EL PROYECTO TOTALITARIO DEL

LIBERALISMO PARAGUAYO

Por WASHINGTON ASHWELL

LA CONSTITUCIÓN DE 1940

            EL TRAJÍN DE LA TRANSICIÓN

            La decisión de Franco de no abandonar al grupo de la Liga dejó sin alternativas ni planes al otro grupo franquista que intervino en el levantamiento del 13 de agosto de 1937. El objetivo pactado en la conspiración fue la separación de Stefanich y la continuidad de Franco con una junta militar. Al frustrarse esa posibilidad, el grupo franquista no tuvo ya más nada que ofrecer o que pedir. Ese imprevisto desenlace facilitó, en cambio, la iniciativa y la maniobra de los otros grupos que participaron en la conjura.

            El sentimiento antipartidos era por entonces generalizado entre los hombres de armas, lo mismo que la idea de que los militares debían retener una función rectora en el Gobierno en bien de la nación. El Ejército se sentía depositario de las glorias y aspiraciones de la patria toda. De ahí que nadie podría haber planteado directamente la entrega del poder al liberalismo sin provocar reacciones que hubieran sido contraproducentes a sus propósitos. Si la intención era esa, debía avanzarse con suma cautela y por etapas, para ir creando progresivamente condiciones propicias para tal objetivo. Al mismo tiempo, era evidente que el esquema revolucionario de Franco se había agotado, por lo que era imposible pensar en un orden semejante. Otra dictadura militar quedaba así descartada. A pesar de ello, no existía en los mandos militares un entendimiento acerca de cuál sería el nuevo orden por establecerse ni de quiénes serían los depositarios de la autoridad y el poder. La intención del golpe fue destituir a Stefanich. No se pensó en restaurar el orden anterior o instaurar uno nuevo. Y la idea de un orden democrático, en el que la voluntad popular decidiera soberana la suerte del país, tampoco formó parte de sus planes. Con esas indefiniciones, el golpe triunfante dio inicio a un período nuevo, que inevitablemente sería de transición y de pugnas antagónicas por la toma y ejercicio del poder, tanto en la esfera civil como en el orden militar y que, por lo mismo, debía resultar inestable, turbulento y explosivo.

            Ante la falta de líderes militares de estatura nacional en servicio activo o de figuras civiles que contaran con el consenso de las diversas corrientes que se reconstituían en el Ejército, (estigarribistas, institucionalistas, franquistas y liberales)¹, los directores del golpe optaron por recurrir a un grupo de docentes universitarios para integrar el nuevo gobierno. Con ello buscaron además demostrar que el golpe no había tenido por objetivo favorecer a ningún partido político determinado sino atender intereses superiores de la nación. El Dr. Félix Paiva, profesor de la Facultad de Derecho y figura prominente del liberalismo radical desde los lejanos años de la revolución de 1904, fue nombrado Presidente Provisional de la República. El Dr. Paiva condicionó su aceptación a algunos acuerdos que definieron como objetivo central del nuevo gobierno el restablecimiento del orden constitucional y democrático. El acta suscrita decía así:

            "En la ciudad de Asunción, Capital de la República del Paraguay, a los quince días del mes de agosto de 1937, reunidos en la casa número 401 de la avenida España, los abajo firmantes teniente coronel Ramón L. Paredes, Leandro González, mayor Dámaso Avigail Sosa Valdez, capitanes de corbeta don Porfirio Machuca y Ramón Martino, representantes de las Fuerzas Armadas de la nación que produjeron la revolución del 13 del corriente, y el Dr. Félix Paiva (...) (El Dr. Paiva por su parte expresa) que no tendría inconveniente en tomar a su cargo tan arduo cometido sobre las bases o condiciones siguientes: 1. gozar de plena libertad de acción en el Gobierno desde su constitución, dejando sin perjuicio de esto a los dirigentes del movimiento político la indicación de las personas que han de desempeñar los ministerios que tendrán a su cargo el éxito de dicho movimiento, tales como las carteras del Interior y de Guerra y Marina, siempre que el nuevo gobierno no haya de significar una mera continuación del gobierno anterior, y por el contrario deba ser un gobierno restaurador del orden constitucional; 2. desde el día que se inaugure el nuevo gobierno volverá a su primitivo y pleno imperio la Constitución de 1870, sin perjuicio de lo que pueda resolver una convención legalmente convocada y formada; 3. que el Gobierno que se trata de formar no sea sino un preparador de la vuelta a la normalidad institucional y que su duración no deberá exceder de seis meses".²

            EL GOBIERNO DE LA UNIVERSIDAD

            Fue esa una maniobra bien calculada. La Universidad era el único organismo estatal que no fue tocado por el gobierno de Franco. Al amparo de la autonomía universitaria continuaron en el ejercicio de la cátedra importantes figuras del liberalismo tradicional. Se hablaba así del gobierno de la Universidad, cuando en realidad bajo ese rótulo se había constituido un gobierno integrado por prohombres del liberalismo (Félix Paiva, Cecilio Báez y Francisco Rolón) y unos pocos intelectuales políticamente anodinos (Luis A. Argaña y Luis P. Frescura), con la fuerte y hegemónica presencia del jefe del levantamiento, el comandante Ramón L. Paredes en el Ministerio del Interior, por entonces enemigo acérrimo de Franco y de clara posición en favor del liberalismo y de Estigarribia. El coronel Juan B. Ayala, militar de la vieja guardia, fue nombrado Ministro de Guerra y Marina a propuesta del sector institucionalista. Sin ser directamente liberal, el Gobierno resultaba así antifranquista y proclive al liberalismo. El nuevo gobierno recibió el apoyo de la Iglesia, evidenciado por la ostensible presencia de monseñor Bogarín en todas las ceremonias inaugurales.

            Al asumir el gobierno, el Presidente Paiva proclamó la restauración de la Constitución de 1870 y dejó aclarado, en los términos siguientes, el objetivo de su gobierno de restablecer el orden, institucional y democrático:

            "Considerando que mi gobierno es esencialmente provisional y que ha sido constituido con el objeto principal de preparar el retorno de la normalidad institucional en la vida política del país, su primer cuidado con relación a la política interna será asegurar a la ciudadanía y a los partidos el libre ejercicio de sus derechos políticos garantizados por la Constitución de 1870, cuya vigencia plena ha sido reconocida y proclamada en el acta de constitución del gobierno que presido. En consecuencia, mi gobierno garantizará con la mayor eficacia posible el libre ejercicio de la actividad política de la ciudadanía y presidirá con la mayor ecuanimidad y justicia el gran acto electoral del cual surgirán los poderes constitucionales que han de gobernar la nación tan pronto como el mandato de mi gobierno termine.

            "Las elecciones se llevarán a cabo de acuerdo a la ley electoral vigente y purificada de todos sus defectos. Para estos fines las reformas y modificaciones que han de asegurar la plena sinceridad y autenticidad del gran acto cívico serán introducidas oportunamente.

            "La reorganización de la Junta Electoral Central será efectuada pronto con criterio de absoluta imparcialidad. La intervención de los grupos políticos de la república será permitida".³

            Con este anuncio de una próxima convocatoria de elecciones, tanto el Partido Liberal como el Partido Colorado se abocaron a la reorganización de sus cuadros y a la integración de sus autoridades. Se pensaba que los partidos políticos tendrían seguridades y garantías para concurrir al acto eleccionario. En un discurso radial, el presidente Paiva ratificó su programa político. Poco después, fue integrada la Junta Electoral Central con representantes de los dos partidos. Por el Partido Colorado fueron designados los doctores Ángel Florentín Peña y Leandro Prieto y por el Partido Liberal los Sres. José A. Pérez y Fernando Cazenave. El Dr. Aníbal Delmás completaba la nómina con carácter de independiente. Todo parecía indicar el inicio de un período orientado a la normalización institucional del país y a la vigencia de los principios y procedimientos democráticos.

            EL PANORAMA ECONÓMICO Y LA CRISIS DE 1937

            A pesar de las reiteradas declaraciones de la restauración de la Constitución de 1870, el nuevo gobierno no procedió a la derogación de las normas y organismos intervencionistas instituidos por el gobierno de Franco. Contrariamente a lo esperado por los sectores comerciales y bancarios, no hubo un retorno al modelo económico liberal de la pasividad gubernamental en la esfera económica, del dejar hacer y dejar pasar y de la absoluta autonomía de la iniciativa privada que consagró la Constitución del 70. Por el contrario, con el cambio producido se dio inicio a un periodo de intensificación del intervencionismo estatal en el campo económico y social. La concepción del Estado promotor del progreso y del bienestar general de la nación había permeado en todos los sectores ciudadanos y particularmente en los círculos liberales que entraron a gravitar en la conducción gubernamental.

            El panorama económico y financiero heredado por el nuevo Gobierno era fuertemente recesivo. Hacia fines del gobierno de Franco, el deterioro se había intensificado significativamente. El país sobrellevaba una fuerte retracción de las actividades productivas y comerciales y un intenso desequilibrio fiscal que obligaba al Gobierno al continuo financiamiento inflacionario del déficit. Esa retracción generalizada de la economía estaba determinada por causas internas y externas.

            En el orden interno, la contracción del poder de compra y de los niveles de ingresos de la población era evidente. Gravitaban para ello el estancamiento generalizado de las actividades productivas y comerciales, la suba continuada de los precios, la retracción del crédito bancario, la fuga de capitales al exterior, el agudo déficit fiscal y la desconfianza predominante en los sectores empresariales y financieros sobre las perspectivas económicas inmediatas del país.

            En el orden comercial, la retracción de las importaciones era la respuesta del comercio a la fijación administrativa de los precios que, sumada a la suba continuada del cambio, hacía que los márgenes de utilidades se redujeran a límites intolerables y los riesgos de pérdidas potenciales aumentaran. El temor y la incertidumbre predominaban en las decisiones del comercio, especialmente entre los importadores mayoristas. Nadie quería seguir importando mercaderías que no se sabía a qué precios podrían venderse en la plaza. La caída de las importaciones, determinaba la disminución de la oferta de bienes al mercado interno, como también una retracción importante de las recaudaciones aduaneras, que eran la fuente principal de los ingresos del fisco.

            En el campo fiscal influían no solo la contracción de los ingresos sino también el incremento sustancial de los gastos, determinado principalmente por el aumento masivo de los sueldos, la suba generalizada de precios de los bienes adquiridos por el Estado el aumento importante del presupuesto de las Fuerzas Armadas y la expansión de la estructura administrativa del Estado resultante de las nuevas funciones asignadas a la gestión gubernamental. El atraso en los pagos de los compromisos fiscales era corriente y aumentaba continuamente la deuda flotante del Tesoro. El presupuesto militar absorbía alrededor del 50% del presupuesto general de la nación.

            A estos factores internos se sumó, hacia mediados de 1937, la fuerte caída de la demanda y los precios de los productos primarios en los mercados internacionales. La caída de las inversiones en los países europeos repercutió negativamente sobre los niveles de producción y ocupación y proyectó muy pronto su impacto recesivo al comercio internacional. Sus efectos se hicieron sentir en el país tanto en los precios de los bienes de exportación, cuya cosecha debía iniciarse en el primer trimestre de 1938, como en el valor de las exportaciones paraguayas, que registraron una declinación importante. "A mediados de 1937, destacan Di Tella y Zymelman, comenzó otro vuelco descendente. (...) En 1938 y 1939 reinaba en el mundo un estado de ansiedad respecto de los futuros acontecimientos políticos de Europa. (... ) En el primer trimestre de 1938, el índice mundial de producción cayó en un 17% con respecto al máximo obtenido en 1937. El quantum del comercio internacional disminuyó del 96.8 al 88.2 y la desocupación industrial se elevó. Los índices para los precios de los productos agrícolas cayeron de 102.4 al 88.3 (1929=100)".⁴

            En su primer mensaje al nuevo parlamento, el presidente Paiva explicó ese panorama recesivo interno en los términos siguientes:

            "Dentro del nuevo régimen implantado (por el Gobierno anterior) y bajo sus auspicios, todo se resintió. Nadie se creyó seguro en sus derechos, acciones y propiedades; su secuela inmediata fue la desconfianza en el presente y en el futuro. La fe en el destino de la nacionalidad se esfumó.

            La economía nacional por consiguiente, sufrió fundamentalmente y el panorama se presentó con perspectivas aterradoras.

            "El cambio internacional con este desastre económico-político, no podía quedar indemne. La balanza comercial desfavorable se hizo cada vez más sensible, hasta el extremo de traducirse en una depreciación nunca imaginada de nuestra moneda circulante. Los artículos de importación y hasta los de producción nacional subieron por las nubes y la vida se hizo excesivamente cara. La exportación a su vez sufrió un repunte por resentimiento del mercado mundial, hecho que repercutió en forma de falta de estímulos para la agricultura y la industria nacionales.

            "Aparte de esta circunstancia, de por sí ya desfavorable, males de otro orden, como las sequías prolongadas, la bajante de nuestro río, la invasión de los insectos dañinos que atacan las sementeras y destruyen las plantaciones, vinieron a coronar la situación afligente del campesino agricultor, cuyo porvenir se veía así amenazado por un desastre inevitable y sin ninguna compensación en perspectiva.

            "A consecuencia de ese desorden económico, el Estado tenía que afrontar una situación llena de dificultades. Las rentas percibidas con una gran irregularidad no bastaban para pagar los servicios, habían subido naturalmente de costo con la depreciación desastrosa de nuestro billete, cuyo valor de cambio había caído por el suelo.

            "Los gastos públicos, por lo demás, habían crecido por razón de las circunstancias ya mencionadas. Fuera del presupuesto ordinario, habría que contemplar ahora las amortizaciones y pago de intereses de la deuda de guerra, ya que no era posible dejarlos de lado. Los mismos gastos normales en sueldos y adquisición de materiales absorbían totalmente las rentas percibidas, pues aquellos sin mejoras intrínsecas, se habían triplicado y cuadruplicado por la desvalorización de nuestro papel moneda.⁵

            EL PROGRAMA DE CONTENCIÓN DEL GASTO PÚBLICO

            Con el propósito de reducir el desequilibrio entre los ingresos y egresos del presupuesto, el nuevo gobierno adoptó el 5 de julio de 1938 un estricto plan de contención del gasto público que incluía las siguientes medidas:

            1. Prohibición absoluta de realizar gastos con cargo a Rentas Generales de la Nación.

            2. Prohibición de efectuar refuerzos de rubros agotados o insuficientes con economías o remanentes de otros rubros.

            3. Suspender  todas las adquisiciones en trámite que no revistan el carácter de urgentes e indispensables para el buen servicio, a juicio del consejo de Ministros.

            4. Dejar de proveer los cargos vacantes que se produzcan en toda la Administración Pública, salvo los jefes de reparticiones.

            5. Suspender la ejecución de todas las obras públicas, excepto las de reparación o conservación indispensables, a juicio del Consejo de Ministros.

            6. Dejar de llenar las vacantes actuales del cuerpo diplomático y las que se produzcan.

            7. Suspender las misiones oficiales al exterior de estudios, asistencias a congresos o conferencias, debiendo someterse en tales casos, la representación del país, a nuestros agentes diplomáticos o consulares.

            8. Dar por terminadas las misiones militares de estudio en Francia, en vista del funcionamiento de la Escuela Superior de Guerra.

            9. Distribución del personal de la Administración Pública, recurriendo a la fusión de secciones afines dentro de una misma repartición.

            10. Centralización y unificación de todas las rentas especiales en la Tesorería General de la Nación.⁶

            El rigor de estas medidas dan una pauta del agudo déficit que arrastraba el Gobierno. A pesar de las economías aplicadas, el problema no pudo ser aliviado. El déficit no solo continuó, sino que se acentuó, como informará poco después al parlamento otro Ministro de Hacienda. La sola economía en los gastos resultaba insuficiente para producir un alivio a la penuria fiscal. El factor más gravitante era la gran caída de los ingresos, que requería de otras soluciones complementarias a las adoptadas.

            Ese era el duro panorama económico con que el nuevo gobierno asumió sus funciones. Pero a pesar de su intensidad y de sus fuertes repercusiones sociales, la cuestión política y la próxima reconstitución del Gobierno eran los temas dominantes en la preocupación de las autoridades y en la vida de la nación.

            LA REACTIVACIÓN DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS

            Apenas instalado el Gobierno, los dirigentes liberales regresaron en masa del exilio. Los únicos excluidos, en los primeros momentos, de los beneficios de la amnistía acordada, fueron los doctores Eusebio Ayala, Justo P. Benítez y José P. Guggiari.⁷ Todas las demás figuras del liberalismo tuvieron seguridades y garantías para retornar al país. Entre los Primeros en regresar figuraron los Dres. Gerónimo Zubizarreta, Eduardo Schaerer, Gerónimo Riart, Policarpo Artaza y Luis A. Riart.⁸ Y de inmediato, los antiguos sectores del liberalismo iniciaron sus reuniones y actividades en la capital. Por acuerdo entre los diversos grupos se constituyó un Comité Provisorio de Reorganización Partidaria, que entró a operar activamente. Se reanudó la publicación de diarios liberales y se dio inicio a una intensa campaña periodística de revaloración y reivindicación de los hombres y los principios liberales.

            Por su lado el Partido Colorado reanudó la edición de su periódico Patria y reinició sus actividades públicas tanto para influir en la orientación del proceso como para reorganizar y unificar sus cuadros directivos y de base. Su objetivo era presentar un frente unido y sólido en las elecciones anunciadas. Se vislumbraba una confrontación democrática y pacífica, pero esa esperanza se disipó muy pronto.

            LA REACCIÓN FRANQUISTA Y LA REPRESIÓN

            Al sentirse marginado en las decisiones que iba adoptando el Gobierno e inquieto por la pública reanudación de las actividades liberales, el grupo franquista del Ejército intentó reaccionar. El 7 de setiembre de 1937, tropas al mando del mayor Juan Martincich ocuparon la Policía de la Capital y el área central de la ciudad, pero no recibieron el apoyo esperado de otras unidades. El levantamiento fue sofocado el mismo día por fuerzas de la Caballería al mando del mayor Sosa Valdez.

            Simultáneamente se aplicaron en la capital severas medidas policiales para prevenir toda manifestación pro franquista en las esferas estudiantiles y obreras. El mismo día 7 de setiembre, con las tropas de la Caballería ocupando los bajos del edificio del Congreso, el joven Félix H. Agüero fue apresado por la Policía junto con otros estudiantes del Colegio Nacional. La Policía dijo haber encontrado en su bolsillo ejemplares de un manifiesto de apoyo a Franco. El 18 de setiembre siguiente, los familiares de Agüero fueron requeridos para que le llevasen ropas a la Policía porque iba a ser remitido a la prisión de Peña Hermosa.

            En atención a un pedido de amparo que le fuera presentado, la Corte Suprema de Justicia emplazó a la Policía la presentación de Agüero junto con la de otros presos políticos. Respondiendo a este mandamiento, el Jefe de Policía, el Tcnel. Alfredo Ramos, informó a la Corte que Félix H. Agüero había sido deportado a Corrientes con los demás presos comprometidos en el levantamiento último. Con ello aplacó temporalmente la presión del pedido judicial. Pero días después, el 23 de setiembre siguiente, los restos del joven Agüero, atados con alambre a una pesada piedra, ya en avanzado estado de descomposición y con huellas de cuatro o cinco heridas de arma blanca y de dos balazos en la parte superior del torso, fueron extraídos del fondo del río por un pescador en la vecindad de Asunción.⁹ El coronel Arturo Bray dejó de este episodio el testimonio siguiente:

            "Conforme se llegó a saber después, el joven Agüero, de conocida filiación comunista, había sido apresado por la seccional 2a. de policía en el acto de distribuir panfletos subversivos desde un camión, en apoyo del referido alzamiento del 7 de setiembre; conducido al Departamento Central de Policía, ocupado a la sazón por el regimiento de caballería mandado por Cirilo Antonio Rivarola, que guarnecía ese sector de la ciudad, tras de sofocar la asonada de Martincich, el citado joven fue cosido a bayonetazos y arrojado al río esa misma noche, a la altura del Jardín Botánico. (...) Para colmo del cinismo, se había hecho figurar el nombre de Félix Agüero entre los deportados a Corrientes (R.A.) con motivo de los referidos sucesos del 7 de setiembre, pero consultado el Jefe de Policía de dicha provincia -un señor Echevarría- se puso en evidencia que el supuesto deportado no había llegado a esa ciudad. (...) Los llegados fueron 25 y no 26, añadía la comunicación del mencionado jefe de policía. (...)

            Podría citar, pero prefiero callar, los nombres de quienes fueron los responsables directos y los autores materiales de aquel crimen inhumano. La intervención de la justicia no podía conducir ni condujo a ningún resultado: desde luego, la división de caballería no iba a tolerar de ninguna manera que el asunto se indagara a fondo, descubriendo y sancionando a los culpables.¹⁰

            Efectivamente, a pesar del pedido de intervención de la Justicia del Crimen formulado por el Ministro de Justicia, el crimen no fue investigado ni esclarecido. Pero las protestas y los reclamos se generalizaron en la capital. El escándalo desatado motivó la renuncia del Jefe de Policía, el Tcnel. Alfredo Ramos, y su reemplazo por el Tcnel. Arturo Bray. El Gobierno apelaba a los servicios del experimentado represor del 23 de octubre para contener los desbordes y restablecer el orden público. El mismo Bray lo explicitó en sus memorias del modo siguiente:

            "... mi apresurada designación en el cargó obedeció precisamente al pánico que cundió en las esferas del Gobierno, o en términos más precisos, de los jefes militares -reunidos en la Dirección de los Arsenales de Guerra, en Puerto Sajonia- ante el descubrimiento de un asesinato consumado con la evidente complicidad o tolerancia de uno de ellos. Se requería con urgencia erigir un muro de contención para prevenir y reprimir una posible reacción popular, gremial, estudiantil o política, atizada por los adversarios del Gobierno, o dicho en otros términos, hacía falta un pararrayos que aguantara las tormentas eléctricas que parecían avecinarse. Con razón o sin ella, se me tenía por aquel entonces como el hombre de las horas difíciles y ducho para campear temporales. (Esto no lo supe sino mucho después, por intermedio del mayor Hermes Saguier, asistente en la mencionada reunión). Así fui llevado a la jefatura de policía, bajo el signo del temor, aterrorizados mis camaradas militares por las posibles derivaciones de aquel crimen inaudito".¹¹

            Contra todas las previsiones posibles, Bray retornaba al escenario político. Y lo hacía con la decisión de influir y gravitar en el curso de los acontecimientos que se avecinaban. No sería una simple pieza en el nuevo juego político, sino una figura central, con fuerte voluntad y codicia de poder. Se sabía capitán de tormentas y esperaba remontar su vuelo en el fuerte vendaval que se estaba desarrollando. Asumió el cargo el 24 de setiembre. Personalmente fue esa noche al velatorio de los restos de Agüero. Dejó que el día siguiente se efectuara el sepelio de sus restos y luego comenzó a operar.

