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ROBERTO PAREDES


  ¿A DÓNDE VA PARAGUAY? (ROBERTO PAREDES)


¿A DÓNDE VA PARAGUAY? (ROBERTO PAREDES)

¿A DÓNDE YA PARAGUAY?

ROBERTO PAREDES

Diagramación y armado:

CAYO AMARILLA

Asunción – Paraguay

Marzo, 2007 (191 páginas)

 

SUMARIO

CAPITULO I

LA CRISIS COLORADA

CAPITULO II 

DRÁSTICO CAMBIO DE LA COYUNTURA

CAPITULO III 

RESISTENCIA CIUDADANA

CAPITULO IV 

LA CONCERTACIÓN NACIONAL

CAPITULO V 

LAS ELECCIONES MUNICIPALES

CAPITULO VI   

EL FENÓMENO LUGO

CAPITULO VII

LA PERCEPCIÓN CIUDADANA

CAPITULO VIII

LA RENUNCIA DE LUGO

CAPITULO IX

LOS MOVIMIENTOS LUGUISTAS

CAPITULO X 

EL CONTROL DEL CONGRESO NACIONAL

CAPITULO XI

REFORMA CONSTITUCIONAL

CAPITULO XII

LA LIBERTAD DE LINO OVIEDO

CAPITULO XIII

INTERNISMOS PARTIDARIOS Y SUCESIÓN

CAPITULO XIV 

BALANCE Y PERSPECTIVAS

 

INTRODUCCIÓN

Cuando el general Alfredo Stroessner asumió la presidencia de la República, en agosto de 1954, hizo preguntar al coronel Arturo Bray, brillante hombre de armas y letras, acerca de su futuro político. Arturo Bray dio una respuesta simple, escueta y contundente:

- Usted puede ser un personaje de la historia, o un personaje de historieta.

Años después, el coronel Arturo Bray fue consultado sobre qué pensaba de Alfredo Stroessner. Dijo:

- Es un personaje de historieta.

En el Paraguay de hoy se vive momentos dramáticos, pues todo indica que se está en vísperas de transformaciones importantes. Los alcances de esa transformación están aún por verse, pues depende de un conjunto de factores, que confluyendo pueden dar un signo u otro al proceso.

En el centro de ese cuadro complejo y esperanzador se encuentra el ex obispo Fernando Lugo, quien acapara la atención ciudadana y de la prensa, y se insinúa como el hombre llamado a jugar un papel central en esta etapa de la historia local.

Distintamente de lo que se apuntó al inicio, sin embargo, Fernando Lugo no se encuentra ante una disyuntiva de hierro como la descripta por Bray con respecto a Stroessner, pues los momentos son otros y los desafíos también.

Al margen de cualquier resultado electoral, Lugo ingresó con el pie derecho a la historia de este país, y está irremediablemente destinado a desempeñar un papel clave en el inevitable proceso de transformaciones profundas y generalizadas porque así lo clama la República.

A lo largo del presente trabajo se busca reconstruir los momentos, procesos y sucesos fundamentales que hicieron parte de este complejo rompecabezas en que se convirtió la coyuntura.

Se trata de aportar informaciones de circulación restringida y elementos de análisis esenciales, sin los cuales no se podría saber a dónde va Paraguay.

 

EL  AUTOR

 

CAPITULO IV

LA CONCERTACIÓN NACIONAL

 

Fue en el seno de Resistencia Ciudadana, ya por el mes de abril, que se comenzó a hablar de Concertación, más concretamente de la necesidad de debatir sobre la posibilidad de un accionar político conjunto. El que con mayor claridad planteó la cuestión en sus inicios fue el presidente del Partido Liberal Radical Auténtico, Blas Llano.

Pero fue en junio que de manera expresa y precisa el presidente del Partido Patria Querida, Pedro Fadul, pidió al monseñor Fernando Lugo que convoque a una gran Concertación y le pidió ponerse a la cabeza de la iniciativa; no a ser el candidato de la Concertación sino el principal propulsor.

La carta de Fadul no tuvo respuesta explícita, pero se dio en el marco de una fuerte disputa por protagonismo político entre el Partido Liberal y Patria Querida.

Con la intención de revitalizar Resistencia Ciudadana, Fernando Lugo organizó una serie de reuniones (3 en total) con los dirigentes de los partidos políticos en el mes de julio, planteándose la necesidad de ajustar el Estatuto de la organización.

En el último de los encuentros el Partido Liberal preparó una celada, en complicidad con Juan Vera, de Resistencia Ciudadana. La prensa se encontraba frente al local de reunión y fue invitada a ingresar en el preciso momento en que iba a hacer uso de la palabra el presidente de los liberales, Blas Llano.

