Portal Guaraní - POLÍTICA Y JUSTICIA - Por ALCIBÍADES GONZÁLEZ DELVALLE

Este año tendremos a dos nuevos ministros de la Corte Suprema de Justicia. Reemplazarán a otros tantos que, por fin, cumplen 75 años, la edad límite para ejercer tan elevado cargo. Los candidatos ya estarán ensayándose para su comparecencia pública en la que repetirán las mismas palabras que ya conocemos de memoria: pondrán sus mejores esfuerzos para hacer realidad el sueño de la justicia pronta y barata; nunca se someterán a las presiones políticas; sus conductas estarán regidas solamente por la Constitución, las leyes y la ética; nunca mirarán el bolsillo de nadie para dictar sentencias; la honestidad y la rectitud serán, en todo momento, el motor que les moverá en la honrosa y delicada tarea de administrar justicia.

Algunos más locuaces agregarán que desde hace demasiado tiempo el país sufre la ausencia de magistrados capaces de garantizar la seguridad jurídica; que, conscientes de esta situación, piden la oportunidad para dignificar la justicia como nunca antes se había hecho; que pone a Dios por testigo de sus buenas intenciones; que piden apoyo de los parlamentarios, no para su encumbramiento personal, sino porque el país necesita de magistrados respetables por su comportamiento rectilíneo. Dirán… bueno, exactamente lo que hemos escuchado de candidatos anteriores y que hoy son ministros de la Corte y que estarán en el cargo ¡hasta que cumplan 75 años! ¿Y mientras tanto? Nada, lo de siempre. Cumplen la edad límite, se van, vienen otros y nadie nota que hubo cambios. Se ha hecho normal, salvo cuando algún exministro se enfrente a la justicia por el más común de los delitos entre los altos funcionarios: enriquecimiento ilícito. Óscar Bajac está imputado por el delito de cohecho pasivo agravado, o sea, la popular coima.

Los candidatos dirán también en su discurso de presentación, o postulación, que su primer acto será quitar “del baúl de los recuerdos” los expedientes que por años están allí guardados por una sola razón: comprometen a algunos políticos más o menos de peso, como el caso del exministro de Agricultura y Ganadería, el liberal Enzo Cardozo, ahora parlasuriano.

Una investigación de este diario desveló, en el año 2012, una red de estafadores que se alzaron con 68.000 millones de guaraníes del Ministerio de Agricultura y Ganadería. Para ello, se conformó una supuesta federación de horticultores por donde salía el dinero público a raudales. Con el mismo pretexto de ayudar a los pequeños productores, la fiscalía detectó dos casos más: uno por tres mil millones de guaraníes y otro por tres mil quinientos millones. Los desembolsos se hacían con la firma de Enzo Cardozo, y luego con su sucesor y correligionario, Rody Godoy.

Los expedientes sobre los tres mil millones cayeron en manos de la fiscal Rosa Acuña que, como se esperaba, nada encontró y borró a Cardozo que en esos momentos, coincidentemente, era miembro del Consejo de la Magistratura y estaba en la tarea de conformar la terna para la Fiscalía General del Estado. Sí, adivinó usted. La terna incluyó a la fiscal Acuña.

Afortunadamente se tuvieron fiscalas como Claudia Criscioni –que investigó lo de los 68.000 millones– y Alba Delvalle que trabajó en el caso de los tres mil quinientos millones.

Algunos de los responsables de la estafa mayor están ya condenados. Faltan todavía Enzo Cardozo, Rody Godoy y Maristela Azuaga, entonces directora de Administración del MAG.

La imputación viene del lejano 2013 y nada hace suponer que vaya a resolverse. Muchos ministros de la Corte ya dejaron de ser tales desde entonces, pero Enzo Cardozo sigue siendo un influyente político.

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