN AGRARIA

1. EL MODELO DE DESARROLLO PARAGUAYO. ALGODÓN - SOJA.

LA ESPECIALIZACIÓN PRODUCTIVA Y EL CRECIMIENTO HACIA AFUERA

2. LA ESTRUCTURA FUNDIARIA Y EL SISTEMA DE TENENCIA DE LA TIERRA

3. LOS ACTORES SOCIALES EN EL CAMPO        

4. LA ECOLOGÍA Y EL MEDIO AMBIENTE

5. LOS PUEBLOS INDÍGENAS

CAPÍTULO IV. LA CUESTIÓN URBANA

1. LA POLÍTICA URBANA: URBANIZACIÓN Y MUNICIPIOS

2. LA VIVIENDA EN EL SECTOR URBANO

3. LA SITUACIÓN Y LAS PERSPECTIVAS DEL EMPLEO

4. LA ALIMENTACIÓN Y EL MEDIO AMBIENTE

5. LOS ACTORES SOCIALES URBANOS. OBREROS, EMPLEADOS, TRABAJADORES INDEPENDIENTES, ESTUDIANTES Y OTROS

CAPÍTULO V. EDUCACIÓN, CULTURA, CIENCIA Y TECNOLOGÍA. LAS IGLESIAS

1. LA EDUCACIÓN

2. LA CULTURA Y LOS MEDIOS MODERNOS DE COMUNICACIÓN     

3. CIENCIA Y TECNOLOGÍA      

4. LAS IGLESIAS Y EL ESTADO PARAGUAYO  

CAPÍTULO VI. EL ORDENAMIENTO ECONÓMICO DE LA SOCIEDAD NACIONAL

1. ELEMENTOS ESTRUCTURALES DE LA CRISIS ECONÓMICA

2. EL SECTOR PÚBLICO DE LA ECONOMÍA

3. DESARROLLO Y ESTRUCTURA DEL SISTEMA FINANCIERO NACIONAL

4. EL SECTOR PRIVADO

4.1. LAS EMPRESAS TRANSNACIONALES

4.2. EL EMPRESARIADO NACIONAL

4.3. EL SECTOR INDUSTRIAL

4.4. EL SECTOR GANADERO

4,5. EL SECTOR FORESTAL

4.6. EL COMERCIO INTERNO

5. EL SECTOR ENERGÍA

6. EL SECTOR TRANSPORTE

7. LA POLÍTICA ECONÓMICA Y SUS VINCULACIONES CON EL EXTERIOR

CAPÍTULO VII. OTRAS POLÍTICAS PÚBLICAS

1. LA SALUD PÚBLICA

2. LAS MIGRACIONES

3. CONSIDERACIONES PARA FORTALECER LA PARTICIPACIÓN DE LA MUJER COMO ACTOR SOCIAL EN UN PROCESO DEMOCRÁTICO DE CAMBIO

CONCLUSIONES Y PROPUESTAS FINALES

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CAPÍTULO IV 

LA CUESTIÓN URBANA

         1. LA POLITICA URBANA: URBANIZACION Y MUNICIPIOS

         1.1. LA SITUACIÓN URBANA

         El Paraguay se define como un país de características rurales; un 57% de la población vive en zonas rurales según el último Censo de Población (1982). Sin embargo, el 43% restante, que conforma la población urbana, merece especial atención si se tiene en cuenta que el censo anterior, de 1972, reflejaba sólo un 37% de población urbana. En otras palabras, mientras el total de población del país crece a una tasa media anual de 2,5%, el crecimiento urbano promedio nacional es de 3,9%. Esta situación es atípica, si se la compara con otros países de América Latina y sobre todo del Cono Sur. Las causas estructurales que determinan las distintas formas de distribución espacial de la población tienen que ver con determinantes económicos y políticos administrativos, fundamentalmente. El recuento de habitantes de las ciudades y centros urbanos, no dice en sí más que el volumen del problema urbano es el resultado de opciones tomadas por el modelo económico y político.

         En nuestro país, como en los otros de la región, el crecimiento urbano se dio con el ensanchamiento del área metropolitana de la capital principalmente, algún crecimiento de centros intermedios en puntos claves del interior del país y con escaso fortalecimiento de las restantes ciudades del interior del país. En efecto, aún cuando la ciudad de Asunción se mantuvo con una tasa media anual de crecimiento de 1,6 %, hay ciudades aledañas que duplicaron en 10 años su población, como Lambaré, San Lorenzo y Mariano Roque Alonso, con tasas medias anuales de crecimiento del 7,8 %, 7,3 % y 7,1 % respectivamente; e inclusive triplicaron su población en el mismo período, como Villa Elisa que alcanzó una tasa de crecimiento anual del orden del 9,7 %. De esta manera, Asunción con 454.881 habitantes y el resto del Área Metropolitana con 342.797 habitantes concentran el 26 % de la población total del país. Como centros intermedios de más de 20 mil habitantes se encuentran: Ciudad Pte. Stroessner (CPS), Pedro Juan Caballero, Encarnación, Concepción, Coronel Oviedo y Villarrica que totalizan 181.741 habitantes, o bien el 6 % de la población total del país. La evolución y actual ritmo de crecimiento de estos centros es desigual, del mismo modo que el ritmo de otras ciudades del interior del país (ver Cuadro 1). Los determinantes del crecimiento de algunos centros y del estancamiento de otros obedece fundamentalmente a las características del modelo económico, ya que dadas las tasas registradas no es posible pensar en un crecimiento natural de la población que habitaba dichas ciudades diez años atrás. Los procesos de migración interna e internacional pueden considerarse como desplazamientos compulsivos de la fuerza de trabajo, conformación o desactivación de mercados regionales de trabajo, inducidos directa o indirectamente por políticas públicas¹. El país cuenta, además, con otros cuatro centros urbanos medianos; Caaguazú, Pilar, Pte. Franco y Hernandarias, los cuales, a excepción de Pilar, previsiblemente pasarán a la categoría de grandes concentraciones urbanas durante los próximos años. Viven en estas ciudades 56.452 habitantes actualmente, es decir el 1,9% de la población total del país.²

         Finalmente, se cuenta con 18 centros urbanos pequeños, de entre cinco y diez mil habitantes, de los cuales dos, Mcal. Estigarribia y Juan León Mallorquín, muestran altas tasas de crecimiento poblacional (11,7% y 9,2% respectivamente). En esta categoría de pequeñas ciudades viven 112.407 habitantes o sea un 3,7% de la población del país.

         Hasta aquí, el criterio utilizado para considerar lo urbano, es el tamaño de la ciudad. De acuerdo a éste vive en ciudades mayores de 5.000 habitantes, el 38% de la población del país. Hay un 5% restante residiendo también en zonas "urbanas" con menos de 5.000 habitantes. Otra manera de delimitar el espacio urbano es la utilizada por la Dirección General de Estadística y Censos que define como urbanas a "todas las cabeceras de los distritos oficiales de la República", sin considerar ninguna otra característica. Esta orientación sobredimensiona la dimensión político administrativa como elemento definitorio.

         1.2. EVOLUCION DEL PROCESO DE URBANIZACIÓN EN EL PAÍS

         En tanto lo urbano implica un espacio de asentamiento poblacional, es asimismo un espacio donde se desarrollan relaciones sociales y, como se dijo anteriormente, relaciones sociales determinadas económica y políticamente. Es por esto que se hace necesario encarar el tema como proceso de urbanización en el cual se desenvuelven y se crean actores sociales. El proceso de urbanización en Paraguay, por ser reciente, aún no ha logrado consolidar lo que podría llamarse una conciencia urbana o un modo de ser urbano, sino, más bien, se evidencia la existencia de una pequeña fracción "urbanizada" de la población y un gran contingente de campesinos trasplantados a la ciudad. El hecho de que la gran mayoría de la población urbana tenga en una o dos generaciones anteriores origen rural muestra el problema de una identidad campesina mutilada por su traslado a la ciudad, sin haberse constituido aún como urbana.

         a. PERIODO DE REESTRUCTURACIÓN DE LA RED URBANÍSTICA (1870 - 1913)

         Estudios ya realizados³ destacan que el proceso de urbanización puede considerarse según tres etapas a partir del final de la guerra de la Triple Alianza. La primera, puede denominarse período de reestructuración de la red urbanística (1870-1913).

         Este período se caracteriza por dos hechos; el primero, por la consolidación de núcleos urbanos a lo largo de la línea ferroviaria y en sus zonas de influencia, y en segundo lugar, la revitalización de antiguos centros regionales bajo circunstancias económicas favorables y la creación de nuevas "ciudades" en puntos de economías de enclave.

         En esta época se hizo determinante, para la economía paraguaya, la dependencia hacia un mercado externo que obligaba a utilizar el puerto de Buenos Aires, ya sea por el sistema fluvial Paraguay-Paraná o por la línea férrea. El modelo económico de la época tenía sus fundamentos en la agro-exportación, básicamente yerba mate y madera, y en menor medida producción ganadera y el tabaco.

         Asunción, había consolidado ya entonces su hegemonía política, administrativa y comercial por ser el puerto más importante. Concentraba también la mayor proporción de población y mostraba una imagen urbana heterogénea, ya que con la burguesía administrativa y comercial coexistían las barriadas pobres de la bahía y de los alrededores de la ciudad. El centro mantenía un orden de damero colonial y los barrios pobres el orden "caótico" del poblamiento espontáneo.

         En el interior se daba, por una parte, una complementación entre los centros poblados y la red de comercialización interna fortalecida por la línea de ferrocarril que une Asunción con Villarrica. Por otra parte, la explotación de la yerba mate y el quebracho, crea ciudades sobre el río Paraguay hacia el Norte, primero (Puerto Casado, Puerto Pinasco y Sastre), y hacia el Este, después (en Alto Paraná). Estos puertos no llegan a consolidarse por ser resultado de una economía de enclave fundamentalmente extractivo, sostenida poblacionalmente por migrantes (el mensú principalmente). Sin embargo, otros puertos intermedios con economías menos dinámicas sí han retenido su población gracias a que su función consistió en abastecer a las embarcaciones entre Asunción y el Norte y comercializar un pequeño excedente de producción agrícola (Concepción y San Pedro han logrado sobrevivir gracias a este modelo de crecimiento).

         b. PERIODO DE LA RED URBANÍSTICA DE CIUDADES COMERCIALES LIGADAS AL FERROCARRIL Y LOS RÍOS (1913-1950)

         La primacía urbana de la ciudad de Asunción fue una constante desde el comienzo del siglo. Su función burocrática, administrativa y política consistió en administrar el excedente producido en áreas rurales y, al mismo tiempo, estructurar el sistema de relación política de dominación. Fue, además, el principal centro comercial y puerto de entrada y salida de productos. La actividad principal se centraba, a principios de siglo, en unas pocas cuadras alrededor de la parroquia de la Catedral pero no se caracterizó por otros signos de vida urbana tan presentes en otras ciudades del cono sur. Numerosos autores⁴ hacen referencia a la persistencia de rasgos rurales (que hoy podrían definirse como campesinos) en el proceso de urbanización de Asunción. El romanticismo de los zaguanes, retobas, glorietas y empedrados, la vida de tertulia en las calles y fuera de las casas, los vendedores ambulantes y los carreros -presentes hasta hoy- son signos de una cultura campesina que llegó a la ciudad y se resiste a desaparecer. La excepción a esta regla general estuvo dada por los estratos más altos de la burguesía comercial asuncena, más identificados con las pautas de comportamiento y valores urbanos europeos.

         Este período se caracterizó por una grave inestabilidad política de la cual sus episodios más relevantes fueron la guerra civil de 1922-23, la "Revolución" de 1936 y la guerra civil de 1947. Los cambios de líneas de gobierno que se produjeron impidieron la implementación de políticas públicas dejando a las ciudades al arbitrio de una suerte de crecimiento natural. En 1945, todo el interior de la República sufre alteraciones político administrativas, por las que pasa la división territorial a priorizar regiones en lugar de ciudades, obedeciendo a determinantes socio económicos y políticos.

         Las ciudades comerciales y puertos del Norte Oriental florecieron y se apagaron con el ritmo de producción de las empresas extractivas. Contrariamente, la zona Central y Sureste del país, mejor pobladas y económicamente más productivas -al menos en términos de la consolidación de un modelo agroexportador en el mediano y largo plazo- fueron mejor atendidas por los planes de desarrollo.

         El modelo de la ciudad comercial o centro urbano y puerto va perdiendo primacía en la medida en que cobra importancia la explotación agrícola no extractiva que exige el mejoramiento y creación de redes de comunicación entre ciudades y la consolidación de regiones. La ausencia de un proceso de industrialización es el otro determinante de peso para el retraso del crecimiento urbano en el país; la carne, la yerba mate y el tanino se exportaron como materias primas con poca o ninguna transformación y la producción para el mercado interno se elaboraba en talleres semi artesanales y abastecía una demanda muy reducida. En el campo la economía de autosubsistencia era la práctica más generalizada y la producción agrícola no disponía de canales de comunicación suficientemente ágiles como para abastecer a las ciudades. La población concentrada ya en la Zona Central se expande en dos direcciones, principalmente; hacia el interior del país, en los planes de colonización oficiales y espontáneos, o hacia el exterior con movimientos temporales de tipo golondrina.

         Los planes de colonización no favorecieron el fortalecimiento de las ciudades en su primera etapa, sino que más bien redistribuyeron la concentración de la zona central hacia las áreas de frontera agrícola. La migración externa de braceros y cosecheros se vio reforzada por las crisis económicas y políticas del país, retardando el aglomeramiento alrededor de la ciudad de Asunción.

         c. EL PERIODO DE LA ARTICULACIÓN VIAL TERRITORIAL, EL CRECIMIENTO ECONÓMICO Y LA EMERGENCIA DE NUEVAS CIUDADES (1950-1982)

         Es recién en este período cuando se da el crecimiento urbano a un ritmo más dinámico y comienza la consolidación de los más altos índices de concentración de población en Asunción y sus ciudades periféricas⁵. En el interior se consolidan centros urbanos a lo largo de la red vial Asunción-Ciudad Pdte. Stroessner y las ciudades fronterizas con Brasil, favorecidas principalmente por la expansión de la agricultura, nuevamente de exportación, alrededor del cultivo de la soja y el algodón. El decaimiento de la explotación de la yerba mate y la madera se ve acompañado por la desaceleración del crecimiento de las ciudades que rodeaban a la red ferroviaria.

         La construcción de la Represa de Itaipú y el proyecto de Yacyretá, también traen consigo la conformación de grandes centros urbanos que toman la forma de conglomerados residenciales de población cuyo origen es rural, la cual fue expulsada por diferentes vías de sus tierras, busca empleo en las ciudades y lo encuentra principalmente en el sector informal de la economía.