            El entierro de Agüero fue concurridísimo. Según el diario La Tribuna: "Dio lugar a una impresionante manifestación de duelo el sepelio de los restos mortales del estudiante Félix H. Agüero, cuyo féretro fue conducido a pulso por una concurrencia masiva de estudiantes y universitarios y pueblo en general".¹² Al iniciarse el retorno del cortejo, intervino ya la Policía Montada. Hizo que la concurrencia se dispersara, no permitiéndose ninguna otra manifestación ni reunión de personas en la capital.¹³ Un estricto control policial quedó instituido en la ciudad.

            Para terminar con las protestas y la agitación que subsistían, el 28 de setiembre siguiente Bray implantó el toque de queda en la capital. Prohibió el tránsito por las calles de la ciudad a partir de la media noche. "Después de la citada hora, decía la resolución, el personal de vigilancia dará la voz de alto a todo transeúnte o vehículo con instrucciones de hacer fuego después de la segunda intimidación, si el alto no es obedecido".¹⁴ Se intensificaba la intimidación policial. El estado de sitio fue prorrogado por dos meses. La represión se hizo extrema y el orden quedó restablecido en la capital bajo el imperio del terror y la violencia policial. Los apresamientos, los confinamientos y deportaciones fueron numerosos, especialmente en los sectores franquistas y comunistas. Poco después, los miembros de la Corte Suprema de Justicia eran cesados y remplazados por Decreto del Poder Ejecutivo.

            El 2 de noviembre siguiente se produjo en Concepción otro levantamiento militar encabezado por el Regimiento 3 Corrales. El Gobierno movilizó para su represión las fuerzas leales del Chaco y de Asunción. Y para prevenir toda agitación en la capital, se designó nuevamente Jefe de Plaza al Tcnel. Arturo Bray, quien inmediatamente emitió el Bando N° 1 que declaró en estado de guerra todo el radio de la capital y dispuso el fusilamiento sumario de toda persona que atentare contra los miembros del Ejército o realizare actos hostiles contra cuarteles o comisarías.

            En sus memorias Bray negó que hubiera emitido tan bárbara disposición y acusó a Natalicio González de haber inventado esa inquina. La Legación Americana, en cambio, informando al Departamento de Estado sobre los acontecimientos de Concepción, dejó documentada la existencia de esa orden y transcribió in extenso su aberrante texto. Entre otras cosas, en el despacho No. 4887, del 5 de noviembre de 1937, consignó lo siguiente:

            "El Coronel Arturo Bray, Jefe de Policía de Asunción, fue promovido a Jefe de Plaza e inmediatamente emitió una orden que se lee como sigue:

            "EL JEFE DE PUZA ORDENA:

            "l. Considérese en estado de guerra todo el radio de la jurisdicción de la Policía de la Capital, y por tanto sujeto a la jurisdicción militar a los efectos de los procedimientos tendientes al hacer cumplir el presente bando.

            "2. Toda persona que atente contra los miembros del Ejército, Armada o Policía o que intente, provoque o realice actos hostiles contra cuarteles, comisarías, etc. será pasado por las armas sin otro requisito que la presencia de un oficial del Ejército o de la Armada.

            "3. Quedan subsistentes las disposiciones contenidas en el edicto de Policía de fecha 28 de Setiembre último, con la siguiente variante: las patrullas harán fuego después de la primera intimación si ésta no es obedecida en el acto.

            "Asunción, noviembre 2 de 1937.

            "Fdo: Tte. Col. Arturo Bray

            Jefe de Plaza".

            La persecución a la oposición se hizo intensiva. Bray elevó al Ministerio del Interior una larga lista de funcionarios del Gobierno acusados de haber realizado actividades subversivas y pidió su inmediato despido. La lista incluía a empleados de diversas jerarquías y categorías, incluyendo a magistrados y funcionarios de altas responsabilidades. Buscaba con ello eliminar los últimos restos de la administración franquista y restablecer una administración exclusivamente liberal. Numerosos funcionarios y policías del último gobierno liberal fueron convocados para llenar las cesantías dispuestas. Todo parecía indicar el retorno del liberalismo al poder.

            Con el aplastamiento del levantamiento de Concepción, la polarización en el Ejército se acentuó en contra de todo elemento relacionado con el régimen anterior. Los pocos franquistas que se salvaron de la purga del retiro y el destierro, como Machuca, Chávez del Valle y otros, fueron los que encontraron refugio y protección en las filas institucionalistas. La influencia pro liberal se reforzó en el Ejército con la reactivación de jefes y oficiales que habían sido anteriormente separados y el poder de Bray aumentó considerablemente. El franquismo quedó virtualmente eliminado. En un último y desesperado intento, el 21 de diciembre siguiente, Joel Estigarribia, héroe legendario de la guerra del chaco, trató de apoderarse del parque de guerra, siendo herido y dominado en la intentona por la guardia de la unidad. Y la represión asumió nuevamente dimensiones brutales. Lo refiere el mismo Bray:

            "Joel Estigarribia fue bárbaramente ultimado; estando herido: desde mi despacho en la jefatura de policía, dos jefes militares impartieron las órdenes correspondientes. De su cadáver, horriblemente mutilado, alguien alcanzó a tomar algunas fotografías: ordenóme Paredes que secuestrara los negativos. Así lo hice, pero conservando algunas copias que figuran en mi archivos".¹⁵

            Con estos procedimientos ejemplares,  el Gobierno de la Universidad, integrado por los grandes maestros del derecho y la justicia, restablecía el orden y los derechos ciudadanos en el país. La violencia y la arbitrariedad se acentuaban con el consentimiento y la complicidad de los más altos niveles gubernamentales. "De entonces en adelante, añade Bray, no pudieron ya los "franquistas" promover ninguna alteración del orden con raíces en los cuarteles, excluyendo algunos cortocircuitos de escasa trascendencia".¹⁶

            Pero la represión y la persecución no se circunscribieron esta vez al fránquismo y al comunismo, sino que se extendió también al coloradismo, que estaba movilizándose activo para concurrir a las elecciones anunciadas. La Policía procedió al apresamiento del director del diario Patria, el Sr. Víctor Morínigo, y de su administrador, el Sr. Marcos Quaranta, ambos miembros de la Junta de Gobierno del Partido Colorado. Fue asimismo allanada la casa del Dr. Felipe Molas López, quien fue acusado después de posesión de armas de guerra y deportado. Los doctores Eulogio Estigarribia y Luis Oscar Boettner fueron arrestados y recluidos en la Policía de Investigaciones. Toda movilización de base era reprimida. En Luque fueron apresados Manuel Gadea y Natalio Caló, prominentes caudillos republicanos de la región. Igual cosa ocurría en diversas localidades del país. La intención era evidente. Se quería evitar la concurrencia del Partido Colorado en la próxima jornada electoral. Con ese avieso designio, fueron igualmente apresados los Dres. Florentín Peña y Leandro Prieto, miembros de la Junta Electoral Central. Ante ese atropello vejatorio a sus investiduras, ambos presentaron renuncias a sus cargos.

            Con ese trasfondo político, el Ministro de Relaciones Exteriores informó al Cuerpo Diplomático la intención del Gobierno de prolongar su mandato por un período de seis meses, en vista de la imposibilidad de llevar a cabo las elecciones programadas por la falta de padrones electorales que, según se informó, fueron destruidos por el Gobierno anterior.¹⁷ Se llamaría a elecciones parlamentarias y el nuevo congreso prorrogaría el mandato presidencial. Las elecciones presidenciales quedarían diferidas para más adelante. Poco después, el Gobierno convocaba a elecciones parlamentarias para el 22 de mayo de 1938.¹⁸ Las mismas fueron posteriormente prorrogadas hasta el 25 de setiembre siguiente.

            LA REORGANIZACIÓN DEL PARTIDO COLORADO

            Con el declarado propósito de colaborar en la tarea de afianzar la paz colectiva y de participar en las próximas elecciones, el Partido Colorado convocó a una convención extraordinaria. En la misma se procedió a formalizar la unidad interna acordada entre los dos sectores que habían buscado anteriormente presencia independiente en el proceso político. Se resolvió modificar su estatuto para adecuarlo a los requerimientos del momento y aprobar el programa y la lista de candidatos que se auspiciaría en las próximas elecciones. Un Directorio Unificado, presidido por el Dr. Juan León Mallorquín, fue integrado con miembros de los dos antiguos sectores partidarios.

            A pesar de las garantías y seguridades dadas por el Presidente de la República, la Policía intensificaba continuamente su interferencia en las actuaciones del partido. En un abusivo ejercicio de sus atribuciones, el Jefe de Policía dictó una norma restrictiva de las actividades políticas en la capital. En violación de todos los preceptos fundamentales de la Constitución, la Policía se constituyó en árbitro del ejercicio de la libertad de reunión y de palabra en su jurisdicción. Ninguna reunión política podría celebrarse en adelante sin el permiso y la intervención de la Policía. La libertad de expresión quedó restringida por normas establecidas por la Policía. Con una simple ordenanza policial se modificaron normas fundamentales de la Constitución Nacional. El texto de esta aberrante reglamentación decía:

            "COMUNICADO DEL JEFE DE POLICIA. La Jefatura de Policía de la Capital ha recibido instrucciones para garantizar, dentro del radio de su jurisdicción, el amplio desarrollo de las reuniones y asambleas que realicen los Partidos Políticos constituidos, dentro de las normas establecidas por las leyes vigentes; y sin otros requisitos que el previo permiso otorgado por el Jefe de Policía, a los efectos de una vigilancia eficaz para el mantenimiento del orden.

            "La libertad de palabra tiene las siguientes restricciones:

            "1º Injurias e instigaciones para el desacato a los Poderes Públicos de la Nación.

            "2° Provocaciones o insultos al Ejército, Armada y Policía en la persona de sus miembros, delito penado por la Ley de Defensa Civil.

            "Asunción, octubre 19 de 1937».

            Con ese marco autoritario, la Policía se dedicó a intensificar su interferencia a las actividades del Partido Colorado. Su diario fue sometido a censura. Sus dirigentes eran vigilados y con el menor pretexto, detenidos y deportados. Las reuniones de las seccionales de la capital solo podían hacerse con la presencia de un funcionario policial. Ante los reiterados atropellos a directores y dirigentes locales, la Comisión Central del partido elevó al Presidente de la República la nota siguiente:

            "Exmo. Sr. Presidente:

            "En nombre de la Comisión Central del Partido Nacional Republicano, tengo el honor de dirigirme a V.E. a fin de hacerle saber que vienen produciéndose, de parte de funcionarios policiales y particulares, abusos reiterados contra distinguidos Miembros del Partido, que nos ponen en la situación de protestar contra tales arbitrariedades que coartan el libre desenvolvimiento de las actividades cívicas de la Asociación de mi presidencia. Los hechos a que me refiero son los siguientes:

            "1º  El diario Patria, desde su aparición, viene siendo objeto de censura previa por la Policía, contra expresas disposiciones del art. 24 de la Constitución Nacional, que estatuye: "la libertad de la prensa es inviolable y no se dictará ninguna ley que coarte este derecho".

            "Estas medidas colocan en una situación injusta y desventajosa a Patria frente a los periódicos del liberalismo, a tal punto qué no puede levantar, con la libertad necesaria, consecutivas intrigas, algunas sumamente graves, como la imputación al coloradismo de actividades subversivas, las cuales motivan el apresamiento de los Miembros del Directorio Republicano, señores doctores J. Eulogio Estigarribia,  Ángel Florentín Peña, Leandro Prieto y Felipe Molas López. 

            "La misma censura policial prohíbe hasta Comunicados Oficiales del Partido, impidiéndole el derecho a la legítima defensa ante gratuitas imputaciones, tal como ocurriera con las declaraciones del 3 del corriente que se transcriben:

            "El Partido Nacional Republicano empeñado exclusivamente, desde la constitución del actual gobierno provisional de la Nación, en trabajos de reorganización partidaria para devolver al país la normalidad institucional, ante la opinión imparcial de la República, DECLARA: Que nada tiene qué ver con la sublevación militar de una parte de las fuerzas destacadas en la ciudad de Concepción, y formula su más enérgica protesta por las medidas injustas de represión tomadas contra los Miembros de su Directorio, de su Representante ante la Junta Electoral y de pacíficos correligionarios de la capital y la campaña".         

            "A mas, los directores del diario Patria, Miembros de la Comisión Central, señores Dr. Guillermo Enciso Velloso y don Víctor Morínigo, vienen siendo objeto, sin motivo alguno, de continuas persecuciones por parte de empleados policiales, quienes, hasta en altas horas de la noche, en que el principio de inviolabilidad del domicilio debe ser más sagrado, invocando orden de la SUPERIORIDAD, pretenden privarles de su libertad.

            "2° El día lunes 10 del mes en curso, antes del movimiento subversivo de Concepción, el Dr. Ángel Florentín Peña, Miembro Titular de la Junta Electoral Central como representante del Partido Nacional Republicano, hallándose en pleno ejercicio de sus funciones, fue arbitrariamente arrestado en flagrante violación de sus fueros e inmunidades previstos en el artículo 62 de la Ley Nº 930, siendo conducido al Departamento Central de Policía, donde pudo enterarse por el Secretario del Jefe, Tte. 1° de Marina Heriberto Dos Santos, que tal medida obedecía a una denuncia falsa del

Comisario de San Lorenzo del Campo Grande, poniéndosele en libertad horas después.

            "3° Al día siguiente, martes 2, el mismo Dr. Ángel Florentín Peña fue nuevamente arrestado, sin motivo alguno por la Policía, tomándose igual medida injustificada contra el doctor Leandro P. Prieto, Miembro Suplente de la Junta Electoral Central, también en representación del Partido Nacional Republicano, quienes continúan hasta este momento privados de su libertad, como asimismo los miembros ya nombrados del Directorio.

            "4º Aún más, también son objeto de privación de libertad gran número de honorables trabajadores colorados de la Capital y de la Campaña, factores de orden y de progreso, por el sola hecho de ser afiliados al Partido Nacional Republicano, sembrando con ello el pánico y la desconfianza consiguiente en la población pacífica.

            "5º  Pero lo más grave de todo esto, constituye el Bando N° 1, emanado de la Jefatura de Plaza, que con justa razón indigna y subleva los espíritus, puesto que suprime las garantías individuales y el imperio de la Constitución Nacional.

            "Por dicho Bando, consentido por el Gobierno, y por lo tanto, convertido en disposición gubernamental, se entrega la vida de todos los habitantes de la República al arbitrio absoluto de cualquier Oficial del Ejército.

            "Sin duda alguna, ese Bando, es inconstitucional y antijurídico. En efecto, si de acuerdo con el art. 13 de la Constitución Nacional el Congreso no podrá jamás conceder al Poder Ejecutivo facultades extraordinarias, ni la suma del poder público, ni otorgar sumisiones ni supremacías por las que la vida, el honor y la propiedad de los habitantes de la República queden a merced del Gobierno o persona alguna, menos el Poder Ejecutivo podrá otorgar esas facultades a un Jefe de Plaza.

            "Ningún habitante de la República puede ser penado sin juicio previo. Art. 20.

            "Es inviolable la defensa enjuicio de las personas y de los derechos. Art. 21.

            "Ahora bien, si estas sagradas garantías no podrán ser alteradas por las leyes que reglamentan su ejercicio, Art. 15 de la Constitución Nacional, menos las podrán ser por un simple Bando Policial; y si de acuerdo con el art. 29 toda ley o Decreto que está en oposición a lo que dispone la Constitución queda sin efecto y de ningún valor, con mayor razón debe considerarse nulo dicho Bando.

            "Por tanto, fundado en las consideraciones precedentes y en el derecho de petición que acuerda la Carta Fundamental, el Partido Nacional Republicano por mi intermedio formula las siguientes peticiones:

            "1º  La libertad inmediata de los Miembros del Directorio del Partido Nacional Republicano, así como la de todos los demás correligionarios que se encuentran privados de él, o en todo caso que sean sometidos a la jurisdicción común, a objeto de ser juzgados por los Tribunales competentes.

            "2° La represión, de acuerdo con las leyes, de los funcionarios y particulares responsables de las arbitrariedades cometidas.    

            "3º El levantamiento de la censura del diario "Patria".

            "4º La cancelación del Bando Nº 1 de la Jefatura de Plaza.

            "Dios guarde a V.E.

            "Firmado. Juan León Mallorquín, Presidente. Luis Oscar Boettner y José Zacarías Arza, Secretarios.¹⁹

            LA REORGANIZACIÓN DEL PARTIDO LIBERAL

            El Partido Liberal, en cambio, operaba con la más entera libertad. La Policía no solo no interfería sus actividades, sino que le ofrecía toda clase de ayuda y protección. En ocasión del retorno del Dr. José P. Guggiari, el propio Jefe de Policía fue a recibirlo en el puerto y le hizo allí entrega para su movilidad de un vehículo de la Policía.²⁰ Las concentraciones y movilizaciones de afiliados se hacían con vehículos de propiedad del Estado.

            Como parte de los trabajos de reorganización, el partido celebró una convención extraordinaria el 29 de mayo de 1938 para designar sus autoridades y estudiar los proyectos de ideario y de estatutos que presidirían su actuación.²¹ El Dr. Gerónimo Zubizarreta fue designado Presidente del Partido. Vicepresidente 1° fue designado el Dr. Gerónimo Riart. No hubo en la ocasión ninguna confrontación de grupos ni de principios, pero sí una reafirmación clara de las corrientes internas que en lo sucesivo buscarían una gravitación en el Partido y en el Gobierno.

            Eusebio Ayala percibió en esa ocasión que no tenía espacio ni función que cumplir en los planes inmediatos del liberalismo. No tenía liderazgo alguno que ejercer. El partido no buscaba la reivindicación de la conducción destituida con el golpe de febrero sino tan solo la simple recuperación del poder y el espacio para las actividades proselitistas de los grupos constituidos. En efecto, en el curso de las deliberaciones se manifestaron tres corrientes claramente definidas, con ninguna de las cuales podría haber colaborado Ayala: el liberalismo tradicional, nucleado en torno de Gerónimo Zubizarreta, su antiguo opositor; el Riarismo, liderado por Luis A. Riart, su pasado contendor; y el Club de la Juventud Liberal, cuyos exponentes principales eran Pablo Max Insfrán, Efraím Cardozo, Alejandro Marín Iglesias y su mayor ideólogo Justo P. Benítez, y cuyos planteos intervencionistas no compartía. Días después Ayala presentó su renuncia al Directorio y se retiró a Buenos Aires para no volver nunca más al escenario nacional, al menos en forma abierta.

            El Programa aprobado en la convención buscó conciliar el pensamiento conservador del liberalismo tradicional con los postulados reformistas del movimiento joven. Resultó una declaración de principios liberales adobados con propuestas intervencionistas. Se destacaban entre los mismos los siguientes:

            - Fortalecer la autoridad jurídica y moral del Estado para que sirva de regulador en la vida social sin desmedro de los derechos individuales, la iniciativa privada y el comercio libre.

            - La iniciativa privada debe ser respetada como base del progreso; el capital debe ser amparado como factor de producción pero debe limitarse su influencia cuando tiende a convertirse en factor de predominio o privilegio. El trabajo constituye una categoría moral humana digna de protección del Estado y debe ser amparado por la ley, para buscar la elevación moral e intelectual y el standard de vida obrero y del empleado, así como para dirimir los conflictos entre el capital y el trabajo. El Estado debe garantir el mínimo de subsistencia a todos los habitantes de la República.

            - Ningún representante al Congreso, afiliado al Partido Liberal será factor o dependiente ni podrá ejercer la representación, asesoría ni el patrocinio de los intereses de las empresas concesionarias de servicios públicos entre los poderes del Estado. Tampoco podrá patrocinar pleitos contra el Estado y las Municipalidades.

            - La propiedad privada debe cumplir una función social. (El Estado deberá) propender a la multiplicación y estabilidad de la pequeña propiedad agropecuaria.

            - Plan gradual de colonización nacional y extranjera a base de tierras fiscales y expropiación de las tierras de particulares, aptas para la agricultura y situadas con preferencia sobre los ríos y vías de comunicaciones.

            - Solución de los problemas de tierras particulares ocupadas por pobladores precarios; pago de las expropiaciones decretadas; consolidación de las colonias existentes, con recursos ordinarios y extraordinarios.

            - Dignificación del trabajo y mejoramiento de las condiciones de vida del trabajador.     

            - Reglamentación del trabajo en los obrajes, yerbales y establecimientos industriales.

            - La base de la lucha por la salud pública debe ser el Ministerio de Salud Pública. (...) El dinero invertido en el mejoramiento de la salud es el que más subida renta produce".

            Estos postulados traducían un reconocimiento de la necesidad de expandir la intervención del Estado en el campo económico y social para atender problemas fundamentales que inquietaban a la ciudadanía y representaban el abandono de los principios liberales del dejar hacer y dejar pasar, aun cuando la intervención alentada era todavía moderada y no transformadora y reformista. El Partido Liberal consagró así el abandono formal de los principios liberales. Los candidatos a parlamentarios fueron designados luego en convenciones regionales.