Llano pidió al monseñor Fernando Lugo que convocase a una Concertación Nacional. Seguidamente, se manifestaron los representantes de varios otros partidos, los cuales habían sido deliberadamente invitados para tratar ese asunto y no cuestiones relativas a Resistencia Ciudadana, como originalmente se tenía previsto.

Para tener una idea clara habrá que destacar que participaron el encuentro por primera vez los dirigentes de ciertos partidos políticos, como Miguel Otazú, del Partido Independiente; Ananías Maidana, del Partido Comunista; Tomás Zayas, del Partido de los Trabajadores.

Casi unánime fue el respaldo a la iniciativa de Llano, asumiendo Fernando Lugo el compromiso formal de convocar a la Concertación.

Los dirigentes menos avisados de Resistencia Ciudadana no se percataron en el momento que la convocatoria en cuestión resultaría altamente negativa para la organización, pues resultaría imposible ocuparse de mantener ambas iniciativas, por problemas de tiempo y recursos.

En el mes de julio se iniciaron los trabajos orientados a convocar a la Concertación Nacional. El monseñor Fernando Lugo convocó a Alberto Sallustro, Luis Aníbal Ayala, Miguel Fuente y al que escribe estas líneas para ayudarlo a concretar el proyecto.

El proceso preparatorio resultó más complejo que lo esperado, pues varias organizaciones sociales de peso, sobre todo las empresariales, argumentaron que por cuestiones estatutarias les resultaría imposible sumarse al proyecto.

Se procedió a seleccionar a los actores que debían participar, buscando no excluir a ningún sector. Los partidos y movimientos políticos fueron invitados en su totalidad, así como las centrales obreras, gremios empresariales, organizaciones sociales varias, movimientos campesinos, de mujeres, culturales, juveniles,... Considerando que el trabajo vendría a ser de envergadura, ya que el interés de los principales actores se presentaba grande, se alquiló un local relativamente amplio, con capacidad para soportar áreas de reuniones grandes y espacios de trabajo. Hasta ese momento y por mucho tiempo más, todo el peso financiero lo soportó Alberto Sallustro.

En agosto se realizó el acto de apertura oficial del proceso de Concertación, en la ya llamada Casa de la Concertación. Participaron del evento alrededor de 300 personas, representando a más de 50 organizaciones políticas y sociales.

Hubo más de 30 oradores, todos los cuales coincidieron en señalar que su apoyo al proceso unitario era incondicional. En respuesta a la carta-exhortación de Lugo, en que éste pedía a los actores demostrar capacidad de superar las divergencias para unirse, los actores manifestaron su voluntad de avanzar por el camino del renunciamiento.

Cerró el acto Fernando Lugo, quien dijo que consideraba que había cumplido plenamente con la misión de convocar a todos los sectores de la sociedad paraguaya para iniciar un proceso de entendimiento.

Lo que debió ser un salto hacia delante, sin embargo, resultó en un duro golpe, pues la ocasión fue aprovechada por el monseñor Fernando Lugo para resaltar que a partir de ese momento dejaba la responsabilidad de conducir la iniciativa a los líderes políticos y sociales.

Al día siguiente, la noticia no fue la apertura de la Concertación sino el distanciamiento de Lugo del proceso.

Al plantel que había cooperado con Fernando Lugo para organizar el acto de lanzamiento del proyecto se encomendó la tarea de coordinar la primera fase del proceso, que debía culminar con dos metas: la firma del Acta Fundacional, por una parte, y la integración de la Conducción Nacional, por otra parte.

Durante las primeras reuniones se aprobó un cronograma general, que estableció con precisión metas y plazos, y a partir de entonces se constituyeron las comisiones de trabajo. Las metas de corto plazo eran simples: firma del Acta Fundacional, para lo que se creó un equipo de elaboración que coordinó Juan Carlos Ramírez; y en cuanto a la Conducción Nacional se estableció que sería provisoria, con mandato hasta diciembre del 2006.

En rigor, el incipiente proyecto de Concertación experimentó un temprano proceso de decantación, pues algunos sectores se habían radicalizado con respecto al tema del liderazgo de Lugo.

Así, las Centrales Sindicales se dieron dos cursos de acción: por una parte, convocaba a la formación de un Bloque Social Popular, una suerte de Concertación paralela, de signo progresista; y por otra parte, asumía posturas divergentes con los sectores políticos más fuertes, sobre todo, con la expresa finalidad de entorpecer la marcha del proceso.

Al margen de las explicaciones de fondo de por qué se dio el temprano proceso de decantación, lo cierto y lo concreto es que desde agosto funcionaron paralelamente dos focos de aglutinación de fuerzas, con características bien diferenciadas:

- la Concertación Nacional, que bajo el peso determinante del Partido Liberal y de Patria Querida, apostaba a sumar a todos los sectores políticos y sociales en un gran proyecto político con miras a llegar al poder en el 2008, y

- el Bloque Social Popular, que teniendo en las Centrales Sindicales su principal punto de apoyo, buscaba aglutinar a todos los sectores progresistas y de izquierda para promover la candidatura de Lugo con o sin el acompañamiento de los partidos parlamentarios.

