LA DÉCADA DEL 70

LA ECONOMÍA DURANTE EL STRONISMO

Por LUIS ROJAS VILLAGRA

A inicios de los setenta, el Paraguay no lograba despegar económicamente a pesar de los préstamos y las inversiones de la década anterior. El Plan Nacional de Desarrollo Económico y Social 1971-75, elaborado por la STP en 1970, describe la situación en ese momento:

"La economía paraguaya se caracteriza por un lento crecimiento proveniente de una estructura socioeconómica [...] de una alta participación de los sectores primarios, en donde la productividad es baja, con un nivel de capitalización reducida, tecnología rudimentaria y baja calificación de la mano de obra (...). Los sectores de la producción secundaria se desarrollan en gran parte dentro de una estructura tradicional, con escaso grado de transformación de los productos primarios, y dentro de un marco en que predomina la pequeña y mediana industria así como la artesanía de tipo rural y urbano. El esfuerzo del gobierno para impulsar el desarrollo de estos sectores, [...] hasta la fecha no ha encontrado una respuesta positiva en el grado requerido para el desarrollo...".

Sin embargo, por varios motivos, principalmente externos, los setenta se constituyeron en los años dorados del stronismo, en términos de crecimiento económico e inversiones en el país. El crecimiento promedio del PIB fue de 8,9%, con picos de crecimiento por encima del 10% en la segunda mitad de la década, gracias al enorme flujo de capital inyectado a la economía nacional, principalmente en la construcción de la hidroeléctrica de Itaipú. A esto se sumó, por un lado, la continuidad de la gran disponibilidad de créditos internacionales para el desarrollo, los que siguieron llegando generosamente al Paraguay, y por otro, el aumento de las divisas por el sostenido crecimiento de los precios internacionales y las exportaciones agropecuarias.

La deuda externa que a inicios de los setenta estaba en torno a los 200 millones de dólares, para fines de la década se aproximaba a los 800 millones. Parte de los créditos internacionales se invirtieron en empresas públicas creadas o ampliadas en estos años, como la Industria Nacional del Cemento de 1969 y la Siderúrgica Paraguaya en 1974 (la cual se asoció a capitales privados brasileños para la construcción de la empresa ACEPAR), y en otras creadas en las décadas previas. En 1973 se creó el Banco Nacional de los Trabajadores y se aprobó la nueva Ley de Bancos, 417/73.

En los primeros años de la década el crecimiento económico fue jalonado por las altas exportaciones de carne, madera y algodón, y en menor medida soja, lo que sumado a los buenos precios de estos productos generó una importante entrada de divisas al país que produjo un proceso fuertemente inflacionario entre 1973 y 1974. El modelo de desarrollo hacia afuera adoptado en los años anteriores siguió su profundización en esta década, fortaleciendo el esfuerzo productivo destinado a las exportaciones y estimulando la radicación de empresas extranjeras en el país. En esta dirección se renunció a un esfuerzo nacional hacia la industrialización del aparato productivo, privilegiando el apuntalamiento de la producción y exportación de productos primarios y con bajo valor agregado.

Bajo la idea expresada por la STP de que "el acceso del capital extranjero a las fuentes de producción nacional complementará los esfuerzos que se deberán cumplir en el futuro para el equipamiento productivo", con el objetivo de captar mayores niveles de inversiones extranjeras, el gobierno de Stroessner sancionó en 1970 la Ley de Inversiones 216/70, reemplazada posteriormente por la Ley 550/75, de Fomento de las Inversiones, con las que se otorgaron mayores exenciones tributarias y otros privilegios a las inversiones extranjeras (liberación de impuestos a la incorporación de bienes de capital; rebaja del impuesto a la renta en 50% en los 5 primeros años; liberación de aranceles aduaneros a importación de factores productivos; facilidades para remesas de ganancias y repatriación de capital, etc.). Esto potenciaría aún más la radicación de inversiones extranjeras, lo que se concretaría en especial desde 1974. Para ese año, la mitad de las inversiones beneficiadas bajo el régimen creado por esta ley, estaban dirigidas a la explotación forestal.

También obtuvo beneficios crecientes el nuevo empresariado que estaba surgiendo a costa de los recursos del Estado, el que posteriormente sería denominado como "burguesía fraudulenta" por su acumulación ligada a los privilegios y negociados obtenidos a cambio de su apoyo a la dictadura.

Esta nueva burguesía (con un fuerte componente de cuadros militares), alimentada por los recursos y la permisividad estatal, fue acrecentando progresivamente su poder económico desplazando de forma progresiva a la oligarquía tradicional ligada a los históricos latifundios de la influencia sobre el poder político. La nueva burguesía emergente era al mismo tiempo contratista, financiera, comercial, terrateniente y mafiosa.

CUADRO VIII

Exportaciones de soja y algodón entre 1971 y 1980 (millones de dólares)

Fuente: a partir de Palau (1986).

