MANDU'A
Revista de la Construcción
Año XXXIV
N° 413
Setiembre 2017
Editorial
Cartes lleva de nuevo al país hacia el peligroso abismo de la dictadura
Desde la caída de la dictadura de Stroessner, con avances y retrocesos, el Paraguay ha tratado de construir un Estado de derecho. Esa condición era algo largamente esperado por aquellos que en los años difíciles de la represión lucharon para instaurar un modelo democrático que, con el tiempo, fuera revirtiendo, en un proceso, el largo periodo de totalitarismo padecido.
Un Estado de derecho se funda en el imperio de la ley. Su encuadre es el acatamiento y el respeto de las normas que constituyen el pacto social por el cual las sociedades -dentro de un territorio soberano con un gobierno común y una cultura compartida- conforman una nación, consensuan las reglas de juego para todos los que viven dentro de ella.
Salir de los principios legales establecidos es abandonar el cauce de un Estado de derecho y dirigirse hacia el peligroso abismo de una voluntad que abandona los conductos institucionales para regirse únicamente por los intereses personales o los de un grupo reducido carente de representatividad.
En el afán de moldear un proyecto que dejara atrás el autoritarismo tan nefasto y estableciera el modelo de país que se pretendía construir ya en una incipiente democracia, en 1992, se sancionó la Constitución Nacional.
Su artículo 2 es claro, rotundo, e incuestionable porque establece un principio esencial para una República: “El gobierno es ejercido por los poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial en un sistema de independencia, equilibrio, coordinación, y recíproco control”. Agrega que “Ninguno de estos poderes puede atribuirse, ni otorgar a otro, ni a persona alguna individual o colectiva, facultades o la suma del Poder Público”.
La división de poderes es inherente a un sistema democrático. Sin embargo, hay que hacer una aclaración basada en lo que el mismo texto de la Carta Magna dice: “En un sistema de independencia, equilibrio, coordinación, y recíproco control”. No es, por lo tanto, que solo existan los tres poderes tal como sucedía en épocas de la dictadura donde los poderes Legislativo y Judicial eran solo una fachada carente de autonomía.
Anclando en nuestra realidad actual, a la luz de esa norma constitucional, es evidente que cada poder del Estado cuenta con sus atribuciones específicas y ningún otro poder puede, legalmente, inmiscuirse en ellas. De esa independencia depende el equilibrio entre las tres instancias.
Esos dos principios, sin embargo, no excluyen que entre ellos existan mecanismos de coordinación que apuntan a la articulación de procedimientos que permitan una relación armónica aunque claramente sin injerencias. Tampoco, que se controlen entre sí, como una garantía de que cada quien transite dentro de su carril y no transponga ningún límite legal en sus actuaciones.
A pesar de esto que se enuncia de manera tan diáfana y contundente, hoy en el Paraguay se observa que el presidente de la República Horacio Cartes no respeta el principio de la independencia de los poderes del Estado, pilar fundamental de un Estado de derecho en un país democrático. El Poder Ejecutivo tiene una directa injerencia en determinaciones que se toman tanto en el Poder Legislativo como en el Judicial.
Como el presidente Cartes carece de una mayoría propia en el Congreso, recurre al “poderoso caballero” que es “don dinero” para contar con lealtades interesadas que le son muy útiles a la hora de la toma de determinaciones en el Parlamento. El senador Juan Carlos Galaverna ha denunciado en su momento esa situación y en el reciente caso del locutor Rubén Rodríguez, “electo” candidato a gobernador del departamento Central por el Jefe de Estado, quedó ratificado que ese es un modus operandi de él. Con el dinero compra voluntades.
Lo mismo pasa en el Poder Judicial ya que varios de los ministros de la Corte Suprema de Justicia tienen sobre la cabeza la espada de Damocles del juicio político. Con ese techo de vidrio que en cualquier momento se les puede caer encima, los ministros se vuelven muy vulnerables ante el Poder Ejecutivo que cuenta en el Congreso con votos que pueden ser decisivos a la hora de un juzgamiento de sus actuaciones.
De lo dicho, se colige que Cartes ha roto la barrera de la independencia de los tres poderes. Por lo tanto, ha destruido el Estado de derecho porque su voluntad es acatada más allá del ámbito propio de su jurisdicción legal.
La consecuencia de su actitud puede ser muy grave para la endeble democracia de la República porque, de hecho, en su persona se concentran los tres poderes del Estado, lo cual está expresamente prohibido por la Constitución al decir que “ninguno de los tres poderes puede atribuirse…facultades extraordinarias o la suma del Poder Público”.
Con este panorama, la conclusión es obvia: el presidente Cartes, al salir de los límites que le marca la Constitución, está llevando al país por el peligroso camino del totalitarismo de nuevo. Y el artículo 2 de la Carta Magna, en su parte final, señala de manera categórica que “la dictadura está fuera de la ley”.
Revista MANDUA N 413 - SETIEMBRE 2017 - Paraguay - PortalGuarani by PortalGuarani3 on Scribd
(Esperar unos segundos para descarga total en el espacio - Libro digital/ PDF)
LIBRO DIGITAL
