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ALCIBÍADES GONZÁLEZ DELVALLE

  AL ESTADO LO QUE ES DEL ESTADO - Por ALCIBÍADES GONZÁLEZ DELVALLE - Domingo, 12 de Enero de 2020


AL ESTADO LO QUE ES DEL ESTADO - Por ALCIBÍADES GONZÁLEZ DELVALLE - Domingo, 12 de Enero de 2020

AL ESTADO LO QUE ES DEL ESTADO

 

Por ALCIBÍADES GONZÁLEZ DELVALLE


alcibiades@abc.com.py

Nace la esperanza de que el Estado recupere, por lo menos una parte, la cuantiosa cantidad de dinero que se ha robado a los contribuyentes. Dinero destinado a mejorar la suerte de los pequeños productores agrícolas pero que una organización mafiosa llevó a sus bolsillos. Se trata de los directivos de una supuesta federación de horticultores con la complicidad de los exministros de Agricultura Enzo Cardozo y Rodi Godoy.

El pasado 23 de diciembre la ciudadanía recibió el regalo navideño del juez de ejecución, Juan Bautista Silva Ucedo, quien puso a conocimiento de la fiscal general del Estado, Sandra Quiñónez, la condena de Silvio Riveros, entre otros, “por la comisión de los hechos punibles de estafa, lesión de confianza, lavado de dinero, apropiación y producción de documentos no auténticos”. Por estos motivos, el juez Silva solicita que se designe a un agente fiscal “para la tramitación del procedimiento de la figura de comiso autónomo, establecido en el Art. 96 del Código Penal”.

Este es un procedimiento que siempre se obvió –por desidia, o la razón que fuere– permitiéndose a los delincuentes disfrutar enteramente, luego de unos meses o años de cárcel, de lo estafado o robado a los contribuyentes.

El caso de la supuesta federación de horticultores es particularmente serio. Se estafó al Estado por poco más de 68 mil millones de guaraníes. Para peor, a costa de agricultores que procuraban salir de algunos de sus muchos problemas. Se les mintió y humilló de todas las formas posibles. Se utilizaron su buena fe y confianza en la creencia inútil de que la ayuda monetaria y en insumos les llegaría del Ministerio de Agricultura de manos de Silvio Riveros y otros que aparecían como “dirigentes” de la federación.

Con parte del dinero, Riveros se hizo –de acuerdo con la investigación fiscal– de costosos vehículos entre camiones y camionetas más inmuebles como: seis en Piribebuy, tres en Escobar y tres en Ybycuí. Uno de estos, ubicado en el kilómetro 115 del ramal Carapeguá-Ybycuí, compró al contado por 3.200 millones de guaraníes, en mayo de 2013. Coincidentemente, acababa de retirar 4.362.779.244 mediante la Resolución 755, firmada por el ministro Rodi Godoy, sucesor de Enzo Cardozo en la cartera de Estado y en el esquema de la corrupción.

Riveros solicitó el dinero el 10 de mayo y 13 días después ya lo tuvo depositado en su cuenta bancaria. Según la citada resolución, se echó mano a “los fondos destinados al desarrollo de la agricultura familiar y seguridad alimentaria”.

El 7 de marzo de 2014, la entonces fiscal Claudia Criscioni –que había investigado el caso– había solicitado al juzgado que los bienes malhabidos no queden en poder de los delincuentes sino que regresen al Estado. En base a este y otros pedidos, el juez Pedro Mayor Martínez decretó la inhibición general de enajenar y gravar bienes de Silvio Riveros y otros. También decretó la prohibición de innovar. Pero no incluyó lo principal: el comiso de los vehículos y los inmuebles.

La fiscal Criscioni, por su impecable trabajo, fue apartada por Enzo Cardozo. La reemplazaron los fiscales Martín Cabrera y Aldo Cantero, que tuvieron a su cargo la acusación.

Después de la “prohibición” de innovar, Riveros siguió edificando en su propiedad de Ybycuí e intensificó la producción agrícola.

Es de esperar que el pedido del juez Silva sea atendido por la fiscal general del Estado y designe a un agente fiscal cuya labor culmine con el comiso de todos los bienes malhabidos de los dirigentes de la supuesta Federación Nacional de Productores Frutihortícolas del Paraguay (Fenaprofhp) que incluyen, a más de Silvio Riveros que aparecía como presidente, a Ignacio Acuña Ramírez, Lidio Esteban Irala y Luis Guillermo Piccardo, todos condenados.

Es posible llegar a la recuperación de todo lo robado porque así manda la ley y porque, al decir de la jueza María Luz Martínez, existe “una cantidad casi inusual de pruebas documentales” contra los condenados y otros a condenar.

Robaron de una forma que pareciera que nunca iban a ser descubiertos por la manera burda en que falsificaban documentos y firmas, a más de la sobrefacturación escandalosa para la que compraban facturas y las llenaban de cualquier manera.

Esperemos, entonces, que la Fiscalía General haga cumplir la ley y los bienes robados al Estado vuelvan al Estado.

 

Fuente: ABC Color (Online)

www.abc.com.py

Sección: OPINIÓN

Domingo, 12 de Enero de 2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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