EL DIFÍCIL EQUILIBRIO ENTRE REGULACIÓN Y AUTORREGULACIÓN

Por ALBERTO ACOSTA GARBARINO

Los problemas surgidos con la promulgación de la ley que regula a las tarjetas de crédito ha ocupado gran parte de los espacios de los medios de comunicación y de las redes sociales, durante la semana pasada.

Una absoluta mayoría festejaba la ley porque castigaba a los bancos, mientras que una pequeña minoría alertaba sobre los inconvenientes económicos que dicha ley acarrearía.

Por ética –debido a que estoy en el sector bancario– no voy a utilizar este espacio que me concede el diario para opinar sobre lo que pueda mal interpretarse como defensa de intereses personales, y por lo tanto no voy a referirme a esta ley.

Lo que sí me parece es que esta situación debe servirnos para reflexionar y definir algo mucho más amplio, que es cuánto Estado y cuánta libertad económica queremos tener.

En este tema, nuestra Constitución Nacional adopta el modelo de la economía social de mercado. Un modelo donde la columna vertebral es el sector privado actuando en un mercado libre, pero subordinando ese actuar al bienestar social de toda la población.

Este modelo requiere de una gran cooperación entre el Estado, el empresariado y la sociedad civil organizada.

Este modelo requiere que el Estado y la sociedad civil valoren la importancia de las empresas como generadoras de riquezas, de trabajo y de impuestos y, por lo tanto, sean defensoras de ellas.

Pero también requiere que las empresas acepten su responsabilidad social y ambiental y se autorregulen por medio de códigos de ética de la empresa o del gremio.

Lo que está ocurriendo con las tarjetas de crédito nos demuestra lo lejos que el Paraguay se encuentra de una verdadera economía social de mercado.

En primer lugar, se siente muy fuertemente una actitud hostil de la sociedad civil, del Estado y de los medios de comunicación hacia las empresas exitosas y que ganan dinero, que son las elogiadas en una economía social de mercado.

En segundo lugar, muchas de estas empresas declaran con gran retórica su responsabilidad social, mientras que por otro lado no tienen a sus empleados en el seguro social, o no respetan las normas ambientales o cometen abusos en los cobros a los clientes.

En tercer lugar, casi no existe gremio empresarial que fomente la autorregulación de sus miembros y castigue a aquellos que no la cumplen.

En cuarto lugar, la sociedad civil no se encuentra organizada en asociaciones fuertes de consumidores, que puedan exigir sus derechos a las empresas abusivas.

Y, por último, el Estado, por ineficiencia o por corrupción, no cumple con su tarea de controlar adecuadamente. Todo esto es pasto fácil para los políticos populistas, que con el aparente deseo de proteger al consumidor promulgan leyes que hacen imposible seguir brindando un servicio, generando desabastecimiento o un mercado negro.

Siempre que el sector privado no se autorregule, existe el gran riesgo de que esos políticos populistas lo regulen y lo hagan mal, porque generalmente lo hacen a espaldas de los que conocen el tema y sin considerar el alcance real de las decisiones tomadas.

Esto que está ocurriendo con las tarjetas de crédito es un ejemplo de lo que no debemos hacer si queremos el desarrollo del Paraguay y si queremos hacer realidad la economía social de mercado en nuestro país.

El sector privado debe autorregularse, la sociedad civil debe organizarse para defender y controlar el cumplimiento de sus derechos y el Estado debe intervenir regulando, buscando el difícil equilibrio de no afectar la actividad de las empresas que generan empleos y pagan impuestos, pero protegiendo el bienestar social de toda la población.

Cuanto más y mejor autorregulación, menos regulación es necesaria; cuanto más y mejor sociedad civil, menos Estado es necesario; y cuanto menos Estado, tenemos más libertad y más desarrollo... en democracia.

Fuente:  ULTIMA HORA (ONLINE)

www.ultimahora.com

Sección OPINIÓN

Domingo, 25 de Octubre de 2015

ENLACE INTERNO A ESPACIO DE VISITA RECOMENDADA

(Hacer click sobre la imagen)