Las exportaciones tuvieron un comportamiento ascendente a lo largo del decenio, en especial en los rubros del algodón y soja. Ambos productos en su conjunto en 1970 representaban solo el 10% de las exportaciones totales, mientras que diez años después ya superaban el 50%; estimulados por los buenos precios en el mercado internacional, el crecimiento de la superficie de ambos cultivos y la expansión de la empresa agrícola mecanizada de mano de los colonos brasileños.

Desde el 73 se observó un crecimiento acelerado de las exportaciones de ambos rubros, impulso que seguiría hasta los primeros años de la siguiente década. Ambos productos desplazaron a otros rubros tradicionales en las exportaciones paraguayas, como el tabaco y la madera. Para 1978 el algodón superó los 100 millones de dólares por ventas al exterior.

Por otra parte, con la concreción de la realización de la represa de Itaipú en 1973 y la expansión de la agricultura mecanizada con centro en la producción de soja, el Brasil se convertiría en el principal socio comercial del país, ocupando el histórico lugar de la Argentina. Las actividades comerciales, legales e ilegales, se dispararon aceleradamente en esta década en la frontera con el Brasil. Desde nuestro país los rubros mayormente implicados fueron la madera, carne, soja y algodón, mientras que desde el vecino país entraban productos manufacturados.

El economista Juan Carlos Herken señala para el caso de las empresas madereras que de 57 empresas en esta actividad, 50 eran brasileñas, y que el consumo de madera paraguaya en el Brasil representaba el 30% del mercado. Esta fuga de rollos hacia el Brasil para la industria de la construcción principalmente, conjuntamente con la alta demanda de madera de la construcción de Itaipú, aceleró la explotación forestal y la desaparición progresiva de bosques en toda la región este del país.

Desde el 73 en adelante, al menos hasta 1981, la construcción de la represa de Itaipú fue el motor principal del crecimiento económico del país. Esta enorme obra dinamizaría varios sectores de la economía, como el de la construcción, el transporte, la provisión de materiales de construcción y maderas, el comercio de todo tipo, algunas industrias vinculadas, entre otros. Sin dudas el sector de la construcción fue el de mayor crecimiento, como se observa en el cuadro IX. Al mismo tiempo, también fue significativo el crecimiento en la agricultura, la industria y el comercio, en especial en el segundo quinquenio de la década.

CUADRO IX

Crecimiento del PIB por sectores económicos entre 1973 y 1980

Fuente: a partir de Masi y Borda (2011).

En aquellos años el capital financiero e industrial brasileño miraba al Paraguay como la tierra de las oportunidades, con ricos recursos naturales aún no explotados, un gobierno que garantizaba la "paz social", al tiempo de ser extremadamente generoso con el capital extranjero, mediante amplios beneficios fiscales y financieros, además de la ventaja de la "mano de obra barata" en el país.

Por todos los procesos económicos sucedidos en esta década y el enorme flujo de capital captado, fueron años de expansión tío las empresas extranjeras, del empresariado nacional legal o ilegal, del aparato estatal, una emergente clase media, los productores mecanizados, el sector obrero, principalmente el vinculado a la construcción, y en menor medida, el campesinado involucrado en la producción de algodón.

No obstante, amplios sectores de la población siguieron en la pobreza, incluso el campesino productor de algodón que era explotado por otros actores de la cadena comercial, lo que significó un aumento en las muestras de descontento hacia el Gobierno por parte de universitarios, religiosos y organizaciones campesinas, los que fueron controlados a través de brutales represiones, como el caso de las Ligas Agrarias Cristianas.

Los emprendimientos hidroeléctricos

En los años sesenta y setenta se registró una fuerte expansión de la burguesía industrial brasileña, así como de las inversiones de multinacionales que demandaban mayores recursos para sus estructuras productivas, entre ellos, mayores fuentes de energía. Ello apuró la realización de las obras hidroeléctricas binacionales sobre el río Paraná, tanto con el Brasil como con la Argentina. Las negociaciones con el Brasil sobre Itaipú se realizaron de forma acelerada, dadas las urgencias del vecino país. Los términos del Tratado fueron negociados en secreto antes de su firma, bajo justificaciones que eran insultantes, como la de "no molestar a la opinión pública".

El Tratado de Itaipú fue firmado el 26 de abril de 1973 por los dictadores Emilio Garrastazu Médici y Alfredo Stroessner. Tuvo como antecedente el Acta de Yguazú firmada en 1966 por los ministros de Relaciones Exteriores de ambos países, para analizar el potencial hidráulico del río Paraná. Como antecedente se tenía la primera represa hidroeléctrica del país, la de Acaray, construida en 1966.

Las obras se iniciaron poco tiempo después de la firma del Tratado. Itaipú era un proyecto estratégico para el Brasil por las necesidades de su estructura productiva y de consumo, lo que por su relevancia adquiría un carácter político para el Gobierno del vecino país. El impulso dado por el Brasil para su realización además se dio por la subordinación de los intereses paraguayos y la renuncia a la propia soberanía sobre la energía, aceptada por el gobierno de Stroessner.

