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WASHINGTON ASHWELL


  HISTORIA ECONÓMICA DEL PARAGUAY 1870 - 1925 - Por WASHINGTON ASHWELL


HISTORIA ECONÓMICA DEL PARAGUAY 1870 - 1925 - Por WASHINGTON ASHWELL

HISTORIA ECONÓMICA DEL PARAGUAY

ESTRUCTURA Y DINAMICA DE LA ECONOMÍA NACIONAL

1870 a 1925

WASHINGTON ASHWELL

Tapa: LUIS VERÓN

CARLOS SCHAUMAN, Editor

Asunción – Paraguay

1989 (388 páginas)

 

 

 

INDICE

 

1. INTRODUCCIÓN

EL NUEVO MARCO INSTITUCIONAL. PROPÓSITOS DE ESTE LIBRO. LA PERIODIZACIÓN. RECONOCIMIENTO. 

 

2. EL MARCO TEÓRICO. EL LIBERALISMO ECONÓMICO.

Las leyes naturales. La mano invisible. El equilibrio automático. La división internacional del trabajo. El desarrollo espontáneo. Contenido y alcance de la teoría liberal. El marco de la época. La revolución industrial. Los nuevos intereses y el libre cambio. La antinomia del interés particular y el interés social. La parcialidad del Estado. Las discrepancias nacionales. El marco nacional. Las limitaciones de una nación agrícola. Las ventajas de las industrias. Los requerimientos particulares de cada nación. La experiencia norteamericana. Los ciclos económicos. La Teoría General. Limitaciones de la teoría general. Limitaciones del esquema liberal para el Paraguay 

 

3. EL NUEVO ORDEN ECONÓMICO. LA REACTIVACIÓN DE LA ECONOMÍA

El marco de la recuperación. El comercio. La función dominante del comercio. Las finanzas públicas. La deuda de la guerra. Las órdenes de compra. La venta de propiedades públicas. La desmonetización de los billetes de López. Los empréstitos de Londres. El empréstito de 1871. El segundo empréstito de 1872. La población del Paraguay antes y después de la guerra. Las actividades industriales

 

4. LOS SECTORES BÁSICOS DE LA ECONOMÍA PARAGUAYA.

Su reorganización y desenvolvimiento. La agricultura. El desamparo de la población rural. Origen y desarrollo del minifundio. Características de la pequeña explotación agrícola. La emigración rural. La economía dual. Los censos agrícolas. La unidad agrícola mínima óptima. La explotación forestal. La yerba mate. El tanino. La rehabilitación de la ganadería. Los saladeros. Los frigoríficos

 

5. LA ESTRUCTURA Y DINÁMICA DE LA ECONOMÍA NACIONAL

La nueva estructura de la economía nacional. Dinámica de la nueva estructura. La dependencia del mercado argentino y sus efectos. El comercio exterior y la ocupación interna. Las fluctuaciones cíclicas

 

6. LA CRISIS DE 1873.

La recuperación económica. El deterioro fiscal. El problema monetario. La crisis de 1873. El proyecto de estanco de la yerba mate. La nueva política. La Caja de Conversión. La búsqueda de un banco. La Asociación General del Comercio. Las inversiones garantizadas. El cambio de rumbo. El estanco del tabaco. La reacción del comercio. El retorno al libre comercio. El acuerdo de Londres. El asesinato del Presidente Gill. La recuperación

 

7. LA CRISIS DE 1883. LOS BANCOS PRIVADOS DE EMISIÓN

El marco expansivo de la economía. El orden interno. El medio circulante local. Los bancos privados de emisión. El primer banco de emisión. La crisis mundial. La crisis argentina. La crisis en el Paraguay. El Banco Nacional del Paraguay. El deterioro fiscal. La recuperación de la economía mundial. La reactivación económica y fiscal del Paraguay. La proliferación de los bancos     

 

8. LA CRISIS DE 1890. EL COLAPSO DE LOS BANCOS PRIVADOS DE EMISIÓN.

El auge económico. La suba del cambio. La corrida bancaria. La nacionalización del Banco Nacional y la inconversión. Los orígenes de la crisis. La crisis de pago de la Argentina. La Crisis Baring. El Plan Económico. El Banco Nacional. El Fondo de Conversión. El Empréstito Externo. La recaudación en oro de los derechos de importación. La reactivación económica. El replanteo monetario

 

9. LA CRISIS DE 1899 Y LA CUESTIÓN MONETARIA.

La bonanza comercial. Las funciones dominantes de la banca comercial. La prosperidad y sus contradicciones. La distribución regresiva del ingreso. El déficit fiscal y el problema monetario. La incertidumbre cambiaria. La marginación rural. Los cuestionamientos internos. El brote de peste bubónica. Los planteos monetarios. El aumento de la emisión. La reacción del comercio. La crisis económica. Los proyectos de Fulgencio R. Moreno. La cuestión monetaria. La intervención del Estado. Las causas de las fluctuaciones. Las soluciones propuestas. El segundo proyecto de Moreno. La recuperación económica. El Proyecto de Antonio Sosa. El contrato con Rius y Jorba. La reactivación económica. La Ley de Colonización y del Hogar

 

10. LA CRISIS DE 1907 Y LA CREACIÓN DEL BANCO DE LA REPÚBLICA,

La prosperidad creciente. Los Proyectos de Consolidación Financiera. El Banco de la República. La línea de crédito en oro. La Caja de Conversión. La reacción de los intereses afectados. La nueva política económica. El deterioro fiscal y cambiario. El Proyecto del Banco Mercantil. Las objeciones al Proyecto del Banco Mercantil. El Banco de la República. El Capital del Banco. Sus operaciones y privilegios. La emisión. La conversión. La Administración. La amortización del circulante. La emisión menor. Las objeciones al proyecto. El deterioro económico. La crisis económica. La crisis política. La recuperación económica

 

11. LA CRISIS DE 1913 Y LA CREACIÓN DE LA OFICINA DE CAMBIOS.

La recuperación de la economía. El mercado de cambios. El desequilibrio fiscal. La anarquía política. La situación económica. El triunfo radical. Las inversiones del grupo Faquhar. La acción del nuevo Gobierno. La cuestión monetaria. La modificación de la Ley del Banco de la República. La crisis económica. El deterioro fiscal y cambiario. El proyecto de la Oficina de Cambios. La emisión fiscal. La suba del cambio y la creación de la Oficina de Cambios. La expropiación de cambios. La acción de la Oficina de Cambios. El balance del quinquenio

 

12. LA CRISIS DE 1920. LA CORRIDA BANCARIA.

La situación económica. La corrida bancaria. El cierre y moratoria del Banco de España. La ley de redescuento. El cierre y moratoria del Banco Mercantil. El deterioro general de la economía. Problemas en el Banco Agrícola y la Oficina de Cambios. La emisión menor. La emisión de reposición. La política económica del Gobierno. La crisis y las emisiones. El origen de la crisis. La crisis de la teoría liberal. La terminación de la crisis. Capitalizando la recuperación. La ley Nº 550. La recuperación de las actividades productivas y comerciales. La liquidación del Banco Mercantil.

 

BIBLIOGRAFÍA

 

 

1. INTRODUCCIÓN

 

            El nuevo marco institucional. Con la promulgación de la Constitución de 1870, el Paraguay ingresó en un nuevo período de su historia. Se produjo un cambio fundamental en las bases institucionales que condicionan la organización y el desenvolvimiento de las actividades productivas. Poco después se intensificaba el proceso de reconstrucción de la economía arrasada por la guerra y de modificación radical de la estructura económica y social del país. Este cambio decisivo fue determinado por las condiciones nuevas establecidas en la Constitución para la posesión y disposición de los recursos básicos, el ingreso de capitales extranjeros, la organización de formas nuevas de producción y comercialización y la incidencia de la distribución diferente de la renta generada por la actividad económica de la nación.

            La nueva Constitución instituyó los principios liberales, basados en la propiedad privada y la búsqueda del interés personal como medios de realización del bienestar general. Esos principios apuntaban, fundamentalmente, a impedir la intervención del estado en las actividades productivas y comerciales de la población. Tendían a definir para ella una zona de actividad autónoma, en la que el poder político no podía intervenir. Como destaca Duberger, los principios liberales imponen la abstención del Estado, no una acción de su parte.1

            La sociedad tendría en adelante como principio rector de su desenvolvimiento al individuo y las libertades individuales. El Estado debía garantizar y promover los intereses particulares. La ley fundamental del país se declaraba a favor del libre cambio, de la plena circulación de mercancías sin traba alguna, tanto en el mercado interno como en el comercio exterior. Terminaban los monopolios y los estancos oficiales, que en el régimen anterior centralizaban el comercio de la yerba y el comercio exterior. El Estado no tendría en adelante ninguna intervención ni participación en las actividades económicas. Su campo de acción quedaba restringido al mantenimiento del orden y la paz interna, a la administración de la justicia, a la protección de los derechos individuales y a garantizar la propiedad privada. Debía, no obstante, asumir la atención de aquellas inversiones y actividades que no resultaban de interés a la iniciativa privada, como el desarrollo de la educación, el fomento de la inmigración y la ejecución de obras públicas. Con esas limitaciones de las funciones del Estado, los ideólogos de la Constituyente creyeron haber asegurado el florecimiento de la sociedad civil y de la empresa privada, que debían ser las fuerzas dinámicas de la prosperidad y el bienestar de la nación.

            En sus comentarios sobre el sistema económico y rentístico de la Constitución Argentina de 1853, que sirvió de modelo a la paraguaya, Alberdi destacó las siguientes características del marco institucional adoptado para la reorganización del país:

            "La industria, es decir la fuerza que produce riquezas, forma esencialmente un derecho privado. Así lo ha entendido la Constitución, colocando entre los derechos civiles de sus habitantes el de ejercer toda industria y todo trabajo, de navegar y comerciar, de entrar, salir y transitar el territorio, de usar y disponer de su propiedad. Conceder todo esto es hacer de la industria un derecho civil de todos los habitantes del país, porque todo eso forma el ejercicio de la industria y no es más.

            De este principio, el más trascendental que contenga el edificio político del país, resulta que toda ley, todo reglamento, todo estatuto, que saca de manos de los particulares el ejercicio de alguna de esas operaciones que se reputan y son industriales por esencia en todas las legislaciones del mundo y hacen de él un monopolio o servicio exclusivo del Estado, ataca las libertades concedidas por la Constitución, y altera la naturaleza del gobierno, cuyas atribuciones se reducen por la Constitución a legislar, juzgar y gobernar; jamás a ejercer industrias del dominio privado. No hallaréis en toda la Constitución una disposición que atribuya a rama alguna del gobierno la facultad de ejercer, por cuenta del Estado, el comercio, la agricultura o las manufacturas.

            El gobierno que se hace banquero, martillero, empresario de industria, en vías de comunicación y en construcciones de otro género, sale de su rol constitucional; y si excluye de esos ramos a los particulares, entonces se alza contra el derecho privado y contra la constitución, y echa al país en la pobreza y en la arbitrariedad.

            Si esas industrias fueren atribuciones suyas y no de los particulares, por utilidad del Estado convendría desprenderle de ellas y transferirlas a los particulares. No hay peor agricultor, peor comerciante, peor fabricante que el gobierno; porque siendo estas cosas ajenas a la materia gubernamental, ni las atiende el gobierno, ni tiene tiempo, ni capitales, ni está organizado para atenderlas por la Constitución, que no ha organizado sus facultades y deberes como para casa de comercio, sino para el Gobierno del Estado". 2

            De acuerdo con las nuevas normas, al Gobernante y al Legislador sólo les correspondía "estudiar los principios económicos adoptados por la Constitución para tomarlos como guía obligatoria en todos los trabajos de legislación orgánica y reglamentaria". Ellos "no podían seguir otros principios ni otras doctrinas que los adoptados por la Constitución"3, so pena de incurrir en la nulidad de sus actos por vicios de ilegalidad o inconstitucionalidad. Con esas limitaciones, el gobierno existirá en lo sucesivo sólo para aplicar los principios económicos liberales incorporados a la Constitución. La obligatoriedad de su observancia los convirtió en un marco rígido que influirá y condicionará el curso del desenvolvimiento económico y social del país. A su amparo, la actividad económica asumirá una estructura diferente, en la que el comerciante y el empresario entrarán a ejercer un rol dominante; se constituirán y expandirán las grandes extensiones latifundiarias; se asentará el capital extranjero que asumirá el control de los sectores claves de la economía y orientará la producción, en lo fundamental, a abastecer la demanda externa.

           

            Propósitos de este libro. El estudio de esos principios nuevos, de sus fundamentos, de sus fuentes, de sus alcances y limitaciones, resulta un requisito indispensable para comprender el proceso que se inició en el Paraguay en 1870. Por ello, nos proponemos analizar primero las bases teóricas de ese nuevo marco institucional. Estudiaremos luego los efectos de su vigencia sobre las actividades económicas. Para ese fin analizaremos la nueva organización de la economía y la dinámica de su desenvolvimiento. Trataremos de precisar la función y gravitación de los diversos sectores en la formación del producto interno y en la generación de empleos para la población. Examinaremos las condiciones de la participación de cada uno de los factores y sectores de la producción en la distribución del ingreso resultante. Y abordaremos luego el comportamiento de la economía nacional en el período comprendido entre los años 1870 y 1925.

            El objeto de nuestro estudio será la economía nacional en su conjunto, no una actividad, o un aspecto determinado de su desenvolvimiento. Con ello no pretendemos abarcar la totalidad de los detalles y factores que gravitan continuamente sobre las actividades productivas del país. Siguiendo a Pierre Villar, creernos que "la historia total" no consiste en la tarea imposible de "decirlo todo sobre todo" sino "solamente en decir aquello de que el todo depende y aquello que depende del todo".4 Con ese criterio, trataremos de definir el cuadro general, los factores gravitantes y sus efectos en cada pasaje del curso de los sucesos que conforman el devenir de la historia.

 

            La periodización. Todo estudio de historia económica que cubra un período más o menos largo debe inevitablemente resolver el problema de la periodización, esto es, la fragmentación del tiempo abordado, sobre bases que puedan ser homogénea y uniformemente aplicables a todas y cada una de las partes en que se divide su presentación. Un estudio que englobe períodos de tiempo muy largos pierde sus posibilidades de análisis y en sus conclusiones sólo puede ofrecer una imagen estática de la economía, en la que inevitablemente se diluye el dinámico y cambiante comportamiento de las actividades productivas. Con ello se pierde la percepción de la incidencia de una serie de factores internos y externos, que influyen, encauzan y a veces alteran el curso de su desenvolvimiento. Presenta sólo un tiempo frenado, que puede llegar al borde de lo inmóvil.

            En la historia tradicional, la llamada historia de los acontecimientos, domina el tiempo corto, el de la vida cotidiana, el de los eventos y episodios que recogen las biografías o las crónicas. Es el tiempo vertiginoso del periodista o del cronista. Mira al individuo, a los hechos, registra fechas y generalmente no tiene perspectiva ni profundidad suficiente para develar la compleja urdimbre de causas y efectos que mueve el comportamiento social y que aflora en los sucesos y eventos que se van entrelazando en la trama abigarrada de la vida y la historia de los pueblos.

            La historia económica ha sido generalmente tratada en el Paraguay como parte de la historia político-institucional. Con ese enfoque se han tomado los cortes políticos, los cambios de gobierno o de régimen como criterios de periodización. Se ha hablado de la economía en la era colorada o en la era liberal, o de la actividad económica durante el Gobierno de López, de Caballero o de otro Presidente, como si la actividad económica estuviera condicionada por la sola presencia de un determinado gobernante o de un partido político. Otros autores han usado la vara de las décadas. Han dividido el estudio de la historia en capítulos que abarcan cada uno un período de más de diez años. Este criterio es -todavía más ilógico, ya que la economía no se ajusta a la regularidad con que la rotación de la tierra imprime su marca rígida de unidad de medida al transcurso de los años y a la fuga del tiempo. Ambos criterios aplican bases ajenas a la naturaleza propia de la actividad económica. Y con ello rompen en el análisis, la secuencia natural del movimiento del conjunto de la economía en acción. Soslayan las fuerzas reales que gravitan y encauzan el desenvolvimiento de las actividades productivas del país.

            La economía tiene su impulso y su tiempo propios, o como dice Braudel, "arrastra simultáneamente una pluralidad de tiempos".5 En el corto plazo experimenta las fluctuaciones estacionales, asociadas directa o indirectamente al curso de las estaciones, que condicionan los períodos de producción, particularmente en la agricultura. En el mediano plazo está expuesta a las fluctuaciones coyunturales o cíclicas, que constituyen movimientos ondulatorios de las actividades productivas y comerciales, que abarcan períodos aproximados de 7 a 10 años. Están luego los movimientos de plazo más largo, jalonados por las tendencias seculares, los cambios estructurales o las fluctuaciones de más larga extensión, como los ciclos de Kondratieff, que abarcan movimientos de 50 a 60 años de duración.

            Como nuestro estudio abarca un espacio de tiempo en el que se inicia y se desarrolla en el país un sistema económico, una organización nueva, que se mantiene constante a todo lo largo del mismo, hemos optado por usar los ciclos económicos como base de la periodización de nuestro análisis. En la teoría económica los ciclos son denominados movimientos coyunturales. Representan cambios en el nivel de ocupación de las actividades productivas y comerciales que se originan y evolucionan dentro del marco de la estructura general de la economía, sin afectar sus características esenciales. Cada ciclo abarca un proceso completo. Tiene un principio y un fin fácilmente identificables. Está integrado por cuatro fases bien definidas, de expansión, de crisis, de recesión y de recuperación. Estas fases se suceden y se repiten en secuencias regulares como fenómenos normales y propios del desenvolvimiento de las actividades productivas. Más adelante estudiaremos sus causas y la dinámica de su comportamiento. Para inicio de cada período hemos elegido el momento de auge que antecede a la crisis, porque junto con la caída generalizada dé la actividad económica que le sigue, en nuestro país se ha producido casi siempre, el cuestionamiento y la revisión de la política económica en vigor. La cuestión económica asumía, en cada uno de esos momentos, una importancia dominante. Los grandes planteos, las grandes reformas, han seguido, casi todos, a los sacudimientos de una crisis cíclica. Con este criterio, presentaremos la historia económica como la sucesión de ciclos que envuelven y arrastran con su impulso ondulante a todas las actividades productivas y comerciales del país.

            En este libro se presentan prácticamente los mismos datos y acontecimientos que figuran en otros estudios recientes sobre la historia económica del país. El aporte diferente que ofrecemos es la ubicación del desenvolvimiento de la economía nacional en el contexto de sus relaciones con la economía mundial, y el análisis de la política monetaria en el marco de las tendencias y contingencias de la actividad económica. La consideración de los factores coyunturales y externos resulta indispensable para lograr una interpretación adecuada del comportamiento de las actividades económicas en el país. Con ese marco diferente, los eventos registrados, así como las medidas adoptadas en cada época, adquieren una perspectiva distinta.

            Reconocimiento. Este trabajo fue escrito lejos de la noble tierra paraguaya en que nos tocó nacer. Lo destacamos no sólo para justificar las añoranzas que puedan haberse deslizado en su texto, sino también para explicar que no hemos tenido el beneficio del acceso a toda la documentación que existe en el país. Para su preparación hemos dependido del material disponible en las bibliotecas del Congreso de los Estados Unidos, de las Universidades de los Estados de Texas, Kansas y California y de la Organización de los Estados Americanos (OEA). Hemos tenido, además, accesos ocasionales a las Bibliotecas Nacionales de Buenos Aires, Santiago de Chile y la Asunción. No nos hubiera sido posible completar la bibliografía utilizada, sin las facilidades generosas que esas instituciones ofrecen a la investigación. Por ello queremos expresar a ellas nuestro sincero reconocimiento por el fácil acceso que nos dispensaron a sus colecciones de documentos y libros paraguayos. Particularmente deseamos destacar la ayuda recibida del Dr. Darío Ferreira, funcionario de la Biblioteca del Congreso de los Estados Unidos, sin cuya valiosa y paciente asistencia este libro no hubiera sido posible.