         Fuera de los grandes conglomerados, el resto de las ciudades encuentra supeditado su crecimiento al proceso de regionalización que se fortalece en el país, diferenciando cada vez más los espacios socio geográficos, según determinantes económicos y político administrativos. Dichos procesos de diferenciación se ven acentuados por una desigual dirección de los recursos económicos, de acuerdo con la disponibilidad que cada una tiene en términos de recursos naturales. El modelo fue invertir donde se puede obtener mayor rédito o poblar aquellas áreas (de frontera principalmente) que requerían de un mayor control político. El plan de colonización conocido como "Marcha hacia el Este" refleja una combinación de ambas opciones.

         A partir de la década del 60, sin embargo, la transformación del modelo económico, desde una economía extractiva hacia la producción agrícola y agroindustrial, dinamiza la red de comercialización, en el mercado interno, favorece el surgimiento de la pequeña burguesía financiera y amplía el mercado de los servicios. Estos hechos llevaron a una transformación de la red de relaciones sociales en el país, sobre todo en las regiones más aptas para la agricultura de exportación (soja y algodón), favoreciendo el crecimiento de nuevos centros urbanos en el interior del país.

         Asunción, por su parte, sigue siendo el centro de primacía urbana ensanchando su radio de influencia hacia la zona central. Además del crecimiento de los sectores económicos mencionados anteriormente, la ciudad capital demanda mano de obra para el sector de la construcción (que responde en su diseño a criterios de "modernidad" no nacionales). El proceso de modernización se desarrolla aceleradamente a partir de los años 70 imprimiendo, recién entonces, características netamente urbanas a las ciudades y a su forma de vida.

         La migración -más como un producto del modelo económico que como resultado de políticas de población- es otro factor determinante del crecimiento de las ciudades en este último período. Los desplazamientos hacia el norte argentino de "golondrinas", en un primer momento, fueron acompañados por el éxodo más permanente hacia la capital bonaerense y otras provincias que ofrecían mejores condiciones económicas y políticas. Para este proceso de migración, Asunción no juega otro papel que el de trampolín entre el campo y las fronteras.

         Como resultado de la expansión del cultivo de la soja, los mejores precios internacionales del algodón y la construcción de la represa de Itaipú, ingresa en el país un volumen importante de capital que en un primer momento dinamiza el mercado interno y encuentra formas de expresión tales como la propiedad horizontal en Asunción. En otras palabras, lo que se quiere significar es que una de las formas de mayor rentabilidad que ha encontrado el capital financiero en los años 70 fue la inversión en el mercado inmobiliario.

         El auge de la construcción y el mayor dinamismo del mercado interno atraen mano de obra desde a) las economías campesinas desarticuladas por los mismos factores económicos que dieron auge a la construcción, b) la Argentina, produciéndose el retorno de una parte de los que en años anteriores habían migrado por razones de empleo ⁶. La principal ciudad receptora es Asunción, pero en ella, el mismo mercado inmobiliario "revalorizado" hace inaccesible la vivienda para los migrantes y precipita la explosión demográfica de sus alrededores.

         1.3. CARACTERIZACIÓN DEL ESPACIO URBANO, TENDENCIAS

         Durante el proceso de urbanización del país, lo que se advierte es el crecimiento discontinuo y desigual de las ciudades. Con excepción de Asunción, que mantiene su hegemonía como principal centro urbano, las otras ciudades cumplen una función en el tiempo que, si bien no es totalmente coyuntural, tampoco responde a una política de planificación urbana o poblacional, sino que más bien refleja un desarrollo regional, impulsado por modelos económicos que se apoyan en los recursos naturales de cada área geográfica y dependen de planes inmediatistas de inversión que no aseguran la estabilidad social de su componente poblacional. Otros factores que intervienen están relacionados con opciones de política interna e internacional que apuntan al mantenimiento del actual orden estatal.

         La urbanización tardía del país y de la misma ciudad de Asunción y sus alrededores muestra un país con características fundamentalmente rurales; con excepción de pequeños grupos de la burguesía urbana comercial y financiera. La población de las ciudades no es más que la de grupos campesinos desarraigados del campo, con fuertes raíces culturales, trasladados a la ciudad con una conciencia de temporalidad que impide su integración definitiva. Los ojos puestos en el campo y la incapacidad -del sector industrial principalmente- de absorber en forma permanente a la fuerza de trabajo "urbana", imprimen a las ciudades de rasgos ambiguos, de formas de vida campesina en el reducido espacio urbano. Por esta razón, al no ser ni una cosa ni la otra, el quehacer cotidiano de la población resulta altamente conflictivo e insatisfactorio. El espacio urbano ha sido incapaz de recrear relaciones sociales en un nuevo espacio económico, que a lo sumo pudo concretar una forma diferente de acumulación, revalorizando el mercado inmobiliario.

         En los centros urbanos del interior la ausencia de políticas públicas y de una planificación urbana, adecuada a las necesidades de la población, se vio por muchos años encubierta por la "expansión de polos de desarrollo", que obedecían fundamentalmente a la inversión de capital externo para exportación y/o agro-exportación. Los centros urbanos alrededor del ferrocarril, del río, de la nueva red vial y otras obras de infraestructura funcionaron, en la mayoría de los casos, como centros de acopio que fueron cambiando de localización según las conveniencias del capital.

         La colonización, primero, y los procesos de descampesinización, después, redistribuyeron la población desde la zona central hacia el interior, mientras duró la apertura de frontera agrícola y liberaron la población, nuevamente la cual optó por la migración hacia la Argentina y Asunción, o se quedó alrededor de las ciudades del interior, más como campesinos sin tierras que como pobladores urbanos, ofreciendo su fuerza de trabajo en el reducido mercado informal del interior, o como asalariados agrícolas con residencia urbana⁷.

         El poblamiento de las fronteras y la construcción de puentes internacionales responden a necesidades de integración geopolítica y económica con los países vecinos, así como a la necesidad de mantener el control de las zonas menos pobladas del país. Ciudad Presidente Stroessner, Pedro Juan Caballero, Concepción y Encarnación responden, cada una a su manera, a mecanismos que sustentan a una economía de exportación y al contrabando, por un lado, y a criterios de la doctrina de seguridad nacional, por otro. El componente poblacional no es el que define a las ciudades; la permanente primacía de Asunción como centro de atracción migratoria y la rápida tugurización de las ciudades fronterizas muestran la ausencia de criterios de planificación urbana y la indiferencia de las políticas públicas para atender las demandas sociales de este nuevo actor social, que es el poblador urbano.

         Las ciudades intermedias y el proceso de municipalización de las ciudades del interior cobraron sentido también por prestar al aparato público del Estado la base para su expansión⁸. Los empleados públicos del interior garantizan no solamente la representatividad del partido de gobierno sino también la vigencia de maneras informales de control político y los canales de reconocimiento prebendario del régimen.

         El aumento de la demanda inmobiliaria por parte de los grupos hegemónicos del capital y la ausencia de fuentes estables de trabajo han recreado las condiciones para un proceso de diferenciación semejante (en las ciudades) al que expulsó población desde el campo. En cada ciudad hay un centro "moderno" y "rico" y un suburbio atrasado y pobre, como resultado del costo de la tierra y los servicios de infraestructura básica. Lo que se reproduce en las ciudades es, en realidad, un patrón bien definido de crecimiento económico (concentrador y desigual) y un orden político autoritario, concentrador también de los núcleos de toma de decisiones (núcleos de poder) en política urbana. La escasez de servicios, de viviendas, de cobertura en salud y educación y la ausencia de una política de empleo, en las ciudades del interior, no puede hasta hoy evitar el flujo de migrantes hacia la capital. Por su parte, Asunción es más una ilusión urbana que una construcción socioeconómicamente urbana propiamente tal y en consecuencia reproduce todo el esquema anterior; incapaz de retener su población, la expulsa hacia los cinturones de pobreza suburbanos.

         La población tiene un lugar de participación activa recién cuando se trata de habilitar el suelo para la construcción del espacio popular urbano⁹, abriendo calles, rellenando terrenos, costeando desde su empobrecida economía los costos de extensión de los servicios. En otras palabras, agregando valor al sueño que es posteriormente apropiado por el capital inmobiliario, provocando nuevamente su expulsión hacia nuevas áreas de poblamiento en sus alrededores.

         1.4. RECOMENDACIONES

         "Frente a una ciudad que segrega, disgrega, atomiza y controla diariamente; frente a una ciudad que ha dejado de lado la previsión colectiva de su futuro, hay que decir: no" ¹⁰.

         La concreción de una política de planificación del crecimiento de los centros urbanos a nivel nacional y el fortalecimiento de la gestión participativa y descentralizada de las municipalidades conforman el eje sobre el cual debiera darse la discusión para resolver una más equitativa y democrática política de poblamiento del país.

         La permanente presencia de rasgos culturales campesinos muestra la necesidad de brindar al país mecanismos que posibiliten la retención de la población en el interior y eviten la migración a Asunción. El fortalecimiento de los centros intermedios con servicios de educación, salud y vivienda adecuados, es el primer paso para desmitificar el "atractivo" de Asunción y evitar el congestionamiento de las ciudades. ¹¹

         La dotación de servicios de infraestructura urbana y la consolidación de fuentes de empleo son condiciones indispensables para garantizar la permanencia de la población en las ciudades del interior. Aún cuando la planificación de los centros urbanos excluya el problema de la descampesinizacion -postura que más responde a criterios prácticos que realistas- y se concentre exclusivamente en el crecimiento vegetativo de su población, deberá tener presente que la calidad de vida que ofrecen las ciudades es la condición de la cual se parte para empezar a pensar en formas alternativas de desarrollo.

         Los recursos disponibles por el gobierno central se canalizan al interior según las posibilidades de retorno que tengan sus inversiones. Con este esquema, se han potenciado de manera desigual las regiones y se las ha abandonado, según varíen los intereses del capital. La descentralización, potenciando las entidades administrativas locales, a través de las municipalidades, permite a cada centro urbano una explotación más racional de sus propios recursos. Ahora bien, el país tiene actualmente una desigual composición en términos de recursos sociales, económicos y naturales que puede verse maximizada por una descentralización inflexible. La priorización de necesidades a ser resueltas con un régimen de subsidios estatales, encaminada a resolver la desigualdad, puede ser el punto de partida para una gestión más autónoma en el futuro, así como también para evitar que mueran por inanición pueblos construidos por determinantes coyunturales.

         En los centros ya consolidados, como Asunción y su área metropolitana, la intervención municipal debe independizarse de las apetencias del capital inmobiliario. La dirección del crecimiento implica necesariamente al costo de los servicios; la dispersión de barrios elegantes para la clase media alta asuncena conlleva un encarecimiento de los servicios públicos (redes de agua, luz y teléfono), que es promediado para toda la población, pasando, de esta manera, los barrios más antiguos (generalmente con una clase social económicamente más deprimida), a financiar los costos de los nuevos asentamientos. Tarifas diferenciales según el tipo de barrio y la distancia que implique cubrir para satisfacer con infraestructura urbana es un criterio para una distribución más realista de los costos.

         Son los servicios, los costos de alquileres y los impuestos los factores que desplazan finalmente a la población más pobre hacia la periferia, donde el suelo es más barato, los servicios no existen y se requiere de nuevas inversiones de los sectores populares para "estirarlos" hacia estos nuevos núcleos poblacionales. Si a esto se le agrega el problema del empleo de dichos sectores populares -generalmente insertos en el sector informal de la economía urbana, los servicios y en menor medida la construcción, el pequeño comercio y el comercio ambulante- queda claro que una mejor alternativa es la de crear condiciones que garanticen su estabilidad dentro de la ciudad ¹² y no fuera de ella, con lo que se evita, además, la consolidación de "ciudades dormitorio", que poco sirven para un desenvolvimiento completo de las relaciones micro sociales (familia) y comunitarias.

         El fortalecimiento de la gestión municipal debe pasar necesariamente por la participación activa de los ciudadanos en el planeamiento y administración de las ciudades. La municipalidad, se sitúa en un lugar privilegiado de encuentro entre la sociedad civil y el Estado; en ella "se combinan las reivindicaciones ligadas a las condiciones de vida con la organización de la gestión social. La vida cotidiana y política se confunden en la vida ciudadana y municipal".¹³ La efectividad de la participación depende de la posibilidad real que tengan los ciudadanos de influir en la generación de las políticas municipales y en el control de los servicios públicos.

         El acceso a la vivienda en cualquiera de sus formas (propia, en alquiler o potencialmente bajo la forma de lote con servicios) garantiza que el espacio urbano sea democrático, sin discriminaciones geográficas entre ricos y pobres. Las distintas formas de propiedad, individual, de condominio u otras, la posibilidad de compartir los equipamientos y de que los usuarios modifiquen el espacio de sus asentamientos, garantiza una adecuación dinámica de la infraestructura a las necesidades y, por qué no, a la creatividad de los pobladores, entendiendo que en ambos casos se da lugar al fortalecimiento de sus rasgos culturales. Y para garantizar un desarrollo completo de la persona humana, la ciudad no puede brindar solamente vivienda, trabajo y transporte; la ciudad no es sinónimo de negocio, sino que, además, debe crear la posibilidad de recrearse, distraerse, del deporte, de pensar; en definitiva, del ocio.

         Por último, vale la pena señalar que la posibilidad que tenga la población de intervenir en la definición de su medio ambiente y del carácter de la ciudad como creación colectiva es un ejercicio de participación que comienza al nivel del barrio y crea canales de influencia hacia las estructuras del poder y los núcleos de toma de decisiones, favoreciendo una conciencia y compromiso que si bien se generan en la comunidad pueden llegar a tener carácter nacional. Comprometer a los ciudadanos en la gestión del país es el desafío de toda postura democrática.

         2. LA VIVIENDA EN EL SECTOR URBANO

         2.1. INTRODUCCIÓN

         En este punto se considerará el problema de la vivienda en el sector urbano en una concepción amplia del término. La casa habitación (como conjunto tradicionalmente asignado a vivienda) debe ser contextualizada dentro de un espacio que es definido por una dimensión ecológica y geográfica y otra de relaciones sociales al interior de la misma y al interior de la comunidad, sin excluir del todo la red de relaciones que se establecen con otros sectores e instituciones de fuera de la comunidad. Así definido el concepto, se hace referencia al hábitat.

         Otra consideración necesaria es la que discrimina entre lo que es el problema técnico arquitectónico y el problema social de la vivienda.

         Desde el punto de vista técnico, los estilos de construcción y las formas de implantación de las viviendas, así también como el mínimo total de ellas y su distribución en el espacio urbano, implican a todos los sectores de la sociedad sin ninguna priorización de otra característica fuera del edificio en sí. Mientras que una conceptualización social de la vivienda y el hábitat, hace referencia a los problemas no resueltos de una necesidad considerada como básica para el desenvolvimiento, sin trabas, de todos los grupos sociales y en todas sus dimensiones.

