MANDU'A
Revista de la Construcción
Año XXXIII
N° 394
Febrero 2016
Editorial
#LambaréNOTECALLES
Mandu’a suele señalar que una de las mayores falencias de nuestras instituciones es, justamente, su ausencia en defensa de los derechos ciudadanos y en esta ocasión, nos cupo sufrir en carne propia esa ausencia.
La oficina de la revista y nuestro domicilio están sobre la calle Ramón I. Cardozo esquina Andrés Gill, Lambaré, a media cuadra de la humilde barriada “Islas Malvinas”, apelativo adoptado por sus pobladores debido a que carece de calle que la comunique con la avenida Cacique Lambaré ya que, durante la larga dictadura, el Cnel. Magno Brítez Borges -hermano de los jerarcas stronistas generales Manuel y Alcibíades Brítez Borges, ex intendente municipal de Asunción, uno y ex jefe de policía hasta el 3 de febrero de 1989, el otro-, amparado en la prepotencia e impunidad existentes, se apropió de la calle anexándola a su quinta, dejando apenas un estrecho pasillo para el tránsito del casi centenar de vecinos avasallados.
Con el paso de los años la propiedad pasó a pertenecer a la firma Unicentro SA, que en julio del año pasado inició la construcción de un shopping. Indagando en Internet, constatamos que su relatorio ambiental desconocía la existencia de la calle Andrés Gill, que no había realizado audiencia pública, obligatoria con la presencia de los vecinos afectados para construcciones de más 500 metros cuadrados y, también, que declaraba que sus efluentes serían “conectados al sistema cloacal de la ciudad”, cuando Lambaré carece de dicha red. Anunciaba, asimismo, que derramaría sus “aguas” a una “zanja natural” existente, que atraviesa tanto la propiedad de Unicentro como la de los vecinos.
Preocupados, contactamos con AGB Constructora, a cargo del emprendimiento, expresándoles nuestra inquietud, respondiéndonos que consultarían con el propietario, Gabriel Mendelzon, siendo finalmente su respuesta “que haría lo que más le conviniese”. Ante dicha contestación, con la firma de 61 vecinos, denunciamos, el 6 de octubre de 2015, ante la Secretaría del Ambiente (Seam), lo que estaba ocurriendo, solicitando su intervención para evitar el grave daño ambiental y un enorme perjuicio a los vecinos. Al día siguiente, ya con el patrocinio de la Coordinadora de Abogados del Paraguay, presentamos copia de la denuncia a la Intendencia y la Junta Municipal lambareñas.
En la Seam reiteramos la denuncia, urgiendo, además, la entrega de una copia del expediente ya que lo único proporcionado fue la resolución por la cual se le otorgaba la licencia ambiental y, lógicamente, queríamos saber en qué se fundaba ésta, para lo cual concurrimos a la Seam en numerosas ocasiones, respondiéndonos que lo entregarían al día siguiente, que se lo estaba copiando para enviarlo a la fiscalía, que no había fotocopiadora, que el expediente no podía salir de la entidad, etcétera, etcétera, y finalmente argumentaron que el mismo se había extraviado y que lo estaban buscando.
Asimismo, lo denunciamos ante la Fiscalía Ambiental, urgiendo agilizar los trámites, por nota en dos oportunidades y personalmente, en varias más. En una de estas ocasiones, a la que concurrimos para ratificar la denuncia, nos enteramos que ya habían inspeccionado la obra, trámite realizado sin comunicarnos y, naturalmente, sin nuestra presencia y cuyo cuestionario y acta no respondía a ninguna de nuestras denuncias.
Paralelamente, los vecinos, autoconvocados, realizamos una audiencia pública con la presencia de varios concejales, de la cual emanó una nota dirigida a la Junta Municipal cuyo tratamiento debía realizarse el 28 de diciembre, fecha que coincidió con la deposición de los testigos, que citamos más abajo, motivo por el cual fue postergado.
Ante el cariz de los acontecimientos y el acelerado ritmo de la obra, nuestros abogados presentaron ante el juzgado civil de Lambaré una acción de interdicto de obra nueva, derecho ciudadano que previene la realización de un acto cuyo daño pueda ser irreversible y que el juzgado tiene la obligación de definir de inmediato. La respuesta de los letrados de Unicentro, “Olmedo abogados”, con evidente propósito de postergar el juicio, fue recusar al juez pasando el caso ante una jueza del menor quien realizó la inspección de la obra y fijó para declaración de los testigos el 28 de diciembre, acto que no pudo culminar debido a que los citados leguleyos volvieron a recusar, esta vez, al técnico ambiental y, alargando deliberadamente la deposición de los testigos, obligaron al juzgado a posponer la decisión para después de la feria judicial. Aprovechándola, y con manifiesta mala fe, Unicentro ordenó a la constructora apurar la colocación de los enormes tubos de hormigón, tarea que, con la ayuda de sus enormes máquinas, culminó el pasado 13 de enero.
Ante los hechos consumados, consultamos con Kattya, qué podíamos hacer, respondiéndonos: “El juicio sigue en febrero, lastimosamente no hay nada que se pueda hacer, salvo manifestaciones”.
Fuente Digital: Mandua.com.py (Online)
Registro: Marzo 2016
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