Washington, agosto de 1988.

 

NOTAS

 

1M. Duberger. Instituciones Políticas y Derecho Constitucional. E. Ariel. 1952. p. 93.

2 J.B. Alberdi. Sistema Económico y Rentístico de la Confederación Argentina la Confederación de 1853. EUDEBA. 1979. pp. 134 y 135.

3Ibíd., p. 2

4P. Villar. Perspectivas de la Historiografía Contemporánea. México. Sep-Setentas. 1976, p. 157.

5F. Braudel La Historia y las Ciencias Sociales. Alianza Editorial. 1984, p. 57.

 

 

 

2. EL MARCO TEÓRICO

 

            EL LIBERALISMO ECONÓMICO

 

            Las leyes naturales. Los fundadores del liberalismo económico fueron un grupo de escritores franceses que pasaron a ser conocidos como "los fisiócratas", por el título de la obra de uno de sus principales expositores, Dupont de Nemours. Su libro "La Fisiocracia o la Constitución Natural de la forma de Gobierno más ventajosa para la Raza Humana" fue publicado en 1767.

            Sostenían los fisiócratas que los fenómenos sociales, políticos y económicos estaban gobernados por las mismas leyes naturales que el universo material. La perfección de todas las instituciones humanas se lograría mejor permitiéndoles que se adaptaran libremente al orden natural, condición que se alcanzaría con más facilidad en un régimen de libre competencia. Si se evitaran las leyes restrictivas y los intentos de control del proceso económico, entonces Dios y su orden natural lo dominarían todo.

            Con ese pensamiento, propugnaron la abolición de todas las leyes restrictivas que existían en Francia, y la inauguración de una era de individualismo y "laissez faire". Las únicas funciones que correspondían al Estado eran la protección de la vida, de la propiedad, la construcción de edificios y obras públicas y la promoción de la educación, con el objeto de que los hombres pudiesen comprender mejor los principios de las leyes naturales.1

            Pero es Adam Smith, un filósofo escocés, quien en 1776 le da trascendencia universal a esos principios al desarrollarlos y adaptarlos a los requerimientos de su época. Su libro "Investigación sobre la Naturaleza y Causa de la Riqueza de las Naciones" dio origen a la economía política como disciplina independiente. Los principios en él expuestos fueron luego desarrollados por Ricardo, James Mill, Mc Culloch, Senior y otros autores. Extienden al campo de la economía la doctrina de las leyes naturales. Declaran igualmente la existencia de un orden natural, perfecto e ineluctable, que el hombre debía observar para su propio beneficio. La naturaleza había dispuesto las cosas de un modo tal que el orden que ella prescribe es el más favorable para el desarrollo de las actividades económicas. Ese orden "evidente y sencillo" no implicaba otra cosa que la protección de los derechos de cada persona para actuar de acuerdo con los dictados de su propio interés, en la medida en que no interfiera con los derechos iguales de los demás miembros de la sociedad".2 Los privilegios y las restricciones gubernamentales son, en consecuencia, negativos. Riñen con el sistema natural de la libertad y sólo sirven para obstaculizar el progreso de la nación.

 

            La mano invisible. El impulso natural que induce al individuo a buscar el provecho máximo, con el mínimo de esfuerzo, constituye el motor más eficaz de la economía. Los actos individuales se integran en un orden armonioso que rinde los beneficios máximos, tanto para la sociedad en su conjunto, como para cada uno de sus miembros en particular. Cada partícipe trata de obtener la mayor ventaja posible del intercambio de bienes y servicios que se realiza en toda comunidad. Todos procuran vender al mejor precio y comprar lo más barato posible. Y al buscar el beneficio personal, sin proponérselo sirven a los intereses de la sociedad en una forma más eficaz de la que hubieran logrado si expresamente se hubiesen propuesto ese objetivo. Una mano invisible, la de las fuerzas de la competencia, conduce a tal resultado.

            La suma de las decisiones individuales determina la oferta y la demanda de los bienes y servicios que son objeto de intercambio. Los precios se fijan por la condición del mercado mismo, sin obstrucción de ninguna fuerza distinta de la elección de los individuos afectados.3 El valor de cambio de un bien varía en función directa de la cuantía de la demanda, y en razón inversa de la oferta. Si la demanda es alta o la oferta es baja, el precio tiende a subir. Por el contrario, si la demanda es baja o la oferta es alta, el precio tiende a bajar. 4 Al mismo tiempo, el nivel de los precios ejerce su influencia tanto sobre la oferta como sobre la demanda. Cuando los precios suben, la demanda tiende a disminuir, y la oferta a aumentar. A la inversa, si los precios bajan, la demanda se incrementa y la oferta disminuye.

            La estructura de precios resultante de esta interacción de la oferta, la demanda y los precios opera como un mecanismo natural que mueve las decisiones individuales, e induce a cada miembro de la comunidad a ocuparse en las actividades más ventajosas y a producir los artículos más necesitados. La disminución del precio de un artículo, por ejemplo, denota un exceso de la oferta con relación a la demanda, e induce la reducción de su producción. Esa disminución libera parte de los recursos que se aplicaban a su producción, los cuales pueden destinarse a la producción de otros bienes que tengan mayor demanda, mejores precios y una rentabilidad más alta. En esta forma, la competencia tiende a la movilización más eficiente de los recursos del país, determina una completa armonía de intereses individuales y colectivos, y produce tantas ventajas como lo permiten las disponibilidades de recursos de cada nación.

           

            El equilibrio automático. Al mismo tiempo que maximiza los rendimientos del esfuerzo productor, el libre juego de las fuerzas del mercado opera como un mecanismo autorregulador y autocorrector que determina y mantiene el equilibrio de todas las relaciones económicas. Cualquier perturbación que registre la economía, de inmediato pone en movimiento fuerzas que actúan con prontitud para restablecer el equilibrio.

            Si la producción de un artículo, por ejemplo, disminuye o resulta insuficiente para satisfacer las necesidades de la demanda, el aumento de precio que origina estimula la afluencia de recursos para aumentar su producción, hasta restablecer el equilibrio entre la oferta y la demanda. La cuantía del dinero en circulación se regula automáticamente por las fluctuaciones de la balanza de pagos y por la oferta y la demanda de metales preciosos y monedas extranjeras. Incluso la cuantía de la población se mantiene espontáneamente en una proporción adecuada, porque la demanda de mano de obra determina su evolución. Lo salarios aumentan cuando la demanda de trabajadores excede la disponibilidad de mano de obra. Los mayores ingresos imitan los matrimonios, estimulan la crianza de familias numerosas, y aumentan, con el tiempo, la oferta de mano de obra. Por el contrario, cuando la población excede a la demanda de mano de obra, los bajos salarios retardan los matrimonios, y limitan la crianza a las posibilidades estrechas del magro ingreso familiar.

           

            La división internacional del trabajo. A diferencia de los fisiócratas, Adam Smith (1723-1790) prescinde de sus elogios a la agricultura como la única productora neta de bienes y subraya el valor principal del comercio y la manufactura. Revive la doctrina platónica de la división del trabajo y de la especialización para incrementar y mejorar la productividad. Su defensa del libre cambio, fundada en las ventajas de la división internacional del trabajo, constituye uno de los argumentos más poderosos que han sido empleados para justificar la libertad de comercio.

            La propensión natural de los hombres a efectuar cambios y a procurar el máximo de rendimiento de su ocupación induce a la especialización y a la división del trabajo, tanto en el orden interno como en el internacional. Así como para un padre de familia es norma de prudencia no hacer en la casa lo que le costaría más caro que comprarlo afuera, a una nación le es más conveniente comprar en el extranjero, en condiciones más baratas, las cosas que le costaría más caro producirlas en el propio país.

            Una nación puede adquirir, según la teoría liberal, una mayor cantidad de artículos, con un menor gasto de recursos, cuando éstos se utilizan para fabricar productos exportables que se cambian mediante el comercio exterior por los artículos que ella no produce. Del mismo modo que el comercio local permite aprovechar las aptitudes especiales de los individuos y de las empresas, el comercio internacional hace posible que cada país aproveche las aptitudes especiales de otros países y utilice las propias de una manera más eficiente, aumentando así la suma de bienes y servicios que cada nación obtiene como resultado de la actividad económica de su población.

 

            El desarrollo espontáneo. Según el análisis liberal, para levantar a un Estado del último grado de barbarie al sumo de la opulencia no hacían falta sino tres cosas: tributos moderados, paz y una buena administración de justicia. Todo lo demás sobrevenía espontáneamente del curso natural de las cosas. En esas circunstancias, el Gobierno ideal es aquel que costando poco, intervenía lo menos posible. El dejar hacer y el dejar pasar era la norma básica recomendada para la buena gestión gubernamental. El Estado no debía ni podía competir con la iniciativa privada. Por su propia naturaleza era un mal industrial y peor comerciante. En todos los casos, la gestión del Estado debía ser un factor neutral en las relaciones económicas, y no debía interferir en los esfuerzos individuales. La intervención gubernamental era contraria a los intereses de la sociedad, porque sustituía con medidas artificiales el curso natural de su desenvolvimiento.

            De acuerdo con el curso natural de las cosas, las economías nacionales evolucionan movidas por un impulso espontáneo. En un proceso acumulativo, atraviesan sucesivamente una etapa agrícola, otra industrial, para alcanzar la etapa comercial, en la que el proceso de desarrollo cesa al alcanzar la nación el grado máximo de bienestar que le permitan la naturaleza de sus recursos y su posición con respecto a las demás naciones.

 

            Contenido y alcance de la teoría liberal. Sobre la base de estos supuestos, el análisis liberal se despreocupa de los niveles de producción y empleo en que la economía de una nación se desenvuelve, y concentra su atención en el estudio de las relaciones particulares. Analiza las ventajas y consecuencias de la división del trabajo, las causas del valor, la determinación de los precios y la tasa de interés, las mercancías que son objeto de comercio internacional y la forma en que el ingreso generado por la actividad económica se distribuye entre los factores que contribuyen a su formación. No estudia cuánto se produce ni cuánto se exporta. Por supuesto básico, la actividad económica se desenvuelve siempre en un nivel óptimo de eficiencia, dentro de los límites que le imponen a cada nación sus disponibilidades de recursos naturales. Las relaciones económicas están regidas por leyes ineluctables que determinan el equilibrio económico. La producción crea su propia demanda. No pueden originarse ni superproducción ni déficit en el abastecimiento de bienes y servicios. Y el comercio exterior, cuando no es interferido por barreras aduaneras, asegura la extensión de los beneficios del progreso a todas las regiones del mundo que participan en el intercambio comercial.

            El libre cambio induce, además, a los factores de producción a radicarse donde los costos sean menores. Si no hubiera interferencias gubernamentales, cada nación debía hallar su lugar en el mundo y producir lo más posible, independientemente de cuáles sean sus recursos naturales. El intercambio comercial conduce a la mejor utilización de los recursos productivos de cada país, y pone en marcha un proceso por el cual todos los países participantes tienen acceso a los frutos del aumento en la productividad del conjunto de naciones. Debe haber, desde luego, unas regiones más ricas que otras, pero ése es un hecho que ninguna medida de política económica puede modificar. La naturaleza así lo ha determinado sin posibilidades de apelación.

            "Eu un sistema de completa libertad de comercio, destacó Ricardo, (1772-1823), cada país dedica su capital y su industria a lo que le parece más conveniente. Las aspiraciones del interés individual concuerdan perfectamente con el bien universal. El libre cambio permite sacar todo el partido posible de los beneficios de la naturaleza; se consigue mejor reparto y mayor economía en el trabajo. Al mismo tiempo, el acrecentamiento de la masa general de productos extiende el bienestar por todas partes; el cambio une entre sí las diferentes partes del mundo civilizado con lazos comunes de interés, con relaciones de amistad y constituye con ella una sola y vasta sociedad".5

 

            El marco de la época. El libro de Smith vio la luz pública en un momento decisivo para la economía inglesa. Tres siglos atrás Inglaterra era una nación exclusivamente agrícola. Sus únicas fuentes de recursos eran el laboreo de sus tierras y la ganadería lanar. Con la excepción de la producción de rústicos paños de lana y de la forja y manufactura artesanal del hierro, no tenía actividades industriales de alguna importancia. Su flota era de las menores de Europa. Cuando los españoles y los portugueses avanzaban en sus exploraciones a lo largo de las costas del África, buscando el acceso marino al mercado de las Indias, las naves inglesas apenas se aventuraban en el Mediterráneo. Por la deficiencia del sistema de comunicaciones interiores, su comercio interno resultaba disgregado en pequeños mercados regionales, con escasa complementación e intercambio entre sí. El sistema financiero y crediticio del país era uno de los menos desarrollados de Europa. Hasta mediados del siglo XVII no hubo en toda Inglaterra ninguna casa bancaria.

            A partir del siglo XIV Inglaterra inicia una política proteccionista para estimular su desarrollo industrial. Eduardo II prohíbe la importación de paños extranjeros. Otra acta gubernamental reserva en 1381 la navegación del país a los barcos ingleses. 6 En 1455 se prohíbe la internación de tejidos de seda que hicieran competencia a los nacionales y en 1464 Enrique IV prohíbe la entrada de toda clase de paños de Europa continental. Estas medidas, que reservaban el mercado local a la producción nacional, dieron un fuerte impulso a la industria de manufacturas. La base de la producción interna era la industria artesanal, integrada por una multitud de pequeños talleres independientes, en los que cada maestro dirigía a un grupo reducido de aprendices y obreros y satisfacían con su producción los pedidos de una clientela limitada. Con la intervención creciente del comercio, esos talleres comenzaron a producir en escala mayor que la consumida en el reducido mercado vecinal. La parte de incremento de su producción la entregaban a comerciantes que se encargaban de su venta en otras plazas distantes y más amplias. Para facilitar el aumento de la producción y reservarse además su comercialización, el comerciante le proveía al productor las materias primas y el capital de trabajo que necesitaba para la intensificación de su giro. Con esta intervención, el comerciante terminó reuniendo la producción de varios talleres de una misma región, y que luego vendía en diversos mercados internos y externos. De ese modo se convirtió en el capitalista que financiaba la producción de manufacturas, y asumía los riesgos de su comercialización.

            Con la búsqueda continua de mercados nuevos para una producción en constante crecimiento, el comercio exterior británico aumentó considerablemente, y se convirtió en la mayor fuente de riqueza del país. La expansión paralela de la flota inglesa facilitó la extensión de las ventas hasta los más lejanos rincones del mundo habitado. El tráfico de largas distancias se volvió el rubro más próspero del comercio mayorista. El intenso desarrollo manufacturero y comercial logrado con este sistema, altamente proteccionista, imprimió al mercantilismo británico un nuevo carácter. Ya no trataba de aumentar el ingreso en el país de metales preciosos y de evitar su salida, sino que alentaba el aumento de la exportación de manufacturas a cambio de materias primas.

            "El progreso del comercio y la navegación, refiere Mantoux, fue rápido y triunfal. El mundo fue sorprendido por la audacia de los navegantes, comerciantes y corsarios ingleses. Mientras Drake acosaba con sus filibusteros las Indias Occidentales, otros navegantes más pacíficos abrían camino para triunfos británicos más duraderos. Walter Raleigh fundaba Virginia, Chancelor y Willoubhby bordeaban la península escandinava, y ponían al oeste en contacto con Moscú y Novgorod. Empezaban las Compañías Comerciales, primero como asociaciones temporales de comerciantes que compartían el costo del equipamiento y fletamento de un barco para un viaje de larga distancia. Después se transformarían en grandes Sociedades dotadas de privilegios y monopolios y hasta del poder oficial de representación de la misma Corona. Tales fueron los casos de la Compañía Moscovita fundada en 1554, la Compañía del Báltico (1579), la Compañía de Levanta (1581) y la Compañía de las Indias Orientales (1600). 7

 

            El acta de Cromwell de 1650 hizo de la navegación su pieza maestra para la expansión del comercio exterior. Reservó a las naves inglesas el transporte de todas las mercancías desembarcadas o cargadas en puertos británicos. Todos los productos procedentes de Asia, África o América que ingresaran en Inglaterra debían ser transportados en barcos de bandera inglesa. Los barcos debían ser de propiedad de subditor británicos y sus capitanes y una proporción elevada de su tripulación debían ser igualmente británicos. Con el estímulo de ese privilegio, la industria naviera y la flota inglesa se expandieron considerablemente. La flota no sólo servía al comercio, sino que además lo protegía y conquistaba para él nuevas plazas y mercados. Al mismo tiempo incorporaba continuamente nuevos territorios a la autoridad de la Corona. Con ese impulso, el dominio colonial inglés y el ámbito de las operaciones de su comercio se extendieron a todos los rincones del mundo.

            En 1659 se fundó el Banco de Inglaterra, que entró a movilizar activamente recursos domésticos para el financiamiento de gastos de la Corona y los costos e inversiones de la industria y el comercio. La acción de la banca y el comercio del crédito se extendieron a todo el país. Se establecieron otras casas bancarias en Londres, y se fundaron bancos comerciales en las demás ciudades. Gradualmente el Banco de Inglaterra fue concentrándose en la función hegemónica de custodio único de las reservas de oro del país y de prestamista de última instancia, y se fue retirando del mundo tumultuoso de la banca comercial, en creciente competencia. La circulación más organizada del dinero, y la intensificación de las operaciones de crédito redujeron progresivamente la tasa de los intereses, que en menos de veinte años bajó del 8 % al 4 % o menos.

 

            La revolución industrial. Al amparo de esa política proteccionista, Inglaterra se convirtió en uno de los centros principales del comercio mundial. La importancia comercial y financiera de Londres, a principios del siglo XVIII, era ya comparable a la de Ámsterdam. Tenía una amplia disponibilidad de capitales, acumulados en el siglo anterior con las utilidades mercantiles y el no disimulado saqueo de la India. Una sólida organización bancaria apoyaba activamente las operaciones del comercio y la industria. El sistema feudal cedía espacio a las unidades nacionales. Con la eliminación de las aduanas interiores, las actividades aisladas y dispersas de los pequeños mercados urbanos y regionales se integraban en los mercados nacionales. Nacía la economía de mercado, que abarcaba la producción y el intercambio de todo un país. No sólo las mercancías eran objetos de compras y ventas, sino también el capital, el trabajo y la tierra.

            En ese marco febril de producción y comercio intensos, en que la expansión de los mercados externos presionaba sobre la oferta y los precios de los bienes manufacturados, a fines del siglo XVIII se produjo en Inglaterra la llamada revolución industrial, que constituyó la mayor transformación experimentada por la humanidad a lo largo de su historia. Los inventos mecánicos en la industria textil, y los descubrimientos químicos en el uso de la hulla y en la manufactura del hierro8 pusieron en marcha un proceso de transformación de los métodos de producción que cambió por completo la estructura de la actividad industrial. Con el uso nuevo de las máquinas, las grandes fábricas desplazaban a los pequeños talleres. Los establecimientos fabriles entraron a ocupar un número considerablemente mayor de obreros para la producción de bienes en gran escala. La producción se destinaba masivamente al mercado, que abarcará no sólo a los compradores locales, sino también a los del exterior.