         Dichos problemas son propios de los grupos de menores recursos y hacen relación a las diferentes condiciones de vida en que están inmersos los sectores populares ¹⁴.

         Así planteado el tema, este punto encara el problema del déficit habitacional en el sector urbano, señalando sus principales características y vías de asumir el problema, con el fin de reducirlo (aún cuando una solución definitiva dependa de otros determinantes, de la condición de pobreza, que va mucho más lejos que el problema de la vivienda).

         2.2. EL DÉFICIT HABITACIONAL EN EL SECTOR URBANO

         El problema de la vivienda no es propio de una u otra región geográfica ni económica. Surgió en los países del bloque de mayor desarrollo económico y tecnológico y surge también en los países del Tercer Mundo. El crecimiento acromegálico de las ciudades se consideró, durante toda la década del 60 y parte del 70, como una consecuencia "natural" del crecimiento poblacional. Hoy en día se sabe que el problema de la tugurización de las ciudades es indicador de un crecimiento efectivamente poblacional en algunas ciudades -alimentado por el crecimiento vegetativo de las mismas más un alto contingente de emigrantes- que no fue acompañado por el crecimiento económico en la misma proporción. Los procesos de urbanización, con y sin industrialización, que no han sido objetos de políticas públicas adecuadas, generados en el marco de un concepto de desarrollo que no atendía como objetivo principal a una participación equitativa de toda la población en sus beneficios, han configurado un modelo de ciudad diferenciando barrios ricos de barriadas populares pobres ¹⁵.

         En el Paraguay no existe una cuantificación directa del déficit habitacional; lo que se dispone son cifras provisorias que lo estiman desde diferentes enfoques analíticos. Así, por ejemplo, un estudio publicado por el Centro Paraguayo de Estudios Sociológicos en 1982 estimaba para el año 80 un déficit de 250 mil viviendas y para 1985 de 450 mil ¹⁶.

         Si se toman estadísticas oficiales, puede verse lo siguiente:

         Según los datos, el problema habitacional en el Paraguay no puede definirse como crítico, por lo menos no para la población en términos generales, y en todo caso es un problema que aparece con más déficit en el área rural que en el área urbana. Un promedio de 5 personas por vivienda, con prácticamente tres piezas por vivienda, en líneas generales, es aceptable.

         Comparando el área urbana con el área rural, la diferencia está en un promedio de 1 pieza menos en las viviendas rurales para un grupo familiar mayor.

         Si bien esto muestra que a nivel de país, en general, el problema de la vivienda no es crítico (la densidad poblacional es el factor determinante de esta situación), no es posible, por su magnitud, dejar de ver que para ciertos sectores de la población el déficit sí es agudo.

         Entre las categorías censales hay una que hace referencia directa al problema habitacional, la de vivienda improvisada y que es la vivienda construida con materiales de deshechos.

         De éstas hay en total 7.041; 5.973 en el área urbana y 1.302 en el área rural. Si se pone en relación estas cifras con las del cuadro anterior se puede hacer la siguiente estimación.

         Estos datos muestran cómo la situación cambia si se atiende a grupos específicos de población. Si se consideran las viviendas improvisadas el problema es fundamentalmente urbano y la población afectada es de más de 36 mil personas, lo que no representa un porcentaje alto sobre el total pero tampoco deja de merecer una consideración. Y aquí se debe anotar que se hace referencia a los grupos que no tienen una vivienda definitiva, lo cual representa sólo una parte -la más grave del déficit total-si consideramos que para una vivienda confortable hacen falta otras condiciones, además de los materiales.

         Otras estimaciones, hechas fundamentalmente por instituciones de Iglesia acotan el déficit habitacional en una población que varía entre 40 y 100 mil personas ¹⁷ asentadas fundamentalmente en la ribera del río Paraguay y concentradas en el radio de la ciudad capital. Esta estimación, derivada de censos de la población damnificada por las crecientes del río es variable, dependiendo de la cota que alcanza cada creciente, pero, de todos modos, señala que hay grupos humanos de relativa significación asentados precariamente. A esto hay que agregar el contingente de población asentado en las barriadas pobres que no pertenecen a la ribera y que se encuentran en casi todas las ciudades del interior, además de Asunción y el Área Metropolitana.

         Además de la calidad de los materiales de construcción existen indicadores de la calidad de la vivienda; los servicios sanitarios, los servicios de baño, las fuentes de agua y el lugar de abastecimiento y la deposición de basuras, son indicadores de las condiciones de vida del hábitat.

         Cualquiera sea el indicador elegido para establecer las condiciones mínimas de salubridad e higiene en el Paraguay, los datos oficiales muestran que todavía hay mucho por hacer en el área de planificación y vivienda. El hecho de que el déficit aparezca con indicadores más preocupantes en el sector rural es, en realidad, compensado por un menor índice de hacinamiento en dicho sector; es decir, la mayor densidad de poblamiento de las áreas urbanas exigen un control más estricto de las condiciones sanitarias. Otro elemento que hay que considerar es que estos datos hacen referencia a todas las viviendas y no exclusivamente a los asentamientos más pobres, ya que de haberse seleccionado este último segmento de la población las cifras serán aún más preocupantes ¹⁸.

         Los datos del cuadro muestran que para Asunción en general casi un 15% de la población tiene baños insalubres, un 21 % no recibe los servicios de agua corriente y lo que es más grave aún un 12,6% no tiene ninguna fuente de agua en su propiedad. También resulta preocupante que un 40% de la población tiene que tirar su basura en la vía pública porque no le llega el recolector público. Si se analizan estos mismos indicadores para el área urbana del Departamento Central se advierte que la magnitud del déficit refleja un área urbana de escasa diferenciación -en términos de provisión de servicios públicos- con la zona rural del país.

         2.3. RESPUESTAS IMPLEMENTADAS HASTA HOY PARA ENCARAR EL TEMA DE LA VIVIENDA

         Aún cuando no se dispone de estadísticas oficiales suficientes, puede verse en nuestro país (como en muchos otros) que el problema de la vivienda es encarado principalmente por sus usuarios. Es el individuo corriente quien más ha desarrollado propuestas y realizaciones concretas para hacerse de una vivienda, aún cuando las condiciones le sean adversas.

         Las respuestas con pretensión de globalidad implementadas por el Estado dependen en gran medida de los créditos "blandos" que puede otorgar la banca internacional. Estos fueron generosos en la década del 60 pero se han retraído sin haber solucionado ni siquiera una mínima parte del déficit que -contrariamente- cada vez es mayor. Así, les ha quedado a otras instituciones, como la Iglesia, asociaciones de beneficencia y a las mismas comunidades la difícil tarea de encontrar alternativas de solución. La dependencia que tienen los planes oficiales de vivienda del financiamiento internacional, le imponen condiciones que limitan la posibilidad de llegar hasta los sectores de menores recursos; el beneficiario queda, así, definido más por la forma de financiamiento que por las necesidades de la población ¹⁹.

         Otro impedimento para el éxito en los planes de vivienda está dado por la descontextualización de los mismos. Los materiales de construcción no solucionan el déficit habitacional; el acceso a la tierra y al crédito, los servicios domiciliarios y el equipamiento comunitario son tan importantes como la casa habitación. Del mismo modo, los planes de vivienda estarán condenados al fracaso si se plantean fuera de un marco de desarrollo más amplio; por ejemplo, en nuestro país está habiendo un deterioro progresivo de las condiciones de vivienda en el sector rural -mientras se plantea como fundamentalmente urbano- a raíz de la creciente contaminación de los cursos de agua, entre otros factores, y en la ciudad es el problema del empleo que condiciona, por un lado, las estrategias de ocupación del suelo urbano implementadas por los sectores populares y, por otro, el ingreso es el que posibilita o no el acceso a los bienes y servicios (entre ellos la vivienda).

         En este punto se discutirán los aspectos más resaltantes de cuatro tipos de actores sociales que han aportado a la resolución del problema habitacional: el Estado, las cooperativas, la Iglesia Católica y los pobladores de comunidades pobres.

         2.3.1. RESPUESTAS IMPLEMENTADAS POR EL ESTADO

         Aún cuando no se pueda disponer de una política explícita oficial para el sector vivienda, existe la preocupación del Estado de "facilitar a la familia en forma directa o por intermedio de otras instituciones estatales, comunales o privadas, la satisfacción de sus necesidades, como asimismo, planificar, orientar y promover el crecimiento de las ciudades y centros urbanos"²⁰; tal como se expresa en el objetivo fundamental del Instituto Paraguayo de Vivienda y Urbanismo (IPVU), creado en 1964.

         El IPVU ha financiado tanto programas individuales de construcción, ampliación y refacción de viviendas, como la creación de grupos habitacionales en la capital y el interior del país. En su financiamiento el Instituto dependió originalmente del crédito internacional proveídole a través del Estado y, una vez en funcionamiento, completó su capital con el proveniente de la devolución de los beneficiarios.

         El hecho de carecer de un subsidio estatal y las restricciones impuestas por los créditos del BID indujeron al IPVU a definir a sus beneficiarios entre "la población del segundo cuartil de ingresos" que se compone de familias que ocupan entre el 25% y 50% de la escala de ingresos nacionales, lo cual equivale aproximadamente a 2,6 salarios mínimos. La compulsiva necesidad de mantener el valor de su capital se convierte, así, en la principal limitación para satisfacer las necesidades de vivienda de las capas más empobrecidas. La estimación conocida, de la acción del IPVU, señala que ha construido, desde su creación, aproximadamente 6.000 viviendas²¹, cifra que aparece como mínima si se tiene en cuenta el déficit de viviendas en el Paraguay. Nuevos proyectos como el de "Lote con servicios" que está preparando el IPVU muestran la intención de ampliar la oferta de soluciones al problema a un menor costo para los beneficiarios.

         La organización de los trabajos del IPVU se apoya en terrenos comprados de propietarios privados o del Estado, para sus emprendimientos; con lotes de entre 200 y 250 m² subcontratando a empresas de construcción o actuando en un régimen de administración cuando se trata de obras menores, sin dejar ninguna posibilidad de participación a los beneficiarios de sus programas en el diseño de los proyectos ni en la ejecución de los mismos.

         En sus diseños, el IPVU sigue las pautas del esquema arquitectónico funcionalista que plantea un área interna de dormitorios, baño y cocina y otra área social o "sala-comedor". El tamaño o número de metros construidos promedio es de 10 a 12 m² por persona, lo cual, para una familia tipo de 5,2 personas, da una superficie de 50 a 60 metros cuadrados de vivienda, incluyendo baño y cocina. La técnica de construcción es tradicional y se utilizan materiales procesados.

         En cuanto a los servicios, el IPVU ofrece viviendas con agua corriente, energía eléctrica y solución domiciliaria para las aguas servidas, allí donde no existe red de alcantarillado, garantizando buenas condiciones de salubridad, aunque encareciendo los costos por ser servicios generalmente conectados a la red pública y de usufructo individual. 

         La acción del Estado en el sector de la vivienda también se canaliza a través del Banco Nacional de Ahorro y Préstamo para la Vivienda (BNAPV) creado en base a la ley 325/71 como ente autárquico del Estado y cuyo objetivo es "facilitar y promover el funcionamiento, a través de las sociedades del Sistema Nacional de Ahorro y Préstamo para la Vivienda (SNAPV), para la adquisición, construcción, ampliación y refacción de viviendas, como asimismo, el terreno donde construirlas". Esta entidad se crea unos siete años después que el IPVU para reforzar a éste. Su acción se basa en la captación del ahorro público para luego ofrecer préstamos hipotecarios a quienes deseen comprar, ampliar, refaccionar o construir una vivienda. Además cuenta con ingresos proveídos por la Banca Internacional y el Estado ²². La función que cumple el BNAPV no es esencialmente distinta a la del IPVU; también está dirigido a los sectores medios y medios altos de la sociedad, aún cuando cuentan con planes de financiamiento para viviendas de "interés social". En realidad la característica de interés social hace referencia al monto del préstamo solicitado, es decir que los préstamos pequeños, (de hasta 1.300.000 Gs. para el año 1982) se consideran de interés social y pagan una tasa de 11% de interés anual sobre saldos con reajuste monetario y con plazo máximo de 10 años; los préstamos que no son de interés social tienen tasas de interés más altas (14 y 16%) y un plazo menor para su cancelación (7 años). El esquema de financiamiento adoptado por el BNAPV arroja resultados contradictorios ya que si bien ha hecho posible la construcción de un número mayor de viviendas que el IPVU (12.900 casas aproximadamente) no todos los prestatarios han podido conservarlas. El problema surge a partir de las tasas de interés y los mecanismos de reajuste que hacen que, después de pagar cuotas durante un año, se debe al Banco prácticamente la misma cantidad o más que al inicio del préstamo. "Como consecuencia de ello muchos prestatarios se vieron obligados a vender sus derechos por no poder seguir adelante con sus préstamos, opinando el Banco, que, en el peor de los casos, el prestatario se beneficia con el plusvalor de la propiedad vendida" ²³. Además hay que considerar que en muchos casos el préstamo estaba orientado a la ampliación o refacción de la vivienda, mientas que la hipoteca se hace sobre toda la propiedad (vivienda y terreno).

         2.3.2. RESPUESTAS ALTERNATIVAS

         (o de las así llamadas respuestas alternativas)

         Las respuestas alternativas comprenden a aquellas implementadas por las cooperativas y por la Iglesia. Son alternativas respecto de la gestión oficial, no tanto porque se den al margen de la actual "política" de vivienda como por sus diferentes planteamientos en dos aspectos fundamentales: la forma de financiamiento y el esquema de construcción. Ambos factores están en los casos que aquí se reseñan fundamentalmente determinados por el beneficiario de sus proyectos: los sectores de menos recursos.

         Como ejemplos pueden citarse a las siguientes instituciones:

         1. La Central Nacional de Cooperativas Limitada (Credicoop) desde 1973 coordina la acción de distintas cooperativas colaborando en proyectos de vivienda para el interior del país. Uno de los roles principales de esta institución consiste en la captación del apoyo financiero del BNAPV para "disminuir gradualmente el déficit habitacional existente en los estratos de menores ingresos, fomentando y orientando el sistema de ayuda mutua y esfuerzo propios" ²⁴, con lo cual da -a modo de contrapartida- la posibilidad al BNAPV de realizar indirectamente sus objetivos de viviendas de interés social, sin asumir los riesgos financieros de los proyectos de ayuda mutua. De esta manera se otorgaron 278 préstamos reportados por el BNAPV como de interés social; el 2% en Asunción, y los restantes en San Juan Bautista, Itacurubí de la Cordillera, Eusebio Ayala, Villarrica, Santa Rosa (Misiones), Paraguarí y en Cnel. Oviedo.

