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José María Blanch S.J.


  ACCIÓN Nº 352 - Revista de reflexión y diálogo de los Jesuitas del Paraguay


ACCIÓN Nº 352 - Revista de reflexión y diálogo de los Jesuitas del Paraguay

ACCIÓN

Revista de reflexión y diálogo de los Jesuitas del Paraguay



Director:  JOSÉ MARÍA BLANCH, sj


Nº 352

MARZO 2015

Centro de Estudios Paraguayos ANTONIO GUASCH

 

Editorial del mes

Desafíos para  la educación superior 

Preocupa la calidad de la educación superior, por el engaño a muchos jóvenes que desean una formación profesional seria y por el riesgo que esto implica para la sociedad.

Tradicionalmente  la educación superior ha tenido un fin adicional, no siempre explícito: la formación social y política de sus estudiantes estimulando el compromiso con la sociedad. Con la situación actual no solo privamos a la sociedad de profesionales idóneos –o la amenazamos con malos profesionales– sino que le privamos de personas formadas integralmente que pudieran aportar a esa tarea de construir relaciones justas. Es más, le privamos de uno de los potenciales de progreso y de ciudadanía más importantes, que podrían ofrecer al país algo indispensable: la posibilidad de que, desde el inicio mismo de sus estudios, comiencen  a cuestionar  y hacer propuestas para la política, la economía  y la sociedad desde perspectivas mucho más éticas, más ilustradas y críticas que las que hoy son vigentes y nos preocupan.

Se ha tenido esperanza en que con la Ley 4995/13, De Educación Superior, se podría empezar a ordenar el sistema correspondiente a la enseñanza universitaria. Sin embargo, la sola ley no es suficiente para cambiar la situación; al organismo rector, el Cones, se le niega presupuesto suficiente siquiera  para  realizar las intervenciones que son necesarias para un cierto reordenamiento buscando elevar en un mínimo las garantías de formación.

Así, la ley puede acabar simplemente legitimando la anterior situación de des- orden. Es más, ella no toma en consideración algo fundamental de la universidad: la comunidad académica y su participación democrática en la gestión institucional. En este sentido se da un retroceso con respecto a la Ley 136/93, De Universidades, que establecía que “Los estatutos de cada Universidad determinarán entre otros: a. los órganos de gobierno; b. la elección democrática de sus autoridades; (…) e. el sistema docente; f. la participación estudiantil” (art. 9º).

El planteamiento de la autonomía, que debiera ser de la comunidad  universitaria, queda finalmente, en la práctica, en el caso de las instituciones privadas, como autonomía amplia, pero para los dueños, cuando justamente una comunidad académica necesita existir y fortalecerse, y con la autonomía frente a los dueños (si es que estos debieran existir).

La orientación mercantilista neoliberal ha penetrado  no solo en instituciones privadas sino en las nacionales. No es suficiente que se declare en la ley que “la educación es un bien público” si en la práctica se la sigue considerando  como mercancía. Deberíamos preguntarnos  si debemos seguir con el criterio de costo- beneficio que se evidencia en las funciones privilegiadas –solo la docencia, sin investigación y convirtiendo la extensión en “responsabilidad social universitaria”, en una forma de hacer “marketing”–, la determinación de las carreras según la de- manda de estudiantes y no las necesidades sociales actuales y futuras; la precariedad de la condición de los docentes que acaban enseñando por módulos intensivos de algunas semanas, sin vinculación formal con la institución y, por lo tanto, sin constituir parte de la comunidad académica; el énfasis en la formación personal para ser competitivos –no precisamente competentes–; la contribución a la despolitización de la juventud; los impedimentos a la participación de los estudiantes; los criterios de selección; las políticas de becas desde el sector público y las de crédito estudiantil. Pero también preguntar- nos sobre el papel de la competencia e individualismo, que incide en la orientación de los estudiantes, pero que también rige la relación entre profesores y entre las instituciones, que, pudiendo ser de cooperación y complementación para potenciar su acción, lleva a situaciones mezquinas de rivalidad, incluso entre universidades nacionales.

Hoy en el Poder Legislativo se plantea la necesidad de reforma de la Ley de Educación Superior. Se requiere un debate amplio con la participación de los distintos sectores que se hallan involucrados –más directamente docentes, estudiantes– y de aquellos para los cuales la educación superior debe ser un medio fundamental –sectores gubernamentales, empresariales privados y públicos, organizaciones de trabajadores y de campesinos–.

Una iniciativa oportuna del Consejo Nacional de Educación Superior (Cones) ha sido la convocatoria de congresos regionales que van a confluir en un congreso nacional con miras a determinar participativamente líneas estratégicas para una política de educación superior para el país.

Se necesita un diagnóstico de la situación actual para con base en ello, y a un proyecto de país, plantear la educación superior necesaria.

Necesitamos líneas estratégicas para un Plan Nacional de Educación Superior, pero necesitamos también instancias participativas permanentes de seguimiento, ajuste y replanteo de dicho plan.

La universidad debe ser un agente dinamizador de la transformación social, formando a los estudiantes para colaborar en construir el futuro de la sociedad, pero también, desde ya, aportando como comunidad universitaria críticas y propuestas. Un primer desafío es reconocer la situación de la educación superior y, con la colaboración de distintos sectores, hacer propuestas para su superación.


 

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