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MANDUA REVISTA DE LA CONSTRUCCIÓN

  MANDU'A Revista de la Construcción - Nº 419 - MARZO 2018


MANDU'A Revista de la Construcción - Nº 419 - MARZO 2018

MANDU'A

Revista de la Construcción

 

Año XXXV

N° 419

Marzo 2018

 


Editorial

El mayor cáncer del país: la corrupción judicial

Uno de los más dramáticos problemas es la corrupción del Poder Judicial. Comienza por la Corte Suprema de Justicia y se extiende a las ramas inferiores de la Administración de Justicia: jueces, secretarios y demás empleados judiciales.

El Ministerio Público donde el Fiscal General del Estado y los fiscales son los representantes de la ciudadanía para investigar y acusar a los que presentan suficientes indicios de haber delinquido. Sin embargo, ellos se han sumado también al grave cáncer que afecta al sistema de justicia en el Paraguay.

Para cerrar el círculo, el Consejo de la Magistratura y el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados también son parte del engranaje prostituido.

Su consecuencia más nefasta es la impunidad. Los que hubieran merecido castigo por sus fechorías andan sueltos. Ante esta situación, la ciudadanía toda está indefensa y en manos de estos poderosos delincuentes.

No todos están inmersos en la podredumbre. Hay algunos magistrados que, a pesar de las presiones internas y externas, mantienen su independencia. Lamentablemente son los menos.

En teoría, la Justicia es la instancia de poder que, de acuerdo a las leyes establece el camino a seguir cuando hay conflicto entre las personas o entre las personas y las instituciones tanto del sector público como del privado. Los jueces son los que, en los distintos niveles, dictaminan lo que hay que hacer para otorgar a cada una de las partes en disputa lo que corresponde. Y los fiscales son los que, por la misma vía –las normas– reúnen las pruebas para imputar a un encausado.

En la práctica, sin embargo, los que mandan son el dinero, las influencias políticas, los parentescos y las amistades. Esas son las “razones” que hacen avanzar o detener –según convenga a los intereses en juego–, un juicio.

Lo más alarmante y de repercusiones más trascendentes es que la maquinaria judicial se confabula –por acción u omisión–, con políticos a los que se les ha comprobado fehacientemente violaciones a las leyes y, sin embargo, están libres volviéndose incluso a presentar como candidatos para el siguiente periodo de gobierno.

Bastará recordar algunos casos de parlamentarios y gente que ha ocupado puestos públicos de relevancia, procesados e imputados, para refrescar la memoria acerca del aparato judicial que apaña a los que hace rato debieron estar tras las rejas. Son de diversos partidos políticos.

El diputado colorado José María Ibáñez está imputado por estafa y cobro indebido de honorarios por el famoso episodio de sus caseros que cobraban salarios de la Cámara de Diputados. Su correligionario Víctor Bogado, en tanto, tiene cuentas pendientes con la justicia por estafa al ser descubierto que la niñera de sus hijos percibía sus haberes en la Cámara Baja. A ellos hay que agregar, entre otros, el caso del exintendente de Lambaré Roberto Cárdenas, procesado por presunta lesión de confianza y otras dos causas abiertas en su contra.

En carpas liberales el ex ministro de Obras Públicas Salyn Buzarquis está imputado por un faltante de 600.000 dólares de su cartera. Milciades Duré está involucrado en la compra de tierras de parte del Indert a la empresa San Agustín lo mismo que Enmanuel Friedmann. En esta misma causa, el acusado principal es el ex presidente del Indert, Luis Ortigoza.

El senador Enzo Cardozo, a su vez, está acusado del desvío de 600.000 dólares del Ministerio de Agricultura y Ganadería. Fernando Nicora tiene dos imputaciones: por estafa en el arrendamiento de puertos y por contratar a 262 planilleros. El parlasuriano Alberto Aquino está acusado en el caso de desembolso de 7.500 millones de guaraníes para una federación de productores hortícolas. Carlos Portillo, en tanto, tiene imputaciones por cohecho pasivo agravado, tráfico de influencia, soborno y asociación criminal.

Otro caso es el del ex ministro del Interior Rafael Filizzola procesado por la compra irregular de helicópteros.

Los procesos de todos estos políticos no han llegado a juicio oral y público porque a través de múltiples chicanas y la complicidad de fiscales y jueces dilatan sus procesos. El objetivo es que los plazos procesales periman para que así queden impunes.

Todo esto es apenas una parte de la corrupción del Poder Judicial. Algunos están directamente involucrados. Otros, con su cobarde silencio cómplice, dejan que la podredumbre se incremente. Ardua será la tarea para desmantelar el imperio de la impunidad que los sinvergüenzas han construido, pero se avizora que es posible.

Fuente Digital:  Mandua.com.py (Online)

Registro:  Julio 2018

 

 

 





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