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WASHINGTON ASHWELL


  EL FINAL DE LA ERA LIBERAL - Por WASHINGTON ASHWELL


EL FINAL DE LA ERA LIBERAL - Por WASHINGTON ASHWELL

EL FINAL DE LA ERA LIBERAL

Por WASHINGTON ASHWELL

 

 

LA REVOLUCIÓN DE FEBRERO DE 1936

 

            LAS SECUELAS DE LA GUERRA

 

            La noticia de la terminación de la guerra produjo en el país una ola de alegría y de euforia. El Chaco había sido reconquistado con el esfuerzo y el sacrificio del pueblo y esa hazaña era celebrada con fervor patriótico por toda la población. Eran momentos de gloria y de regocijo popular. Poco después retornaban las tropas, se realizaba el gran desfile de la victoria y comenzaba la desmovilización. Pero no todo era alborozo y júbilo. El retorno a la normalidad desataba una avalancha de problemas mayores que inevitablemente repercutirían en la vida nacional.

            Con el cese de las hostilidades terminaba el estado de sitio impuesto por el tiempo que durara la guerra.1 Concluía asimismo la tregua acordada entre los partidos políticos en aras de la defensa nacional. La restauración de los derechos civiles desataba el replanteo de los mismos cuestionamientos y reclamos económicos y sociales de anteguerra, la demanda de una mayor justicia en el  reparto de los beneficios de la producción, el acceso de la familia rural a la propiedad de la tierra que trabajaba, mejoras en las condiciones de trabajo del obrero, remuneraciones salariales más acordes con los requerimientos de una vida mejor, mejores servicios educacionales y sanitarios para toda la población y, sobre todo, mayores garantías y seguridades para una participación efectiva de los diversos sectores ciudadanos en la elección de las autoridades de la nación.

            Con el levantamiento del estado de sitio, resultaban inevitables importantes cambios en el sistema de gobierno. La represión y los abusos policiales aplicados para contener los reclamos sociales no podrían continuar. La violencia y los apremios eran corrientes. Constreñían no solo la libertad de las personas sino también la seguridad y la vida misma de los afectados. El 9 de enero de 1936 moría el estudiante Salomón Sirota a consecuencia de tratos inhumanos que le fueron aplicados durante el tiempo de su detención.2

 

 

            LA SITUACIÓN ECONÓMICA   

 

            Gravitaba además la angustiosa situación económica que agobiaba al país. Con la pesada carga soportada para el financiamiento de la guerra, el nivel de vida de la población se había comprimido enormemente, con la sola excepción del reducido grupo de proveedores que había lucrado con el abastecimiento de provisiones y vituallas para el ejército en campaña. La situación económica y financiera del país era precaria y la tendencia apuntaba a un deterioro mayor. El descontento social era generalizado. La suba acumulativa de los precios promovía reclamos salariales en toda el área labora. Huelgas por demandas de mejoras salariales paralizaron en el mes de enero el transporte tranviario y la circulación de diarios en la capital. En el sector rural, la pobreza se había intensificado y hacía imperiosa la revisión de la expropiación cambiaria que determinaba los bajos precios pagados por los bienes agrícolas de exportación. Con el continuo déficit fiscal, la inflación se propagaba sin restricciones. Los precios de los bienes importados aumentaban ininterrumpidamente con la suba continuada del cambio. La cotización del dólar había aumentado de 63,69, a que ascendía en 1932, a $ 333,33 hacia fines de 1935, es decir, más de un 500%. Y mientras los precios de los artículos esenciales se habían elevado en una proporción equivalente o mayor, los salarios obreros habían aumentado solo en un 100% y los sueldos de los empleados públicos y privados apenas en un 50%.3 Según un informe de la Legación Americana, el nivel del salario obrero oscilaba alrededor de 20 centavos de dólar por día, uno de los más bajos del hemisferio.4

            Con la suba acumulativa de los precios, el gasto público y el desequilibrio fiscal aumentaban año tras año. A falta de otros recursos, el déficit creciente era cubierto con emisiones inorgánicas, que no hacían sino arrojar más leñas a la hoguera ya ardiente de la inflación. Los atrasos en el pago de los sueldos de los empleados del Gobierno eran corrientes. Ante la insuficiencia de los ingresos, hacia fines de 1935 el Gobierno fijó un orden de prioridad para el pago de los mismos. En primer lugar debía abonarse a los maestros, luego al Ejército y la Marina y solo después a los demás cargos de la administración.5

 

 

            LA PRESIÓN DEL DESCONTENTO

 

            Con la suma de todos estos factores, la presión política y social era enorme. El descontento se extendía a todos los sectores de la población. Pero más gravitante aun era el desasosiego que bullía en el seno del Gobierno y en la esfera militar. En los regímenes autoritarios, los grandes cambios se producen, casi siempre, no por la presión de fuerzas externas, sino por el descontento y las disputas internas qué minan la unidad del gobierno y su capacidad de reacción. Y las presiones más gravitantes estaban relacionadas con la guerra que terminaba y con el mandato del Presidente de la República que concluía. Las pugnas por la sucesión presidencial estaban en su apogeo. Con esas desinteligencias, el Gobierno había perdido su unidad y ya no controlaba el parlamento y la estructura militar.

            Los conflictos entre el Ejecutivo y el Congreso se repetían con suma frecuencia. Traducían el distanciamiento y la aspiración de cambios de la dirigencia liberal que llenaba el parlamento. Aprovechando la ausencia del Presidente de la República, que había viajado al Chaco, el 7 de junio de 1935 el Congreso sancionó una ley que impedía a la Compañía de Luz y Tranvías el aumento de las tarifas vigentes. Fijó además una fuerte multa por las infracciones en que pudiera incurrir a este respecto. Con ello bloqueó las gestiones que la compañía concesionaria venía realizando para reajustar sus tarifas mediante el uso de la cotización cambiaria del mercado libre en vez del cambio oficial en el cálculo de sus costos y de su rentabilidad. A su retorno del Chaco el 15 de junio siguiente, el presidente Ayala vetó esa discutida ley. Sostenía él que la cuestión de las tarifas de los servicios eléctricos era de competencia de los tribunales y no del Poder Legislativo. Días después la Cámara de Diputados anulaba el veto presidencial con el voto unánime de sus miembros. Y al mismo tiempo, con aires de rebeldía, postergaba, sin motivo alguno; la consideración pedida de dos proyectos de leyes del Ejecutivo, uno sobre colonización y otro sobre monopolios.

            Ante ese abierto desafío parlamentario, Ayala amenazó al Directorio Liberal con su renuncia a menos que el Congreso le prestara la debida cooperación a sus planteos. Por su lado, los miembros de ambas Cámaras pusieron en bloque sus renuncias a disposición del Partido.6 Frente a ese enfrentamiento que amenazaba con dejar sin gobierno a la nación, el Directorio Liberal ordenó el "voto político", que atendía el pedido de Ayala y obligaba a los parlamentarios a aceptar la decisión partidaria o renunciar. El voto ordenado fue cumplido, pero cinco senadores, entre los cuales figuraba el Dr. Luis De Gásperi, presentaron renuncias a sus cargos en protesta contra la imposición dispuesta.7

            Eran momentos de tensión y de roces entre hombres del mismo partido. Casi al mismo tiempo, en la prensa y en el parlamento se planteó un fuerte cuestionamiento al manejo irregular de las finanzas públicas durante la guerra. Se denunciaron adjudicaciones irregulares de contratos importantes para favorecer a determinados proveedores sin tomar en consideración mejores ofertas presentadas. Y todo con el solo afán de zaherir la imagen de quien era proclamado por sus adeptos el Presidente de la Victoria.8

            El mensaje era claro. Eran los prolegómenos de la pugna electoral que se avecinaba y los parlamentarios expresaban con estas decisiones su disconformidad por la presión iniciada para la reelección del Presidente. Ni el gran esfuerzo de la defensa nacional ni la euforia de la victoria alcanzada habían aplacado las fuertes disidencias internas del liberalismo qué reafloraban con toda intensidad. El período de paz se iniciaba así con un Gobierno debilitado, que no tenía ya el poder ni los medios para atender y relajar el fuerte descontento social y político que se había acumulado.

            Este fermento de rebeldías y descontentos generalizados no era sino secuela de la guerra que terminaba. En la historia de la humanidad, las guerras internacionales han sido repetidamente factores determinantes de cambios fundamentales en la estructura política y económica de las naciones involucradas. "La guerra, destacó Galbraith, es una de las circunstancias a las que difícilmente puede sobrevivir un sistema económico. En Rusia como luego en China y Vietnam, la revolución tuvo éxito en gran parte gracias a la desorganización, la desorientación y las penalidades ocasionadas por la guerra. Si se hubiera conservado la paz, hasta los zares y su régimen hubieran subsistido, aunque solo fuera por algún tiempo más".9

            De igual modo en el Paraguay, las dos grandes guerras internacionales que el país enfrentó en su historia produjeron cambios fundamentales en su organización institucional. La derrota de 1870 trajo al país el liberalismo como sistema político y económico. La victoria del Chaco, por el contrario, produjo el colapso y la substitución de ese orden. Si no se hubiera desatado la guerra, el liberalismo hubiera seguido gobernando el país, más no fuera por algún tiempo más.

            Demasiados cambios se habían registrado en el país durante los tres años que duró el conflicto. La guerra fue un crisol, un fermento de ansias y aspiraciones patrióticas renovadas. En el fragor de los combates, el pueblo había reencontrado su identidad y su pasión heroica. Había recobrado su fe y su confianza en el accionar colectivo. Se sentía dueño de su destino y depositario de la suerte de la patria. Combatió no solo para recuperar un territorio que le pertenecía a la nación, sino también para preservar y enaltecer una patria que amaba y para la cual aspiraba días mejores.

            Cada combatiente sentía que con su sacrificio había adquirido derechos inalienables que iba a ejercitarlos en bien de la nación al término de las hostilidades. Una inquietud por el futuro del país se acentuaba con cada combate, con cada victoria, con cada hazaña. El agricultor, el obrero y el empleado, que habían empezado la guerra como soldados, volvían con grados y jerarquías ganadas en batallas decisivas. El estudiante, el profesional joven, que fueron los rebeldes que desafiaron la violencia policial para pedir la defensa del Chaco, eran ahora tenientes o capitanes y en sus alforjas traían sueños y aspiraciones de mariscales. Volvían todos héroes, cargados de glorias y de ilusiones. Fueron los adalides de cien asaltos a la bayoneta, los que completaron las marchas insólitas por desiertos y picadas ocultas para sorprender la retaguardia de las líneas enemigas, cortarles la retirada o el aprovisionamiento de agua y alimentos y determinar  victorias que parecían imposibles, Fueron los héroes de épicas jornadas, que llegaron victoriosos hasta las mismas estribaciones andinas y cercaban Villa Montes cuando terminó la guerra. Se habían jugado la vida por un ideal patriótico y querían ahora proyectar ese ideal y esos sueños a la vida nacional.

            Con esas influencias, el Ejército no era ya la misma fuerza que reprimió los reclamos sociales y que, sable en mano, atropelló manifestaciones obreras y estudiantiles antes de la guerra. Era una fuerza nueva que había recogido las inquietudes y aspiraciones de la ciudadanía que llenó las trincheras de la defensa. La antigua cúpula militar, que fue el bastión y sostén del liberalismo, fue relegada y olvidada. Los generales Schenone, Rojas y Escobar, que alentaron la estrategia desechada de la defensa de la línea del río Paraguay, quedaron marginados y no tuvieron ninguna participación en el desarrollo de la contienda. Eran apenas sombras de un pasado superado, que esperaban tan solo el reconocimiento de una decorosa pensión de retiro. El teniente coronel Arturo Bray, el gran represor del 23 de octubre, fue procesado por acto de cobardía frente al enemigo, destituido de su mando en pleno campo de batalla y recluido a prisión por el resto de la guerra. Una nueva clase militar, en gran parte no identificada con el liberalismo, había ascendido por méritos de guerra a los mandos medios y superiores del Ejército.

            Vino luego la desmovilización masiva y apresurada de oficiales y soldados, sin un programa de compensación y de reinserción a la vida civil. Se calculaba en 43.000 el número de desmovilizados que abruptamente quedaron sin racionamiento y sin sueldos.10 Los afectados que trataron de recuperar sus antiguos puestos en el gobierno y en el sector privado, se encontraron que los mismos estaban ocupados y que no había intenciones de devolvérselos ni posibilidades de recuperarlos.11 Tenían más derechos los que no fueron a la guerra que los que volvían de ella. En esas circunstancias, la desmovilización significaba una amarga condena a un desempleo forzoso. La única recompensa que recibía el soldado que regresaba a su casa era una bolsita de tres kilos de galleta y un magro paquete de yerba. La liquidación de los haberes acumulados de la oficialidad desmovilizada era retaceada o demorada por la falta de recursos del Tesoro Nacional. Ante esa injustificable falta de atención, que los excombatientes desmovilizados consideraban una inmerecida ingratitud, las protestas se hicieron generalizadas y violentas.

            En una autocrítica de la conducción de la época, Efraím Cardozo describió el ambiente de "una incontenible corriente transformadora" que se cernía sobre el panorama nacional.

            "...el pueblo, convocado bajo banderas, para defender el honor y la soberanía nacional, comprendió en la terrible confraternidad de las trincheras que el Paraguay que debía surgir del crisol del martirio común no debía ser un anacrónico Paraguay, donde no encontraran ecos los reclamos de justicia social y de mejoramiento colectivo, o donde ellos, por el obstáculo de moldes caducos pero aferrados a una vida ficticia, no pudieran ser satisfechos con la premura, energía y amplitud que era menester. Todos estuvimos en el Chaco y todos comprendimos que allí se estaba gestando una nueva nacionalidad. El pueblo, el pueblo humilde y sufrido, de labriegos y obreros, de trabajadores y de estudiantes, no quería que sus sacrificios fueran estériles; ansiaba, confusa pero enérgicamente, una Patria mejor, más digna de ser amada. Resplandecía sobre los campos regados por la sangre de nuestros mártires la luz de un nuevo día. Volvimos a la vida civil, vibrando en esperanzas".12

 

            LA RESISTENCIA OFICIAL

 

            A pesar de las evidencias de ese enorme descontento y de las presiones que proliferaban en el escenario político y social, el Gobierno no percibió o deliberadamente ignoró esas aspiraciones y ese panorama nuevo. En sus intenciones, la desmovilización tuvo por objeto no solo reducir el elevado costo del mantenimiento de un numeroso contingente en servicio activo, sino también desmantelar el nuevo poder militar surgido de la guerra. Arturo Bray fue exonerado de los cargos que pendían sobre él y nombrado Subjefe del Estado Mayor. La intención era evidente. Se buscaba restaurar la misma estructura política y militar de antes de la guerra. La aspiración del oficialismo era repetir la combinación anterior de liberalismo económico y un sistema de opresión política, con instituciones y organismos de apariencias democráticas. Se quería reconstruir el aparato y las formas exteriores de un gobierno libre y constitucional pero sin la realidad de sus principios y garantías.

            El grupo gobernante estimaba que los méritos del triunfo de la guerra eran suyos y que al amparo de esa victoria podría decidir por sí solo el futuro del país y acomodarlo a sus intereses sectarios. Pensaba que con ascender a Estigarribia y premiarle con una generosa pensión vitalicia, el problema militar quedaba resuelto. Y con ello solo consiguió intensificar el descontento del resto de los jefes y oficiales que se sentían postergados y desatendidos. A mediados de enero de 1936, la Legación Americana de Asunción informaba a su Gobierno sobre rumores de un intenso descontento en el Ejército. Decía el informe respectivo:

            "Las referencias de la prensa sobre tales rumores parecieran indicar que están originados en la actitud de ciertos oficiales quemo recibieron condecoraciones por sus servicios de guerra, aunque es probable que exista un descontento de motivos más serios".13

            Pero el problema iba más allá del desasosiego reinante. Estaba en juego el reencauzamiento del país en esa decisiva coyuntura de la postguerra. Había que desmantelar toda la estructura de la economía de guerra y normalizar el ordenamiento económico y la vida cultural y política del país. Y el entorno oficial no tenía intenciones de dar al resto de la ciudadanía una participación activa en esa gran tarea que debía iniciarse pronto. Por el contrario, mantenía los mismos enconos y la antigua animosidad hacia todo lo que no fuera liberal. Con ello, las posibilidades de instauración de un orden democrático y de convivencia de ideas y partidos diferentes se reducían. La intolerancia exacerbada hacía que el oficialismo mirara a la oposición no como adversarios con quienes debía competir, sino como enemigos que debía combatir y eliminar. Cuando el coronel Rafael Franco fue nominado por Estigarribia para el cargo de Director de la Escuela Militar, el Ministro del Interior, Narciso Méndez Benítez, prefirió renunciar antes que suscribir el decreto respectivo." Explicó al respecto Vicente Rivarola:

            "Al terminar la guerra, el ministro del Interior don Narciso Méndez Benítez planteó en el seno del Gobierno la situación del coronel Franco, diciendo que de permanecer él en las filas del Ejército, sobre todo con mando de tropa, no podría garantir el orden institucional, ni la seguridad del Gobierno, sugiriendo se le diese una misión al extranjero o un cargo civil de cualquier importancia que fuera. El Señor Méndez Benítez agregó que, dado sus antecedentes anteriores a la guerra y su propaganda proselitista en el frente, durante la guerra, era seguro que habría de intentar alguna sublevación. El general Estigarribia sostuvo al coronel Franco, indicándolo para la Dirección de la Escuela Militar, y el presi dente Ayala, accediendo a esa indicación produjo el nombramiento de Franco, motivando con ello la renuncia y el retiro de su Ministro del Interior. Este fundamentó su renuncia por escrito, estampando en ella las razones mencionadas"15

            El único que en la esfera del Gobierno percibió la fuerte presión social existente fue el presidente Ayala. Le preocupaba el riesgo enorme de un estallido social. En un discurso pronunciado ante el Parlamento, en octubre de 1935, advirtió a sus partidarios y a la nación que:

            "una profunda revolución se está operando en nuestra nación, revolución cuyo proceso radica, por hoy, íntegramente en las conciencias. (...) No nos aferremos, nosotros que pretendemos ser guías e inspiradores del pueblo, a las viejas concepciones que van caducando. Un inmenso soplo de esperanzas corre por el ámbito del país. Una intuición de mejores días alienta a las masas. Falta que las clases responsables de la sociedad asuman el papel que les corresponde en nuestra democracia".16

            Ya en un discurso anterior, pronunciado ante la convención del Partido Liberal de enero del mismo año, Ayala había destacado los agudos problemas sociales que sobrellevaba el país y que debían ser atendidos con urgencia. Dijo entonces, entre otras cosas:

            "La libertad social, política, religiosa, no bastan. En nuestro tiempo, la opresión viene sobre todo de dos grandes y terribles causas: la pobreza y la ignorancia. En verdad, son dos fases de una misma indigencia. He aquí el problema de orden social. La emancipación del hombre no se consigue con declaraciones ni con leyes: tiene que ser resultado de un largo y penoso esfuerzo de parte de los que pueden más en favor de los que pueden menos, para que estos adquieran las nociones de la vida y del trabajo de que carecen. ( ...)