         La Cooperativa de Ahorro y Crédito de Cnel. Oviedo Ltda. se benefició con 100 de los 278 préstamos. La tasa de interés en sus programas es de 11% anual sobre saldos, el plazo máximo de devolución de 6 años y los montos oscilan entre 200.000 y 450.000 guaraníes, debiéndose pagar solamente el 50% del reajuste monetario anual. Este plan de financiamiento hace más accesibles las cuotas para los sectores de menos recursos ya que se abarata el costo de la administración del dinero porque la cooperativa se apropia de sólo un 1 % del valor del crédito para gastos administrativos.

         2. El Comité de Iglesias para Ayudas de Emergencia (CIPAE), el Equipo Nacional de Pastoral Social (ENPS) y el Equipo Arquidiocesano de Pastoral Social (EAPS) también han desarrollado diversos proyectos de vivienda para los sectores de más bajos recursos²⁵.

         En el área geográfica que atienden los proyectos de Iglesia está muy dispersa en Asunción, el área metropolitana, el departamento Central y algunas ciudades del interior. Esto se debe al énfasis puesto en los afectados por la creciente del río Paraguay como grupo destinatario y a la dificultad de obtener tierras a bajo costo para su posterior reasentamiento. El hecho de no disponer de un área suficientemente amplia como para reasentar un número mayor de familias complica y encarece el costo de los proyectos tanto en la dimensión de asistencia social y seguimiento educativo como en la provisión de servicios públicos. Esto fue corroborado por el EAPS al disponer de unas 20 Ha. en Capiatá con un programa que pretende compensar la distancia del asentamiento respecto del centro de Asunción con un mayor potencial humano para la "creación" de un nuevo núcleo poblacional.

         El capital que dispone la Iglesia para sus programas de vivienda proviene de donaciones de fundaciones y otras instituciones del exterior que apoyan proyectos no gubernamentales de desarrollo en el Tercer Mundo. Dichas donaciones son canalizadas hacia los beneficiarios en forma de préstamos que en la mayoría de los casos no se entregan en dinero sino en materiales, ya que el sistema de ejecución se apoya en el modelo de autoconstrucción o ayuda mutua. Se refuerza dicho modelo con apoyo técnico y acompañamiento de parte de promotores sociales. Para la instalación         de servicios sanitarios se trabaja con fondos rotativos. La recuperación del préstamo se hace a partir de cuotas mensuales que generalmente representan el valor de entre 2 y 4 jornales sobre el salario mínimo aportados semanal, quincenal o mensualmente. La flexibilidad de la periodización de los aportes contempla las diferentes formas de ingreso que tienen los trabajadores no asalariados que se benefician de estos proyectos. Con dicha modalidad, se garantiza un mayor margen de recuperación del capital, que es fundamental para la continuidad de los programas.

         En término de costos, se han sopesado los costos del sistema de autoconstrucción y ayuda mutua con la necesidad de dar seguímiento al proyecto, y la provisión de servicios comunitarios con los servicios individuales, y se ha comprobado que el modelo implementado por la Iglesia abarata efectivamente los costos de la vivienda. En estos programas, sin embargo, el rubro más difícil de abaratar es la tierra y, como respuesta, se ha optado por la distancia respecto del centro de Asunción, estimulando un poblamiento de tipo urbano (por la densificación) en áreas todavía rurales. Esto acarrea otro tipo de dificultades, como la creación de ciudades dormitorio y el aumento de los costos del transporte hasta los lugares de empleo para el tipo de trabajadores que accede a estos programas.

         Ante los problemas que acarrea la distancia, respecto del centro urbano, la Iglesia Católica ha estudiado otras alternativas como la reducción del tamaño de los lotes (la Municipalidad define al lote mínimo urbano como de 360 m²) e incluso la redistribución de todos los lotes, grandes y pequeños, de una comunidad para homogeneizarlos, como hizo el Arzobispado en el barrio Nuestra Señora de la Asunción²⁶. Finalmente, se ha propuesto en un estudio reciente del EAPS, la recuperación de la zona baja de Asunción construyendo una presa en la ribera de la bahía de Asunción y mejorando las condiciones de viviendas asentadas en ella. Esta propuesta difiere sustantivamente de los planes que tiene la Municipalidad de Asunción y del Proyecto de Remodelación de la Bahía ya que, en el caso de la Iglesia, el objetivo es que los sectores de escasos recursos permanezcan en las tierras que ocupan actualmente, mientras que la Municipalidad se propone desalojarlos para destinar dichas tierras al mercado inmobiliario. Un ejemplo claro lo constituye la Urbanización. "La Paz" proyectada al pie del cerro Lambaré, que se lleva a cabo con un alto costo social: la "reubicación" de más de 100 familias en las afueras de Asunción, mientras que las tierras recuperadas pasarán a formar parte de un complejo habitacional para la clase media alta ²⁷.

         Los programas implementados por la Iglesia Católica tienen como principio fundamental la participación de los beneficiarios en todo el proceso de la implantación de la nueva vivienda. Desde el diseño de la misma que contempla las características socio- culturales de los futuros usuarios, hasta la construcción que aprovecha la mano de obra que éstos disponen en sus respectivos grupos familiares.

         El sistema de ayuda mutua y de autoconstrucción ha planteado el problema del tipo de materiales a utilizarse. En efecto, los primeros proyectos se apoyaron en el uso de materiales cocidos y procesados que requieren de una mayor calificación de la mano de obra que construye y tienen, además, costos más elevados de implementación y mantenimiento. Por esta razón, en algunos casos, con el apoyo de la Facultad de Ciencias y Tecnología de la Universidad Católica de Asunción, se ha comenzado la investigación y experimentación con nuevos materiales que, por un lado, sean más manejables por los beneficiarios y, por otro, recuperen y mejoren técnicas constructivas tradicionales del país.

         2.3.3. LA "CONSTRUCCIÓN" DE LOS BARRIOS POBRES

         Existe también, y puede preverse que seguirá existiendo en el mediano plazo, otro tipo de respuesta al problema de la vivienda y es la que implementan los propios sectores populares. En efecto, cuando más pobre es una comunidad, más cierto es que el espacio físico que ocupa debe ser mejorado con su propio esfuerzo. Zonas definidas -por la legislación municipal- como inhabitables son rellenadas y limpiadas, se abren calles y se hacen todo tipo de colectas, rifas y torneos para generar fondos a fin de posibilitar el acceso a la energía eléctrica y alguna fuente de agua potable. Algunas comunidades han logrado tener empedrado, luz eléctrica y hasta han hecho llegar el transporte público cerca de sus casas, costeando con su trabajo y esfuerzo la "urbanización" de amplias zonas de la ciudad ²⁸.

         El espacio habilitado por los sectores más pobres de la ciudad resulta muy diferente al de aquellos en los que interviene el financiamiento estatal o de la empresa privada; aquellos siguen su propia lógica de disposición de los recursos urbanos, incluyendo entre ellos a la vivienda. El proceso de construcción de la vivienda comienza por la habilitación del suelo que tiene un costo en dinero y en tiempo de trabajo que generalmente no es reconocido por estar hecho en tierras "insalubres" pero que queda como renta adicional cuando los pobladores son desalojados y el suelo es transferido al mercado inmobiliario.

         En cuanto a la construcción misma, aún cuando ésta sea del tipo provisoria (o mal llamada, improvisada), por estar hecha con materiales que otros sectores sociales desechan, tiene un costo que va más allá del tiempo de trabajo del poblador. La experiencia ha demostrado que ni siquiera estas construcciones dejan de ser explotadas por el mercado y que el "rancho" tiene un costo para el dueño, ya que el material es comprado y su precio pesa en el presupuesto familiar.

         Otro hecho que merece ser destacado es que la mano de obra empleada no es exclusivamente familiar. En muchos casos se da el pago de servicios a albañiles, a "entendidos" en pozos ciegos, a electricistas, etc. Esto obliga a repensar sobre el tipo de cooperación que se establece entre los constructores de la vivienda popular, los cuales se rigen no tanto por una "fraternidad desinteresada" como por una relación de intercambio de servicios o de bienes de consumo. En estas contrataciones informales, que se esconden detrás de una aparente solidaridad de clase, lo que se da realmente es la reproducción de una forma de relación de trabajo muy común en la sociedad y que consiste en la apropiación -para la construcción en este caso- de eventuales horas de descanso de los pobladores.

         2.4. PUNTOS A SER TENIDOS EN CUENTA PARA EL MEJORAMIENTO DEL DÉFICIT HABITACIONAL

         A partir de la experiencia que han dejado los planes, programas y proyectos de vivienda implementados hasta hoy en el país, queda claro que las limitaciones de aquellos y, consecuentemente, el creciente déficit habitacional requieren de cambios estructurales que van más allá del ensayo de metodologías concretas de construcción.

         La legislación vigente resulta ambigua en la reglamentación del uso del suelo y, específicamente, en lo que respecta a las zonas bajas en la ribera de la bahía de Asunción y del río Paraguay. En efecto, la experiencia ha demostrado que tiene sólo relativa validez cuando se trata de defender los intereses de los pobladores de más bajos recursos. La implementación de una verdadera Reforma Urbana y la legislación de un Estatuto del Suelo Urbano, que reglamente el uso y acceso a la tierra atendiendo a las necesidades de los sectores de menores ingresos, se hacen cada vez más necesarios para garantizar el éxito de los futuros planes de vivienda. Se deberán contemplar específicamente los regímenes de tenencia aceptables para terrenos baldíos, las dimensiones máximas y mínimas adecuadas para el suelo urbano y el área de reserva de tierras para la implementación de proyectos de viviendas de interés social cerca de las fuentes de empleo de sus beneficiarios ²⁹. En esta misma dirección apunta la necesidad de regularizar los asentamientos espontáneos y mejorarlos para evitar una agudización del problema del empleo en sus pobladores. El mejoramiento de las condiciones de habitación en el bañado puede acarrear un costo social menor que el que implica alejar a toda su población de sus fuentes de ingreso y otros mecanismos de subsistencia.

         En un nivel de mayor especificidad se hace necesaria la protección del área de circunvalación de las ciudades que se han caracterizado tradicionalmente por contener chacras y granjas y están hoy siendo arrasadas por inmobiliarias y loteadoras expulsando su población hacia otras áreas de la ciudad, con lo que se acelera el ritmo de tugurización y se encarece el costo de alimentos hortigranjeros para la población urbana, además de destruir los pulmones naturales que poseía la ciudad. El control de la acción de las inmobiliarias se hace particularmente necesario, teniendo en cuenta que, en la mayoría de los casos, el precio de la tierra responde más a la especulación que a cualquier otro factor.

         El problema habitacional debe ser preocupación fundamentalmente del Estado, ya que el sector privado responde a intereses propios que no se corresponden con las necesidades de la población de escasos recursos (que es la más afectada por el déficit), y los proyectos de otras instituciones como la Iglesia, plantean soluciones solamente parciales debido a que:

         a. cuando se subvenciona, con apoyo solidario, la compra y, sobre todo, la financiación de un lote y/o vivienda, esto se hace en condiciones ficticias con respecto a las actuales exigencias del mercado inmobiliario de modo que dicha subvención puede ayudar al actual jefe de familia pero, cuando los hijos de éste quieran construir sus viviendas no podrán "comprar" un lote como el de sus padres.

         b. el deterioro que sufren las condiciones de empleo, salario y nivel de vida en general (principales determinantes del problema habitacional) son de responsabilidad del Estado.

         c. La Iglesia no tiene competencia ni responsabilidad, como para dotar a sus asentamientos de suficiente infraestructura de servicios en las nuevas áreas que pretenden ser pobladas como para garantizar la permanencia de los beneficiarios de sus proyectos en ellas.

         Aparece como necesario, también, el estudio y concreción de nuevos modelos de urbanización que satisfagan las necesidades y expectativas de los sectores populares. La readecuación del tamaño mínimo de los lotes, el diseño de calles peatonales, el adoquinado como sustituto del asfaltado, el control de la expansión de las áreas comerciales, las destinadas a estacionamiento y otros usos ociosos del suelo, son medidas que tienden a evitar la expulsión de la población desde el centro de la ciudad hasta las barriadas y villas miserias.

         El replanteo de la función que debe cumplir la Municipalidad aparece, así, como fundamental. Cada municipio debería estar estructurado de forma tal que administre realmente el suelo y los recursos que le pertenecen. La descentralización de la gestión municipal puede favorecer la administración comunal y comunitaria de la red de servicios públicos abaratándolos y una mejor distribución de los servicios de educación y salud, con lo cual se garantizan condiciones de vida que evitarían la tugurización de la población en la periferia urbana.

         Para la implementación de nuevos programas de vivienda se hace necesario, también, estimular la investigación de nuevos materiales y el estudio y experimentación de técnicas constructivas apropiadas al modelo de autoconstrucción. El rol de las universidades y de las facultades de Arquitectura e Ingeniería es fundamental en esta línea de acción. Igualmente necesario resulta un mayor control y planificación de la producción y comercialización de los materiales de construcción que garanticen un buen nivel de calidad y precios accesibles para la producción nacional ³⁰.

         El volumen de presupuesto destinado a solucionar el problema de la vivienda requiere de una complejización mayor. Los créditos y, en algunos casos, los subsidios, no se pueden orientar exclusivamente a la compra o ampliación de la vivienda; los proyectos comunitarios de mejoramiento de las condiciones del hábitat deben ser también objeto de financiamiento, así como el mejoramiento de los edificios destinados al régimen de alquiler pueden mejorar sus condiciones de habitación, sobre todo en los "conventillos" populares. Si se mantienen los precios controlados, estos inquilinatos pueden, además, hacer de puente entre la vivienda paterna y la propia, para hogares en formación reciente. Los precios de los alquileres y las condiciones ofrecidas también están manejados por el mercado inmobiliario, se regulan por la especulación y sus dueños asumen su función en condiciones prácticamente clandestinas. Una legislación más clara para este sector y, sobre todo la existencia de mayores facilidades crediticias pueden potenciar este puente entre la casa paterna y la propia.

         Por último, cabe señalar que, si bien está reconocido que el sistema de autoconstrucción y ayuda mutua abaratan los planes de vivienda, haciéndolos más accesibles para los grupos de menores ingresos, se debe reconocer que la solución al problema de la vivienda, por su magnitud, requiere de una participación mayor de la población. Cuando el usuario de la vivienda se involucra en su construcción quedan abaratados sus costos; esto se puede comprobar en todos los sectores sociales; pero, para abaratar los costos de las políticas públicas, la participación ya no puede ser individual sino a través de grupos de pobladores y de trabajadores organizados que tengan injerencia en los estamentos administrativos de municipios descentralizados, influyendo en el diseño y la ejecución de planes habitacionales. Para lograr que este nivel de participación civil en la gestión municipal resulte efectivo se requerirá (además de la organización) de un fuerte apoyo educativo y técnico para encarar los proyectos desde un punto de vista multidisciplinario.