            Con estas medidas el Partido Liberal quedó preparado para concurrir a las elecciones. Pero sus planes apuntaban menos a una confrontación democrática que a la retoma del poder, cualquiera fueran los medios. Sus dirigentes buscaron de inmediato el apoyo y el entendimiento con militares que pudieran facilitarles el acceso rápido al Gobierno. Las elecciones serían solo un medio y una mera formalidad. Según refiere Bray en sus memorias, el Partido había pactado con el Ministro del Interior que a cambio de la prolongación del mandato del presidente Paiva, que debía aprobar el próximo parlamento, en el nuevo gabinete se incorporarían tres ministros propuestos por el Directorio Liberal.²³ La Corte Suprema ya era liberal. Y con la abstención colorada que se buscaba provocar con la presión policial, el próximo parlamento sería también totalmente liberal. Era el retorno al viejo esquema. Se restablecería un gobierno de apariencia constitucional, pero sin la vigencia de los derechos y garantías que caracterizan un orden democrático. A pesar de las aparentes ventajas que le ofrecía este plan, el liberalismo paraguayo cometió con él un error que le sería fatal y le ocasionaría poco después su desintegración y su caída final.

            Los partidos políticos, por su misma naturaleza, son organizaciones ciudadanas constituidas para la lucha cívica. Su unidad y su identidad se fortalecen y vigorizan con el enfrentamiento y el cotejo continuo de fuerzas e ideas con un adversario externo. La discrepancia, la confrontación, el debate les resultan indispensables para mantener su cohesión y templar sus energías. Al faltarles una fuerza externa con la cual lidiar, el inmanente impulso de lucha se revierte y se vuelca hacia las pugnas internas, que surgen de las aspiraciones y rivalidades de sus miembros. Y las luchas internas de los partidos, al igual que los pleitos familiares, son siempre dolorosos porque inevitablemente asumen una virulencia aciaga, que rompen y destruyen los vínculos que unifican al núcleo. Producen así la división, el debilitamiento y la desintegración de sus filas. Con ese riesgo previsible, por la vía no democrática de un pacto con elementos militares, el Partido Liberal llegaría pronto a tener representación y presencia en el Gobierno. Pero sería solo un éxito pasajero, ya que determinaría de inmediato su desintegración y su caída. Las pugnas internas que se desatarían virulentas en su seno, desencadenarían poco después la crisis y el colapso final de su gravitación cívica.

            LA ABSTENCIÓN COLORADA Y SUS SECUELAS

            Con el acuerdo del Ministerio del Interior, la Policía de la Capital y las comisarías del interior procedieron a intensificar sus interferencias al accionar colorado en todo el país. Convencida de que esta campaña era producto de la reconocida animadversión del Jefe de Policía hacia el Partido Colorado y desconociendo el acuerdo de Paredes con el liberalismo, el 26 de abril siguiente, la Junta de Gobierno se dirigió al Ministro del Interior pidiéndole su intervención para lograr el cese de esa persecución arbitraria. La nota decía así:

            "Señor Ministro: Por Resolución de la Junta de Gobierno que presido, me es honroso dirigirme a V.E. y referirme a la sistemática hostilidad hacia el mismo, con especialidad de parte de la Policía de la Capital.

            "Es innegable que las autoridades políticas y judiciales de toda la República, ejercida casi en su totalidad, por ciudadanos de filiación liberal, han iniciado un período de violenta persecución contra los colorados, como medio de contrarrestar el inmenso prestigio del Partido Nacional Republicano y reprimir el fervor cívico partidario de las masas ante el franco repudio que sufre el Partido Liberal en la nueva generación nacional.

            "El señor Jefe de Policía de la Capital, es quien viene dando la nota álgida de su espíritu sectarizante; aprovecha las oportunidades que se le presentan para traducir su inmenso odio al Coloradismo, a veces hasta en detrimento de su alta investidura oficial.

            "La censura de la prensa nacional en manos del Jefe de Policía constituye un medio de continuados agravios al Partido de mi presidencia, y con especialidad al órgano de publicidad PATRIA y a sus redactores, hasta el extremo de convertir dicha censura en arma de vejamen innecesario y de ofensa gratuita a la libertad de prensa opositora. Los artículos más inofensivos son censurados, escribiendo debajo de ellos, leyendas injuriosas, de puño y letra del Jefe de Policía, como las siguientes: "cobardes", "mentecato", etc. etc. Sus directores son apresados constantemente con la mayor arbitrariedad.

            "El Coloradismo, hasta hoy no ha podido organizarse con la necesaria libertad en la jurisdicción de la Capital, a causa de las dificultades opuestas por la Policía. Las comunicaciones sobre la realización de Asambleas o reuniones de afiliados sufren trabas o no son despachadas a tiempo, transfiriéndose las fechas por tal motivo en perjuicio de los intereses del Partido.

            "Para el funcionamiento de las Comisiones Seccionales exige la Policía de la Capital, previo permiso hasta la asistencia del Comisario a las reuniones.

            "Los miembros de las Comisiones Seccionales son apresados; algunos hace rato están presos en la Policía de la Capital como José Carlos de San Lorenzo, Santiago Arce de Trinidad, el señor Celauro, extranjero laborioso del barrio Encarnación, porque se efectuó en su casa una reunión de colorados.

            "Y así, a diario, todos los comisarios policiales detienen sin motivos a ciudadanos militantes del Partido Colorado. Como pretexto invocan supuestas actividades comunistas; o bien les secuestran sus respectivas bajas y les remiten como supuestos infractores a la ley del Servicio Militar Obligatorio. A muchos de ellos se les obligó a afiliarse al Partido Liberal, como condición de su libertad.

            "De esa manera, fueron últimamente remitidos presos los señores Luis Vaesken, y otros de Villeta. El Comisario de dicha ciudad, sin causa detuvo también al señor Manuel Frutos Pane, remitiéndolo a esta Capital. Don Blas I. Melgarejo, respetable vecino de Paraguarí, octogenario, y ya sin fuerzas, sigue bajo arresto y también el caballero Adolfo Antúnez, que fue obligado a renunciar del cargo de Secretario del Ministerio de Economía.

            "El Señor Natalicio González, para quien V.E. se sirvió prometer garantías efectivas para retornar al país y participar en la convención partidaria del 2 de marzo ppdo., apenas transpuso las fronteras argentinas, fue apresado por orden de la Policía de la Capital, y llegado aquí, inmediatamente deportado a Clorinda.

            "El día de la Convención, el local del Teatro Municipal, donde se efectuaba el acto, estuvo rodeado de fuerzas policiales, armadas de ametralladoras, fusiles y hasta morteros. Exhibición innecesaria de fuerza.

            "Del seno de la Convención, el Dr. Guillermo Enciso fue conducido preso a la Policía. Igual medida se pretendió tomar contra los convencionales señores Arturo Ramírez Torres y Carmelo Maldonado Sánchez, quienes la evitaron abandonando precipitadamente el local.

            "Los liberales gozan de todas las libertades y garantías; su prensa dice lo que quiere; realiza asambleas y reuniones, donde y cuando quieren, sin tener que chocar con la neurosis de nadie. Hasta para sus asambleas, hacen uso de camiones del Estado, para transportar gente.

            "Implica esto que el Partido Nacional Republicano, vive al margen de toda garantía de parte de los Poderes Públicos. No puede organizarse libremente, y mucho menos orientar, como corresponde, los trabajos preelectorales. Es decir, que la libertad electoral prometida por el actual gobierno, no podrá traducirse en una realidad promisora de la tranquilidad que el Paraguay necesita para progresar y vivir feliz.

            "Tales violencias desatadas y cumplidas como una consigna, contra los afiliados del Partido Nacional Republicano, pareciera un procedimiento premeditado para frustrar el anhelo democrático del Ejército Nacional y desviar al pueblo paraguayo del camino de los comicios libres.

            "Los caudillos liberales, en todo el país, han anunciado desde el comienzo de las inscripciones cívicas, que el Partido Liberal no permitirá elecciones libres alguna.

            "El Partido Nacional Republicano no busca reprimir el ejercicio justo y enérgico del mando, solo reclama la corrección y alguna dosis de consideración. La energía no es la violencia ni la irresponsabilidad; ella no excluye la corrección en los procedimientos, ni la ecuanimidad en la apreciación de los hechos.

            "A pesar de todo el Partido Colorado sigue teniendo fe en las promesas del Gobierno Provisional; pero necesita algún ambiente más tolerable, para cumplir honradamente los fines de la democracia. Todos los desmanes contra su pueblo, va soportando hasta hoy en la convicción de que los poderes públicos obligarán a quienes abusan de su mando, a rectificar su conducta y a observar más respeto hacia el gran pueblo colorado.

            "Con estos sentimientos, aprovecho la oportunidad para saludar al señor Ministro, con mi más alta consideración.

Firmado: Juan León Mallorquín, Presidente. Luis Oscar Boettner y José Zacarías Arza, Secretarios".²⁴

            El Ministro del Interior no contestó esta nota, pero su reacción fue contundente. Por oficio ministerial le ordenó al Jefe de Policía que procediera "a clausurar en el día el diario Patria indefinidamente, por razones que son obvias". Según consigna Bray en sus memorias, esa misma tarde dio cumplimiento a la orden. La Policía procedió además a ocupar el local y las instalaciones del periódico y a apresar y deportar a su director Don Víctor Morínigo.

            A pesar de todos estos atropellos, el coloradismo no cejaba en sus empeños proselitistas. Para cubrir el vacío dejado por la clausura de Patria, la Juventud Colorada convirtió su periódico Jornada en el vocero de las aspiraciones y propuestas republicanas. Su tono era igualmente altivo y de combate. Como las persecuciones proseguían implacables, Jornada las denunciaba continuamente en sus editoriales.

            "Nuestra hoja casi todos los días denuncia en forma pública y con datos concretos los abusos de los jueces de paz y los comisarios policiales perpetrados en los distintos pueblos de la República. Los perseguidos son casi siempre ciudadanos que militan en el Partido Colorado. Jamás se ha oído en la prensa liberal una queja por atropellos contra un militante de esa filiación. Los que están en la frontera, emigrados, como tristes parias, son colorados; los que pisan la cárcel, por cualquier motivo aunque sea el más fútil, son colorados; en Ñemby el comisario liberal prohíbe la reunión del comité partidario. La injusticia y los polizontes al servicio de un partido desalojado del poder, desprestigiado, sin hombres aptos para gobernar, es el índice que refleja el momento político que aflige al país".²⁶

            Ante la intensificación de esas interferencias arbitrarias, la Junta de Gobierno Colorada se dirigió nuevamente al Ministerio del Interior para expresarle que solo estaría en posición de concurrir a las elecciones próximas si se adoptaran, con la urgencia del caso, las siguientes medidas "para asegurar, en una mínima medida, la libertad, la justicia y la imparcialidad política y electoral":

            "1º  El levantamiento del estado de sitio, por lo menos desde un mes antes del acto electoral.

            "2° La cancelación de toda forma de arbitrariedad, de violencia o de coacción física o política sobre los ciudadanos en razón de sus opiniones políticas, con un sistema de sanciones rápidas e inflexibles a las autoridades nacionales que violaren los derechos ciudadanos.

            "3º  Libertad y garantías efectivas para el retorno de nuestros dirigentes exilados.

            "4º La derogación del régimen vigente de la censura previa de la prensa y la entrega de PATRIA hasta ahora ocupada por fuerzas pública".²⁷

            El Gobierno no solo no accedió al pedido republicano, sino que al poco tiempo, el periódico Jornada fue clausurado por orden del Jefe de Policía. Poco después, el Dr. Mallorquín, presidente del Partido, era sacado de su casa, en altas horas de la noche, y conducido directamente al corralón de delincuentes comunes de la cárcel pública, donde quedó recluido por varios días, al amparo del estado de sitio vigente. Fue luego deportado a la Argentina.

            Con ese tenso marco político, el 25 de setiembre de 1938 se realizaron las elecciones parlamentarias con la sola participación de los candidatos del Partido Liberal. El 13 de octubre siguiente, el nuevo congreso confirmaba al Dr. Félix Paiva en el cargo de presidente provisional, sin fijar el término de su mandato. Poco después el ministro Paredes era ascendido al grado de Coronel y con tal motivo se realizó una sesión especial en homenaje suyo en la Cámara de Diputados. Pero los cargos ministeriales prometidos al Partido Liberal no le fueron concedidos. Una delegación de militares le había hecho saber a Paiva que solo estaban dispuestos a aceptar hasta dos ministros liberales, propuesta que fue rechazada en ese momento por el Partido Liberal, que aspiraba una presencia mayor en el Gobierno.

            Poco después, "en una prolongada conversación de sobremesa", según el colorido relato de Bray, el Dr. Gerónimo Riart le hizo partícipe de sus hondas inquietudes, "no sin referirse al Ministro Paredes con expresiones amargas por no haber éste cumplido con lo acordado con el Partido en lo referente a la provisión de carteras ministeriales en el nuevo gabinete". Bray le contestó en esa ocasión que compartía esas inquietudes y que estaba dispuesto a plantear una crisis de Gobierno, siempre que el partido le apoyara en esos propósitos, que no eran otros que los de promover una total y fundamental reorganización del gabinete.²⁸ Pero el problema había asumido para entonces una dimensión diferente. Se había desatado ya la cuestión presidencial y por ambos lados, del Ejército y del Partido Liberal, las pugnas y las ambiciones estaban planteadas y eran factores decisivos en todas las decisiones del momento.

            LA CUESTIÓN PRESIDENCIAL

            Con la no concurrencia del coloradismo en las elecciones, el panorama había cambiado radicalmente. El Ejército no estaba dispuesto a aceptar un candidato civil, porque eso significaba la entrega del poder al Partido Liberal y el ambiente militar no estaba preparado para ello. Ya le había anticipado Paredes a Bray en una conversación que este último reproduce en sus memorias: "Si los colorados se abstienen, había dicho Paredes, el ejército no tolerará sino un presidente militar y ese no puede ser otro sino usted". Bray muy alertado de la intención inquisitoria del comentario, le contestó que en momento alguno había alentado esa aspiración, pero que si Paredes se postulaba para el cargo, sí podría contar con su apoyo y colaboración.²⁹ Fue ese un intercambio solapado de insinuaciones indagatorias, con las que cada uno trataba de precisar la posición del otro respecto al tema crucial de la próxima presidencia.

            Era la gran cuestión del momento. Las iniciativas y las aspiraciones en las filas militares estaban a la orden del día.

            Paredes había hecho sus sondeos y vio que el liberalismo, por el lado tradicional, al no poder lanzar a Zubizarreta, se inclinaba hacia la figura de Bray, en tanto que el movimiento joven, con el liderazgo de los doctores Cardozo y Peroni, auspiciaba activamente la nominación de Estigarribia. A pesar de su decisivo apoyo para el retorno del liberalismo, nadie pensaba en él. Tampoco tenía mayor apoyo en el Ejército. Decidió entonces apartarse del liberalismo y reintegrarse a las filas institucionalistas del Ejército, no sin antes haber intentado la postulación independiente de Argaña, que no tuvo receptividad en los círculos militares. Lo que se quería era un candidato militar que estuviera al margen de la influencia de los partidos políticos.

            Por su parte Bray, no es que no tuviera ambiciones. Las tenía y muy claras. El mismo las dejó entrever en el párrafo siguiente de sus memorias: "La verdad es que de haberme sentado en el tal sillón, antes de tres meses meto en cintura a los díscolos de Campo Grande, o me desalojan a tiros".³⁰ Pero nadie como él sabia que en el campo político no se procede por asalto; que una candidatura presidencial requiere decisiones unificadas y movilizaciones de conjunto y que él no tenía apoyo suficiente, civil ni militar, para lograr su nominación. Y no coincidiendo con la candidatura de Estigarribia, buscó neutralizarla con la idea que lanzó en los círculos de poder de que "no era oportuno exponer a la República a una agitación electoral de magnitudes imprevisibles, con inexorable repercusión en los cuarteles, mientras no estuviera afianzado sobre bases más sólidas el orden político y social". "La paz, reitera en sus memorias, no estaba todavía suficientemente asentada en forma inconmovible como para que el país pudiera afrontar sin mayores riesgos un proceso de complejos orígenes y múltiples derivaciones, sobre todo en el ámbito castrense".³¹ Propuso en cambio la extensión del mandato de Paiva, "que si no resolvía los problemas, tampoco los creaba ni complicaba más de la cuenta". "Por lo menos, su persona algún respeto inspiraba, aunque no mucho, a los jefes militares, quienes sentíanse en cierto modo cohibidos de deponer por la fuerza al mandatario que ellos mismos habían instalado en el sitial, yendo a golpear sus puertas en altas horas de la noche para suplicarle que aceptara el presente griego de la presidencia".³²

            Los acontecimientos se sucedían vertiginosos. En cumplimiento de lo acordado con Riart, Bray precipitó la crisis del gabinete con su renuncia a la Jefatura de Policía. La crisis fue resuelta con los nombramientos de Bray como Ministro del Interior y de los dos candidatos liberales, Juan Francisco Recalde y Enrique Bordenave, como ministros de Educación y de Hacienda respectivamente. Paredes pasó al Ministerio de Guerra. Pero la solución fue apenas pasajera. La inestabilidad y la tensión se intensificaban en la precaria estructura gubernamental.

            EL DETERIORO CAMBIARIO Y FISCAL        

            Convocado por el Senado para informar sobre la situación económica imperante, en la sesión realizada el 22 de noviembre de 1938, el nuevo Ministro de Hacienda, Don Enrique Bordenave, pintó un cuadro dramático, advirtiendo que el país se encontraba al borde de la bancarrota.³³ Por un lado, los recursos fiscales disponibles resultaban insuficientes para atender los gastos anticipados en el presupuesto, en tanto que las disponibilidades cambiarías no alcanzaban para atender la demanda ordinaria de las importaciones y los pagos al exterior de los próximos meses. Manifestó el Ministro que del primer examen que hizo del estado de las finanzas del tesoro y del estado del Banco de la República dedujo que la situación era seria.³⁴ Su primera impresión fue la urgente necesidad de detener la marcha de los gastos en el plano inclinado hacia el abismo, unos temporalmente, otros definitivamente, explicó al Congreso. Con ese propósito inició conversaciones con funcionarios civiles y militares, con el objeto de interesarlos del estado real de la situación financiera y económica y demostrarles que la situación requería no solamente medidas serias sino también urgentes y pedirles espíritu de comprensión patriótica y colaboración sincera en el intento de poner un poco de orden y concepto de autoridad técnica en el manejo de las finanzas. Con complacencia declaró que había hallado correspondencia en su solicitación. Como prueba citó dos casos: uno del Director de Construcciones Militares, que había accedido suspender las obras iniciadas y luego, del Director de los Arsenales, el capitán Osnaghi, quien después de una revisión detenida de los gastos de esa repartición, acordó una reducción en sus gastos presupuestados de 300.000 pesos oro y 22.000.000 pesos papel.

            Agregó que los compromisos pendientes eran enormes. La mora era generalizada en los pagos del Estado. Se tenían gastos urgentes que saldar, como ser el de los aviones adquiridos en Italia; la Compañía Indopecuaria, que proveía de carne al Estado y que amenazaba con suspender la provisión si no se le abonaba la suma de 14 millones de pesos que se le adeudaba; el atraso de las jubilaciones y pensiones se aproximaba a los 20 millones de pesos; los atrasos de sueldos del magisterio y funcionarios de campaña por varios meses; la deuda de 125.000 $ oro a una casa de armas belga; el saldo de los barcos adquiridos en Italia; la deuda al ferrocarril de 2.5 millones de pesos oro y al Banco Agrícola 600 millones de pesos papel.

            Anunció que ante la necesidad de prevenir la acumulación desmedida de atrasos cambiarios en los dos próximos meses y en espera de la reanudación de ingresos internos y externos con la iniciación regular del período de las exportaciones, el Banco de la República estaba contemplando las medidas siguientes:³⁵

            1)         Negociar un anticipo de un millón de pesos argentinos con las cuatro empresas tanineras con cargo a futuras expropiaciones cambiarias de sus exportaciones. Indicó que las compañías estarían dispuestas a este acuerdo siempre que el Gobierno solucionara la paralización de los embarques originada por la huelga portuaria y naviera en curso.

            2)         Acordar con los importadores de gasolina, harina y sal la no conversión del producido en moneda local de sus ventas por un período de tres meses, con la garantía de que el Banco de la República les proveería del cambio correspondiente al término de ese plazo.

            3)         El Banco estaba estudiando además             sistema de permisos previos para contener y regular las importaciones, que sería próximamente sometido a la consideración del Congreso. Concluyó que a pesar de la magnitud de los problemas indicados, con la cooperación de todos los sectores, públicos y privados, la situación podría resolverse con la reducción de los gastos del Estado y el aumento de la producción interna.

            El cuadro presentado era así dramático y alarmante. Y las perspectivas de mejoría se reducían con las dificultades crecientes del mercado mundial. El dislocamiento del comercio internacional era evidente y hacía presagiar dificultades aun mayores.

            LAS CANDIDATURAS PRESIDENCIALES

            Ante el ascenso notorio de la gravitación de Bray, el Ejército comenzó a inquietarse y a cuestionar su posición y sus intenciones. Se empezó a calificarlo de instrumento del liberalismo y se inició hacia él un asedio para lograr su solidaridad hacia sus camaradas de armas. El primero en hacerlo fue el coronel Paulino Antola, quien le preguntó si estaría dispuesto a colaborar en un futuro gobierno presidido por el general Estigarribia.³⁶ Luego, una junta de militares, en el comando de la División de Caballería, le formuló el mismo planteo sin obtener tampoco una respuesta satisfactoria. Ante esa evasiva y molesto por su insistencia en la prórroga del mandato de Paiva, el Ejército pidió su salida "por haber perdido la confianza de las fuerzas armadas". Consultado el Partido Liberal sobre este pedido, los doctores Riart y Recalde le respondieron a Paiva que "la salida o permanencia del Ministro del Interior era cuestión exclusivamente militar, que para nada interesaba al Partido Liberal". La dirigencia liberal abandonaba a su suerte el único jefe en servicio activo que se había mostrado dispuesto a jugarse por los intereses y planteos del partido. Terminó así el corto pero intenso período de mando del Cnel. Arturo Bray. Su renuncia, en la que reiteró su posición respecto a la inconveniencia de una elección presidencial, fue ampliamente divulgada por la prensa. Dijo en ella, entre otras cosas:

            "La H. Cámara de Diputados ha aprobado un proyecto de ley convocando a elecciones presidenciales para el 30 de Abril del año en curso, a instancias del partido político cuyos miembros componen la totalidad de aquel Poder del Estado.