            Con la aplicación de la hulla en la fundición de los metales, se inició en 1750 la producción del acero fundido y el desarrollo de la industria siderúrgica. La producción abundante del hierro y su menor costo facilitaron su uso en la fabricación de maquinarias para las industrias y su aplicación intensiva para múltiples usos nuevos. En 1776 se construyó el primer puente de hierro, y en el año siguiente se botó el primer barco construido totalmente con ese material. Con el empleo de barcos de vapor y el uso de la hélice metálica, el transporte marítimo experimentó una transformación fundamental. Cada barco podría llevar en lo futuro una carga tres veces mayor que uno de vela de igual desplazamiento. El costo del transporte se redujo considerablemente, lo que facilitó la expansión del comercio a largas distancias. Las posibilidades de acceso a mercados lejanos aumentaba continuamente.

            Por su parte, la industria textil, con el empleo de la nueva lanzadera mecánica, de las máquinas para hilar y con el aprovechamiento de la fuerza del vapor, adquirió una capacidad de producción que excedía los requerimientos de la demanda local, y necesitaba de mercados más amplios para su desarrollo. Las fábricas se multiplican en las ciudades, cerca de los mercados de consumo o de las fuentes de materias primas, liberadas por la máquina de vapor de la necesidad de instalarse en los valles para aprovechar la fuerza de las corrientes de aguas. La multiplicación de las fábricas dio nacimiento a las grandes ciudades industriales. La ciudad de Manchester se convirtió en el mayor centro manufacturero del mundo.

           

            Los nuevos intereses y el libre cambio. Después de la época medieval, en que prevalecieron los intereses de la nobleza propietaria de la tierra, de la época mercantil, que fue el reinado de los comerciantes, con la revolución industrial se inició en Inglaterra una nueva época, la del capitalismo moderno, en la que el empresario industrial es la figura central. Pero la ascensión de este nuevo personaje resultaba trabada por complejas regulaciones de origen medieval y mercantilista. La reglamentación de los gremios restringía la movilización fácil de la mano de obra, que en número creciente demandaban las fábricas. La ley de vecindad prohibía a los trabajadores rurales abandonar, sin el permiso de los propietarios, las tierras que cultivaban, imposibilitando el desplazamiento del excedente de mano de obra agrícola hacia los nuevos centros industriales. La ley de granos prohibía la importación de trigo para proteger la producción local, y era causa de continuos aumentos del precio del pan y de constantes reclamaciones de mayores salarios que incidían negativamente sobre los costos de producción de las industrias. Un proteccionismo feroz, salpicado de sanciones sangrientas, mantenía un cerco de prohibiciones y de impuestos exagerados para asegurar el mercado local a la producción interna. El empresario debía abrirse paso en lucha contra esas instituciones y trabas heredadas del pasado. Nadie pensaba que podría ser beneficioso conceder al promotor de las nuevas formas de producción, la independencia necesaria para el desarrollo de sus emprendimientos, y menos que una mayor libertad individual pudiera coincidir con el máximo de utilidad social.

            En ese marco convulsionado por el fermento de todos los cambios y conflictos que las nuevas industrias habían originado, Adam Smith expone sus argumentos en favor de la libertad de comercio como el medio más eficiente para lograr el bienestar social y el enriquecimiento de las naciones.

            Aun cuando su libro abordó la cuestión económica de un modo general, para que sus conclusiones fuesen aplicadas a todas las naciones y a todas las épocas, el análisis de Smith estudió los problemas particulares de la economía inglesa en ese momento. Buscó socavar los fundamentos del sistema mercantilista que la Corona venía aplicando desde siglos atrás y que se había convertido en un obstáculo para las nuevas formas de producción que porfiaban por consolidarse en el país. Fundó en el interés social la mayor independencia que requerían los empresarios y ofreció, con la fórmula de la libertad de comercio, una solución política que resolvía los antagonismos de todos los intereses encontrados que en el escenario inglés pugnaban por mantener una hegemonía al amparo de la autoridad y la protección del Estado.

            Instituido como norma básica que debía regular la vida de las naciones, el principio de la libertad económica se convirtió en un instrumento al servicio de la nueva burguesía, para contener la acción del Gobierno en cuanto interfería sus intereses. El estado quedaba limitado por siempre por unos derechos individuales intangibles que obrarían como valladar a su gestión, para garantizar dos derechos distintos, el de la libertad y el de la propiedad. La libertad absoluta en materia económica quedó justificada y consagrada. El Estado no debía intervenir en la vida social. La marcha y el desenvolvimiento de la economía serían en adelante regulados por los dictados naturales de la oferta y la demanda. La iniciativa privada podía hacerlo todo. El egoísmo individual fue reconocido como el factor motriz de la actividad económica, porque la búsqueda del lucro conducía además a la armonía social y económica. Por esas circunstancias, los nuevos principios económicos recibieron una fervorosa acogida entre los empresarios industriales, que repetían con entusiasmo los argumentos nuevos en favor del libre cambio y la libertad en los contratos, especialmente en los de trabajo. Ávidos de mercados más amplios, de mano de obra barata y de materias primas abundantes, veían que el libre comercio les facilitaba todas esas cosas. A partir de entonces, la industria británica impulsó el comercio internacional, desarrolló la producción manufacturera, conquistó mercados nuevos y derribó los obstáculos existentes para el intercambio comercial, pacífica o violentamente, enarbolando siempre los atractivos y convincentes postulados del libre cambio internacional.

            Al amparo de esos principios, Inglaterra se transformó en la gran potencia industrial y en el centro del comercio internacional. Se había convertido en un coloso que disfrutaba de un predominio tecnológico y político que ningún otro país había alcanzado hasta entonces. Su poderío y su grandeza se basaban en la exportación de productos manufacturados a cambio de artículos alimenticios y de materias primas de las demás naciones. Un artículo publicado en un diario de Londres en 1832 destacó ese mecanismo en los términos siguientes:

            "Es evidente que una gran misión le ha sido asignada a nuestro amado país de la Gran Bretaña: la de transformar los productos de sus naciones hermanas. Nuestros parientes de ultramar nos envían, en nuestros propios barcos, el algodón del valle del Mississipi. La India proporcionará yute, Rusia su cáñamo y su lino y mineral de hierro para que nuestras fábricas y talleres, nuestros mecánicos y expertos operarios y nuestras maquinarias puedan hilar esos materiales y transformarlos en finas telas para todas las naciones. Nuestros barcos, que llegan cargados de materias primas, cargados retomarán a los últimos rincones del mundo. Este intercambio de materias primas por productos manufacturados obedece a las leyes de la naturaleza, y hace de cada nación servidora de las demás, proclamando la hermandad de los hombres. La paz y la buena voluntad reinarán sobre la tierra; unas tras otras, todas las naciones deben seguir nuestro ejemplo y el libre cambio de productos prevalecerá en todas partes. Sus puertas se abrirán tanto como las nuestras están abiertas para recibir materias primas''. 9

 

            La estructura del comercio internacional que exalta el artículo caracterizará la economía mundial en el período que se extenderá sin mayores modificaciones hasta principios de la guerra mundial en 1914, Inglaterra se convirtió en el centro comercial y financiero del   mundo. El comercio internacional abarcaba un doble flujo de mercancías, una corriente de exportaciones de materias primas y alimentos desde las áreas periféricas hacia los centros industriales de Europa y otra de exportaciones de productos manufacturados desde esos mismos centros hacia los países de la periferia que se hubieran incorporado a la economía internacional. Pero al mismo tiempo en que el comercio internacional y las ideas librecambistas se propagaban por todo el mundo, el análisis crítico de los principios liberales y la evidencia de los resultados negativos de su aplicación fueron socavando la aparente solidez de sus conclusiones.

 

            La antinomia del interés particular y el interés social. La falta de armonía entre el interés particular y el interés social fue destacada desde temprano. Los grandes progresos técnicos, cuyos beneficios exaltó Smith en su obra, producían en la propia Inglaterra resultados sociales deplorables. La productividad de la economía se había multiplicado, pero los beneficios derivados de ese aumento no eran compartidos en forma equitativa por todos los sectores que contribuían a su creación. La injusticia social en el reparto era evidente, y se hacía cada vez más intensa. Las desigualdades sociales tendían a acentuarse. Los ricos se volvían más ricos, mientras la clase obrera vivía sumida en la más aguda pobreza. Las condiciones de trabajo en las nuevas fábricas se caracterizaban por la duración exagerada de las jornadas, los bajos salarios, siempre al borde de una mísera subsistencia, la explotación de mujeres y niños, regímenes disciplinarios inhumanos y abusos patronales de toda clase. A pesar del considerable aumento de la producción, la mancha de una miseria terrible se expandía en el escenario social de las pujantes ciudades industriales, sin que la teoría económica pudiera ofrecer a las clases trabajadoras, tan siquiera la esperanza de una solución o de un alivio a sus problemas.

            De acuerdo con la observación de Stuart Mill (Principios de Economía Política, 1848), el progreso económico de una sociedad dividida en propietarios, capitalistas y trabajadores, tendía siempre a enriquecer a los primeros, en tanto que el costo de subsistencia de los trabajadores tendía a elevarse (pero no el salario real) y los beneficios a disminuir. Las fuerzas naturales del mercado, que debían traer al mundo la armonía, la paz y una vida mejor para todos, producían un resultado distinto. Según el análisis de Malthus (Ensayo sobre el Principio de Población, 1798 y Principios de Economía Política, 1820) y del propio Ricardo (Principios de Economía Política y de Tributación, 1817), la sociedad, librada a sus propios impulsos acabaría por convertirse en una especie de infierno, en el cual la mayoría de los habitantes estaría condenada por siempre a una dura y penosa subsistencia. La mano de obra no era sino una mercancía más que se vendía y se compraba en el mercado. Los vendedores eran los obreros, y los compradores los patrones. De igual modo que, en condiciones de libre competencia, el valor de las cosas tendía a acercarse a su costo de producción, el salario debía descender a un nivel determinado únicamente por las necesidades de subsistencia del obrero y reducirse inevitablemente al mínimo estrictamente necesario para que sobrevivieran el trabajador y su familia, de modo a permitir que la población obrera se sostuviera y se perpetuara. No existía para los obreros otra salvaguarda que la autorrestricción familiar para reducir la población laboral o evitar su crecimiento.

            Ante esa perspectiva sombría, Stuart Mill se alza contra la ortodoxia liberal de su época. Denuncia en su libro que las leyes económicas son válidas con relación a la producción, pero no en cuanto a la distribución. Sostiene que no existe un sistema natural que rija inexorablemente el reparto de los beneficios de la producción entre los factores que concurren a su creación. Las formas de distribución son resultado de las instituciones sociales vigentes en cada época y en cada lugar. Dependen de las leyes y costumbres que rigen la sociedad en ese momento. Por eso fue diferente en distintas épocas y es diferente en distintas naciones. La distribución de la renta entre trabajadores, propietarios y capitalistas no es resultado de leyes inexorables, sino de una organización particular de la sociedad en un lugar y en un momento determinado. Esa organización puede ser cambiada con la misma facilidad con que fue establecida.

            Por su parte; Simón de Sismondi (Principios de Economía Política, 1803), al señalar las contradicciones que existían entre los principios teóricos y las condiciones sociales de las ciudades industriales, destacó que las previsiones optimistas de Adam Smith habían fracasado, porque el análisis clásico se preocupó del aumento de la producción (interés exclusivamente crematístico), y descuidó el aspecto más importante del aumento del bienestar de la población mediante la participación más generalizada en los goces de la vida física que representa la riqueza (punto de vista social).

            El análisis liberal, destacaba, se deslumbró por las perspectivas de una producción abundante, y no vio en los salarios sino un elemento del costo de producción. Celebraba que para una producción igual o mayor, los salarios y los asalariados habían disminuido. Ninguno fue tan claro y terminante a este respecto como Ricardo: ¿"Si Inglaterra, planteaba, consiguiese que todo el trabajo de sus campos y de sus ciudades lo hicieran las máquinas de vapor y no tuviera más habitantes que los que tiene la República de Génova, conservando la misma producción y la misma renta que hoy, habría que considerarla más rica y más próspera?" Y su respuesta categórica era que sí. 10

            Para Sismondi, en cambio, las cosas no tenían valor sino con relación al bienestar de la población. Procuraba desplazar la preocupación de la economía de las cosas hacia el hombre. La riqueza nacional, afirmaba, es la participación de todos en las ventajas de la vida. Proclama el derecho de los pobres a un mínimo de goces, y asigna a la economía política el objetivo de hallar la manera de garantizar ese mínimo. Si la producción no puede aumentar más que a costa del bienestar de la clase obrera, ese aumento es reprobable. El salario debe ser considerado no como un elemento del costo de producción que hay que comprimir, sino como la renta de un gran número de personas, destinada a procurarles su bienestar.

           

            La parcialidad del Estado. Según Sismondi, el Estado no era ni podía ser un elemento neutral en las relaciones económicas. El Estado había intervenido siempre y en todas partes, tanto en lo económico como en lo social. Aun en el sistema de economía natural que patrocinaban los liberales, el Estado tenía una fuerte injerencia. Al consagrar y garantizar la propiedad privada y la herencia, había tomado parte en favor de los que la poseían y en contra de los desposeídos.

            Destacó Sismondi que entre los que poseen trabajo acumulado en forma de capital y los que no disponen más que de su trabajo actual, se había producido una separación que era el origen de una lucha desigual: los unos que pedían salario para vivir y los otros que contrataban al trabajador sólo para ganar. De nada servían los buenos propósitos que individualmente pudiera tener algún patrón. Obligado por la competencia del mercado, tenía que explotar a sus obreros para salvarse a sí mismo. Cedían a los trabajadores sólo lo indispensable para que subsistieran y se guardaban todo lo que el obrero producía más allá del costo de esa subsistencia. De acuerdo con sus conclusiones, el patrón se reservaba todo el beneficio del aumento de la productividad derivada de la división del trabajo, mientras que el obrero continuaba completamente marginado del progreso económico. Ganaba el patrón, decía Sismondi, no porque su industria produjera mucho más de lo que le costaba, sino porque no pagaba todo lo que le costaba.

            Sismondi no discutía la productividad del capital y su derecho a una remuneración, pero entendía que éste tomaba, indebidamente una parte de lo que legítimamente correspondía al obrero, y reprobaba esa apropiación. Sostenía que el Estado debía intervenir para suavizar la competencia y proteger a los débiles en contra de los poderosos, especialmente a los obreros.

            Otro economista francés, Dupont-White (El Individuo y el Estado, 1857 y La Centralización, 1860), abonó la tesis de la necesidad de la intervención del Estado en favor de las clases laboriosas, sin alterar la estructura del sistema basado en la iniciativa y la propiedad privadas. Según Dupont-White, en el concepto de la libertad existían dos componentes diferentes: el poder ejercido sobre uno mismo (como el poder del individuo para ahorrar), y el que se ejercía sobre los otros, como el de asalariar a alguien con los propios ahorros. La libertad era un legítimo derecho solamente cuando consistía en un poder del individuo sobre sí mismo. En la segunda forma, la libertad absoluta podía derivar en el abuso. La libertad de trabajo, afirmaba, era un principio aceptable sólo en lo que concierne al trabajo puro. En cuanto se apoya en el capital, adquiría el carácter de un verdadero poder, y como tal caía bajo la disciplina y la autoridad del Estado. La labor mixta, la que combina el capital y el trabajo, debía ser regulada con el fin de proteger a los elementos débiles contra los económicamente fuertes.

            Para Dupont-White, el desarrollo de las funciones del Estado no significaba un retroceso de la libertad. La función del Estado no era más que de tutela y liberación. Si la libertad incontrolada puede oprimir, la ley que la regula puede emancipar. La libertad y el Estado, es decir, la vida y la regla, podían por ello crecer paralelamente.

            Estas ideas de Sismondi y Dupont-White fueron precursoras del intervencionismo social que inspiró toda la legislación laboral moderna, promulgada para la defensa de la clase obrera.

           

            Las discrepancias nacionales. Un economista alemán, Federico List (Sistema Nacional de Economía Política, 1840)11 objetó la validez universal de las llamadas leyes naturales de la escuela clásica. Al cosmopolitismo liberal opuso las necesidades particulares de las naciones. Las diferencias en sus niveles de desarrollo hacía, según List, que la función económica del Estado deba variar de país a país, de acuerdo con las necesidades específicas que cada nivel de desarrollo origina.    

           

            El marco nacional. Según el análisis de List, la actividad económica del hombre se realiza siempre en el marco de la nación. Extrae la mayor parte de su fuerza productiva de las instituciones y del Estado de la sociedad de que forma parte. Solo y separado el hombre es débil e indefenso. Y cuanto mayor sea el número de aquellos a los que va unido, más perfecta es la asociación y mayor y más perfecto el resultado. La nación es el medio más eficaz de que dispone para alcanzar su felicidad y la más alta forma de asociación efectivamente realizada.

            Contrariamente a lo afirmado por la escuela liberal, List sostiene que los beneficios que recibe cada nación por su participación en el comercio internacional varían de acuerdo con el grado de desarrollo de su economía. Los beneficios mayores son para las naciones manufactureras, y los menores para las naciones exclusivamente agrícolas. Una nación sólo puede llegar a ser rica y poderosa cuando importa materias primas y exporta artículos manufacturados.

 

            Las limitaciones de una nación agrícola. En una nación puramente agrícola, aun cuando se comunicara libremente con los pueblos manufactureros, una porción considerable de sus fuerzas productivas y de sus recursos naturales permanecerá ociosa. El uso posible de maquinarias en las actividades productivas es limitado. Toda la población debe hacer aproximadamente lo mismo, y sus excedentes individuales son generalmente iguales. Las cosas que cada uno tiene en exceso o las que necesita son las mismas para todos, por lo que no ofrecen oportunidades mayores para un comercio interior intenso. Como cada región produce lo mismo que las demás, no puede verter abundantemente en las otras sus excedentes, ni sacar de ellas lo que le falta. Las naciones agrícolas sólo encuentran mercados en un pequeño número de naciones manufactureras que practican por sí mismas la agricultura y que, gracias a sus fábricas y a la extensión de los mercados internos, la practican con mucha mayor eficiencia. Mercados semejantes no son nunca seguros ni constantes. El cambio de productos agrícolas por artículos manufacturados extranjeros es interrumpido con frecuencia por medidas restrictivas y por guerras.

            Sobre la base de una actividad económica basada exclusivamente en la agricultura, una nación no puede desarrollar a un alto grado su comercio interior y exterior, sus vías de comunicaciones y su navegación mercante; no aumentará su población al mismo tiempo que su prosperidad; no realizará progresos sensibles en su cultura moral. "Una nación que cambia sus productos agrícolas contra los artículos de las manufacturas extranjeras, es como un individuo que no tiene más que un brazo y se apoya sobre otro brazo extranjero".12 Este apoyo le es útil, pero no le reemplaza el brazo que le falta, por la sencilla razón de que su actividad está sometida al capricho extranjero. El estado puramente agricultor está así infinitamente por debajo del estado agricultor y manufacturero.

 

            Las ventajas de las industrias. La combinación más elevada de las fuerzas productivas es la de la agricultura y la industria manufacturera. La nación manufacturera tiene más ocasiones para emplear las máquinas que la nación puramente agrícola. Dirigiendo una máquina de vapor, un hombre débil puede producir cien veces más que un hombre robusto con sus brazos. Cuando la industria manufacturera llega a nacer en un país agrícola, complementariamente se establecen carreteras, se construyen ferrocarriles, se cavan canales, se hacen navegables los ríos y se organizan líneas de vapores. Sus capitales son más considerables: su mercado interior más extenso y exclusivamente suyo, lo que le permite la fabricación en mayor escala a costos más bajos y con procedimientos más adelantados. Las manufacturas estimulan el desarrollo complementario de otras actividades productivas. Crean demanda para una multitud de géneros nuevos y de materias primas a las que ciertos terrenos pueden ser dedicados con mucha mayor ventaja.