El Paraguay no tuvo un equipo negociador suficientemente calificado y el resultado del Tratado firmado refleja cabalmente los intereses del socio más fuerte. A este respecto señalaba Jerónimo Irala Burgos: "penosa resultaba la ausencia de economistas, de financistas, de expertos en desarrollo y de técnicos en hidráulica entre los negociadores paraguayos y la absurda carencia de estudios científicos sobre los alcances y proyecciones del convenio...".

Según los términos del Tratado de Itaipú, calificados como leoninos por varios analistas, la energía no utilizada por el Paraguay debía entregarla exclusivamente al Brasil y no a precios de mercado sino al precio de costo. El hecho de que el Paraguay haya entregado desde la puesta en funcionamiento de la hidroeléctrica al Brasil aproximadamente el 90% de la energía que le correspondía al costo de generación de la electricidad ha significado enormes pérdidas de recursos financieros a nuestro país. En este aspecto se ha renunciado a la soberanía sobre la electricidad que correspondía al país, pues se estableció la exclusividad del destino de la energía no consumida al Brasil. Se renunció al derecho a la comercialización del propio recurso a cambio de una compensación monetaria que nunca compensó semejante renunciamiento.

Otro aspecto lesivo al interés nacional fue que la construcción de la obra debía tener una participación igualitaria para ambos países, sin embargo esto no sucedió, siendo las empresas brasileñas (Camargo Correa, Andrade Gutiérrez, Mendes Júnior, CBPO y Cetenco) las responsables del 80% de la construcción. Se estimó que la participación paraguaya en obras civiles, a cargo de CONEMPA, no llegó al 25% del total, mientras en la provisión y montaje de equipos electromecánicos, adjudicado en exclusividad al Consorcio de Ingeniería Electromecánica (CIE) para el lado paraguayo, no llegó al 10%. La mayor parte de los insumos utilizados provinieron del Brasil.

El Tratado tampoco estableció el reajuste inflacionario del precio de venta de la energía, lo que llevó a un desajuste creciente del precio de la energía de mercado y la pagada por el Brasil. Por estas condiciones del Tratado, y otros factores como la deuda de la entidad binacional, la realización de la Itaipú no significó un abaratamiento significativo de la electricidad en el país, ni siquiera para impulsar el desarrollo industrial. El ingeniero Ricardo Canese afirmó que en los ochenta el precio de la tarifa industrial de la ANDE era aproximadamente el doble que el promedio de los países sudamericanos. Para colmo, se entregó desde 1986 energía al Brasil por debajo del costo, por presiones de las empresas brasileñas FURNAS y ELETROSUL (subsidiarias de ELETROBRAS), lo que fue generando pérdidas enormes en la entidad binacional, que después pasarían a formar parte de la conocida como "deuda espuria" de Itaipú (4.193 millones de dólares). Canese sostiene respecto a esto que "se nos ha pagado por nuestra energía mucho menos de su costo de mercado y menos de lo que establece el Tratado. Ahora, para colmo, se nos hará pagar a nosotros la cuenta que no pagaron FURNAS y ELETROSUL, así como los usurarios intereses impuestos por ELETROBRAS".

La inversión prevista inicialmente para la realización de Itaipú fue de 2.033 millones de dólares. Sin embargo este monto creció enormemente durante el proceso, llegando a su término a la enorme suma de 20.000 millones de dólares. Los responsables justificaron este aumento con la idea que el proyecto final es muy distinto del original, lo que conllevó su encarecimiento. Esto explica solo parte del incremento, siendo la mayor parte explicable por la importante sobrefacturación o directamente el robo que se realizó durante la obra, en ambas márgenes del Paraná. Esto dio pie al nacimiento de nuevas fortunas privadas entre los contratistas de Itaipú, en detrimento de los intereses superiores de los dos pueblos, que pagarían el elevadísimo valor de las obras a través del costo de la energía eléctrica en los años posteriores.

Dionisio Borda ha señalado que la realización de la obra de Itaipú permitió el acelerado crecimiento del sector empresarial en el ámbito financiero. En esos años se formaron 12 bancos, 26 financieras y 30 empresas de seguro. Las empresas constructoras llegaron a cerca de 250, las empresas consultoras e inmobiliarias se multiplicaron. Crecieron también la clase media y la de los obreros, ambos fuertemente vinculados a los recursos del Estado. La ciudad Presidente Stroessner creció vertiginosamente, recibiendo múltiples corrientes migratorias, de paraguayos, de brasileños y de árabes que venían del Brasil, entre otros. La ciudad pasó de cerca de 7.000 habitantes en el 72 a casi 50.000 en el momento de la culminación de las obras. En este periodo esta joven urbe pasó a convertirse en el principal núcleo comercial del país.

