MANDU'A
Revista de la Construcción
Año XXXIV
N° 408
Abril 2017
Editorial
La ambición de pocos puede enterrar los avances logrados
Ya en el cuarto mes del año que transcurre, se observa que el panorama político se va volviendo más crítico por la irracionalidad de algunos actores políticos. El tema de la reelección planteado desde el partido gobernante como expresión del Poder Ejecutivo es lo que genera el clima de tensión e incertidumbre que se percibe claramente en algunos sectores ciudadanos.
Lo que se cuestiona, en la mayoría de los sectores del país, no es que el presidente de la República tenga la posibilidad de ser reelecto, si es que el Soberano así lo determina, sino el momento en que se lo plantea y la forma en que se pretende llevar a cabo la propuesta.
Una idea tan relevante para la Nación no puede concretarse en medio de un clima electoral en que lo más resaltante son las ambiciones políticas, el deseo de permanecer en el poder o acceder a él. Tiene que existir tranquilidad espiritual. Es la razón la que debe primar, no la ambición.
Por otro lado, es necesario respetar las formas establecidas por la Constitución Nacional. Nadie, con el propósito de ser reelecto, puede violentar las reglas de juego que se han instituido en base a un pacto social implícito y explícito.
Si estuviera permitido transgredir las normas, solo bastarían los votos; las leyes serían meras figuras decorativas, inservibles. Y en una República eso es inadmisible porque esa actitud es dictatorial. Guste o no, responda o no a los intereses personales o grupales, hay que obedecerlas. Si no, se quiebra el Estado de Derecho. Y esto, técnicamente, es un Golpe de Estado aunque sus propiciadores no quieran admitirlo.
En el debate hay dos aspectos legales muy contundentes. Por un lado, la Constitución determina que lo atinente a la imposibilidad de reelección solo puede ser modificado por una Reforma Constitucional.
El artículo 229 de nuestra Carta Magna dice: “El presidente de la República y el vicepresidente durarán cinco años improrrogables en el ejercicio de sus funciones (…). No podrán ser reelectos en ningún caso”. Más claro, agua. “Improrrogables” y “en ningún caso” cierran herméticamente la puerta de la repetición de mandato.
Por otro lado, su artículo 290 establece que “la duración de mandatos” no podrá ser resuelta vía enmienda sino a través de una Reforma.
A esas murallas infranqueables hay que agregar que el artículo 289, que habla de la enmienda, sostiene sin posibilidades de doble interpretación que si una de las cámaras del Congreso rechaza el proyecto de enmienda, el mismo no podrá volver a ser presentado “dentro del término de un año”. La Cámara de Senadores ya rechazó el proyecto el 25 de agosto de 2016. Por lo tanto, cualquiera sea el maquillaje dado al “nuevo” proyecto, el mismo solo puede ser estudiado de nuevo después del 25 de agosto de este año. La presentación de un proyecto de enmienda “alternativo” que incluye el agregado o la “novedad” de que abarca a los gobernadores en el planteamiento de reelección, por lo que se ha señalado, transgrede normas constitucionales. Aquí ni siquiera vale la trampa resbaladiza de que “la mitad de la biblioteca jurídica está a favor de un postura y la otra mitad, en contra”. Los textos no se prestan a confusiones al ser interpretados.
La ciudadanía tiene que estar muy atenta al desarrollo de los acontecimientos. Luz verde al “nuevo” proyecto –basado solo en votos, no en argumentos jurídicos-, implica ir a las urnas en pocos meses, referéndum mediante, para aprobar o rechazar el proyecto de ley. Si en ese plebiscito obtiene la mayoría de votos la postura de la reelección, esa ley quedará vigente.
De darse ese resultado, el próximo presidente de la República tendrá un problema de legitimidad de origen. Si un mandato se funda en el irrespeto a la Constitución, el gobierno carece de fundamento jurídico constitucional. Y el país entrará en una etapa que traerá graves consecuencias para todos, echando por tierra los pocos avances que se han obtenido en casi 30 años de peripecias democráticas.
Atendiendo a las circunstancias, lo racional es que los que fueron ya presidentes y el actual no tengan el amparo de una ley ilegítima para volver a candidatearse y, eventualmente, ser reelectos. Y que, entonces, corran con sus candidaturas para la presidencia de la República aquellos que no tienen impedimento alguno para acceder al cargo.
Los que han catapultado la idea y sostienen que “porque el pueblo quiere” -que significa romper la institucionalidad-, de dudosa identificación, tiene que haber reelección, tendrían que saber que la ciudadanía está observando su comportamiento. Y que si bien puede haber una masa favorable a su posición ilegal, muchos son los que no llevan la cabeza solo para completar su anatomía. Y que, a la hora de la verdad, en las urnas se les va a pasar la factura.
Aquellos que han hecho de la mentira y la manipulación una industria deben saber que hay una conciencia crítica cada vez más extendida en relación a los que priorizan sus intereses en relación a los del país.
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