            "V.E. sabe que he sido siempre adverso a aquella decisión política y que mi opinión se funda exclusivamente en razones de seguridad y de paz internas. Sin entrar por ahora en detalles superfluos, he significado en repetidas ocasiones que no consideraba oportuno exponer a la República a la consecuente agitación de un acto electoral de aquella naturaleza -ante cuyo solo anuncio se mueven y chocan pasiones e intereses encontrados- mientras no hayamos logrado el afianzamiento total y definitivo del orden público y social. Diez y seis meses de responsabilidad en el mantenimiento de la seguridad interna, alguna autoridad me otorgan para afirmar que la paz no está todavía consolidada en forma tal que permita afrontar con éxito riesgos semejantes, cuando no median urgencias legales ni constitucionales para su inmediata ejecución. Había que tener presente que no se iba a tratar de una elección presidencial de uso corriente y habitual, sino de un proceso de complejas y peligrosas derivaciones, así en el terreno político como en el militar".³⁷

            La salida de Bray dejó la vía libre a la candidatura de Estigarribia y al mismo tiempo bloqueó la posibilidad de que el Partido Liberal pudiera lanzar otro candidato propio.

            Para entonces el Ejército ya había tomado sus decisiones. En una junta de comandos de grandes unidades se había resuelto auspiciar la candidatura de Estigarribia. El propio Comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas fue comisionado para transmitir al Presidente del Partido Liberal la aspiración del Ejército de exaltar a la primera magistratura al nombrado general.³⁸ Poco después, en una cena realizada en el Circulo Militar, el nuevo Ministro del Interior, el coronel Higinio Morínigo, lanzó formalmente la candidatura presidencial de Estigarribia en nombre del Ejército y la Armada. En un pasaje de su discurso dijo Morínigo lo siguiente:

            "Los Jefes y Oficiales del Ejército y la Armada, sentimos la más grande satisfacción porque este mismo gran soldado de la Guerra del Chaco, que condujo a nuestro ejército de victoria en victoria, hasta reconquistar la casi totalidad de nuestro Chaco, ocupado por el invasor por más de medio siglo, sea el mismo a quien deba confiarse la gran obra de la Reconstrucción Nacional. (...)

            "Hoy, con sobrada razón, ese mismo ejército y pueblo que conocieron y sufrieron con él todas las vicisitudes de la guerra, anhelan confiarle la primera magistratura de la nación por esperar de él que en esta otra etapa de su actuación pública, conducirá a su pueblo en la paz, con el mismo patriotismo, desinterés e inteligencia como lo hizo en la guerra, sacando a la Nación de esta encrucijada difícil y llevándola decidida y definitivamente hacia una era de tranquilidad, progreso y prosperidad".³⁹

            Para el Ejército, la candidatura de Estigarribia era la gran solución. Por un lado retenía con ella la facultad de nominación del primer mandatario de la nación y el predominio militar en el ejercicio de las prerrogativas del poder. Satisfacía así la pasión nacionalista y autoritaria que primaba en los mandos militares. Era la salida más favorable a la aguda crisis de mando que arrastraba el Ejército. Al mismo tiempo que resolvía las discrepancias y pugnas internas, evitaba el riesgo potencial del enfrentamiento de grupos por la hegemonía del poder.

            La candidatura de Estigarribia era igualmente apoyada por el grupo de dirigentes católicos nucleados en torno al periódico El Tiempo. Pedían estos que ella fuese lanzada no con el apoyo de una parcialidad política determinada, sino con el de todas las fuerzas vivas de la nación.⁴⁰ Proponían además la formación de "un gobierno de unidad nacional, en el cuál debían estar representados el ejército, la juventud, las masas obreras, las fuerzas vivas y todos los ciudadanos bien intencionados, unidos en torno a un grandioso ideal de reconstrucción nacional".⁴¹ Estigarribia era el hombre elegido porque la unidad solo podría lograrse en torno de una figura que estuviera por encima de todos los intereses de grupos. Decía El Tiempo en sus editoriales:

            "Ayer, en una encrucijada de su destino trágico, la nación formó filas tras el Jefe invicto para salvar su existencia amenazada; hoy, en otro recodo no menos sombrío, converge de nuevo su mirada sobre él. Y confía plenamente, en que, hoy como ayer, no ha de salir defraudado en su esperan za".⁴²

            "El Presidente de la República (debe ser) una figura nacional por encima de todas las facciones en pugna, llevado a su cargo por el país entero y no por una bandería; las prerrogativas del poder le son conferidas por la nación y por ende, sus únicos compromisos son con ella misma. Ningún partido puede decir a mí me debe el poder y por tanto, conmigo debe gobernar. Libre de sujeciones expresas o implícitas, el Presidente llama a colaborar en su gabinete a las personas de su confianza, atendiendo exclusivamente a sus cualidades morales e intelectuales y no a su significación política. Los designados podrán no pertenecer a ningún partido político; podrán militar en tal o cual bando, pero no será en consideración a esa circunstancia accidental que deberán el nombramiento, sigo a sus merecimientos personales".⁴³

            Con ese panorama militar y ante la pugna interna del grupo joven que también impulsaba la candidatura de Estigarribia y la vieja guardia que la resistía, el Partido Liberal constituyó una comisión especial para estudiar la cuestión y formular sus recomendaciones a la próxima convención partidaria. Fue para la dirigencia liberal una seria encrucijada. Estigarribia no era afiliado del partido y era además militar. Y la tradición y los principios partidarios, destacaría el dictamen de la comisión, señalaban que la elección de sus candidatos debía hacerse en la persona de sus afiliados. Más aún, que la elección, para ajustarse a las normas consuetudinarias, debía recaer en un civil. El Partido Liberal, afirmaba, jamás había elevado a la primera magistratura a un militar. Por otra parte, debía contemplarse cuál podría ser la injerencia del partido en el nuevo gobierno, ya que no podría apoyar bajo ningún pretexto un Gobierno de "concentración nacional" que se daba en propalar como posible.

            El documento emitido por la comisión es ilustrativo del difícil momento que vivía el país. Reconocía la imposibilidad de lanzar un candidato civil por la previsible intervención militar para variar los resultados del acto comicial.

            "El gobierno actual, decía, a pesar de su apariencia civil, estriba en un sistema militar. El Ejército delibera y manda en medio de un caos que aunque quiera atribuirse a los partidos es esencialmente militar. El partido es tan solo una fuerza moral organizada, pero que como tal, carece de la gravitación que le corresponde en el escenario democrático, desorientado por la anarquía que se prolonga al amparo de la fuerza material encerrada en los cuarteles. No puede esperarse que los militares reflexionen. La tensión nerviosa de la postguerra no ha terminado y durará aún algunos años. Por lo demás, recordando que los militares actuales, o fueron autores directos del atraco del 17 de febrero o por lo menos cómplices inactivos de la dictadura franquista, temen que el partido o sus hombres les apliquen las merecidas sanciones".

            Reconocía el documento que el sentimiento antiliberal en el Ejército era tan fuerte que bastaría la calificación de liberal para que surja la oposición a cualquier candidato que pudiera lanzar el partido. Al mismo tiempo consideraba que el Partido Liberal no estaba en condiciones de enfrentar las consecuencias previsibles de una abstención o de una confrontación electoral. Decía al respecto el dictamen elevado:

            "Producida la violencia que entrevemos, o aun antes, o sea vista la imposibilidad de elegir y votar libremente un candidato y renunciando por anticipado a una lucha abierta y estéril en los comicios frente a las fuerzas militares coaligadas con las demás antiliberales, el Partido tendría que dar libertad de acción a los correligionarios o bien decretar la abstención y el retiro de la representación parlamentaria, no olvidando que si el retiro no es voluntario y anticipado, la disolución del Congreso no se hará esperar con todas las dolorosas consecuencias para el crédito del país en el exterior, y la inauguración de una era de zozobras en el interior. (...)

            "... debe decirse con franqueza que en nuestro partido se han perdido el fervor cívico y el espíritu de sacrificio del Mayor Vera, de Alón, de Carlos y Federico García, de Lisandro Díaz León. Sus masas se han contaminado de ese virus universal que extendió el hedonismo del campo de la economía al de otras esferas sociales y especialmente al de la política diaria. Además, los nuevos métodos de persecución han sido muy poco soportables para nuestras muchedumbres y sus conductores de la campaña. Sepa el Directorio que el 80% de sus caudillos se ha afiliado a la U.N.R. durante el Gobierno de Franco, impelidos por las dos circunstancias que acabamos de mencionar. ¿Y es con estos elementos que se pretende hacer una resistencia que puede ir desde el abandono de las posiciones hasta el confinamiento, la prisión y el destierro? A los que firman este dictamen, no les asusta volver a caer en ellos. Sin duda muchos pensarán como nosotros. Pero no se trata de hacer preponderar gestos de abnegación y de valentía sin objeto. A la Nación no interesan los actos de virilidad si no la conducen a su bienestar y progreso. El valor de las palabras y de las actitudes heroicas solo debe medirse por su eficacia. (…)

            "Corremos, pues, el riesgo, o de ver una triste deserción en nuestras filas, o bien una lucha penosa entre dos tendencias bien visibles dentro de la conducta partidaria, la cual conspirará contra nuestra unidad y, por ende, contra la restauración definitiva de las instituciones, puesto que de este laberinto, en vez de la candidatura del General Estigarribia puede surgir la de un militar carente de los relieves gloriosos de aquel y del espíritu civilista, democrático y amplio que se le supone",

            Con estas consideraciones, y tomando particularmente en cuenta "las virtudes y merecimientos personales del General", la comisión concluyó recomendando "que el nombre del General José Félix Estigarribia puede ser votado por el Partido Liberal, sin desmedro de sus principios y sus tradiciones esenciales".⁴⁴

            El Partido Liberal terminó así aceptando una candidatura que le fue impuesta por el Ejército. Lo destacó Bray en una carta a Justo Prieto. "Usted y yo, y muchos más, sabemos que aquella candidatura fue impuesta por Campo Grande; su Partido la aceptó porque no le quedaba otro recurso, a menos de resignarse a permanecer alejado del poder por tiempo indefinido. (...) La impaciencia por compartir el poder le llevó a esa contemporización".⁴⁵

            Con estos antecedentes, la candidatura presidencial de Estigarribia fue finalmente lanzada por el Partido Liberal. El Dr. Luis A. Riart fue nominado candidato a Vicepresidente de la República y las elecciones se realizaron con la sola concurrencia del Partido Liberal. Aunque postulado por el liberalismo, Estigarribia fue así un candidato impuesto por el Ejército. Quedaba por ver si una vez instituido Presidente de la República, actuaría como un mandatario liberal o como un ejecutor de las aspiraciones de las Fuerzas Armadas.

            El Partido Colorado no participó en las elecciones y recomendó a sus afiliados la abstención o el voto en blanco. Justificó su posición alegando que "fuera del liberalismo, a ningún otro partido o grupo político le fue posible presentarse, porque las libertades públicas estaban avasalladas y se negaron las garantías más elementales, como ocurrió con nuestro Partido".⁴⁶ En el manifiesto lanzado en la ocasión añadió los juicios siguientes:

            "La manifestación de voluntad nacional, en un acto eleccionario convocado para designar al más alto magistrado de la república, debe estar amparado por las garantías y seguridades que hacen del sufragio libre y honesto, el derecho político más eminente de los pueblos cultos.

            "El sufragio bastardeado por la coacción o el fraude; las elecciones simuladas en ambiente de presiones y arterías, lejos de cimentar la pacificación espiritual de la familia paraguaya, y asegurar la normalidad institucional, no harán sino exaltar las pasiones, ahondar la anarquía y desprestigiar nuestras básicas instituciones políticas"⁴⁷

            LA DESINTEGRACIÓN LIBERAL

            El gobierno de Estigarribia, inaugurado el 15 de agosto siguiente, fue un intento de acoplamiento liberal-militar. Los ministros civiles eran todos liberales, el parlamento liberal, el poder judicial liberal. Pero a pesar de ese monopólico ejercicio de todos los poderes del Estado, no era un gobierno fuerte, monolítico, sino más bien una mera aglutinación de residuos de una fuerza en avanzado proceso de desintegración. Importantes figuras y sectores del liberalismo no participaban en el Gobierno ni en el parlamento y no pocos parlamentarios no comulgaban con los planteos y proyectos del Gobierno. Pero aún más crítico era el hecho de que el liberalismo no tenía ya para entonces una unidad ideológica. La hidra de la división debilitaba sus cuadros. Una intensa divergencia doctrinaria minaba su unidad. Un enfrentamiento generacional distanciaba a jóvenes y viejos y desataba entre ellos discusiones ásperas y acres reproches. El enfrentamiento se tornaba disputa y el vocabulario aumentaba de calibre, como diría más tarde un viejo dirigente liberal.⁴⁸ Extractamos de una exposición del Dr. Efraím Cardoso, vocero del sector denominado joven, los siguientes párrafos que muestran el tono quemante de sus planteos:

            "La Nación se halla en crisis, y con ella está también en crisis su fuerza política organizada más poderosa: el Partido Liberal. Los momentos que vivimos son de profunda y radical descomposición. Digamos de una vez por todas son momentos de disolución. Disolución de valores, conceptos, ideales, sentimientos, de todo cuanto hasta hace poco formaba la trabazón de la vida nacional". "No cerremos los ojos a la realidad". "El Partido Liberal ya no puede ser lo que era antes del 17 de Febrero de 1936". Esa fecha "marca el final de una etapa". "Sin abjurar de nuestro pasado, sin renegar de nuestras tradiciones, debemos transformar radicalmente nuestro Partido, desde los pies hasta la cabeza". "Debemos romper los viejos y caducos moldes de las viejas ideas, de las viejas prácticas y de los viejos sistemas, para convertir al partido liberal en la potencia transformadora del Paraguay actual". "Si el Partido Liberal no se renueva, no se revigoriza, no se pone de acuerdo con la realidad paraguaya, si se pretende resucitar  intacto un pasado que está irremediablemente muerto, entonces se habrá perdido para siempre la última esperanza de la salvación paraguaya". En adelante no podrán subsistir por la vida del partido y por la salud de la nación "los falsos ídolos, los santones, los usurpadores, los logreros, los inmorales". "Debe resurgir un partido liberal que signifique la terminación del feudalismo, del despotismo y del caudillismo, dentro y fuera del Gobierno; la abolición de todos los privilegios sociales y económicos; el respeto a la personalidad humana; la cultura, el bienestar y la salud garantizados para todos los paraguayos; un Paraguay fuerte en el orden internacional, celoso de su soberanía y de su independencia política y económica". "El Partido Liberal, sin abjurar de sus tradiciones, tiene que reaparecer en la vida pública como un partido renovado, con ideales que estén de acuerdo con la realidad nacional y con la voluntad inquebrantable de llevarlos a ejecución".⁴⁹

            Por su parte, el lenguaje de los viejos dirigentes no era más conciliador. Calificaban a la emergente juventud de "tierna podredumbre", que "llevada por la ambición personal estaba dispuesta a entregar el partido liberal maniatado al ejército", "a sacrificar la libertad y la democracia", "para instaurar un régimen dictatorial" y "entregar la suma de poderes en manos de un hombre para aplastar a los partidos políticos y matar la libertad ciudadana".⁵⁰

            Además de la pugna por un liderazgo disputado, la gran fruta de la discordia era el tema económico y social. La juventud aceptaba sin mucha pasión los principios políticos del liberalismo tradicional para la vigencia de un orden democrático, pero renegaba abiertamente de los postulados del liberalismo económico que habían vertebrado el pensamiento y el accionar del Partido Liberal en el país. Repudiaba la pasividad del Estado Gendarme y patrocinaba la activa acción gubernamental para hacer posible "la gran empresa de la formación del Gran Paraguay". Calificaba al liberalismo tradicional de "insensible a los males remediables con el intervencionismo de Estado". Quería en cambio el protagonismo del Estado para llevar a cabo "una revolución constructiva y dinámica que movilice todas las energías de este grande pueblo en la grande aventura de hacer un Paraguay respetado, próspero y feliz".

            Para el efecto, la dirigencia joven consideraba un deber de la hora "dar un contenido económico a la doctrina liberal, para salvar a la democracia en estos momentos de descomposición general". "La liberación económica del hombre es y tiene que ser la base de todas las demás libertades, que sin aquella son quiméricas". "Es hora de decir que el Paraguay debe ser reconstruido desde los pies hasta la cabeza, para ocupar el puesto de honor que le corresponde entre las naciones libres del mundo y para que su sufrido y abnegado pueblo se libere de la pobreza, de la ignorancia y de tantos males que están minando su vitalidad".⁵¹

            NEGOCIACIONES CON EL COLORADISMO

            Ante el dramático tono que las luchas internas del liberalismo asumían, su Presidente en ejercicio, el Dr. Gerónimo Riart, inició conversaciones con el Partido Colorado para buscar su reintegración a la escena política y su concurrencia en las elecciones a ser convocadas para la renovación parcial del parlamento. Su interés era evidente. El contrapeso de otro partido resultaba indispensable no solo para aplacar las luchas y antagonismos que se acentuaban en el seno del liberalismo, sino también para bifurcar los roces y confrontaciones continuos que se producían con el Ejército. En las elecciones previstas debía renovarse la mitad de los miembros de ambas cámaras y se le pedía al Coloradismo que entrara a disputar parte de esa mitad, con lo que se aseguraba desde el comienzo una amplia mayoría liberal en el parlamento.

            Las conversaciones iniciadas trascendieron pronto a la esfera oficial. En una primera instancia, el Presidente de la República y el Ministro del Interior ratificaron el interés del Gobierno porque el Partido Colorado rectificara su posición abstencionista y concurriera a las elecciones a realizarse en marzo. En el curso de las conversaciones mantenidas, la representación colorada anticipó al Gobierno y a la dirigencia liberal que el partido podría reconsiderar su posición, toda vez que se removieran las causas y procedimientos que impedían la expresión honesta de la voluntad nacional. Se acordó, por fin, que el coloradismo podría volver a las luchas electorales bajo las condiciones básicas siguientes:

            "1° El levantamiento del Estado de Sitio por lo menos un mes antes de las elecciones.

            "2° La cesación de las persecuciones de los ciudadanos, en razón de sus opiniones políticas.

            "3º El retorno de nuestros dirigentes exiliados, y

            "4° La entrega de los talleres de PATRIA, ocupados por la Policía y la supresión de la censura periodística".⁵²

            Estas condiciones fueron en principio aceptadas por el Directorio Liberal. Para su implementación pidió a los miembros de ambas cámaras que renunciaran a sus cargos de modo que la elección pudiera ser de renovación total del parlamento como pedía el coloradismo. Estaba en proceso de instrumentación este acuerdo, cuando se produjo la reacción del Ejército y del sector joven del liberalismo. Abruptamente se precipitaron los acontecimientos que promoverían otras soluciones y determinarían el abandono definitivo de los planteos democráticos en la conducción del país.

            La perspectiva de normalización de las actividades de los partidos políticos no era bien recibida en los círculos oficiales. Antes que en un orden democrático, tanto en círculos civiles del entorno presidencial como en la esfera militar, se pensaba más en la formación de un gobierno fuerte, de unidad nacional y en la tregua de toda actividad política en aras de la paz interna y de la modernización del país. En el Ejército se temían las intenciones revanchistas del liberalismo contra los que habían participado o se habían solidarizado con el gobierno de Franco, y Estigarribia estaba más cerca de sus camaradas de armas que del Partido Liberal. Además de la presión intensiva del Ejército y de la intensa campaña periodística de El Tiempo, contribuyeron a precipitar las decisiones las incidencias de una huelga estudiantil contra el director de la Escuela de Comercio, agravada por la ocupación policial, de la Facultad de Ingeniería en flagrante violación de los principios de la autonomía de la Universidad que consagraba la ley.      En la Escuela de Comercio se había nombrado Director a un abogado que no tenía formación contable y esa designación era rechazada por el estudiantado.

            Ante la agitación estudiantil así desatada, se inició una escalada represiva inexplicable. Un error enorme. Una huelga estudiantil nunca puede peligrar la estabilidad de un gobierno a menos que este cometa errores inadmisibles para reprimirla. Pero el manejo de la cuestión estudiantil fue siempre una de las grandes falencias de la conducción liberal. La mayoría de sus dirigentes no conocía o no entendía el ambiente de los colegios nacionales y de las facultades. Arrastraba el trauma de los sucesos trágicos del 23 de octubre y de la rebeldía de los centros estudiantiles en la postguerra. Y esa ofuscación le producía la obsesión de poner un valladar a las inquietudes y rebeldías juveniles. A la juventud nunca se la escuchaba. Con la juventud nunca se negociaba.