Por su parte, el Tratado de Yacyretá firmado el 3 de diciembre de 1973, fue en principio menos dañino para los intereses nacionales, por ejemplo por un factor de compensación mayor por la energía cedida que el establecido en la Itaipú. Esta represa tuvo un desarrollo más lento, su construcción se inició efectivamente en 1981 y recién en 1994 entró en operaciones. Pero en relación con la evolución del costo estimado y el real, sucedió algo similar a lo de Itaipú: de un presupuesto inicial de 1.000 millones de dólares, la obra terminó costando más de 10.000 millones de dólares.

La ejecución de las obras hidroeléctricas permitió generar un flujo de inversión enorme hacia el país, en múltiples sectores, lo que llevó a que Paraguay tenga un periodo de altísimo crecimiento económico (en promedio de 9,8% entre 1974 y 1981), muy por encima de los países de la región.

Se estimó que unos 30.000 trabajadores paraguayos fueron empleados en la construcción de Itaipú. En contrapartida, la represa de Itaipú implicó la pérdida de una de las bellezas naturales más importantes del país, los Saltos del Guairá, que fueron completamente inundados. En el balance final, a pesar de las inversiones y el crecimiento, las condiciones del Tratado determinaron la imposibilidad de que el Paraguay pueda utilizar este emprendimiento como un motor de desarrollo, dejando intacto el papel de país proveedor de materias primas (ahora incluida la electricidad) para el desarrollo industrial de los países vecinos y las empresas multinacionales ubicadas en ellos.

Acumulación fraudulenta y corrupción sistémica

La década del setenta, además de la marca de las obras hidroeléctricas y la inmigración brasileña en la zona este del país, tiene el sello de la entronización de la corrupción y las actividades ilícitas como componente fundamental del sistema económico y político paraguayo. Ambos tipos de actividades irregulares no se iniciaron en estos años pero fue en este tiempo en que las mismas se "democratizaron", se extendieron como una epidemia por casi todos los estratos sociales y en todas las actividades económicas del país.

Esto llevó a decir al reconocido historiador brasileño Julio José Chiavenato que "Stroessner (el stronismo) es la corrupción como método [...] la corrupción metódica, sistemática, minó todo el organismo del gobierno paraguayo, contaminando todo -inclusive el Poder Judicial-, permitiendo una dictadura grotesca, pero de gran eficiencia al controlar todo el Paraguay".

En el mismo sentido, Tomás Palau afirmó que "desde Stroessner, nada puede entenderse en el Paraguay si no se toma en cuenta la corrupción". La infracción de las normas tributarias, contables, laborales, ambientales y administrativas se fue convirtiendo más en la norma que en la excepción. La necesaria impunidad para que dichas actividades tomen fuerza ha sido garantizada por el igualmente corrompido Poder Judicial, absolutamente sometido a las órdenes del dictador y sus cercanos colaboradores.

En gran medida propició el crecimiento de la corrupción y la acumulación fraudulenta de empresarios "colgados" del erario, la enorme disponibilidad de créditos y donaciones extranjeras, que siguieron llegando de forma generosa al Gobierno durante la década referida. El manejo irregular de gran parte de los fondos recibidos del exterior bajo el stronismo permitió el surgimiento de, en palabras de Juan Carlos Herken, "una burguesía fraudulenta cuya acumulación primaria se realizó a partir de los distintos mecanismos legales e ilegales implantados por la misma estructura ele poder como base de sustentación interna...".

Los nuevos empresarios emergentes a partir de sus vínculos con el Estado, denominados posteriormente como "empresaurios", fueron definidos con creativa precisión por Palau como "una casta de maleantes políticos de guante blanco devenidos en empresarios por el régimen". Entre ellos tenían una participación preponderante los leales militares y dirigentes del Partido Colorado, quienes se beneficiaron con tierras, créditos, altos cargos, contratos con el Estado, etc. Las actividades de esta nueva burguesía fraudulenta se ubicaron principalmente en el contrabando y la triangulación comercial, el acopio de productos agrícolas, el sector inmobiliario, el de transporte y la construcción, la provisión de bienes y servicios al Gobierno, la intermediación financiera, el lavado de dinero y el narcotráfico.

A los oficiales de las FF.AA. se les pagaban sueldos relativamente bajos, pero el régimen les benefició con recursos públicos y les permitió que realizaran otras actividades privadas, lo que abrió la puerta a los negociados con los bienes públicos. Esto a su vez, los colocaba en situación de mayor dependencia del beneplácito del dictador. En casi todos los negocios importantes que se realizaban en el país estaba involucrado, directa o indirectamente, un militar.

En esos años varios militares de alto y medio rango ya se habían hecho de tierras e incorporado a la clase de los terratenientes.

Los contratos para la realización de obras con el Estado fue una fuente privilegiada de enriquecimiento a costa del dinero público. Obras sobrefacturadas, licitaciones amañadas, empresas digitadas, la baja calidad de las obras, fueron rasgos de las inversiones públicas bajo el stronismo, muchas de los cuales no han sido superados o eliminados de la administración gubernamental hasta nuestros días. Esto llevó al economista Agustín Oscar Flecha a elaborar, a partir de la rigurosa observación de la realidad, una fórmula a la que denominó "la ecuación del diablo", que es la siguiente:

CIP = Cre Cfi Cin Csi Cdef Cdem

CIP =  Costo de la inversión pública.