            Al nacer la industria manufacturera en un país agrícola emplea y utiliza una masa de fuerzas espirituales y materiales, que hasta ese momento habían quedado inactivas o que sin ella habrían dormido para siempre. Un territorio suficientemente extenso y fértil, donde la industria manufacturera y la agricultura se desarrollan de un modo completo y armonioso, pueden alimentar a una población dos o tres veces mayor e incomparablemente más próspera que un país consagrado exclusivamente a la agricultura.13

            Según List, el análisis clásico soslaya deliberadamente estas ventajas de las manufacturas y las desventajas de las actividades agrícolas, y no admite la distinción entre pueblos que han alcanzado un grado superior de desarrollo y aquellos otros que se encuentran a un nivel mucho más bajo. Por doquier trata de excluir la intervención del Estado. En todas partes el individuo será tanto más capaz de producir cuanto menos se ocupe el Gobierno. En ninguna parte explica por qué medios algunas naciones han llegado a un grado de poderío y prosperidad, o por qué causas otras han perdido su prosperidad y poderío pasados. Sólo enseña cómo en la actividad privada, los agentes naturales del trabajo y el capital concurren a poner a disposición del mercado objetos de valor y de qué modo esos bienes se distribuyen y se consumen entre el género humano. No explica tampoco qué medidas deben emplearse para poner en actividad y dar valor a los recursos naturales que existen a disposición de todo país, de modo que una nación débil pueda llegar a la prosperidad y el poderío.

 

            Los requerimientos particulares de cada nación. Sostiene List que en la vida de las naciones, el progreso es un requerimiento imperativo, y que la Economía Política debe enseñar "cómo una nación dada, en la situación actual del mundo y teniendo en cuenta las circunstancias que le son propias, puede conservar y mejorar su estado económico". 14

            Según List, las naciones recorren las siguientes etapas: 1) estado salvaje, 2) estado pastoril, 3) estado puramente agrícola, y 4) estado a la vez agrícola, manufacturero y comercial. A cada una de estas etapas corresponde una política económica diferente. En consecuencia, los estados, sin contradecirse, deben cambiar de sistema a medida que progresen.

            El paso del estado salvaje a la cría de ganado, de la ganadería al agrícola y de la agricultura a los primeros ensayos en las manufacturas y la navegación, se realizan del modo más rápido y ventajoso mediante el libre comercio con las ciudades y estados más adelantados. La elevación de los pueblos agricultores al rango de agricultor, manufacturero y comercial, en cambio, no puede operarse por sí mismo, bajo el imperio del libre cambio. Requiere la reglamentación y el proteccionismo estatal. Esta transición podría realizarse en el marco del libre cambio solamente si todas las naciones se encontraran en idéntico grado de civilización, de modo que las unas no puedan oponer a las otras ningún obstáculo insalvable para su progreso.

            Para que la libertad de comercio pueda operar en forma normal, es indispensable que los pueblos menos adelantados sean elevados, mediante la aplicación de medidas protectoras, hasta el mismo grado de desarrollo a que las naciones más adelantadas llegaron mediante la aplicación de esta clase de medidas. Los intentos que las naciones aisladas pudieran hacer, de un modo unilateral, para implantar una libertad de comercio frente a naciones más avanzadas, sólo consiguen sacrificar su prosperidad y sus posibilidades de desarrollo, sin ninguna ventaja para el conjunto de la humanidad y con el beneficio exclusivo del mayor enriquecimiento de las potencias predominantes en el comercio y la industria. En esas condiciones, el resultado del libre comercio no sería una república universal, sino la subordinación universal de las naciones más atrasadas a la potencia industrial predominante. Una vez que una nación ha asegurado un desarrollo industrial adecuado, la mejor política para ella vuelve a ser el libre cambio.

 

            La experiencia norteamericana. Las ideas de List fueron influidas por la experiencia norteamericana de fines del siglo 18, que él pudo observar y estudiar durante su estada en ese país. Los Estados Unidos fueron los primeros en alzarse en contra de los postulados del liberalismo económico que dominaban el pensamiento político de la época, al establecer para la naciente república un sistema proteccionista:

            "Los norteamericanos comprendieron, destacó List, que una gran nación no ha de proponerse exclusivamente las ventajas materiales inmediatas; que la civilización y el poder, que, como Adam Smith reconocía, son bienes más importantes y valiosos que la riqueza material, únicamente se pueden alcanzar y conservar mediante la posesión de una fuerza manufacturera propia; que una nación que se sienta llamada a ocupar y mantener un puesto entre las naciones más potentes y civilizadas no puede escatimar ningún sacrificio para conseguir esos bienes". 15

            Esa política fue obra de Alejandro Hamilton, Secretario del Tesoro del Gobierno de George Washington. En su conocido "Informe sobre las Manufacturas" alegó que la supervivencia de la nación norteamericana estaría comprometida sin una base industrial apropiada:

            "No sólo el bienestar, sino la independencia y la seguridad de un país, dice el informe, dependen de la prosperidad de sus industrias. Por esta razón, cada nación debería esforzarse en poseer todos los elementos indispensables para la satisfacción de sus necesidades dentro de su territorio. Estos comprenden los medios de subsistencia, la habitación, el vestuario y la defensa. La posesión de estos elementos es esencial para el normal desarrollo del Estado y para la seguridad y prosperidad de la sociedad. Si falta uno de ellos, un importante sector de la vida y de la estructura política falta también. Un Estado, en las diversas crisis que le esperan, experimentará inevitablemente las amargas consecuencias de una falla de esta naturaleza".16

            Una industria importante sería tan productiva como la agricultura, afirmaba el informe, porque permitiría una mayor división del trabajo, emplearía mayor número de máquinas que el trabajo del campo, y contaría con las materias primas necesarias.

            Para fomentar el establecimiento de nuevas industrias, el informe propuso dos recursos: impuestos aduaneros que las defiendan de la competencia extranjera, y subvenciones estatales que eviten los inconvenientes de las alzas súbitas de los costos. Tanto los aranceles como las subvenciones no podían ni debían durar indefinidamente, pero se justificaban plenamente en la etapa inicial de las nuevas industrias, pues sin ellas no podrían haberse establecido.

            Con base en esos postulados, Hamilton logró la aprobación de un arancel aduanero que incorporó derechos de marcado carácter proteccionista. Al amparo de esa protección nacieron en ese país las primeras industrias, cuyo florecimiento posterior convertirían a los Estados Unidos de Norte América en una de las principales potencias manufactureras del mundo.

 

            Los ciclos económicos. Si el libre juego de las fuerzas del mercado no producía la armonía en el reparto de los beneficios entre los factores que concurrían a la producción, ni entre las naciones que participaban en el comercio internacional, tampoco aseguraba el desenvolvimiento ordenado de las actividades productivas de las naciones, incluyendo a la propia Inglaterra.

            Hacia principios del propio siglo XIX, los estudiosos de la nueva ciencia de la economía advertían los dramáticos descensos que de tiempo en tiempo interrumpían el curso más o menos estable de las actividades comerciales. No obstante la disponibilidad de capitales, de instalaciones, equipos, mano de obra y materias primas, la actividad económica se contraía bruscamente y dejaba de movilizar todos esos recursos.

            Ya Stuart Mill hablaba de "las fluctuaciones comerciales" y de la frecuente recurrencia de la penosa serie de fenómenos denominados "crisis comerciales". En un estudio publicado en 1830 (Ensayo sobre algunas cuestiones no resueltas de la Economía Política), destacó que:

            "Con la excepción de cortos períodos de transición, hay casi siempre un gran auge o un gran estancamiento de los negocios; o los principales productores de casi todos los artículos más importantes de la industria tienen tantas órdenes como las que posiblemente podrían cumplir, o los comerciantes de casi todos los productos tienen sus depósitos llenos de mercaderías que no pueden vender".

            Por su parte, el economista francés Clement Juglar señaló en 1863, en su libro "Las Crisis Comerciales", que estas caídas de la actividad económica no eran fenómenos aislados, sino parte de una fluctuación de la actividad comercial en su conjunto y que los períodos de prosperidad, crisis y liquidación se sucedían siempre en el mismo orden. 17

            Estas fluctuaciones no eran periódicas, es decir, no tenían un patrón fijo como las fluctuaciones estacionales que se producen regularmente en el curso del año, directa o indirectamente asociadas con el cambio de las estaciones. Eran más bien de naturaleza cíclica, en el sentido de que las fases de contracción y expansión se repetían en forma recurrente y con características similares, aunque con períodos de duración o de frecuencia diferentes, pero siempre como movimientos ondulatorios propios de la actividad económica. Desde entonces los economistas comenzaron a hablar del "ciclo comercial" y a distinguirlo por la aparición periódica de las crisis, sin lograr todavía una explicación satisfactoria de sus causas.

            Este comportamiento irregular de las actividades productivas se manifiesta como un fenómeno nuevo, no previsto por la teoría, y que por su repetición reiterada en el tiempo era visto como un fenómeno propio del sistema capitalista de producción. Era evidente que el propio sistema generaba esa inestabilidad que parecía originarse espontáneamente con el mismo proceso de producción, sin que las fuerzas autorreguladoras del mercado pudiesen evitarlos y que una vez producidos no podían corregirlos.

            Las alteraciones afectaban en forma simultánea a toda la actividad económica de los grandes centros industriales. Las fases sucesivas prosperidad, receso, depresión y recuperación se extendían en ellos con mayor o menor celeridad a todos los sectores. Y aún cuando los ciclos se originaban exclusivamente en los países más desarrollados, a través de la declinación que producían en el comercio internacional, sus efectos se extendían multiplicados a todas las naciones que participaban en el intercambio comercial.

            Si bien las características del ciclo pudieron ser cuidadosamente identificadas mediante el registro de series estadísticas que traducían en cifras el comportamiento de cada una de las fases del proceso, el diagnóstico de sus causas escapó por mucho tiempo a la comprensión de los estudiosos. Algunos trataron de justificarlo por las fluctuaciones de la producción agrícola. Las buenas o malas cosechas eran la causa de la prosperidad o depresión de los negocios. Un economista inglés, Stanley Jevons, impresionado por la periodicidad de las grandes crisis inglesas del siglo XIX (1825, 1837, 1847, 1857, 1866), que tuvieron una duración media de 10.5 años, y por la coincidencia con la aparición de las manchas solares que tenían un ciclo de 10.45 años, llegó a afirmar que las variaciones en la atmósfera del sol, manifestadas en la frecuencia y magnitud de las manchas solares, eran la causa determinante de las fluctuaciones rítmicas de la industria.18

            En este marco de desconcierto, los ciclos se repetían con intensidad diferente, sin que la teoría económica pudiera articular ninguna explicación satisfactoria. Los hechos reñían con los principios supuestamente naturales e inmutables de la teoría liberal. La vida de los pueblos presentaba una realidad diferente de la enunciada por los teóricos.

            Otra crisis, la del año 1930, precipitó el derrumbe de la teoría clásica. La gran depresión que produjo, destacó Helbroner, "no sólo fue una tragedia humana; fue una paradoja económica, para la cual ninguna de las herramientas de la economía tradicional podía encontrar explicación y mucho menos remedio". 19 La teoría no tenía ninguna justificación del espectáculo contradictorio de hombres desempleados, hambrientos, en medio de una enorme capacidad industrial no utilizada. En el caso de los Estados Unidos de Norteamérica significó la pérdida de casi el 40 % de su ingreso nacional y el desempleo forzoso de más de 15 millones de personas. A esta inmensa pérdida material se sumó la crisis espiritual de esa nación, que Henry Wallace dramatizó calificándola como el alto costo del fracaso.

            Cuando todo hacía presagiar el derrumbe del sistema capitalista y democrático, John Maynard Keynes produjo en 1936 su "Teoría General de la Ocupación, el Interés y la Moneda", en la cual sienta las bases de la teoría económica moderna, diagnóstica las causas de las crisis y prescribe su cura con soluciones que mantienen las bases y la estructura del sistema económico.

           

            La Teoría General. Keynes aborda los problemas de la economía sobre bases nuevas. A diferencia del análisis clásico, que centra su interés en las decisiones y transacciones particulares, Keynes estudia las relaciones económicas generales, en función de valores agregados que abarcan a la economía nacional como un todo. Así por ejemplo, la demanda no se refiere a la de un determinado artículo o a la de una determinada persona, sino que representa la demanda de toda la población sobre todos los bienes y servicios ofertados en el mercado. Por ello, la terminología moderna designa "microeconomía" o economía de las unidades al análisis clásico, y "macroeconomía" o economía del conjunto, al análisis iniciado por Keynes.

            Tampoco estudia las causas del valor y la determinación de los precios particulares como resultantes de la oferta y la demanda. Analiza, en cambio, las causas por las cuales las economías experimentan períodos sucesivos de prosperidad y depresión y los factores que determinan los niveles sucesivos de producción y empleo.

            El planteamiento de Keynes es intervencionista. La producción no crea su propia demanda, como sostenía el análisis clásico, porque parte del ingreso generado en el proceso productivo es substraído al consumo con fines de ahorro, disminuyendo con ello la demanda efectiva de los bienes y servicios producidos. Para que la producción pueda ser efectivamente absorbida y el nivel de producción se mantenga, resulta indispensable que la disminución de la demanda efectiva que produce el ahorro sea compensada con inversiones nuevas que generen ingresos y consumos adicionales, para mantener la demanda interna a un nivel equivalente al de la producción.

            La posibilidad de que esas inversiones se realicen depende de la rentabilidad del capital. Si esas inversiones no se realizan, la demanda disminuirá en un monto equivalente a un múltiplo del ahorro substraído al consumo, lo que inicia el proceso acumulativo de la temible espiral descendente de la contracción.

            Los cambios en el ciclo económico están determinados entonces por la disminución de las inversiones que realiza el sector privado. Al decaer la inversión, el ingreso interno disminuye, el consumo también se contrae, y se precipita la retracción general. Producida la recesión, no existe ningún mecanismo automático para mantener el empleo total ni para sacar a la economía de la espiral descendente. La intervención del Estado es entonces indispensable. Como instrumento compensatorio de la declinación de la inversión privada, Keynes propone el aumento del gasto público. Con este medio se logra la expansión inmediata del ingreso de la población, el aumento de la demanda de bienes y servicios, y se restablecen las condiciones apropiadas para la reactivación de las inversiones privadas y la recuperación de la economía.

 

            Las limitaciones de la Teoría General. Si bien la teoría general arrojó luces ciertas para el esclarecimiento del problema de las fluctuaciones de las actividades productivas de los países industriales, y creó todo un arsenal de instrumentos y conceptos nuevos para el estudio de los problemas generales de la economía, su análisis se basa en premisas aplicables únicamente a los países altamente industrializados, cuyas características difieren fundamentalmente de las naciones subdesarrolladas. Nada dice sobre las causas del estancamiento de los países productores de materias primas ni sobre su incapacidad congénita para el progreso.

            En los países industriales, el desempleo es cíclico. Se extiende en los períodos de depresión por la declinación de las inversiones y la caída de la demanda agregada de bienes y servicios. En los países sub desarrollados el desempleo es estructural y permanente. Resulta de la falta de capitales suficientes que pueden aplicarse a expandir las explotaciones productivas y dar ocupación a toda la población. El desempleo involuntario de los países industriales puede resolverse mediante una política fiscal y crediticia que estimule la expansión de la demanda interna agregada, en tanto que el desempleo estructural de las áreas subdesarrolladas sólo podría remediarse con el desarrollo de la economía, que aumente su capacidad productiva y amplíe las oportunidades de empleo para la población.

 

            Limitaciones del esquema liberal para el Paraguay. Cuando el liberalismo económico fue impuesto en 1870 al Paraguay como un sistema permanente de política económica, era ya una teoría fuertemente criticada en los círculos europeos. Desde allá se irradiaba un reconocimiento creciente de que su aplicación no producía ni el bienestar de los pueblos ni la prosperidad de las naciones. Era una fórmula exclusivamente británica. Fue elaborada para resolver los problemas particulares de la Inglaterra de la época y que, trasladada a otras latitudes o a otros tiempos, con características distintas, sólo podía producir resultados diferentes y, en algunos casos, hasta perjudiciales. Y ese fue el caso paraguayo. En el momento de su adopción, no existían en el país empresarios, capitales ni industrias instaladas que necesitaban de un marco de libertad para expandir sus actividades. El país había sido arrasado. Todo estaba por rehacerse. La reconstrucción de su economía era una necesidad imperiosa. La población superviviente, agobiada y hambrienta, clamaba una ayuda que le permitiera reasentar sus vidas y reiniciar alguna actividad productiva con que subsistir. A pesar de esas necesidades evidentes, la nueva Constitución, en nombre de la libertad que proclamó, proscribió toda intervención del Estado. Con ello imposibilitó la ayuda oficial a los grupos más necesitados, que eran los más numerosos. La nueva política no respondía así a las necesidades reales de la nación. No era un instrumento de liberación o de progreso. Era simplemente una imposición de las potencias vencedoras para consumar dos de los objetivos que había alentado la guerra: asegurar el acceso de su comercio y de sus capitales a los recursos básicos del país e imposibilitar el renacimiento vigoroso del Estado Paraguayo. Con toda justicia dirá J. Natalicio González:

            "La Constitución de 1870, impuesta por el vencedor, es un código de doctrinas aparentemente redentoras; en realidad, fue un instrumento creado para perpetuar la penuria de la nación y la servidumbre del pueblo vencido. Surgió a manera de antítesis del régimen precedente, con el confesado designio de representar la condenación moral de una causa en cuya defensa había aceptado la muerte la totalidad de la nación. La esclavitud se apellida libertad la sociedad científica, próspera, democrática, vigorosa y creadora, representa a la más ominosa dictadura. La Constitución de 1870 fue forjada para servir esta finalidad de vilipendio".

            "Sobre un país en ruinas, cuyos habitantes habían visto desaparecer su fortuna, y donde no quedaba vestigios del capital acumulado, apareció el Estado Liberal, que se apartaba por principio de las actividades económicas, dejando librados a su suerte a los sobrevivientes del gran drama". 20

 

 

NOTAS

 

1 H. E. Barnes. Historia de la Economía del Mundo Occidental. México. 1980, p. 482.

2La síntesis que presentamos, salvo cuando se indiquen otras fuentes específicas, está basada en la información contenida en las obras siguientes: L. Rogin. The Meaning and Validity of  Economic Theory, Cap. 3,4 , 8 y 15. R. Gonnard. Historia de las Doctrinas Económicas, Libros IV y VI. R. L. Heilbroner. Vida y Doctrina de los Grandes Economistas, Caps. III y IV.

3 G.H. Sabine. Historia de la Teoría Política. FCE. 1945. p. 501.

4 Ch. Gide. Economía Política. Ateneo. 1959, pp. 344 y 345.

5D. Ricardo. Principios de Economía Política. FEC, pp. 104 y 105.

6 H. Pirene, Historia Económica y Social de la Edad Media. FCE. 1957, p. 158.

7P. Mantoux, The Industrial Revolution in the Eighteenth Century. Londres. 1961. p.931.

8P.T. Ellsworth, Comercio Internacional. FCE., p. 60.

9Reproduc. en L.C. Knowles. The Industrial Revolution in Britain during the Níneteenth Century. London 1921, p. 128.

10Reproducido en R. Gonnard. Ob. cit., p. 525.

11  Para Referencias usaremos la 3a. edición de la Ed. Aguilar, 1955.

12List, Ob. cit., p. 143.

13Ibíd., p. 115.