            "El obrero rural y el obrero de los centros urbanos necesitan una protección eficaz. El Estado tiene la obligación de vigilar que se observen condiciones adecuadas de trabajo. También por medios discretos y apropiados debe ejercer el control sobre la distribución de las riquezas. Hay un mínimo de compensación que tiene que ser asegurado a cada trabajador. Ese mínimum está determinado por el monto de recursos que necesita el individuo para vivir normal y razonablemente en la comunidad a que pertenece. La preocupación de los gobernantes no puede apartarse un solo instante del trabajador cuya salud, bienestar material y contento constituyen el verdadero índice de adelanto de una sociedad. (...)

            "Nadie negará las condiciones sanitarias lamentables en que se encuentra la población en general y particularmente la población rural.

            "Los agricultores (...), carentes de toda organización, a menudo son víctimas de inicuas explotaciones de los que lucran con su labor. Es por eso que hacia el campesino debe dirigirse, ante todo, nuestra mirada. El porvenir de nuestra nacionalidad está en el campo. Allí yace la gran reserva de energías latentes. Todos estamos de acuerdo con ello, pero nada se hace en el sentido de la redención del factor genuino de la grandeza patria, en la paz como en la guerra. No hemos hecho nada, porque hemos gastado el tiempo en deliberaciones y en discutir sobre teorías formuladas en otros climas y para otra gente".17

            Pidió la movilización activa de su partido para "socorrer al agricultor de las campiñas paraguayas, al obrero de nuestras ciudades y centros de trabajo". "La cuestión social, dijo, llama a todos los concursos". "La recompensa que los excombatientes y sus familias esperan de nosotros no son palabras sino hechos. Hemos abusado de las palabras y continuamos siendo parcos en los hechos". Pero a pesar de su insistencia y de su tono casi patético, su súplica no fue atendida.

            "Nuestro partido, escribió Cardozo, pareció en los momentos decisivos de la adecuación de la vida militar a la vida civil, desorientado y vacilante frente a la enorme y angustiosa ebullición popular. El Partido Liberal, la antena más sensitíva de la nación paraguaya, no podía dejar de comprender la realidad de ese momento que vivía el país después del drama inmenso de la guerra. Pero la euforia de la victoria, la legítima satisfacción de haber salvado el Chaco, mediante la adecuada conducción militar y diplomática del país, no le permitieron tal vez, al Partido Liberal, realizar de inmediato, dándole formas prácticas y concretas, ese inexpresable pero cierto anhelo colectivo de reforma y superación. La indecisión nos llevó al abismo y abrió el período de anarquía del cual tratamos hoy de salir".18

            Y todo ocurría en momentos en que los antagonismos y las pugnas se acentuaban en las filas del partido de gobierno. La posibilidad de la reelección del presidente Ayala, propiciada por un grupo de partidarios influyentes, había desencadenado la activa oposición de diversos sectores del liberalismo que buscaban una renovación en el gobierno y en la directiva partidaria. Como casi siempre ocurre en estos casos, el entorno presidencial era el grupo patrocinante y el más fervoroso propiciante de la modificación constitucional para permitir la reelección. En cambio, la candidatura tenía poco o ningún apoyo en los círculos parlamentarios.

            Por su lado, la candidatura de Luis A. Riart fue lanzada desde el parlamento con un manifiesto suscrito por un senador, diecisiete diputados y más de cincuenta adherentes de la dirigencia liberal.19  Ayala, que evidentemente aspiraba la reelección, se oponía a esa candidatura. Por la misma causa objetaba igualmente la posible candidatura del Dr. Gerónimo Zubizarreta, a quien descalificaba por ser "demasiado independiente". La verdad es que la animosidad entre ambos provenía de mucho antes. Zubizarreta había vetado anteriormente la candidatura de Ayala para la Legación en Washington cuando era Canciller de Guggiari. Aun cuando poco después renunciaba a sus aspiraciones por falta de apoyo suficiente, Ayala quería seguir ejerciendo una influencia decisiva en la conducción del país y del partido y temía que la independencia de Zubizarreta pudiera ser un obstáculo para ello.20 Estas discrepancias eran de público conocimiento y motivo de frecuentes comentarios y especulaciones en los círculos diplomáticos de Asunción. Informó al respecto el Ministro Americano:

            "En la opinión de mi colega brasilero, al Presidente Ayala le gustaría poder retener el cargo a fin de continuar con su programa de reconstrucción de la post-guerra, pero no va a hacerlo a menos que ello pueda llevarse a cabo con aprobación casi unánime, por la obvia razón de que un elemento opositor podría evitar la consumación del programa. Si no pudiera lograr una aprobación unánime, él apoyaría al Dr. Riart, con la expectativa de tener un espacio en el nuevo gabinete, desde donde podría igualmente impulsar su programa. Si fracasaran estas posibilidades, él intentaría lograr la aceptación de un candidato de transacción, posiblemente el actual Ministro de Educación Dr. Justo Prieto, con quien cree poder llevar a cabo su programa de reconstrucción. Pero en ningún caso, de acuerdo a la apreciación del Dr. Lafayette, el Presidente aceptaría la elección del Dr. Zubizarreta, quien no admitiría la colaboración o el asesoramiento que en este campo el Dr. Ayala podría contemplar".21

            Eduardo Schaerer, que presidía otro importante sector alejado del partido, pidió por su lado una reunión de líderes liberales para resolver fraternalmente la cuestión de la sucesión. La nominación presidencial era para todos ellos una cuestión privativa de la dirigencia liberal, en la cual el resto de la ciudadanía poco tenía que opinar. Las elecciones no eran sino un mero trámite, con sus padrones fraguados y sus mayorías facciosas prefabricadas.

            Guillermo Enciso Velloso, un dirigente colorado, hizo ya entonces el siguiente recuento de la situación reinante en ese momento:

            "A consecuencia de la actuación solidaria en las trincheras del pueblo oprimido por el régimen imperante, habíase operado una identificación de las clases sociales, del Ejército y Nación, de gobernados y gobernantes, en la zona de la guerra.

            "El régimen llamado liberal no quiso o no fue capaz de darse cuenta de este despertar de la masa popular de agricultores y obreros a la que se había identificado material y espiritualmente la joven oficialidad del Ejército, formada con el proletariado intelectual de estudiantes, campesinos y obreros de inteligencia superior. Este distanciamiento de la oligarquía gobernante, de la masa combatiente y sus familiares, de la retaguardia que sostuvieron la economía de la guerra, probóse con el absoluto receso del Congreso durante los tres años de guerra. El Senado, aún más que la Cámara de Diputados, se señaló por su conservadurismo, por su miopía y su resistencia inerte a las nuevas exigencias del Estado. Al término de la guerra y en los meses que le siguieron se marcó ya profundamente la escisión irreconciliable entre la oligarquía gobernante y la masa trabajadora y combatiente: dos fuerzas antagónicas se miraban torvamente en el escenario nacional, arriba el grupo liberal sustentado y sustentador de las grandes empresas extranjeras amparadas por leyes de privilegio y por las autoridades para la explotación despiadada del pueblo; abajo, el pueblo, el proletariado del agro, de la ciudad y de la inteligencia, que había defendido victoriosamente el derecho y la soberanía nacional con las armas, en el frente, y con los sudores de la tierra en la retaguardia.

            "Los jefes políticos del liberalismo, confiados en la apática mansedumbre del pueblo de la anteguerra, solo se preocupaba de mantener o ganar posiciones dentro del partido: mientras "Ayalistas" y "Riaristas" se disputaban con una intransigencia hoy cómica la preeminencia política dentro del Partido, para la obtención de la Jefatura del Gobierno, el pueblo, por su parte, espectador que paga, se reía con una mueca trágica ante la tragicomedia presidencial que se estaba representando. Las burbujas del malestar popular que llegaban hasta la superficie del Gobierno, eran interpretadas por éste en su viejo afán de no querer ver que se iba generando un pueblo digno, y consciente como efecto de "agitadores comunistas"; el hambre del pueblo, las injusticias a los excombatientes y a sus familiares, al abandono de los mutilados, que mendigaban por las calles de la capital, no eran vistos sino como artificiosos productos de agitaciones de políticos adversos. Creyóse curar el mal, con mano generosa para altos Jefes del Ejército que el régimen creía que tenían en su mano al ejército y con la expulsión de otros militares que eran considerados del espíritu "subversivo". La Resolución del Ministerio de Defensa Nacional, otorgando como premio a los excombatientes de la reserva que eran desmovilizados, a su retorno a su hogar, "TRES KILOS DE GALLETA", es un síntoma de la ceguera, del cretinismo gubernamental, que todavía creía que el pueblo paraguayo se hallaba en la situación espiritual de la anteguerra, de mansa resignación de esclavo de la gleba y carne de cañón".22

            El propio Eusebio Ayala haría más tarde el siguiente análisis del delicado momento político que siguió a la terminación de la guerra:

            "Nosotros, al terminar la guerra, creyéndonos superiores y únicos triunfadores en la guerra, nos dedicamos nuevamente a fomentar viejas discordias con el apetito de figuración en el futuro gobierno, buscando enemigos dentro del propio partido, soslayando la realidad de un pueblo que con todo derecho pediría se le reconociera sus sacrificios y se solucionaran sus problemas sociales y económicos, ya que habían ganado en el campo de batalla el derecho a que sean escuchados y sus demandas atendidas con preferencias por el Gobierno. Yo he instado al Parlamento, a los Ministros y al Partido Liberal que debían recorrer el país, expresar en reuniones públicas el reconocimiento del Gobierno del sacrificio del pueblo y a los excombatientes reconociéndoles públicamente los sagrados sacrificios al servicio de la Patria, solicitarle sus aspiraciones para el futuro e iniciar la tarea de la reconstrucción de la economía del país, ya que créditos se nos ofrecía de la Banca Internacional para conquistar un futuro mejor para el pueblo paraguayo. Hicieron oídos sordos, les importaba más la futura Presidencia de la República, y dejamos amplia libertad a la conspiración en un ambiente de posguerra, donde los excombatientes, conscientes de que fueron conducidos a la gloria por la inspiración del pasado, volvieron con espíritu de honda renovación y revitalización nacionalista y por consiguiente estaban emocionalmente expuestos a ser fácilmente impresionados y engañados, al no ser tenidos en cuenta para la solución inmediata de sus problemas, derechos que habían obtenido en justicia en los campos de batalla. Los excombatientes sin distinción de banderías políticas y en medio de la euforia de haber reverdecido las más puras glorias de la raza y conscientes de su arrolladora fuerza, arrasaron con el Gobierno".23.

 

            LA CAÍDA DEL CAMBIO Y EL PRECIO DEL ALGODÓN

 

            Un marco de fuertes incertidumbres económicas y financieras signaban además el comienzo del año 36. Aun con la perspectiva de una abundante producción de algodón y de los precios externos favorables, el peso argentino experimentó en el mercado cambiario una inesperada caída que inevitablemente arrastraría el precio a abonarse al productor rural en la cosecha por iniciarse próximamente. En pocos días, la cotización del peso argentino cayó de $ 90 a $ 63, con tendencias a una mayor declinación. La cotización del dólar cayó igualmente de 330$ a 230$.24 A pesar de esa fuerte baja, la demanda de cambios era prácticamente nula. Las ofertas formuladas en la plaza no encontraban compradores. Para más, la Oficina de Cambio había suspendido sus compras en el mercado abierto.25 Mientras tanto, el encarecimiento del costo de vida seguía su curso. "A pesar de la valorización experimentada por el signo monetario, destacaba un diario, no se ha podido notar su lógica consecuencia, el abaratamiento de los precios de las merca derías".26

            El 29 de enero siguiente, el Gobierno aumentó la tasa oficial que aplicaba para las expropiaciones y la liquidación de los derechos aduaneros de 25$ a 35$ por peso argentino. En la esfera bancaria se interpretaba que al mismo tiempo el Gobierno intentaría estabilizar el cambio a la cotización de 60$ por peso argentino,27 aun cuando no se había formulado ninguna declaración oficial al respecto.

            La retracción de la demanda cambiaría estaba determinada en gran medida por las indefiniciones y las incertidumbres sobre las políticas que el Gobierno podría adoptar en el proceso de reajuste y normalización de la economía. Era lógico anticipar que, de producirse la liberación del mercado cambiario y la supresión de la expropiación parcial del producido de las exportaciones, la cotización cambiaria tendería a nivelarse en un punto intermedio entre la cotización oficial y la del mercado libre. Y en particular, los importadores esperaban esa clarificación para no asumir riesgos innecesarios en la compra de monedas extranjeras destinada a cubrir sus obligaciones con el exterior.

            Abordado sobre el tema por el ministro americano, el presidente Ayala le manifestó que no anticipaba una reacción significativa a este respecto y que íntimamente creía que la estabilización iría a producirse al nivel de 60 pesos nacionales por peso argentino. Agregó que los exportadores no se verían afectados con la baja por la compensación que les produciría la reducción de la expropiación cambiaría que se aplicaría."' A pesar de que ninguna declaración oficial se había formulado en el país a estos respectos, resultaba evidente que el gran comercio importador estaba informado de esas intenciones y evitaba hacer reservas innecesarias en monedas extranjeras para no incurrir en pérdidas cambiarías.

            El Gobierno inició conversaciones con los exportadores de algodón para reducir la expropiación cambiaria del 50 al 35%, dejando al exportador el 65% en vez del 50% del valor de las exportaciones para su venta al mercado libre, lo que permitiría a su vez un mejor precio en el acopio de la cosecha por iniciarse.29 Pero estos planteos se formulaban solo a nivel de consultas, sin que el Gobierno concretara todavía ninguna propuesta formal.

            Con la gravitación de todos esos factores, el ambiente social se había tornado tenso y sensitivo. Las quejas y las protestas, que se repetían en todo el país, hicieron crisis con la concentración de excombatientes celebrada hacia fines de enero de 1936 en la localidad de Itá y en la que el coronel Franco, Director ya entonces de la Escuela Militar, criticó acremente al Gobierno su falta de atención al campesino desmovilizado.

 

 

            EL GOLPE MILITAR DEL 17 DE FEBRERO DE 1936

 

            Las manifestaciones de Franco fueron reportadas por la Policía como evidencias de una conspiración en marcha. Ante esa acusación, el presidente Ayala dispuso el 2 de febrero siguiente su apresamiento y deportación, junto con la de otros dos jefes acusados igualmente de sediciosos.30 Fueron ellos los mayores Basiliano Caballero Irala y Antonio E. González. El Gobierno buscaba limpiar el Ejército de elementos díscolos para asegurar la continuidad en el poder de la élite gobernante. Era una desesperada e inoportuna medida de fuerza que, aplicada contra una de las figuras más respetadas de la guerra, resultó contraproducente. Exacerbó los ánimos de los mandos medios y de la oficialidad joven de las unidades cercanas a la capital y se convirtió en el detonante que movilizó el levantamiento armado del 17 de febrero siguiente.

            El golpe fue producto de una reacción emocional de la oficialidad joven contra el Gobierno. No tenía un programa político definido y ni siquiera tenía un jefe conductor. Lo dijo la representación diplomática americana en Asunción en su informe al Departamento de Estado.

            "... la insurrección que elevó al Gobierno de Franco al poder puede ser calificada como un golpe puramente militar, que estuvo fundado en los celos y posiblemente en el descontento existente entre los militares por los favores otorgados a unos pocos mientras la mayoría de los excombatientes se consideraba desatendida. Su primer objetivo fue destituir el régimen de Ayala-Estigarribia, antes que establecer uno nuevo. La deportación del coronel Franco proporcionó el pretexto popular para la acción.31

            "...el levantamiento fue planeado por la oficialidad joven del Ejército, que a última hora ofrecieron su jefatura a dos oficiales mayores y de buena reputación, los coroneles Federico W. Smith y Camilo Recalde. Se dice que el último aceptó dirigir el movimiento con el entendimiento de que su propósito exclusivo sería el derrocamiento del presidente Ayala y del general Estigarribia, y la inmediata reorganización constitucional del país.32

            "Otro factor que contribuyó al derrocamiento del Gobierno de Ayala fueron las disensiones internas del Partido Liberal. Los políticos peleaban por la candidatura que debía suceder al presidente Ayala. Y fue solamente el 15 de febrero cuando el presidente se dirigió a la presidencia del Partido Liberal expresándole que no aceptaría ningún plan que significara la extensión de su mandato más allá del 15 de agosto de 1936."

            La iniciativa de la reelección de Ayala tuvo aparentemente una influencia decisiva en el debilitamiento del frente oficial. Al respecto expresó sentencioso Juan Francisco Recalde, figura prominente del liberalismo tradicional:

            "El Partido Liberal ha caído del Gobierno antes del 17 de Febrero de 1936. Ha caído el fatídico día en que influyentes órganos del partido abrieron la campaña de reelección presidencial. Sin el 17 de Febrero, la reelección hubiera tenido que enfrentar a los verdaderos liberales. El Presidente de la Victoria, que tantos méritos tiene ganados a la consideración de sus conciudadanos, no estuvo en la ocasión a la altura de otro de nuestros grandes mandatos".34

            Juan Speratti hizo más tarde un recuento que confirma la influencia decisiva del resentimiento de la oficialidad joven contra el apresamiento de Franco. Según su versión, el golpe fue decidido en una reunión de capitanes de la Escuela Militar y del Parque de Guerra, situados entonces en Campo Grande. La reunión fue convocada por el Jefe de Estudios de la Escuela Militar, el capitán Federico Varela, para informar los detalles de la ignominiosa destitución y apresamiento del Director de la institución. Refirió al respecto Speratti:

            "El apresamiento de Franco no fue la causa. Fue solo el detonante. En la reunión de referencia se arribó a la decisión de reaccionar con un sentido patriótico, estimulados por la injusticia de la medida, considerada como un agravio a la dignidad del Ejército. (...) Se tomó la decisión de accionar contra el Gobierno encabezando un movimiento de cambio, de aspiraciones y propósitos nacionales. El objetivo político era instaurar un gobierno de unión nacional, encabezado por el coronel Franco. Esta resolución de la reunión se resolvió que fuera comunicada al mismo Franco".35

            Según el mismo Speratti, Franco no tuvo intervención alguna en la decisión, ya que la reunión se realizó en su ausencia y a raíz de su deportación. Los participantes de la reunión fueron los capitanes Federico Varela, Federico Jara Troche, Francisco Miranda, Francisco Chaves del Valle, Rafael Guerrero Padín y el propio Speratti.36

            En el relato de Facundo Recalde al cumplirse el primer aniversario de la revolución, la nómina de los conjurados es un tanto más amplia, aunque sí coincidente en el sentido de que fueron todos capitanes y mayores, todos jóvenes. Dijo Recalde:

            "Entre estos jóvenes oficiales, debemos nombrar el capitán Varela, de la Escuela Militar, tenaz como un martillo; el capitán Guerrero Padín, santabárbara latente del Parque que guardiaba; el capitán Franco del Regimiento Corrales, un apacible héroe de sencillez antigua; el capitán Morínigo, de la Aviación, prototipo del revolucionario irreductible. En el Curupayty se tenía al mayor Báez Allende, un varón cargado de sólido silencio como todo hombre de acción. Fuera de los cuarteles dinamizaba el entusiasmo uniformado del mayor Martincich, el único jefe de ese grado   sobre cuyo pecho de mancebo hermoso, la Cruz del Chaco se enciende como un beso de la gloria, como una cabeza de mujer rendida".37

            En poco tiempo la idea del golpe logró la adhesión de la mayoría de la oficialidad y los mandos medios de las unidades de la capital, con excepción de la Marina. Los civiles consultados, según el mismo Speratti, fueron Rafael Oddone, Emilio Gardel, Felipe Molas López, Bernardino Caballero y numerosas oficiales excombatientes.38 El comandante Federico W. Smith, entrevistado por Facundo Recalde y Martincich para ofrecérsele la conducción del golpe, "recibió la proposición con una alegría colegial", según el relato de Recalde.39 Pidió en esa ocasión la coparticipación del comandante Camilo Recalde, por entonces recluido en el Hospital Militar, en cumplimiento de un arresto disciplinario. Los dos tenían hondos resentimientos contra el gobierno de Ayala y hacia Estigarribia por las postergaciones de que fueron objeto durante la guerra.

