Portal Guaraní - EXIGENCIAS INOPORTUNAS - Por ALCIBÍADES GONZÁLEZ DELVALLE

El pueblo paraguayo es solidario. Lo vemos a diario, más aún en estos difíciles momentos en que se procura ayudar al vecino que menos tiene. El problema principal es la falta de comida que golpea con fuerza a cientos de miles de familias que han quedado sin el sustento. El Estado no está en condiciones de remediar todos los problemas. Su presupuesto es muy reducido y lo poco que tiene lo utiliza en la lucha contra el coronavirus. Por eso el frecuente llamado –suena a súplica– de que el dinero público sea convenientemente utilizado a ver si sobra algo para la campaña sanitaria y salvar vidas. Incluye la atención preferente a los niños, miles de los cuales viven en el desamparo. En algunos sectores la respuesta es desesperante, es de una insolidaridad francamente inhumana.

El Poder Judicial, por ejemplo. Su preocupación es contratar un seguro médico vip para los funcionarios que incluye, en primer lugar, a los ministros de la Corte. El seguro costará a los contribuyentes 380 millones de guaraníes. Este dinero vendría bien para ayudar a los médicos y enfermeros que muy precariamente atienden a los infectados. En esta noble acción, exponen la vida para salvar la de otros.

Al mismo tiempo –para fortalecer las gestiones de la Corte–, aparecen los sindicatos del Poder Judicial. Exigen a sus autoridades acelerar la contratación de seguro médico privado por 680.000 guaraníes para cada funcionario de los 12.000. El argumento es que necesitan seguridad sanitaria, “más en este momento de incertidumbre creado por la pandemia covid-19”. Invocan la Constitución Nacional del derecho a la salud.

La Constitución es para todos los ciudadanos. Su alcance no se reduce a los funcionarios del Poder Judicial, desde los ministros para abajo. Es para los que trabajan y para los que no trabajan. Estos últimos, que son mayoría, también están amparados por la Constitución, pero la circunstancia actual les impide acceder a ese derecho legal, que en la mayoría de los casos no se da ni siquiera en tiempos normales.

“Necesitan seguridad sanitaria”, dicen los sindicatos del Poder Judicial. También el resto del país necesita de esa seguridad. Y gran parte de ese resto paga de sus bolsillos el seguro privado, y otra población, la mayoritaria, no puede acceder al seguro médico. ¿Entonces? ¿Por qué esos compatriotas que no tienen seguro deben pagar el seguro de los que trabajan y tienen buen salario? ¿Qué Constitución es la que ampara estos privilegios? ¿Cómo? ¿Ministros de la Corte, jueces, fiscales, etc., tienen que acceder al seguro médico mediante el dinero de la gente que no tiene dinero? Y no se trata solamente de buenos salarios. Están las propinas que tienen varias fuentes. Desde el pedido de coimas para firmar sentencias –el caso del exministro Bajac– hasta para hacer correr los documentos que si no están aceitados pueden quedarse varados en el cajón de algún escritorio. A propósito, ¿qué pasó del expediente del parlasuriano Enzo Cardozo? Hace cuatro años que el juez de la causa espera que baje de la Corte para la imposición de medidas. O sea que hay dos aceitadas, como mínimo, para que se mueva el expediente o para que duerma una larga siesta.

Pero no solo el Poder Judicial ni los sindicatos de sus funcionarios están en la tarea de gastar el dinero público en cuestiones personales. Tenemos la otra corrupción que, en apariencia, se trata de robo de gallinas: son los municipios que le saquean a su propia comunidad en el rubro de ayuda a la gente necesitada. ¿Qué hacen estos municipios? Sobrefacturan sin escrúpulos los artículos de primera necesidad a costa, justamente, de la necesidad de la gente.

Tenemos el caso, por dar un ejemplo, de Quiindy. La Comuna facturó 7.600 guaraníes por kilo de azúcar. Caacupé, el mismo producto, 4.100. Y así con el arroz, aceite, fideo, yerba mate, etc. Según estimaciones de ABC Color –con la inclusión de otros municipios que sobrefacturaron– se les robó a quienes viven en la extrema pobreza 55.625.000.

Se espera que la Fiscalía Anticorrupción intervenga en los municipios que se burlan de la indigencia de sus compueblanos. Los culpables deben devolver el dinero, camino a la cárcel.

Pero acá no termina la incompleta lista de hechos escandalosos. Incluye a la Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (Dinac). Como otras veces, según salta ahora, acude a empresas que se han especializado en la corrupción para adquirir tapabocas. Naturalmente, a un precio escandalosamente sobrefacturado. Por este caso, renunció el presidente de la entidad, Édgar Melgarejo.

Esta pandemia dejará en la calle a miles de personas, pero nos dará nuevos ricos.

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