14Ibíd., p. 178

15Ibíd., p. 99.

16Reprod. en F. Clairmonte. Liberalismo Económico y Subdesarrollo. Edit. 3M. 1964, p.61.

17J.A. Estey, Ciclos Económicos. FCE. 1962, p. 24.

1821 Ibíd., p. 196.

19R. L. Heilbroner, ob. cit., p. 367.

20J.N. González. Geografía del Paraguay. Guarania. 1964. ps. 630 y 631.

 

 

 

3. EL NUEVO ORDEN ECONÓMICO.

 

LA REACTIVACIÓN DE LA ECONOMÍA.

 

            El marco de la recuperación. A pesar de toda la destrucción y de la secuela de miserias y necesidades que había dejado la guerra, las actividades productivas y comerciales del país comenzaron pronto a restablecerse y recuperarse. Mientras los pueblos sobrevivan, las economías no mueren, ni aún bajo el peso de las grandes catástrofes. Se adaptan, cambian, se reorganizan y prosiguen sus funciones de proveedoras de las necesidades humanas. Y el Paraguay no sería una excepción. La reactivación emprendida fue difícil y anárquica, debido particularmente a la ausencia de una acción rectora que coordinara y apoyara los esfuerzos y emprendimientos individuales. La intervención del Estado fue reducida a un mínimo, aun cuando se tenía por delante el titánico desafío de la reconstrucción de una economía totalmente arrasada. Todo quedó librado bajo la acción de la iniciativa privada. La producción y él intercambio de bienes y servicios debían encontrar por sí solos sus propinas cauces y niveles, sin ninguna acción pública que influyera en su curso.

            El mayor obstáculo para la reanudación de las actividades productivas y comerciales era la carestía de capitales que complementaran y activaran la mano de obra y los recursos naturales disponibles. A pesar de esa limitación, no se podía esperar. La población tenía que producir para alimentarse y vivir. Había que suplir la limitada disponibilidad de capitales con el trabajo más intenso y la improvisación de métodos de producción que se adaptaran a las circunstancias.

 

            El comercio. La actividad comercial fue reanudada en la Asunción con las operaciones de los proveedores de los ejércitos aliados. Los negocios por ellos habilitados, no se limitaron al abastecimiento de la tropa que ocupaba la capital, sino que se extendieron al aprovisionamiento de toda la población asuncena. Constituían la única fuente de suministro de bienes y alimentos para los habitantes de la ciudad.

            En poco tiempo, ese comercio cobro un auge inusitado. La Asunción se llenó de "vivanderos, comerciantes e industriales que llegaron atraídos por aquel momento de improvisación; establecieron hoteles, restaurantes, cafés, confiterías, tiendas y almacenes bien surtidos, ferreterías, sombrererías, carpinterías, boticas, herrerías, zapaterías, peluquerías, casas de juego y de bailes, canchas de deportes y hasta de remates y bancarias".1 Las casas de comercio se establecían con la más completa libertad. En la etapa inicial no pagaban ninguna clase de impuesto ni necesitaban de permisos especiales para iniciar sus operaciones. Bastaba que tuvieran un inventario de mercaderías y un local para empezar a vender y ganar. Por falta de excedentes de producción local, todo el suministro de alimentos y productos manufacturados que consumía la capital provenía del exterior. La gran abastecedora de todo era la plaza de Buenos Aires.

            Más que comerciantes, esos proveedores eran aventureros, buscadores de fortunas con poco o ningún escrúpulo. Se habían lanzado tras el negocio del aprovisionamiento de las tropas aliadas, que no tenían servicios propios de intendencia, y detrás de ellas llegaron hasta la Asunción. Allí encontraron una plaza llena de necesidades, donde no existían ni competencia ni precios de mercado. El hambre y la desesperación dominaban la población del país. Con el hambre a cuestas, nadie discutía el precio del kilo de fideos o de un pedazo de carne. Esa situación fue intensamente explotada. Las ganancias de cada venta eran altísimas.

            Era ese un comercio detallista que proliferaba con la llegada continua de nuevos vendedores, artesanos y mercachifles. La demanda de locales que originaban, eran grande. Al poco tiempo no quedó en el centro de la ciudad habitación con frente a la calle que estuviera desocupada, tanto que, según el relato de un testigo, "algunos vivanderos que seguían al ejército aliado y que habían llegado retrasados, se vieron obligados a extender sus carpas en los patios libres de las casas, en terrenos baldíos y hasta en las calles de poco tránsito, en donde continuaron haciendo la misma vida de campamento, con sus negocios, boliches, restaurantes, casas de juego, de hospedaje, de bailes, etc."2 Como informó Elizalde desde la Asunción, se había desarrollado en la ciudad "un comercio enorme y más libre que California".3

            Inicialmente, este comercio se concentró en el lucrativo negocio del abastecimiento del consumo de la población asuncena. Pero no pudo mantenerse por mucho tiempo como un tráfico de una sola dirección. Las importaciones que proveían al consumo local debían ser pagadas con monedas duras a los proveedores del exterior. Y el escaso circulante de monedas metálicas que en la capital alimentaban los pagos de los giradores de los ejércitos y los gastos de las Representaciones de los Gobiernos Aliados no podían financiar indefinidamente la totalidad de la corriente de importaciones que se comercializaba en la plaza. Además, con el aumento continuo de la población capitalina, el flujo de mercancías que se vendía en la plaza aumentaba día a día, incrementando las necesidades de pagos a los proveedores del exterior.

            Para satisfacer esas obligaciones de pagos externos, los propios comerciantes procedieron a reactivar el tráfico de exportación.

            Los primeros embarques fueron integrados con los objetos de valor de que la soldadesca y los mandos aliados se habían incautado durante el saqueo de la ciudad, y con las existencias de productos básicos, especialmente de yerba y cueros, confiscadas por los generales aliados como despojos enemigos. En su mayor parte, estos bienes fueron a parar a manos del comercio local, en pago de mercancías adquiridas. Ese acopio heterogéneo de muebles, joyas, enseres domésticos y religiosos, objetos de arte y frutos del país, era despachado luego a Buenos Aires en los barcos de banderas argentinas y brasileñas que competían por llenar el vacío dejado por la desaparecida flota mercante paraguaya. Los embarques eran consignados a los proveedores de esa plaza y negociados en el mismo puerto de Buenos Aires. Decoud hizo el siguiente relato del desembarco de esos cargamentos:

            "Desde los últimos días de la primera quincena de enero de 1869, habían comenzado a llegar al puerto de Buenos Aires buques cargados de muebles, frutos del país, etc., saqueados de la Asunción del Paraguay, y que eran vendidos públicamente. La población concurría a la llegada de estos buques, incitadas por la avidez de conocer el contenido de aquellos cargamentos, que habían sido de los paraguayos, que es como decir o significar, un algo del otro mundo, quedando empero estupefactos muchos de los curiosos, ante la calidad, belleza y valor subido de tantas obras y objetos artísticos de que se componían, particularmente en presencia de unos juegos de sala, tapizados de pura seda y de otros muebles con primorosas incrustaciones de nácar; hermosos juegos de dormitorios, construidos de finas y delicadas maderas, con aplicaciones de otros materiales de color distinto, representando bouquets de flores; pianos de las mejores marcas conocidas entonces, objetos de plata maciza, como cubiertos, lavatorios, jarras, templaderas; preciosas tapicerías, etc., la hermosa carroza presidencial que sirvió a los dos Presidentes de la República, los López, para los actos oficiales; y, finalmente, un sinnúmero de otros objetos de adorno y de culto, entre éstos, imágenes diversas de inestimable mérito como trabajos escultóricos y por la calidad de sus pinturas, que a pesar de su antigüedad secular, permanecían inalterables".4

            Le siguió posteriormente la exportación, ya más regular, de productos nacionales acopiados para el pago de las importaciones. Para el efecto, el comercio asunceno fue proyectándose hacia el interior del país. En las cabeceras de las nuevas zonas de producción se establecían pequeños comerciantes habilitados por los mayoristas asuncenos. Anticipaban a los agricultores, madereros y yerbateros, mercancías de consumo que debían ser pagadas con productos en las épocas de cosecha o de zafra. A falta de fuentes alternativas de crédito, ese comercio era la fuente obligada de abastecimiento para la población rural y forestal. El comercio mayorista comenzó a operar muy luego para la reposición de los inventarios del comercio minorista y, especialmente, para la intensificación del acopio y exportación de yerba mate y otros frutos del país.

            El incremento de esas actividades convirtió a la Asunción en el centro de abastecimiento del país de productos importados, y en la intermediaria obligada de la comercialización de los productos exportables. Toda la República quedó bajo la hegemonía comercial de la capital. Con el beneficio de la centralización de la intermediación con los mercados externos, la Asunción se constituyó en el único centro financiero y comercial de importancia en el país. El comercio del interior pasó a ser, en su mayor parte, simple dependiente o apéndice del comercio mayorista de la capital.

            Con la reactivación del comercio de exportación, el Paraguay se incorporó a la economía mundial dentro del esquema de la división internacional del trabajo, que sirve de fundamento y objetivo del libre comercio. El comercio exterior ofrece oportunidades adicionales para la mayor producción de algunos bienes primarios. Es lo que la teoría denomina la ventaja comparativa. Resulta más rentable producir tabaco para la exportación, que maíz para el consumo interno. Con esa nueva posibilidad, la producción de subsistencia fue reemplazada en parte por la de bienes de exportación, aumentando con ello el rendimiento de la parcela explotada, sin modificar el área sembrada ni la técnica o modalidad de la producción realizada. En adelante, la economía paraguaya se caracterizará por la producción de alimentos y materias primas para consumo interno y para los mercados externos, con todas las restantes actividades y consumos subordinados al abastecimiento del mercado mundial. Sus exportaciones se integrarán con productos primarios (yerba mate, maderas, cueros, algodón, tabaco, etc.) y sus importaciones, además de los productos primarios con que no alcanzará a autoabastecerse, como el trigo, abarcarán los productos manufacturados de todo tipo, alimentos, medicinas, textiles, combustibles, productos metalúrgicos y químicos, bienes de capital, etc. El cuadro siguiente muestra los valores de las exportaciones e importaciones del país en los años siguientes a la terminación de la guerra, de acuerdo con los registros aduaneros argentinos y uruguayos.

 

COMERCIO EXTERIOR. 5

(En miles de pesos fuertes)

 

                                   Argentina                                           Uruguay

Año                 Export.            Import.                       Export.            Import.

1870                313.4               153.6                          -                     -

1871                64.5                 498.5                           -                      -

1872                299.1               722.4                          76.3                 14.3

 

            Es indiscutible que el comercio desempeña una función esencial para el desenvolvimiento de las actividades económicas de un país. Es el factor de la circulación de los bienes. Es el intermediario activo entre el productor y el consumidor, y, especialmente, entre la producción local y los mercados externos. Pero dentro de la nueva estructura de la economía nacional, la libre actividad del comercio, con ser dominante y decisiva para la reanudación de las actividades económicas, no podía haber sido la propulsora única para lograr en un corto plazo la recuperación ordenada de las actividades productivas del país.

 

            La función dominante del comercio. Con la nueva organización de la economía, el comercio se convirtió en la actividad más rentable. Atrajo la mayor parte de los recursos que afluían al país para el financiamiento de inversiones nuevas. Con el apoyo de esos recursos, la intensificación de las actividades comerciales y su prosperidad se hizo pronto evidente. Pero la expansión del comercio no significa necesariamente la reactivación de la producción local ni la creación de oportunidades de empleo suficientes para la población. Por sí solo el comercio no genera aumentos de producción ni de productividad. Las facilidades que ofrece para el intercambio crean condiciones favorables, pero no suficientes, para la expansión de las actividades productivas. La ocupación que directamente genera es reducida. En esas condiciones, la expansión de sus operaciones significará principalmente la intensificación de la dependencia del consumo interno del abastecimiento externo y la anulación o retraso de las posibilidades de instalación de industrias competitivas o sustitutivas de las importaciones.

            El interés del comercio es vender y seguir importando más y más. Toda la ganancia que acumula la reinvierte para ese propósito. Rara vez se diversifica. En la exportación será un mero intermediario, no un productor o un promotor. Cuando las limitaciones de la capacidad de absorción del mercado interno le impiden seguir expandiendo su giro, invierte en bienes raíces, generalmente en propiedades de bajo precio, situadas en la periferia de la capital, que con el rápido crecimiento de la población urbana se convertirán en terrenos de construcción, aumentando considerablemente su valor. Con esta práctica, las ganancias acumuladas por algunos comerciantes de la Asunción se transformaron en vastos patrimonios inmobiliarios integrados por centenares de propiedades y casas. Aun cuando invierta en la ganadería, su principal interés estará en la propiedad raíz que conserva el valor de la inversión y sirve de garantía al crédito bancario. La producción pecuaria le será accesoria. Pocas veces o ninguna invertirá en el establecimiento de industrias. Su formación y su vocación es contraria a la competencia con las importaciones. Cuando se aventura al campo industrial generalmente fracasa, por no estar preparado para la administración fabril. Y la asociación de comerciantes e industriales, que hubiera sido de gran utilidad para el desarrollo de las industrias, será poco frecuente en el país.

            En las épocas de estabilidad o de expansión de las actividades económicas, las decisiones del comercio, orientadas siempre al incremento de su giro, resultarán generalmente acertadas. Pero cuando la tendencia expansionista se revertía y sobrevenían las periódicas contracciones de la recesión, la caída de la demanda interna le sorprendía al comercio con existencias aumentadas de mercancías que no podía vender, con elevadas deudas contraídas para el incremento de su giro, con el crédito restringido y todos los bienes de su activo inmovilizado. El riesgo de la quiebra se cernía sobre patrimonios que hasta poco antes eran florecientes y prósperos, pero que con la caída de las ventas se volvían incapaces de satisfacer tan siquiera las obligaciones de corto plazo que los gravaban. En esas circunstancias, desaparecían los prejuicios contra la intervención estatal. El comercio clamará por ella. La considerará no sólo necesaria sino impostergable. Pedirá créditos preferenciales para el alivio de sus patrimonios congelados. Gestionará la moratoria legal de las deudas.

            Superada la crisis, vendrá el olvido, y renacerá la resistencia a la intervención gubernamental. Era una cuestión de intereses y de necesidades, y con la recuperación de las actividades productivas, la intervención del Estado era nuevamente un estorbo. Los que sobrevivían a las crisis, encontraban en la reactivación económica las condiciones apropiadas para restablecer la rentabilidad de sus giros, y reanudar, con la expansión continua de sus operaciones, la reconstitución de la prosperidad perdida. Los vacíos causados por las quiebras se llenaban con nuevos comerciantes que aplicaban los mismos criterios en el manejo de sus operaciones.

            La ausencia de inversiones productivas del sector que más ahorraba y acumulaba, impedirá la expansión de la producción y la absorción adecuada del exceso de mano de obra que continuamente las áreas rurales descargarán hacia los centros urbanos. El sistema económico resultaba así desprovisto de un impulso propio para el desarrollo, ya que el excedente que afluía al sector comercial no se destinaba al mejoramiento de la capacidad productiva del país. Cuando no se reinvertía en la expansión del giro comercial, era gastado en consumos superfluos o destinado a inversiones improductivas, como la compra de propiedades inmobiliarias, objetos suntuarios, o atesorado en forma líquida, en moneda nacional o extranjera. La falta de reinversión reproductiva determinaba el estancamiento de los sectores productivos, en circunstancias en que la población y la demanda de bienes importados aumentaban continuamente.

            Como el comercio era el sector que más ganancia obtenía, era, además, el que más acumulaba y el que más gravitaba. El poder económico se concentrará en manos de un reducido grupo de importadores y exportadores mayoristas de la capital. Por décadas, la Cámara de Comercio de la Asunción será la entidad gremial de mayor influencia en la vida nacional. Su prédica será principista. Será la abanderada de la libertad económica y defensora de la Constitución. Los principios liberales serán el mejor escudo para la defensa de sus intereses. Su prédica sobre los beneficios del libre comercio, de la iniciativa privada y la libertad de empresa y su resistencia a toda intervención del Estado, será vigilante y permanente. Defenderá la libertad económica por las ventajas y beneficios que confería el gremio. Era un principio útil que garantizaba sus intereses y fortalecía el mantenimiento del orden social, mediante el cual las actividades comerciales podían desarrollarse sin interferencias ni restricciones. Apoyará a todos los Gobiernos que no interfirieran sus operaciones, y resistirá todas las iniciativas orientadas a apartarse de los cánones constitucionales de la libertad económica. Medio siglo después de instaurado el sistema, esa gravitación seguirá incólume. En 1925, el Dr. Eligio Ayala, Presidente de la República, confesará ante el Congreso su impotencia para adoptar las medidas que pudieran afectar los intereses comerciales. Decía su mensaje del año:

            "El medio más seguro para conjurar la crisis, es contener, moderar las importaciones, limitarlas en proporción de la demanda sincera y efectiva, a lo que pueden vender enseguida. Sería temerario formar grandes almacenes de reservas en estos momentos. Pero la aplicación de él no depende del arbitrio gubernativo. Una ley coercitiva de la libertad comercial subleva los intereses privados contra ella, y entonces es punto menos que imposible aplicarla y obtenerla integridad de sus efectos".6

 

            Las finanzas públicas. De los diversos problemas que las nuevas autoridades debían afrontar, el problema fiscal era uno de los más apremiantes. Establecido el Gobierno, había que proveerle de recursos para financiar sus gastos. Descartadas las actividades comerciales e industriales del Estado, que habían sido la fuente principal de ingresos de los Gobiernos anteriores, debía establecerse un sistema rentístico que generara recursos suficientes para sufragar los sueldos de los funcionarios y empleados públicos y los costos de los servicios que paulatinamente se iban restableciendo en la ciudad. Como las actividades productivas estaban paralizadas, las fuentes imponibles estaban en general extinguidas. La única actividad que registraba un movimiento más intenso era el comercio de importación. Pero la excención de facto que existía para las fuerzas de ocupación en la posguerra 1864-70 hacía poco menos que imposible el establecimiento de ningún tributo a las importaciones. Abusando de ese privilegio, los proveedores de los ejércitos aliados introducían, dentro del régimen de excepción, no sólo el suministro para las tropas de ocupación, sino también todas las mercancías destinadas al abastecimiento de la población de la capital.

            Sin otras opciones a su alcance, el Gobierno estableció primero los impuestos de patentes y de papel sellado en septiembre de 1869. Diez pesos costaban los permisos para abrir y cerrar registros de buques; a treinta pesos ascendía la imposición sobre títulos de concesiones de tierras nacionales; ciento cincuenta pesos costaba la patente mensual de los bancos, casas importadoras, hoteles y casas de remate. La unidad de cálculo de los nuevos tributos era el peso fuerte nacional, es decir, la unidad monetaria del sistema anterior de los López. La ley usaba indistintamente las denominaciones de pesos, pesos fuertes y patacones. Las recaudaciones se efectuaban en los billetes de López, los únicos que entonces circulaban, y en las monedas extranjeras que afluían al país con los pagos de las tropas aliadas y el ingreso de capitales de proveedores y comerciantes.

            La necesidad de fijar una relación entre las monedas extranjeras y la nacional obligó al Gobierno a establecer el 3 de octubre de 1869 el valor de las diversas monedas extranjeras que circulaban en el mercado. Esta paridad no tenía otro objeto que el de establecer la relación de cambio en la que el Gobierno aceptaría esas monedas en el pago de los nuevos impuestos y ofrecer, además, una guía para las transacciones privadas. Según los términos de la ley, esa paridad quedó establecida como sigue:

           

 

 

 

 

            La ley no fijó el valor de las monedas de plata, el que quedó librado al acuerdo de las partes contratantes. Esta intención fue ratificada por el Decreto del 15 de marzo de 1870.