            Smith decidió luego acercar a la subversión a un antiguo amigo de Franco, el Dr. Gómez Freire Esteves, un liberal renegado que se había apasionado con las ideas totalitarias que proliferaban en Europa y a quien le pidió que redactara la proclama revolucionaria.

            Producido el desplazamiento militar y con las tropas ocupando ya la capital, Facundo Recalde, Bernardino Caballero, junto con el Cap. Speratti, fueron comisionados por Smith para pedirle la renuncia al presidente Ayala. Speratti hizo el relato siguiente de la entrevista llevada a cabo:

            "El señor Presidente nos esperaba en una dependencia de la Dirección de la Armada, hallándose en la compañía de varios dirigentes políticos de la situación. Recostado en una mesa con aspecto muy sereno, al llegar junto a él, se nos dirige diciendo: "¿Qué pretende la revolución?". Rompiendo la breve pausa ante la pregunta, se adelanta Bernardino Caballero, político de más experiencia, a contestarle: "La rendición de sus fuerzas y su renuncia, señor Presidente, con la condición de su salida del país con garantías para su persona". El doctor Ayala respondió: "Aquí nadie está asustado", y agregó que iba a resistir hasta aplastar la subversión e imponer severos castigos y que, de no deponer la revolución su actitud, iba a ordenar, que los cañoneros bombardeen las concentraciones de los alzados. Respondióle nuevamente Caballero diciéndole que la sangre que se derrame en adelante será por culpa y responsabilidad del Presidente. Con este cambio de expresiones concluyó la entrevista y regresamos a dar cuenta del resultado al comandante Smith".41

            Al encontrarse sin otro apoyo que el de la Policía de la Capital, Ayala buscó refugio en el cañonero Paraguay, surto en la vecindad de Asunción, y optó allí extender su renuncia. La entregó personalmente al comandante Recalde, que fue convocado al cañonero para ese efecto. Terminaban 32 años de predominio liberal en el gobierno del país. Se cerraba una época y comenzaba otra. La caída del régimen quedaba consumada, pero no se perfilaba hasta ese momento el nuevo orden que lo sustituiría.

 

 

            LA PROCLAMA REVOLUCIONARIA

 

            El golpe militar fue saludado por la ciudadanía como el inició de un proceso de un proceso de normalización institucional del país y de restauración de la soberanía popular para la designación de las autoridades nacionales. Pero esa ilusión duro muy poco. La misma proclama revolucionaria, redactada por Freire Esteves, contribuyó a intensificar las preocupaciones y dudas de la ciudadanía. En todo su largo texto no figuraron para nada las palabras libertad y democracia, ni la promesa de una próxima convocatoria a elecciones. Antes que un ideario nuevo o un programa alternativo de gobierno, era tan solo un libelo injurioso al liberalismo, una expresión superlativa de todos los enconos y resentimientos del propio Freire Esteves hacia el partido y los hombres que lo habían expulsado de sus filas. Por la misma proclama se decretaba la cesantía del Presidente de la República y de "todo el personal de los tres poderes del Estado". Extractamos de su texto algunos de sus párrafos salientes:

 

            "¡Paraguayos!

            "Vuestros soldados en armas hemos asumido definitivamente en este día la guardia del honor del pabellón, del suelo intangible y de la vida misma de la patria.

            "Hemos escuchado el mandato imperativo de las gestas gloriosas de nuestra historia, y... venimos a nuestra vez a plebiscitar la protesta suprema de todo el pueblo de la República, de todos los hombres y mujeres amantes de su tierra, contra un régimen de bandidos de levita, sobornados por el extranjero y de asesinos empedernidos y que a través de varias décadas de violento predominio, ha terminado por constituir el foco infeccioso de los mayores males internos y externos que jamás hayan atacado con mayor peligro de muerte la salud moral y material de la República.

            "Ya no existía patria, sino intereses de partidos complotados permanentemente contra la suerte de la colectividad, como única explicación de la larga hegemonía del grupo o políticos descastados que han arrojado al país al borde de su desesperación.

            "El Presidente Eusebio Ayala constituía el cuerpo del delito más acabado que ofrecía a la opinión sana de la República la avillantez sin límite de esa mafia adueñada de todos los resortes del poder. (...) Se hizo capataz de empresas extranjeras y negrero del siglo XV, al servicio de ellas, para estrangular obreros paraguayos y mercar con las funciones de las más altas magistraturas mediante pingües dividendos.

            "Proclamó la indefensión armada del país, como desiderátum del llamado pacifismo paraguayo, mientras la invasión de Bolivia proseguía su avance sistemático hacia el río Paraguay.

            "Omitimos los innumerables indicios de dolo. Pero ahí está el gesto inequívoco de Caín, el cuerpo del delito de la infidencia llevada al máximo grado de desparpajo: el ofrecimiento del armisticio a Bolivia después de la victoria de Campo Vía, para evitar que fuera copado el resto del Ejército invasor.

            "Todo lo que hizo después, hasta el irrisorio protocolo de Buenos Aires, no es sino la coronación del delito continuo de lesa patria, que arranca del Tratado del 5 de Abril de 1913 y termina con las mismas maquinaciones diplomáticas del nombrado Presidente, que pasará a la Historia con la infamia de un traficante de la sangre y de la heredad de sus conciudadanos.

            "Y es este régimen de traidor nato de su país el que logró sobornar con el oro al General paraguayo que le facilitó el armisticio de Campo Vía, para convertirlo en su guarda espalda a sueldo desde el alto Comando del Ejército; y el que por lógico desenlace de sus infidencias al Paraguay se ha atrevido a valerse de este último para reducir a prisión y proscribir del suelo patrio al nuestro único Jefe auténtico el coronel don Rafael Franco, símbolo y espejo viviente de las más excelsas virtudes que palpitan en las filas de vuestro Ejército Libertador.

            "Como consecuencia de ese atentado, el Presidente Ayala se ha echado en brazos de sus encubridores, los políticos asesinos del 23 de Octubre, responsables criminales y civiles de la masacre de estudiantes de aquella fecha; y proyectaba la destrucción del Ejército Libertador para reemplazarlo por una guardia cárcel mercenaria."

            "No mencionaremos el cuadro angustioso de la desesperación popular que los vampiros del régimen, anidados en el círculo presidencial, agudizan día a día, para fomentar la servidumbre.

            "El hambre golpea a todos los hogares. Han muerto en el Chaco 30.000 paraguayos; se han quemado millares de millones de pesos y la postguerra se debate en una incertidumbre general sobre las soluciones más urgentes que reclama esa catástrofe internacional traída sobre el país por el régimen y todas las consecuencias sobre el presente y el porvenir de la familia paraguaya.

            "No hay resquicio por donde respirar en la prensa, montada al servicio exclusivo de la mafia gobernante. Se acabaron todas las garantías constitucionales; fuera de las claques del régimen, los paraguayos son parias sin derecho de emitir sus ideas ni reunirse ni de gozar ninguno de los atributos de la ciudadanía.

            "Un solo día más de inacción habría sido de nuestra parte una deserción del deber perentorio de asumir la soberanía originaria del pueblo paraguayo y de proveer vitales necesidades de su organización y seguridad comprometidas".

           

            A pesar del fuerte tono reprobatorio del régimen depuesto, el documento no incluía ninguna indicación de las bases de la nueva organización contemplada para la nación. Lo único que insinuaba era una declaración deslizada en su texto, de que la revolución hacía suyo "el principio de la mayor defensa nacional que registra la Europa contemporánea" y que dejaba traslucir la intención totalitaria y fascista de su redactor.

 

 

            EL ACTA PLEBISCITARIA

 

            Para constituir el Gobierno, se hizo suscribir a todos los jefes y oficiales del Ejército un "Acta Plebiscitaria", por la cual el estamento militar designaba al Presidente de la República, con el mandato de "realizar los ideales de grandeza nacional esbozados en el plebiscito del Ejército Libertador". El nuevo Gobierno ejercería su poder por medio de Decretos Leyes, sin apartarse del espíritu de la Constitución del 70 y de sus preceptos fundamentales, hasta tanto el pueblo resolviera su destino en una Convención Nacional Constituyente que debía convocarse para el efecto. Con esta acta el Ejército asumía una facultad soberana de la ciudadanía que la retendría ininterrumpidamente hasta la caída del presidente Morínigo en junio de 1948. El acta habla de aspiraciones del Ejército, pero no menciona para nada las de la ciudadanía, cuyas facultades y privilegios se arrogaba. El texto de este documento es el siguiente:

 

 

            "ACTA DE DESIGNACION DEL SEÑOR PRESIDENTE PROVISIONAL CORONEL DON RAFAEL FRANCO.42

 

"NOS; los Jefes y Oficiales del Ejército y la Marina de la República, reunidos en Junta General para deliberar sobre las medidas de emergencia que corresponde adoptar en previsión de necesidades perentorias de reorganización nacional, interpretando aspiraciones del Ejército consignados en el manifiesto plebiscitario del mismo; RESOLVEMOS:

 

"Art. 1º  Designase Presidente Provisional de la República del Paraguay al ciudadano coronel Don Rafael Franco, con la misión de establecer el Gobierno que ha de realizar los ideales de grandeza nacional esbozados en el plebiscito del Ejército Libertador.

 

"Art. 2º  Autorizase al Presidente Provisional designado a convocar en su oportunidad una Convención Nacional Constituyente que habrá de resolver sobre la organización moderna definitiva de la República y dictar Decretos Leyes que sean indispensables para proveer intereses vitales de la Nación, mientras dure el período del Gobierno Provisorio.

"Art. 3º La Carta constitucional de 1870 será observada en su espíritu y conceptos fundamentales considerándose las circunstancias del momento histórico.

 

"Art. 4º El presente Decreto Plebiscitario del Ejército Libertador será igualmente suscrito por los demás compañeros de armas solidarios ausentes a la fecha de la Capital, con efecto retroactivo al día de la fecha.

 

"Art. 5º Fijase el día de mañana 20 de Febrero a las diez horas para que el señor Presidente Provisional preste juramento de desempeñar fielmente su mandato ante el Ejército Libertador y el pueblo reunidos, pudiendo desde luego, proceder a la constitución del Gobierno.

 

"Art. 6º Comuníquese por bando a la Nación en todos los pueblos, ciudades y departamentos, cúmplase y archívese.

 

"Art: 7º  Dado en Asunción, Capital del a República del Paraguay, a los diez y nueve días del mes de Febrero de mil novecientos treinta y seis.

 

F. W. Smith.

Tte. Cnel. y Cmdte en Jefe de las FF.AA. de la Nación".

 

            Al asumir el gobierno, el coronel Franco se rodeó de personas desvinculadas de los partidos políticos.43 Camilo Recalde fue descartado como candidato al Ministerio de Guerra por su insistencia en la necesidad de la normalización institucional del país en un plazo más o menos breve. Ninguno de los integrantes de su gabinete tenía arrastre o raigambre popular. Eran todas individualidades ilustradas que formaban un grupo heterogéneo, en el que pugnaban las tendencias y los intereses políticos más diversos e inconciliables. No tenían otra coincidencia que el común resentimiento hacia el liberalismo y el afán de acceder al ejercicio del nuevo poder que se estaba constituyendo. Sorprendentemente, Franco no incluyó en su gabinete a ninguno de los jefes del movimiento revolucionario. Tampoco fue invitado ningún representante de las Asociaciones de Excombatientes constituidas en el país. Las dos fuerzas que se suponía que debían sustentar al Gobierno quedaron excluidas. Particularmente la no inclusión de la representación del Ejército resultaba inexplicable, ya que significaba un distanciamiento inevitable con los mandos que habían decidido el derrocamiento del Gobierno de Ayala. Inexplicable, porque el nuevo Gobierno no solo le debía al Ejército su ascensión al poder sino que además dependía de él para su sustentación y su continuidad en el mando.

            Si la intención de las nuevas autoridades fue reducir la injerencia de los cuarteles en las decisiones del Gobierno, el procedimiento era equivocado. El único medio que tiene un gobierno de facto para mitigar la interferencia castrense en la conducción del país es el fortalecimiento del orden institucional y democrático mediante su legitimación por elecciones libres y abiertas. Y aun eso, solo podría haberse realizado con la cooperación y el entendimiento de las Fuerzas Armadas. Pero el error se hacía aun mayor cuando que en las intenciones del Gobierno no figuraba la instauración de un orden democrático, ya que en la perspectiva que Freire Esteves le dio a la revolución en su proclama libertadora, su legitimidad se fundaba en el fracaso del liberalismo y del orden democrático en el país.

            Quizás la exclusión se debió a un exceso de candidez del propio Franco, que pensaba que él controlaba y representaba esas dos fuerzas y que su presencia llenaba esa representación. Pero más probable es que haya sido el interés de su entorno, de reducir el número de contendores que buscaban influir en las decisiones del nuevo Gobierno, el que gravitó en la decisión.

            Según confesiones ulteriores de Juan Stefanich, uno de los elegidos de Franco, el Gobierno no tenía inicialmente un programa político definido:

            "La Revolución fue al gobierno sin contar con un partido organizado y debió hacer frente al objetivo político primordial de buscar su propia definición doctrinaria en medio de la más grande confusión. El más difícil problema planteado al movimiento fue, sin duda, la adopción y proclamación de su propia doctrina".44

            Con ese vacío, el nuevo Gobierno fue inicialmente, según el mismo Stefanich, "una amalgama de cuatro tendencias políticas", el marxismo, representado por Anselmo Jover Peralta, el fascismo, representado por Gómez Freire Esteves, el nazismo, representado por Bernardino Caballero, y la denominada democracia solidarista, representada por el propio Stefanich.45 El singular concepto de "democracia solidarista" que invoca Stefanich, no era sino una adaptación totalitaria de la propuesta del pensador argentino José Ingenieros, que suplía la diversidad de partidos y de opiniones en la vida pública con la diversidad profesional de los diputados designados en representación de sus respectivos gremios.

            La calificación de nazista, que Stefanich hizo circular desde la cancillería respecto a Caballero y que fue trasmitida por la Legación Americana en Asunción, fue objetada desde Buenos Aires por el embajador Spruile Braden, que expresó al Departamento de Estado que "el Dr. Bernardino Caballero es caracterizado por mi otro informante como un hombre joven, culto e inteligente, que tiene el respaldo del Partido Republicano Colorado". Igualmente no coincidía con la calificación de comunista dada a Jover Peralta. Respecto a él dijo: "Mi otro informante afirma que él no es comunista sino un socialista radicalizado y que es joven, inteligente y bien preparado para su cargo".46

            Enciso Velloso dio en su momento estos otros matices de las divergencias ideológicas del gabinete: "Freire Esteves, viejo liberal, antiguo cívico, antinacionalista de tradición; Stefanich, nacionalista de la Liga Nacional Independiente; Jover Peralta, conocido líder comunista y derrotista de acción durante la guerra, quien tuvo que hacer un viraje de 180 grados para incrustarse en el gobierno; y Bernardino Caballero, nacionalista agrarista del grupo joven del Partido Colorado".47

            Constituido el gabinete, Franco realizó con sus ministros una serie de reuniones para "dar una definición sobre el contenido doctrinario y unificar el pensamiento de gobierno al servicio de la revolución".48 Debatióse el asunto largamente. Refirió Stefanich que "el debate fue interesante y animado. Más que una discusión era una plática entre hombres que profesaban doctrinas diferentes"49 A pesar de los esfuerzos de Caballero por concentrar la deliberación en torno a las medidas que el Gobierno debía adoptar de inmediato para estimular la reactivación económica del país, el debate se centró en el marco filosófico de los objetivos de la revolución. Dominó pronto la apreciación de que el mandato recibido no era el de convocar de inmediato a una Asamblea Constituyente para promulgar una nueva Constitución, sino el de llevar a cabo una revolución política y social orientada a lograr el bienestar y el progreso de la nación. Para el efecto, el Gobierno debía intervenir en el campo económico y social. Con la acción del Estado debía crearse una economía nueva, opuesta a la economía pasiva del liberalismo, y en la que el Estado debía ejercer una decisiva función rectora. Pero fue en la definición del alcance de esa intervención donde surgieron las grandes discrepancias.

 

            Freire Esteves patrocinaba el modelo fascista, que proscribía toda actividad política o sindical que no fuera la promovida por el Gobierno. Toleraba la iniciativa y el capital privados sujetos a la regulación y dirección del Estado. El proceso espontáneo de la economía liberal sería substituido por la dirección gubernamental en la regulación de la producción y en la fijación de los precios y salarios. La presencia estatal sería dominante. Repetía a quien quisiera escucharla, la idea fascista de "todo en el Estado, todo por el Estado, nada fuera del Estado y nada contra el Estado".

            Jover Peralta, por su parte, era partidario radical de "la socialización de los bienes de producción y de la nacionalización de las empresas extranjeras que esquilmaban los recursos naturales y humanos de la nación". La propiedad privada era para él la causa fundamental de la explotación de los trabajadores y de la injusticia social reinante en el país. La transformación del sistema productivo debía ser el fundamento y el objetivo de la revolución.

            Para la realización de estos objetivos, Jover Peralta propuso la fundación del Partido Nacional Revolucionario. "La estructura del PNR sería totalmente diferente a la adoptada por los partidos tradicionales de la postguerra de la Triple Alianza, con adhesiones individuales, en su totalidad analfabetos manejados por directorios oligárquicos a espalda de tales afiliados. El PNR estaría constituido por adhesiones de agrupaciones colectivas, combatientes por los derechos fundamentales del pueblo".50 Tales agrupaciones eran la Confederación Nacional de Trabajadores, la Asociación Nacional de Excombatientes, la Federación de Estudiantes del Paraguay, la agrupación de disidentes de los partidos tradicionales y personalidades independientes.

            En el proyecto de ideario se proclamaban, entre otros, los principios siguientes.

            "El reconocimiento de la conciencia igualitaria profunda de las masas populares paraguayas y su aceptación como base cardinal de la sociedad de la Nación y el Estado proscribiendo toda clase de privilegios de personas, familias o de clases.

            "Promover enérgica y vigorosamente el más completo e integral desarrollo de la comunidad nacional, la organización y planificación científicas de la producción, el orden administrativo nacional y comunal y la afirmación definitiva e incontrastable de los valores éticos e históricos de la raza.

            "La socialización por el Estado y las comunas de ciertos bienes, servicios e industrias indispensables para la salud, el bienestar y la economía del pueblo como suprema necesidad popular y nacional.

