MEDIANTE LA LISTA SÁBANA...

Por ALCIBIADES GONZÁLEZ DELVALLE

alcibiades@abc.com.py

La lista sábana posibilita que delincuentes comunes, y no tan comunes, accedan al Parlamento con grave daño para nuestra democracia. El senador llanista y miembro del Consejo de la Magistratura, Enzo Cardozo, es uno de los favorecidos por este sistema perverso. Ganó cinco años de vacaciones, bien pagadas por los contribuyentes, que las disfrutará como miembro del Parlasur. Ya se sabe que esta institución es el costoso depósito de algunos políticos que no caben en sus respectivos partidos. Los otros gobiernos están representados en el Parlasur por sus senadores o diputados, con lo cual se ahorran un montón de dinero para destinarlo a las reales necesidades.

Cardozo está acusado, junto con otros, de la fenomenal estafa al Estado por unos ochenta mil millones de guaraníes. El voluminoso expediente que podría servir para la condena de Cardozo duerme desde hace más de dos años en la Corte Suprema de Justicia. Por este motivo, el juez de la causa no puede proceder a la imposición de medidas.

Otros de los socios de Cardozo, en uno de los dos casos, ya fueron condenados por el Tribunal de Sentencia al hallárseles culpables de estafa por la suma de 68 mil millones de guaraníes. Son los dirigentes de una supuesta Federación de Productores Frutihortícolas del Paraguay (Fenaprofhp): Silvio Riveros (11 años de cárcel), titular de la Fenaprofhp; y los directivos: Lidio Irala, Ignacio Acuña (9 años) y Luis Piccardo (7 años). El fiscal de la causa había solicitado una sentencia mayor no solo por la descomunal suma sustraída, sino también por el engaño a los agricultores.

Esta “Federación” tenía que destinar el dinero a los pequeños productores “para que saliesen de la pobreza”. Se hundieron más aún en ella para que un grupo de delincuentes se hiciese de costosas propiedades entre tierras, residencias, lujosos vehículos.

Ya con miras a perpetrar la estafa, en el 2011 se creó una supuesta federación de productores que firmó un “convenio” con Enzo Cardozo en su calidad de ministro de Agricultura. Inmediatamente se iniciaron los desembolsos contrarios a la ley para estos casos. No se hicieron estudio de mercado, proyectos de inversión, estudio de suelo, etc.

De acuerdo con los documentos arrimados al voluminoso expediente, Enzo Cardozo y luego Rodi Godoy –quien le sustituyó en el cargo– firmaban la resolución de transferencia sin que se presentara la rendición de cuentas de la anterior entrega. Luego, para disimular, la Fenaprofhp presentaba una larga lista de supuestos beneficiarios. Se acudía al sencillo expediente de falsificar las firmas.

La ley exige la presentación de tres presupuestos de las mercaderías a adquirirse. La Fenaprofhp lo hacía puntualmente, solo que los presupuestos salían de un mismo comerciante que tenía a su nombre tres casas comerciales. Luego se aceptaba el presupuesto “más bajo” y se ordenaba la compra. El más bajo significaba, por ejemplo, que una carretilla que costaba 35.000 guaraníes en plaza, la Fenaprofhp hacía figurar a 350.000 guaraníes frente a los 352.000 de “la otra empresa”. Y no para comprar una carretilla, sino cientos de ellas. Y así con todos los insumos que iban a parar a la finca de los directivos de la “federación” que son propietarios de establecimientos modelo. Silvio Riveros compró al contado una propiedad en Ybycuí por 3.200 millones de guaraníes. Fue al poco tiempo de que recibiera del Ministerio de Agricultura, “para los productores”, la suma de 4.000 millones de guaraníes.

En los inicios del “negocio” los cheques salían a nombre de los comités “beneficiados”. Cuando sus respectivos presidentes y tesoreros se iban al banco para hacerlos efectivo, se encontraban con Riveros o Irala esperándoles a la salida. Con la promesa de que la compra de los insumos la haría la Fenaprofhp para que les saliese más barato, se quedaban con el dinero y se “olvidaban” de la compra. Luego, para hacer más fácil la estafa, los cheques salían directamente a nombre de la Fenaprofhp.

La condena a los directivos de la federación es insuficiente para castigar merecidamente a los estafadores. Cardozo presentó una acción de inconstitucionalidad y logró suspender la audiencia preliminar en la que se iba a decidir si el caso se iba a juicio oral y público. El expediente está en la Sala Constitucional de la Corte a muy buen resguardo. Es otro descaro de nuestra “justicia”.

Fuente: ABC Color (Online)

Sección: OPINIÓN

Domingo, 20 de Mayo de 2018

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