            El producto de los nuevos impuestos fue mínimo. No alcanzaba para cubrir los reducidos gastos del Gobierno. A fines de 1869, los ingresos realizados sumaban apenas 205.786.40 pesos fuertes.8 Y los requerimientos de gastos eran considerablemente mayores. Las necesidades perentorias que el Gobierno debía atender, resultaban aumentadas por el "estado de miseria a que se había reducido el pueblo paraguayo", proclamaban los considerandos del Decreto del 20 de diciembre de ese año.

            Para procurar recursos adicionales, se autorizó en esa fecha la gestión de "un empréstito que no exceda de dos millones de pesos fuertes", en la provincia de Buenos Aires. Se ofrecía como garantía la hipoteca de "todas las propiedades urbanas, edificios del Gobierno en la ciudad de la Asunción, y la línea férrea con todas sus propiedades y útiles". Se ordenaba, además, la venta del residuo de plata labrada no destinada al culto, que había sido rescatada de manos de la soldadesca, y devuelta por el Comando de ocupación.

            Pese a la generosa garantía ofrecida, el empréstito no pudo ser concretado. Las gestiones correspondientes fueron realizadas por el comisionado del Gobierno, el Triunviro José Díaz de Bedoya.

            Ante ese fracaso, y con la presión de los atrasos que se acumulaban, en el mes de mayo siguiente, el Gobierno volvió a autorizar la gestión de otro empréstito menos pretencioso, "que no exceda de quinientos mil pesos fuertes", y que debía ser negociado en la Provincia de Buenos Aires o en la ciudad de Río de Janeiro". Se ofrecieron las mismas garantías de la autorización anterior. Las gestiones realizadas por el Comisionado Salvador Jovellanos tampoco tuvieron éxito. Las plazas de Buenos Aires y de Río no estaban en disposición de ayudar al Paraguay. Por el contrario, sus planes contemplaban cargarle todos los gastos y daños originados por la guerra.

 

            La Deuda de la Guerra. Muerto el Mariscal López en Cerro Corá, los Gobiernos Aliados se apresuraron a imponer al país las cláusulas del Tratado Secreto suscrito en Buenos Aires el 1° de mayo de 1865. Además del despojo de casi 160.000 kilómetros cuadrados, del botín recogido en cinco años de guerra y del vandálico saqueo de la Asunción, de acuerdo con el Artículo XIII del Tratado, debía obligarse al Paraguay "el pago de los gastos de guerra que los aliados se habían visto obligados a aceptar, así como la reparación e indemnización de los daños y perjuicios causados a sus propiedades públicas y particulares y a las personas de sus ciudadanos".

            Los tratados definitivos de paz y de reconocimiento de deudas con el Brasil, la Argentina y el Uruguay fueron firmados el 9 de enero de 1871, el 3 de febrero de 1876 y el 20 de abril de 1883, respectivamente.9

            El acuerdo firmado con el Brasil establecía que el Paraguay reconocía como deuda nacional los gastos de guerra del Gobierno del Brasil, los daños causados a propiedades públicas, los cuales debían estimarse por una convención especial que nunca llegó a celebrarse, y los daños y perjuicios causados a las personas y bienes brasileños, que fueron reconocidos por una comisión mixta en la suma de $ 8.960.183.03 oro sellado. El Gobierno Paraguayo entregó a los damnificados títulos de deuda que debían devengar un interés del 6 % anual. El acuerdo con la Argentina establecía igualmente el reconocimiento de la obligación de pago de los gastos de guerra, los daños a las propiedades públicas y a las personas y propiedades particulares. El examen y liquidación de estas obligaciones fue realizado por una comisión mixta que extendió pólizas por un valor de $ 10.133.637.85 oro sellado. Las obligaciones no devengarían intereses durante los diez primeros años si el Paraguay aplicaba efectivamente al pago de la deuda a los particulares una cuota compatible con los recursos del país; pagaría luego un interés del 2 % anual durante los 10 años siguientes; el 4 % durante los otros diez años subsiguientes y el 6 % anual en adelante. Estas cargas excedían considerablemente la capacidad de pago del país. Se le imponía así una obligación de imposible cumplimiento.

            En el acuerdo con el Uruguay, el Paraguay reconoció como deuda el importe de los gastos de guerra que ascendía a 3.690.000 pesos oro sellado y el importe de los daños y perjuicios arrojados por la guerra que reclamaran los ciudadanos residentes del Uruguay. Por el mismo acuerdo, el Gobierno del Uruguay renunció al cobro de los gastos de guerra. En el plazo de diez y ocho meses fijados para el reconocimiento de deudas a particulares, ninguna reclamación uruguaya fue presentada. La obligación de pago de reparaciones al Uruguay quedó así extinguida. Hacia mediados del siglo siguiente, los Gobiernos del Brasil y de la Argentina declararon igualmente condonadas las deudas de guerra así impuestas.

           

            Las órdenes de compra. El fracaso de las negociaciones de los empréstitos echó por tierra la única esperanza de alivio a la angustia fiscal. Obligado por las circunstancias y las necesidades impostergables, el Gobierno recurrió al expediente de la emisión de órdenes de compra a los proveedores para obtener el suministro básico de útiles y materiales que su desenvolvimiento demandaba. Pero como los comerciantes de la plaza consiguieron pronto hacer valer esas órdenes para el pago de las obligaciones impositivas, a medida que el endeudamiento por provisiones aumentaba, las recaudaciones en efectivo disminuían. Al poco tiempo el Gobierno se encontró recaudando tan sólo papeles que no podía destinar al pago de sueldos. Ante "la falta absoluta de recursos" que esa situación originaba, el 23 de septiembre de 1870 se suspendió la aceptación de "boletas o comprobantes o cualquier clase de documentos contra la Tesorería". Se dispuso que los mismos fuesen presentados a una comisión examinadora para su reconocimiento y posterior sometimiento al Gobierno Permanente. Esta deuda fue luego consolidada por Ley de septiembre de 1871. El total acumulado a esa fecha ascendía a $F 1.050.509. El Gobierno entregó a los acreedores bonos expedidos con el nombre de "Crédito Público Nacional", que devengaban el 6 % de interés anual y debían ser amortizados, por sorteo, con el remanente de las rentas generales o a falta de ellas, con el producto de la venta de propiedades fiscales.

 

            La venta de propiedades públicas. En ese estado de insuficiencia de recursos, los bienes raíces del dominio público parecían ser el único patrimonio movilizable para atender las necesidades impostergables del fisco. Así lo entendió el Ministro de Hacienda del Gobierno Provisional, que en su memoria del año 1870 destacó que "el áncora de salvación del Gobierno, para el país y para el mundo con él relacionado es la desamortización de todos los bienes del fisco". Recomendó la venta de "todo cuanto pertenezca al fisco, destinando un 25 % a fomentar la inmigración e impulsar la formación de colonias agrícolas y el 50 % destinarlo a proteger la industria interior, la instrucción pública y crear nuestra marina, comenzando en admitir en estas ventas todos los créditos contras el Gobierno que se presenten, recibiéndolos como moneda legal"10

            Con esos objetivos, el Gobierno "fue autorizado por la Cámara Legislativa, para vender las propiedades fiscales a fin de poder hacer frente a las premiosas exigencias que le rodeaban". 11 No obstante esa autorización, en una primera instancia el Gobierno no "quiso realizar la venta" de todas las propiedades por el temor de que no se llegara a obtener "el valor de las fincas".12  Prefirió recurrir a una emisión de papel moneda por cien mil pesos para dar alivio a los apremios del Tesoro. (Ley del 29 de diciembre de 1870). "Aquel nuevo papel moneda, refirió Zubizarreta, sirvió para pagar a los empleados públicos durante tres meses y fue a quedarse en manos de los especuladores por la mitad de su valor nominal, aunque servía para el pago de impuestos".13

            Agotados los recursos de la emisión, las obligaciones impagas comenzaron nuevamente a acumularse. Sin otras opciones a su alcance, el Gobierno decidió iniciar la venta de propiedades fiscales. Comenzó allí la liquidación desordenada e irresponsable de propiedades públicas. Se ordenó primero la venta en remate de cinco propiedades céntricas sobre las cuales había mayor demanda. Esa venta marcó el inicio de un largo proceso de despilfarro y liquidación del patrimonio inmobiliario del Estado, que se extendería durante varias décadas. Como las condiciones de la plaza no eran propicias para la venta de bienes raíces, el producto de cada venta alcanzaba apenas a dar un alivio pasajero a los problemas del Tesoro. Ante la nueva acumulación de obligaciones que poco después volvía a producirse, a una venta debía seguir inmediatamente otra. Se había desatado un proceso de ventas continuas de propiedades urbanas y rurales. El precio obtenido en la venta de los mejores campos del país, al año siguiente de la terminación de la guerra, no pasaba de mil pesos la legua cuadrada. Un campo de seis leguas en el Departamento de la Cordillera fue vendido por seis mil pesos de curso legal; otro de dos leguas, en el departamento de Paraguarí, en mil ochocientos cincuenta pesos.14

            Como los bienes raíces eran el único patrimonio realizable de que disponía el Gobierno, a él apelaba para sortear todas las dificultades financieras que continuamente se le presentaban. Cuando los billetes emitidos por la Tesorería comenzaron a encontrar resistencia para su aceptación en el comercio, el Gobierno afectó a su garantía las fincas del Estado, situadas en la Capital, "denominadas, Cuarteles de San Francisco y las dos aceras de casas de la plaza del mercado nuevo comprendidas entre las aceras de Palma hasta la calle de la Paz". Al mismo tiempo, se facultó al Gobierno para que si "por cualquier incidente imprevisto no pudiera amortizarse la totalidad de la emisión en el plazo fijado" de un año, se procediera a la venta de los referidos edificios, destinando íntegro su producto a la conversión de esa deuda. (Decreto del 15 de febrero de 1871).

            Se puso luego en venta el ferrocarril "con todas sus máquinas, salones, etc., para con su producto atender las urgentes necesidades del Estado" (Ley del 4 de mayo de 1871). En la angustia de recursos, a una venta, seguía inmediatamente otra. Por ley, del 11 de agosto de 1871 se autorizó al P.E. "para que proceda a la venta pública en subasta, y a la más alta postura, o que ofrezca mayores ventajas, propiedades del fisco, ubicadas en el territorio de la República, hasta la cantidad de quinientos mil pesos". Las necesidades pudieron más. Las reservas e inhibiciones para la liquidación masiva del patrimonio inmobiliario del Estado habían desaparecido. Había que venderlo todo, a cualquier precio, hasta reunir por lo menos los 500.000 pesos que se necesitaban para poner al día los atrasos acumulados del Tesoro. Simultáneamente comenzó el forcejeo de los proveedores y acreedores del fisco para que se les entregara tal o cual propiedad en pago de sus créditos. Los abusos fueron tales, que por ley del 20 de enero de 1875 se prohibió la transferencia de propiedades fiscales en pago de deudas públicas, y se impuso al Poder Ejecutivo la obligación de informar al Congreso de los resultados de su aplicación. Pero hasta entonces, una infinidad de ventas y negociados de propiedades públicas habían quedado irreversiblemente consumados. Las ventas y entregas comprendían tanto a las propiedades situadas en el radio urbano de la capital como a las localizadas en áreas rurales y forestales.

 

            La desmonetización de los billetes de López. Ese ambiente de anarquía fiscal y monetaria era el menos propicio para la aceptación y uso del papel moneda como medio de pago y como instrumento de ahorro y liquidez. El comercio se resistía a aceptarlo, y prefería las monedas extranjeras que podían ser aplicadas al pago de sus obligaciones con los proveedores externos. Esa resistencia era particularmente intensa con relación a los billetes emitidos por los Gobiernos anteriores, que todavía se mantenían en circulación, y sobre cuyo valor las nuevas autoridades no querían asumir responsabilidades.

            Para reducir el monto del papel moneda en circulación y favorecer el uso de los billetes emitidos por el nuevo Gobierno, por ley del 31 de julio de 1871 se declararon desmonetizados los billetes emitidos antes de la terminación de la guerra. Fue la liquidación final de la fortuna paraguaya. Al mismo tiempo que se privaba a la gran mayoría de la población nacional de toda capacidad de pago, se establecía una relación de valor de las obligaciones que pudieran haber asumido esa moneda. Desde su emisión hasta el 31 de diciembre de 1860, cada peso papel debía valer ochenta centavos oro. Desde el 1º de enero de 1861, hasta el 31 de diciembre del mismo año, debía valer setenta y cinco centavos oro. Y así sucesivamente, hasta llegar a diez centavos oro, desde el 16 de agosto de 1869 hasta el 1º de marzo de 1870, fecha de la muerte de Solano López. De este modo, el Congreso Legislativo obligaba a las personas a pagar con moneda metálica, deudas contraídas anteriormente, en los billetes desmonetizados, disposición que despojó a los sobrevivientes de la gran guerra, de los últimos bienes que les quedaban. El Dr. Luis De Gásperi hizo los siguientes comentarios sobre los efectos de esta medida:

            "Fácil es comprender las perturbaciones económicas producidas por la total desmonetización de aquel papel, en un principio emitido a la par del metálico. Los deudores de obligaciones anteriores a la guerra, provenientes de préstamos hechos en moneda papel no fueron admitidos a pagar sus deudas con los billetes que el mismo Estado se había encargado de desmonetizar, sino con los pocos bienes de que disponían, resultando de aquí la más espantosa de las miserias, y la multiplicación de los más repugnantes pleitos, todos ellos encaminados al despojo de aquellos desventurados deudores".15

            Al analizar las consecuencias de esta medida, mucho tiempo después, Robert Triffin hizo los comentarios siguientes:

            "Este procedimiento sui generis cargó el peso principal de la devaluación sobre el deudor antes que a las clases acreedoras, y forzó la liquidación en gran escala de la propiedad raíz. Es presumible que muchos de estos inmuebles fueron adquiridos por extranjeros, quienes así iniciaron un proceso de penetración económica, que continuó en los años futuros". 16

            "Esta enojosa disposición, la destacó en el mismo sentido un documento oficial; llenaba de descontento a la capital y a la campaña, en razón de que los nuevos despojos empobrecían más y más a las familias ya arruinadas. Cuando la sociedad es pequeña, añadía, el malestar cunde con rapidez de un punto a otro, y alimenta las subversiones que surgían casi una por cada año".17

            Al mismo tiempo, por ley de la misma fecha, se autorizó otra emisión de trescientos mil pesos fuertes, destinada al pago de los sueldos atrasados de los empleados públicos. Esta emisión debía amortizarse con el producto de la venta del ferrocarril o con algún empréstito "o con los dineros que el Gobierno debía recibir de una empresa que trataba de establecer el Banco Comercial del Paraguay". Contradictoriamente, por otra ley se establecía que el Gobierno no recibiría en pago de sus entradas generales créditos de ninguna especie contra la Nación. En adelante, los impuestos se cobrarían solamente en las diversas monedas metálicas que circulaban en la plaza. El mismo Gobierno comenzaba por repudiar sus propios billetes.

            "Las angustias financieras del Gobierno, causa de las mal recibidas emisiones de papel, escribió Zubizarreta, provenían de la falta o imposibilidad de establecer un plan rentístico, adecuado a las pobres riquezas del país y a los gastos administrativos. Los hombres que se salvaron del naufragio del país, iban apareciendo en la vida pública animados de un sentimiento de horror hacia el régimen, caído: el Estado, que todo se lo había quitado, debía en lo sucesivo sacrificarse en bien del interés individual: por ley de contraste, al socialismo gubernativo de los López debía suceder un individualismo semi absoluto. No se querían impuestos, sino aquellos indirectos que se pagan inconscientemente, y hasta se pensó en la supresión de las aduanas. Mas por desgracia, después de haberse establecido el nuevo régimen montando la complicada máquina administrativa de los Gobiernos representativos, que exigía recursos proporcionados a lo que costaba, resultó que los impuestos indirectos eran, según la Memoria de un Ministro de Hacienda, como una gota de agua en un sediento arenal".18

 

            Los Empréstitos de Londres. Se encontraba el Gobierno agobiado por la falta de recursos para cubrir sus gastos más elementales, cuando a principios de 1871 apareció en la Asunción el Sr. Máximo Terrero, un argentino que más que comerciante era un ávido aventurero, un buscador de fortuna. Vino hasta el Paraguay a ofrecer a las autoridades nacionales un empréstito de 2.000.000 de libras esterlinas que podría obtener en el mercado de Londres con la ayuda de sus amigos.

            El Sr. Terrero había viajado hasta Inglaterra para gestionar un modesto préstamo privado con la garantía hipotecaria de un bien raíz de su esposa. Allá se enteró de que en el mercado de capitales londinense no se atendían pedidos de créditos personales y menos aún a extranjeros no radicados en el país y que sólo tenían acceso a su financiamiento los Gobiernos o las grandes corporaciones mercantiles. El mismo corredor que desalentó su pedido, le manifestó en cambio, que su firma podría estar interesada en la gestión de un empréstito para el Gobierno de su país, que con bastante frecuencia, recurría al financiamiento británico. La economía inglesa pasaba entonces por una fase de prosperidad y de alta liquidez. Con la abundancia de los recursos disponibles, la tasa de interés en el mercado de Londres se mantenía baja, y los ahorristas buscaban ansiosos oportunidades mejores para colocar sus recursos. Los corredores de bolsa, con quien había contactado Terrero, no eran prestamistas, sino simples gestores que intermediaban entre los interesados en obtener préstamos y los capitalistas y ahorristas que invertían su dinero en el mercado de valores. Por ese servicio cobraban una comisión fijada sobre el monto del préstamo concertado. El principal interés de los corredores era conseguir mandatos para vender o comprar valores en el mercado. Y cuanto mayor fuera su monto, mayor era el beneficio que percibían. Consumada cada transacción, quedaban liberados de toda responsabilidad, tanto con los prestamistas como con los prestatarios, salvo que se hubieran convenido funciones adicionales, como las de encargarse del servicio del préstamo o de compras o pagos con los recursos movilizados. Era ése un comercio inescrupuloso y agresivo. El mercado de capitales de la época no era un santuario de honestidad ni de moralidad. Warren hizo de él la siguiente descripción:

            "En el siglo 19, el mercado de capitales de Londres era en verdad un paraíso de ladrones. Allí iban los inescrupulosos pero necesitados prestamistas a contratar con un igualmente inescrupuloso corredor, para vender acciones o bonos a un público algunas veces codicioso, normalmente ingenuo, generalmente ignorante. Estos inversores y los ciudadanos de los países prestatarios eran víctimas de robos tan flagrantes que maravilla que las leyes estuvieran tan llenas de lagunas que pudieran permitir a esas "honorables" casas de corredores llevar a cabo sus planes con impunidad. Su mayor interés era vender bonos con cuantiosas ganancias; los compradores podían cuidarse a sí mismos. Al final, tantos inversores habían resultado engañados que se tuvo que organizar el Consejo de Tenedores de Bonos Extranjeros en Londres, y a través de esta poderosa organización ejercer una influencia moderadora sobre los piratas financieros de la plaza y al mismo tiempo recuperar parte de las inversiones.19

            Como él Sr. Terrero no tenía acceso a los gobernantes argentinos, ya que en su país era apenas un modesto comerciante detallista, pensó que podría serle más fácil interesar al Gobierno vecino del Paraguay, cuyas penurias financieras eran de público conocimiento en el Río de la Plata, en un empréstito como el que le habían insinuado en la entrevista. Con esa idea se lanzó de vuelta a la Asunción, acompañado de un agente de la firma de corredores, el Sr. Charles H. Olsen. Sin dificultades mayores llegó allí hasta el mismo Presidente Rivarola, a proponerle el financiamiento. Es fácil imaginar la enorme sorpresa que a los miembros del Gobierno les habrá producido semejante oferta. Era demasiado generosa para que pudiera ser creíble. No daba márgenes para términos medios. Era una gracia venida del cielo, o un ofrecimiento irresponsable, un nuevo timo de otro de los tantos aventureros que por entonces llegaban al país buscando aprovecharse de los incautos con sus embustes. Refirió más tarde Alexander Baille, que participó en la renegociación del empréstito que ulteriormente hizo Bareiro:

            ". . . Cuando él expuso su oferta de suministrar, por intermedio de sus amigos de Londres, la friolera suma de dos millones de libras, los apremiados ciudadanos que integraban el Gobierno, habrían contenido atónitos el aliento y estarían más dispuestos a considerar al oferente como a un charlatán, pero como éste se mostraba lleno de argumentos, después de varias reuniones con el Gabinete, finalmente le fue informado que el Gobierno había decidido aceptar un préstamo de medio millón de libras, por cuya suma, se pensaba que honestamente estarían en condiciones de abonar los intereses correspondientes".20

 

            El Empréstito de 1871. Después de largas discusiones, el Gobierno finalmente aceptó la idea de un empréstito mayor, de un millón de libras. Al efecto se encomendó al Ing. Francisco Weisner de Morgenstern la preparación de un inventario y la tasación del patrimonio territorial y de los recursos del Estado y una descripción de la situación económica y de las perspectivas futuras del país. Esta información serviría de base al prospecto que se lanzaría al mercado de Londres. La gestión del empréstito fue autorizada por Leyes del 8 de febrero y del 21 de mayo de 1871. Máximo Terrero fue nombrado Agente Financiero del Gobierno para la operación. Ya en Londres el 21 de noviembre del mismo año, Terrero firmó el acuerdo con la firma Waring Brothers & Co. para la emisión del empréstito por ese monto. La tasa de interés sería del 8 % y el descuento del 20 %. Las condiciones eran leoninas para el Paraguay y altamente ventajosas para los corredores. Para los prestamistas era una vulgar estafa.