Cre =Costo real o material de la obra.

Cfi =Costos financieros, intereses y comisiones.

Cin =Costos inflados, sobrefacturación de precios de trabajos e insumos.

Csi =Costos simulados, no corresponden a nada, sin contrapartida alguna, fraguados, ficticios.

Cdef =        Costos deficientes, trabajos que no se ajustan a requerimientos técnicos y pronto deben ser reparados.

Cdem = Costos demorados, que surgen a causa del atraso en la terminación de la obra con incrementos en los costos financieros.

Como se puede ver, los costos de las inversiones públicas incluyeron en la mayoría de los casos una variedad compleja de mecanismos de sobreestimación de los costos reales y, en última instancia, de malversación de los fondos estatales. La ecuación del diablo muestra los mecanismos perversos utilizados por los contratistas en complicidad con el Gobierno, para apropiarse de grandiosas sumas de dinero, provenientes en la mayoría de los casos de préstamos internacionales que entonces no requerían la aprobación del

Congreso, y que engrosaron la deuda externa que toda la población paraguaya terminó pagando en los años siguientes.

En esto, cabe señalar, también hubo complicidad de las instituciones prestamistas, organismos multilaterales, bancos, etc., que en muchos casos estaban al tanto de estas operaciones, o peor aún, formaban parte de ellas, quedándose con parte del dinero.

Para el autor de esta ecuación, se da el caso que en varias obras públicas, el costo real más los costos financieros son incluso menores que los demás "costos" agregados. La ecuación puede aplicarse a la mayoría de las grandes obras públicas, como las propias represas Itaipú y Yacyretá, el Aeropuerto Internacional de Asunción, el Palacio de Justicia, el Palacio Municipal, el Banco Central, el Puente Remanso, rutas, entre otros. El caso del Aeropuerto de Asunción ilustra este mecanismo ilícito, pues de la inversión inicialmente prevista de 17 millones de dólares, terminó costando 55 millones. Otro caso es el de la planta alcoholera construida en Mauricio José Troche, departamento de Guairá, perteneciente a la APAL, dependiente del MIC, obra que en principio se estimaba en unos 3 millones de dólares y terminó alcanzando más de 7 millones.

Con una creciente clase media, el boom económico de Itaipú y los créditos abundantes, la demanda y el consumo de bienes básicos aumentaron rápidamente, aunque también de los suntuarios, como relojes, perfumes, whiskies, joyas, etc. Esto impulsó el crecimiento del comercio ilegal con los países vecinos en una actividad pujante que pronto involucró a gran cantidad de personas, desde la clase alta hasta los sectores empobrecidos, quienes encontraban en esto una salida laboral.

El tráfico de autos robados fue ganando volumen en aquellos años, con la complicidad de las autoridades. El contrabando de bebidas, ropas, zapatos y electrodomésticos fue convirtiéndose en una actividad normal. El enriquecimiento de los sectores que se beneficiaban de estos circuitos los incorporó como grupos de poder que defendían la vigencia del régimen, del cual eran tributarios y cómplices.

El contrabando en la década del setenta se expandió de forma incontenible al punto que, según estimaciones de Borda, los productos ingresados de contrabando al país equivalían al 64% de las importaciones registradas, mientras las exportaciones no registradas llegaron al 12% de las exportaciones legales. Un resultado derivado de] fluido contrabando y de la triangulación comercial fue la inhibición del desarrollo del de por sí débil sector industrial del país.

Otra lucrativa e ilegal actividad en aquellos años fue el contrabando de rollos de madera hacia el Brasil. Se estimó que hacia fines de los setenta casi 500 camiones por día cruzaban la frontera con la riqueza forestal del Paraguay que se desangraba al tiempo de que regiones del Brasil prohibían el corte de árboles en sus territorios. Hacia 1975 el Gobierno autorizó la instalación de más de 25 aserraderos en la zona del Amambay, casi todos brasileños, que se constituyeron en cabeza de puente de este destructivo negocio para la riqueza natural del Paraguay.

La corrupción empezaba en la cabeza del régimen y bajaba por todo el cuerpo social. A modo ilustrativo, veamos el caso de las "cabezas". Siguiendo el relato de Chiavenato en Stroessner: retrato de uma ditadura, se presenta al "grupo Stroessner" vinculado a la explotación de juegos (casinos, lotería, apuestas deportivas, etc.). Tuvo el monopolio de dichos juegos desde 1969. Uno de los negocios de la familia fue la construcción del lujoso hotel Itá Enramada en 1974, beneficiado con exenciones de impuestos para importar materiales y equipamientos (desde mármoles hasta automóviles) del hotel, el cual pertenecía mayoritariamente al consuegro de Stroessner, Julio Domínguez (padre de Humberto Domínguez, yerno del dictador). Otras empresas del grupo vinculado a los juegos eran Crown Cork Paraguaya SA y la Polla Paraguaya del Fútbol SA, entre cuyos directivos estaban Osvaldo y Reinaldo Domínguez.