         3. LA SITUACIÓN Y LAS PERSPECTIVAS DEL EMPLEO

         3.1. INTRODUCCIÓN

         La estructura del mercado de trabajo urbano en el país ha sufrido importantes modificaciones durante las últimas dos décadas. Los dos períodos claramente discernibles son aquellos qué acompañan al auge y la crisis del modelo de crecimiento instalado en el país desde 1973.

         A partir de esa fecha y hasta 1981 se verifica una expansión inusitada de la oferta de empleo en todo el aparato económico, y en el sector urbano en particular. Desde 1982 a la fecha, se asiste en cambio, a una fuerte contracción de dicha oferta, lo cual ha significado un aumento en las tasas de desempleo urbano, pero principalmente una expansión de la economía subterránea constituida básicamente por cuentapropistas insertos en el mercado informal. Puede decirse, sin temor a mucho error, que los dos principales problemas sociales que vive el país en el último quinquenio son la falta de tierra para los campesinos y la falta de trabajo para la mayoría pobre de la población urbana.

         3.2. EVOLUCIÓN DEL EMPLEO

         Antes de 1973, y específicamente desde la segunda mitad de la década de 1950, se da inicio a un proceso de cierta modernización urbana; se expanden las obras de infraestructura, la red de servicios públicos que incluye electricidad, agua, servicios sanitarios, transporte y algo de comunicaciones. En esta medida, la mayor expansión del empleo urbano se concentra en estas ramas, aún cuando las mismas representan un porcentaje muy bajo del total de la población económicamente activa (PEA). En el período intercensal 50-60 son las dos únicas ramas de actividad que crecen a un ritmo sustancialmente superior al crecimiento de la PEA total.

         En el decenio siguiente (60-70), esto es, en el inmediatamente anterior al período de auge de la economía nacional, se verifican varios hechos importantes. Por un lado, se da una fuerte caída de la participación de la PEA agrícola en la PEA total, y dentro de aquella especialmente de la PEA agrícola femenina. En este período se implementan los planes de colonización del Eje Norte y se inicia la "marcha hacia el Este", creándose, por ejemplo, la colonia y luego ciudad Pte. Stroessner. Es un período de consolidación de la tendencia hacia la urbanización iniciada en el decenio anterior. Por otro lado, este período es también el del ensanchamiento del aparato administrativo del Estado, crecimiento del sector terciario, mientras continúan las construcciones de obras públicas de infraestructura urbana. Debe tenerse presente que el proceso de urbanización se verifica sin expansión de la oferta de empleo industrial, la cual simplemente acompaña vegetativamente el crecimiento de la PEA en su conjunto.

         Los datos disponibles para el decenio 1970-1980 reflejan la dinamización que adquiere la economía global. Se verifica así (i) la tasa de expansión más alta de la PEA de los últimos treinta años (prácticamente la misma que la del crecimiento de la población); (ii) una sostenida reducción en la tasa de expansión del empleo agrícola, por efecto de la mecanización del proceso productivo; (iii) una notoria expansión de la oferta de empleo proveniente del sector financiero, seguros, bancos, inmobiliarias y otros servicios y (iv) un igualmente alto crecimiento de la oferta de empleo en el sector de construcción.

         Es en este período cuando se da un repunte de las ocupaciones de profesionales, las "nuevas profesiones" (arquitectos, ingenieros, economistas) reemplazan en atractivo a las tradicionales "profesiones liberales". Es, en suma, el período en que parece darse un importante impulso a la movilidad ocupacional ascendente.

         Las ocupaciones generadas por el rápido proceso de "modernización" abarca, en las ciudades, no sólo el sector servicios, sino también el de comercio y finanzas, actividades que emplean especialmente a hombres. Las mujeres ocupan puestos de gerentes y administradoras, empleadas y oficinistas, tanto en el comercio, las finanzas y la burocracia pública. Al mismo tiempo, decrece el ritmo de crecimiento, y con ello la importancia, del pequeño comercio tradicional ante la expansión de los grandes centros de compra. Por otro lado, aumenta la participación en la PEA de los obreros de la construcción. El crecimiento del empleo doméstico se estanca y aumenta la frecuencia de subcontratación en casi todos los ámbitos, especialmente en el comercio y en la construcción, rama de actividad en la cual crece el número de trabajadores por cuenta propia.

         3.3. SITUACIÓN ACTUAL DEL EMPLEO

         De acuerdo al Censo de Población y Viviendas de 1982, la población económicamente activa (PEA) del Paraguay sobrepasaba, en dicho año, en algo al millón de personas (un 34,3% de la población total). La tasa de actividad era de 51,5% (medida sobre la población de 12 años y más).

         Por actividad, la agricultura daba empleo al 41,2% de la PEA; la ganadería al 1,8%; es decir, las actividades agropecuarias empleaban al 43% de la PEA. Los servicios al 16,8%, ocupando, así, el segundo lugar en cuanto a contratación de mano de obra; las industrias, en tercer término, ocupaban en 1982 al 12,0% de la PEA; el comercio al 7,6% y las construcciones al 6,7%. Actividades no especificadas, de otro tipo y los que buscaban empleo por primera vez completaban el porcentaje total.

         Si se suman los empleados por industrias, construcción, comercio y servicios -que son actividades típicamente urbanas- se llega a la conclusión que estas cuatro actividades emplean al 43,1% de la PEA, es decir, un porcentaje enteramente similar al ostentado por las actividades agropecuarias, es decir, típicamente rurales.

         De esto puede deducirse que si bien existía todavía hasta 1982 una mayoría de población rural, el empleo en actividades propiamente rurales llegaba a no más de la mitad del total. La tendencia, además, según ya se vió, era la de aumentar el empleo en actividades típicamente urbanas, como el comercio y los servicios.

         Por categoría, la gran mayoría de los empleados eran trabajadores independientes (42,1%), la mayoría de ellos en la agricultura (280.000 personas), si bien con cantidades muy significativas en la industria (50.000 personas, lo que casi igualaban al número de obreros industriales), el comercio (45.000 personas) y, en menor medida, en las construcciones (21.500 personas) y en los servicios (18.000 personas).

         La segunda categoría más importante, por su número, era la de los obreros (23,1 %). De entre ellos, el grupo más importante estaba en la industria (61.000 personas), si bien el número de obreros agrícolas era verdaderamente importante (55.000 personas), así como el empleado en la construcción (47.000 personas). También eran significativas las cantidades de obreros en los servicios (23.000) y en la ganadería (12.000).

         La tercera categoría en importancia numérica era la correspondiente al trabajador familiar no remunerado (9,2% de la PEA), el que se concentraba fundamentalmente en la agricultura (91.000 personas) y, mucho menos, en la industria y la construcción (2.100 y 1.500 respectivamente).

         En cuarto lugar de importancia venía la categoría de empleados públicos (8,0% de la PEA), la que se concentraba masivamente en el sector servicios (75.000). En 1982, de acuerdo al censo, existían 83.321 empleados públicos.

         En quinto lugar figuraba la categoría de los empleados privados (6,7% de la PEA). El comercio era el que principalmente daba empleo a esta categoría (22.000 personas), aunque también los servicios y las industrias (11.500 y 6.800 respectivamente).

         El 1,0% de la PEA era empleador (11.000 personas), un 0,7% buscaba empleo por primera vez y el 9,2% tenía una categoría no especificada.

         De acuerdo a los datos del censo, en consecuencia, existía un gran porcentaje de la población trabajadora en una categoría de no dependencia (empleador, trabajador independiente y trabajador familiar no remunerado), igual a 52,3% de la PEA. En cambio, los trabajadores en situación de dependencia (obreros, empleados públicos y privados), llegaban a sólo el 37,8% de la PEA. El porcentaje restante se distribuía entre los que buscan empleo por primera vez y el trabajo no especificado.

         3.4. LA CRISIS Y EL DESEMPLEO

         Ya en 1982, vale decir, el año en que la economía paraguaya ingresa en el fuerte período de crisis en el que todavía se está viviendo, el Censo de Población y Viviendas registra la persistencia de la categoría de trabajadores independientes y familiares no remunerados en el sector urbano, insertos fundamentalmente en actividades económicas fuera de la economía de mercado.

         Simultáneamente, las dos últimas categorías ocupacionales disminuyen en el sector rural como resultado del proceso de descampesinización que fuerza a las unidades familiares campesinas a "desobligarse" de miembros económicamente inactivos o subactivos.

         Durante el período de la crisis, el desempleo abierto llega a alcanzar en el Área Metropolitana de Asunción la tasa del 10%, aunque tales cifras adolecen de un fuerte sub registro, ya que al desempleo abierto habría que agregarle el subempleo, mucho más importante que el primero, y la migración por razones ocupacionales.

         Si bien las posibilidades de acceso a un puesto de trabajo han desmejorado ostensiblemente desde 1982, no ha sido menos el deterioro de los niveles de ingreso real de la población activa. Según la Encuesta de Hogares de 1986, un 70% de la misma tenía entonces salarios mensuales inferiores a los Gs. 65.000, es decir, ganaba por debajo del mínimo legalmente establecido. La constitución de un mercado de trabajo subterráneo y paralelo al formal, la oferta de subempleo vinculada al contrabando, la "politización/partidización" del acceso al empleo, las condiciones ilegales de contratación, la subremuneración del trabajo, el incumplimiento de la ya desfavorable (para el trabajador) legislación laboral vigente, los abusos y las arbitrariedades en las prácticas de cesantías y despidos colectivos son actualmente las características principales del empleo en el país.

         3.5. TENDENCIAS Y PROPUESTAS

         En el corto plazo no se avizoran planes ni posibilidades de reactivación de la oferta de empleo en el país. De modo suscinto puede afirmarse que la misma depende en gran medida de la definición, por parte del Estado, de una política económica que enmiende -estructuralmente- las fuertes distorsiones introducidas en el aparato productivo nacional en virtud de la implantación de un mal llamado proceso de "modernización", que asfixió las potencialidades de la mayoría de las unidades productivas del país.

         Este proceso supuso (i) la desarticulación de la economía campesina; (ii) la obsolescencia e inviabilidad económica del sector empresarial de capital nacional;(iii) el crecimiento de la desigualdad interna dentro del aparato productivo, con un sector "avanzado" y otro sumamente rezagado; (iv) el empequeñecimiento del mercado interno; (v) el aumento de la dependencia externa (económica, tecnológica, productiva y alimentaria) y (vi) el sobre dimensionamiento de un sector público ineficiente que debe ser permanentemente subsidiado.

         De ahí que, si bien es necesaria la modificación de las bases estructurales del modelo (cimentado en la soja, el algodón, el contrabando y el sobredimensionamiento público), no existe ninguna posibilidad política de realizar dicha enmienda bajo el actual régimen político que gobierna al país. Precisamente, por ser sus personeros los que se beneficiaron y siguen lucrando, desde sus posiciones privilegiadas de poder, es una ficción suponer que sean ellos mismos los que propugnen un modelo que efectivamente apoye a la producción y sea más distributivo en lo económico y de mayor equidad en lo social.

         Las tendencias parecen mostrar -a la luz de los acontecimientos nacionales y de la crisis recesiva que afecta en general a los países del Tercer Mundo- que este ciclo de estancamiento en la oferta de empleo continuará en el mediano plazo, a menos que -como se dijo- se restituyan al aparato económico las condiciones que permitan elevar su productividad y competitividad, incidiendo sobre las posibilidades del empresariado y del campesinado a invertir y desarrollarse.

         A nivel de propuestas entonces, se sugieren las siguientes alternativas generales:

         a. Buscar las vías para iniciar un proceso de diversificación productiva, opuesto al actual proceso de especialización, de manera tal que la heterogeneidad del aparato productivo nacional responda con sus diferentes aptitudes a los requerimientos de abastecer la demanda interna y generar divisas para la importación de bienes y servicios básicos.

         b. Este proceso de diversificación productiva no implica ignorar la necesidad de que el país se concentre en determinadas actividades productivas o ramas de actividad, que resulten estratégicas para propender a un crecimiento económico y al desarrollo social.

         c. Dada la estrecha vinculación existente entre los niveles de inversión y el empleo, así como la relación que existe entre inversión, mercado interno y tecnología utilizada, las estrategias de aumento de la oferta de empleo deberán tomar en cuenta necesariamente una combinación de políticas públicas que, por un lado, incrementen la remuneración real a la fuerza de trabajo, por otro incentive la inversión productiva y, a la vez, desarrolle un patrón de uso de tecnología, que combine la utilización intensiva de mano de obra con intervención de técnicas avanzadas, de modo a elevar la productividad del trabajo.

         d. Dado que las unidades familiares campesinas conforman la base mayoritaria del aparato productivo nacional, y es hoy, a la vez, el sector de más baja productividad por persona ocupada, una adecuada política de empleo deberá necesariamente priorizar la plena actividad dentro del sector, de modo a aliviar la presión por puestos de trabajo en las zonas urbanas en una economía que no tiene condiciones de iniciar un proceso masivo de industrialización y a aumentar la producción interna bruta.

         e. A fin de alcanzar la meta anterior, tres factores parecen decisivos: (i) acercar al sector campesino los avances logrados en la investigación y el desarrollo de tecnologías apropiadas mediante un enlace eficiente entre aquellos centros y la finca; (ii) asimismo, la creación de un Banco Campesino, administrado y controlado por líderes de sus organizaciones representativas, garantizaría el flujo adecuado de recursos financieros para sanear una economía carcomida por el endeudamiento usurario y (iii) el desarrollo de una agroindustria que mire y se diseñe priorizando la producción campesina, entendiendo que es tarea de los servicios comerciales de la Cancillería nacional en el exterior la detección de mercados para la exportación de aquellos productos. Por esto, la agroindustria nacional deberá alcanzar niveles de calidad y competitividad que satisfagan las exigencias de mercados relativamente sofisticados.

         f. Aliviada la presión por el empleo en el sector urbano por vía de la retención de trabajadores campesinos en sus fincas, el Estado -incapaz de seguir sobredimensionando un sector público burocrático, ineficiente y mal pagado- debería apoyar, con políticas sectoriales adecuadas, las estrategias económicas populares que se desarrollaron para hacer frente a la crisis. Es el mismo bajo pueblo el que ha mostrado una alta eficiencia para no morir de hambre. Los planificadores y técnicos de un nuevo gobierno nacional y popular deberían trabajar con, y aprender de los líderes de organizaciones de trabajadores urbanos (de aquellas organizaciones que habrán de formarse para que los intereses del heterogéneo "sector informal" estén representados), de modo que las políticas que se deriven no asfixien, sino que potencien formas alternativas para procurar ocupación e ingreso.

         g. Una actitud pública cautelosa debería desarrollarse hacia actividades oligo o monopólicas, especialmente cuando estas empresas son de capital extranjero o utilizan procesos productivos altamente dispensadores de mano de obra. Se trata de elevar la productividad promedio del trabajo, no ensanchando la brecha entre el sector "de punta" y el "atrasado", sino haciendo que este último se aproxime a aquel sin que el sector moderno deje de incrementar sus propios niveles de productividad.

         h. Deberá elaborarse una legislación laboral que (i) garantice el derecho a asociación de trabajadores de manera autónoma y con apoyo estatal, de modo a convertirlos en actores sociales capaces de negociar paritariamente con sus empleadores y el propio Estado; (ii) regule las condiciones de trabajo, contratación, remuneraciones, despidos, vacaciones y prestaciones sociales; (iii) regule la subcontratación, tanto en el empleo urbano como en el rural.