            El prospecto distribuido presentaba al país y al Gobierno en una situación extremadamente próspera. Al Gobierno se le mostraba como dueño de inmensas y valiosas propiedades que servían de garantía al préstamo. El territorio del país era de un suelo fértil y bien irrigado. Producía tabaco, algodón, índigo, decía el prospecto. Era rico en minerales. El Estado era además propietario del ferrocarril de 72 km. que unía la capital con Paraguarí. Se daba cuenta de sus ingresos, pero no de sus gastos. No se mencionaba que las vías y todo el material rodante estaban en un avanzado estado de deterioro y que debían ser rehabilitados o renovados. Tampoco se decía que el país estaba ocupado por fuerzas extranjeras y que estaba siendo obligado a pagar una exorbitante indemnización por los gastos y perjuicios de la guerra que acababa de terminar. No se decía nada de que al Gobierno no le alcanzaban sus ingresos para cubrir tan siquiera sus gastos más elementales. Ni que el país había sido arrasado por una cruenta guerra y que penosamente comenzaba sus primeros esfuerzos por rehabilitar las tierras, que permanecían en su mayor parte improductivas. Pero con el engañoso panorama presentado del país y de su gobierno, y con los altos rendimientos ofrecidos, la emisión de bonos fue totalmente colocada en el curso de los meses de diciembre de 1871 y enero de 1872.

            Como el precio de venta fue del 80 % del valor nominal de los bonos, el interés del 8 % sobre ese valor representaba un interés real de más del 10 % sobre el precio de compra, computando el beneficio del descuento. Era ésa una tasa que excedía grandemente la que regía en el mercado. La amortización sería del 2 % anual. Del producto neto de la venta, el 20 % debía corresponder a los corredores en concepto de comisiones y gastos, y el 80 % al Gobierno. De este modo, después de deducidas las 200.000 libras de descuento a favor de los compradores, 160.000 libras debían corresponder a la casa Waring Brothers y 640.000 libras serían para el Gobierno. De la parte del Gobierno debían deducirse, además, el valor de los intereses y amortizaciones a pagarse en los dos primeros años, que sumaban otras 200.000 libras y la comisión de Terrero, que ascendía a 19.200 libras. En definitiva, el Gobierno recibiría solamente el 40 % del valor de las obligaciones que asumía. Aún así, para el urgido gobierno paraguayo, esa suma era una enormidad y una bendición. El líquido producto entregado al Gobierno fue de 403.000 libras. Como recompensa por los servicios prestados, Terrero fue nombrado Cónsul General del Paraguay en Londres.         

            En el curso de las negociaciones de la emisión, Terrero y los corredores tuvieron que cancelar una deuda del Gobierno de López a proveedores ingleses para evitar un juicio que hubiera interferido la colocación de los bonos. La rendición de cuentas enviada por Terrero resumió el siguiente detalle del destino del producto de la venta de los bonos: 21

 

 

            De la liquidación que más arriba se expresa, se desprende que la negociación del Empréstito de 1871 de Libras 1.000.000, costó al Gobierno Paraguayo la friolera de 597.000 libras. 22

            La remesa de fondos al Paraguay fue efectuada en cinco despachos, cuatro de 100.000 libras y uno de 3.000. La primera partida de 100.000 libras llegó a la Asunción a mediados de febrero de 1872. El último embarque llegó en el mes de julio siguiente. Al recibir la noticia de la colocación de los bonos, el Gobierno se anticipó a asignar el siguiente destino a los recursos esperados. La ley respectiva lleva por fecha el 23 de febrero de 1872:

 

 

            El total de estas asignaciones, que ascendía a $f 3.200.000, correspondía al equivalente de las 640.000 libras que representaban el 64 %  del valor de la emisión que debía corresponder al Estado. Pero después de los diversos cargos efectuados, el monto neto remitido ascendió a sólo 403.000 libras, cuyo equivalente en moneda nacional era inferior en casi 1.200.000 $f al valor de las apropiaciones realizadas. El Ministro de Hacienda declaró más tarde, que se habían recibido en total, solamente 394.940 libras, que fueron destinadas al pago de deudas y gastos del Estado. 23 Esa suma fue en verdad dilapidada. El Gobierno pagó parte de su deuda flotante, amortizó parcialmente el papel moneda en circulación, pagó sueldos atrasados y se dedicó a malgastar el saldo. Parte importante fue destinada a "la pacificación del país", esto es, a financiar los gastos y recompensas de las represiones de los conatos subversivos que se sucedieron en ese período.

            Con los recursos recibidos y los gastos así financiados, no se encaró nada trascendente para el futuro del país. Podría haberse iniciado la organización del sistema monetario, o puesto algún orden en las finanzas del Estado. Pero ninguna de esas metas entró en la preocupación de los miembros del Gobierno. Por el contrario, entre las figuras del momento se desató una pugna por disponer de esos recursos, sea para sus designios políticos o para beneficios personales. Refirió más tarde el Cónsul Británico a su Gobierno:

            "Cuando llegó el cargamento de oro, fue depositado en el Palacio de Gobierno, donde durante varios días, los Ministros y otros personajes privilegiados, pudieron llenar sus bolsillos antes de que el saqueado tesoro fuera depositado en un banco y destinado a los usos del Estado". 24

            Por su parte, el Ministro del Brasil en la Asunción, Joaquín María Nascentes d'Azambuja, informó a su Cancillería:

            ". . Cada Ministro gastaba sin consultar a sus colegas, apropiándose de cuanto podía a través de contratos simulados o haciendo regalos caprichosos a sus amigos". 25

            Al entrar en circulación, las libras del empréstito produjeron un alivio beneficioso a la carestía de circulante que agobiaba a la plaza. Las ventas del comercio se intensificaron. Pero ese respiro duró muy poco. De inmediato las libras pasaron a ser usadas para cubrir déficit sostenido de la balanza comercial y a salir del país con los pagos que el comercio local hacía de sus obligaciones con los proveedores del exterior. Con la desorganización del sistema monetario, y el déficit sostenido de la balanza comercial, la permanencia de las libras en el mercado local fue sólo efímera. Al final, la plaza terminó sin papel moneda y sin libras para sus transacciones internas.

 

            El Segundo Empréstito de 1872. Estaba todavía el Gobierno con la euforia del gasto de ese cuantioso ingreso extraordinario, cuando, a insinuación del mismo Terrero, el 8 de marzo de 1872 se autorizó la gestión de otro empréstito de dos millones de libras. Había que explotar el éxito del primer empréstito, insistía Terrero. En su apoyo se invocaron grandes propósitos. La mitad del producto debía destinarse, según la ley de su autorización, a la construcción de ferrocarriles locales, caminos, canales y puentes, en promover la inmigración y la colonización de terrenos fiscales, y en establecer líneas de vapores. La otra mitad se aplicaría "a fomentar el desarrollo de los intereses generales del país, promoviendo la construcción de ferrocarriles, carreteras, puertos y aduanas y fundando Bancos".

            Se autorizó asimismo al Poder Ejecutivo a nombrar una Junta encargada de promover en Inglaterra la venta de tierras fiscales y la inmigración de colonos ingleses. El producto total de la venta de tierras públicas que hiciere la Junta de Londres, sería destinado a la amortización y pago de intereses de este empréstito.

            Para Terrero era el gran negocio. Ya con el primer empréstito había ganado más dinero que el que inicialmente pensaba pedir prestado con la garantía de la propiedad de su esposa. El Paraguay le estaba resultando una mina de oro. Ahora tenía dos nuevos filones en sus manos, la negociación del empréstito y el fomento de la emigración al Paraguay. De cada uno de ellos esperaba sacar su gran tajada.

            Con la autorización que le otorgó el Gobierno, el 27 de mayo de 1872 firmó el acuerdo con la firma Robinson, Fleming & Co. para la emisión del nuevo empréstito por 2.000.000 de libras. Los bonos serían vendidos esta vez al 85 % de su valor nominal. El interés sería del 8 % y la amortización del 2 % anual. Las condiciones lucían un poco más favorables al país.

            Aun cuando aparecía nominalmente un nuevo corredor como encargado de la negociación del empréstito, las condiciones eran las mismas que las del anterior, ya que entre Terrero, Waring Hnos. y los corredores designados, los Sres. Fleming y Cía., existía el compromiso de llevar a cabo juntos cualquier negocio que se concertara con el Paraguay, y de repartirse los beneficios en las condiciones pactadas. Del precio de venta del 85 %, el 73 % correspondería al gobierno y el 12 % al grupo de corredores. Terrero recibiría su comisión del 6 % a ser cargada a la parte del Gobierno.

            El lanzamiento fue realizado el 31 de mayo siguiente. Si el primer empréstito fue una estafa pública, el segundo fue un gran fracaso. A pesar del doloso manejo de las compras simuladas, que se llevaron a cabo para estimular las colocaciones en el mercado, las ventas reales alcanzaron apenas a 562.200 libras, o sea poco más de la cuarta parte de la emisión prevista. La colocación de los bonos se vio afectada por dos factores ajenos a la emisión en sí. Por una parte, por la drástica caída de los valores latinoamericanos que produjo a fines de junio en el mercado de Londres la mora simultánea del servicio de los préstamos de Honduras, Costa Rica y Bolivia, y al mismo tiempo por la retracción que se inició en la economía británica y que al año siguiente desembocaría en una crisis. A pesar de las compras simuladas; que buscaban transmitir al mercado de valores señales de confianza, la colocación de los bonos paraguayos no pudo reanimarse.

            De las ventas realizadas por los corredores, ninguna remesa fue efectuada al país, a la espera quizás de una reactivación de las colocaciones, o simplemente para especular con el capital reunido. En cambio, hasta la Asunción llegaban informaciones contradictorias. Por una parte, se recibían las noticias optimistas divulgadas por Terrero y los corredores de las grandes ventas y de la colocación total del empréstito, y por la otra, las referencias alarmantes del manejo doloso de la negociación de los bonos y de los fondos reunidos.

            Apremiado por la necesidad de recursos y ante las informaciones poco tranquilizantes que llegaban de Londres, el Presidente Jovellanos comisionó a don Gregorio Benítes para que fuera a la capital británica a esclarecer la situación de las negociaciones. El Sr. Benites inició su viaje en el mes de agosto de 1872, acompañado del Sr. José Tomás Sosa, en calidad de Secretario. Llegó a Londres el 13 de septiembre siguiente. De inmediato inició allá sus gestiones ante Terrero y los corredores. Al no prosperar en sus reclamaciones, en el mes de diciembre siguiente inició un juicio formal a la firma Robinson Fleming & Co., y destituyó a Terrero de sus funciones de agente financiero y Cónsul del país. En su reemplazo nombró Cónsul del Paraguay en Londres al Sr. Leone Levy, un abogado que tomó a su cargo el juicio contra los corredores.

            Mientras Benites activaba sus gestiones por lograr una rendición de cuenta y la entrega del producto del segundo empréstito el Parlamento Británico había iniciado una investigación sobre irregularidades denunciadas en la negociación de los bonos paraguayos. Entretanto, Benites pudo enterarse de la colocación simulada de bonos de un millón y medio de libras, de los arreglos de Terrero para la venta de tierras fiscales y el despacho de emigrantes y del compromiso de pago 10 Libras por cada inmigrante que llegara al Paraguay, que debían repartirse los corredores y Terrero. Con la presión judicial, a fines de marzo del año siguiente, Benites logró que los corredores Robinson, Fleming & Co. le entregaran una liquidación del empréstito, que serviría de base para un arreglo. La liquidación presentada fue la siguiente:

 

 

            Copia de esta cuenta, certificada por el Sr. Benites, fue presentada a la Comisión Parlamentaria Británica que investigaba el caso de los bonos paraguayos. Para la cancelación del saldo a favor del Gobierno y de un remanente del primer empréstito, los corredores ofrecieron entregar valores bursátiles por un total de Libras 242.889-14-11, oferta que Benites aceptó mediante acuerdo celebrado el 10 de abril de 1873. Los valores recibidos fueron negociados luego en la bolsa, obteniéndose un producido de Libras 249.617-9-7. Benitez hizo más tarde la siguiente rendición de cuenta del destino dado a los fondos así recibidos:

 

 

            "El despacho de oro de Londres de 125.000 libras, dice Warren, llegó a Buenos Aires hacia fines de mayo de 1873, y a la Asunción en junio. Esto coincidió con la segunda fase de la revuelta de Gill, Bareiro y Caballero de 1873 y 1874, que Benigno Ferreira consiguió aplastar. El tesoro se retuvo temporalmente en un lugar seguro, en el barco brasileño Princesa. Cuando terminó la revuelta, los cajones de oro fueron secretamente llevados a las casas de Jovellanos, Ferreira y Soteras y se destinaron al pago de los costos del aplastamiento de la rebelión. Nadie sabe cuánto del tesoro fue a parar a los bolsillos de Jovellanos y de sus dos ministros, aunque corrientemente se alega que nada ingresó a la Tesorería. En verdad, cuando una obligación del ferrocarril al Brasil por $ 67.991 venció en noviembre de 1873, no había ya dinero con que pagarla". 26

            El monto y las condiciones de la deuda de ambos empréstitos fueron renegociados en cuatro ocasiones. Por Cándido Bareiro, en 1876, por José Segundo Decoud, en 1886, por Venancio B. Gatean en 1924, y por Horacio Carísimo en 1930. El servicio de la deuda se hizo con mucha irregularidad. Terminó de pagarse en el año 1964.

           

            La población del Paraguay antes y después de la guerra. Los datos disponibles sobre la población del país en el período anterior a 1.865 carecen de uniformidad, y no permiten establecer, sobre bases más o menos ciertas, el número de habitantes que poblaba el territorio nacional. Entre las numerosas referencias que existen al respecto, se pueden destacar las siguientes:

            En 1770, el Padre Baynal atribuye al Paraguay propiamente dicho una población de 56.000 habitantes y a las antiguas Misiones Jesuíticas 100.000 habitantes, de los cuales alrededor de 60.000 personas pertenecían a las 16 Reducciones del Paraguay. La población total del Paraguay así estimada ascendía a 116.000 habitantes.

            En 1785, en un recuento basado en los documentos de un censo anterior de Aguirre, Félix de Azara asigna al Paraguay una población total de 97.480 habitantes, de los cuales sólo 16.571 atribuye a las Misiones.

            En 1799, el censo de población practicado bajo la administración del Gobernador Lázaro de Ribera dio para el territorio paraguayo una población total de 108.070 habitantes. La documentación de este censo permaneció olvidada en los anaqueles de los archivos virreinales. Fue exhumada y divulgada por el historiador Ernesto Maeder. 27 Ninguna otra operación censal confiable volvió a repetirse en el país hasta el período de posguerra.

            Por falta de datos ciertos, las autoridades nacionales, los visitantes extranjeros y los diplomáticos residentes en la Asunción, en sus apreciaciones sobre la situación del país, no tenían otra alternativa que la de aventurar estimaciones sobre el número de habitantes que poblaban el territorio nacional. Esas estimaciones no tenían mayor base. La corta o la larga estada en un territorio no habilita a una persona, por más calificada que fuere, para establecer, sobre bases confiables, el número de sus habitantes. No pueden, en consecuencia, suplir la falta del contaje censal. No obstante esa limitación, las estimaciones publicadas constituyen las únicas referencias disponibles sobre la población del país en ese período.

            En 1846, el Coronel Graham, Cónsul de los Estados Unidos de Norteamérica en Buenos Aires, estimó la población del país en 750.000 personas. Poco después, en 1848, un diplomático paraguayo, Juan Andrés Gelly, calculó la población del país "de 600 a 700 mil habitantes". 28 Más o menos simultáneamente, Benjamín Poucell atribuyó al país una población de 1.100.000 habitantes. 29 En 1850, el Cónsul francés informaba a su Gobierno que la población del Paraguay no pasaba de 625.000 habitantes. Dos años después, en 1852, el Cónsul norteamericano Edward Hopkins informó a la Sociedad de Geografía y Estadísticas de los Estados Unidos que la población del país ascendía 1.200.000 habitantes.30 Por su parte, Charles Henderson, Cónsul inglés en la Asunción, informó a su Gobierno en 1855 que la población total del país era de 600.000 habitantes. 31 Demersay estimó, más o menos en la misma época, una cifra igual. 32 Y según Du Graty, un censo realizado en 1857 habría dado como resultado una población de 1.337.438 habitantes. 33 No se conocen en el país los antecedentes de este censo ni las planillas censales figuran en los archivos nacionales.