            "La protección obrera y campesina como principio de redención social y nacional, constituye el punto básico del ideario de la Revolución, considerando a las masas trabajadoras como los agentes más eficaces y positivos de la potencia económica, política y militar de la Nación".51

            El planteo de Jover Peralta era así de un intenso contenido socialista y totalitario. El PNR debía ser revolucionario, popular y nacional. Y para esos fines, las organizaciones y principios socialistas debían tener un rol dominante en su conducción. "Sin la izquierda, dijo en un discurso público, la revolución no tendría sentido ni interés para las masas y sin las masas no hay, no puede haber revolución digna de llamarse así. (...) Solo las izquierdas ofrecen soluciones claras y precisas para los problemas de la reconstrucción nacional; solo la izquierda puede suministrar a la revolución métodos y programas de reconstrucción social eficaces y seguros; solo en los principios del socialismo podemos hallar la fórmula de la salvación nacional. Las fuerzas de izquierda constituyen el alma del movimiento y quien no está en la izquierda no está con la revolución".52

            Stefanich, por su lado, era partidario de un intervencionismo moderador de las imperfecciones de la economía de mercado. Buscaba solo una mayor equidad en el reparto de los beneficios de la producción mediante la protección legal del obrero, la asistencia al agricultor y salarios y precios más justos, pero no una transformación del orden social y económico. Propiciaba lo que denominaba un concepto nuevo de justicia social, inspirado en el principio de la solidaridad: ni opresión del trabajador por el capital, ni opresión del capital por el obrero. "El trabajo y el capital, sostenía, no son elementos hostiles y antagónicos destinados a combatirse y destruirse; son factores solidarios y colaborantes de la economía social, de la economía privada y de la economía pública de la nación".53 En su concepto, al Estado le correspondía la responsabilidad de crear ese marco conciliatorio y de cooperación entre el capital y el trabajo. En el fondo no era sino un liberal reformista, opuesto al sistema democrático. Sus ideas seguían siendo las mismas que las de la Liga Nacional Independiente. En nombre de la unidad nacional, no admitía la actuación de los partidos políticos. Alentaba el gobierno de una élite calificada, que por su capacidad y honestidad sería aceptada y respetada por la ciudadanía.

            Por su parte Caballero traía el aporte de sus planteos agraristas que luego volcaría en la Ley de Reforma Agraria de su autoría. Antes que planteos políticos e institucionales, formuló propuestas concretas para el reencauzamiento y desarrollo de la economía nacional. Caballero era entonces el único paraguayo que había obtenido una licenciatura en finanzas en una universidad europea. Había retornado al país para sumarse al esfuerzo de la defensa armada del Chaco. Fue oficial de línea del ejército en campaña. Tanto Caballero como Felipe Molas López habían ingresado al Gobierno en carácter personal, llevados por la participación activa que tuvieron en la gestación del golpe y no en representación del Partido Colorado al cual pertenecían. No obstante, ambos solicitaron y obtuvieron autorización del Directorio Colorado para hacerlo.

            Propiciaba Caballero la intervención activa del Estado, no para competir con la iniciativa privada, sino para crearle condiciones adecuadas para su desarrollo. Los puntos centrales de sus planteos fueron los siguientes, que extractamos de su discurso de agosto de 1936:

            "Las finanzas tienen por base la economía nacional, y la acción gubernativa hoy consiste en cuidar esta base, fundarla, establecerla y mantenerla en condiciones de resistencia para asentar sobre ella la obra firme del porvenir, planteándose la política económica bajos estos tres aspectos:

            1º Propender a una mayor producción de nuestras industrias básicas, duplicándolas o triplicándolas.

            2º  Dar lugar a la mayor circulación posible dentro y fuera del país.

            3º  Obtener más mercados de consumo posible dentro y fuera del país".

           

            Para estos fines planteó las medidas siguientes:

            Reforma Agraria. "La producción agrícola es madre de la riqueza nacional y la acción gubernativa parte de esa realidad para acudir a la atención que reclaman los factores psicológicos y sociales, de modo a conducirlos a la obtención de un propósito nacional inmediato.

            "La ley de Reforma Agraria que consiste en dotar de solares a 60.000 familias, operará la transformación del simple cultivador de posesión precaria sobre la tierra, en propietario identificado con su suelo, y en        labriego con profunda fe en la victoria de su propio esfuerzo. Fundar la nación, como fundar la libertad, no consiste en definir social, política y económicamente al ciudadano, así como rodear de garantías morales y materiales la práctica del derecho.

            Vialidad. "Al preocuparnos del fomento agrícola, nos interesa la circulación de la producción, y por tanto los caminos apropiados para conducirlos a los mercados de consumo. En el proyecto de ley vial en el presupuesto a aprobarse se establece un rubro para el comienzo de las obras camineras más importantes y la prosecución de otras ya iniciadas.

            Flota mercante: "Otra materia de influencia directa sobre el incremento económico del país es la de los transportes fluviales, cuyo costo actual absorbe una porción importante de los posibles beneficios de la producción nacional. El único medio para reducir el costo es la existencia de una marina mercante nacional, cuya creación hemos resuelto de modo que el país haga uso de sus ríos y la red fluvial sea nuevamente poderosa aliada de nuestro desenvolvimiento económico.

            Estabilidad monetaria. "De la necesidad de estabilizar la moneda estamos plenamente convencidos, y hacia su estabilización vamos con mira de alcanzarla a la mayor brevedad posible porque es con ella que ha de regularse la producción de modo a poder estimársela en su valor real, sin cuyo requisito fallarían las previsiones económicas. La estabilidad  monetaria hará que el trabajador, al recoger el producto de sus esfuerzos, no se vea defraudado por la disminución del valor de la moneda.

            Contención de la suba inmoderada de los precios. "Regularizar, controlar y fiscalizar es una misión que compete a la Junta Reguladora de Precios, ya que la simple disminución sujeta al azar no es un bien durable para el consumidor. El consumo interno necesita ser regulado y su conocimiento se obtiene estableciéndose una vigilancia permanente sin descuidar la relación directa entre la producción y el consumo.

            Comercio exterior. "El mercado externo es problema que ha sido, como los otros fundamentales para la vida nacional, relegado a un eterno olvido. Hemos de obtener mercado exterior y nuestras relaciones de país a país tendrán el nexo económico en la contemplación armónica de los intereses respectivos. Este descuido nos llevó a perder las rutas y destinos, y la estagnación económica del Paraguay se vio como en un espejo en que se refleja el país que no exporta y que se siente deprimido por la insuficiencia del mercado interno. La acción gubernativa al fomentar el desarrollo y la explotación de nuestras riquezas naturales contempla las grandes posibilidades para la intervención feliz del Paraguay en el mercado internacional.

            Política fiscal. "En cuando al plan financiero, debemos fijar dos postulados: el orden y el equilibrio. El orden consiste en recaudar rigurosamente las rentas del Estado, en impedir las defraudaciones, el contrabando, la evasión de los impuestos y tasas y en manejar honradamente los caudales públicos. El equilibrio consiste en regir de esa manera la cosa pública hasta obtener un ajuste entre los gastos y los recursos".54

            Buscaba además Caballero resolver el gran problema del abastecimiento de carne a la población, particularmente a la capital. Para el efecto llevó a su Ministerio al Dr. Manuel Riera, conocido dirigente de la Asociación Rural del Paraguay y respetado director republicano que junto al Dr. Felipe Molas López había tenido una participación activa en la gestación del golpe.

            Caballero, pese a sus esfuerzos, gravitó poco en las decisiones políticas del Gobierno. No existe ningún testimonio de que haya patrocinado la instauración de un régimen fascista o nazi en el país. El mismo Stefanich reconoce que Caballero no dio a conocer "sus ideas y sus tendencias políticas" en ocasión del debate sobre el contenido doctrinario de la revolución. Le calificaba de nazista simplemente por su larga estada de 20 años en Alemania. No tuvo, por otra parte, intervención alguna en la redacción del Decreto 152, que fue obra exclusiva de Freire Esteves.55 Junto con Molas López, buscó permanentemente acercar al coloradismo al Gobierno y es allí donde encontró la resistencia y la oposición de los otros tres ministros que disputaban el liderazgo intelectual de la revolución y temían que un partido organizado y de raigambre popular como el coloradismo pudiera copar la conducción del Gobierno. Más tarde volvió a insistir en el mismo planteamiento con el afán de darle una base popular al Gobierno revolucionario y eso determinó finalmente su salida del Gobierno.

            Estas discrepancias imposibilitaron de entrada la unidad de propósitos y de acción del nuevo Gobierno. Desataron en su seno pugnas irreconciliables que fueron desgranando progresivamente a las figuras del primer gabinete, hasta provocar finalmente la caída del Gobierno. Como veremos seguidamente, con esas contradicciones, el Gobierno fue derivando de un movimiento revolucionario, abanderado de las inquietudes populares, a un Estado fascista, para finalmente asumir una posición ecléctica, de corte reformista y totalitario, que no resultaba suficiente para justificar una revolución que se decía libertadora y nacionalista y consolidar el cálido apoyo popular con que se había gestado.

            Establecido el Gobierno, su primera medida fue la ocupación de los diarios de la capital y su edición bajo direcciones designadas desde el Ministerio del Interior. La libertad de prensa y las posibilidades de crítica quedaron sojuzgadas. Solo el Partido Colorado pudo publicar, por un corto tiempo y en condiciones precarias, su diario Patria.

 

            EL DECRETO LEY 152

 

            Semana después, a propuesta de Freire Esteves según la recolección de Stefanich, el Gobierno dictó el Decreto 152 que, al definir su posición final, resolvió identificar la Revolución Libertadora con "las transformaciones sociales totalitarias de la Europa contemporánea", prohibir por un año toda actividad sindical y de los partidos políticos, salvo aquellas emanadas de la revolución e instituir un partido único, financiado con fondos del Estado, con un perfil semejante al fascismo de Mussolini. El redactor del decreto, según el propio Stefanich, fue Freire Esteves. Su texto, aprobado y suscrito por todo el Gabinete, es el siguiente:

 

DECRETO LEY 152

 

10 de marzo de 1936.

 

El Presidente Provisorio de la República.

 

            "Siendo perentoriamente necesario establecer el contenido político, jurídico y estatal de la Revolución Libertadora, en forma cierta e inequívoca que permita al pueblo paraguayo conocer sin reticencias posibles, la nueva estructura del Estado, y estar a cubierto de toda incomprensión acerca de las fuerzas y del mandato histórico del primer Gobierno de la Revolución, y

 

Considerando:

 

            "Que el acta constitucional de institución del Primer Gobierno de la Revolución se halla ya incorporada al Derecho Constitucional de la República con la trascendencia de una nueva Carta Magna que dispone sobre la futura organización del Estado y prescribe la Convocación de una Asamblea Nacional Constituyente, que determinará la "Organización Moderna Definitiva de la República", de acuerdo a los móviles de la Revolución Libertadora.

            "Que ese acto supremo de soberanía invistió al Gobierno Provisorio de un mandato imperativo que éste no puede eludir, y que por el contrario deberá ejercitarlo en toda la plenitud que le acuerdan las facultades expresamente establecidas en el Plebiscito Constitucional del Ejército Libertador de que emanan sus atribuciones.     

            "Que la magnitud del cambio de situación consumado a la vista de esos antecedentes excusa toda tarea de interpretación, por cuanto muestran que el advenimiento de la Revolución Libertadora en el Paraguay reviste la misma índole que las transformaciones sociales totalitarias de la Europa contemporánea, en el sentido de que la Revolución Libertadora y el Estado son ya una misma e idéntica cosa.

            "Que no obstante la evidencia de tal cambio estructural del país, que ha tenido y establecerá el desarrollo de la Revolución, diversos núcleos de tendencias demagógicas vienen manifestándose en el ambiente con miras de introducir en las filas populares gérmenes de desorientación sobre el contenido político, jurídico, social y estatal de la Revolución y de desviar ésta de su idea matriz, cual es la organización moderna definitiva del nuevo Paraguay, liberado de los males endémicos de la demagogia industrial y secta asta encarnados en el régimen depuesto.

            "Que para abocarse al estudio y solución integrales de la reorganización constitucional futura de la República y de los problemas de Gobierno que aquejan, el Presidente Provisional está facultado a fijar las normas necesarias y a conducir a la Nación hacia la efectividad completa del mandato imperativo conferídosele;

            "Oído el parecer del Consejo de Ministros:

 

DECRETA:

 

"Art. 1°. Declárase identificada la Revolución Libertadora del 17 de Febrero de 1936, con el Estado de la República del Paraguay.

"Art. 2°. La Revolución Libertadora del 17 de Febrero de 1936 identificada con el Estado, movilizará desde la fecha el concurso voluntario de todos los ciudadanos de la República a los efectos de la realización integral de sus fines permanentes, directamente por órganos del Estado.

"Art. 34. Toda actividad de carácter político, de organización partidista, sindical o de intereses creados o por crear de naturaleza política dentro de la Nación, que no emane del Estado o de la Revolución identificada con el Estado, se prohíbe por el término de un año.

"Art. 44. Quedan bajo la jurisdicción del Ministerio del Interior todas las cuestiones relacionadas con la política social del Estado identificado con la Revolución Libertadora, comprendiéndose en ellas las relaciones y conflictos entre el trabajo y el capital, las organizaciones y necesidades de obreros y trabajadores, como igualmente de los patrones, en forma definitiva.

"Art. 5". Créase un Comité de Movilización Civil de la República, a los efectos del cumplimiento del Artículo 2º. de este Decreto, cuyo reglamento y organización dictará el Poder Ejecutivo.

"Art. 6º. Créase un Departamento Nacional de Trabajo, a los efectos previstos en el Artículo 4º de este Decreto.

"Art. 7º. Encargase al Ministerio del Interior la constitución, reglamentación y funcionamiento del organismo expresado en el Artículo 6º de este Decreto.

Art. 8º. Comuníquese, publíquese y archívese.

 

"(Firmado): R. FRANCO - Gómez Freire Esteves - Juan Stefaniclh - L. Freíre Esteves - A. Jover Peralta - B. Caballero".

            La promulgación de este decreto significó el triunfo de Freire Esteves y su exaltación como virtual director político de la revolución. Sería en adelante el encargado de organizar el movimiento obrero y el partido político que debían apoyar al Gobierno. Para el efecto, la movilización civil como la laboral quedaron en la jurisdicción de su Ministerio. Pero esta victoria le fue efímera, ya que fue la causa de su rápida caída.

            La divulgación del decreto produjo en la ciudadanía un fuerte estupor y desconcierto. Representó un vuelco inesperado en las metas y objetivos del nuevo gobierno. Las normas y principios adoptados se apartaban de los objetivos originales de la revolución y de los propósitos y expectativas de sus promotores. Abandonaba la senda democrática y se embarcaba en un orden totalitario no previsto por sus gestores. Explicó al respecto el Dr. Molas López:

            "Terminada la guerra, el pueblo y el ejército, unidos en un ideal común, asumieron la responsabilidad de devolver al pueblo su soberanía, poniéndolo en ejercicio de todos sus derechos y en pleno goce de todas sus libertades, conculcados por más de treinta años, bajo la hegemonía del Partido Liberal. La contribución de sangre del pueblo paraguayo, durante la guerra del Chaco, así lo reclamaba. La Revolución llevaba pues el sello de las aspiraciones mancomunadas del Ejército y del Pueblo.

            "En aquella ocasión hemos elaborado un programa de acción sobre los siguientes puntos básicos:

            "1º.) Una Junta Militar presidida por el Coronel Rafael Franco.

            "2°.) Promulgación de una ley electoral que haga posible "un gobierno del pueblo y por el pueblo".

            "3º.) Implantación de un régimen de justicia social.

            "Estas aspiraciones y propósitos de la joven oficialidad del Ejército fueron bien pronto traicionados por un grupo de retrógrados y ultramontanos, que aparecieron en las filas de la Revolución, sorpresivamente, a modo de paracaidistas.

            "A los responsables de aquella desviación, podemos preguntar: ¿Por qué se suprimieron las pocas libertades republicanas y democráticas después de la revolución que se llamó libertadora? ¿Por qué se reemplazó la dictadura liberal del Dr. Eusebio Ayala por la dictadura nazifascista del Coronel Franco? ¿Por qué se creó el partido totalitario, amordazando los partidos tradicionales? ¿Por qué fueron separados del Ejército los auténticos revolucionarios y deportados los caudillos civiles del Movimiento? ¿Por qué se implantó el Estado de Sitio de estilo liberal y se organizó una policía tipo Gestapo? Estas y muchas otras preguntas serán formuladas a Ud. y al Coronel Franco, en su debida oportunidad, como autores principales de los hechos históricos, posteriores al 17 de Febrero, si bien es verdad que ambos obraron con la mejor intención, extraviados por quienes, al no tener méritos que ofrecer a la consideración pública, ejercen el ruin oficio de adular a los militares".56

            El descontento se propagó particularmente en las esferas vinculadas al Gobierno y a la revolución. Reclamaron el Ejército y las asociaciones de excombatientes. Su texto, destacó Speratti, "era de un enunciado extraño a los propósitos e ideales de la revolución".57 Protestaron las organizaciones estudiantiles y obreras. La Confederación Nacional de Trabajadores lanzó una proclama de protesta que entre otras cosas decía:

            "A los pocos días de la aplicación del decreto-ley 152, la clase trabajadora comprueba que la aplicación del mismo atenta contra los intereses de las fuerzas que han cooperado al triunfo de la revolución, al negar al pueblo las libertades democráticas, de reunión, de prensa, y de opinar libremente sobre los problemas que interesan a todo el pueblo paraguayo.

            "En carne propia ya hemos sentido los primeros efectos reaccionarios de la aplicación del decreto-ley. Días pasados han sido detenidos en Trinidad varios obreros y estudiantes revolucionarios por intentar realizar un mitin de apoyo al Gobierno y opinar sobre el decreto-ley. Además fue clausurado el diario "Libertad" dirigido por el doctor Rafael Oddone, uno de los intelectuales revolucionarios más honestos, y también fueron deportados los conocidos luchadores revolucionarios Oscar Creydt, Obdulio Barthe, Augusto Cañete, reiniciándose para ello las persecuciones que durante siete años desencadenaron los gobiernos vendidos al oro extranjero de Guggiari, Ayala, Estigarribia".58

            Un memorándum del Departamento de Estado resumía en los términos siguientes la situación política del momento:

            "La Legación informa que la oposición al Decreto N° 152, que restringe las actividades políticas por un período de un año, es apreciable aun entre los estudiantes y excombatientes que apoyan el régimen actual. La prensa caracteriza este decreto como el "Decreto Schweizer", del Cnel. Schweizer, que en calidad de Representante Especial del Gobierno Argentino visitó el país poco después del desplazamiento del gobierno de Ayala con el objeto de informar sobre la situación política. El Ministro de Relaciones Exteriores paraguayo niega que el Cnel. Schweizer haya tenido nada que ver con el decreto aludido".59

            El Partido Colorado dejó en un testimonio escrito su reprobación pública a este decreto. El mismo día siguiente de su promulgación, su Junta Directiva elevó al Gobierno su protesta por el flagrante atropello a los fueros democráticos que significaban sus disposiciones. Su texto, redactado por Natalicio González y Víctor Morínigo, decía así:

 

"Asunción, Marzo 11 de 1936.

 

"Al Ciudadano Presidente Provisional de la República.

Cnel. D. Rafael Franco. E.S.D.