La Concertación Nacional hizo el máximo empeño para evitar la ruptura temprana, pero el esfuerzo resultó estéril y si bien se llegó al momento de la firma del Acta Fundacional en conjunto, todo indicaba que se caminaría por cuerdas separadas, como ocurrió. La situación era tan compleja que se separó el acto de la firma del acta del de la integración de la Conducción, pues no había condiciones propicias para designar sobre todo a los representantes sociales de la dirección.

Se firmó el Acta Fundacional el día 29 de agosto y dos semanas después se constituyó la Conducción Nacional provisoria. Por decisión asamblearia la dirección debía estar compuesta por 12 personas, 6 del sector político y 6 del sector social.

Para la selección de los miembros del sector político se aplicó un criterio sencillo: 3 de los ó lugares se reservó para los partidos de mayor peso: Liberal, Patria Querida y UNACE. Los demás espacios debían cubrir el resto de los partidos y movimientos.

Los partidos y movimientos políticos trabajaron en grupos afines y resultó que fueron electos muy rápidamente los 6 miembros correspondientes al sector político.

En cuanto a la designación de los representantes del sector social el tema se tornó problemático, pues los aspirantes eran muchos y los espacios a cubrir eran escasos.

De manera similar al procedimiento utilizado con los partidos y movimientos políticos se procedió a segmentar a las organizaciones sociales con el criterio de afinidad y fueron electos en el marco de reuniones relativamente conflictivas 4 de los 6 miembros, quedando reservados 2 espacios: l para el sector sindical y 1 para el sector campesino.

La instancia política se puso en funcionamiento con marcadas deficiencias. Existiendo un cronograma aprobado y un organigrama también aprobado, se procedió a su posterior modificación con criterios poco responsables, para decir lo menos.

El trabajo parecía simple: ejecutar el cronograma conforme los plazos y metas que ya se habían previsto (1) y crear los grupos de trabajo conforme un organigrama que ya se había aprobado (2).

Por inexperiencia, sobre todo, se cayó en el ingenuo error de re-discutir los plazos, las metas y las instancias a crearse, lo cual aportó una fuerte dosis de desorden en el proceso de construcción.

La Concertación avanzó más bien a los tumbos, hecho que se explicaba esencialmente por la poca habilidad de los que estaban al frente del proceso, que carecían de experiencia y de practicidad para llevar adelante tan ambicioso proyecto.

Así, algunos sectores acompañaron de manera irregular el proceso, lo que resultó desestimulante, mientras que otros simplemente se distanciaron tempranamente, al ver que ese espacio no tenía el respaldo público que se esperaba.

Lo que era real e incuestionable es que la Concertación Nacional desempeñó un papel extremadamente discreto en el escenario político. Sus deliberaciones y resoluciones poco o nada importaban a los medios, quienes en rigor consideraban que el futuro del país no pasaba por la Concertación, sino por otras decisiones. Era claro que el proyecto carecía de una pieza fundamental: Lugo, que se encontraba en el centro del proceso político. A tal punto que la viabilidad de la iniciativa pasó a depender de que él se pegase o no a la misma.

En discusión entre los principales referentes de la Concertación, del cual participó el Movimiento Popular Tekojoja, de reciente creación, Fadul expresó que cualquiera, así mismo, cualquiera ganaba con la Concertación.

Resulta más que evidente que ese es un gran engaño, pues si cualquiera pudiese ganar con la Concertación apenas quedaba como tarea hacer los ajustes y llevar el proyecto presuntamente ganador a tambor batiente. La cuestión es mucho más compleja en realidad. El proyecto había fijado como plazo para la firma de un Acuerdo Político el 5 de febrero y se empeñaba por lograr que Fernando Lugo suscribiese el mismo. Lugo dio una señal positiva y tuvo amplia repercusión en los medios de comunicación, pero no concurrió a firmar el 5 de febrero ningún acuerdo.

Entonces se determinó que el acuerdo se firmaría el 5 de marzo, realizándose todos los esfuerzos para lograr que Fernando Lugo, favorito a ganar las elecciones del 2008 conforme todos los sondeos, firmase el acuerdo en cuestión.

Lugo fue hasta la Casa de la Concertación el día 28 de febrero y cediendo ante las presiones de los dirigentes del proyecto decidió acceder a suscribir el acuerdo político, haciendo la salvedad de que lo haría como un ciudadano particular, no en representación de grupo alguno, y tampoco en condición de candidato, que no lo era. La postura de Lugo fue caracterizada como ambigua por diversos políticos, algunos de los cuales, como el caso concreto de Marcelo Duarte, de Patria Querida, sostuvieron que la postura del ex obispo era "poco seria".

