Y SIGUE LA IMPUNIDAD

  Por ALCIBIADES GONZÁLEZ DELVALLE

alcibiades@abc.com.py

Ya se acaba otro año, y la Corte Suprema de Justicia sigue en su larga siesta bostezando su aburrimiento. Desde hace dos años y medio que no atiende el voluminoso expediente que expresa, con toda claridad, la escandalosa estafa al Estado por parte de un grupo organizado para la delincuencia, encabezado por el exministro de Agricultura y senador por el llanismo, Enzo Cardozo, secundado por Silvio Riveros, que se hacía pasar como presidente de una supuesta federación de productores.

Los tres hechos judiciales que envuelven al senador Cardozo presentan el mismo esquema: Uno por 68.000 millones de guaraníes; el otro por 3.700 millones y el último por 35.000 millones. En total, aproximadamente 20 millones de dólares que estaban destinados, en los papeles, a los pequeños agricultores para que saliesen de la pobreza.

La exfiscala –hoy jueza– Claudia Criscioni tuvo a su cargo la investigación por la estafa de los 68.000 millones de guaraníes; la fiscala Alba Delvalle, por los 3.700 millones, y la fiscala Victoria Acuña por los 35.000 millones. Las fiscalas Criscioni y Delvalle encontraron documentos suficientes que comprometen al senador Cardozo. Pero la fiscala Acuña, aparentemente, nada.

Este hecho llama la atención porque, de acuerdo con las documentaciones y las denuncias de las víctimas, los estafadores obedecieron un mismo guión en todos los casos: Cardozo recibía el pedido de sus socios, firmaba la resolución de transferencia sin ninguna exigencia que la ley acuerda para estos casos, firmaba el cheque, se efectivizaba de inmediato, con lo que el delito quedaba consumado. Los 68.000 millones de guaraníes tienen a otro protagonista: Silvio Riveros.

En la intención de guardar las apariencias se cometía una nueva estafa como el siguiente caso, de los muchos: 

Silvio Riveros, titular de la Federación Nacional de Productores Frutihortícolas del Paraguay (Fenaprofhp), pagó por “servicios de consultoría” a J.M. Auditores más de 800 millones de guaraníes. Se falsificaron la factura y la firma de la verdadera propietaria, Francisca Graciela Mereles Zorrilla. El documento adulterado fue presentado al ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) como “rendición de cuentas” para justificar el desvío de una gran parte de los 68.000 millones de guaraníes recibidos por la Federación para “ayudar” a los pequeños productores.

Existen dos facturas falsas de J.M. Auditores. Una de ellas es de 550.109.175 (quinientos cincuenta millones ciento nueve mil ciento setenta y cinco guaraníes), y la otra, por 298.330.000 (doscientos noventa y ocho millones trescientos treinta mil guaraníes), correspondientes al supuesto pago por “la elaboración de proyectos y rendición de cuentas”.

En este caso, como en muchos otros, los responsables ni siquiera se preocuparon por guardar las formas. Falsificaron las facturas de una empresa que nada tiene que ver con la elaboración de proyectos para la ejecución de tareas agrícolas. En la factura se lee: “J.M. Auditores & Consultores Asociados - Asesores - Consultores - Auditores - Contadores”. Naturalmente, el Ministerio de Agricultura aceptó como rendición de cuentas tan burda maniobra y continuó desembolsando más y más dinero para la corrupción. Con el requisito de la rendición de cuentas se dio “cumplimiento” al artículo 4 del Contrato de Prestación de Servicios, que dice: “El presente contrato tendrá una vigencia de 60 días a partir de la firma del mismo hasta la finalización del Proyecto y la correspondiente entrega de la rendición de cuentas en tiempo y forma a la Fenaprofhp”.

Esta “finalización del Proyecto” se entiende –se podría entender– hasta que se realizaran en su totalidad uno de ellos, o sea, los 23 ejecutados “de acuerdo al pedido realizado por los comités que se presentó a la Fenaprofhp”. Tiene que ver con la plantación de tomates, locotes, cebollas, etc.

Ignoramos cómo habrán tomado los productores tales proyectos concebidos por una contadora. Pero para fortuna de los agricultores, y también para su desgracia, no existieron esos proyectos sino en los papeles para desviar el dinero público.

Con todas las pruebas acopiadas por la fiscalía, la Corte Suprema no se da por enterada. Es una muestra más del fuerte lazo que une a la justicia con la política.

Fuente: ABC Color (Online)

Sección: OPINIÓN

Domingo, 03 de Diciembre de 2017

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