 

            "El Partido Colorado, en esta hora solemne y suprema de nuestra historia, se dirige al ciudadano Presidente de la República, para invitarle a meditar sobre los destinos de la patria.

            "Un decreto, sin antecedentes en la historia de las naciones, por su falta de base jurídica y el desconocimiento de la realidad circundante, acaba de casar los atributos primarios de la ciudadanía despojando al hombre paraguayo del derecho de discernir y orientar los acontecimientos de su patria.

            "En él se invoca coma un antecedente, las revoluciones que en Europa han dado origen al Estado totalitario, pero se olvida que ellas han sido la culminación de agitaciones democráticas de extraordinaria intensidad, que llevaron al poder  a mayorías abrumadoras que se creen con derecho de actuar en nombre de toda la nación.

            "Ese no es el caso paraguayo. El decreto que impugnamos nace con la oposición de la totalidad de las fuerzas revolucionarias que colaboraron en la explosión libertadora del 17 de febrero. No podrá encontrársele fundamento jurídico, ni dentro del sistema institucional creado por la Carta de 1870, ni dentro del nuevo orden revolucionario, pues en el acta constitucional, el Ejército dispone que se ejercite el poder mediante decretos leyes, PERO SIN APARTARSE DEL ESPIRITU DE LA CONSTITUCION DEL 70 Y DE SUS PRECEPTOS FUNDAMENTALES, hasta tanto el pueblo paraguayo, dueño de la soberanía de la nación, según el art. 2º de la Carta del 70 decida en última instancia su destino por el órgano de una Convención Constituyente. Las nuevas instituciones que de ella surjan, para ser perdurables y fecundas, deben nacer de la libre voluntad del pueblo paraguayo. El Decreto 152 del 10 de marzo, identifica esa voluntad con la del Estado, sin reparar que tal aserto no pasa de ser una ficción, porqué el Estado no es el Gobierno, el Estado es la faz jurídica de la Nación. El Estado surgido de semejante error, no podrá ser la objetivación de los anhelos populares, un instrumento que funcione al servicio del renacimiento paraguayo.

            "Es en vista de estas razones y en el deseo de evitar a la patria males funestos e irreparables que nacen, queremos creer, de un error sincero, que el coloradismo solicita del señor Presidente la derogación del Decreto 152.

            "En este pedido no influye para nada la agresión inmotivada a nuestros ideales democráticos, a nuestro Partido, cuya disolución se busca con el decreto aludido. Este aspecto de la cuestión no ha querido considerar el Coloradismo por innecesario, pues un Partido es un hecho social, un organismo vivo y complejo, cuya existencia no depende de la voluntad de los gobiernos ni de los afanes solitarios de un hombre. Las persecuciones, la agresión inmotivada no matan, al contrario vigorizan y depuran a los Partidos, extirpando de su seno a los claudicantes y despertando en el corazón de las masas la pasión mística por el ideal injustamente perseguido.

            "La Revolución del 17 de Febrero ha triunfado para salvaguardar los intereses del pueblo y ha abatido un viejo régimen de traidores. El nombre del señor Presidente ha servido de bandera a la cruzada libertadora en la que todos colaboraron por igual, animados por el mismo ideal e inspirados por patriotismo idéntico. Así cómo en la magna gesta chaqueña, el nombre del coronel Franco fue un símbolo de abnegación y patriotismo, sus gestiones en la dirección de los destinos de su pueblo debe ser también un índice de las aspiraciones populares, libremente manifestada por la voluntad totalitaria de la nación.

            "El Coronel Franco interpretó el alma de su pueblo que tenía la firme voluntad de vencer en la guerra; este es el momento en que el ciudadano Presidente interprete fielmente los anhelos de ese pueblo que ha depositado su fe en él y sin pertenecer a ningún Partido tradicional o por crearse pertenezca a todos los que existen, para encauzar las legítimas aspiraciones de los diversos grupos de opinión y hacerles converger en el ideal común del beneficio y tranquilidad colectivos.

            "Saludamos al ciudadano Presidente con nuestra más alta consideración. "Firmado: Emilio Chilavert, Víctor Morínigo, Eulogio Estigarribia, Fabio da Silva, Felipe Molas López, Ángel Florentín Peña, J. Natalicio González, Juan Manuel Alvarez, Rigoberto Caballero, Leandro Prieto".60

 

            LA APRECIACIÓN DE LA IGLESIA

 

            La Iglesia Católica, por su parte, miraba al Gobierno con suma reserva. Le criticaba su proclividad hacia el comunismo y su tolerancia a la campaña de propagación doctrinaria y de proselitismo que venía realizando en el campo obrero y estudiantil de la capital y en los sindicatos obreros del interior. La Iglesia Católica Paraguaya era por entonces conservadora en lo social. Existían, sin embargo, en su seno núcleos y asociaciones interesados por los problemas sociales. Era particularmente sensible al problema del comunismo y su proliferación en el país, con la aparente tolerancia del Gobierno, le preocupaba. "Antes de ahora, dejó consignado en su diario personal Monseñor Bogarín, desde el año 1870 dicho edificio (el del Congreso) estaba destinado a la deliberación de los representantes del pueblo, diputados y senadores. Hoy, ese palacio de las leyes se ha convertido en madriguera de los arriba mencionados (excombatientes y obreros). No se puede negar que este hecho huele mucho a comunismo. No obstante, el Gobierno - llamado revolucionario- dice ser contrario al sistema comunista. ¿Qué cabe creer en el caso, en lo que dicen o en lo que hacen?".61

            Contribuyó a intensificar su distanciamiento del Gobierno la decisión de convertir el Oratorio de la Virgen de Asunción en el Panteón de los Héroes y de llevar allí los restos del Mariscal Francisco Solano López. La inauguración del Oratorio y el traslado de los restos de López se hicieron sin la presencia del Arzobispo, que eludió su concurrencia ausentándose del país.

            Con esas preocupaciones, personeros de la Iglesia presionaban constantemente sobre Franco y el Ejército en contra del grupo de Freire Esteves y Jover Peralta y contra las actividades de los organismos sindicales y estudiantiles controlados o influenciadas por la izquierda.

 

 

            LA PROPUESTA COMUNISTA

 

            El Partido Comunista, que no había participado en la defensa del Chaco ni en el levantamiento de febrero, afloró de su clandestinidad en la que había expandido sigilosamente su control sobre los sindicatos obreros de la capital y del Alto Paraguay y trató de ganar un espacio dentro del nuevo orden. En una audición radial del 23 de febrero, Oscar Creydt propuso la formación de un "Frente Nacional Libertador", con participación del Partido Comunista, para apoyar al gobierno de Franco. Pidió el mantenimiento de las restricciones sobre Eusebio Ayala y que se evitara toda medida contra los comunistas "que lealmente se disponen a sostener el Gobierno Revolucionario". Advirtió que "cualquier paso en el sentido de desnaturalizar el sentido revolucionario del Gobierno, sometiéndolo al dictado de determinado partido, viejo o nuevo, conduciría a enajenar las simpatías del pueblo". "Confiamos, reiteraba, que el coronel Franco no se dejará desviar".62

            Ante las medidas dispuestas con el Decreto 152, el Partido Comunista decidió hacer una demostración de fuerza y convocó a principios de mayo una huelga general que fue violentamente reprimida. Fueron apresados Francisco Gaona, Secretario General de la Confederación Nacional de Trabajadores, Oscar Creydt, Tomás Mayol, José Luis Nicora, junto con otros dirigentes obreros y estudiantiles de izquierda y remitidos a Peña Hermosa o deportados. La represión de los dirigentes fue seguida de un férreo control policial de las actividades sindicales y obreras.

 

 

            LA CRISIS DE GABINETE

 

            En medio de la crítica generalizada al Decreto 152 y con la fuerte presión del Ejército, hacia mediados de mayo Franco decidió eliminar de su gabinete a su Ministro del Interior, a su hermano, el Ministro de Hacienda, y también a Jover Peralta, que fue designado a una representación diplomática ante Colombia, Cuba y México.

            Se desató entonces una pugna entre Caballero y Stefanich. Mientras Caballero presionaba porque las vacancias fuesen llenadas con miembros del Partido Colorado, Stefanich pedía los cargos para miembros de la Liga Nacional Independiente.

            Argumentaba Caballero que la revolución y el Gobierno necesitaban de apoyo popular para consolidarse y que solo el Partido Colorado, único núcleo político de masa, revolucionario en sus planteos, organizado sobre una arraigada tradición y militancia en torno de un ideario político definido, podría darle ese apoyo. Stenfanich, por su lado, advertía el peligro de la absorción de la conducción política por un partido tradicional que opacaría la proyección revolucionaria del Gobierno y la figura y los méritos de su líder indiscutido, el coronel Franco. Sostenía que el Gobierno tenía amplio apoyo popular y que solo hacía falta organizarlo y estructurarlo. Para ello proponía la creación del Partido Nacional Revolucionario bajo la presidencia del Cnel. Franco, que cumpliría los objetivos previstos en el Decreto N° 152.

            Caballero, por el contrario, insistía en que un partido no se improvisaba y menos que pudiera ser organizado por decreto. Que aun en Alemania e Italia, el triunfo del nazismo y del fascismo, que se quería imitar en el país, había tenido origen en movimientos populares que ascendieron al poder por la vía democrática. Y aun más, que las situaciones eran completamente diferentes e irreproducibles. Lo destacaría una publicación colorada de la época, que, abordando el tema, señaló lo siguiente:

            "El movimiento de Febrero no es semejante ni presenta analogía material ni espiritual con los movimientos fascista y nazista; y el haber querido encontrar tal analogía no es sino una prueba de la miopía de ideología político-social de sus autores, y un resabio del sentimiento de SERVIDUMBRE y SERVILISMO de la clase intelectual que después de la derrota del 70 no ha sabido romper las cadenas que nos impusieron los vencedores. El movimiento de Febrero fue un fenómeno típicamente nacional, producto fatal de la realidad político-social emergente de la guerra triunfante contra Bolivia.

            "El Paraguay del año 36 es en todos los órdenes distinto de la Italia fascista del año 22 y de la Alemania derrotada y encadenada de los años 18/32; y esta realidad nuestra no puede dar nacimiento ni sostener un régimen totalitario.

            "Desde el punto de vista de la psicología nacional, el espíritu paraguayo no es adecuado a la organización totalitaria, disciplinada, uniforme, apostólica que exigen los regímenes fascista y nazista. La autonomía espiritual es una característica esencial del paraguayo, aun en las capas más inferiores e incultas; esta autonomía se ha mostrado en toda su fuerza en la guerra pasada. El paraguayo, en bien o mal suyo, no admite el endiosamiento de ningún héroe militar, civil o político. Hasta el mismo Dios católico, y los santos y las vírgenes de su devoción no están exentos de su crítica sarcástica; cuánto más lo serán los simples mortales, que se presentan con aires de mesiánicos.

            "El nativo no sigue a su caudillo a ciegas, sino con un ojo avizor buscando sus debilidades, y no "LE RESPONDE" sino en cuanto éste responde a sus exigencias éticas. Aparte la historia pasada, estos seis meses últimos son una comprobación de esta nota de carácter colectivo.

            "El Decreto 152, imponiendo la totalización del credo político del pueblo, ha sido contraproducente. Tal intento de imposición ha traído como consecuencia inmediata la rebeldía espiritual contra el partido totalitario, que acaso pudo nacer y afirmarse espontáneamente, pero que impuesto por la fuerza hubo de malograrse para siempre. Su efecto ha sido el renacimiento y la reafirmaci6n de los viejos credos políticos".63

            La Legación Americana en Asunción informó como sigue respecto a esta confrontación:

            "Durante las pasadas semanas, las actividades gubernamentales han estado virtualmente paralizadas en todas las líneas con excepción de aquellas relacionadas con la situación política interna. La posición del Gobierno es muy confusa: aparentemente un enfrentamiento muy serio se ha registrado en el Gabinete entre el Dr. Bernardino Caballero, Ministro de Agricultura e interino de Hacienda, y el Dr. Juan Stefanich, Ministro de Relaciones Exteriores e Interino de Guerra y Marina. Los partidarios del primero acusan que el Dr. Stefanich, a través de la Liga Nacional Independiente, está intentando predominar en el Gobierno, mientras que los partidarios del Dr. Stefanich acusan que el Dr. Caballero está trabajando para asegurar su control por el Partido Colorado. No existen por el momento indicaciones de quién va a prevalecer, pero es muy probable que uno de ellos o los dos van a dejar el Gabinete".64

            Ante esta confrontación, Franco consultó con el Ejército la posibilidad de incorporar a su gabinete representantes del Partido Colorado. Hubo allí acuerdo para que dos o tres ministerios fueran ocupados por representantes de ese partido. En el Ejército existía un interés manifiesto por neutralizar o contrarrestar la gravitación de Stefanich y se pensaba que la presencia de personas con otras ideas y actitudes cumpliría esa función. A pesar de ese apoyo militar, Franco se decidió en favor de Stefanich. Era Franco un hombre de patriotismo acendrado y de honradez acrisolada. En estos aspectos, su vida personal y su conducta pública resultan inmaculadas. Pero evidentemente no era un político avezado en el arte de gobernar, con capacidad para aunar y encauzar voluntades. Tenía carisma, pero el solo carisma no basta para reconstruir un orden perdido o para edificar uno nuevo. No sabía aglutinar y menos estructurar una conducción gubernamental. Para construir y gobernar, el puro carisma resulta insuficiente. Si no está acompañado de otros atributos, que Franco no alcanzó a mostrar, resulta en cierta forma el primer obstáculo para cualquier intento de edificación. Induce a pensar que basta la simple decisión de un conductor iluminado para que las cosas se hagan. Y con las buenas intenciones, así como con las puras ilusiones, nada efectivo se construye. Y un movimiento revolucionario que no construye y expande una base popular, está perdido. Termina devorado por sus inevitables luchas y contradicciones internas.

            Influenciado quizás por su formación militar, modelada en la subordinación y la disciplina, Franco no podía entender el gobierno sino fundado en la autoridad. Buscaba mandar antes que gobernar. No percibía la necesidad y los beneficios de un orden democrático y del debate abierto de opiniones encontradas que ayudan al pueblo a decidir y legitimar su destino. Era desdeñoso de los congresos y las deliberaciones y dispuesto más a escuchar a unos pocos consejeros de su confianza. Quería un gobierno eminentemente ejecutivo, práctico, realizador de obras, no un foro de debates y discusiones. Prefirió por ello la fórmula que creyó de la unidad antes que la diversidad, aunque esa unidad le significara un claro debilitamiento. Se decidió así por los hombres de la Liga, a pesar de su escaso aporte político. Los creía más manejables, más disciplinados y más ilustrados. Fue su gran error. El gobierno de una minoría sin base popular, por más ilustrada que fuera, solo puede sustentarse en el poder con el uso extremo de la fuerza. Y la sola fuerza puede servir para apuntalar temporalmente autocracias fugaces, que se agotan con el primer resplandor, pero no para construir una nación sólida y perdurable.

 

            EL RETIRO DE SMITH

 

            Al inicio mismo de la crisis y en desacuerdo con el nuevo rumbo que asumía la revolución, el coronel Smith, el director del golpe de febrero, pidió su retiro y se alejó del Gobierno.65 Las explicaciones que dio a sus subordinados sobre las causas de su alejamiento intensificaron el desasosiego que existía en las Fuerzas Armadas. El descontento se acentuaba en sus filas y se concentraba en contra de Stefanich, a quien responsabilizaban de la desnaturalización de los fines de la revolución y de la marginación del Ejército en el Gobierno.

 

           

 

 

            EL PARTIDO NACIONAL REVOLUCIONARIO

 

            Las vacancias fueron finalmente llenadas exclusivamente con hombres de la Liga. Y poco después, el Gobierno lanzaba una proclama instituyendo el Partido Nacional Revolucionario. El documento llevaba la firma de Franco y la de todos los miembros del gabinete, con la sola excepción de Caballero. Stefanich había informado a la Legación Americana que la proclama estuvo lista ya semanas antes y que su publicación fue demorada por la resistencia de Caballero, sobre quien se había hecho toda clase de presiones para que la firmara.66 Al divulgarse el documento, Caballero presentó su renuncia y fue remplazado por Guillermo Tell Bertoni, otro hombre de la Liga. Con esas designaciones, el Gobierno de la revolución se convirtió en el gobierno de la Liga, una minúscula agrupación cívica cuyos adherentes no pasaban de cincuenta personas. Con ese triunfo, Stefanich quedó convertido en el ideólogo único de la revolución y en el virtual primer ministro del Gobierno. Solidario con la renuncia de Caballero, Felipe Molas López presentó la suya al cargo de Intendente Municipal de Asunción que ocupaba. En el Gobierno quedaron Franco y las pocas figuras de la Liga. Y la gran incógnita era si el Ejército quedaba con ellos o a pesar de ellos.

            El nuevo partido era el tercero que se propiciaba desde el Gobierno. Los dos anteriores fueron promovidos por Freire Esteves y Jover Peralta, de orientación fascista el del uno y socialista el del otro. Ninguno de estos proyectos pudo materializarse por la falta de acuerdo del gabinete respecto a su ideario y sus fines.

            La nueva propuesta era la de un partido estatal con el que se llevaría a ejecución el Decreto 152 que dispuso la organización de un partido oficial sobre la base de su identificación con el Estado y la interdicción de toda otra asociación o actividad política no originada en el Gobierno. Con un manifiesto y una declaración de principios, redactados ambos por Stefanich, se fijaron su ideario y su programa. La revista colorada Guarania, el último baluarte superviviente del pensamiento libre, le hizo una crítica frontal que le valió poco después su clausura. De ella extraemos los párrafos siguientes que caracterizan el perfil totalitario del partido proyectado:

            "El partido estatal creado tiene una innegable trascendencia sobre los destinos de la revolución, del Estado y de la nacionalidad paraguaya: representa el primer acto concreto inequívoco de que el actual Gobierno provisorio se decide a embarcarse y embarcar a la nación en el régimen fascista. Su característica fundamental es, en efecto, la estatización del partido y la unificación legal del pensamiento político y jurídico de la república. Antes de ahora, si bien vigente el Decreto 152, su parte positiva de creación del órgano político estatal no se había llevado a la práctica. (...)

            "Aunque la DECLARACION DE PRINCIPIOS del partido estatal se halla marcada en su estilo por un eufemismo que busca hacerse grato a las tendencias políticas más opuestas, tratando de soslayar los problemas que puedan chocar con las ideologías liberal, marxista, fascista y conservadora en general, podemos extraer de ella las siguientes características:

            "a. FIN SUPREMO DEL ESTADO: la grandeza y prosperidad de la nación.

            "b. La UNION NACIONAL REVOLUCIONARIA se crea por imperio del poder público; "LA UNION DE TODOS LOS PARAGUAYOS ES UNA IMPOSICION DE LA HORA HISTORICA ; el partido asegurará "LA UNIFICACION POLITICA DE LA REPUBLICA" (se entiende que trata de la unificación político-partidaria, por cuanto no se vislumbraba siquiera en la república tendencias separatistas, regionalistas o federalistas); y el espíritu de "SOLIDARIDAD Y DISCIPLINAQUE CARACTERIZO A LOS COMBATIENTES DEL CHACO" ha de conservarse como una necesidad ineludible.

            "c. La DEMOCRACIA FUNCIONAL será el sistema de organización política.