En rigor, poco seria fue la decisión del periodista que lo entrevistó, pues Duarte no es un referente político de peso. No obstante, el tema no pasó a mayores porque Lugo ni siquiera se tomó la molestia de aclarar que era serio o no en su actitud.

De todos modos, el 5 de marzo Fernando Lugo concurrió hasta la Casa de la Concertación y firmó el acuerdo político en cuestión, con reservas y a título personal. Esto no agrado a los dirigentes del proyecto, pero nada pudieron hacer para evitar que así lo hiciere.

En el mencionado acuerdo se apostó a priorizar un supuesto mecanismo de elección de los candidatos a presidente y vicepresidente. A esto se llegó por presión del Partido Liberal que insistió en que el mecanismo consistiese en una votación popular a padrón abierto. Patria Querida, sin descalificar el mecanismo, abrió la posibilidad de llegar a un acuerdo sin necesidad de realizar compulsa electoral alguna.

La cuestión de fondo a ser analizada con respecto a esta iniciativa que hasta el presente muestra más deficiencias que logros es la siguiente: el proyecto tuvo como padres principales al Partido Liberal y a Patria Querida. Su desarrollo exitoso iba a premiarlos; su fracaso irá a salpicarlos de manera muy fuerte.

Algunas consideraciones generales sobre el proyecto nos lleva a vaticinar que su suerte depende de una única cuestión: será viable única y exclusivamente si decide con honestidad y sin reservas apoyar el proyecto Lugo 2008; en caso contrario está destinado irremediablemente a su desestructuración y salida por el portón trasero de la historia política contemporánea.

Algunas breves consideraciones en apoyo a esta tesis:

1. Iniciativa extemporánea: La determinación de impulsar el proceso obedeció a una precipitación inexplicable de dos sectores políticos: Partido Liberal y Patria Querida, que por encima de las condiciones de articulación altamente beneficiosas que se estaba dando al interior de Resistencia Ciudadana se propusieron impulsar el gran entendimiento, causando inmediatas bajas esenciales.

2. Iniciativa mal llevada: En vez de proceder a avanzar en los entendimientos programáticos, que podrían servir de sólido soporte al proyecto, se priorizaron aspectos irrelevantes de cara a los fines últimos del acuerdo, como ser el tema de los mecanismos para la elección de candidatos.

3. Conflictos potenciales: El proyecto soporta el duro peso de eventuales conflictos por espacios en los cargos electivos, que necesariamente vendrán a ser planteados y disputados por los referentes sociales vinculados al mismo. Como lo más probable es que no haya respuestas positivas a sus inquietudes, lo más posible es que se dé una suerte de implosión, quebrándose el proyecto en pedazos, sin que nadie tenga condiciones de poner orden en lo que vendrá a ser un verdadero caos.

Por iniciarse extemporáneamente, por haber sido mal conducida y por contener en su interior graves situaciones conflictivas potenciales, la iniciativa soporta más amenazas que oportunidades.

 

CAPÍTULO X

EL CONTROL DEL CONGRESO NACIONAL

 

Entre junio del 2005 y junio del 2006 el Congreso Nacional estuvo bajo el control hegemónico del Partido Colorado, que operando a través de Juan Carlos Galaverna, logró desplazar a los opositores de la presidencia del Poder Legislativo, con maniobras groseras pero efectivas, que consiguieron arrastrar a parte de los opositores en la jugada.

El Congreso Nacional, con clara mayoría opositora en la Cámara de Senadores, primero fue presidido por Carlos Mateo Balmelli, del Partido Liberal, en el primer período legislativo, y después por Miguel Carrizosa, de Patria Querida, durante el segundo período.

Conforme el pacto opositor a seguir correspondía la titularidad del Legislativo a Enrique González Quintana, de la Unión Nacional de Ciudadanos Éticos, UNACE.

El líder de la bancada oficialista y de lejos el congresista más astuto de los colorados, Juan Carlos Galaverna, tejió una inteligente maniobra para revertir el cuadro desfavorable para el oficialismo en el Congreso, apostando a sacar el máximo provecho de las debilidades humanas y de las limitaciones intelectuales de algunos de los congresistas.

Así, un gran salto dio Galaverna cuando consiguió que dos de los siete representantes del UNACE en el Senado se acoplasen a la bancada colorada; los casos concretos de Adriana Franco de Fernández y de Alejandro Velásquez Ugarte.

Por insólito que parezca, Juan Carlos Galaverna había sido el principal responsable de que Velásquez Ugarte no pudiera asumir su condición de senador durante el anterior ejercicio legislativo (1998/2003), funcionando el Senado de la nación solamente con 44 de sus 45 miembros. En ese entonces, Velásquez Ugarte representaba una amenaza para el Partido Colorado, pues se manifestaba como incondicional seguidor de Lino César Oviedo. Amo absoluto de la situación, y subordinando a su gusto y disgusto lo jurídico a lo político, el poderoso senador colorado impidió que el legislador oviedista ocupase la banca que legítimamente le correspondía. Los opositores hicieron coro y en ningún momento se dispusieron a subsanar la aberración institucional.