            La cifra de Du Graty fue cuestionada por el Ministro norteamericano en la Asunción, Charles Washburn, quien sostuvo que a la muerte de don Carlos Antonio López en 1856, la población del Paraguay era de aproximadamente 800.000 habitantes. 34 Por su parte el Ministro inglés Edward Thorton, en víspera de la iniciación de las hostilidades, informó a su Gobierno que el Presidente Francisco Solano López le había manifestado que a consecuencia de la continuada paz que disfrutaba la República, la población del país había aumentado muy considerablemente y que excedía ya de 2.000.000 de habitantes. 35 Thorton comentó en su informe que dudaba de la veracidad de esa cifra. Según sus informaciones, en el Paraguay se encontraban movilizados bajo banderas unos 40.000 hombres. Estimaba que ese contingente podría ser aumentado a 50.000. Asumió que esa dotación representaba la octava parte de la población, con lo cual concluía que la población del país no podría exceder de 400 mil habitantes. 36

            Al término de la guerra, el tema de la población en el período anterior al conflicto, adquirió una nueva perspectiva. Por una parte, se interesaron en él los que queriendo disminuir la magnitud del holocausto trataron de reducir el número de la población paraguaya de anteguerra. Por la otra, los que movidos por un sentimiento de admiración por la resistencia y el sacrificio de la población paraguaya, o simplemente para establecer la verdad histórica, buscaron definir sobre bases más racionales algún orden de magnitud indicativo de la población del país en ese período. Entre esos cálculos se destacan los siguientes:

            1. Manuel Benítez, ocultando su identidad tras el seudónimo de Gabriel Carrasco, utilizó la misma base de Thorton de la dotación del Ejército de López, para afirmar que la población del país, antes de empezar la guerra, "no ha podido ser mayor de 525.000 personas". 37

            2. Luis Freire Esteves, sostuvo "como la más fundada, la población calculada por el Almirante Mouchez de 800.000 personas en 1866". 38

            3. Anneliese Kegler de Galeano, basándose en un censo incompleto realizado en 1846 por los curas párrocos de la Iglesia Católica, que abarcó una población de 233.394 personas, calculó "una población aproximada de 350-400.000 habitantes en el Paraguay, en víspera de la guerra de la Triple Alianza". 39

            4. John Hoyt Williams, un historiador norteamericano, usando las cifras del mismo censo, ajustadas para cubrir las omisiones por él identificadas, pero sin cuestionar la confiabilidad de las cifras registradas, a pesar de las limitaciones reconocidas del reducido número de sacerdotes con que entonces contaba la iglesia, y las dificultades de comunicación y acceso a las áreas rurales, hizo sus proyecciones con seis tasas de crecimiento que van del 2.5 % anual al 5 % . Los resultados obtenidos fueron los siguientes:"

 

 

            Sin ánimo de terciar en esta cuestión, incluimos seguidamente una proyección de la cuantía posible de la población del país, basada en el mencionado censo de 1799, considerado el más completo y sólido de su época. Este censo dio para el territorio paraguayo una población total de 108.070 habitantes. Excluyendo de las tasas de crecimiento que usó Williams la del 2.5%     por baja, y las de 4.5 y 5.0 % por muy altas, tendríamos los resultados siguientes: 41

 

 

            Si la tasa real de crecimiento hubiera sido del 3.75 % , que no resulta exagerada, la población del país en 1865 hubiera ascendido a 1.227.213 habitantes. Sobre estas bases, toda estimación que se sitúe entre 700.000 y 1.000.000 de habitantes resulta razonablemente aceptable.

            Las informaciones relacionadas con la población en el período de posguerra adolecen igualmente de deficiencias, aunque tienen una mayor base de confiabilidad como indicativas de un orden de magnitud de la población del país.

            En 1872, dos años después de la terminación del conflicto, se hizo un primer contaje o estimación de la población del país, cuyos resultados fueron divulgados por un visitante extranjero, Schuttere. Al parecer, este contaje o censo fue dispuesto por el Comando de las fuerzas de ocupación. En el país no se conocen los antecedentes de este censo o contaje, aunque su resultado es mencionado en el Anuario Estadístico de 1886 de la Oficina General de Estadística, y repetido en la Memoria de la misma Oficina del año 1900. Herken K. encontró una copia de la documentación respectiva en los archivos británicos.42 Su resultado dio una población de 242.796 habitantes, de los cuales 176.000 eran nacionales y 55.796 extranjeros.43

            Keith Johnson, un geógrafo británico que vino al país junto con Balanza y Twite, contratados los tres por el Gobierno de Jovellanos, trató de tener acceso a los documentos básicos de esa operación censal, sin resultado alguno. Consideró que las cifras atribuidas a ese censo eran exageradas. Según sus propias estimaciones, la población del país en 1873 no pasaba de 103.000 habitantes. 44

            Basado en la estimación de Schuttere, el manual demográfico alemán "Behms's Bevolkerum der Erde" incluyó la siguiente referencia de la población del país en el año siguiente: 45

 

 

            Estas cifras, aunque no son del todo precisas y confiables, ilustran la reducida población que sobrevivió a la guerra, así como la desproporción elevada que quedó entre la población masculina y femenina y el alto porcentaje de menores que integraba el total de la población del país.

            Un censo realizado catorce años después, en 1886, hizo un contaje de 239.774 habitantes, de los cuales 100.262 eran hombres y 139.512 mujeres. El director de la operación censal, el Sr. Jacquet, añadió a ese total un 10 % para cubrir posibles omisiones y dio la primera cifra oficial de 263.000 habitantes. 46 Esta cifra acredita las objeciones de Johnson a la estimación de 1872, aunque no avale su estimación. Si se aplicara a la población de 242.796 habitantes calculada ese año, una tasa de crecimiento del 3 % anual, para 1886 el país debía tener una población de 367.250 habitantes. En cambio, si la población hubiera sido de 103.000 habitantes, como decía Johnson, a la misma tasa de crecimiento se tendría para ese año sólo 155.797 habitantes.

            Al año siguiente, en 1887, el mismo Jacquet dio a publicidad otra estimación, en la que elevó la cifra del año anterior en un 25 %, asignando al país una población de 329.645 habitantes.

            Otro censo realizado en 1899, dio para el país una población total de 635.571 habitantes, distribuida del modo siguiente: 47

 

 

            El mismo informe del censo indicaba un posible error por omisión en el cómputo de la población de la capital, que podría elevar la población total del país a 643.852 habitantes.

            Desde 1900 a 1936 no se hizo ningún censo de población en el país. En 1914, sobre la base de un cómputo aproximado del número de viviendas existentes, el Ministerio del Interior estimó la población del país en 650.562 habitantes. Las bases de este cálculo resultan muy precarias, y dan muy poca confiabilidad a la cifra obtenida, que no obstante, fue adoptada como oficial y como base para las estimaciones futuras. Sólo en 1936, al término de la guerra del Chaco, se dispuso un levantamiento censal que dio por resultado una población de 990.420 habitantes.

            Estas cifras, aunque no del todo confiables y exactas, sirven de índice de la baja densidad de población del suelo paraguayo y destacan, con la elocuencia callada de los números, la magnitud horrenda del holocausto que significó la guerra y la dimensión sublime del sacrificio de una raza en la defensa de su heredad natal. Al término del conflicto de 1864-70, el país quedó arrasado y su población casi exterminada. Debieron transcurrir casi setenta años, para que el país recuperara un nivel de población aproximadamente equivalente al del período de anteguerra.

           

            Las actividades industriales. En la nueva estructura de la economía, el sector industrial no reasumirá el papel protagónico que tuvo en el período de anteguerra. Ninguna de las industrias básicas, las fundiciones, los arsenales y astilleros, las ladrillerías y aserraderos mecanizados, serían rehabilitados. Las únicas actividades que la iniciativa privada reinició fueron las artesanías y las industrias primarias de mínimo requerimiento tecnológico.

            Las artesanías femeninas, la de los tejidos rústicos de algodón que lucen en las camisas bordadas de los hombres y en las femeninas blusas de amplios escotes bordeados de encajes, la urdimbre paciente de los ñandutíes, los sombreros de paja, la canastería de caña y de mimbre, los dulces caseros y otros tantos productos domésticos que las mujeres de las áreas rurales elaboran sin descuidar sus obligaciones del hogar, renacerán activamente en la búsqueda afanosa de medios de subsistencia que se inició en término de guerra. En cambio, las artesanías masculinas, la carpintería fina, el tallado y torneado de maderas, las curtiembres, las zapaterías, las jabonerías, la fabricación de herramientas, carretas, alzaprimas y embarcaciones menores, la herrería y otras que prosperaron en la economía de los López, habrán quedado sepultadas con los hombres en las anchas tumbas que llenó la guerra.

            Sólo con la afluencia de inmigrantes extranjeros comenzarán a renacer las industrias artesanales como las panaderías, zapaterías, jabonerías y otras semejantes. Estas industrias requieren poco capital para su inicio, y no dependen de la economía de escala para su eficacia. Sus dimensiones son mínimas. Atienden a una clientela limitada y compiten entre sí para cubrir cada una sólo una parte reducida del consumo interno. La ocupación de mano de obra que originan es baja. Sólo demandan en su etapa inicial el concurso de un maestro que dirige a tres o cuatro operarios, generalmente miembros de la propia familia. Entre las primeras fábricas establecidas figuraron las destilerías que producían aguardiente para abastecer el lucrativo consumo de las tropas de ocupación.

            Con la reactivación del comercio exterior, se establecerán en el país las industrias procesadoras de productos primarios de exportación, empacadoras, desmotadoras, molinos de yerba, obrajes, etc., actividades todas de escasos requerimientos tecnológicos aunque ya de mayor movilización de recursos y de capital. Más tarde vendrán las industrias del tanino, los aserraderos y los saladeros de carne.

            Durante mucho tiempo no se establecerá en el país ninguna industria destinada a competir con las importaciones en el abastecimiento del mercado local. En consecuencia, toda la provisión de bienes manufacturados provenía del exterior. Con el tiempo se instalarán las primeras plantas productoras de azúcar, las curtiembres, y mucho después, las primeras plantas textiles, productoras de lienzos y telas rústicas de algodón.

            La ausencia de industrias que compitieran con las importaciones, determinará la alta propensión de la economía nacional a la importación. Parte elevada del ingreso monetario generado por la actividad económica será destinada a la adquisición de bienes importados. Esta alta propensión a la importación será rígida y poco susceptible a los efectos de las variaciones de los precios. Aun cuando se produjeran modificaciones significativas en la relación de precios internos y externos, no se producirá mayor substitución de bienes importados por bienes nacionales. En consecuencia, las modificaciones en la estructura de los precios tendrán poco o ningún efecto para promover el mayor autoabastecimiento de la demanda interior, que las teorías del ajuste automático de la balanza de pagos destacan como fuerzas restauradoras del equilibrio externo.

            Con estas limitaciones, el sector industrial no será una fuente importante de empleo para la población ni tendrá una mayor gravitación en la formación del producto interno. Su contribución al ingreso nacional será por mucho tiempo inferior al 5 % del valor de los bienes y servicios generados anualmente por la actividad económica local. Los sectores dominantes, tanto por su producción como por la ocupación que proporcionarán a la población serán la agricultura, la explotación forestal y la ganadería.

 

 

NOTAS

 

1. D. F. Decoud. Una década de la Vida Nacional. 1925, p. 74

2Ibíd., p. 75.

3Correspondencia Mitre-Elizalde. Eudeba, p. 461.

4Decoud, ob. cit., p. 37.

5B. T. Martínez, El Paraguay. 1882. pp. 51 y 52.    

6Mensaje del Presidente de la República, abril de 1925, p. 29.

7Véase “La Regeneración Paraguaya”; 3 de octubre de 1869.

8Ib. enero 28 de 1870.

9C. López Moreira. La Deuda Pública del Paraguay. Revista de Derechos y Ciencias Sociales, octubre 1927, p. 48.

10Reproduc. en: C. Pastore. La lucha por la Tierra en el Paraguay, 1972, p. 179.

11Mensaje del Presidente de la República, 1871, p. 23.

12Ibíd. p. 24.

13R. Zubizarreta,  La Cuestión Monetaria. Revista del Instituto Paraguayo, 1904, Nº 49.

14Freire Esteves, L. El Paraguay Constitucional, 1921, p. 195.

15De Gásperi, Luis. Reforma Monetaria y Bancaria. Dictamen de la Comisión de Hacienda, 1926, p. S

16R. Triffin. Historia Monetaria del Paraguay. Guarania. Nº 1, 1947, p. 69.

17El Banco Agrícola del Paraguay en la Primera Exposición Internacional de Agricultura, 1910, p.15.

18R. Zubizarreta, ob. cit.

19Harris Gaylor Warren. Paraguay and the Triple Alliance. The Postwar Decade, 1869-1878. The University of Texas, p. 137.

20Baillie, Alexander F. A Paraguayan Treasure: the Search and the Discovery. London 1887. p. 237. Reproduc. en The Golden Fleeing. The Paraguayan Loans of 1871 and 1872. Harry Gaylord Warren. Inter american Economic Affairs, Summer 1972, Nº 1.

21González, Teodosio. Infortunios del Paraguay, 1931, p. 109

22Taboada, Edmundo. Los negociados de los Empréstitos Paraguayos colocados en Londres en 1971 y 1872. Guarania, Nº 6., 1948. p. 69.

23Memoria del Ministerio de Hacienda presentada al Congreso Legislativo de la República el 1° de abril de 1873. Nación Paraguaya, julio 12 y 13 de 1873.

24Informe General sobre el Paraguay para el año 1906. Cecil Gosling a Sir Edward Grey. Asunción, febrero 7. 1907.  Reproduc. en “Los Empréstitos Paraguayos de 1871 y 1872”; H. G. Warren, IAEF. N° 1, p. 12.

25Ibíd., p. 12.

26H.G. Warren. The Paraguayan Loan of 1871 and 1872, cit. ps. 22y 23.

27E. J. Maeder. La Población del Paraguay en 1799. El Censo de Lázaro Ribera. Estudios Paraguayos. Vol. III. N° 1., p. 63.

28J.A. Gelly, El Paraguay. Lo que fue, lo que es y lo que será. Ed. Indias. 1926, p. 118. 29 B. Poucel, La France et l’Amerique du Sur. París, 1849, p. 37.

30E.A. Hopkins, Paraguay. 1852 - 1968. AGS. 1968, p. 6.

31Cit. en J.C. Herken K., Proceso Económico en el Paraguay de Carlos Antonio López. La Visión del Cónsul Británico Henderson (1851-1860). RPS. N. 54.

32Demersay. Historie du Paraguay. T.I. París. Hachette. 1860, p. 379.

33A.M. Du Graty, La República del Paraguay. Besanzon. 1862. p. 132.

34Ch. A. Washburn, The History of Paraguay. Vol. II. N.Y., p. 227

35P.H. Box, Los Orígenes de la Guerra del Paraguay contra la Triple Alianza. La Colmena. 1936, ps. 315, 316.

36Ibíd., p. 316

37G. Carrasco, La población del Paraguay antes y después de la Guerra. Asunción. H. Kraus. 1905, p. 8

38L. Freire E., El Paraguay Constitucional. Asunción, 1921, p. 160.

39A. K. de Galeano, Alcance Histórico-Demográfico del Censo de 1846. RPDS. N° p.71

40J. H. Williams, Observation on the Paraguayan Censos of 1846. HAHR. Vol. 56 N. 3. p. 424.

41La tasa básica del 3 % es menor de la que se registra en el Paraguay contemporáneo. En el período de 1980 a 1985, la población del país creció a la tasa del 3.2 %. La tasa del 3.5 % es poco menor de la registrada entre 1970 y 1984 en Nicaragua, un país de características sociales y climáticas comparables a las del Paraguay. Y la del 4% es equivalente a la registrada en Costa Rica en la década de 1950.

42J.C. Herken Krauer. El Paraguay Rural entre 1869 y 1916, p. 77.

43J.C. Herken Krauer. La inmigración en el Paraguay de posguerra: El caso de los "Lincolnshire farmers ". RPS. Nº 52, p. 107.

44  Ibíd. p. 78

45Ibíd. p. 77.

46Anuario Estadístico de la República del Paraguay. 1886, p. 41.

47Paraguay. Tableaux Demonstratifs de sa Population. H. Kraus, 1901, p. 3

 

 

BIBLIOGRAFÍA BÁSICA

 

1. ABREVIATURAS USADAS

 

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CELE Centro de Estudiantes de Ciencias Económicas.

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DSCD. Diario de Sesiones de la Cámara de Diputados.

DSCS. Diario de Sesiones de la Cámara de Senadores.

EUDEBA, Editorial de la Universidad de Buenos Aires.

HAHR. Hispanie American Historical Review. Duke University Press.

IAEF. Inter American Economic Affairs.

P.E. Poder Ejecutivo.

RIPS. Revista Paraguaya de Sociología.

 

2. DOCUMENTOS Y PUBLICACIONES

 

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Banco Mercantil del Paraguay. Memoria. 1892, 1893, 1894, 1895, 1896, 1899.

Banco de España y Paraguay. Memoria. 1920.

Diario de Sesiones de la Cámara de Diputados. 1907, 1908, 1920.

Diario de Sesiones de la Cámara de Senadores. 1873, 1907, 1908, 1920, 1922. Dirección General de Estadística. Comercio Exterior del Paraguay.

Estadística Retrospectiva de 1879 a 1927. 1928.

El Banco Agrícola del Paraguay en la Primera Exposición Internacional de Agricultura. 1910.

El Banco del Paraguay y el Río de la Plata contra el Fisco. 1902.

Estado General de la Nación durante los Gobiernos Liberales. Vol. I, II, y III.

Memorias del Ministerio de Hacienda. Presentadas al Congreso Legislativo de la República. Años 1872, 1873, 1882, 1884, 1885, 1885, 1886, 1887, 1888, 1889, 1890, 1891, 1892, 1894, 1895, 1896, 1897, 1898, 1900, 1901, 1903, 1921, 1925,1926, 1927.

Memoria del Banco del Paraguay y del Río de la Plata. 1891.

Memoria del Centro Comercial del Paraguay. 1901, 1902.

Memoria de la Cámara de Comercio de Asunción. 1904.

Mensaje al H. Congreso Legislativo. Mayo 3 de 1903. M.H. 1904.

Mensaje y Proyectos Financieros del P.E. a la HH. Cámara Legislativa. 1904.

Mensajes del Presidente de la República al abrirlas sesiones del Congreso Nacional. Años: 1871, 1873, 1881, 1882, 1883, 1886, 1888, 1890, 1891, 1892, 1893, 1894, 1895, 1896, 1899, 1901, 1902, 1903, 1904, 1905, 1908, 1909, 1910, 1913, 1914, 1915, 1917, 1918, 1919, 1920, 1921; 1922, 1923, 1924, 1925, 1926.

Ministerio de Agricultura. Censo Agropecuario. 1944. Informes del 1 al 49.

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Plan Económico presentado por el Poder Ejecutivo. Colección de Leyes Especiales Sancionadas por el H. Congreso de la Nación. Tip. El Paraguayo. 1891

Banco Central de la República Argentina. La creación del Banco Central y la Experiencia Monetaria Argentina. B.A. 1972.

 

 

3. LIBROS, FOLLETOS Y ARTÍCULOS

 

Akerman, Johan. Estructura y Ciclos Económicos. Aguilar. 1962

Alberdi, Juan B. Sistema Económico y Rentístico de la Confederación Argentina según la Constitución de 1853. EUDEBA. 1979.

Ayala, Eligio. Migraciones. Santiago de Chile. 1941.

Evolución de la Economía Agraria en el Paraguay. Política Agraria. EH. 1986.

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Barres, Henry. E. Historia de la Economía del Mundo Occidental. México 1980.

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Berthomier, Luis A. Historia Monetaria y Bancaria del Paraguay. Tesis. Texto inédito.

Box, P.H. Los orígenes de la Guerra del Paraguay contra la Triple Alianza. La Colmena. 1936.

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4. DIARIOS Y PERIÓDICOS

 

El Cívico. Asunción. 1907-1908.

El Diario. Asunción. 1906, 1907.

El Economista Paraguayo. Asunción. 1908.

El Fénix. Asunción. 1872.

El Liberal. Asunción. 1914.

La Democracia. Asunción. 1883, 1884.

La Libertad. Asunción. 1874.

La Nación Paraguaya. Asunción. 1870, 1873, 1874.

La Patria. Asunción. 1875, 1906, 1907.

La Reforma. Asunción. 1879, 1881, 1884.

La Regeneración. Asunción. 1869-1870.

La Tarde. Asunción. 1904.

Rojo y Azul. Asunción. 1908.

 

 

 

 

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