            "d. "El bienestar social y nacional" condicionan la libertad y "el orden jurídico social y nacional", condicionan la igualdad.

            "e. Racionalización de la economía.

            "f. Estatización de "algunos bienes y servicios e industrias indispensables a la salud, bienestar y economía del pueblo", con la reserva que ella se estudiará oportunamente.

            "g. El partido "dictará el Código de los Derechos del Campesino y del Obrero", cuidará "con celo la salud física y moral de los habitantes"  ...y asegurará "la cultura de todos los niños, adultos, mujeres y ancianos".

            "h. El partido organizará la administración de los servicios públicos por medio de misiones técnicas (extranjeras) contratadas.

            "i. El partido orientará su POLITICA SOCIAL hacia la "defensa del hogar de la raza... la atención a la maternidad y a la niñez....y a la obtención de tierra propia y un mínimo de bienestar para la familia rural y trabajadora.

            "Adviértese ante todo el tono gubernamental y dictatorial que gasta el partido, que habla como poder soberano y supremo del Estado "dictará Códigos", "es una organización superior" y "enarbola la bandera nacional" como enseña partidaria. Identificación, pues, de Partido, Gobierno y Estado.

            "El ideal político sustentado de contratar misiones técnicas para la organización de los servicios públicos del Estado y Municipios es signo de una extremada humildad o conciencia de inferioridad, pues supone la confesión de impotencia para organizarla eficientemente con las propias fuerzas, confesión que riñe con el nacionalismo proclamado.

            "La tendencia a militarizar el partido y la nación (el fin fundamental del partido es "conservar y fortificar en beneficio de la paz, la organización, el espíritu y el programa que hicieron posible la defensa victoriosa de la nación") es una equivocada deducción. Se olvida que nuestro pueblo es civilista, y que la victoria del Chaco fue un fruto de la espontánea solidaridad nacional frente al peligro, y que fue el pueblo quien impuso al Gobierno la defensa, y que la organización disciplinada nació de la espontánea voluntad del pueblo en armas.

            "En general, ha de juzgarse como un bien político la formación del partido nuevo; el Gobierno define claramente su posición frente a las demás fuerzas revolucionarias, determina su orientación fascista, y con ello supera la confusión y heterogeneidad de ideas que marcaron estos siete meses de política difusa.

            "Así es que su primer efecto es el deslinde de las fuerzas políticas y sociales de la república: arriba en el Gobierno, la Liga Nacional Independiente, liberales y colorados expulsados de sus partidos, excombatientes liberales, y Unión Femenina; abajo, en posición revolucionaria, frente al partido estatal, el Partido Colorado, el obrerismo, la Unión Nacional de Intelectuales y Artistas, y los excombatientes colorados, y en posición neutra, expectante y de tensión nerviosa, las fuerzas de la industria, del comercio y la banca, y los católicos".67

            El coloradismo consideraba la fundación de un partido oficial, financiado con recursos del Estado, como un atropello a los principios democráticos y a la soberanía, del pueblo. Era evidente que los ideales democráticos no animaban a los hombres que querían orientar la revolución. Ya en la primera y fallida tentativa de constituir la Unión Nacional Revolucionaria se manifestó claro el pensamiento totalitario de la "democracia nacional" integrada en un partido estatal único. En el nuevo proyecto, Stefanich buscaba imponer sus ideas de la "democracia representativa y funcional" como base de la organización política del país. Esta original democracia estaría constituida por un partido único, integrado con la representación de las diversas clases profesionales y económicas de la sociedad. Los partidos tradicionales quedaban excluidos y proscritos. El partido y el Estado quedarían integrados con ese mecanismo por representaciones sectoriales en las cuales primarían los intereses del gran comercio, de la banca, de los grandes propietarios y minimizadas las de la pequeña agricultura y de la clase obrera que, siendo mayoría de la población, solo tendrían una representación nominal y minoritaria. Volvería el Gobierno a quedar bajo el control de los grandes intereses que la revolución decía haber querido eliminar. Así lo destacó el alegato de Guarania:

            "La democracia funcional se traducirá de hecho en la legalización del dominio de la nación por las grandes empresas extranjeras. Bajo el régimen liberal, dichas empresas dominaban explotando la venalidad de los gobernantes; ahora tendrán en las Cámaras tantos representantes como sus obreros. Y los de estos serán a su vez meros instrumentos de las aludidas empresas, en cuyos dominios jamás va a prosperar ningún sindicato que se resista a servir sin protesta los intereses del imperialismo extranjero. Al propio tiempo, el poder político de la clase agraria quedará anulado totalmente; las ciento veinte mil familias agricultoras del Paraguay no tendrán más capacidad electiva superior al centenar de latifundistas que retienen sin hacerlas producir vastas extensiones de la República. Los llamados "intereses superiores de la Sociedad y de la Nación", quedarán prácticamente confundidos con los intereses expoliadores del capitalismo extranjero, y por consiguiente "los atributos de independencia y libertad del ciudadano paraguayo" deberán ser condicionados al bienestar de las aludidas empresas".68

            "La democracia funcional supone la existencia de un partido totalitario. Es un instrumento técnico de que se vale una dictadura para integrar los organismos del poder público exclusivamente con miembros del partido gubernamental. Al despojar de todos los atributos de la ciudadanía a los adeptos de los partidos rivales y al colocar al ciudadano en función de un oficio por encima del patriota al servicio de un ideal colectivo y nacional, destruye al propio tiempo el sentimiento de patria y el sentimiento fecundo de la convivencia colectiva.

            "En el Paraguay, el mal se agravará singularmente a consecuencia de la estructura colonial de nuestra economía. Las empresas imperialistas, en sus dominios feudales, integrarán los sindicatos con elementos de fidelidad probada a sus intereses. Ya son actualmente un poder económico más poderoso que el Estado; y llegarán a convertirse, gracias a la democracia funcional, en un poder político incontrastable, pues, además de tener representación propia en el parlamento, controlarán las diputaciones de sus obreros. Y mediante este proceso, la Revolución, que estalló en nombre de la liberación económica del pueblo paraguayo, terminará dando término a la obra iniciada por el liberalismo, por convertir al país en feudo del imperialismo extranjero. Nada ni nadie impedirá que se cumpla el infausto vaticinio, si los intereses corporativos llegan a primar sobre los fines eternos e ideales de la nacionalidad".69

            Advertía además Guarania el mezquino objetivo político de la propuesta:

            "Se intenta constituir un nuevo partido para entregar el usufructo de la Revolución consumada por el Ejército con la colaboración eficaz y decisiva del Coloradismo, a la Liga Nacional Independiente y a sus aliados liberales, que no tuvieron la menor participación en el movimiento de febrero. Y en el contexto de su programa no se mencionan ni de paso los problemas angustiosos planteados por la crisis económica y financiera que apeligra el destino de la República.70

 

            Bastó esta demoledora crítica para que el proyectado partido oficial se frustrara. Se realizó poco después una convención fundacional en la que se constituyó su directiva. Quedó ésta integrada, en amplia mayoría, por la plana universitaria de los excombatientes. Estas designaciones traducían más un disenso antes que una solidaridad al planteo de Stefanich. Proyectaban el afán reivindicador de las aspiraciones preteridas de los excombatientes. La representación funcional de los sectores profesionales y económicos que propiciaba Stefanich, ni pudo ser planteada. A pesar del enorme esfuerzo desplegado luego, el nuevo partido no pudo movilizar mayor apoyo popular. Aun las fuerzas que apoyaban al Gobierno, como el Club 17 de Febrero y el Comité de Defensa de la Revolución, en cuya nómina figuraban calificadas personalidades identificadas con la revolución, como Rafael Oddone, Facundo Recalde y Oscar Pinho Insfrán, pidieron una mayor participación en la conducción política del país y reclamaron el derecho de discutir democráticamente el ideario, el programa y los estatutos del partido. Y sobre todo, rechazaron el principio totalitario de la democracia funcional como base de la organización del partido y del país.

            Poco después, Facundo Recalde, excelso poeta y Presidente del Comité de Defensa de la Revolución y de la Unión de Intelectuales y Artistas, el civil que articuló el comando militar de la revolución, el que gestionó y obtuvo la aceptación de Smith y la de su hermano Camilo para dirigir el golpe, el que suscribió el telegrama al Cnel. Franco para que regresara al país, fue llevado preso y recluido en la cárcel pública por sus manifestaciones en contra de las propuestas de Stefanich. El Gobierno se afanaba por aplastar las discrepancias. La prensa disidente fue clausurada o absorbida mediante la ocupación o la compra de sus instalaciones.71 Se perseguían no solo las opiniones escritas sino también los rumores y las murmuraciones. Por un edicto policial se estableció la pena de prisión para las personas que hicieran circular "noticias alarmistas o simplemente inconvenientes para la tranquilidad pública".72 Freire Esteves y Bernardino Caballero fueron apresados y deportados. El teniente coronel Francisco Caballero Alvarez, que había sucedido a Smith en el Comando del Ejército, fue separado de su cargo. La represión se desbordaba y buscaba afanosamente enemigos entre los que poco antes eran aliados y amigos. Arnaldo Valdovinos fue detenido y deportado por un editorial de El Diario que pedía una mayor representación de los excombatientes en la conducción política del país. Los sacerdotes Pouchet y Noutz del Colegio San José fueron apresados y deportados po haber dado refugio al coronel Bray en las instalaciones del colegio. Dirigentes colorados fueron apresados y confinados por sus críticas abiertas a la conducción política del país. En la vorágine de las grandes contradicciones, los verdaderos autores de la revolución del 17 de febrero fueron eliminados uno tras otro. Numerosos jefes y oficiales del cuadro permanente y de la reserva fueron remitidos a la prisión militar de Peña Hermosa. El Cap. de Av. Francisco Montanaro, el primer firmante de la proclama libertadora después de Smith y Recalde, fue apresado y pasado a retiro. "Todos los militares de la primera hora fueron desplazados", evocará con hondo resentimiento el coronel Smith.73 Era el principio del fin. Como diría López Decoud, la hora del vértigo, que precede a la caída, comenzaba.

            Pero interrumpamos temporalmente la relación del proceso de descomposición política que luego provocaría la caída del Gobierno, para analizar sus realizaciones.

 

 

            LA POLÍTICA ECONÓMICA DE LA REVOLUCIÓN 

           

            A pesar de sus agudas contradicciones internas y de su muy corta permanencia en el poder, la revolución de febrero determinó cambios fundamentales en la estructura y funciones del Estado y en los objetivos y medios de la gestión oficial. A diferencia del estado gendarme del liberalismo, el Gobierno revolucionario fue constituido con la finalidad expresa de intervenir en la economía y extender su acción para resolverlos grandes problemas sociales y económicos que acuciaban a la población. Integrado en su gran mayoría por abogados sin mayor formación económica, la preocupación fundamental del gabinete fue el cambio del marco legal limitativo de las facultades del Estado.

 

 

            EL MINISTERIO DE AGRICULTURA

 

            Apenas constituido el Gobierno, se creó el Ministerio de Agricultura para "el cuidado de todos los intereses relacionados con la economía nacional".74 Se le asignaron las funciones y reparticiones correspondientes al anterior Ministerio de Economía. Se creó luego la junta Reguladora de Precios, con facultades para "establecer precios máximos al comercio de artículos de primera necesidad", y aplicar sanciones monetarias a los contraventores, que debían hacerse efectivas sin recurso alguno.75 Con ello, el Gobierno quedó habilitado para intervenir en la regulación de los precios de los bienes producidos y comercializados en el país. Se asignó además al Ministerio la conducción de la agricultura, la ganadería, la industria, las obras públicas y la organización de las estadísticas nacionales.76 Poco después, la Junta Reguladora de Precios fue transformada en la Dirección de Industria y Monopolios, con facultades ampliadas no solo para regular e intervenir en las actividades industriales y comerciales, sino también para ejercer actividades productivas y de comercialización en condiciones de monopolios del Estado.77

            Para regular y normalizar el abastecimiento de carne a la capital, fue creada la Oficina de Proveeduría de Carnes ,78 con facultades de monopolio en la compra de ganado en pie y el faenamiento destinado al consumo de la población asuncena. Se declaró para el efecto oficializada la proveeduría de carne a la población civil de la capital. El Ministerio inició luego la organización del Congreso Ganadero que alcanzó a llevarse a cabo ya después de la caída del gobierno de Franco. Tenía por objeto abordar los problemas del sector ganadero y la búsqueda de soluciones para incrementar su productividad y rentabilidad. Era el primero que se realizaría en los últimos 30 años.

 

 

            EL MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA

 

            Para la atención de la salud pública en todo el territorio de la nación, se creó el Departamento General de Salubridad y de Higiene Públicas,79 que fue transformado al poco tiempo en el Ministerio de Salud Pública.80 Quedaron centralizados bajo su dirección todos los servicios públicos de salubridad, asistencia e higiene, con excepción de la Sanidad Militar. Poco después se organizaban el primer programa nacional de control de la mortalidad infantil y los primeros centros de asistencia a la maternidad.

            Entre las realizaciones más trascendentes de la revolución deben destacarse la creación del Departamento Nacional del Trabajo y la Ley de Reforma Agraria.

 

 

            LA POLÍTICA LABORAL

 

            El Departamento Nacional del Trabajo fue inicialmente concebido como el órgano director del nuevo movimiento obrero que debía apoyar al Gobierno de la Revolución. Su creación fue por ello parte del Decreto 152, que definía la filosofía del Gobierno de la revolución y creaba el partido oficial. Con la caída de Freire Esteves, ese enfoque quedó abandonado. Por Decreto 2003, del 24 de junio de 1936, se definieron sus funciones como las de un organismo encargado de dirimir y prevenir los conflictos obreros y de velar por la vigencia de normas laborales más justas que quedaban consagradas. Con el mismo decreto se instituyeron la jornada legal de ocho horas, el pago en dinero efectivo de los jornales, indemnizaciones por accidentes de trabajo, la reglamentación del trabajo de mujeres y niños, la prohibición del trabajo nocturno de los menores y el servicio permanente de inspección y vigilancia de los establecimientos industriales y comerciales para velar por el cumplimiento de las leyes relativas al trabajo y al trato de los obreros. Se estableció además el principio del derecho del obrero a un salario justo, aunque no se alcanzó a sancionar y aplicar el salario mínimo.

            Consagró así la ley un avanzado marco de protección al trabajador y a las actividades laborales. Pero al mismo tiempo, con el argumento de combatir el comunismo, aplicó el Gobierno un riguroso y arbitrario régimen de represión de las actividades sindicales. El derecho a la huelga fue violentamente combatido. El comunismo fue declarado fuera de ley. Los que realizaran actividades calificadas de comunistas debían ser sometidos a la justicia ordinaria y condenados de dos a cuatro años de prisión. Se facultó al Gobierno a detener a los sospechosos y a confinarlos o deportarlos sin necesidad de juicio alguno.81 Y como toda actividad sindical era considerada actividad comunista, todos los dirigentes obreros del país quedaron expuestos a esa draconiana sanción. Al igual que el régimen anterior, el Gobierno revolucionario aplicaba todos los recursos a su alcance para aplastar los reclamos laborales. Ante una huelga de obreros ferroviarios, se dispuso la movilización de todo el personal de la empresa y su sujeción a la autoridad y disciplina militares.82 Con esas medidas, el régimen de protección laboral se convirtió en un instrumento de control autoritario y despótico. La persecución a las actividades sindicales fue implacable. Las libertades y aspiraciones laborales fueron sistemáticamente sojuzgadas y avasalladas. Con todo, quedaron instituidas en la legislación nacional la facultad del Estado para regular las relaciones obrero-patronales y una serie de principios protectores del trabajo asalariado que marcan el inicio de la legislación laboral      en el país y la ruptura del régimen de complicidad pro patronal de los gobiernos anteriores.

 

 

 

            LA REFORMA AGRARIA

 

 

            La presencia de Caballero en el gabinete llevó el aporte de sus largos estudios del problema agrario del país, realizados en Alemania y en las filas del Partido Colorado. El Decreto Ley 1060 del 5 de mayo de 1936 de su autoría, consagra en la legislación nacional los principios fundamentales de la reforma agraria, que contempla no solo la distribución más justa de la propiedad de la tierra, sino también la asistencia social, crediticia y educativa, para la solución del problema agrario y para dotar al hogar campesino de condiciones adecuadas para su estabilidad y su bienestar.

            Basada en el anteproyecto de ideario presentado conjuntamente con Natalicio González al Partido Colorado, la nueva ley buscó la destrucción de los grandes latifundios y el acceso a la propiedad de la tierra del trabajador rural. Para la reestructuración agraria del país consagró el principio básico de que la tierra es de quien la trabaja."Con la destrucción del monopolio de la tierra, decía uno de los considerandos del decreto, ésta dejará de ser objeto de especulación y retornará a la posesión del pueblo que la trabaja y la hace producir".

            Consagró además el nuevo estatuto el principio de la limitación del derecho de propiedad agraria y la facultad del Estado de intervenir en la redistribución de la misma, como condición de la nueva estructura social y económica orientada a la intensificación de la producción agrícola. "El aumento de la producción, decía el mismo considerando, tiene que ser el resultado del arraigo del trabajador en la tierra que cultiva, mediante la creación de la pequeña y mediana propiedad. La multiplicación de la propiedad no solo es condición del aumento de la producción y del trabajo, sino que, al dar estabilidad al hogar, convierte a éste en núcleo vivo de la nacionalidad, en elemento constitutivo de los sentimientos de familia y de patria".

            Se buscaba restaurar a la tierra sus dos funciones básicas, de morada de la raza y de factor de la producción. La proliferación del latifundio había anulado el usufructo racional del suelo para esos fines, convirtiéndolo en un objeto de especulación. Y con esa desnaturalización de la función de la tierra, decía el considerando, se habían extinguido "el sentido de la responsabilidad, que es creación del trabajo, y el amor a la patria, que constituyen una fuerza aglutinante de la nacionalidad que perdura por la consolidación del hogar". Solo el 5% de la población gozaba de los beneficios de la propiedad. El 95% restante no tenía casa ni tierra propias. Eran simples parias en su propia nación. Y esa marginación institucionalizada de la gran mayoría de la población determinaba el desplazamiento continuo de los hombres de trabajo hacia países que ofrecían una mayor justicia social y económica en sus actividades.

            Apuntaba la ley, en una primera instancia, incorporar a la producción agrícola 2.000.000 de hectáreas, una superficie equivalente a aproximadamente ocho veces el área entonces cultivada en el país. Era la primera vez que la legislación nacional asignaba una meta específica por ser lograda en un plazo inmediato. Las tierras expropiadas debían ser divididas y distribuidas en parcelas de 10 hasta 100 hectáreas y vendidas al agricultor con plazos de hasta 15 años. Todo paraguayo, hombre o mujer, que personalmente pudiera dedicarse a faenas rurales, tendría derecho a obtener en propiedad un lote de tierra, que, sometido al trabajo, le rinda lo suficiente para cubrir las necesidades de su subsistencia y la de su familia. Para evitar su ulterior transformación en minifundios, las parcelas de 10 a 25 hectáreas quedaban sujetas a un régimen especial de sucesión que no llegó a reglamentarse.

            Para la ejecución del programa se creó el Consejo de Reforma Agraria y se afectaron recursos impositivos especiales para su financiamiento.