            EL PANORAMA ESTUDIANTIL

            A los colegios nacionales concurrían los hijos de la clase trabajadora así como el empleado y el obrero que buscaban en el estudio un medio, de superación. Además del ansia de saber, llevaban ellos a las aulas la angustia de sus penurias económicas, sus aspiraciones de un mejoramiento social, junto con un latente resentimiento contra las injusticias, los privilegios de clases y las desigualdades de oportunidades. No podía entonces haber allí conformismo ni resignación. Había sí insatisfacción, una aspiración de progreso y una ansiedad de cambios. En cada alumno palpitaba un anhelo por superarse y sobresalir. El afán de liderazgo entre pares era generalizado. Con estas inquietudes, las asambleas estudiantiles eran torneos de oratoria cargada de ilusiones encendidas y de sueños agresivos. Eran tribunas de idealismo y de rebeldías que no admitían el miedo o la sumisión. Eran aspiraciones que debían ser desarrolladas con la educación para alcanzar el equilibrio de la ilustración y la madurez. Pero había además allí un enorme vacío. El oficialismo no tenía partidarios en sus filas. Los hijos de la clase dirigente del liberalismo cursaban normalmente sus estudios en los tres grandes colegios privados, donde primaba un ambiente totalmente diferente. Predominaban allí un alto nivel docente, la contracción al estudio y un estricto régimen de disciplina. Las inquietudes y los planteos sociales eran totalmente ignorados. Llegados a las facultades, los jóvenes así formados evitaban los mítines y no se manifestaban en las asambleas. Seguían igualmente consagrados al estudio y ajenos a toda inquietud o iniciativa social o política. Esa ausencia era notoria porque en la esfera estudiantil nadie defendía o apoyaba al oficialismo. Y al no contar con ningún apoyo interno, el liberalismo trató siempre de manear al estudiantado desde afuera, con la mano dura de la autoridad y la represión. Se quería restaurar en los institutos oficiales un orden de disciplina férrea, de contracción al estudio, de acatamiento a los profesores, un ambiente alejado del ajetreo político, que según la apreciación oficial había sido destruido con el orden anárquico instaurado con el régimen de autonomía universitaria de la Ley 1048.

            El ministro Cardozo hizo el siguiente análisis del panorama estudiantil:

            "La Universidad Nacional se rige por el sistema de la autonomía desde hace diez años. Si se hace un estudio comparativo del estado espiritual y la suficiencia de conocimientos de los estudiantes antes de 1929 con los actuales, se tiene un resultado acabadamente desconsolador, al extremo de proclamar el fracaso rotundo de la autonomía universitaria. ¿Que ha sido de la universidad en esta última década? Ha dejado de ser lo que fue: Centro de influencia cultural apartado de la política; en su seno la juventud acudía para nutrirse espiritualmente de conocimientos, para hurgar en su biblioteca; embeber las enseñanzas del profesor, del maestro; aprovechar sus consejos, su guía, para elevar su intelecto, consolidar su carácter; para convertirse en hombres útiles a la patria desprovistos de subalternas pasiones, para servir a la nación ahí donde se le señale y pueda aportarle mayores bienes. (...)

            "¿Cuál el resultado, cuál el fruto de la desviación universitaria? Está a la vista de todos. Convertido en centro de comités políticos híbridos, en un vivero de ideas malsanas contra las instituciones patrias, contra la Constitución, contra la libertad; que pretende hacer tabla rasa de nuestra tradición; cultiva el odio, las pequeñas pasiones que corrompen. La juventud que ahí debía ser llena de nobles propósitos, inspirada en el más noble patriotismo, consagrada al estudio; defensor idealizado del derecho, de las leyes, de la Constitución y nuestra tradición de libertad, decidido y constante defensor de las causas grandes, nobles y justas.    

            "Y esta corrupción es tan profunda que en cierta parte de la juventud en la actualidad se ha creado en ellos una naturaleza artificial de odio a la legalidad, a las normas institucionales, a tal punto de verse de brazo a jóvenes extraviados por ideologías comunistas, de brazo a otros también desviados por ideologías fascistas soñando con sus afanes enfermizos de traer al país el totalitarismo".⁵³

            La agitación estudiantil podría haber tenido una solución relativamente simple. Con transferir al abogado nombrado como director de la Escuela de Comercio a otras funciones más compatibles con su especialidad y remplazarlo con uno de los calificados contadores que ocupaban cargos prominentes en el Ministerio de Hacienda y que ejercían además cátedras en materias profesionales en la Escuela de Comercio, el problema terminaba. Y con reconocer, directa o indirectamente, el error cometido en el atropello a la Facultad de Ingeniería, sancionando o amonestando a algún funcionario policial, el incidente quedaba superado. Las causales de la agitación hubieran desaparecido. El Gobierno tenía así amplias avenidas abiertas para una salida decorosa del minúsculo problema. En estos casos, cualquier transacción resulta siempre más ventajosa que un enfrentamiento estéril. Pero aparentemente lo que buscaba el Gobierno no era una solución. Por el contrario, quería agravar la cuestión para justificar con ella otras acciones políticas que tenía contempladas.

            Lo que se alentaba era aplastar en forma ejemplar el desafío a la autoridad y los reclamos que se consideraban políticos y no estudiantiles. Se quería desterrar las inquietudes sociales y políticas del ambiente, de los colegios y facultades para convertirlos en dóciles y tranquilos centros docentes dedicados a la enseñanza y el estudio. Con esos argumentos y "para liberar por completo de la política a la universidad", el Gobierno dispuso la intervención de la Universidad Nacional y de los centros de enseñanza secundaria y comercial. El Ministro de Educación, el Dr. Efraím Cardozo, fue nombrado interventor. Y apenas nombrado en esta función, ordenó la expulsión "por tiempo indeterminado" de 9 líderes estudiantiles, a quienes calificó de agitadores comunistas. Ellos eran: César Garay, Álvaro Escobar, Fulgencio Godoy, Nobel Llamosas, Guido Ciotti, Jorge Freitag, Jaime Martínez Miltos, Julio Mendoza y Fernando Vera.⁵⁴ Y la verdad es que ninguno de ellos era o fue después dirigente comunista. Al contrario, varios de ellos llegaron a figurar como profesionales prominentes y como líderes reconocidos de la democracia paraguaya. Los apresamientos y deportaciones de estudiantes fueron numerosos.

            Con estas medidas, el problema estudiantil no podía sino agudizarse. La Federación Universitaria repudió la intervención y las medidas del ministro Cardozo. Se le acusó de ser el autor moral del atropello a la autonomía universitaria y se lo descalificó para el desempeño de función alguna en la Universidad Nacional.⁵⁵ El Consejo Superior Universitario protestó igualmente contra el atropello consumado a la jurisdicción universitaria. La huelga estudiantil se hizo entonces general y la represión incrementó su violencia. La escalada represiva se extendió a otras esferas ciudadanas no vinculadas a los centros estudiantiles. Se hablaba de subversión. Era el ambiente buscado para aplicar otras medidas más radicales. Se quería justificar un régimen de fuerza para contener el supuesto caos que se cernía sobre el futuro del país.

            EL MORDAZAMIENTO DE LA PRENSA

            Para contener el desborde de la agitación estudiantil y acallar la crítica sostenida de la prensa independiente, el Gobierno promulgó la ley que reglamentaba los derechos de asociación, reunión y difusión de ideas, consagrados por el Art. 18 de la Constitución Nacional. So pretexto de su reglamentación, la nueva ley restringió la libre expresión del pensamiento y el derecho de asociación. Prohibió a las asociaciones obreras, deportivas, estudiantiles y culturales pronunciarse colectivamente sobre cuestiones de interés social o político y fijó penas severas por las violaciones. Las manifestaciones y mítines públicos podrían llevarse a cabo en adelante solo con permiso previo de la Policía. Se prohibió en los locales educacionales la realización de actos que pudieran tener carácter extraño a sus propios fines.⁵⁶ Se buscaba con ello silenciar a la prensa opositora y acallar a las asociaciones estudiantiles y obreras. Decía el mensaje del Poder Ejecutivo al Congreso que elevaba el proyecto correspondiente:

            "Al amparo de los postulados democráticos y constitucionales, de emitir libremente el pensamiento y publicarlo por la prensa, se llega al extremo de atacar y conspirar contra el interés nacional.

            "Si bien la libertad de prensa es un principio inviolable, se entiende que ella es así, cuando su acción se circunscribe a las normas y garantías acordadas por la misma Constitución, y cuando su prédica está dirigida hacia la solución de problemas de interés colectivo. No es lícito atentar contra el Gobierno y el Estado, predicando la subversión y el desorden como medio legítimo para desconocer la autoridad de los poderes públicos".

            Esta reglamentación arrasó con toda la estructura jurídica de la Constitución de 1870. Las libertades de expresión, de reunión y de asociación, que la Constitución garantizaba a la población, quedaban convertidas en letra muerta. Sancionada la ley, fueron clausurados los diarios Patria y La Razón. Días después, el diario El Tiempo fue igualmente clausurado y uno de los directores, el Dr. Carlos R. Andrada, recluido en la cárcel pública por simple orden superior.

            EL COLAPSO FINAL DEL PROYECTO DEMOCRÁTICO

            Con ese panorama político, el 14 de febrero siguiente, el presidente Estigarribia le convocó al presidente del Partido Liberal para conversar sobre los problemas del momento. El Dr. Gerónimo Riart hizo luego al directorio de su partido el siguiente relato de lo abordado esa ocasión:

            "Que en dicha oportunidad el Sr. Presidente de la República, le manifestó que lo había invitado a concurrir a su casa, con el objeto de informarle sobre la situación política por la que atravesaba el país y las medidas que tenía el propósito de adoptar para conjurar grandes males que amenazaban a la República.

            "Que en su concepto, el país se hallaba al borde de una tremenda anarquía y que era indispensable evitar caer en ella.

            "Que después de larga reflexión y maduro examen de la peligrosa situación en que se encontraba el país, se hallaba profundamente convencido que la Constitución no proporciona al Poder Ejecutivo los recursos legales para enfrentar con éxito y dominar una situación de anarquía y que, en consecuencia, había decidido modificar la situación del Gobierno, estructurando nuevas instituciones que permitan al Gobierno disponer de los resortes jurídicos indispensables para poner término a la anarquía que está en vías de devorar al país.

            "Que, a su entender, se le plantean dos situaciones: o someterse a la dictadura de la anarquía u organizar un gobierno fuerte, capaz de restablecer el orden. Que él entendía que su responsabilidad de gobernante, le imponía el duro trance de impedir por cualquier medio, que el país sea presa de la anarquía.

            "Que, a su juicio, el Congreso al dictar una Ley convocando al pueblo para la elección de Convencionales para rever la Constitución de 1870, está diciendo que la Constitución no sirve con eficacia como instrumento de progreso, ya no satisface los intereses nacionales.

            "Que después de pensar profundamente sobre su responsabilidad de Gobernante, había decidido modificar la Constitución de su gobierno, estructurando nuevas instituciones políticas, más en consonancia con las necesidades nacionales y con el propósito de poner término a la anarquía.

            "Terminó el Señor Presidente su larga exposición pidiendo al Presidente del Directorio que el Partido Liberal, y especialmente el Presidente del Directorio, le acompañen en la obra de renovación en esta nueva etapa que la Nación iba a emprender buscando el camino de su felicidad".

            Prosiguiendo con su exposición, el Dr. Riart dijo que en respuesta le había manifestado al Presidente lo siguiente:

            "Que el Señor Presidente de la República, en su concepto, tenía una falsa visión del estado espiritual de la Nación. Que la huelga estudiantil y la violencia con que, a diario se expresa del Gobierno, del Partido Liberal y de sus hombres, la prensa opositora, bajo ningún concepto, pueden considerarse como fenómenos anárquicos que están a punto de extenderse a todo el pueblo. Que al señor Presidente le consta que todo el país permanece tranquilo, que en ninguna de las ciudades y pueblos del interior se había notado signos de agitación; que el trabajo se realiza en toda la extensión de la república sin ninguna dificultad, que como miembro y presidente del Directorio del Partido Liberal, no había recibido ninguna información que le permita suponer que el país esté al borde de la anarquía y menos que exista una situación social o política que exija medidas extraordinarias de carácter excepcional.

            "Que en su concepto, el Poder Ejecutivo cuenta con los medios legales para poner término a la huelga estudiantil y hacer cesar el tumulto callejero, tumulto en el que no participa el pueblo y que, hasta el presente, no ha salido del campo estudiantil. Además el Poder Ejecutivo cuenta con la decidida colaboración del Congreso para adoptar las medidas legales que las circunstancias lo exijan.

            "Que miradas las cosas tal como acaba de expresar el Señor Presidente, creía que una falta o una errónea apreciación de los sucesos estudiantiles, podrían poner al Gobierno y al país en una peligrosa pendiente, cuyas funestas consecuencias no podríamos prever.

            "Qué a su juicio, la decisión del Señor Presidente de dar nuevas instituciones a la Nación, importaría un acto de fuerza, la imposición de un régimen de dictadura.

            "Que declaraba categóricamente al Señor Presidente, que en esa actitud política, le era absolutamente imposible acompañarlo, pues que su vida pública, desde muy joven, había sido combatir las pequeñas y grandes dictaduras políticas que asomaron en el escenario nacional y que, a esta altura de su vida, no podría renunciar a esa tradición, a sus ideales, quemar su bandera de lucha y hacer el sacrificio de sus más caros afanes ciudadanos.

            "Que deploraría profundamente que el Señor Presidente, que ha sido electo por una extraordinaria masa de ciudadanos para regir los destinos de la Nación de acuerdo a la Constitución y las Leyes de la República, bajo la falsa impresión de acontecimientos políticos o sociales inexistentes o acontecimientos políticos existentes pero sin trascendencia nacional, que se reducen a agitaciones callejeras dentro de la Capital, se aventure, por un acto de fuerza, a imponer a la Nación un régimen de fuerza.

            Ante esta exposición, el Dr. Justo Pastor Benítez asumió la defensa de los planteos del Presidente y pidió para ellos el apoyo del Partido Liberal. Dijo entonces, entre otras cosas:

            "Que para considerar la actitud que ha de asumir el Directorio en esta emergencia, es necesario ponerse frente a los hechos consumados. Que es necesario resolverse entre una dictadura del orden o la anarquía que todo lo devora. Que las doctrinas sirven solamente para inspirarse, pero que ha llegado el momento de decidirse, resolverse y a corto plazo.

            "Se tiene por un lado, una gran corriente anárquica donde se hallan concentradas todas las fuerzas de oposición al Partido Liberal, como ser: franquismo, el Partido Colorado, sumados a la anarquía que existe en todos los espíritus y que va cobrando cuerpo en las masas populares, vale decir, la anarquía en unión, y, por otro lado, las fuerzas de orden que quieren defenderse apelando a su única arma que es la Constitución Nacional, que no ofrece los medios necesarios para luchar con los modernos sistemas de ataque. Que la Constitución del 70 está virtualmente muerta, sobre todo después de la reglamentación del artículo 18, cuya Ley nunca el Gobierno la usó porque vino huérfana de toda simpatía. Lo cierto es que el Parlamento, al votar la reforma constitucional ha reconocido implícitamente que ella ya no satisface, no solamente las aspiraciones actuales, sino también es un instrumento inadecuado para la defensa de los intereses colectivos.(...) En la actualidad puede sostenerse que ya ha cumplido ampliamente su misión. Que es necesario, para vivir en consonancia con la época, estructurarla sobre nuevas bases.

            "El Gobierno se debate pues con órganos inadecuados en un momento de honda crisis y es necesario pensar con serenidad en salvar el orden, si es que se quiere evitar un derrumbe general. Hay que optar por lo tanto entre el orden y la anarquía. No es en absoluto cuestiones de disquisiciones doctrinarias.

            "Seguidamente historió los movimientos revolucionarios de 1902, 1904 y 1912, etc., sosteniendo que aquellos movimientos fueron revoluciones de forma, pero lo que se plantea en la actualidad es una revolución de estructura, de reforma, una revolución de reorganización, en una palabra. Que la democracia no es una forma estática. Ella responde al medio, al momento, a la raza. Para realizarse es necesario tocar las realidades de los acontecimientos. Esta revolución es un hecho inevitable. Ella está en el espíritu de las masas y es deber del Partido Liberal, captando este movimiento, apoderarse de su dirección para que responda a las altas finalidades de nuestro partido. Por eso el exponente entiende que el Directorio debe comprender esta situación e interpretar con espíritu avanzado, comprensivo, los enunciados de nuestro credo doctrinario. El Partido Liberal debe contemplar solo la concentración de poderes en manos del Poder Ejecutivo para atajar la anarquía. Lo que el Partido no admite es la dictadura como sistema; pero para salvar los principios en un momento de honda perturbación como la actual, no debe arrojar al país a una debacle.

            "Las Dictaduras no son funestas ni repudiables cuando están en manos de hombres como don Carlos Antonio López y no hay que temerlas cuando solo importan la supresión momentánea del juego de la democracia, cuando ella no ha de ser definitiva, sino que ha de constituir solo una transición ante un momento de confusión y una era de prosperidad, concordia y de paz".

            Cerrado el debate y definidas esas posiciones antagónicas, el directorio aprobó, por una mayoría de 13 votos a favor y 3 en contra, la siguiente propuesta de Benítez:

            "1) Que el Directorio del Partido Liberal declare llegada la oportunidad de reformar la Constitución Nacional y que esta resolución se comunique a los señores parlamentarios.

            "2) Que los representantes al Congreso cancelen sus respectivos mandatos por renuncia, y

            "3) Que los liberales tengan libertad de colaborar con el Gobierno bajo su responsabilidad personal y sin responsabilidad alguna para el Partido".⁵⁷

            Aprobada esta resolución, el Dr. Gerónimo Riart presentó su renuncia a la presidencia del partido. Renunciaron asimismo de la directiva partidaria los doctores Juan Francisco Recalde, Francisco Sapena Pastor y Francisco Orué Saguier.

            Con esta resolución, la dirigencia liberal aprobó la instauración de una dictadura en el país y renegó solemne y formalmente de todos los principios democráticos y liberales que el partido había enarbolado en su trayectoria cívica.

            LA INSTAURACIÓN DE LA DICTADURA

            Con ese mandato del Partido Liberal, el Congreso aprobó una ley que declaraba necesaria la revisión integral de la Constitución de 1870 y procedió luego a su autodisolución con la renuncia colectiva de sus miembros, Fue un momento de duelo, según lo describió con fuerte tono emotivo el entonces diputado Arturo F. Bordón:

            "En el viejo Cabildo, en cuyo recinto de gruesas paredes centenarias resonaron las vibraciones cívicas del pueblo paraguayo al través de su larga historia, donde esforzadamente se echaron las bases de la reconstrucción nacional; donde se afirmó la democracia de un pueblo libre y altivo, celebró su postrer sesión el Parlamento, en la noche del 17 de Febrero de 1940. (...)

            "En la Cámara de Diputados, el Dr. Lucio F. Mendouca, idealista, romántico luchador por los principios del liberalismo paraguayo, se irguió desde su butaca como un tribuno romano, para despedirse de la vetusta casona, en cuyas paredes centenarias, desde poco después de la Conquista, repercutieron mil voces controvertidas, pero todas ellas de afirmación de la nacionalidad paraguaya y de sus principios básicos, republicanos y democráticos.

            "Con los ojos bañados en lágrimas y su voz entrecortada por la emoción, rememoró la gastada e histórica Carta Fundamental de la República, redactada sobre los escombros de la Nación vencida pero nunca humillada, la tantas veces violada en los vaivenes de nuestra agitada vida política, pero siempre amparo de las libertades públicas; porque así, vieja y arrugada fue, sin embargo, poderoso freno a los desbordes del poder. Y habría corresponder a nuestra generación, dijo, el triste desempeño de arrojarla al canasto del olvido como un trasto inservible".

            A esta relación del colapso inaudito de una constitución, de un partido y de una ideología consumado en ese infausto acto, el Dr. Bordón le añadió el patético colofón siguiente:

            "Luego se levantó la sesión del Congreso. Los Senadores y Diputados abandonaron sus bancas, cabizbajos y mudos, dejando atrás la arriada bandera de las libertades ciudadanas".⁵⁸

            El día siguiente, el presidente Estigarribia informó al Consejo de Ministros su decisión de derogar la Constitución de 1870 y de asumir la plenitud de los poderes del Gobierno. Seguidamente pidió la opinión de cada uno de los miembros del gabinete respecto a esa resolución tornada.

            Los ministros militares fueron los primeros en expresar su completa solidaridad con las medidas contempladas. El Ministro de Educación, Dr. Efraím Cardozo, fue el primer civil en sumar su adhesión incondicional. Manifestó que pertenecía "a una generación que había perdido su fe en la democracia. La democracia, señor Presidente, es un cadáver y en política es peligroso abrazarse a los cadáveres". Concluyó declarando enfáticamente: "Estoy con Ud. Sr. Presidente".

            Por el contrario, el Dr. Justo Prieto hizo una reafirmación de sus ideales políticos y manifestó que no estaba dispuesto a renegar de ellos. Expresó que al tomar la determinación de actuar en política, se había hecho a sí mismo el juramento y la promesa de servir única y exclusivamente a los gobiernos que actuaran al amparo de la Constitución Nacional; y que por esa razón, lamentaba tener que decirle al Excelentísimo Señor Presidente que discrepaba con él y que consiguientemente, a partir de ese momento se consideraba renunciante. Igual actitud asumió el ministro Alejandro J. Dávalos.⁵⁹

            Terminada la reunión, los Ministros presentaron su renuncia y el presidente Estigarribia promulgó con su sola firma un decreto con el cual derogó la Constitución de 1870, asumió la plenitud de los poderes políticos del Gobierno e impuso la tregua en las actividades de los partidos y agrupaciones sociales. Este singular decreto decía así:

DECRETO Nº 1

"Asunción, 18 de Febrero de 1940.

"Yo, JOSE FELIX ESTIGARRIBIA, General del Ejército, Presidente de la República del Paraguay por voluntad soberana del pueblo, en homenaje a la paz de la nación, y para salvar de la anarquía a la familia paraguaya, en vista de la dimisión colectiva de ambas Cámaras Legislativas y con el propósito de realizar el bienestar del pueblo, invocando la protección de Dios Todopoderoso,

"DECRETO:

            "Art. 1º Asumo la plenitud de los Poderes Públicos del Gobierno de la República.

            "Art. 2° Declaro subsistente el Capitulo de la Constitución Nacional de 1870, relativa al Poder Judicial.

