NO HAY CÁRCELES PARA LOS EX PRESIDENTES

Por ANDRÉS COLMÁN GUTIÉRREZ

Twitter: @andrescolman

En diciembre de 1996, una Comisión Bicameral del Congreso acusó al ex primer presidente de la era democrática, general Andrés Rodríguez (1989 a 1993), solicitando su desafuero como senador vitalicio para ser investigado por la Justicia por narcotráfico y presunto enriquecimiento ilícito. A pesar de las evidencias, la mayoría de los legisladores decidieron protegerlo por haber derrocado al dictador Alfredo Stroessner, su propio consuegro y ex aliado. Rodríguez murió en 1997 sin rendir cuentas por los crímenes de los que se le acusó.

Su sucesor, el ex presidente Juan Carlos Wasmosy (1993 a 1998), fue condenado a cuatro años de cárcel en 2002 tras ser hallado culpable de transferir millones de guaraníes de fondos del IPS a bancos en quiebra durante la crisis financiera de 1995. Un juez dispuso que Wasmosy vaya a la cárcel de Tacumbú, pero otro juez dijo que no hacía falta, que mejor cumpla la prisión en su casa. En 2007, la Corte Suprema lo absolvió de culpa y pena.

Su sucesor, Raúl Cubas Grau (1998 a 1999), se enfrentó a la Justicia desde el primer día de mandato, tras decidir la liberación inconstitucional del general Lino Oviedo. Tras los sangrientos sucesos del Marzo Paraguayo en 1999, renunció a la presidencia, fue al exilio al Brasil, regresó en 2002, se entregó a la Justicia, estuvo preso en una cárcel militar por breve tiempo y finalmente fue absuelto.

Su sucesor, Luis Ángel González Macchi (1999 a 2003), fue acusado de varios delitos. En 2006 fue condenado a 6 y luego a 8 años de prisión tras ser hallado culpable de enriquecimiento ilegítimo y declaración falsa. Se le acusó del desvío de 16 millones de dólares a una cuenta de los Estados Unidos y de tener una cuenta secreta en Suiza. Estuvo preso poco tiempo en la Guardia de Seguridad. Un Tribunal de Apelación y luego la Corte Suprema lo absolvieron y lo dejaron en libertad.

Su sucesor, Nicanor Duarte Frutos (2003-2008), tuvo denuncias mediáticas de sus adversarios políticos sobre supuesto enriquecimiento ilícito, pero no se plasmaron en denuncias judiciales. Su sucesor, Fernando Lugo (2008-2012), tampoco enfrentó denuncias penales, pero fue destituido por un juicio político parlamentario exprés. Su sucesor, Federico Franco (2012-2013), también tuvo denuncias mediáticas de corrupción (y las condenas de algunos de sus colaboradores).

En la historia de la era democrática, los ex presidentes paraguayos pueden ser denunciados, procesados y hasta condenados por crímenes y delitos... pero casi nunca pisan la cárcel.

El último ex presidente, Horacio Cartes (2013-2018), a quien se intenta involucrar en un caso de lavado de dinero por el cual está procesado su amigo y presunto ex socio, el empresario brasileño prófugo Darío Messer, ¿podría ser la excepción? ¿O no?

Fuente:  ULTIMA HORA (ONLINE)

www.ultimahora.com

Sección OPINIÓN

Sábado, 15 de Diciembre de 2018

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