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MANDUA REVISTA DE LA CONSTRUCCIÓN


  MANDUA Revista de la Construcción - Nº 439 - Noviembre 2019


MANDUA Revista de la Construcción - Nº 439 - Noviembre 2019

MANDU'A

Revista de la Construcción

 

Año XXXVII

N° 439

Noviembre 2019

Editorial

Con juzgados y fiscalías adosados a las cárceles, el país saldrá ganando

Tras la emboscada que tendieron en setiembre pasado -en la Costanera Norte, de Asunción- una decena de delincuentes armados con metralletas a un vehículo de la Penitenciaría de Emboscada rescatando a Jorge Teófilo Samudio González, alias Samura, un jefe del Comando Vermelho brasileño que opera en el Paraguay recibiendo cocaína de Bolivia y Perú y reenviándola a Brasil y Europa, es necesario repensar y replantear la forma en que trabajan los encargados de investigar y también de impartir justicia en el Paraguay. Esto se refiere específicamente a los fiscales y jueces del área penal.

Ese episodio, que no es aislado aunque sí es el más reciente, revela la fragilidad de la seguridad con la que se traslada a los presos de las penitenciarías cuando se los cita para declarar. En apenas 10 minutos, se echó a perder el paciente y eficaz trabajo de la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad) que el año pasado había capturado a Samura en su establecimiento ganadero de Capitán Bado.

En el caso de los presos de Emboscada -lugar de reclusión de supuesta máxima seguridad-, éstos, para ser presentados a sus jueces o cumplir alguna otra diligencia en sede judicial, tienen que recorrer 45 kilómetros escoltados apenas por un escaso número de guardiacárceles y por patrulleras de la Policía Nacional pertenecientes a las jurisdicciones de las comisarías por donde van pasando.

Esa distancia y la poca cantidad de custodios generan condiciones propicias para situaciones como las ocurridas cuando en la Costanera alrededor de diez hombres fuertemente armados salieron al paso del vehículo del penal de Emboscada, rociándolo con balas, hiriendo a dos guardiacárceles y matando a un comisario de la patrullera que acompañaba al rodado. Incluso un docente que pasaba casualmente por el lugar en el momento de la infernal balacera quedó herido.

En el Paraguay hay catorce lugares de reclusión más -Asunción, San Pedro de Ycuamandyyú, Concepción, Coronel Oviedo, Ciudad del Este, Encarnación, Villarrica, San Juan Bautista, Itauguá y otros- y aun cuando las distancias no son tan largas como la de Emboscada-Asunción, también en el traslado se recorre un espacio suficiente como para que en el trayecto se produzca alguna emboscada.

Sumando la cantidad de encarcelados de todos esos sitios de reclusión, en el país hay 15.000 presos. La situación más grave se da en la cárcel de Tacumbú que con una capacidad para albergar a 1.300 reclusos apenas, cuenta con más de 4.000 internos. Los demás reclusorios también sobrepasan largamente la capacidad de los espacios físicos.

Ante esta realidad de la gran cantidad de presos que hay en cada cárcel y la distancia que hay que recorrer desde las penitenciarías hasta las sedes judiciales de la Capital y del Interior, con el consiguiente peligro que ello conlleva, es perentorio considerar otro sistema de operaciones más adecuado, para evitar el riesgo de emboscadas, para ganar tiempo, ahorrar dinero y ser más eficientes en todo el proceso.

Actuar según las exigencias de la realidad se llama obrar con racionalidad. Aquí hay que dejar el actual sistema irracional que crea el ambiente propicio para que los presos escapen y se pierdan vidas humanas en un endeble mecanismo de seguridad.

Por eso, la sugerencia de Mandu’a es que los juzgados y las fiscalías se ubiquen en construcciones adosadas a las cárceles, independientes, por supuesto, del sistema edilicio penitenciario. A las ya existente habría que agregárselas. De ese modo, no habrá necesidad de trasladarlos exponiéndose al peligro que ello conlleva y se garantizará seguridad y comodidad para que los reclusos cumplan sin dilaciones sus trámites judiciales.

Ahora que se habla de la construcción de nuevas penitenciarías en diversos lugares del país para responder a las necesidades de cobertura de espacio físico en condiciones humanas, superando el actual hacinamiento, es necesario también considerar la posibilidad de que los juzgados penales, jueces y fiscales así como demás funcionarios se instalen cerca de los reclusos; que junto con el ingreso del reo a la prisión se eleve su legajo a dicho juzgado y todo el proceso continúe ahí hasta su finalización. En caso de traslado, dicho legajo lo acompañará a su nuevo destino.

El Estado, a través de sus instituciones específicas, tiene la obligación de trabajar con racionalidad garantizando la seguridad de los ciudadanos en todas las instancias. Acercando a los investigados de las causas y a los juzgadores de los reclusos el país saldrá ganando porque reducirá al mínimo la posibilidad de que se produzcan escapes y balaceras que pongan en peligro la vida de las personas y habrá mayor celeridad y eficiencia en los procesos judiciales, además de evitar gastos a las escuálidas arcas del Fisco. Asimismo posibilitaría humanizar las cárceles y un mejor control de ellas.


 

 




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