            "Art. 3° Establécese una tregua en las actividades políticas de los partidas y agrupaciones.

            "Art. 4º Declaro subsistente los derechos y garantías consagrados por la Constitución de 1870 en lo que no se opongan a la nueva organización del Estado Paraguayo.

            "Art. 5º Oportunamente y de acuerdo con el Decreto Legislativo de fecha 16 del presente mes, convocaré al pueblo a elecciones para la reunión de una Convención Nacional que deberá dictar la Nueva Carta Política.

            "Art. 6° Créase una Comisión de Juristas integrada por tres miembros encargados de formular el anteproyecto de la nueva Constitución, que deberá inspirarse en los principios de la Democracia Republicana Representativa.

            "Art. 7° Comuníquese, publíquese y dése al Registro Oficial.

            "Firmado: JOSE FELIX ESTIGARRIBIA".

            Dictó el mismo día el Decreto N° 2, también con su sola firma, que reestructuró la composición de las carteras de su gabinete ministerial y nombró luego los nuevos ministros del Poder Ejecutivo.⁶⁰ Desde los tiempos de Francia no se había dado en el país un absolutismo semejante. Por su sola y exclusiva voluntad e invocando tan solo la divina voluntad. Estigarribia derogó una constitución, modificó leyes, dispuso una nueva organización del Estado y nombró a los nuevos ministros.

            Accediendo a presiones del Ejército, aprovechó además la coyuntura para deshacerse de la vieja guardia del Partido Liberal y organizar un gabinete autocalificado de unidad nacional, "sin tintes políticos". Como el Partido Colorado no le aceptó participar en el Gobierno bajo el compromiso de mantener la tregua política, Estigarribia convocó a su gabinete a dos antiguos militantes colorados (Tomás A. Salomoni y Ricardo Odriosola), por entonces distanciados del trajín partidario, y a un antiguo miembro de la Liga Nacional Independiente (Francisco Esculies) para simbolizar con ello la integración nacional de su gobierno. El ala joven del liberalismo continuó predominando en su gabinete.

            La única organización política que subsistió con presencia y actividades públicas en el país fue el Partido Liberal, por entonces ya reorganizado bajo la presidencia del Dr. Enrique Ayala, y con los dirigentes de la vieja guardia totalmente excluidos. Los hombres más prominentes y representativos del liberalismo paraguayo fueron todos marginados de la escena nacional. Al Dr. José P. Guggiari, que intentó ingresar al país para asistir a los funerales de su madre, se le detuvo en Villarrica y por intermedio de un ministro que fue hasta allá a entrevistarse con él, se le indicó que no podía llegar hasta la capital y que debía retirarse del país porque su presencia no era grata al Gobierno.⁶¹

            Estas medidas marcan el fin de una era y el inicio de un nuevo estilo de gobierno en el país. A partir de entonces y por largos años, los principios democráticos y la voluntad popular dejaron de tener gravitación e influencia en la conducción y el gobierno de la nación. Se instauró en el país la dictadura omnipotente de la fuerza, el gobierno que no tenía los frenos y las limitaciones de la Constitución y las leyes para gobernar. Con la tregua impuesta, se cancelaron o se suspendieron todos los derechos políticos de la ciudadanía. Los partidos opositores se vieron obligados a actuar en la penumbra del ostracismo o de la clandestinidad, al no poder realizar ninguna clase de acto público o emitir juicios o declaraciones de carácter cívico.

            LOS OBJETIVOS Y FUNDAMENTOS DEL NUEVO ORDEN

            Con esta reconstrucción de los eventos surge ineludiblemente la interrogante de cuáles fueron los objetivos de este insólito cambio. Trataremos de definirlos con base en las declaraciones de los propios protagonistas principales.

            En su proclama al pueblo, el presidente Estigarribia declaró la necesidad de remplazar la democracia individualista por nuevas normas jurídicas y nuevos vínculos de solidaridad para matar la anarquía y realizar el progreso del país.

            Justo Pastor Benítez habló igualmente de remover los obstáculos jurídicos y sociales para dar al país una organización más adecuada y hacer una revisión de los estatutos jurídicos, una readaptación de las instituciones, un impulso de reorganización económica, una batalla contra la anarquía, para la constitución de un nuevo estado que logre la concordia, la cooperación de todos los habitantes y el progreso del país.⁶³

            El Dr. Alejandro Marín Iglesias definió la reforma como la instauración de "un Estado fuerte, capaz de disciplinar" y de ser "sostén y garantía de la Nación".

            "La libertad individual estará dentro del orden y al servicio de los intereses de la colectividad. La familia debe ser la base del engrandecimiento moral y del progreso social. Los valores culturales y los intereses económicos deben ser organizados como fuerzas indispensables del progreso nacional. Respetaremos la iniciativa privada como fuente de progreso, pero el Estado debe intervenir para garantizarla jurídicamente, y para orientarla, estimularla o suplirla. El capital será respetado, porque es fuente indispensable del progreso material, pero no se le acepta como medio de dominación política o de opresión económica. Todos los grupos económicos deben colaborar disciplinadamente, lo cual implica que la lucha de clase es inaceptable. Todo paraguayo tiene el derecho a trabajar y todo hogar debe estar asentado sobre un pedazo propio de tierra. El obrero, el empleado no puede dejar de percibir un salario o sueldo mínimo familiar. La elevación del nivel moral, intelectual y económico de los trabajadores debe constituir una preocupación primordial. La protección efectiva de los trabajadores del campo será nuestra constante preocupación. El sistema de nuestra instrucción pública debe ser reemplazado por otro de educación integral".⁶⁴

            LOS PLANTEOS DE EFRAÍM CARDOZO

            El Dr. Efraím Cardozo fue el más fervoroso en proclamar el fracaso del sistema democrático y de los principios liberales. Reiteró la necesidad de arrasar con el régimen constitucional del 70 y de instituir un gobierno fuerte, con poderes suficientes para contener la anarquía reinante y promover el progreso del país. Proclamó la primacía del interés social sobre el egoísmo individual, "la terminación del feudalismo, del despotismo y del caudilismo, dentro y fuera del Gobierno; la abolición de todos los privilegios sociales y económicos; el respeto a la personalidad humana; la cultura, el bienestar y la salud garantizados para todos los paraguayos; el Estado como instrumento principal de la grandeza nacional; un Paraguay fuerte en el orden internacional, celosa de su soberanía y de su independencia política y económica". Pero al igual que los demás promotores del cambio, omitió explicar cómo esas aspiraciones serían realizadas. Dentro del esquema liberal, los grandes enunciados de progreso y bienestar tenían por fundamento el principio de que eso se producía espontánea y automáticamente con el libre juego de la iniciativa privada, la competencia entre las personas y las fuerzas naturales del mercado. Pero suprimida la libertad y la libre iniciativa individual, debía explicarse cómo la simple intervención del Estado iba a producir esos refulgentes resultados. Del discurso del Dr. Cardozo extractamos los párrafos siguientes:

            "... la exageración de los derechos personales llevados a extremos enfermizos, conduce rápidamente a su propia desvirtuación y constituye la negación misma de la democracia, la libertad se convierte en libertinaje.

            "El Estado es respetado en tanto garantiza los derechos, pero nadie le reconoce derechos. Impotente tiene que ver desmoronarse el orden social y cuando intenta recurrir a medios no estrictamente legales para defender su propia existencia, aquellos que buscan su muerte son los primeros en ampararse en la Ley violada. Es entonces que se yerguen a izquierda o a derecha, los totalitarismos con panacea anti anárquica y es entonces cuando las democracias sufren espasmos de muerte".

            Definiendo el carácter revolucionario del nuevo orden, Cardozo reafirmó "la bancarrota de los principios del liberalismo doctrinario y clásico, cuyo individualismo no solamente debía dar paso a otras concepciones, sino que subsistente podía entrañar la muerte por asfixia de nuestra nacionalidad". Reiteró al respecto:

            "De qué vale haber dotado al individuo de todos los derechos políticos, si no se le ha provisto del que es cardinal y sin el cual los otros son meras apariencias en el derecho a la vida.

            "Solamente podrá considerarse en posesión de ese derecho el día en que sea miembro de una colectividad asentada sobre las bases de la justicia social y en que sienta la seguridad de que nada podrán los hoy omnipotentes derechos personales cuando frente a ellos se levantan los derechos amparadores de la colectividad".⁶⁵

            El denominador común de todos estos planteos era el repudio de los principios liberales y del orden constitucional basados en el respeto y la protección de los derechos de las personas y la limitación de las atribuciones y poderes del Estado. La mera libertad consagrada y garantizada por la ley resultaba ineficaz para producir el progreso y la prosperidad de la nación. Y en un país pobre, económicamente débil, como era el Paraguay, pensar en la libertad como punto de partida era ineficaz y contraproducente. Al no promover el progreso, servía solo para perpetuar la pobreza y la miseria de la población.

            Para que la libertad pudiera rendir sus frutos y beneficios, las personas y la nación necesitaban de un mínimo de bienestar económico, a cuyo logro el Estado debía contribuir con los medios a su alcance. La era del Estado gendarme, del Gobierno pasivo debía terminar. Le sustituiría un Gobierno fuerte, con el poder necesario para realizar la gran aspiración del bienestar y la prosperidad de la nación. Logrados el progreso y el bienestar general, los derechos y libertades individuales se realizarían espontáneamente en el marco más próspero y más justo del bienestar general de la población.

            Con estas ideas, la libertad y la democracia dejaron de ser las bases fundamentales de la convivencia interna y del sistema de gobierno de la nación. El imperio de la ley, que era el gran valladar que impedía al Estado avasallar arbitraria e impunemente los derechos y el libre albedrío de las personas, tendría en adelante una finalidad diferente, la de instituir un nuevo arden que, para bien de la nación, debía remplazar al anterior.

            Como puede verse en estos enunciados, nada se dijo sobre lo que el Gobierno iba a realizar y los resultados que esperaba obtener. La intervención del Estado que se propiciaba era una mera herramienta que por sí sola no produce efectos automáticos. No es una receta milagrosa que produce la cura de todos los males existentes. El ejercicio omnipotente de la autoridad puede coartar la libertad de las personas pero no transformar la estructura productiva del país, a menos que aplicara los medios apropiados para inducir el desarrollo y la transformación de la estructura productiva del país.

            El Paraguay era uno de los países menos desarrollados en un continente subdesarrollado. Productor exclusivo de materias primas y de escaso desarrollo industrial, su actividad económica resultaba incapaz para dar ocupación remunerada a toda la población en edad de trabajar. Aun operando a plena capacidad, un porcentaje elevado de la población hábil quedaba desocupado o sub ocupado. Y esa falta estructural de oportunidades suficientes de trabajo remunerado era la causa de la pobreza generalizada en la población. La productividad por habitante de la economía en su conjunto era de las más bajas del hemisferio. El ingreso medio de la población era extremadamente reducido y no alcanzaba para satisfacerlas necesidades elementales del núcleo familiar y menos para facilitar la formación de ahorros que pudieran invertirse para incrementar la capacidad productiva. Y todo esto no podría remediarse con el simple cambio del marco jurídico y con la ampliación de las facultades del Estado para intervenir en el campo económico y social.

            La mera intervención estatal no remedia nada. Es la inversión aplicada al perfeccionamiento de la estructura productiva la única que puede producir los cambios que conducen a una mayor productividad, a mayores ingresos y a mejores oportunidades de empleo y de vida de la población. Pero esa inversión tiene que ser financiada y en una cuantía suficiente para producir una transformación significativa de la estructura productiva. Si esa inversión no se financia y se realiza, nada puede cambiar. Sin ella, todos los principios y aspiraciones enunciados no pasarían del nivel estéril de las buenas intenciones. Y en política como en el gobierno de una nación, las meras intenciones no hacen sino abrir camino al desengaño y solo sirven para justificar los abusos y atropellos de dictaduras despóticas y fugases.

            EL ENFOQUE DE PABLO MAX INSFRÁN

            De los pocos que en el entorno de Estigarribia tuvo una idea clara y realista de las posibilidades limitadas del nuevo gobierno fue Pablo Max Insfrán. La carta por él redactada y remitida por Estigarribia al Secretario de Estado del Gobierno Americano el 26 de octubre de 1938, delineó los siguientes propósitos de la reorganización económica y administrativa del próximo gobierno:

            "Deseamos hacer una revisión completa de todas nuestras leyes impositivas, poniéndolas a tono con las necesidades del momento y con la experiencia de otros países más avanzados. Deseamos también reorganizar todas las oficinas recaudadoras y establecer en ellas un mecanismo de control más eficaz. Aduanas, impuestos al consumo interno, impuesto territorial, contabilidad fiscal, estadística, bancos, etc., deben ser sometidos a un plan de renovación para que puedan dar un mayor rendimiento. Reconocemos que nuestros organismos administrativos tienen en el Paraguay una organización anticuada que no condice con la época ni con las necesidades que de ella derivan. Las leyes impositivas y los reglamentos pertinentes reclaman un completo "overhauling".⁶⁶

            "Además el Paraguay necesita un nuevo y vigoroso impulso a su economía. La producción del país es extraordinariamente reducida con relación a la población y con las posibilidades del país. De estas posibilidades nunca se ha hecho un estudio sistemático. En la agricultura tenemos sin duda un vastísimo campo por explotar, pero en rigor no conocemos bien ni la vocación de nuestras tierras ni los productos apropiados para ellas. Nuestro subsuelo nos es prácticamente desconocido. Debemos mejorar los métodos empleados hasta hoy en los cultivos en explotación. Debemos desarrollar una considerable labor educacional con nuestros campesinos para sacarlos de la rutina en que yacen y elevar el standard de vida que llevan.

            "En todas estas materias, mi estimado Sr. Welles, los Estados Unidos pueden prestarnos una ayuda grande, por la enorme experiencia que tienen acumulada. Queremos llevar al Paraguay un soplo del espíritu de progreso y de iniciativa que ha hecho de este país lo que ahora es. Para el efecto mi Gobierno me ha instruido que consultara con el Gobierno americano si sería posible obtener de él un grupo de técnicos en las siguientes ramas: 1) Impuestos internos y territoriales; 2) Aduanas, 3) Contabilidad fiscal y estadísticas; 4) Cuestiones monetarias y bancarias; 5) Monopolios fiscales; 6) Agricultura; 7) Crédito agrícola; y 8) Geología. Mi Gobierno desearía acogerse a las ventajas ofrecidas por la Ley del Congreso de los Estados Unidos del 25 de Mayo de 1938, que autoriza al Presidente a destacar funcionarios de la administración americana a los países latinoamericanos durante cierto tiempo".⁶⁷

            A este pedido de asesoramiento técnico, sumó luego una solicitud de crédito para el financiamiento de: 1) la construcción de una carretera de Asunción a Foz de Iguazú; 2) un fondo en dólares para apoyo de un programa de estabilización y consolidación del sistema cambiario del país; y 3) la construcción del sistema de agua potable y alcantarillado de la ciudad de Asunción. El memorándum presentado por Estigarribia al Departamento de Estado el 22 de diciembre de 1938 decía, entre otras cosas, lo siguiente:

            "LA SITUACION ECONOMICA Y FINANCIERA DEL PARAGUAY Y LOS MEDIOS PREVISTOS PARA MEJORARLA.

            "Los principales problemas que en el Paraguay demandan una inmediata solución a objeto de incentivar la recuperación económica y financiera del país son:

            "1. La reconstitución de los fondos del Banco de la República (Banco del Estado) a fin de estabilizar definitivamente la moneda local.

            "2. La construcción de caminos para estimular y abaratar la producción y atraer la inmigración extranjera.

            "Los fondos en oro del Banco de la República fueron acumulados antes de la guerra del Chaco con la expropiación del cambio extranjero proveniente al país de la venta de cuatro productos básicos, tanino, cuero, tabaco y maderas. Con este sistema de expropiación, el Banco de la República recibía el 15% de los giros recibidos del exterior por los exportadores en pago de sus mercancías. Con estos fondos, el Banco controlaba la cotización cambiaría local comprando y vendiendo cambio extranjero.

            "Durante la guerra, la tasa de expropiación fue aumentada al 50% de los precios de las mercaderías exportadas. En consecuencia, los ingresos del fondo en oro del Banco aumentaron, pero no para ser conservados en las cajas del Banco sino para ser usados en los gastos de la guerra. (...) Este sistema fue aplicado hasta el pasado mes de noviembre, debido a que la situación internacional continuó sin solución hasta fines de este año. Su resultado es que el Banco de la República conserva ahora en sus cajas apenas el equivalente de US$ 200.000. (...)

            "Con base en la vigente expropiación del 50% y con el entendimiento de que el Banco no va a proveer más préstamos al Estado, para Julio del próximo año, cuando la próxima cosecha esté totalmente vendida y exportada, el Banco va a acumular aproximadamente el equivalente de $ 1.500.000. Y así comenzará a reconstituir sus fondos en oro, pero todavía no estará en situación de conservarlos en sus reservas por los requerimientos de cambios de los importadores que deberá atender. En otras palabras, el Banco no estará todavía el próximo año en una posición sólida como para conducir el control total del mercado de cambio si no se le provee de fondos adicionales.

            "Esta situación cambiaría si el Banco de Exportaciones e Importaciones de Washington le proveyera de un crédito de $ 2.000.000, que quedarían disponibles en los Estados Unidos para pagos a exportadores americanos. El Banco no recurriría a este crédito a menos que sus propios fondos resultaran insuficientes para atender los requerimientos regulares del comercio importador paraguayo. (...)

            "Con el crédito en los Estados Unidos de $ 2.000.000 y los fondos en efectivo de $1.500.000 que ingresarían a sus arcas, el Banco estaría en capacidad de estabilizar el tipo de cambio de inmediato, y esto mejoraría significativamente las perspectivas económicas. El tipo de cambio en el Paraguay está expuesto a peligrosas alteraciones que conducen a peores desarreglos generales en la economía del país. Toda devaluación adicional de nuestra moneda determinará reclamos por nuevos reajustes de precios y salarios, en un proceso que siempre resulta doloroso y retardatario.

            "La construcción de caminos modernos es en el Paraguay una cuestión vital. Hasta la fecha el país carece de una sola milla de camino pavimentado, Su producción agrícola, de la cual todo el país depende, es en consecuencia muy pequeña. Debido a los malos caminos, el costo del transporte es excesivamente alto, y los agricultores no encuentran incentivos para aumentar su producción. Además, la falta de buenos caminos es responsable de la pobreza y el atraso en que subsisten los agricultores. Los métodos modernos de cultivos solo vendrán con caminos mejores.

            "El Gobierno tiene en vista la construcción inicial de 300 millas de caminos que crucen el país de este a oeste, de Asunción, la capital, hasta las       cataratas de Iguazú, en la frontera con el Brasil. Los beneficios de esta ruta serían dos: Primero, atravesaría el área más productiva del país, que necesita de más medios de transporte; y segundo, abriría una nueva vía de salida internacional al país, a través del territorio brasilero, directamente al Océano Atlántico. Al respecto, cabe mencionar que el Gobierno del Brasil, por su parte, está planeando la construcción de una vía adicional desde las cataratas de Iguazú hasta la costa oceánica.

            (…) El Gobierno confía que, si esta ruta es construida, la economía nacional será vigorizada en medida tal que en los tres escasos años siguientes, nuestro comercio de exportación aumentaría a tres veces su presente volumen. (...)

            "Para la ejecución de este proyecto, el Gobierno necesitaría:

            "$ 800.000 para el pago de la primera cuota del costo del proyecto. Este préstamo sería pagado en dos años;

            "$ 3.300.000, para el pago del costo total de la ruta, según el estimado del grupo Taylor. Este préstamo sería pagado en cinco años con el impuesto a la gasolina y a otros productos. (...)

            "Finalmente, el Gobierno necesita de un crédito de $ 2.500.000 para las obras de agua potable y alcantarillado de la ciudad de Asunción, que sería pagado con los impuestos municipales en un período a ser acordado oportunamente"⁶⁸

            Ante este pedido, el Gobierno Americano accedió al financiamiento de un préstamo de US$ 3.0 millones para una carretera de Asunción a Villarrica, que sería pavimentada hasta Barrero Grande y con terraplén afirmado desde ese punto hasta Villarrica. Acordó asimismo a un financiamiento de exportaciones americanas hasta un monto de US$ 500.000 a cubrirse con un crédito del Banco de Exportaciones e Importaciones, en apoyo del programa de estabilización cambiaría. En cambio, el pedido de financiamiento para el sistema de agua potable y alcantarillado de Asunción no fue considerado. Con ello, la única obra pública para la cual el Gobierno contaría con financiamiento seria la construcción de la ruta de Asunción a Villarrica.

            A este limitado programa de perfeccionamiento institucional y de obras públicas diseñado por Insfrán podría agregarse la reforma educacional, para la cual el ministro Justo P. Prieto pidió la ayuda técnica del Gobierno del Brasil, la sustitución de la Ley de Reforma Agraria de Caballero por una más moderada y conservadora redactada por Pastore, la reformulación de la ley que creó el Departamento Nacional del Trabajo, el control de precios y de cambio que promovió Cipriano Codas y las restricciones al ejercicio de los derechos y libertades ciudadanas que articuló Marín Iglesias y se tendría ya más o menos completos los lineamientos del denominado Programa de Modernización del Estado del gobierno de Estigarribia.

            En lo económico, la nueva política no buscaba implantar un régimen de monopolio estatal, de sustitución de la iniciativa privada, sino eliminar del sistema de libre comercio sus defectos más obvios, sus abusos e imperfecciones, como un medio para alejar y prevenir la revolución social que se veía venir con la anarquía que se quería controlar. Se pretendía reformar y moderar los abusos y excesos del sistema capitalista como alternativa a su autodestrucción. Controlar la especulación y proteger al consumidor de los abusos del comercio era el objetivo final. El proceso espontáneo de la economía liberal quedaba sustituido por la intervención gubernamental, pero el capitalismo y la iniciativa y la propiedad privadas no eran abolidos, sino solo controlados por el Estado. Ya no sería el mercado el que decidiría lo que había de producirse, sino que una autoridad presuntamente más sabia y diligente se encargaría de evaluar en forma racional las necesidades de la población y organizar su abastecimiento. Era un régimen autoritario y antidemocrático el que se buscaba instituir. Un esquema similar al del franquismo, pero sin las contradicciones, ideológicas y sin los planteos revolucionarios que le caracterizaron a aquel.