         4. LA ALIMENTACIÓN Y EL MEDIO AMBIENTE

         4.1. EL DETERIORO DEL MEDIO AMBIENTE URBANO

         El rápido desarrollo urbano del país, acentuado en las últimas décadas, y la ausencia de normas efectivas, ha llevado a un deterioro del ambiente urbano a niveles altamente peligrosos.

         Particularmente en el Gran Asunción, la contaminación atmosférica, causada por los vehículos automotores y por instalaciones fabriles, es creciente y no se conoce de medidas que la vayan a limitar.

         Los cursos de agua cercanos a Asunción se encuentran, en su totalidad, altamente poluidos y sin vida ictícola.

         Los escasos espacios verdes existentes en Asunción son ocupados por entes estatales y privados, en contra de lo que expresamente establecen las leyes. Se puede citar, así, al Jardín Botánico, ocupado por la ANTELCO y el Asunción Golf Club y al parque C.A. López, ocupado, en parte, por Canal 9. También en ciudad Pte. Stroessner, en forma absolutamente ilegal, la comuna cedió el paseo central de la principal arteria de la ciudad para la construcción de locales comerciales, favoreciendo, así a la especulación inmobiliaria.

         Tampoco se adoptan limitantes contra la contaminación sonora, ni se respetan medidas de preservación del patrimonio histórico arquitectónico.

         Un caso más grave es el generado por las industrias poluyentes o peligrosas. Entre las primeras pueden citarse a las curtiembres y desmotadoras de algodón, las que normalmente provocan la crítica de los vecinos. En cuanto a las segundas, el caso más notorio es el de Gas Corona, empresa fraccionadora de gas licuado de petróleo situada en Trinidad, la que está teniendo una fuerte contestación del barrio, pese a lo cual insiste en permanecer en el lugar.

         Las industrias peligrosas y contaminantes no deberían estar en barrios residenciales.

         La planificación del uso del suelo urbano, el rescate de los espacios verdes hasta hoy legalmente ocupados por empresas públicas y privadas y el control de la contaminación ambiental en las ciudades sólo podrán ser efectivos con la activa participación de los diversos actores sociales interesados.

         4.2. LA CONTAMINACIÓN ALIMENTARIA

         Existe una falta de control en cuanto a la calidad de los productos alimenticios nacionales e importados. El usa del bromato en el pan, la existencia de elementos extraños en la yerba y de agua en la leche son, apenas, algunos de los ejemplos más notorios. Normalmente no existe control sobre los aditivos que se le agregan a alimentos industrializados, como estabilizadores, colorantes y aromatizantes, por ejemplo.

         En algunos casos existen reglamentaciones pertinentes, pero su cumplimiento se torna difícil ante la ausencia de voluntad política para ello y debido a la existencia de una gran variedad de artilugios para evitar la aplicación de las normas establecidas. De esa manera, el consumidor no sabe exactamente qué es lo que está ingiriendo.

         5. LOS ACTORES SOCIALES URBANOS. OBREROS, EMPLEADOS,  TRABAJADORES INDEPENDIENTES, ESTUDIANTES Y OTROS

         5.1. ESTRUCTURA

         Los actores sociales urbanos se constituyen principalmente en la ciudad capital, Asunción. Según el Censo de 1982, Asunción posee una población económicamente activa (PEA) de 195.714 personas, con un 21,3% de obreros, 36,8% de empleados -públicos y privados con igual participación-, 20,7% de trabajadores independientes y 18,3% de trabajadores no especificados; cantidades semejantes a las del Paraguay urbano: 27,8; 14,1 y 12,7; 26,8 y 14,9% respectivamente. En la misma fecha, se encuentran concentrados en Asunción y el Dpto. Central el 70,8% y 14,9% del total de 52.083 universitarios que conforman al potencial del actual actor estudiantil. Sin embargo, estas categorías sociales no se han transformado en actores sociales colectivos, aunque se manifiesta en universitarios, obreros y empleados un lento y germinal proceso de constitución.

         5.2. BLOQUEO A LA CONSTITUCION DE ACTORES SOCIALES

         La represión preventiva a todo intento organizativo independiente y la omisión de acciones de defensa de los derechos individuales y colectivos por parte del Gobierno, a nivel general; la fragmentación e inestabilidad del mercado de trabajo, prohibición por ley de la sindicalización de empleados públicos y restricciones legales y, sobre todo, prácticas para alcanzar ese objetivo gremial; la limitación al acceso y permanencia en el sistema universitario; y la corrupción y cooptación han impedido la organización autónoma de los diversos actores sociales. Asimismo, desde la coyuntura económica recesiva, que se inicia en 1982, se expandió la desocupación y subocupación, conformándose una masa creciente y heterogénea, sin relaciones densas ni permanentes, lo que ha facilitado el bloqueo de los intentos organizativos. Pero, por otra parte, el ciclo de la crisis, ha significado un marcado deterioro del consumo y ha generado expectativas que impulsaron la protesta de los diversos grupos de las categorías señaladas.

         5.3. COYUNTURA Y PERIODIZACIÓN

         En 1986, especialmente a partir de abril-mayo en el área urbana y posteriormente en el espacio rural, ha sido resaltante la visualización de la emergencia de grupos de trabajadores y estudiantes, con evidente mayoría de los organizados sobre los no articulados, con nuevos comportamientos y formas de intervención. Estos procesos ya se habían iniciado en 1985 o antes, pero recién posteriormente aparecen en la escena pública. Los fenómenos reflejan efectos sociales causados por dos tendencias, una más coyuntural, como es la recesión, y otra de más largo plazo: los cambios que se dieron en el ámbito socioeconómico en la pasada década y que recién ahora se explicitan en el plano organizativo y sociopolítico.

         5.4. CARACTERISTICAS DE LOS ACTORES

         Las características más significativas de los emergentes actores sociales son: una incipiente y frágil organización; autonomía de los partidos, Iglesia y Gobierno; y directivas politizadas. Pero, debe puntualizarse, que la mayoría de estos sectores se encuentra en el atraso y el marginamiento político, la desarticulización social y con presiones crecientes debido al deterioro y la exclusión económica, como consecuencia del subempleo y desempleo. Los campos de acción están dados por intentos de la constitución de su identidad y organización, una intervención sociopolítica en los medios de información, entrevistas con sectores de poder y el emprendimiento de acciones por demandas fundamentalmente corporativas a las que se sumaron pedidos políticos en 1986.

         5.5. ORIENTACIONES GLOBALES

         Las orientaciones básicas del actual proceso que viven los actores sociales son: afirmación de una identidad que se constituya en un referente organizacional; acciones defensivas y de resistencia por derechos arrebatados -especialmente en lo económico y gremial, tanto para las dirigencias como para las bases-; inclusión de demandas por la democratización; e intentos de articulación de las politizadas dirigencias, que buscan su reconocimiento como interlocutores nacionales válidos. En términos globales, predomina una orientación de tipo simbólico-expresivo antes que la instrumental-política. Las orientaciones básicas indicadas configuran la manera o el modo específico en que los diversos actores viven e intentan superar la exclusión; en la simbólico-expresiva prima "el sentido de búsqueda de cimentación de una identidad y de la capacidad de expresarla" mientras que en la instrumental-política existe "una búsqueda de medios y organizaciones relativamente estables, que incluyen ciertas jerarquías, apropiados para perseguir fines de negociaciones, alianzas y presión, en relación con el Estado, otros actores sociales y un cierto sistema político y donde la noción de estrategia ocupa un lugar de cierta importancia" ³¹. Sin embargo, considerando el incipiente desarrollo organizacional de los actores en su proceso de constitución no podría esperarse otro tipo de orientación hegemónica sino la simbólico-expresiva. Pero, los relativamente incipientes intentos de articulación de directivas precisamente pretenden la superación de la espontaneidad de las acciones defensivas que caracterizan a los emergentes actores.

         5.6. TRABAJADORES POR CUENTA PROPIA 0 INDEPENDIENTES

         Es el sector menos estructurado, caracterizado por una carencia de relaciones sociales densas y permanentes, explicitadas en una inestabilidad e inseguridad en el empleo, ingresos bajos y condiciones de vida paupérrimas. No poseen organizaciones, con excepción de sindicatos muy pequeños, ligados al comercio y/o servicios e incorporados a la central de trabajadores oficialista mediante vínculos clientelistas no carentes de corrupción, como pueden ser los casos de los vendedores ambulantes de estadios deportivos de Asunción y de los vendedores feriantes de ciudad Pte. Stroessner, respectivamente.

         Las muy escasas acciones emprendidas por estos grupos se han caracterizado por un alto nivel de espontaneidad, como fueron las denuncias de persecución por parte de inspectores municipales durante los últimos dos años -acicateados por comerciantes locales- y las protestas en el Mercado N° 4 de Asunción y de los vendedores de ferias de ciudad Pte. Stroessner- en diciembre de 1985 y octubre de 1986, respectivamente. Las protestas de Asunción se hicieron portando fotografías del Presidente de la República; y en ambos casos se dirigieron directamente a las autoridades municipales y no a través de su organización gremial, de la que carecían, ni por medio de la central sindical oficial. Las acciones se orientaron a la defensa del espacio físico en sus centros de trabajo -determinadas calles- negándose a ser trasladados a otras, ubicadas fuera del flujo comercial, para sus ventas o el ofrecimiento de servicios.   

         Incluyendo a los profesionales independientes dentro de este sector, cabe mencionar una tendencia hacia la subocupación, más que a la desocupación absoluta, en los últimos años. Si bien existen organizaciones gremiales, la mayoría de los profesionales carecen de la conciencia de su necesidad e importancia, además de encontrarse en situación de competitividad. Estas asociaciones no se manifiestan en general, y aún aquellas de alto prestigio social, como las de médicos y abogados, no se expidieron con respecto a las represiones que sufrieron estudiantes de sus anteriores centros de estudio; tampoco se conoce manifestación pública alguna a favor ni en contra del Diálogo Nacional, auspiciado por la Iglesia Católica desde comienzos de 1986.

         El Estado cuenta con la presión económica para ambos grupos de trabajadores independientes, especialmente para los profesionales, además de disponer, como contrapeso, de centros de profesionales oficialistas para canalizar ciertas prebendas. Para los otros, se apela más a la Policía y a ocasionales promesas de consideración de las demandas, así como a amenazas de aplicación de la represiva Ley 209, como ocurrió en enero de 1986 en el caso del Mercado 4 de Asunción.

         5.7. OBREROS Y EMPLEADOS

         Los obreros no sólo se encuentran concentrados en Asunción y su cuenca industrial, sino también en diversos puntos del país, como en la construcción de la represa Yacyretá, donde trabajadores de la construcción llevaron a cabo protestas importantes en 1986, especialmente en diciembre. En general, sufren del desempleo y subempleo así como de un creciente deterioro del salario real, factores que desactivan toda actitud contestataria. y que, en cambio, sirven de disparador de la protesta.

         Los empleados públicos, que no pueden   sindicalizarse por ley, según estimaciones oficiales perdieron entre 1982 y 1986 un 75% del poder adquisitivo del salario real mientras que los privados tuvieron un deterioro del 25% ³². Con estas cifras puede comprenderse la lucha de los empleados y enfermeras del Hospital de Clínicas, ente público de Asunción, y por qué alcanzó una situación potencial conflictiva.

         Las acciones de protesta han ido aumentando en los últimos tres años, siendo puntuales o sectoriales; sólo en el caso de Clínicas -con la participación de estudiantes, médicos residentes, enfermeras y empleados- se tiene una lucha que fue ampliamente visualizada, durante todo 1986. En efecto, las denuncias de abusos y la constitución de disidencias a través de éstas, documentos y entrevistas han aumentado significativamente. Esta intervención sociopolítica en los medios de comunicación ha dado lugar a una capacidad de convocatoria de las incipientes entidades en relación a su base organizativa. La orientación de las acciones han sido más bien defensivas y de inclusión; aquellas -con significativa espontaneidad- demandaron fundamentalmente defensa de puestos de trabajo -especialmente de dirigentes despedidos- y/o derechos legales, así como un aumento de salarios y reflejaron los intereses del conjunto de los trabajadores organizados. Por otra parte, las orientaciones de inclusión respondieron básicamente a las dirigencias y demandaban su inclusión en el sistema de decisiones económicas y políticas, como lo hace el Movimiento Intersindical de Trabajadores del Paraguay (MIT-P) en su crítica a la exclusión del sector en el Plan de Impulso a la Economía Nacional y en su incorporación al Diálogo Nacional propuesto por la Iglesia, en la segunda mitad de 1986³³.

         La organización del sector se basa más en la conformación de articulaciones de tercer grado, centrales o confederaciones, antes que en el desarrollo de federaciones, de segundo grado, o sindicatos, de primer grado, o tendencias independientes dentro de cada uno de esos niveles. La articulación de mayor significación es el MIT, creado hace dos años y compuesto por organizaciones sindicales, mientras que la Agrupación Independiente de Trabajadores (AIT) unifica a tendencias, normalmente minoritarias, de los sindicatos. A finales de 1986, se ha creado una articulación de las centrales de distintos sectores -obreros, campesinos, estudiantes, mujeres- denominada Encuentro Permanente de Organizaciones Sociales (EPOS), de constitución aún muy reciente como para evaluarla. Sin embargo, la fuerza de estas organizaciones es limitada pues, por ejemplo, se considera que sólo el 2% de la PEA nacional está sindicalizada -26.000 personas-, perteneciendo más de los 2/3 a la central oficialista.

         Sólo núcleos aislados coma el de los bancarios privados se encuentran bien organizados, así como algunos sectores del comercio y de la construcción manifiestan signos de reactivación. Finalmente, como parte de una vitalización de alternativas, se puede señalar el reconocimiento internacional alcanzado por el MIT y el paralelo creciente aislamiento de la Confederación Paraguaya de Trabajadores (CPT), la central oficialista.

