Portal Guaraní - SUPREMA HIPOCRESÍA DE LA CORTE - Por ALCIBIADES GONZÁLEZ DELVALLE

En el Poder Judicial –el nuestro de cada día– se originan los padecimientos del país. Allí se hacen guiños a la corrupción, se lavan los más sucios expedientes, se los esconde, se archivan; las investigaciones sirven para salir del apuro ante la presión ciudadana pero enseguida se marchitan, palidecen, mueren en la nada. Me corrijo, tan en la nada, no. Algunos beneficios económicos o políticos quedan.

En el Poder Judicial se tejen las complicidades que ni siquiera son imaginativas. Son burdas, desaliñadas, groseras. Hay delitos que uno hasta llega a admirar por su creatividad, originalidad, talento en la ejecución. ¿Pero qué talento hay, por dar un ejemplo, en el manejo de los casos del exsenador cartista, González Daher? Sólo un atropello bestial a la ley y a la ética que los culpables intentan hacernos pasar como legales.

Vuelvo al "comunicado" de la Corte Suprema de Justicia que se dio a conocer el 21 de diciembre del año pasado. Cada párrafo es tema para hacer un libro. Copio el último: "Reafirma ante la ciudadanía su compromiso para preservar la plena vigencia de la Constitución Nacional y las leyes, así como renueva su empeño, ya demostrado, a favor de la transparencia de los valores que sustentan el sistema democrático". ¿Cómo?

Hubiera sido interesante que la Corte nos dijera, por lo menos en una frase, qué entiende por valores democráticos. Sospecho que evitó explicarnos para no enredarse y acudió al punto final.

¿Transparencia? ¿Qué hacen en los cajones de los ministros de la Corte, y quién sabe por qué, los expedientes de los políticos acusados de corrupción? ¿Por qué no se los ventila en los juzgados correspondientes? ¿Por qué se los guarda con tanto celo? Uno de los casos más patéticos es el del senador llanista, Enzo Cardozo, algunos de cuyos socios en la tragada de 68.000 millones de guaraníes ya han sido condenados. Y él, Cardozo y otros, siguen con sus chicanas con la bendición de la Corte. ¿Es esta la transparencia de la que nos habla el “comunicado”? ¿Así se preserva “la plena vigencia de la Constitución Nacional y las leyes”?

¿Y qué hay de la falsificación de las firmas del matrimonio Raiter, Marino y Marlene, productores de Itapúa, en los pagarés que totalizan unos 23 millones de dólares? ¿Y dónde se falsificaron o por lo menos dónde se los dio por auténticos?: En la oficina de la escribana Nélida Chaves, esposa de González Daher, que desde el Jurado de Enjuiciamiento hacía lo imposible porque se efectivizaran los pagarés a favor del grupo Favero.

Peritos nacionales y extranjeros demostraron científicamente que las firmas del matrimonio Raiter son falsas, pero fueron presionados de todas las formas posibles para que se hiciesen cargo de la cuenta inexistente.

Cuando un fiscal intervino en el caso y dio muestras de que se movería en contra de la corrupción, rápidamente fue apartado de sus funciones por el presidente del Jurado. ¿Quién? El marido de la escribana involucrada en el hecho, Óscar González Daher.

En las páginas de ABC Color, Roque González Vera le dedicó una decena de reportajes sobre el intento de despojo a los productores de Itapúa. Finalmente, hubo un acuerdo entre el grupo Favero y los Raiter: Estos recuperaron los pagarés falsificados a cambio de que retiren la denuncia contra los delincuentes. Y así terminó esta historia. A los Raiter lo único que les interesaba era que los pagarés quedasen sin efecto. Pero legalmente no debería de tener esta conclusión. El delito de la falsificación existe, sus autores deberían estar presos, pero la Corte Suprema de Justicia nos habla de “plena vigencia de la Constitución y las leyes” y de compromiso con los valores democráticos.

¿Por qué nadie interviene en los expedientes cajoneados en la Corte, como el caso Raiter, Enzo Cardozo, entre muchos otros? Por una sencilla razón: porque detrás están los influyentes políticos.

¿De dónde, entonces, viene la Corte supuestamente a ratificar “su más firme compromiso con los postulados consagrados en la Constitución Nacional sobre la independencia y autonomía del Poder Judicial, valores esenciales del Estado Social de derecho”?

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