            Aclarado este marco de intenciones y propósitos, hagamos una revista sumaria de las principales medidas instituidas para la estructuración del nuevo orden.

            LA TREGUA POLÍTICA

            La suspensión de las actividades de los partidos políticos fue dispuesta por el Decreto No. 1 mencionado y reglamentado después por el Decreto 447, de fecha 18 de marzo de 1940. "La tregua política, decía el considerando de esta disposición, está inspirada en el anhelo de pacificar los espíritus, como primer paso para crear el ambiente propicio que ha de facilitar la nueva estructuración del Estado".

            La tregua consistía en "la suspensión de las actividades públicas de los partidos y agrupaciones políticas". Durante su vigencia quedaba prohibida:

            "a) La realización de asambleas y mítines en lugares públicos y locales cerrados.

            "b) La publicación y difusión de cualquier clase de documentos de carácter político que de alguna manera puedan turbar la paz pública.

            "c) La publicación por la prensa de artículos que contengan declaraciones del mismo orden.

            "d) Las polémicas personales de carácter político.

            "e) La difusión por radiotelefonía de discursos, comentarios u otra clase de documentos políticos no controlados por el Ministerio de Gobierno y Trabajo.

            "f) Todo trabajo público con fines de proselitismo político". (Art. 2º)

            La prensa podía considerar los problemas de interés nacional pero con exclusión de toda finalidad política partidaria. (Art. 3°) El control de la prensa era absoluto. Toda publicación impresa, sea periódico, revista, folleto o volante, debía tener autorización previa del Ministerio de Gobierno y Trabajo para su impresión y aparición. (Art. 4°) La censura previa era total. Todo texto a ser impreso debía tener igualmente la aprobación previa del Ministerio de Gobierno y Trabajo. Las transgresiones eran penadas con la suspensión o clausura del diario o publicación, el secuestro de sus ediciones y el confinamiento del director o directores responsables por un tiempo no menor de seis meses.

            Los que repartieran o difundieran volantes o panfletos que inciten al desorden o a la revuelta contra las autoridades constituidas eran pasibles de penas de prisión y confinamiento. Las librerías y puestos de expendio que vendieran publicaciones o impresos prohibidos eran igualmente pasibles de penas de clausura, multa y secuestro de las respectivas publicaciones.

            LA LEY DE PRENSA

            Fue el complemento de la reglamentación de la tregua política. Los considerandos del Decreto Ley 1776 fueron claros y amenazantes. El Estado no podría "asistir impasible, decía, a una campaña de prensa en que se combata la esencia misma de nuestras instituciones republicanas". "Defenderse es un deber primordial de las naciones que aspiran a conservar su vida misma. El Gobierno, que representa a la Nación, tiene el deber de dictar normas de orientación para reprimir las exageraciones y las licencias de la prensa sin responsabilidad, categoría que no puede ya subsistir en nuestra época".

            Para el efecto el Gobierno podía, "en determinadas circunstancias, en que se encuentren interesados el orden público o la seguridad de la Nación", adoptar cualquiera de las siguientes medidas:

            "a) Establecer sobre materias específicamente declaradas la prohibición de tratarlas, salvo en la forma que indique el Ministerio de Gobierno y Trabajo;

            "b) Utilizar sin cargo alguno las columnas de la prensa para la difusión de noticias y decisiones emanadas del Gobierno Nacional;

            "c) Establecer temporalmente el control mediante procedimientos que determinará oportunamente y en cada caso;

            "d) Tomar a su cargo la dirección de la prensa, sin afectar a su administración y con indemnización de daños y perjuicios si los hubiera". (Art. 2°)

            Las violaciones e incumplimientos de las directivas y resoluciones de la autoridad encargada del control de la prensa eran penados con multas, suspensión, clausura, confinamiento y destierro.

            Con estas medidas, la expresión del pensamiento y de las ideas quedaba amordazada y la actividad de los partidos cancelada. En adelante, la única palabra que, leería o escucharía la población seria la del Gobierno. Nadie podría discutir u objetar las medidas que se irían adoptando. La paz y el orden reinarían en el país. Silenciada la prensa y acallada toda posible crítica, el Gobierno prosiguió su tarea reformista. Veamos seguidamente las principales medidas adoptadas.

            EL ESTATUTO AGRARIO

            Para la nueva clase dirigente, en su totalidad abogados sin mayor formación económica, la gran tarea reordenadora consistía en la modificación del marco legal de la Constitución del 70 que impedía el accionar más efectivo del Estado y obstaculizaba con ello el progreso y el bienestar de la nación. Con ese mismo criterio, el problema agrario era fundamentalmente una cuestión jurídica, que según la opinión de su principal patrocinante, el Dr. Carlos Pastore, tendría su solución con la promulgación de una "ley de reforma agraria que, al mismo tiempo que unifique la dispersa legislación vigente sobre la materia, constituya un instrumento legal adecuado para realizar en forma gradual y sistemática un plan para dotar a los campesinos paraguayos de tierras, como el primer y necesario paso en el propósito de recuperar para los habitantes de la república las fuentes de la riqueza nacional".⁶⁹

            Según el criterio del autor de la ley y de sus patrocinadores en el parlamento, "la necesidad de redistribución de la tierra era impuesta por el problema social creado por el latifundio", al cual la ley debía darle solución. Algunas cifras mencionadas en apoyo de este aserto fundamentaban la gravedad del problema. Catorce propietarios poseían 7.000.000 de hectáreas en la región oriental, y otros once propietarios poseían en el Chaco 5.000.000 de hectáreas.⁷⁰ Como recalcó luego el propio Dr. Pastore, "no esta(ba) en juego el derecho de propiedad sobre los bienes muebles o inmuebles de los habitantes del país, sino que fundamentalmente se trata(ba) de un conflicto socio-económico entre latifundistas monopolistas de la tierra (en su gran mayoría al servicio de intereses internacionales) y los productores agropecuarios paraguayos, sometidos estos a condiciones contrarías a los intereses colectivos nacionales en la explotación de la tierra".⁷¹ El proyecto fue discutido pero no alcanzó a ser sancionado por el Parlamento. Fue promulgado, luego de su autodisolución, por simple decreto del Poder Ejecutivo.

            Según se dijo durante la discusión parlamentaria del proyecto, el objetivo de la redistribución no era ofrecer a los agricultores las tierras públicas disponibles en diversas regiones del país, que resultaban inaccesibles a las vías de comunicaciones y a los mercados de consumo, sino "darles las que ocupan".⁷² Al efecto, fueron declaradas de utilidad pública y sujetas a expropiación, prácticamente todas las tierras aptas para la explotación agropecuaria, con la sola excepción de aquellas que estuvieran racionalmente explotadas por sus dueños.⁷³ La reforma agraria consistía básicamente en redistribuir las grandes propiedades en que se encontraran asentados más de 20 ocupantes elegibles, para organizar con ellos colonias formadas por granjas de 20 hectáreas mínimas. No decía nada sobre los múltiples asentamientos que tuvieran 19 ocupantes o menos, o sobre las grandes regiones minifundarias, en las que una parcela de reducida superficie, ocupada precariamente o poseída en propiedad, lindaba con otra similar y cubrían importantes regiones del país, particularmente casi toda la región central, circundante a la capital. La función central del Departamento de fierras y Colonias, encargado de la ejecución del programa, era la redistribución de tierras. Para el efecto quedaba facultado para efectuar las expropiaciones, ejecutar los loteamientos, distribuirlas parcelas y organizar y administrar las colonias. Quedaba el Departamento bajo la jurisdicción del Ministerio de Obras Públicas y no del Ministerio de Economía y del Departamento de Agricultura.

            Este enfoque tenía dos grandes limitaciones. En primer lugar, abordaba exclusivamente el problema de la tierra. Y la redistribución de la tierra es un requisito indispensable, pero no suficiente, para remediar el agudo problema agrario del país. Necesitaba del complemento del apoyo crediticio y de la asistencia técnica al agricultor para que el trabajador agrícola pudiera incrementar efectivamente su capacidad productiva y su bajo nivel de ingresos y de vida. Para aumentar el rendimiento de su explotación, el campesino agricultor necesitaba invertir un capital que no disponía para la adquisición de semillas, insecticidas, fertilizantes, herramientas y maquinarias. Sin ese complemento, el agricultor y. su familia no tenían posibilidades de un aprovechamiento adecuado de la tierra que pudiera entregársele.

            En segundo lugar, la nueva ley abordaba, lo dijeron sus patrocinadores, el problema del latifundio improductivo, pero soslayaba el problema igualmente perentorio del minifundio generalizado, que junto con el de la ocupación precaria de la tierra trabajada, eran los otros grandes problemas que afectaban las posibilidades productivas del agricultor. Sus magnitudes eran igualmente alarmantes. Según el censo agrícola realizado solo tres años después, de las 94.495 explotaciones agrícolas que existían en el país, el 77,6%, o sea 77.329, correspondía a arrendatarios y ocupantes. El 48,5% de la chacras censadas tenían una superficie menor de 5 hectáreas. Solamente una de cada tres chacras tenía arado de hierro. El promedio de la superficie cultivada era apenas de 3,5 hectáreas por chacra. La superficie total de las chacras censadas representaba solo el 5% de la superficie total del país, y el área efectivamente sembrada menos del 1%, exactamente el 0,82%. El campesino no producía más no solo porque no tenía tierra propia y suficiente, sino porque tampoco tenía los medios y los conocimientos técnicos necesarios para una explotación más racional y más productiva.

            La pequeña agricultura es en el Paraguay y en todas partes, una explotación de subsistencia. Es el medio que asegura el sustento del núcleo familiar que la trabaja. A pesar de que las pequeñas parcelas eran intensamente cultivadas, el rendimiento era reducido e insuficiente. Proveía apenas el alimento indispensable para el sustento de la familia campesina y un excedente limitado que se comercializaba localmente y se destinaba a la compra de bienes que el núcleo no producía: comida, vestidos y medicinas. La técnica que emplea es rudimentaria y primitiva. Está basada en el fuego para la limpieza de la tierra y en el uso de la azada y el machete como principales instrumentos de labranza. El uso del arado para la roturación del suelo era limitado. Con estos precarios medios, la productividades determinada exclusivamente por el trabajo físico y la calidad de la tierra. Los rendimientos y los ingresos de cada explotación eran por ello siempre bajos. En esas condiciones, la formación de ahorros y su aplicación al mejoramiento de la capacidad productiva resulta difícil si no imposible. La falta de inversiones impedía la incorporación de mejores técnicas que aumenten el rendimiento del esfuerzo productor. Y este círculo vicioso, de baja productividad por falta de capacidad de ahorro determinará el estancamiento de la productividad agrícola y el mantenimiento de la población rural en un bajo nivel de subsistencia.

            Según estudios realizados ulteriormente por el STICA, para que una familia campesina pueda tener un nivel de vida aceptable, necesita de una superficie mínima de 15 hectáreas: 1 hectárea para la casa, 2 para piquetes, 2 para forrajes de animales, 2 para cultivos de subsistencia y 8 hectáreas para cultivos de renta. Y prácticamente la totalidad de las unidades agrícolas del país, excluido el reducido grupo de la agricultura empresarial de la caña de azúcar y del arroz, y algunas colonias extranjeras, disponían de una superficie menor que la necesaria para lograr ese nivel de vida razonable.

            A la necesidad del acceso a una superficie suficiente, había que agregar los requerimientos de capital y de tecnología que esa explotación de la unidad agrícola mínima óptima demandaba. Según estudios realizados ulteriormente por el STICA, para que una familia de 5 miembros (con dos hijos en edad de trabajar) pueda cultivar un total de 10 a 12 hectáreas, era absolutamente necesario que utilice diversos implementos agrícolas, por ejemplo, un arado de hierro, una sembradora y un pulverizador, así como el uso cooperativo entre tres o cuatro agricultores de una rastra de discos y otra de púas. Las 8 hectáreas destinadas a cultivos de renta eran las que proporcionarían al agricultor los fondos necesarios para amortizar en un período de 15 años una casa confortable y otras mejoras prediales; en 5 años los animales e implementos de labor, y proveer además las necesidades familiares que la producción de la chacra no alcanzaba directamente a abastecer, como ciertos comestibles, vestidos, atención médica, etc.

            El decreto introducía modificaciones fundamentales al régimen de propiedad de la Constitución del 70. Prácticamente todas las tierras aptas para la agricultura quedaban afectadas a la reforma consagrada. La redistribución sería realizada sobre la base de los principios nuevos del "dominio eminente del Estado sobre el suelo del territorio nacional", de que la "tierra es el instrumento de una función social", y qué "todo hogar paraguayo debe estar asentado sobre un pedazo de terreno propio que le produzca lo necesario para la vida".⁷⁴ Se eliminó asimismo el requisito legal de la indemnización previa que establecía la Constitución. Las tierras expropiadas serían pagadas en un plazo de 5 años. Por un simple decreto presidencial se modificaron así normas fundamentales consagradas por la Constitución, lo que hacía cuestionable la legalidad de la nueva norma dictada. Lo advirtieron en su momento los Dres. Mendouca y De Gásperi, dos prominentes juristas liberales.

            Con la consagración de estos principios, la gran reforma quedaba consumada. Solo que el decreto no fijó metas ni plazos para su ejecución ni dio solución para los ocupantes de tierras que no alcanzaran el número de 20 en un solo predio, que eran numerosísimas, ni para las grandes regiones minifundiarias que constituían la gran mayoría de la población rural del país. Instituidos esos principios nuevos, la reforma debía realizarse en adelante dentro del nuevo marco legal, pero solo en forma gradual y sistemática, como lo proclamó el propio Dr. Pastore. Entre tanto, los 77.329 ocupantes y aparceros que trabajaban tierras que no les pertenecían, y los cuarenta y tantos mil minifundistas debían seguir esperando con resignación y paciencia que esos principios consagrados por simple decreto del Poder Ejecutivo se hicieran alguna vez realidad. Esa era, en líneas generales, la solución agraria consagrada por los reformistas del nuevo orden dentro del programa de transformación política y económica del Estado Paraguayo.

            EL CONTROL DE LAS IMPORTACIONES

            Esta fue la más innovadora de las medidas adoptadas para la estructuración del nuevo orden. Representaba una ruptura con la política comercial observada hasta entonces. Por primera vez se reconocía oficialmente que la expansión continuada de las operaciones del comercio de importación reñía con los intereses económicos del país y se adoptaban medidas para controlarla. Hasta entonces el Gobierno había intervenido el comercio de exportación y la comercialización interior pero no el comercio de importación. Expropiaba parte del producido cambiario de las exportaciones, pero nunca había osado interferir o regular el comercio importador. Al contrario, todas las seguridades y garantías estaban orientadas a proteger su libre ejercicio. La expropiación cambiaria era realizada para garantizar al importador un cambio estable. La importación fue siempre en el país una actividad libre y la más respetada y protegida. Los importadores constituían el sector más acaudalado y gravitante del país. Al decir de Eligio Ayala, eran los intocables. Eran los mayores contribuyentes del Estado, los defensores permanentes del libre comercio, del libre cambio y los propulsores fervorosos de la estabilidad cambiaria.

            Con el propósito de aliviar la presión que las importaciones crecientes ejercían sobre el mercado cambiario y contener la tendencia alcista de la cotización cambiaria, el Gobierno instituyó, con el Decreto 14.480 del 2 de junio de 1939, un sistema de contralor de las importaciones. Se buscaba con ello defender el equilibrio de la balanza comercial y proveer de la mejor forma posible la demanda interna de artículos de primera necesidad. Incluía las medidas siguientes:

            a)         Cuotas de importación por países de origen, que serían establecidas de acuerdo con las disponibilidades de divisas que proporcionaban las exportaciones y con sujeción a los tratados bilaterales de comercio y de pago que pudieran concertarse;

            b)         Control del destino de las exportaciones, a los efectos de la determinación de las cuotas de importación a definirse. Los exportadores debían declarar el destino final de las exportaciones dentro de los 30 días siguientes al embarque cuando eran destinadas a países vecinos y de los 90 días cuando el destino fuera de ultramar. Debían además declarar el valor fob. de las mismas.

            c)         Permisos previos de importación. Quedó prohibida la importación y el despacho aduanero de mercaderías sin la disponibilidad del respectivo permiso previo otorgado por la Comisión de Contralor de las Importaciones. Los permisos emitidos eran intransferibles. Se habilitó además un registro obligatorio de importadores.

            d)        Quedó instituida una Comisión de Contralor de las Importaciones que fue adscripta al Banco de la República pero sin depender de su Directorio. Fue integrada con cinco miembros nombrados todos por el Poder Ejecutivo y de los cuales dos eran propuestos por la Cámara de Comercio y la Unión Industrial.

            El objetivo del control dispuesto no fue el proteccionismo ni la substitución de importaciones en favor de la industria nacional. Buscaba tan solo regular el volumen, el origen y la composición de las importaciones para preservar el equilibrio de la balanza comercial, la estabilidad cambiaría y asegurar el mejor abastecimiento de artículos de primera necesidad a la población. En el fondo, la medida no reñía con los intereses del sector importador en tanto se mantuviera un mercado libre de cambios donde los importadores quedaran en libertad para la adquisición y remesa de las divisas destinadas al pago de sus obligaciones con el exterior. Al mismo tiempo, era la primera ocasión en que a los sectores económicos se les daba una representación y una participación directa en la conducción y aplicación de normas de política económica. Era la primera aplicación del principio de la democracia orgánica de los corporativistas católicos o de la democracia funcional de Stefanich. Un nuevo sistema de acceso a la función pública quedaba instituido, el de la representación gremial o sectorial, que no requería de la movilización y apoyo de los partidos políticos ni de comicios populares. No hubo por ello protestas ni quejas en el sector empresarial por su adopción, a pesar del flagrante atropello a los principios del libre comercio que representaba. Si el sistema se administraba con equidad, el comercio podría convivir con él y prevenir que se convirtiera en un instrumento de abusos y atropellos a sus intereses y privilegios.

            EL CONTROL DE PRECIOS

            Por Decreto N° 16.855 del 8 de setiembre de 1939, se establecieron normas estrictas para la comercialización interna de los artículos de necesidad general. El objetivo era prevenir la especulación y la suba desmedida de los precios. Se trataba de contener le inflación no por sus causas sino por sus efectos. La causa        principal de la suba de los precios era la continua emisión monetaria destinada al financiamiento del déficit del sector público. La suba de precio era tan solo el efecto inevitable de la expansión Continuada del medio circulante.

            El Decreto dispuso el congelamiento de los precios de los artículos de primera necesidad. Los comerciantes de la capital y la campaña debían presentar dentro de los 30 días siguientes los precios vigentes de los artículos de necesidad general. Los precios declarados no podían ser modificados sin la aprobación de la Dirección General de Industrias y Comercio.

            La misma Dirección quedaba facultada a fijar los precios de venta de los bienes de primera necesidad que fuesen importados, para lo cual la Aduana debía pasarle copia de las facturas consulares de las mercaderías despachadas.

            El ocultamiento de mercaderías era sancionado con penas de comiso y multas y la inhabilitación del comerciante por un término de hasta dos años. El Ministerio de Economía podía prohibir la venta libre de mercaderías de necesidad general y organizar su expendio por intermedio del Banco Agrícola.

            Un aspecto relevante de este decreto fue que para justificar las facultades del Estado para ejercer el contralor fijado, en los considerandos del mismo se invocó y enumeró detalladamente, además de las medidas extraordinarias adoptadas durante el período de guerra con Bolivia, las disposiciones intervencionistas adoptadas por el Gobierno del presidente Franco, cuya legalidad fue anteriormente objetada por el liberalismo. Con ello convalidaba la legitimidad de las mismas.

            Poco después, y anticipando las dificultades que derivarían de la guerra desatada en Europa, por Ley 282 del 17 de noviembre de 1939 se ampliaron los poderes reguladores del Poder Ejecutivo. Por el tiempo que durara la conflagración, quedaba facultado para, fijar una nómina de artículos y productos sujetos a las limitaciones de precios, prohibir o restringir la importación de determinados artículos, controlar las existencias e inspeccionar locales y almacenes, examinar los libros de comercio, autorizar el comiso de bienes acaparados o cuyos precios se hayan alterado, expropiar mercaderías, etc. con la finalidad de prevenir y reprimir el acaparamiento o el aumento injustificado de precios de las mercaderías de necesidad general.

            Mientras las fuerzas cívicas del país repudiaban las restricciones a los derechos ciudadanos establecidas con estas normas, el sector empresarial buscó acogerse a ellas para asegurar y amparar la continuidad de sus operaciones. El autoritarismo político engendró una suerte de paternalismo económico. Empresarios e industriales pedían la intervención del Gobierno para garantizar y preservar el desenvolvimiento ordenado de sus actividades. Privados de la protección de la ley y de las garantías constitucionales, no querían seguir arriesgando sus capitales en ningún género de negocios que no contara con la aprobación expresa del Gobierno. Buscaban en esa aprobación el mínimo necesario de seguridad contra súbitos cambios de políticas que pudieran comprometer sus patrimonios y sus ganancias. Con los nuevos poderes asumidos, el Gobierno se había constituido en el gran árbitro de la justicia económica y en el dispensador de privilegios con el que se debía acordar y cooperar.

            LA CONSTITUCIÓN DE 1940

            Con estas medidas quedaron instituidos en el país el absolutismo político y el autoritarismo económico. El Gobierno se volvía fuerte y poderoso, pero al mismo tiempo frágil y vulnerable. Su autoridad y su poder derivaban de simples decretos presidenciales que no podían resistir el examen legal de un juicio de constitucionalidad. La vigencia de la Constitución de 1870 estaba suspendida pero no derogada. Inclusive la suspensión dictada por simple decreto presidencial carecía de toda validez jurídica.