         Constituyen factores de bloqueo a la constitución del actor sindical, además del desempleo, la acción de la CPT, de organismos de gobierno y la coerción física. La central oficialista, dependiente más del gobierno que del partido de gobierno, es un agente de control y de bloqueo a todo tipo de organización independiente. Para esto, cuenta con apoyos claves en el Ministerio de Justicia y Trabajo (MJT), para el reconocimiento de sindicatos; y, especialmente, los nuevos requieren de éste. El ministerio respectivo, en combinación con la CPT, reconoce jurídicamente a los sindicatos dependientes y/o "amarillos". En otros casos, en 1986, se ha utilizado la represiva Ley 209 de Defensa de la Democracia contra activistas sindicales mientras que en forma permanente no se cumplen leyes de salarios mínimos, condiciones de trabajo, etc. La utilización de fuerzas policiales, parapoliciales y antimotines ocurrió en casos como el de la concentración del Primero de mayo de 1986 ³⁴, auspiciada por el MIT en Asunción, o para reprimir intentos de organización sindical en Yacyretá y CAPSA este año y en ocasiones anteriores.

         5.8. ESTUDIANTES

         Se ha evidenciado en los últimos tres años una importante visualización del actor estudiantil universitario, basado en su prestigio social y capacidad de movilización ³⁵. Hasta hoy este fenómeno se ha limitado a Asunción pero, lo significativo del último año, es el intento de incorporación de las organizaciones del interior del país por parte de la central universitaria independiente, la Federación de Estudiantes Universitarios del Paraguay (FEUP), paralela a la oficialista, denominada Federación Universitaria del Paraguay (FUP). Esta se encuentra interesada en recuperar terreno, intentando mantener la afiliación de centros estudiantiles de mayor prestigio y ahora obligada, también, a luchar en el interior del país con la FEUP.

         Se encuentra una identidad disidente más consolidada, que creció con protagonismo en 1986, se estructuró a través de una Coordinadora de Movimientos Estudiantiles Independientes, a comienzos de año, y se institucionalizó con la organización de la FEUP a finales del mismo ³⁶. Este proceso se aceleró en los últimos dos años con la pérdida de centros estudiantiles, antes en poder del oficialismo, y la articulación de movimientos independientes alrededor de un torneo deportivo universitario paralelo al oficial, cada vez más reducido y desprestigiado. El dinamismo estudiantil, especialmente en el caso de Clínicas, en combinación con empleados y enfermeras, evidenció, por una parte, la centralidad de la lucha gremial por falta de un mayor protagonismo de partidos u organizaciones políticas y la ausencia de espacios para el balanceo y el contrapeso y, por otra parte, asimismo, la rigidez del régimen autoritario que politizó a dichas demandas sociales.

         Las acciones estudiantiles han sido mayormente defensivas de derechos e intereses gremiales, como el acceso a y la permanencia en el sistema educativo, especialmente en facultades de prestigio como Medicina; asimismo, se encararon acciones contra los costas de la educación, como los aumentos de la matrícula en la privada Universidad Católica (UC) y los aumentos de aranceles en la estatal Universidad Nacional de Asunción (UNA), que está dejando de ser gratuita. Otra forma de intervención de los gremios estudiantiles fue a través de medios de comunicación social, informando a la opinión pública de la legitimidad de sus demandas, especialmente cuando su dinamismo alcanzó niveles insospechados, al ganar muy temporalmente la calle y luego al insistir en su libre acceso. Las dirigencias, también en 1986, se politizaron y escaparon a un sectorialismo, por cuanto que demandaron espacios políticos y tuvieron expresiones de solidaridad con otros sectores sociales. Asimismo, también se dio su articulación en el EPOS, que representa un intento de coordinación y de superación de la espontaneidad, aunque es muy incipiente aún y muy limitado a la dirigencia; es más una idea que una propuesta elaborada.

         Por otra parte, el Estado ha utilizado un amplio repertorio de mecanismos coercitivos. Para finales de 1986 se presenta a la FUP con una renovación de su directiva, se enuncian ciertas demandas reivindicativas y se proyectan hacia el interior del país; en resumen, la FUP está más interesada en mantener su terreno antes que en ganar uno nuevo. En la misma época, la dirección de Asuntos Estudiantiles del partido de gobierno recibe mayores fondos para becas y asistencia a estudiantes durante 1987. Por otra parte, a los intentos de ocupar la calle del pasado año -que se logra por un momento- el Gobierno responde con la represión violenta de la Policía, Policía antimotines y grupos parapoliciales, mayormente de Seccionales del partido de gobierno. También se aplica la Ley 209 a líderes del movimiento contestatario de Clínicas, tanto a comienzos como a finales de año, basados en el informe policial y condicionando la libertad de los detenidos al cese de la presión del movimiento.

         En la UNA, se reproduce nítidamente el régimen autoritario, mediante el riguroso control del espacio físico interno, proceso iniciado en la Facultad de Ingeniería y que culmina con la implementación de un Reglamento Interno que sólo permite la reunión de estudiantes los viernes después de las 20 hs., finalizada toda actividad académica y las sanciones correspondientes a quienes violen estas ordenanzas. En la UC el verticalismo y la intolerancia de las autoridades es creciente, aunque se utilizan otros justificativos ideológicos.

         5.9. PROPUESTAS

         La propuesta central para los emergentes actores sociales urbanos es la construcción de una sociedad civil que signifique constitución de identidades y su vitalización y una participación social y política orientada a una mayor distribución de la riqueza y el poder. Esta constitución de la sociedad civil se deberá hacer a pesar de la acción del Estado que llevará acabo hostigamientos y represiones y buscará mantener la atomización social y política, la debilidad y fragilidad de las incipientes organizaciones autónomas.

         Identidades disidentes se constituirán a través de organizaciones y propuestas. Se deben crear nuevas, vitalizar las existentes y avanzar organizativa y cualitativamente. Asimismo, debe considerarse una mayor articulación entre dirigencias y bases y aquellas deberían estructurarse por sectores para disponer de una mayor fuerza frente a otros actores sociales y políticos, así como frente al Estado. El sector estudiantil, el de obreros y empleados pueden coordinarse con mayor facilidad entre sí que con los trabajadores independientes, aunque se contrapone a esta tendencia unitaria el peso de las orientaciones políticas societales que priman a nivel de las distintas organizaciones.

         Las orientaciones de los actores son de defensa gremial, como el empleo -creación y mantenimiento de puestos de trabajo-, mayor acceso y mantenimiento en el sistema educativo. Asimismo, es necesaria una orientación de inclusión en el esquema de decisiones, esto es influir en el mismo, lo cual sólo se consigue a través de organizaciones y propuestas. La inclusión apuntará a aspectos referidos a la distribución de la renta, cómo puede ser la participación en planes de reactivación económica, por una parte; y, por la otra, hacia una ruptura de los compartimientos estancos entre actores sociales y políticos, respetando autonomías, para una coordinación que apunte a un proyecto de transición viable. Sin embargo, la carencia de experiencias de concertación, tanto a nivel socioeconómico como político, no será un problema menor aunque no puede excluirse la voluntad política de los actores ni el peso de factores externos.

         En un proyecto de gobierno auténticamente democrático se deberá dar (i) reconocimiento legal y plenas garantías a las diversas organizaciones sociales; (ii) éstas deberán constituirse libremente, fuera de la influencia del Estado y (iii), se deberá, además, otorgar reales espacios de participación a las diversas organizaciones sociales, en los ámbitos que les compete. La concertación será estimulada, entre patrones, por un lado, y obreros y empleados, por el otro, para la solución de todo conflicto laboral, respetándose estrictamente el derecho a la huelga (la legislación laboral, para ello deberá ser radicalmente reformada). A nivel estudiantil, se buscará dar una mayor participación a este estamento, para lo cual se reformará la ley universitaria N° 356 en base a los principios reformistas de Córdoba.

NOTAS

¹La inducción indirecta puede considerar a la omisión o ausencia de políticas públicas.

²Hernandarias y Pte. Franco, además tienden a integrarse con CPS en un único conglomerado urbano.

³ Morínigo, J.N. y R.L. Céspedes, "El proceso de urbanización en el Paraguay: de la quietud al dinamismo". En Ciudad y Vivienda en el Paraguay, Asunción, SAEP, 1984. Gutiérrez, Ramón: Evolución urbanística y arquitectónica del Paraguay. 1537-1911, Asunción, Ed. Comuneros, 1983). Rivarola, Domingo y otros: Población, urbanización y Recursos Humanos en el Paraguay, Asunción, CPES. 1970.

⁴Freire Esteves, Gomes: Capacidad económica del Paraguay (1920); Zubizarreta (1940) s.t., González Teodosio: Infortunio del Paraguay (1931), y otros que aparecen citados por Morínigo y Céspedes, en Ciudad y vivienda en el Paraguay, op. cit.

⁵Galeano, Luis y Tomás Palau: Desarrollo Regional, Primacía Urbana y Migraciones en el Paraguay, Asunción, CPES-PSIPAL, 1978.

⁶Aquí se está dejando de lado todo el problema de la migración internacional procedente del Brasil, porque su destino fue más el sector rural que el urbano. Pero de todos modos vale anotar que dicho proceso es concomitante con la migración de retorno desde la Argentina. Ver Capítulo VII, punto 2.

⁷Esta última modalidad de residencia en las ciudades del interior reproduce en forma muy similar la vida del "boia fria" brasileño, característico de los centros suburbanos del vecino país.

⁸Entre 1904 y 1985 se han creado 200 municipios, de los cuales 157 devienen de gobiernos colorados y 43 de otros gobiernos. Para los próximos cinco años se plantea crear 20 municipios más (Patria 07.10.85, p. l0).

⁹Sobre este punto se volverá en el tema referente a vivienda y asentamientos humanos.

¹⁰De un trabajo presentado en el Seminario: Una ciudad para todos, Colegio de Arquitectos de Chile, enero 1983.

¹¹Otros determinantes estructurales del campo como el fortalecimiento de los procesos de recampesinización son dejados de lado en estas propuestas aún cuando se tenga plena conciencia de que constituyen una condición para garantizar a la población campesina su permanencia rural.

¹²Este punto hace referencia a las poblaciones más pobres de la ciudad o a barriadas ubicadas principalmente en el área ribereña de Asunción que están en permanente conflicto con la municipalidad de la capital, la cual, en nombre del mejoramiento de la ciudad, los expulsa cada vez más lejos de sus fuentes de trabajo acelerando, de esta manera, su empobrecimiento. Las aleja, además, de otras fuentes de recursos (el río) que hasta hoy han posibilitado la implementación de diferentes estrategias de supervivencia. Ver EAPS. Lucha y tierra urbana en Asunción.

¹³Borja, Jordi: Por una Política Municipal Democrática. Barcelona, Centro de Estudios de Urbanismo, 1977, p. 25.

¹⁴Por sectores populares se entiende a la población de estratos socio económicos más degradados y empobrecidos.

¹⁵Intencionalmente se elude el concepto de marginalidad por la multiplicidad de significados que puede suscitar.

¹⁶Ríos, Luis S.: Situación de la vivienda popular en Paraguay. Asunción, CPES, 1982, p.13.

¹⁷Ver:

-Morínigo, José N. (compilador): Ciudad y vivienda en el Paraguay. Asunción, SAEP, 1982.

-Equipo Arquidiocesano de Pastoral Social: Problemática de la vivienda en Asunción, EAPS, 1983.

-Equipo Arquidiocesano de Pastoral Social: Efectos sociales de las inundaciones en el Gran Asunción. Asunción, EAPS, 1984.

-Equipo Arquidiocesano de Pastoral Social: Lucha y tierra urbana en Asunción. Asunción, EAPS, 1986.

¹⁸A modo de ejemplo puede decirse que mientras en el total de viviendas de la ciudad de Asunción un 14,6 % tiene la letrina común (simple excavación tapada con troncos o tablas) o no tiene baño, en la vivienda improvisada esta categoría absorbe el 100% de los casos.

¹⁹El Sistema Nacional de Ahorro y Préstamo para la Vivienda (SNAPV) se ha manifestado impotente de resolver, con recursos propios, este acuciante problema, financiando, más bien, a sectores de clase media. Ver Capítulo VI, punto 3.

²⁰Laterza, R., Gustavo: Compilación de disposiciones legales para la ciudad de Asunción y alrededores. Asunción, CPES, 1980

²¹Este dato fue proveído por el Instituto de Vivienda y Urbanismo en su exposición durante el Seminario Vivienda Popular y los Programas de Reubicación de damnificados, organizado por CEURA en Asunción, del 29 al 31 de octubre de 1985.

²²El Estado ha variado sustantivamente su apoyo al BNAPV en los últimos años. Si se comparan las cifras del Presupuesto General de la Nación puede verse lo sgte.:

²³Ríos, Luis S. Situación de la vivienda..., Op. Cit. p. 24.

²⁴Ibid, p. 31.

²⁵En estos programas ya no se puede hacer referencia al ingreso porque en la mayoría de los casos no hay ingreso fijo, pues se incluyen en los proyectos a trabajadores del sector informal.

²⁶Situado en el barrio Stroessner de Asunción.

²⁷La propuesta del Equipo Arquidiocesano de Pastoral Social fue desarrollada en: EAPS: "Lucha y tierra urbana. . .", Op. Cit.

²⁸El tema de la construcción de los barrios populares puede verse con más detalle en: Heikel, Ma. Victoria: Los proyectos populares de ocupación del suelo: Vivienda, Municipalidad y Participación. Documento de Trabajo Nº .1 BASE/ ISEC, Asunción, 1985.

²⁹Un ejemplo concreto de la ausencia de criterios en este último respecto estuvo dado por la forma en que se procedió cuando se construyó la Terminal de Ómnibus de Asunción. La población que estaba asentada en el lugar donde fue construida, representaba un interesante potencial humano al cual dar empleo en la propia terminal y sus actividades conexas; sin embargo, fue desalojada y "reubicada" fuera de su radio de influencia, quedando sus tierras así liberadas a la obra pública y al uso comercial. Los trabajadores de la estación terminal deben ahora pagar pasajes para llegar a su lugar de trabajo.

³⁰El fortalecimiento de la empresa nacional en la producción de materiales de construcción tiene, además, un efecto directo en la creación de nuevos puestos de trabajo con lo cual se favorecen las condiciones para un mayor acceso a la vivienda, que demandará nuevos materiales. Aún cuando, con este esquema, no se pueda satisfacer la demanda nacional de empleo, es una de las formas que más relación guarda con el sector vivienda.

³¹Campero, Guillermo. "Luchas y movilizaciones sociales en la crisis: ¿Se constituyen movimientos sociales en Chile? Una introducción al debate", en: ILET: CLACSO-UNU, Los movimientos sociales y la lucha democrática en Chile. (Santiago, ILET, 1986), p. 9-19.

³²Según el informe del Equipo Interinstitucional presentado a Coordinación Económica el 2 de mayo de 1986, como base para el Plan de Impulso a la Economía Nacional. Sin embargo, las cantidades parecen aumentadas, comparándolas con el ingreso de los docentes primarios de centros de enseñanza del Estado. Véase Capítulo V, punto 1 (Educación).