Stroessner también creó monopolios artificiales para sus empresas familiares, como en el caso de los alambres, prohibiendo su importación por decreto en 1968 favoreciendo a la empresa ICIERSA, o el caso de las pilas, prohibidas por Decreto 19.427 de 1975, beneficiando a la empresa vinculada a la familia, Pilas Paraguayas.

El "grupo Rodríguez", aún más fuerte económicamente que el de Stroessner, controlaba el tráfico de drogas. Manejaba varias pistas particulares por todo el territorio nacional, desde las cuales proveía a los EE.UU. del 50% de la heroína ingresada a ese país. Según Chiavenato, el negocio del tráfico de heroína lo manejaron desde Paraguay el fugitivo francés pro nazi, Auguste Ricord, el Gral. Patricio Colmán (muerto en 1972), el Gral. Andrés Rodríguez, Sabino Montanaro, Pastor Coronel y el operador Enio Varela. La ruta de la heroína era la siguiente: la materia prima iba de Turquía a Francia, donde era procesada, y enviada de forma camuflada al Paraguay, a través de alguno de los puertos del Río de la Plata. De Asunción se distribuía a las pistas clandestinas del interior, desde donde mediante pequeños aviones la heroína se dirigía al gran mercado de los EE.UU. (a través de Miami), con escalas en pistas clandestinas en zonas de los Andes y Panamá. Esta ruta había sido creada por empresas norteamericanas para el contrabando de productos de ese país hacia América Latina (cigarros, vestimenta, electrodomésticos, etc.), y con el tiempo fue aprovechada para llevar drogas desde Sudamérica al norte.

Lavar el dinero "sucio" de tantas actividades ilegales era un problema a resolver. El grupo de Rodríguez poseía bancos y financieras para esta tarea, donde se "invertía" el dinero (en realidad esto solo sucedía en los papeles) y entonces retornaba limpio para sus dueños. Chiavenato señala que este grupo, conjuntamente con los tres bancos brasileños en el país, controlaban casi todo el sistema financiero paraguayo. Los órganos de control eran cómplices de estas operaciones. El ministro de Hacienda por décadas, Gral. César Barrientos, mantuvo el cargo gracias a su absoluta lealtad a Stroessner, lo que incluía la cobertura de los hechos de corrupción o delitos. El mismo estuvo implicado en desvíos de fondos, como la apropiación de parte del dinero de las pensiones de los veteranos de la guerra del Chaco. El ministro de Industria y Comercio en los setenta, Delfín Ugarte Centurión, fue un aventajado en la obtención de "coimas", por lo que el ministerio a su cargo más que fiscalizar, echaba combustible en la hoguera de la corrupción.

La conflictiva dinámica en el sector rural

En la década del setenta, la economía de enclaves erigidos sobre latifundios forestales seguía siendo suplantada progresivamente por las explotaciones agropecuarias, con una acelerada deforestación y crecientes inversiones de capital. La política de colonización del este y de modernización agrícola tendría una fuerte expansión durante este periodo, marcado a su vez por la construcción en esta zona de la represa de Itaipú y el incremento del comercio fronterizo, como se ha señalado.

Desde 1972 la inmigración de brasileños se aceleró. Según una estimación de la Federación de Trabajadores Agrícolas del Estado de Paraná, para 1978 aproximadamente 400.000 brasileños se encontraban en la zona fronteriza del Paraguay. Muchos migrantes brasileños compraban sus lotes en el Alto Paraná directamente en el Brasil, de empresas inmobiliarias que ofertaban tierras paraguayas. Estos migrantes en su mayoría provenían de los Estados de Río Grande do Sul y Paraná, siendo mayoritariamente pequeños y medianos agricultores que sentían la presión del desplazamiento de la agricultura mecanizada en gran escala en sus Estados, y, frente a una gran diferencia de precios de la tierra entre ambos países, optaban por venir al Paraguay. Por cada hectárea que esos agricultores vendían en el Brasil, compraban en el Paraguay unas 5 o 6 hectáreas de tierras de altísimo potencial agrícola. Una vez en posesión de sus lotes, empezaban el desmonte, el comercio de la madera obtenida y el inicio de los nuevos cultivos. Por comprar en efectivo los lotes tenían rápidamente los títulos, lo que les permitía acceder a los préstamos del BNF a tasas de interés de casi la mitad de las que se cobraban en Brasil.

En última instancia, fue la expansión del polo industrial de San Pablo la que terminó provocando la inmigración brasileña al Paraguay mediante la marcha al oeste que originó, inmigración que fue facilitada por las condiciones ofrecidas por nuestro país como la tierra barata, los privilegios crediticios y tributarios, la permisividad con la destrucción ambiental y el desinterés gubernamental de proteger la cultura nacional. En aquellos años se ofrecía la tierra paraguaya en Brasil y Argentina.