Ahora, sacando provecho de las debilidades y limitaciones de Velásquez Ugarte, Galaverna logró que el mismo se sumase a la bancada colorada, con lo que el perfil del sector mejoró sensiblemente.

De igual modo procedió con respecto a Adriana Franco de Fernández, que no tuvo problemas en traicionar al sector por el cual había sido electa senadora, para reforzar las huestes de Galaverna.

Pero el hábil senador no se durmió sobre los laureles, pues el cuadro general le seguía siendo adverso al oficialismo. Apostó a seducir a individualidades de la oposición para concretar el proyecto central de someter al Congreso al control hegemónico del Partido Colorado.

El primer golpe de mano Galaverna trató de concretar durante el segundo período legislativo, en junio del 2004, cuando le faltara apenas un voto para viabilizar el acceso de Carlos Filizzola a la presidencia del Legislativo, lo que implicaba lisa y llanamente el control del sector gubernamental por el oficialismo.

Fueron "seducidos" por el oficialismo los siguientes senadores: Cándido Vera Bejarano, "Fierro" Guggiari y Domingo Laino, del Partido Liberal; Carlos Filizzola y José Nicolás Morínigo, de País Solidario; y Emilio Camacho, del Encuentro Nacional.

La "seducción" no era propiamente de orden político, sino que se traducía en favores concretos y efectivos, como ser el apoyo para que ellos o sus familiares accediesen o mantuviesen cargos de cierta relevancia en la administración gubernamental:

-        A "Fierro" Guggiari se le apoyó para representar al Senado ante el Consejo de la Magistratura, posición desde la que se ejercía un amplio poder sobre el Poder Judicial.

-        El eje Cándido Vera Bejarano-"Fierro" Guggiari tuvo el respaldo para ubicar a Octavio Airaldi como titular de la Contraloría General de la República.

-        A Domingo Laino se le abrieron las puertas para ubicar al hijo en el cuerpo diplomático paraguayo, como embajador ante Cuba, primero, que no tuvo aprobación parlamentaria, y como encargado de negocios en Portugal, más recientemente.

Los favores en política se pagan con favores contantes y sonantes, no hay lirismo alguno en las transacciones sino tráfico de influencias y de espacios concretos, cuando no directamente dinero vivo.

El golpe de Galaverna del 2004 fracasó, pero en el 2005 alcanzó plenamente su objetivo instalando a Carlos Filizzola como presidente del Legislativo. Tragicómico, por cierto, pues el líder de País Solidario probablemente ni siquiera tenía una noción clara acerca de las funciones del cuerpo.

Pero sí tenía ambiciones concretas, desmedidas algunas, como la eventualidad de hacer parte de la chapa presidencial de una alianza encabezada por el Partido Colorado para las elecciones del 2008, versión que circuló profusamente en ese entonces.

Pero al margen de por qué se vendió Filizzola, lo cierto y lo concreto es que se vendió. Abandonó el frente opositor, junto con su escudero, que hacía una suerte de "ideólogo" del sector, y se prestó a la maniobra de Galaverna, que apostaba a impulsar el proyecto de reelección de Nicanor Duarte Frutos por la vía del control hegemónico del Congreso Nacional.

Todo estaba saliendo a pedir de boca para el oficialismo hacia fines del 2005, al punto en que Galaverna había logrado que Carlos Filizzola se convirtiese en uno de los portavoces del discurso oficialista.

Ante las fuertes críticas que se hiciera con respecto al presidente de la República, Filizzola contrapuso argumentos ingenuos, llamando a la cordura y a la moderación para el juzgamiento de la gestión gubernamental. Insólito, en ese momento se publicaban encuestas que señalaban que apenas el 32% de los pobladores del país aprobaban la gestión de Duarte Frutos y Filizzola se sumó a esa minoría nacional contra la aplastante mayoría.

Peor: llegó a firmar documentos en que expresamente se defendía al gobernante y su gestión.

Pero el éxito de Galaverna en cuanto a la recuperación del control hegemónico del Congreso Nacional por el Partido Colorado fue de corta duración. Los hechos ya tratados de la elección de Duarte Frutos como presidente del partido y la posterior reacción ciudadana cambiaron el curso de la coyuntura de manera drástica. El bloque opositor en el Senado recuperó a algunas de sus "ovejas descarriadas", concretamente a Cándido Vera Bejarano y Modesto "Fierro" Guggiari, a quienes alineó como velas el presidente de los liberales, Blas Llano, con la amenaza directa de expulsión. La aspiración mínima de los mismos era reelegirse, por lo que se acogieron al perdón humillante que debían pedir para ser mantenidos en el rebaño.