³³Céspedes, Roberto L. "Recesión económica y reconstitución del actor sindical", en: Rivarola, D.M. (ed.) Los movimientos sociales en el Paraguay. (Asunción: CPES, 1986), p. 167-20

³⁴ El primero de mayo de 1987, en cambio, el Gobierno no interfirió la reunión del MIT-P en la plaza Italia que congregó a unas 3.000 personas.

³⁵Laterza R., Gustavo. "La experiencia autonómica del movimiento estudiantil independiente de Paraguay", en: Rivarola, D.M. (ed.) Los movimientos sociales..., op. cit., p. 253-260.

³⁶ El pasado 24 de abril se constituyó formalmente la FEUP. La integran los gremios más representativos de Asunción y los centros universitarios de Encarnación, Ciudad Presidente Stroessner, Caaguazú y Pedro Juan Caballero.

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CONCLUSIONES Y PROPUESTAS FINALES

Del Análisis de la Realidad Nacional que se presenta resulta, como conclusión lógica, que solamente mediante una verdadera democratización de las estructuras de poder, que permitan la real participación de las diversas fuerzas sociales y políticas, se podrá superar la actual profunda crisis económico-social que asuela a nuestra patria.

Para democratizar el país se requiere, a su vez, rescatar los principios republicanos de la Asociación Nacional Republicana (ANR), hoy capturados por el régimen autocrático que oprime a toda la nación y conciliarlos con los principios democráticos existentes en los idearios de otros partidos, a fin de arribar a una verdadera unidad, en aspectos fundamentales, entre todos los paraguayos.

La Constitución Nacional debe ser reformada, de modo a limitar las atribuciones del Poder Ejecutivo y garantizar los derechos ciudadanos. De este modo, la Constitución Nacional será la herramienta jurídica que impida una vuelta al autoritarismo. Debe garantizarse la independencia del Poder judicial respecto al Ejecutivo, para lo cual deben arbitrarse reformas en el mecanismo de designación de los magistrados judiciales, dándoles intervención directa a los gremios profesionales, como el Colegio de Abogados del Paraguay.

Los artículos de la Constitución referentes al Poder Legislativo también deben ser revisados, así como los correspondientes de la Ley Electoral. La representación de los diversos partidos políticos en el Parlamento debe estar en función directa a los votos recibidos en las elecciones generales que se convoquen; es inadmisible otorgar las dos terceras partes de las bancas al partido mayoritario.

La ley electoral, además, debe permitir el surgimiento de nuevos partidos políticos sin más requisitos que los establecidos en el nuevo estatuto electoral a elaborarse, debiendo constituirse la Junta Electoral Central en un órgano independiente, ligado al Poder Judicial, antes que controlado por el partido mayoritario. Debe respetarse el pluralismo ideológico y el único impedimento para la legalización de nuevos partidos políticos debe ser el carácter de su funcionamiento interno y de los métodos que se propugne para la toma del poder, que deben ser pacíficos.

El rol de las FF.ÁA. y de los demás organismos de seguridad del Estado debe estar regido por lo establecido en la Constitución Nacional, es decir, la defensa de la soberanía nacional, debiendo agregárseles la defensa de la propia Constitución y de los derechos ciudadanos. Deben ser fuerzas netamente profesionales, enteramente subordinadas al poder civil legítimo.

Los derechos colectivos e individuales serán preocupación permanente de un gobierno auténticamente colorado, en el entendimiento que la privación de los derechos y necesidades básicos de los paraguayos es una transgresión a normas elementales de la convivencia.

LA CUESTIÓN AGRARIA

Los problemas por los que atraviesan los campesinos pequeños y medios de (i) tenencia insegura de la tierra;(ii) minifundios 500 con suelos desgastados; (iii) falta de asistencia técnica y crediticia efectiva; (iv) bajos precios pagados por sus productos; (v) acopio y comercialización; y (vi) escasos y deficientes servicios de salud y educación, sólo podrán ser resueltos con la directa y activa participación de sus organizaciones legítimas, a las que se debe reconocer y dar la trascendencia que se merecen.

El modelo agroexportador, basado en el algodón y la soja, empobrece al país y ha deteriorado sensiblemente el nivel de vida del pequeño campesino. Debe propenderse, más bien, a potenciar el mercado interno, diversificando la producción agrícola y persiguiendo la autosatisfacción de las necesidades alimentarias de toda la población y del campesinado en particular.

La tierra debe ser del que la trabaja. En ese sentido, debe dársele seguridad al pequeño campesino, otorgándole títulos definitivos en los casos que corresponda.

La reforma agraria debe tener como principal protagonista al pequeño agricultor, al que se le debe asegurar la tenencia de la tierra que se le otorga o explota y, además, debe enmarcarse, tal reforma, dentro de un plan global de diversificación de la producción primaria, asistencia técnica y crediticia, apoyo a las prácticas de explotación racional y renovable de los recursos naturales disponibles, entre otros aspectos. El campesino sin tierra o con una extensión mínima, como el Censo Agropecuario de 1981 comprueba que existe en un elevado porcentaje, debe pasar a ser un recuerdo triste del pasado. La reforma agraria, por otra parte, debe ser ejecutada con la activa participación de todas las organizaciones representativas de los mismos campesinos.

En todas las circunstancias debe fomentarse el uso racional y renovable de los recursos naturales, así como la utilización de tecnologías respetuosas del medio ambiente. Recursos como el bosque y el suelo agrícola, deben contar con planes especiales de preservación y de explotación racional y ecológica.

Debe, por último, darse una solución enteramente satisfactoria al problema indígena, particularmente al de la tierra, de modo que estos pueblos puedan desarrollarse en base a sus propios principios y cultura.

LA CUESTIÓN URBANA

El rápido crecimiento de la población urbana en el Paraguay requiere de la participación de todos los sectores involucrados en la cuestión urbana. Para ello, la gestión urbana debe ser efectivamente autónoma del gobierno nacional; los intendentes deben ser directamente electos, por voto universal, por los habitantes de sus respectivos municipios. Los movimientos sociales de cada ciudad deben, además, participar activamente en la solución de los problemas que les atañen. Para que pueda concretarse esta descentralización administrativa, es imprescindible potenciar los mecanismos de autofinanciación de los municipios.

El problema de la tierra urbana y de la vivienda debe ser encarado de tal manera a buscar una solución satisfactoria para los sectores sociales de menores recursos económicos, a los que se les debe garantizar efectivamente el derecho constitucional a una vivienda digna en tierra propia. La especulación inmobiliaria debe ser evitada y deben emprenderse planes de construcción de la vivienda urbana, en base a técnicas alternativas y sistemas de autoayuda, que consigan mejorar la problemática de la vivienda al más bajo costo.

El problema del suelo y la vivienda urbana no tendrá solución si es que, simultáneamente, no se implementa una adecuada política de empleo que permita, a los sectores de menores recursos, percibir ingresos que cubran sus necesidades mínimas.

Los altos índices de desempleo y subempleo deben ser reducidos con la generación de nuevos puestos de trabajo, lo que únicamente se logrará si se ensancha el mercado interno, mediante una redistribución del ingreso y se combate efectivamente el contrabando. El emprendimiento de obras públicas verdadera-mente necesarias, como un plan de vivienda urbana, también podrá ayudar a paliar esta situación. Es imprescindible, además, crear condiciones propicias para que el empleo rural aumente, mediante la diversificación productiva y la introducción de tecnologías adecuadas, de modo a retener a la población rural joven que, de otra manera, tendería a migrar y a superpoblar las ciudades. Aparte de las medidas ya indicadas, deben mejorarse, además, las condiciones de vida en el campo, ofreciéndose servicios educacionales, de salud y otros básicos a un nivel semejante al de la ciudad.

Los espacios verdes existentes en las ciudades deben ser preservados e incluso ampliados. La urbanización debe ser planificada buscando el mejoramiento ambiental. Los espacios verdes ocupados ilegalmente por empresas públicas y privadas, como son los casos del jardín Botánico y del parque Carlos A. López, en el caso de Asunción, y del paseo central de la principal avenida en ciudad Pte. Stroessner, deben retornar inmediatamente a sus respectivos municipios, para su uso público.

Los municipios, por otra parte, deben controlar en forma mucho más directa y estricta la polución urbana y la calidad de los alimentos que consume la población, entre otras funciones. Las industrias peligrosas no deben estar en zonas residenciales. Los diversos actores sociales urbanos, como obreros, empleados, trabajadores independientes, asociaciones de barrio y estudiantes, deben contar con la más amplia libertad para desarrollar sus actividades debiendo dárseles, también, participación en todos los temas de su interés.

EDUCACIÓN, CULTURA, CIENCIA Y TECNOLOGÍA. IGLESIAS Y MEDIOS DE COMUNICACIÓN

En cuanto a la educación, deben dársele prioridad a los objetivos cualitativos antes que a los cuantitativos. El analfabetismo, sólo podrá ser combatido mediante una eficaz alfabetización en lengua materna (el guaraní para la mayoría de la población). Los programas, asimismo, deben responder a las necesidades del país y aún de cada región y comunidad.

La retribución a los docentes debe ser sustancialmente elevada, de modo a permitirles una vida mínimamente decorosa.

Antes que tratar de implantar una cultura urbana en medios rurales, debe propenderse a que las diversas culturas que conviven en el Paraguay, incluyendo a las indígenas, se desarrollen y afiancen en sus características esenciales. La educación y los medios de comunicación de masa debe ayudar a este proceso. La enseñanza universitaria debe responder a las necesidades científicas y tecnológicas del país, a su realidad socio cultural y debe estar impregnada de la necesaria libertad académica de un nuevo régimen democrático y pluralista. La universidad debe dejar de ser un instituto que expide títulos y produce egresados de bajo nivel académico para convertirse en el centro de la discusión e investigación de los grandes temas nacionales e internacionales.

La búsqueda de técnicas adecuadas para la producción y los diversos procesos económicos debe estar ligada a las universidades y a los centros de investigación autónomos, los que deben ser estimulados y apoyados.

Los medios de comunicación deben gozar de la más entera libertad, lo que redundará en beneficio de la cultura y el conocimiento nacional.

Las iglesias, como parte integrante de la sociedad paraguaya, deben ser apoyadas por el Estado, respetando su autonomía.

LA CUESTIÓN ECONÓMICA

El modelo económico de desarrollo hacia afuera debe ser profundamente revisado y sustituido por otro que (i) diversifique los productos de exportación y (ii) propenda a la expansión del mercado interno, pudiendo hablarse, así, de un modelo de desarrollo combinado "hacia adentro" y diversificación de exportaciones.

En los últimos años de crisis, las principales formas de apropiación de excedentes económicos por parte de la oligarquía cercana al poder han sido (i) la corrupción en todas sus formas y (ii) el uso, en provecho privado, del sector público. Este esquema se complementa con el sistema prebendario, que utiliza los cargos públicos como pago por la adhesión "incondicional" al jefe de Estado o al Gobierno. Así, el sector público -y muy particularmente sus empresas- han crecido desmesuradamente, generando un peligro déficit abierto y encubierto que ahoga a la actividad productiva honesta.

Debe, pues, eliminarse la modalidad de obtener excedentes económicos a través de los más altos cargos públicos; los culpables de ilícitos económicos perpetrados desde puestos de dirección deben ser condenados por el Poder Judicial y la declaración de bienes antes de asumir el cargo debe cumplirse y controlarse efectivamente.

Los funcionarios públicos deben ser contratados en base a sus méritos y aptitudes y no por su mayor o menor adhesión a una persona o gobierno.

Deben, además, eliminarse las inversiones públicas inconvenientes, dándosele énfasis, en cambio, a aquellas obras que favorecerán a la producción.

En caso de que se compruebe la complicidad de bancos y empresas externas en la ejecución de obras públicas inconvenientes, se les deberá hacer partícipes de los daños causados al país.

El ahorro interno debe reorientarse hacia la producción y no, como ahora ocurre, a financiar actividades especulativas. Se debería evitar que el crédito "blando" sea acaparado por un sector público ineficiente, dejando sin crédito de fomento al sector privado.

Deben definirse reglas de juego de modo que las empresas transnacionales puedan invertir en algunos sectores de la economía nacional y que su operación redunde en beneficios reales para todo el país.

A la industria nacional debe otorgársele tasas cambiarias realistas que impidan el contrabando, créditos suficientes y oportunos y una asistencia técnica eficiente. Las exportaciones deben ser agilizadas y estimuladas con una tasa cambiaria igual a la del mercado libre.

Debe estimularse la mayor productividad del sector ganadero, así como su diversificación en la producción de otras carnes distintas a la vacuna, y la instalación de industrias que procesen sus productos.

La reforestación debe ser efectivamente estimulada y la deforestación contenida, fomentándose la explotación racional de los bosques naturales.

En cuanto al sector energía, debe propenderse a utilizar un mayor porcentaje de energías renovables en sustitución de los derivados de petróleo importados. Debe planificarse un uso rentable para la energía hidroeléctrica de Itaipú, y negociar términos justos para la cesión del excedente.

 En el sector transporte deben apoyarse planes a favor de los transportes fluvial y ferroviario (eléctrico), más baratos que el carretero.

La política exterior nacional, finalmente, debe reorientarse de modo a propender a una equitativa integración subregional, defendiéndose los intereses científicos, tecnológicos y económicos del país conjuntamente con los países del Tercer Mundo, naciones con las que se debería estrechar vínculos. Los servicios exteriores del país, para ello, deberían modernizarse, incluyendo en su plantel a expertos y funcionarios según, sus méritos.

OTRAS POLÍTICAS PÚBLICAS

En materia de salud pública, se debe dar énfasis en la superación de enfermedades infecto contagiosas e infantiles, mediante el mejoramiento de las condiciones básicas de vida, como agua potable, servicios sanitarios y vivienda, entre otros, antes que a la construcción de costosos complejos hospitalarios. Los planes de educación superior en esta materia deberían reorientarse hacia la prevención de la salud del pueblo.

Debe elaborarse, por otra parte, una coherente política migratoria, que favorezca al afincamiento en el país de extranjeros en el sector productivo y que signifiquen, además, un aporte tecnológico difundible al resto de la población.

A la mujer, finalmente, se le deben reconocer iguales derechos que al hombre, para lo cual se deben implementar leyes y políticas adecuadas.

PALABRAS FINALES

Las profundas transformaciones estructurales en lo político, económico y social que exige el momento histórico que vive la nación, sólo será factible con la más amplia participación de todos los actores sociales y políticos, de los medios de comunicación y de los trabajadores.

El Partido Colorado debe retomar la senda auténticamente republicana, a fin de ser uno de los principales protagonistas en la noble tarea de democratizar política, económica y socialmente al Paraguay.