Una publicidad en aquella época en un diario argentino, de la empresa Fomento Ganadero Paraguayo SA, señalaba que "hoy ya no es necesario hablar guaraní para ser estanciero en el Paraguay", ofreciendo tierras a los potenciales inversionistas extranjeros, dando cuenta de la prescindencia de la fuerza de trabajo campesina e indígena por la creciente inversión tecnológica en las labores agrícolas, o el empleo de brasileños en dichas estancias.

El Estatuto Agrario de 1963 permitió la venta de tierras a los brasileños en la zona fronteriza del país, así como en las propias colonias habilitadas por el IBR, como señala Fogel,

"esta ley, al excluir la prohibición de ventas de tierras a extranjeros en zonas fronterizas, que establecía el Estatuto Agrario de 1940, dejó despejado el camino para la venta de tierras a brasileños y corporaciones transnacionales de los suelos más fértiles del país, en Alto Paraná, Canindeyú e Itapúa. Asimismo, desde 1968 se soslayaron otros obstáculos para la venta de fracciones medianas y grandes a brasileros que demandaban tierras en las propias colonias nacionales".

En los años setenta creció aceleradamente el cultivo de la soja de la mano de los inmigrantes, mayoritariamente brasileños, especialmente en Itapúa, Alto Paraná y Canindeyú. El Gobierno implementó el Plan Nacional de la Soja a partir de la zafra 1971/1972. La agricultura capitalista de tipo farmer (empresas agrícolas familiares de entre 20 y 200 hectáreas en principio, orientadas a los cultivos de renta, que utilizan el trabajo familiar y fuerza de trabajo asalariada temporalmente, y tienen capacidad de acumulación) fue invadiendo todas las áreas productivas en los departamentos fronterizos avanzando sobre tierras campesinas, sobre bosques y en menor medida sobre tierras de ganado, elevando aceleradamente el precio de las tierras. El cuadro X muestra el crecimiento de la superficie de soja entre 1973 y 1983.

En esos diez años la superficie casi se quintuplicó en todo el país, ubicándose el 85% de los cultivos en los tres departamentos de frontera. El departamento de Itapúa fue por muchos años la principal zona sojera, hasta la zafra 1982-1983, cuando el departamento de Alto Paraná tomó la delantera con un crecimiento que se aceleró desde 1976 y dio un salto en 1981. El departamento de Canindeyú se fue ubicando como la tercera zona de producción de soja.

CUADRO X

Evolución superficie cultivada de Soja - En miles de hectáreas

Fuente: a partir de Palau (1986).

Por el lado de los campesinos, en su mayoría no accedieron a créditos del Estado ni asistencia técnica, reproduciendo su situación de pobreza. Por su escaso capital y el poco apoyo estatal, que sí llegaba a los colonos brasileños, los campesinos se fueron incorporando precariamente y de forma subordinada al sistema productivo, el que se fue acoplando a la economía brasileña de forma dependiente. La tesis geopolítica de las "fronteras vivas" de los estrategas brasileños fue tomando cuerpo en el Paraguay en esos años.

Para Mauricio Schvartzman, la colonización fue un caso de "explotación demográfica" de la población campesina. Con la creación de las nuevas colonias en el eje este, se valorizaban las tierras de los latifundios forestales, pues donde antes había montes aislados ahora había poblados, caminos, etc. Con un enorme sacrificio los campesinos y campesinas fueron abriendo la selva para asentarse casi sin apoyo del Estado, se trazaron picadas para tener vías de comunicación y fueron incorporando esas tierras a la frontera agrícola.

El IBR tenía una política de "asentar la mayor cantidad posible de colonos al menor costo posible", según señala Fogel. También se utilizó el trabajo campesino, sin retribución salarial, en obras diversas, escuelas, comisarías, oficinas públicas, etc., en condiciones adversas. Por ello Dionisio Borda afirma que los campesinos fueron expuestos a una doble extracción del resultado de su trabajo, una apropiación vía mercado (créditos usurarios, precios bajos de sus productos, etc.) y otra vía Estado (trabajos diversos no remunerados).

Finalmente, muchos de los beneficiarios campesinos de la política de colonización en los años posteriores fueron despojados de sus tierras a través de la compra o la manipulación jurídica, convirtiéndose en campesinos sin tierras o trabajadores "libres".

Schvartzman sostiene que la real orientación de las políticas agrarias bajo el stronismo fue la de fortalecer la acumulación capitalista y, para ello, estimular a la nueva empresa agrícola mecanizada. En esta dirección, el Proyecto de Desarrollo Rural Integral, financiado y promovido por el Banco Mundial a fines de los setenta, tuvo como, objetivo la modernización agrícola, substituyendo la economía tradicional de subsistencia por la economía de mercado a través de créditos para los rubros de renta, en especial el algodón.