Bajo la presión ciudadana y en rebeldía contra los proyectos de continuismo de Duarte Frutos, los senadores de oposición cerraron filas, prometiendo retomar el control del Poder Legislativo.

Los trabajos realizados en el marco del Congreso para sabotear al Poder Ejecutivo fueron varios y eficientes. Se llevó adelante una suerte de boicot parlamentario, cuyas máximas expresiones fueron:

-        La ausencia de los legisladores de oposición en ocasión de la visita de la recientemente electa presidente de Chile, Michelle Bachelet.

-        El rechazo al crédito blando ofrecido por el Japón para costear una obra hidroeléctrica complementaria en el Alto Paraná.

-        El rechazo del crédito del Banco Interamericano de Desarrollo, BID, destinado a salud.

-        El rechazo sistemático a considerar el ascenso de los militares, mientras se mantuviese a la cabeza de las Fuerzas Armadas a José Key Kanasawa.

La maniobra era simple y efectiva, pues generalmente se apostaba a dejar sin coro las sesiones del Congreso, cuando lo que iría a tratarse era inconveniente a los fines de la oposición.

En el Comité Político del Partido Liberal se había pedido el tratamiento de cada proyecto parlamentario "caso por caso", lo cual se prestaría sin sombra de dudas a un juego ambiguo, pues se abría la oportunidad concreta para que se prestasen algunos parlamentarios a determinados juegos del oficialismo.

Cándido Vera Bejarano, consciente de los riesgos que encerraba el estudio de los proyectos "caso por caso", encerró el debate de una manera simple y tajante:

- Si se trata de hacer oposición en serio, de confrontar, lo simple y concreto es que ni un vaso de agua habrá que ceder al adversario.

Pragmático, simple pero correcto, el curso de acción fue aprobado por el Partido Liberal, que sumó sus energías al boicot. Hubo titubeos, por supuesto, y sobre todo la bancada de Patria Querida representaba un factor de riesgo, pues su visión un tanto ingenua de la política lo llevaba a admitir el tratamiento de los proyectos legislativos "caso por caso".

Una propuesta temprana sobre la actuación parlamentaria se trató con el presidente de Patria Querida en el mes de abril, a menos de un mes de la realización de la marcha del 29 de marzo, que transformó la coyuntura.

Se le planteó algo simple pero de alto impacto político, que implicaba un juego a lo grande: realizar un paro parlamentario, es decir, dejar al país sin Poder Legislativo, como factor de presión extrema para provocar el cambio de los ministros de la Corte Suprema de Justicia, cuyas cabezas pedía la oposición.

La medida propuesta era traumática, por cierto, sin precedentes y sumamente fuerte. Obviamente que la medida debía ser acompañada por otras gestiones para la concreción del objetivo.

La idea era anunciar públicamente la realización del paro parlamentario, acompañando la medida con presiones internas y externas para alcanzar la meta propuesta de castigar a los ministros de la Corte que se habían prestado al juego del oficialismo.

La propuesta tropezó con la oposición de Fadul, que especuló muy rápidamente que la misma podría tener un efecto negativo, ya que los congresistas ya tenían fama de hacer poco o nada, de no trabajar.

Lo cierto es que no se midió el alcance de la medida en toda su magnitud, pues de llevarse adelante se hubiese instalado una crisis institucional inédita, que casi inevitablemente se iría a resolver de manera favorable a los fines políticos de la oposición.

Juego fuerte, por cierto, no tuvo el respaldo de Patria Querida y la propuesta se dejó de lado.

Sin embargo, hubo una suerte de paro activo, de boicot parlamentario, cuya eficacia resultó de menor alcance. En la segunda fase del período legislativo 2005/2006 el Senado prácticamente no funcionó, pasando el presidente del cuerpo, Carlos Filizzola, a hacer un verdadero papelón.

La política de férrea oposición al oficialismo contó con el respaldo de la mayoría de los senadores, por lo que en el momento de escoger al próximo presidente del Legislativo se descargó un duro golpe al oficialismo, al elegir a Enrique González Quintana, presidente del UNACE, como titular del Poder Legislativo. Desde un punto de vista general, hasta cierto punto correcto, el control del Legislativo resultaba esencial para garantizar la gobernabilidad, sobre todo en el Paraguay, donde la Constitución otorgaba al Legislativo amplios poderes administrativos desde 1992. Sin embargo, no deja de ser menos cierto que el Poder Administrador dispone de un margen de maniobra muy amplio para realizar una gestión buna o razonable, con prescindencia del Congreso.

De todos modos, el control del Poder Legislativo a lo largo de la transición se dio de la siguiente manera:

-        Ejercicio 1989/1993: hegemonía del Partido Colorado.