            Se dispuso la reforma de los planes de educación de la población rural. Se declaró obligatoria la enseñanza de los rudimentos de la agricultura en todas las escuelas de la república. Se crearon además cinco escuelas agrícolas regionales con asiento en Villarrica, Encarnación, Pilar, Concepción y San Juan Bautista de las Misiones, y una escuela agrícola de nivel secundario con sede en la capital.

            Al mismo tiempo se encomendó al Banco Agrícola el fomento y la racionalización de la producción agrícola. A ese efecto debía determinar la demanda de los mercados interno y externo para precisar los productos y la cantidad de los mismos que debían ser cultivados. Debía, además, el Banco intervenir en el mercadeo para que los productos agrícolas pudieran llegar lo más directamente posible del productor al consumidor y promover la formación de cooperativas de producción agrícola, así como de toda asociación de agricultores tendiente a la defensa y protección de sus intereses.

            Al amparo de esta ley, el Gobierno de la revolución llegó a expropiar y distribuir, en el primer año de su vigencia, cerca de 90.000 hectáreas, que beneficiaron a cerca de 10.000 familias. No fue una solución, pero sí un comienzo auspicioso, que lastimosamente no tuvo continuidad. Ya con el cambio de Bertoni por Caballero hubo una ruptura significativa. Mientras Caballero apuntaba a la solución de la estructura productiva del sector, al aumento de la dimensión de los predios, al incremento de su productividad y de su capacidad para sustentar adecuadamente a la familia que la trabajaba, Bertoni un perito agrónomo formado en la escuela agrícola vocacional que organizó su padre en el Jardín Botánico, concentró su atención en las plantas, en la calidad de las semillas, en el uso oportuno de insecticidas, en las prácticas de cultivó y de carpida, descuidando los objetivos básicos de la reforma estructural del sector. Fue un cambio fundamental. En tanto que el uno apuntaba a la transformación del sector agrícola mediante la eliminación de sus extremos negativos, el latifundio y el minifundio, y la multiplicación y consolidación de la pequeña y mediana propiedad, el otro se preocupó por la cuantía y calidad de la próxima cosecha.

 

 

            EL BANCO DE LA REPÚBLICA

 

            El cambio de gobierno se produjo en momentos de fuertes expectativas e incertidumbres cambiarias que debían resolverse para sentar las bases y precios de la cosecha de algodón por iniciarse. Ante esa situación las nuevas autoridades procedieron a suspender las operaciones de la Oficina de Cambios que mantuvo sus puertas cerradas al público durante toda la semana siguiente. En el ínterin se creó el Banco de la República del Paraguay, que asumió las funciones y el patrimonio de la antigua Oficina de Cambios.83 La intención del Gobierno era que el nuevo organismo entrara a combatir la inestabilidad y la fuerte especulación que dominaba el mercado de cambios. A pesar de esa preocupación, el nuevo banco fue estructurado como un banco comercial y no con atribuciones y funciones de un banco central. Tampoco se consideró la necesidad de una ley que regulara las funciones y operaciones de los bancos comerciales. Se estableció así una estructura bancaria a todas luces incompleta, que le restaría toda eficacia al accionar del nuevo organismo. Se repetía la misma experiencia negativa de la Oficina de Cambios. Y para mayor error, se adoptó esta vez el nombre de un banco comercial privado que fue símbolo del abuso del virtual monopolio crediticio con que se le había investido y que años antes había cerrado sus puertas por dificultades financieras. Explicó al respecto el propio Banco en ocasión del primer aniversario de la revolución:

            "El Decreto Ley 11 del 22 de Febrero de 1936 creó el Banco de la República en sustitución de la Oficina de Cambios, que transfirió su activo y pasivo a la nueva entidad. Se trata más bien de un simple cambio de nombre, que en realidad corresponde al carácter de la institución como Banco del Estado. Preferible hubiese sido evitar una confusión con el Banco de la República desaparecido, dando otra denominación al nuevo organismo, y no la del extinguido Banco, cuya absorbente política bancaria se procuró precisamente neutralizar con la creación de la Oficina de Cambios. (...)

            "Creado el Banco en circunstancias azarosas, vino a constituir desde el primer momento, al igual que la extinguida Oficina de Cambios, la base de la organización económica, financiera y monetaria del país, y a prestar a éste, por consiguiente, servicios de invalorable trascendencia y verdadera eficacia. (...)

            "Ahora el Banco, aparte de ser un banco de crédito comercial e industrial, tiene las funciones de Banco Central, sin hallarse dotado de los medios ni de los estatutos que le permitan desenvolverse como tal. A su cargo se halla la atención de problemas vitales del país. En primer término y en su carácter de instituto regulador del cambio, que fue el motivo principal de su creación. (...) la cuestión del tipo de cambio, que ha tenido que ser nuestra preferente consagración. Luego la estabilidad monetaria (...) cuyos beneficios (...) son muy grandes en cuanto regulariza todos los negocios asegurando la relación de los valores. Pero (...) problemas de esta naturaleza no se solucionan con solo las intenciones.

            "Ha llegado el momento de ser indispensable la creación del Banco Central de emisión, cuya estructuración sea semejante a sus similares, con algunas modalidades nuevas derivadas e impuestas por exigencia de nuestro ambiente. Será el mecanismo financiero, monetario y bancario con poderes eficientes para servir ampliamente las necesidades del país. A su cargo estará la política de regular la circulación monetaria, detener la especulación, y encauzar todas las actividades de la Nación por la senda de la estabilidad y seguridad de modo que pueda afluir el capital extranjero al Paraguay sin miedo de las pérdidas que podrían sobrevenir debido a la depreciación de la moneda".84

            El nuevo banco abrió sus puertas el 25 de febrero siguiente. En medio del desconcierto, entró a vender en el mercado pesos argentinos al cambio de 61$ para pago de las obligaciones comerciales de los importadores.85 Aun cuando no hizo ningún anuncio formal al respecto, el Gobierno se había decidido por el cambio libre. Dejó de aplicar la expropiación de divisas a un tipo oficial sobrevaluado y unificó el mercado de cambio. En adelante la plaza debía operar con una sola cotización cambiara y con un solo mercado. Las transacciones cambiarias fueron concentradas en el sistema bancario para rodearlas de seguridades mayores. El banco de la República y los bancos de plaza fueron habilitados para realizar con exclusividad la compraventa de divisas extranjeras y se prohibió toda transacción cambiaria entre particulares.86 Los que violaren esta norma quedaban sujetos a penas de prisión. La denuncia de las violaciones fue declarada de acción popular y se facultó a todas las personas que tuvieran conocimiento de las mismas a realizar las denuncias correspondientes ante las autoridades policiales y judiciales.

            Resultaba contradictoria la medida porque en un mercado libre de cambios, la cotización cambiaria es determinada por las fuerzas del mercado y en un ambiente inflacionario como el que imperaba en el país, la moneda extranjera se vuelve inevitablemente una mercancía de valor fuertemente volátil. Con la demanda desbordada de cambio que en la plaza determinaban la salida de capitales y la conversión de activos líquidos, el Banco vio pronto agotarse sus limitadas reservas y no pudo ya contener la suba del cambio que en poco tiempo sobrepasó el nivel de 72 pesos.

            Para contener este proceso el Gobierno procuró restablecer la expropiación cambiaria a un nivel extremo. En efecto, el 3 de marzo siguiente, en medio de la cosecha algodonera, el Gobierno dictó apresuradamente el Decreto número 100, facultando al Banco de la República a expropiar hasta la totalidad del valor de las exportaciones. El tipo de cambio de expropiación no debía exceder del 15% en menos del tipo de cambio de venta del Banco de las respectivas divisas.

            La medida produjo una confusión caótica en el mercado que paralizó el levantamiento y la comercialización de la cosecha del algodón por la incertidumbre que produjo con relación al futuro del cambio. La Legación Americana creyó descubrir en ella una maniobra financiera del Gobierno para obtener ganancias en el mercado de cambios. Explicó al respecto al Departamento de Estado:

            "Bajo las nuevas disposiciones, un embarque valorado en 1.000 pesos argentinos produciría al exportador 51.000 pesos paraguayos, esto es, 15 por ciento menos que la tasa de venta de cambio del Banco para el peso argentino, o 51 pesos por peso argentino. La cotización del mercado abierto es de aproximadamente 75 pesos paraguayos por peso argentino, de modo que el exportador recibiría solamente 675 pesos argentinos si tratara de comprar pesos argentinos en el mercado abierto. Esto le significaría una pérdida de aproximadamente el 30 por ciento, y lo dejaría además expuesto a las sanciones establecidas por transacciones ilegales. Aun cuando los exportadores están autorizados a recibir pesos argentinos a la tasa de 60.50 contra los documentos comerciales de compra de artículos para importación, en la práctica, sin embargo, solo reciben del 25 al 35 por ciento del valor efectivo del documento. Y para más, a los importadores no les está permitido aumentar suficientemente los precios para cubrir sus pérdidas por cambio. El Gobierno ya ha deportado a varios corredores de cambio por sus operaciones ilegales.

            "El Consulado informa que el Gobierno posiblemente va a recibir 11.000.000 de pesos argentinos por las exportaciones de algodón solamente. Esto le significará una ganancia de unos 100.000.000 de pesos paraguayos por concepto de diferencia de cambio. Esta ganancia se supone que será usada para retirar dinero de la circulación de modo a prevenir nuevas depreciaciones del peso paraguayo".87

            Pero la verdad es que la medida no fue sino un manotón    desesperado que muy pronto tuvo que ser dejado sin efecto. Transcurridos apenas diez días, el Gobierno se vio obligado a suspender su aplicación. Simultáneamente y buscando restablecer la calma en la plaza, por Decreto N° 221, del 13 de marzo siguiente, restableció "la libre operación de divisas monetarias extranjeras" a condición de que ellas se ajustaran estrictamente al tipo de cambio que establezca el Banco de la República. No obstante este intento de reparación, el daño quedó consumado. El tipo de cambio aceleró su ritmo ascendente y sobrepasó pronto el nivel de 9.000 pesos, con tendencia a aproximarse o a pasar los 10.000 pesos por cien pesos argentinos. Ante esa inquietante situación, el Gobierno decidió el cambio del directorio del Banco y apeló a los servicios de un antiguo liberal, el Sr. Alfredo J. Jacquet, que después de la muerte de Eligio Ayala había asumido la conducción monetaria del gobierno de Guggiari. Explicó él en su memoria el difícil panorama que le tocó enfrentar:

            "Descartada toda duda respecto de la estabilidad del Banco, la cuestión del tipo de cambio ha tenido que ser materia de nuestra preferente consagración. Había repuntado al 91.50, cuando nos hicimos cargo de la Dirección del Banco. El estudio completo de nuestros medios de acción y los factores que concurren a tejer la trama de los cambios, nos convencieron que habría de resultar vano el empeño que hiciéramos por mejorarlo, como le resultó al Directorio anterior no obstante los esfuerzos realizados por mantenerlo al 75. Nuestros medios de acción habían quedado debilitados después de la venta de moneda argentina que hizo el Banco en las varias semanas de funcionar la Bolsa en junio y los factores naturales eran todos adversos: falta de exportaciones y por tanto de divisas; bajante extraordinaria del río; rumores de paro general de trabajadores, que creaban un ambiente de incertidumbre y desconfianza.

            "Debido a las circunstancias expuestas, no era dable alimentar otro programa que el de evitar que el tipo de cambio empeorara todavía más, que habría hecho asaz intolerable la vida. A realizar ese programa se encaminaron nuestros esfuerzos, programa que no era, dicho sea de paso, tan fácil como pudiera creerse a primera vista. Pugnaba constantemente el cambio por alcanzar el diez mil.

            "Con placer lo consignamos: pudimos amarrar el cambio al 91.50 a excepción de poquísimos días, los tres o cuatro primeros de octubre, en que la ciudad fue patrullada por fuerzas del Ejército y durante los cuales el papel argentino llegó a cotizarse en plaza al 94 y 95.

            "Durante setiembre, octubre y primera quincena de noviembre, se consiguió, por consiguiente, una estabilización de hecho en torno del 91.50. Apenas tres meses nos separaba de la próxima cosecha que habría de ser magnífica.

            "Era justo que dicho tipo de cambio sirviese para ajustar a él los precios de los productos agrícolas en la hora de la liquidación ya que con ese tipo, aparte de otras razones, se ha llegado, puede decirse, en las vísperas del levantamiento de la cosecha. Al servicio de esta noble causa beneficiosa para los agricultores, pusimos el más especial interés y el concurso financiero del Banco.

            "Pero he aquí que al comenzarla primera quincena de noviembre, sentimos la sensación de que el cambio tendía a la baja. Y luego la convicción de una decidida y fuerte presión. No debíamos empeñarnos a fondo, pretendiendo mantener el cambio al 91. Pero hicimos lo que estábamos obligados a hacer en beneficio de todos los intereses comerciales e industriales; que la baja se produzca lenta y paulatinamente a fin de ocasionar el menor trastorno y perjuicio de los negocios (por) el curso de las oscilaciones.

            "Después de meditar debidamente, resolvimos obstaculizar seriamente el descenso del cambio por debajo del 80.68

 

 

            EL INTERVENCIONISMO ESTATAL

 

            Con estas medidas, las funciones y atribuciones del Estado fueron considerablemente expandidas. El Estado quedó habilitado para intervenir en las actividades económicas. Pero la mera intervención gubernamental no significa necesariamente la solución de los problemas abordados. Es apenas una herramienta cuya eficacia depende del uso que se haga de ella. De la misma forma que un bisturí, en manos de un cirujano es una herramienta salvadora, en manos de un asesino es un instrumento criminal. Y la dimensión inorgánica y contradictoria que el Gobierno le dio a la intervención iniciada fue el factor decisivo que conspiró contra su eficacia.

            La intervención gubernamental no tuvo una definición clara de sus intenciones y objetivos. Transmitió con ello una ola de inquietudes e inseguridades a los agentes económicos, principal mente al comercio, a la industria y a la banca, que se apresuraron a tomar sus precauciones para defender sus patrimonios y sus intereses. Desató en la plaza una fuerte fuga de capitales y un retraimiento generalizado de las actividades productivas y comerciales que disminuyó la oferta de bienes y servicios, aumentó extraordinariamente la demanda de cambios y acentuó el ritmo inflacionario.

            El Gobierno de la revolución fue un gobierno idealista, lleno de buenas intenciones y de nobles propósitos. Pero careció de la capacidad necesaria para llevar a cabo esos anhelos. Quiso reparar, de una sola vez, todas las injusticias y todas las necesidades postergadas de la población. Y con ello solo logró atascar el desenvolvimiento ordenado de la economía y acentuar el agudo déficit fiscal y el intenso proceso inflacionario que ya minaban y entorpecían el esfuerzo productor. Demasiadas cosas se quisieron encarar al mismo tiempo sin prevenir sus inevitables consecuencias. Y la economía es una sensible caja de resonancia particularmente susceptible a la inseguridad y la incertidumbre.

            La transformación de la estructura productiva, la expansión de los servicios públicos, el mejoramiento de los servicios sanitarios y educativos, el aumento de sueldos y salarios de los empleados públicos y privados, el incremento de las pensiones de los veteranos y de los deudos de los fallecidos en la guerra, los ascensos y los aumentos de sueldos de los militares, la ejecución de obras públicas demandaban todos gastos e inversiones que debían ser financiados y su enorme cuantía, que rebasaba las posibilidades del menguado sistema impositivo del país, escapo a la consideración y al entusiasmo de los conductores de la revolución. Y sin un financiamiento adecuado, esos proyectos y programas no pasaban de buenas intenciones, de iniciativas que no podrían tener realización y menos continuidad. Su ejecución, sin financiamiento apropiado, resultaba una enorme irresponsabilidad financiera. Ya sin ellos el déficit era considerable y con ellos, se convertía en una carga exorbitante que aumentaba el desequilibrio fiscal y aceleraba la inflación. El sistema monetario no podría soportar una presión semejante sin descargar sus efectos sobre el nivel de los precios y del cambio. En esas circunstancias eran beneficios que paradójicamente producían perjuicios enormes al intensificar la suba acelerada de los precios y la erosión acumulativa de los ingresos de toda la población.

            Paralelamente a esta política expansiva del gasto público, el Gobierno se embarcó en una intensa campaña de represión de la suba de los precios. Alentaba el abaratamiento general del costo de vida de todos los habitantes del país. Para el efecto implantó el control de precios de los artículos de primera necesidad y la fijación administrativa de los mismos. Trató de aplastar la especulación comercial con una rigurosa represión administrativa y popular. La calificó de delito punible con sanciones monetarias que debían satisfacerse sin recurso alguno.89 Se organizó al mismo tiempo la cacería de especuladores declarándola de acción popular. Decretó además el congelamiento de los alquileres por el término de un año.90 Ante estas medidas, al comercio le entró pánico y comenzó la ocultación de inventarios, la retracción de las ventas para evitar la conversión de mercaderías a un dinero que se depreciaba continuamente y la postergación de importaciones de mercaderías que no iban a poder venderse libremente.

 

 

            LA POLÍTICA INDUSTRIAL

 

            Si en el sector comercial y financiero las incertidumbres se hicieron dominantes con todas esas inseguridades, en el sector industrial la situación era aun más tensa.

            Tanto en Alemania como en Italia, cuyas experiencias el Gobierno buscaba imitar, el Estado buscó la reactivación y el desarrollo industrial, junto con la ejecución de grandes obras de infraestructura para inducir la             recuperación de la economía afectada por la recesión y reducir el agudo desempleo que agobiaba a la población. En el Paraguay, en cambio, el Gobierno de la Revolución, pese a los planteos de Caballero y con la influencia dominante de los hombres de la Liga, no apuntó a la diversificación de la estructura productiva del país para expandir su capacidad industrial y aumentar el ingreso y la ocupación de la población. Procuró más bien, un reparto más equitativo de los beneficios generados por la actividad económica. La gran preocupación era una mayor justicia social y, a través de ella, un mejoramiento en las condiciones de vida de los sectores de bajos ingresos.

            Con la influencia de las ideas socialistas de Jover Peralta, el sector industrial fue considerado el gran enemigo del proletariado y por consiguiente de la revolución, sin reparar que la expansión industrial y la reforma agraria eran los únicos medios al alcance del Gobierno para crear nuevas fuentes de ocupación que pudieran absorber el exceso de población que el sector rural continuamente descargaba hacia los centros urbanos.

            Con su política de fijación de precios reducidos y los aumentos de salarios decretados, los costos de producción del sector se elevaban y los márgenes de beneficios se comprimían, cuando no desaparecían. Presionado por esta circunstancia negativa, la actividad industrial del país se retrajo, al igual que la del comercio, reduciendo no solo las oportunidades de empleo, sino también la oferta de bienes que presionaba por la mayor suba de los precios.

            Y como en economía lo uno trae lo otro, la suba de los precios determinaba la continua movilización obrera en procura de nuevos aumentos de salarios. Proliferaban las huelgas y con ellas se intensificaban la represión y la violencia policial. La represión obrera llegó en poco tiempo a extremos inauditos. En medio de ese duro y arbitrario asedio fueron asesinados los sindicalistas Ramírez y Humberto Solaro, cuyos cadáveres aparecieron flotando en las aguas del río Paraguay.91

 

 

 

            EL COLAPSO FINAL

 

            A pesar del deterioro de la economía y del fuerte reclamo social que se generalizaba, con los sucesivos triunfos logrados sobre los demás miembros del gabinete, Stefanich se sintió poderoso y con horizontes abiertos para sus planes políticos. Miraba a su alrededor y ya no encontraba contendores de su estatura con quienes lidiar. Los liberales estaban todos desterrados, los colorados perseguidos, los comunistas fuera de la ley, los revolucionarios de la primera hora deportados o marginados. Solo quedaba él, que no había sido ni gestor ni protagonista del levantamiento de febrero, convertido en el ideólogo único y en el director exclusivo de un gobierno revolucionario que todavía no encontraba su norte.

