Portal Guaraní - DIME QUIÉN TE APOYA… - Por ALCIBÍADES GONZÁLEZ DELVALLE

Ahora se entiende por qué hubo tanto afán por esconder de la opinión pública la declaración jurada de bienes. Para ello se dieron las más imaginativas excusas: que los ladrones accederían a datos capaces de encender su codicia; que se trata de documentos privados; que se atropella la intimidad de los funcionarios; que a quién le importa lo que yo tengo; que son trámites meramente administrativos; que esto y lo otro. La cuestión era tener bien escondidos los bienes. ¡Los bienes! Nunca mejor dicho. Para adornar la férrea negativa aparecieron los diputados, en mayoría, con una ley que despenaliza el robo.

¿Por qué? Según las publicaciones de las declaraciones juradas, en la mayoría de los casos es insostenible justificar con el salario el origen de los bienes que se declaran. No pueden ser sino efectos de la corrupción.

Los diputados despenalizaron el “olvido” y el “error”. El Presidente vetó la ley. En apariencia, rige el castigo penal para los “olvidadizos”. Pero he aquí el problema; mejor, he aquí el absurdo. No hay quien imponga el castigo. Es más, ni siquiera quien investigue el posible delito. ¿El Ministerio Público? Su titular, Sandra Quiñónez, está muy ocupada en afianzar a Humberto Rosetti como fiscal adjunto de Alto Paraná. Dime quién te apoya y te diré quién eres.

¿Quién es Rosetti? Es otro de los que se “olvidaron” de “jurar” que tiene una residencia principesca en el exclusivo Paraná Country Club de Hernandarias. Leemos en AB Color del lunes que Rosetti presentó su declaración jurada en 2008. Cuatro años después su fortuna se triplicó “en solo 51 meses y con un ahorro mensual de dos millones de guaraníes”. O sea, “debería ahorrar 37 meses de salario de aquel entonces sin gastar un solo guaraní”. Es posible que hubiera ahorrado la totalidad de su salario. ¿De qué vivía? ¿Se entiende ahora por qué el Ministerio Público nunca actúa en estos casos? ¿Y por qué los diputados, en mayoría, sancionaron la citada ley?

La nueva modalidad del Gobierno para extender la corrupción es crear comisiones para investigar la corrupción.

¿Qué vamos a sacar de todo esto? Nada, más delincuencia. Ante la remota posibilidad de que algún día tengamos un Ministerio Público en serio, tal vez muchos funcionarios ya estén transfiriendo sus propiedades a testaferros. Es posible que a partir de ahora las declaraciones de bienes sean livianitas, apenas de acuerdo con el salario del funcionario. Esta será la nueva modalidad. Sería interesante estar en el Registro de la Propiedad y ver el desfile de los nuevos millonarios que “venden” sus propiedades. Este será el efecto de las publicaciones, aunque por el momento nada tienen de qué temer. No habrá investigaciones, y si las hubiere, será a quienes han declarado un gallinero con 12 gallinas o robado tres pomelos.

¿Por qué el Ministerio Público, el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados, el Consejo de la Magistratura no funcionan? Porque son entidades que responden a jefes partidarios; porque estos jefes ubicaron a sus soldados en esas entidades claves para manipular la justicia.

Así como estamos ahora no hay ninguna posibilidad de que el país salga de este laberinto. Todo está enredado: jueces que tienen negocios con políticos; políticos que operan a favor de empresarios; fiscales multimillonarios que no gastan su salario y no tienen otra actividad lícita. Hasta antes de la pandemia, en los restaurantes lujosos europeos los camareros no tenían salario, ni les importaba. Vivían mejor de la propina. Al parecer, por las declaraciones juradas, a muchos funcionarios, nombrados y electos, tampoco les importa el sueldo.

De acuerdo con el último mensaje al Congreso, el presidente Abdo Benítez es el único ciudadano que no ve –¿no le importa?– lo que sucede en la República. Se despertará cuando su “caiga quien caiga” se le caiga encima.

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