-        Ejercicio 1993/1998: hegemonía de la oposición.

-        Ejercicio 1998/2003: hegemonía del Partido Colorado

-        Ejercicio 2003/2008: hegemonía compartida, con mayor peso opositor

Durante el período de Wasmosy, la mayoría opositora en el Congreso apenas sirvió para otorgar al presidente cierta base política de sustentación. Ni siquiera se pensó en utilizarla para promover un juicio político a quien llegara a la primera magistratura por caminos tuertos. Error estratégico que se basó en graves errores de análisis.

Durante la gestión de Nicanor Duarte Frutos, la mayoría precaria que ambos sectores tuvieron a lo largo de estos casi cuatro años, poco o nada ayudó para beneficiar al país. Para el Partido Colorado, sin embargo, era esencial contar con la hegemonía en esta coyuntura, de cara a un proyecto de reelección, que el presidente de la República lideró de manera determinada, frente a la dramática falta de líderes de peso en el seno del oficialismo.

La reelección de Filizzola, por ejemplo, podría ser una salida, que de lograrse abriría las puertas para seguir avanzando en dirección a una reforma o enmienda constitucional. Demás está decir que para esa única finalidad resultaba esencial el control del Congreso; los hechos posteriores demostraron, sin sombra de dudas, que para ninguna otra finalidad el espacio de poder en cuestión era fundamental.

Por dar un ejemplo rápido pero esclarecedor: el hecho de que la presidencia del Congreso estuviese en manos del presidente de UNACE, Enrique González Quintana, en nada favoreció la concreción de avances en dirección a poner en libertad a su líder, el general Lino César Oviedo.

Peor aún, la posibilidad de la eventual liberación del controvertido militar, pasó por otras instancias, donde el Poder Ejecutivo hizo sentir a propios y extraños el peso de su fuerza real.

 

CAPITULO XI

REFORMA CONSTITUCIONAL

 

La propuesta de reelección presidencial se planteó tímidamente desde que Nicanor Duarte Frutos gobernara apenas por el término de un año, pero ganó fuerza desde que se lanzara su candidatura a la presidencia del Partido Colorado y sobre todo desde que se impusiera por amplia mayoría en las internas que se habían realizado el 19 de febrero del 2006.

Desde el punto de vista estrictamente jurídico, para viabilizar la reelección debía reformarse la Constitución, pues existía la prohibición expresa de otorgar más de un mandato presidencial a una misma persona.

Al plantearse la cuestión, Duarte Frutos y su entorno apostó a jugar como una aplanadora, sin respetar a las demás fuerzas que participaban del juego democrático, por lo que en ese modo de proponer el tema fue el primer grave error cometido. Otra tal vez hubiese sido la historia si con mayor humildad y cordura se procediese a abrir conversaciones y eventuales negociaciones sobre la delicada cuestión.

El segundo error cometido fue el de plantear la reforma de la Carta Magna con la única finalidad de promover la reelección. Existía interés manifiesto en otros sectores políticos y sociales en realizar ajustes fuertes a la Ley Fundamental, pero al restringir la finalidad al tema puntual de la reelección, se orientó el debate sobre uno de los asuntos más sensibles para el Paraguay, por su historia reciente.

Con el cuento de que el pueblo pedía, el general Alfredo Stroessner se hizo elegir presidente en 8 oportunidades, sin siquiera propiciar el menor espacio para la renovación de los cuadros dirigentes. La experiencia resultó altamente negativa, pues la gente quería experimentar cosas nuevas, tal vez mejores.

Precisamente la experiencia del Stronismo, muy a flor de piel  en ese entonces, fue lo que llevó a los diputados constituyentes de 1992 a decidir que el mandato era único e irrepetible. Se buscaba proteger al país de eventuales deschavetados, capaces de imponerse como inamovibles durante largo tiempo.

La medida en sí podía revisarse, pues en rigor un mandato presidencial resultaba insuficiente por el escaso tiempo que se tenía para tratar de hacer algo de peso y significación.

Pero se planteó mal y se promovió la movida política en un momento sumamente inoportuno, en que el presidente y los de su entorno actuaron enceguecidos por el éxito efímero que habían alcanzado en el marco de la interna colorada.

La soberbia de Nicanor Duarte Frutos y el carácter avasallador y chantajista de sus principales operadores, confluyeron para predisponer adversamente a amplios sectores de la oposición contra la iniciativa. Como las medidas se miden por los resultados, resulta fácil decir hoy que el proyecto no fue bien diseñado ni bien ejecutado. Faltó tino y racionalidad en el manejo del tema, por lo que acabó sepultando políticamente a sus promotores.

A partir del 2002, 10 años después de 1992, la Constitución podía reformarse. Esto, desde el punto de vista formal, pero la reforma por la reforma, o mejor, la reforma con miras a llenar las exclusivas expectativas de un reducido grupo de sinvergüenzas para nada convenció ni convence.