            Al Gobierno le urgía regularizar esta situación y sancionar una nueva Constitución que remplazara a la del 70, sobre todo para poder formalizar el empréstito americano y disponer de los recursos acordados. La presión externa era intensa. Refirió Marín Iglesias que "el Gobierno norteamericano, con el que habíamos firmado contratos de empréstitos, insistía ante nuestro Gobierno para elaborar algún documento constitucional para el país".⁷⁵

            Como una constituyente requería de una elección nacional para la designación de convencionales, en la que la dirigencia del nuevo orden no tenía ninguna posibilidad de triunfar, el Gobierno decidió nuevamente proceder por la vía autoritaria. Un proyecto de constitución, elaborado apresuradamente por un reducido grupo de abogados del entorno presidencial, fue promulgado por un simple decreto fechado el 10 de julio de 1940 y sometido a un plebiscito para su ratificación. La parte dispositiva del decreto decía así:

YO, JOSE FELIX ESTIBARRIBIA, PRESIDENTE DE LA REPUBLICA DEL PARAGUAY, DECRETO Y SANCIONO:

"Art. 1° Desde esta fecha entrará en vigencia la presente Constitución, en substitución de la Carta Política de 1870.

"Art. 2° Someto la presente Constitución al veredicto del pueblo, a cuyo efecto convoco a todos los ciudadanos a plebiscito, que se realizará el 4 de Agosto próximo venidero, de acuerdo con las leyes electorales vigentes, y a la reglamentación que se dictará oportunamente.

            De acuerdo con la parte expositiva del decreto, la nueva constitución tenía por objeto "salvar al país del recrudecimiento de la larga anarquía que tan duramente había castigado a la familia paraguaya", y "dotar al Estado de facultades que le habiliten más ampliamente a cumplir sus funciones de realizar el progreso y de intervenir para alcanzar una mayor justicia social, para orientar la economía, para racionalizar la producción y sistematizar coherentemente el trabajo nacional". Para estos propósitos, la nueva carta fortaleció el poder presidencial y arrasó con los principios democráticos del equilibrio de los poderes del Estado y de la inviolabilidad de los derechos de las personas. La gravitación y funciones del parlamento fueron cercenadas. El Presidente de la República fue investido de atribuciones ejecutivas y legislativas, con derecho a dictar decretos leyes durante el receso parlamentario y a disolver la cámara legislativa a su arbitrio. Para convalidar los actos legislativos del Poder Ejecutivo se creó, como órgano consultivo, un Consejo de Estado integrado en su absoluta mayoría por miembros y representantes del propio Gobierno.

            El Poder Judicial, cuyos integrantes pasaban a ser nombrados y removidos por el Presidente de la República, perdió su autonomía y quedó convertido en una virtual dependencia del Poder Ejecutivo. Los derechos y garantías de los habitantes podían ser cercenados o suspendidos mediante simples decretos reglamentarios, a discreción de la voluntad presidencial. El estado de sitio sería en, adelante preventivo y no represivo. Consagrados estos principios nuevos, la dictadura quedó institucionalizada en el país.

            LA OPOSICIÓN DEL PARTIDO COLORADO

            En un manifiesto lanzado a la opinión pública y en abierto desafío a las prohibiciones expresas de los decretos imperiales de la tregua política y del control de prensa, el Partido Colorado se pronunció en contra de la legalidad de la Constitución sancionada y de los nuevos principios consagrados en ella. El texto de este documento es el siguiente:

            "AL PUEBLO DE LA REPÚBLICA.

            "La Junta de Gobierno del Partido Nacional Republicano (Colorado) en la imposibilidad de convocar a la Convención Partidaria, de inmediato, para adoptar como autoridad suprema las decisiones que correspondan al momento político, cumple el deber imperioso de expresar brevemente sus puntos de vista con motivo del acto trascendental asumido por el gobierno del Gral. Estigarribia, al dictar y poner en vigencia la Nueva Carta Constitucional para la nación.

            "El Coloradismo, que representa a justo título, a la mayoría del país, era y sigue siendo partidario de la Reforma de nuestra Constitución de 1870, que inspirada en los principios del Liberalismo individualista, requería ya reformas esenciales en su orientación económica y social. La última Convención Partidaria reunida en marzo de 1938, proclamó la necesidad de esta reforma, y estableció su contenido en el Programa de Acción aprobado en la misma fecha.

            "Una Carta Política no puede imponerse a un pueblo por la fuerza, ni por la voluntad unilateral de un caudillo o un magistrado, por altos que sean sus merecimientos. La Constitución política debe ser la expresión de la voluntad mayoritaria de la Nación libremente manifestada, porque solamente con este origen puede ser fuerza legal y espiritual orientadora. Una Constitución impuesta, lejos de traducirse en una prenda de paz y convivencia nacional, será un instrumento sin valor jurídico, y un elemento de permanente perturbación política.

            "La Reforma Constitucional, cuya necesidad era y es reconocida por todos los sectores de opinión, orientada por el gobierno en forma patriótica, pudo ser un movimiento nacional de reconciliación de la familia paraguaya, permitiendo la vuelta de una convivencia desaparecida.

            "La Junta de Gobierno del Coloradismo, cree que el Decreto-Ley 2242 por el que se dicta y pone en vigencia la Nueva Constitución, entraña un grave error político, por su inoportunidad, la forma de su establecimiento, y su contenido político en cuanto se refiere a la organización de los poderes y sus facultades,

            "Nuestra Constitución del año 1870, establece en su artículo 123, que a la Convención Nacional Constituyente compete, exclusivamente la facultad de hacer reformas en la Constitución.

            "El Decreto Legislativo del 15 de febrero del año en curso, dictado por la última Asamblea Legislativa que autoriza la reforma de la Constitución vigente, de conformidad con aquella prescripción dispone que será la Convención electa popularmente la que deberá considerar y aprobar la Carta Constitucional Reformada.

            "El propio Presidente de la República, en Decreto de fecha 18 de febrero, por el que asumía los poderes políticos del gobierno declaró que oportunamente y de acuerdo con el Decreto Legislativo del 16 de febrero, convocaría al pueblo para la reunión de una Convención Nacional que debería dictar la nueva Carta Política.

            "No es necesario decir más para dejar evidenciado que el único órgano político competente para considerar la Reforma Constitucional, total o parcial, es la Convención Nacional Constituyente. El Presidente de la República o el pronunciamiento plebiscitario no pueden sustituirse a la autoridad de la Convención sin causar la nulidad de los actos realizados.

            "La decisión plebiscitaria, no solamente es extraña a nuestro sistema político, sino, además, está sabiamente prohibida por la Constitución, al establecer en su Artículo 31, que el pueblo no delibera ni gobierna sino por medio de sus representantes y autoridades creadas por la Constitución.

            "El régimen democrático representativo, en el que está inspirada nuestra Carta Política de 1870, se basa esencialmente en la independencia y equilibrio de los tres poderes del Estado.

            "Un ligero examen de la Constitución aprobada y puesta en vigencia por el Decreto Ley 2242, hará evidente que este sistema de independencia y equilibrio estará roto a favor del poder que maneja los caudales y la fuerza de la Nación.

            "En el efecto, el Presidente de la República puede: a) ser reelecto por otro período de cinco años; b) disolver la Cámara de Representantes, cuantas veces quiera; c) dictar decretos-leyes durante el receso parlamentario, que será de siete meses; d) en el caso de vetar totalmente una Ley, este veto tendrá efecto suspensivo por un año; e) exclusivamente prorroga las sesiones ordinarias de la Cámara de Representantes, o la convoca a extraordinarias, en cuyo caso la Cámara solo tratará aquellos asuntos que sean sometidos a su consideración por el Poder Ejecutivo; f) los proyectos remitidos por el Poder Ejecutivo a la Cámara de Representantes, quedarán convertidos en leyes, si no fuesen despachados en el curso de las sesiones ordinarias, g) el derecho parlamentario de interpelar y hacer comparecer en su recinto a los ministros, queda anulado; h) el Presidente no puede ser enjuiciado ni removido.

            "El derecho de reelección que alentará a todos los Presidentes a continuar por un segundo período, tendrá funestas consecuencias en la vida política del país.

            "El derecho de disolver la Cámara de Representantes, sin limitación alguna, desmedra su independencia, vulnera su respetabilidad y le convierte en un poder que puede ser constitucionalmente avasallado por el Poder Ejecutivo.

            "El derecho de disolución es reconocido con limitaciones en los regímenes parlamentarios, a los Presidentes, porque bajo este sistema, la efectividad del Poder Ejecutivo es ejercida por los Consejos de Ministros, de origen parlamentario, y los Presidentes actúan principalmente como árbitros entre los Partidos Políticos.

            "Los miembros de la Suprema Corte, serán designados por el Presidente de la República, con acuerdo del Consejo de Estado, y podrán ser removidos por este mismo Consejo, por juicio de la Cámara de Representantes.

            "El Consejo de Estado, con diez y ocho miembros, estará integrado permanentemente por catorce funcionarios públicos, que deberán sus posiciones y podrán ser removidos de ellas, por la exclusiva voluntad del Presidente de la República. La única excepción es la referente al representante de la Iglesia.

            "¿En qué garantías de estabilidad pueden confiar los miembros de la Suprema Corte, cuando sus jueces están sometidos a la influencia directa del Presidente de la República y este tenga interés en la remoción de los acusados?

            "Por esta somera enunciación de las principales facultades atribuidas al Poder Ejecutivo, queda evidenciado que la Constitución aprobada por el Decreto 2242 anula la independencia y el equilibrio de los poderes del Estado, principio básico de nuestro régimen democrático representativo.

            "Con tales poderes extraordinarios no es aventurado predecir que las libertades públicas quedarán a merced del equilibrio moral y temperamento personal del Primer Magistrado investido de tan amplia y discrecional autoridad.

            "La presente comunicación no tiene otro propósito que exponer a los dirigentes e integrantes de nuestra Asociación la opinión de su Junta de Gobierno, con motivo del acto político fundamental que acaba de adoptar el gobierno del Gral. Estigarribia.

            "Nuestro partido, la fuerza cívica y moral más ponderable del país mantiene su fe indeclinable en los principios de la democracia y en la victoria pacífica de ella, por la formación de un estado espiritual nacional, que sin las convulsiones del odio estéril y la violencia destructiva, permitirá a la Nación superar su larga crisis y reencontrar su tranquilidad perdida.

            "La Junta de Gobierno recomienda a nuestras masas de afiliados, mantengan su abnegado espíritu de disciplina partidaria y perseveren en sus hábitos de orden y trabajo, que constituyen la fuerza y el orgullo de nuestro partido.

            "Federico Chaves. Vice Presidente en ejercicio.

            "Luis Oscar Boettner. Secretario".

            Consecuente con la posición de crítica asumida en este documento, el Partido Colorado instruyó a sus adeptos la abstención en el plebiscito convocado. El Partido Liberal, en cambio, no solo comisionó a sus directores y afiliados a integrar y presidir las mesas receptoras de voto, sino que el acta final que consignó el resultado de la votación y proclamó la ratificación de la Constitución promulgada lleva la firma exclusiva de sus dirigentes.

            Cumplido el trámite formal del plebiscito, el entorno oficial y el Ejército fueron convocados el 15 de agosto siguiente a jurar, con grandes solemnidades, la nueva constitución. El Gobierno tendría en adelante un marco constitucional autoritario y despótico que le facilitaría su acción transformadora. Y con la posibilidad abierta de la reelección presidencial consagrada en la nueva carta, se pensaba que el país le tendría a Estigarribia por largos años como supremo conductor. Pero el destino tiene sus caprichos imprevisibles, que alteran inexorables el curso de los acontecimientos y el devenir de la historia. Y el caso de Estigarribia fue uno de ellos.

            LA MUERTE DE ESTIGARRIBIA

            Apenas aplacadas la algarabía y la euforia del juramento de la nueva constitución, el 7 de setiembre siguiente el presidente Estigarribia decidió ir a San Bernardino en avión. Al llegar a la Aeronáutica Militar, le informaron que el bimotor Breda, que usualmente utilizaba en sus viajes de fines de semana, tardaría solo unos cuarenta minutos en llegar. Impaciente Estigarribia pidió que se le transportara con cualquiera de las máquinas disponibles. Y acompañado de su esposa, subió a un viejo Potez, de los que hicieron bajo sus órdenes los grandes combates y reconocimientos aéreos en el Chaco. Por causas indeterminadas, el cansado avión no pudo completar su vuelo y cayó estrepitoso en un bosque cercano a su punto de destino. Y al estrellarse violento contra la arboleda, produjo la muerte instantánea del Presidente, de su esposa y del piloto de la máquina. Fue una tragedia que afectó hondamente el pulso ya inquieto de la nación, no solo por la pérdida dolorosa dé tres vidas relevantes, sino también, por las repercusiones que podría tener sobre la estabilidad del Gobierno y sobre las perspectivas inciertas del futuro del país.

            Se abrió allí un paréntesis de sombras y de dudas intensas sobre lo que podría venir después. Este trágico percance tronchó de cuajo, intempestiva y dramáticamente, el naciente proyecto totalitario de la juventud más ilustrada del liberalismo paraguayo. El Gobierno perdió a su líder, al elemento aglutinante y representativo de la nueva conducción, y sobre todo, al factor de equilibrio de las relaciones nada firmes del Ejército con el reducido grupo civil que conformaba el entorno presidencial. La desintegración del frente gubernamental se hizo inevitable y su desmoronamiento comenzaría casi de inmediato. Terminó así, abruptamente, la corta vigencia del nuevo orden que prometió la paz interna y el progreso duradero del país. Pero su proyección maligna no terminó allí. Su legado nefasto, un nuevo orden constitucional que regiría la vida nacional por largos años, legitimó en el país la dictadura y la opresión, y con la proscripción de todas las libertades y derechos ciudadanos, imposibilitó la instauración del sistema democrático anhelado por la inmensa mayoría de la población como fórmula de gobierno y de convivencia nacional.

NOTAS

¹Los militares pro colorados habían sido en su mayoría marginados por Franco en ocasión del enfrentamiento Caballero-Stefanich.

²Paiva (h), Félix. El Coronel Arturo Bray y el Gobierno del Dr. Félix Paiva. ABC. Noviembre, 15 de 1981.

³Texto retraducido al español de la versión inglesa incluida en el Despacho 440 del 26 de agosto de 1937 de la Legación Americana en Asunción.

⁴Di Tella, G. y Zymelman, M. Los cielos económicos Argentinos. Paidós. pp. 251, 255

y 286.

⁵Félix Paiva. Mensaje al Congreso Nacional. 1º de octubre de 1938. El Estado General de la Nación durante los Gobiernos Liberales. Vol. III. p. 1259.

⁶La Tribuna. Situación Financiera. Julio 7 1938.

⁷LAA. Despacho No. 454. Setiembre 16 de 1937.

⁸Ibíd.

⁹LÁA. Despacho 466. Setiembre 25 de 1936.

¹⁰Bray, Arturo. Armas y Letras. Memorias. T.M. pp. 32 y 33.

¹¹Ibíd., p. 33.

¹²La Tribuna. Setiembre 25 de 1937.

¹³Ferreira Pérez, Saturnino. Proceso Político del Paraguay. 1936-1942. T.I p. 81.

¹⁴Seiferheld, Alfredo M. Nazismo y Fascismo en el Paraguay. p. 117.

¹⁵Bray, Arturo. Ob. cit. p. 43.

¹⁶Ibíd. p. 46.

¹⁷LAA. Despacho 511. Diciembre 9 de 1937.

¹⁸La Democracia. Decreto del Poder Ejecutivo a Elecciones para Diputados, Senadores y Miembros de la Junta Electoral Central. Diciembre 31 de 1937.

¹⁹Patria. Noviembre 9 de 1937,

²⁰LAA. Despacho No. 596. Abril 22 de 1938.

²¹El País. Ayer Comenzó la gran Convención del Partido Liberal. Mayo 30 de 1938.

²²Programa del Partido Liberal. La Democracia. Mayo 29 de 1938.

²³Bray, Arturo. Ob. cit. p. 75.

²⁴Patria. 26 de abril de 1938.

²⁵Bray, Arturo. Ob. cit. p. 47.

²⁶Jornada. El Momento Político. 16 de agosto de 1938.

²⁷Jornada. El Partido Colorado condiciona su concurrencia a las urnas. 17 de agosto de 1938.

²⁸Bray, Arturo. Ob., cit. p. 75.

²⁹Ibíd. p. 68.

³⁰Ibíd. p. 69.

³¹Ibíd. p. 71.

³²Ibíd. p. 73.

³³LAA. Despacho No. 738. Noviembre 24 de 1938.

³⁴Seguimos en esta síntesis la versión publicada en el País, Nº 438, del 23 de noviembre de 1938, bajo el título: Interpelación al M. de Hacienda reveló el desastre financiero que trajo la dictadura.

³⁵LAA. Despacho No. 738 cit.

³⁶Bray. Ob. cit. p. 87.

³⁷La Tribuna. Motivos de la renuncia del Ministro del Interior. Enero 19 de 1939.

³⁸Justo Prieto, Enrique Ayala, Gerónimo Riart. Dictamen sobre la Cuestión Presidencial. Marzo 14 de 1939. Reproducido en Justo Prieto. Ciudadano y Soldado. p. 165.

³⁹El Tiempo. La demostración al General José Félix Estigarribia. Marzo 13 de 1939.

⁴⁰El Tiempo. Gobierno de Concertación Nacional. Marzo 6 de 1939.

⁴¹El Tiempo. Forma de constituir el gobierno nacional. Marzo 6 de 1939.

⁴²El Tiempo. La Nación espera confiada. 10 de marzo de 1.939.

⁴³El Tiempo. Gobierno de Concentración Nacional. cit.

⁴⁴Justo Prieto, Enrique Ayala, Gerónimo Riart. Doc. cit.

⁴⁵ Prieto, Justo José. Ciudadano y Soldado. Biblioteca Estudios Paraguayos. p. 128.

⁴⁶El Directorio del Partido Colorada contesta al Partido Liberal. El Liberal. Enero 21 de 1940.

⁴⁷Manifiesto del Partido Colorado. Marzo 28 de 1939.

⁴⁸Recalde, Juan Francisco. Cartas a Efraím Cardozo, 1941.

⁴⁹Cardozo, Efraím. Un nuevo Partido Liberal. 1937

⁵⁰Recalde, Juan Francisco. Cartas Políticas a Efraím Cardozo. Reproduc. en: Leandro Prieto Yegros. El Proceso a la Dictadura Liberal de 1940. pp. 467 y sig.

⁵¹Cardozo, Efraím. Cámara de Diputados. Sesión de Reafirmación de los Principios Democráticos. 28 de febrero de 1939. Reproduc. en L. Prieto Y. Ob. cit. pp. 94 y sig.

⁵²Nota del Directorio del Partido Colorada al Presidente del Partido Liberal. Enero 17 de 1040. El Liberal. Enero 21 de 1940.

⁵³Cardozo, Efraím. Discurso en el Senado. El País. 27 de enero de 1940.

⁵⁴Resolución tomada por el Interventor de la Universidad Nacional por la cual se expulsa a varios estudiantes. Enero 31 de 1940, Reproducido en Prieto Yegros. Ob. cit. p. 232.

⁵⁵Resolución de la Convención Universitaria del 23 de enero de 1940.

⁵⁶Ley No. 337, que reglamenta los derechos de asociación, reunió n y difusión de ideas. Febrero 1 de 1940.

⁵⁷Acta de la sesión Extraordinaria del Directorio del Partido Liberal del 16 de febrero da 1940. Reproducido en Leandro Prieto Yegros. El Proceso de la Dictadura Liberal de 1940. pp. 268; sig; y en Arturo F. Bordón. Morínigo. Un paréntesis trágico en la vida democrática del Paraguay. pp. 139 y sig.

⁵⁸Bordón, Arturo. Ob. cit. pp. 28 y 29.

⁵⁹Acta del Consejo de Ministros del 16 de febrero de 1940. Reproduc. en Prieto Yegros, ob. cit., pp. 264 y 265.

⁶⁰La Gaceta Oficial. Febrero de 1940.

⁶¹Ferreira Pérez, S. Ob. Cit. p. 242.

⁶²Proclama del General José Félix Estigarribia al Pueblo de la República. Febrero 18 de 1940.

⁶³El Contenido de la Revolución. Discurso del Doctor Justo Pastor Benítez. La Razón. Marzo 8 de 1940. Reproduc. Prieto Yegros. Ob. cit. pp. 316 y sig.

⁶⁴Discurso del Dr. Alejandro Marín Iglesias. Reprod. en L. Prieto. Ob. cit. pp. 330 y sig.

⁶⁵Discurso del Dr. Efraím Cardozo. La Razón. Marzo 14 de 1940, Reproduc. en L. Prieto Y. Ob. cit. pp. 322 y sig.

⁶⁶Expresado en inglés en la carta enviada en español. Su traducción sería reacondicionamiento total.

⁶⁷Departamento de Estado. Correspondencia con la Legación del Paraguay. Archivo decimal 834. Microfilmado rollo N° 17.

⁶⁸Archivo Nacional de los Estados Unidos. Archivo No. 834 sobre cuestiones internas del Paraguay. Publicación Microfilmada. Rollo 20. Texto original en inglés.

⁶⁹Pastore, Carlos. La lucha por la tierra en el Paraguay. 1972. p. 365.

⁷⁰Ibíd. p. 339.

⁷¹Ibíd. p. 347.

⁷²Ibíd. p. 342.

⁷³Decreto 120. Febrero 29 de 1940. Art. 99

⁷⁴Art. 1º del Decreto No. 120.

⁷⁵Marín Iglesias, Alejandro. Siete Meses junto a Estigarribia. Alfredo M. Seiferheld. Conversaciones Político-Militares. T. IV. p. 199.

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