            Propuso entonces al gabinete la convocatoria de un plebiscito, a realizarse dentro de los próximos seis meses, para transformar el gobierno provisional de Franco en un gobierno con un mandato popular de dos o tres años adicionales. Debía además integrarse con el mismo acto un Congreso compuesto exclusivamente con el resto de los adeptos del Gobierno de la Revolución. No sería una elección porque no habría otros contendores. Sería un plebiscito, una institución nueva, sugerida por Stefanich, sin precedentes en la legislación nacional y en las prácticas políticas del país. Una simple votación formal para convalidar un mandato prefabricado y no para dirimir derechos o aspiraciones ciudadanas.

            Comentaba la Legación Americana que en las esferas oficiales no se tenía un concepto claro del significado y alcance de la palabra "plebiscito", pero que un informante del círculo oficial les había dicho que querían "algo nuevo de modo a regularizar las cosas y el plebiscito era una palabra adecuada para este fin".92

            Con el plebiscito se facultaría además al Gobierno a proceder a la reforma de la Constitución. El Ministerio de Justicia fue facultado a constituir una Comisión Especial encargada de redactar el anteproyecto de Carta Magna que sería después sometido a consideración del Consejo de Ministros.93

            Obnubilado por el monopolio de poderes que concentraba, Stefanich se sintió además habilitado para reducir o eliminar la injerencia continua de los mandos militares de las unidades vecinas a la capital, el último foco de interferencia a su absolutismo en la dirección del Gobierno y decidió actuar en su contra. Para el efecto recurrió a otra estratagema de su astucia triunfal. En julio de 1937 informó al gabinete el peligro de una agresión inminente de tropas bolivianas que se estaban concentrando en la vecindad de las líneas de límites en discusión y que podría comprometer la posición paraguaya en las negociaciones de paz. Ante esa alarmante información, el Gobierno dispuso el desplazamiento apresurado al Chaco de la División de Caballería con asiento en Campo Grande, reforzada con unidades de los Regimientos de Infantería "2 de Mayo" y "3 Corrales". Uno de los primeros en percibir la intención de la maniobra fue el Mayor Martincich, que en una reunión de oficiales de su regimiento expresó su desagrado en los términos siguientes:

            "No me cabe la menor duda, que nuestro desplazamiento al Chaco no es sino una maniobra urdida por el Dr. Stefanich, que hace rato está envolviendo al Coronel Franco a fin de alejarlo de nosotros y explotarlo para el triunfo de sus apetencias políticas personales y quedarse definitivamente dueño del poder; como ya ha hecho con numerosos amigos de la primera hora, hoy marginados, detenidos o confinados y yo sufriré la misma suerte".

            Toda la oficialidad le instó a no dar cumplimiento a la orden y por el contrario le significó que era la hora de reaccionar, de encabezar el levantamiento con todas las tropas del Chaco en defensa del Cnel. Franco, a lo que Martincich respondió:

            "Yo también he pensado bien en esa actitud, pero, sería darle la razón al Dr. Stefanich y hacer que el Cnel. Franco dude de nuestra sinceridad de propósitos. Como soldado acataré la orden y lo haré para dar al Cnel. Franco una prueba más de mi lealtad.94

            Las tropas de la capital se trasladaron al Chaco. Matincich fue retenido en la capital y luego separado de su mando y recluido en el cuartel de Paraguarí.

            Llegados a las posiciones de frontera, los otros mandos militares encontraron que no había tales concentraciones de tropas bolivianas y concluyeron que efectivamente todo no había sido sino otra maniobra de Stefanich para marginar al Ejército, alejándolo de la capital. Decidieron entonces su derrocamiento. Suscribieron para el efecto, el 2 de agosto siguiente, un acta juramentada que sellaba el compromiso de destituir el gabinete de Stefanich y constituir un gobierno militar, manteniendo la presidencia de Franco. Suscribieron esa declaración el teniente coronel Ramón L. Paredes, Leandro González, Dámaso Sosa Valdez, Antonio Ortigoza, Vicente Politeo Smith, Cirilo A. Rivarola, Sergio Nardi, Emilio Díaz de Vivar, Alberto Meyer, Alfredo Galeano, Enrique Greno y otros.95 Con ese compromiso sellado, las tropas conjuradas se lanzaron hacia la capital bajo el mando de Paredes.

            Ante las reiteradas informaciones recibidas sobre el levantamiento de unidades militares del Chaco, el Ministro Americano consultó con Stefanich al respecto. Este le contestó que solo se trataba de una movilización menor, provocada por el descontento de algunos oficiales jóvenes en alianza con elementos que reciben consignas liberales de Buenos Aires y que la situación creada no tendría mayores consecuencias.96

            A pesar del abierto desplazamiento sedicioso, el Gobierno no atinó a reaccionar; no mostró la más mínima intención de defenderse. No hubo tan siquiera un amago de resistencia o de defensa en la capital. Y gobierno que no se defiende es gobierno inexorablemente perdido. El supuesto apoyo popular y la solidaridad del Ejército y de los excombatientes brillaron por su ausencia. Nadie se movió para enfrentar a las fuerzas rebeldes que avanzaban lenta, pero decididamente, en medio de las dificultades propias de la distancia y de la falta de medios de transporte suficientes. Las tropas revolucionarias entraron en la ciudad el día 13 de agosto y sin disparar un solo tiro tomaron la capital y destituyeron al Gobierno.

            Terminó así el Gobierno de la Revolución en un inexplicable marco de indecisión; de orfandad y de displicencia popular. Accedió al poder en medio de grandes expectativas ciudadanas y terminó rodeado del desengaño y la indiferencia de la población. Fue una revolución frustrada que, plagada de errores y contradicciones, no supo o no pudo hacer florecer las semillas generosas de las aspiraciones nacionales que la fecundaron. Ante su caída, no hubo regocijo, pero tampoco hubo pena. Nació de un incidente político y terminaba con otro de las mismas características. Al igual que el golpe que lo instituyó, el que lo derrocó fue determinado no por ideales a realizar sino por agravios que vengar. En efecto, el nuevo levantamiento tuvo por objetivo exclusivo  reparar afrentas al entorno castrense antes que instituir un nuevo y mejor orden que substituyera al vigente. Buscaba destruir antes que construir. Poco después se organizaba un gobierno nuevo, sin la participación de Franco, que prefirió retirarse antes que abandonar al grupo de Stefanich con el que se había solidarizado. Terminaban diez y ocho agitados meses de gobierno revolucionario y quedaba por resolverse el nuevo orden institucional que lo sucedería.

 

 

 

 

NOTAS

 

1Decreto Nº 47.451 del 10 de mayo de 1933.

2El País. La muerte del estudiante Salomón Sirota. Enero 10 de 1936. p. 5.

3 Guarania. Notas Marginales. Agosto 20 de 1936. p. 3.

4Departamento de Estado. Div. de Asuntos Latinoamericanos. Memorándum sobre la situación en Paraguay. Junio 5 de 1936. p.4.

5 El País. El P.E. dictó un decreto que fija el orden de prelación en el pago de sueldo a la administración pública. Nov. 11 de 1935.

6Legación Americana. Telegrama N° 42 del 30 de Junio de 1935.

7Legación Americana. Despacho N9 258. Compañía Americana de Luz y Tracción. Julio 10 de 1935.

8En carta al ministro paraguayo en Buenos Aires, Eusebio Ayala dijo: "No puedo ocultarle la irritación que me causa diariamente la acción malevolente de nuestros políticos que me llenan de elogio mientras afilan las dagas para destruir la obra en que estoy empeñado. No sé hasta qué punto llegará mi paciencia. Lo único que puedo decirle es que está ella bastante gastada". Vicente Rivarola Coello. Cartas Diplomáticas. 1982. p. 308.

9Galbraith, John K. Historia de la Economía. Ariel. p. 202.

10El Orden. La reocupación de los movilizados. Oct. 7 de 1935.

11Una columna satírica del diario El Orden del 10 de octubre de 1935 decía: "La desmovilización y el desempleo van de acuerdo. Los empleados y obreros que lo dejaron todo para acudir al llamado de la patria amenazada, al regresar del Chaco se encontraron que no tenían trabajo, cumpliéndose con ellos el dicho conocido de "el que va a Sevilla pierde su silla".

12Cardozo, Efraím. Un nuevo Partido Liberal. 1937. p. 4. Repr. en: Leandro Prieto Yegros. El Proceso de la Dictadura Liberal de 1940. p. 15.

13Despacho N° 85 de fecha 17 de enero de 1936 de la Legación Americana en Asunción, LAA.

14Seiferheld, Alfredo M. Nazismo y Fascismo en el Paraguay. 1985. p. 30.

11Memorándum entregado a la Embajada Americana en Buenos Aires. Anexo 1 del

Despacho Nº 137, del 4 de marzo de 1936, del Ministro Spruille Bradén al Departamento de Estado,

12Ayala, Eusebio. Discurso pronunciado en el Parlamento. El Orden. Oct. 4 de 1935.

17Ayala, Eusebio. Discurso ante la Convención del Partido Liberal. 20 de enero de 1935. pp. 14 y 15.

18Cardozo. Ob. cit. p. 4.

19El País. 16 de enero de 1936.

20LAA. Informe político. Febrero 15 de 1936.

21LÁA. Despacho N° 77. Enero 18 de 1936.

22Enciso Velloso, Guillermo. El Proceso de la Revolución de Febrero. Guarania Nº 30. Abril 20 de 1936.

23Ayala, Eusebio. Declaraciones al Dr. Carlos R. Centurión. Reproducido en: Saturnino Ferreira Pérez. Proceso Político del Paraguay. 1936-1942. T. I. pp. 58 y 59.

24Legación Americana. Despacho N° 88. Situación Económica. Enero 24 de 1936.

25El Diario. No hay compradores de moneda argentina. Enero 8 de 1936.

26El Diario. Los descensos del cambio y la estabilidad de los precios. El Diario. Enero 7 de 1936.

27Consulado Americano. Despacho Nº 88. Situación Cambiaría, Febrero 5 de 1936.

28Dep. de Estado. División de Asuntos Latinoamericanos. Memorándum. Febrero 17 de 1936. p. 4.

29Consulado Americano. Despacho N° 89 del 6 de febrero de 1936.

30Un comunicado del Ministerio de Defensa del 4 de febrero justificaba la medida aplicada por la existencia de "presunciones fundadas de estar en contado o en convivencia con elementos subversivos a su vez instigados y apoyados por organizaciones soviéticas". El Diario. Febrero 4 de 1936. p. l.

31LAA. Telegrama. Febrero 20 de 1936.

32Ibíd. p.4.

33Dugan. Dep. de Estado. Memorándum del 4 de marro de 1936.

34Juan Francisco Recalde. Carta a Efraím Cardozo. 20 de Julio de 1941. Reproduc. Leandro Prieto Yegros. El Proceso de la Dictadura Liberal de 1940. p. 485.

35Speratti, Juan. Momentos culminantes del 17 de Febrero. Conversaciones Político-Militares, A. M. Seiferheld. Vol.III. p. 147.

36Ibíd. p. 148.

37Recalde, Facundo. Gestación, Desarrollo y Triunfo de la Revolución del 17 de Febrero. El Día. 17 de febrero de 1937. p. 15.

38Speratti. Ob. cit. p. 150.

39Recalde. Ob. cit. p. 15.

40Según Smith, "Eusebio Ayala se preocupó solamente en ascender a Estigarribia, que tuvo cuatro ascensos, en cambio otros como yo apenas tuvieron uno". Con respecto a Recalde añade: "El era un hombre que en el fondo no había estado de acuerdo con la revolución. Como director de la Escuela Militar había inculcado siempre el respeto a los gobiernos constituidos. Su participación en febrero se debió más bien a una justa reacción de indignación suya porque desde el comienzo de la guerra fue relegado a Inspector de Artillería, no tocándole un ascenso luego de Boquerón, como a todos los demás, sólo por no haberse hallado entonces en el frente. Después de febrero, Recalde se alejó del Paraguay, rumbo a Chile, donde murió en un accidente de carretera". Seiferheld. Ob. cit. pp. 17 y 19.

41Seiferheld. Ob. cit. p. 153.

42La Revolución Paraguaya. Constitución del Gobierno Revolucionario. Años 1936-37. Imprenta Nacional, pp. 5 y 6.

43El gabinete quedó integrado del modo siguiente: Ministro del Interior, Gómez Freire Esteves; de Relaciones Exteriores, Juan Stefanich; de Justicia, Culto e Instrucción Pública, Anselmo Jover Peralta; de Agricultura, Bernardino Caballero; de Hacienda, Luis Freire Esteves.

44Stefanich, Juan. El Paraguay en febrero de 1936. p. 99

45Stefanich, Juan. El Paraguay en Febrero de 1936. Ed. Nuevo Mundo. p. 16.

46Delegación de los Estados Unidos a.la Conferencia de Paz. Despacho Nº 137. Marzo 4 de, 194, p. 4.

47Enciso Velloso, Guillermo. Art. cit. Guarania .N° 30. p. 2

48 Stefanich. Ob. cit. p. 15.

49Ibíd. p. 15.

50Gaona, Francisco. Introducción a la Historia Gremial y Social del Paraguay, T. III. 1990. p.16.

51Ibíd. pp. 15 y 16.

52Jover Peralta, Anselmo. El Paraguay Revolucionario. Vol. 3. 1984. pp. 12 y 13. Reproduc. en Alfredo M. Seiferheld. Nazismo y Fascismo en el Paraguay. p. 49.

53Stefanich, Juan. Renovación y Liberación. La Obra del Gobierno de Febrero. Ed. El Nuevo Mundo. 1946. p. 59.

54Caballero, Bernardino. Declaraciones del Ministro Titular de Agricultura e Interino de Hacienda. La Revolución Paraguaya. Imp. Nacional. 1937. pp. 157 y sig.

55Según testimonio del Dr. Stefanich, a la inspiración y a la pluma de Freire Esteves se deben tres documentos de trascendencia, (...) el Acta Plebiscitaria del Ejército Libertador, el Acta de Constitución del Gobierno de Febrero y el Decreto que declara héroe nacional sin ejemplar al Mariscal Francisco Solano López". Ob. cit. p. 104.

56Molas López, Felipe. Carta abierta al Sr. Coronel Federico W. Smith. Reproducido

en: Saturnino Ferreira Pérez. Proceso Político del Paraguay. 1943-1947. Vol. II, pp. 99 y 100.

57Seiferheld. Ob. cit. p. 159.

58Gaona, Francisco. Ob. cit. p. 24.

59Departamento de Estado. División de Asuntos Latinoamericanos. Memorándum. Abril 20 de 1936.

60Patria. El coloradismo se pronuncia sobre el Decreto 152. Marzo 12 de 1936,

61 Bogarín, Juan Sinforiano. "Mis Apuntes", Inédito, Cit. en A.M. Seiferheld, Nazismo y Fascismo en el Paraguay. p. 52.

62El Estudiante. 14 de marzo de 1936. p. 7. Reprod. en: A. Seiferheld. Nazismo y Fascismo en el Paraguay. cit. p. 49.

63Guarania. Notas Marginales. Nº 34. Agosto 1936.

64LAA. Despacho Nº 246. Agosto 22 de 1936.

65Refiere Smith: "Gómez cayó finalmente también como fruto de la resistencia de los jóvenes. La noche de su desplazamiento fue a verme en mi casita de la calle Tacuarí y tercera proyectada. Yo me solidaricé con él y visité a Franco para decirle que me retiraría de la revolución. Y le advertí que su gobierno corría serio peligro de caer. Con mucha altanería, Franco me contestó que tenía en una mano al Ejército y en la otra al pueblo. "Yo puedo mandar cincuenta años si es que quiero", fue su respuesta. Le contesté que "es posible que Ud. tenga el Ejército en una mano, pero es difícil que también tenga al pueblo. El Ejército se puede manejar con órdenes, pero al pueblo no", le dije. Al final se vio que él no pudo manejar ni al Ejército con órdenes". Seiferheld, A. M. Conversaciones Político-Militares. T.III. p. 36.

66LAA. Despacho Nº 251. Agosto 29 de 1936. p. 2.

67Alea Jacta Est. Guarania. Nº 35. Setiembre 20 de 1936, pp. 3 y sigts.

68González, J. Natalicio. El Ideario de la Unión Libero-Liguista. Guarania. N° 36. Octubre 20 de 1936. p. 13.

69González, J. Natalicio. La Democracia Funcional. Guarania, Nº 35, Setiembre de 1936. pp. 6, 7 y 8.

70González, J. Natalicio. El Ideario de la Unión Libero-Liguista, Guarania. N° 36. Octubre 20 de 1936.

71El Escribano Carlos Casabianca compró las instalaciones del diario El Liberal y comenzó a editar el periódico Noticias.

72Edicto Policial Nº 2, del 6 de mayo de 1937.

73Smith, Federico W. Segunda nota. En Seiferheld. Conversaciones Político-Militares. T. III. p. 37.

74Decreto Nº 2. Febrero 20 de 1936.

75Decreto 787 del 18 de abril de 1936.

76Decreto N° 15 del 22 de febrero de 1936.

77Decreto 4882. Setiembre 15 de 1936.

78Decreto 2.634 del 7 de julio de 1936. Modificado parcialmente por el Decreto 5.934 del 22 de octubre de 1936.

79Decreto 121. Marzo 6 de 1936.

80Decreto Ley 2.000. Junio 15 de 1936.

81Decreto 5484. Octubre 7 de 1936.

82Decreto 6982. Noviembre 26 de 1936.

83Decreto N° 11. Febrero 22 de 1936.

84Banco de la República del Paraguay. La gestión económica financiera del Gobierno Provisional. El Día. 17 de febrero de 1937. p. 9.

85Consulado Americano. Despacho Nº 91. Situación Cambiaria. Febrero 29 de 1936.

86Banco de la República del Paraguay. Leyes y Decretos Pertinentes. 1936. p. 79. Decreto N° 13. Febrero 22 de 1936.

87Departamento de Estado. Div. de Asuntos Latinoamericanos. Memorándum sobre la situación en Paraguay. Junio 5 de 1936. p. 12.

88Banco de la República. Art. cit. El Día. Febrero 17 de 1957.

89Decreto 787. Abril 11 de 1936.

90Decreto 225. Marzo 13 de 1936.

91Seiferheld. A.M. Nazismo y Fascismo en el Paraguay, cit. p. 161.

92LAA. Despacho Confidencial Nº 337. Febrero 12 de 1937.

93El Día. Decreto del Poder Ejecutivo. Febrero 11 de 1937.

94Ferreira Pérez, Saturnino. Proceso Político del Paraguay. 1926-1942. p. 65.

95Bray, Arturo. Armas y Letras. Memorias. T. III. p. 29.

96Legación Americana. Despacho N° 437. La Revolución del 13 de agosto. Agosto 20 de 1937.

 

 

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