MANDU'A
Revista de la Construcción
Año XXXVI
N° 426
Octubre 2018
Editorial
La narcopolítica, el cáncer del país
En el afán de llevar su negocio viento en popa, los narcotraficantes -en varios países de América Latina-, a costa de sobornos a las autoridades, se han asegurado la impunidad. Y han financiado campañas de políticos que luego de ser electos les retribuyen amparándolos desde el ejercicio del poder.
Dentro del mismo propósito de obtener protección, otra estrategia que han puesto en marcha los traficantes de drogas es ubicar a sus leales en puestos clave como el parlamento. De ese modo tienen en esa instancia alguien que de manera más o menos solapada defiende sus intereses. Los más osados han llegado al colmo de ubicarse ellos mismos en los círculos de poder como en el caso del colombiano Pablo Escobar Gaviria quien en su momento fue electo diputado suplente en su país.
Todo esto hay que entender dentro de procesos en los cuales, en los diversos países, las múltiples formas de delincuencia han ido ganando terreno aceleradamente mientras la clase política se ha vuelto cada vez más corrupta. De la conjunción de la ilegalidad y la política perversa que solo mira sus propios intereses ha nacido el espacio favorable a los narcotraficantes.
En el Paraguay, la situación no es diferente. Influenciados por las prácticas de los que han mostrado las estrategias para eludir las persecuciones de las fuerzas de la legalidad, los narcotraficantes locales han puesto en marcha aquellos mecanismos que les permiten conseguir protección para operar en sus rutas con seguridad.
El entonces senador Arnaldo Giuzzio, el 19 de noviembre de 2014, había dado los nombres de legisladores vinculados al narcotráfico. Había citado a los diputados Freddy D’Ecclesiis, Bernardo Villalba, Marcial Lezcano y al diputado suplente Carlos Rubén Sánchez Garcete, más conocido por su mote de chicharô. La denuncia fue remitida a la Fiscalía sin que hasta hoy haya recibido un trámite formal.
En otro momento, los nombres de los exdiputados Magdaleno Silva -asesinado en un episodio considerado como un ajuste de cuentas entre narcos- y Carlos Maggi así como el de la ahora exparlasuriana Cirila Concepción Cubas de Villaalta habían también aparecido como cercanos a los traficantes de estupefacientes. A ello hay que agregar que entre el entonces senador Robert Acevedo y el que ejercía la gobernación del departamento de Amambay Pedro González también había acusaciones de nexos con el mundo del narcotráfico.
No hay que olvidar a la diputada de Canindeyú Cristina Villalba, también vinculada al mundo del tráfico de drogas.
Como para darle vigencia y continuidad a un tema que obviamente no es nuevo apareció el caso del diputado altoparanaense Ulises Quintana. El mismo admitió abiertamente su conexión con el narcotraficante detenido Reinaldo Javier “cucho” Cabaña. Dijo que no veía nada fuera de lugar que Cabaña hubiese aportado para su campaña proselitista por la diputación. Si bien alegó que no conocía las actividades ilícitas del que hoy está en prisión, es dable presumir que estaba al tanto de las mismas.
Por otro lado, está suficientemente probado que fue gracias a su intervención que el secretario de Cabaña, que llevaba consigo 190.000 dólares, fue liberado tras ser detenido en una barrera policial.
El caso del diputado Quintana no hace sino ratificar lo que es de público conocimiento: el nexo entre el narcotráfico y políticos corruptos que financian sus campañas con aportes de dinero proveniente de actividades ilícitas para luego ofrecerles protección.
Si ya es grave que existan legisladores conectados con narcotraficantes y que, obviamente, son funcionales a sus intereses, más grave aún es la complicidad de los demás parlamentarios.
Evidencia de ello es que tras cuatro años de denuncia de narcopolíticos por parte del Senado, nada han hecho para que se investigue a los que fueron citados en el informe.
También lo es el hecho de que desde hace más de dos años se estudia en el Parlamento el proyecto de modificación de la Ley 4743/12 “De financiamiento político” y hasta ahora no ha sido aprobada. Lo más relevante de la propuesta es conocer el origen de los fondos de las campañas proselitistas. Es obvio que dan largas al asunto porque saben que a muchos de ellos les va a afectar muy severamente.
Esa actitud de dilación para aprobar artículos que son de relevancia trascendente para la vida democrática de la República es una velada confesión de que reciben dinero sucio aportado por gente que se desenvuelve fuera de los márgenes de lo lícito.
En los últimos meses, ante la inoperancia criminal de los organismos del Estado que hace rato debieron intervenir, la sociedad civil ha permitido las renuncias del diputado José María Ibáñez y de los senadores Óscar González Daher y Jorge Oviedo Matto. También forzó la derogación de la ley de “autoblindaje” de los parlamentarios.
Es de esperar que la misma fuerza demostrada para esos casos se manifieste también en contra de los testaferros del narcotráfico. Es lamentable que la ciudadanía sea la que obligue a los políticos a dar pasos a favor de la decencia y no que estos sean los primeros en extirpar de su seno a los corruptos.
Fuente Digital: Mandua.com.py (Online)
Registro: Octubre 2018
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