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MANDUA REVISTA DE LA CONSTRUCCIÓN

  MANDUA Revista de la Construcción - Nº 428 - Diciembre 2018


MANDUA Revista de la Construcción - Nº 428 - Diciembre 2018

MANDU'A

Revista de la Construcción

 

Año XXXVI

N° 428

Diciembre 2018

 

 

Editorial

No hay que dejar sin castigo a legisladores que votaron a favor de su impunidad

Si bien en estos primeros 100 días del gobierno del presidente Mario Abdo Benítez hubo algunos avances en la lucha contra la corrupción, es indudable que todavía queda mucho trecho que recorrer para que ese grave problema sea enfrentado con alguna posibilidad de éxito. Existen grupos de poder como el de los parlamentarios que solo quieren defender sus intereses y los de su grupo, dando la espalda a los reclamos de honestidad y transparencia de la mayoría.

Como prueba de lo difícil que es la lucha contra los delincuentes de cuello blanco se ha observado el comportamiento de una mayoría de diputados que ha votado a favor de la impunidad al establecer un doble blindaje para los legisladores acusados de cometer ilícitos. Esa duplicada barrera consiste en que para la pérdida de investidura del parlamentario involucrado en alguna denuncia, primero tiene que haber mayoría en la Cámara a la que pertenece y la decisión final quedará en manos del Tribunal Suprema de Justicia Electoral (TSJE).

De ese modo, el procedimiento se volverá más complicado y engorroso, favoreciendo a los que como los diputados Carlos Portillo y Miguel Cuevas –nada menos que presidente de la Cámara de Diputados-, tienen cuentas pendientes con la Justicia. Anteriormente, por una simple mayoría en las cámaras, el legislador perdía su investidura quedando la Fiscalía y los juzgados con las manos libres para imputarlos y llevar adelante la investigación.

Ratificando que existen parlamentarios –no todos, dicho sea de paso, en homenaje a la verdad-, que marchan a contramano de la legítima aspiración ciudadana de contar con un país que combate con eficacia la corrupción en el sector público, la decisión refleja la deplorable actitud de políticos que apuestan en contra de la decencia y la honestidad.

Su comportamiento constituye un retroceso en la delgada línea de esperanza que se ha logrado construir en los últimos meses, tras finalizar el periodo de mandato de Horacio Cartes.

El encarcelamiento del ex fiscal general del Estado Javier Díaz Verón, el exsenador y expresidente del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados Óscar González Daher y el diputado con permiso Ulises Quintana así como otros signos de relativa eficacia -porque los procesados aún no fueron condenados-, en la lucha contra la corrupción eran considerados signos alentadores para ir desmantelando paulatinamente el mal que corroe los cimientos de la Nación misma.

Con ese gesto los legisladores que votaron descaradamente a favor de una mayor protección de sus fueros, ratifican la resistencia tenaz de aquellos parlamentarios que a toda costa pretenden burlar las investigaciones de sus actos al margen de la ley. Su decisión equivale a una potencial complicidad con los delincuentes.

En la “lógica” de los parlamentarios que han votado a favor de dificultar al máximo el proceso de pérdida de investidura, el razonamiento es sencillo: Como la mayoría tiene techo de vidrio y en cualquier momento pueden ser investigados por algún delito, lo mejor es crear barreras que dificulten al máximo la posibilidad de quedar en manos de fiscales y magistrados.

Lo que les “alarmó” es que en los últimos meses hubo parlamentarios que fueron desaforados y posteriormente fueron remitidos a la cárcel. Con esos antecedentes, es muy probable que aquellos que están ahora en la cuerda floja y otros que aparezcan en la misma situación, vayan también a parar tras las rejas.

Entonces, la determinación que han adoptado es una defensa corporativa que a todas luces refleja un abuso de poder. Se supone que los legisladores, por voluntad de las urnas, están habilitados únicamente para adoptar determinaciones que favorezcan el bien común y se encaminen a un mayor bienestar de la población. Ellos, sin embargo, se exceden en la potestad que les fue conferida en virtud de una ley en un país democrático y lo llevan al extremo de legislar para burlarse de la ciudadanía y del sistema judicial.

Ante esta cruda realidad en la que la mayoría de los diputados pretende imponer una ley que les dé mayor impunidad para, eventualmente, delinquir sin ser perseguidos como corresponde en un Estado de Derecho, lo que queda es la resistencia ciudadana a ese nuevo atropello que han cometido pensando que además de blindarse van a quedar liberados del rechazo popular de su actitud.

Las manifestaciones de protesta ciudadanas han obligado a las autoridades pertinentes a tomar medidas en contra de los corruptos. Si no hubiera sido por los cuestionamientos expresados públicamente, todo hubiera seguido igual. Es hora entonces de fortalecer las estrategias de legítima presión para impedir que los diputados se salgan con su autopremio de impunidad. No será fácil derrotarlos, pero es posible vencerlos. La experiencia lo demuestra.

 

Fuente Digital:  Mandua.com.py (Online)

Registro:  Junio 2019

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