Con esos préstamos aumentaron la superficie de cultivos de renta, eliminando o reduciendo los cultivos de autoconsumo, quedando los campesinos más expuestos a las fluctuaciones del mercado, con menor autonomía, y mayor dependencia de alimentos comprados para su consumo. Esto tuvo un impacto grande en el deterioro de la economía campesina, a finales de los setenta y principio de los ochenta, por la caída sostenida del precio del algodón en el mercado internacional, que se sumaba a la explotación interna que sufrían de parte de los acopladores y financistas.

Las deudas contraídas y el bajo precio que recibían por sus productos facilitaron la apropiación por parte de empresas y colonos brasileños de las tierras campesinas. Los lotes originales de 20 hectáreas de los paraguayos se fueron incorporando a lotes mayores, de 100, 200 o más hectáreas de medianos y grandes productores de soja.

CUADRO XI

Evolución superficie de algodón y precio al productor

Fuente: a partir de Palau (1986).

Los datos del cuadro XI muestran el crecimiento sostenido de la superficie cosechada de algodón, producidos fundamentalmente en fincas campesinas, que tuvo su mayor apogeo en 1979 con 312.000 hectáreas cosechadas. El precio del algodón pagado al productor tuvo un comportamiento ascendente hasta 1977, cuando se inicia una caída sostenida del mismo, reduciéndose de forma muy pronunciada para 1982. Con esta declinación, la economía campesina ya empobrecida entró en una profunda crisis que la fue relegando cada vez más en pequeños territorios, frente a la pujante y expansiva empresa agrícola de alta rentabilidad, escasa utilización de trabajo agrícola y severo impacto sobre el medio ambiente.

Varios sectores del campesinado en los setenta, al margen de la colonización oficial, desarrollaron experiencias autónomas y alternativas a la impulsada por el Gobierno en torno al algodón para exportación. Modelos de producción comunitarios orientados a la producción de autoconsumo se realizaron en zonas minifundiarias de Misiones, Cordillera, Paraguarí, Caaguazú y San Pedro, principalmente.

Varias de estas experiencias formaron parte de las Ligas Agrarias Cristianas (LAC), que buscaban realizar una organización social y productiva sustentada en la solidaridad y cooperación, descartando la rentabilidad como el eje articulador. Estas innovadoras experiencias fueron perseguidas y brutalmente desarticuladas por el aparato policial y militar del régimen en el año 1976, torturando y asesinando a muchos dirigentes campesinos, como Silvano Flores, Dionisio y Diego Rodas, Ramón Pintos, Arturo Bernal, Sixto Melgarejo, Juan de Dios Salinas, Martín Rolón, Alejandro Falcón, entre muchos otros. El "mal ejemplo" que irradiaban estas experiencias autogestionadas fue extinguido en esos años en defensa de la "paz, el orden y el progreso" del régimen stronista. Sobre las experiencias de las LAC afirma el padre jesuíta José Luis Caravias "El movimiento comunitario campesino había sido fuerte. Sus ideales muy altos. Y aún el grado de organización y las realizaciones concretas a que llegaron muestran que los campesinos eran capaces de una firme autogestión. Pero esa unión de fe y vida se hacía peligrosa para el desarrollo de un sistema dictatorial capitalista que sólo se logra sobre la base de la sumisión total de las personas.

Por ello los mecanismos de represión se desatan inmediatamente para matar esa hermosa mata que brotaba".

Luego de más de veinte años de colonización, en 1981, el nivel de concentración de la tierra pareciera incluso haber aumentado, pues el censo agropecuario de aquel año encontró que las fincas cuya superficie era superior a 1.000 hectáreas equivalían a solo el 0,8% de las explotaciones agropecuarias y a ellas les correspondía el 77% de las tierras. En estas grandes fincas, en total 2.037 unidades productivas, se encontraba el 62% del hato ganadero nacional.

En el otro extremo, donde se encontraban los beneficiarios de la colonización según el Estatuto Agrario, los lotes cuya extensión eran menores a 20 hectáreas, eran el 86% del total de fincas, pero la tierra que les correspondía era tan solo el 4,2 % del territorio. Sobre los datos del censo de 1981, Carlos Fletschner concluyó en un estudio de 1982 que

"se observa una creciente concentración de tierras y recursos. A pesar de que esta desigualdad es de larga data en el país, todo indica que el problema se está agudizando [...] los pocos cambios observados parecen más de forma que de fondo [...] la actual organización institucional no ha sido eficiente para proteger los intereses del pequeño productor, quien carece de las oportunidades para salir del círculo vicioso de opresión y pobreza".

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LA ECONOMÍA DURANTE EL STRONISMO. Por LUIS ROJAS VILLAGRA

Colección 60 AÑOS DEL STRONISMO N° 5

Editorial EL LECTOR

Directores de la Colección:

HERIB CABALLERO CAMPOS/ IGNACIO TELESCA

Corrección: MILCIADES GAMARRA

Asunción – Paraguay. Mayo, 2014 (104 páginas)

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