La iniciativa tropezó con la fuerte resistencia de los sectores más representativos de la oposición: el Partido Liberal, Patria Querida y UNACE. También provocó manifestaciones de disconformidad en otros sectores políticos, como el caso del Encuentro Nacional, los partidos Febrerista y Demócrata Cristiano y otras fuerzas de menor influencia.

Aislado en su intención, con la única posibilidad de que apoye la iniciativa Carlos Filizzola y su entorno, el Partido Colorado prometió realizar todas las gestiones tendientes a viabilizar el proyecto político.

Un verdadero muro de contención para el mismo, sin embargo, resultó la marcha del 29 de marzo, que llevó al oficialismo a punto cero, pues la coyuntura se tornó marcadamente adversa a sus intereses.

Tan duro resultó el golpe del 29 de marzo, que el oficialismo dejó de hablar del tema durante los meses que siguieron. De todos modos, la intención persistía y era objetivo del sector dominante insistir en el tema en un momento más favorable.

Ante la incapacidad manifiesta de la oposición de sacar el máximo provecho de la coyuntura que le fuera pasajeramente favorable, el oficialismo retomó el proyecto durante la segunda mitad del año, hablando ya de la posibilidad de enmendar la Constitución, trámite más simple y precario, para lo cual apenas bastaría con disponer de la mayoría absoluta en el Congreso.

Es más, el presidente en ejercicio del Partido Colorado, José Alberto Alderete dio a conocer la opinión de renombrados juristas, quienes coincidían en asegurar que era posible reformar el artículo constitucional que prohibía la reelección por la vía de una enmienda. Lastimosamente, entre los que se prestaron al juego oficialista figuró el ex senador del Partido Liberal, Rodrigo Campos Cervera.

De todos modos, tampoco el oficialismo contaba en el Congreso con los votos necesarios para viabilizar el proyecto. De ese modo, Duarte Frutos logró que el partido quedase atrapado en un callejón sin salida, pues postergó el tratamiento del tema de la sucesión presidencial, con el cuento de que se daría su reelección. Cuando apenas se iniciara el debate sobre la reforma, se había hablado de un referéndum y en conversaciones con dirigentes de Patria Querida se les llamaba la atención sobre la posibilidad real de derrotar al oficialismo en una compulsa electoral de ese tipo.

Fadul, por ejemplo, que no consideraba descabellada la idea de imponerse en un referéndum, lamentaba que muchos argumentos ya se pusiesen en juego, por lo que resultaría altamente negativo deponer una actitud que ya le había generado simpatía pública.

De todos modos, quedaba claro que todos los partidos de oposición, sin excepción, actuaron de manera irreflexiva y precipitada sobre el delicado tema, permitiendo de ese modo que el paso del debate público fuese marcado por el presidente.

La oposición mostró miedo, con fundamento o no, y se atrincheró en la defensa del precepto constitucional que impedía la reelección.

Se estaba ante un falso impasse, por cierto, pues la oposición pasó a convertirse en un obstáculo (No por primera vez) en el proceso de sinceramiento político que requería la República. Se apostaba a sacar a Duarte Frutos de la cancha, cerrándole el paso a una eventual reelección.

Ese mecanismo no llenaba las expectativas de todos, pero se correspondía plenamente con actitudes asumidas por la oposición en el marco de episodios anteriores:

- En 1992 se omitió ante el grosero fraude que perpetrara Rodríguez en perjuicio de Argaña, con la percepción errónea de que resultaría más fácil derrotar a Wasmosy. En rigor, se saboteo la voluntad popular.

-        En 1998 avaló las medidas tomadas por Wasmosy para sacar a Lino Oviedo de la cancha, con el convencimiento de que sería más fácil derrotar a Cubas Grau. Se engañó y cayó en el despeñadero.

-        En 1999 avaló el otorgamiento irregular del mandato presidencial a Luis Angel González Macchi, seducido por migajas de poder que se les arrojara desde el carro triunfador. Se burló la voluntad popular.

En muchas ocasiones, como las mencionadas, colorados y opositores confluyeron por acto u omisión para burlar la voluntad del pueblo. En esta ocasión se estaba cayendo en lo mismo, pues si los colorados consideraban que solamente con Duarte Frutos tendrían condiciones de competir, hubiesen posibilitado que eso se diera. No para que gane Nicanor Duarte Frutos, sino para que disputen los que tenían efectivamente la adhesión de sus seguidores.

Precisamente en el marco de especulaciones de ese orden, surgió la idea de promover una llamativa iniciativa: el gran entendimiento.

La propuesta final fue la de promover un gran acuerdo para posibilitar que todos los involucrados en el proceso pudiesen correr sin dificultades. Los puntos que contemplaría el acuerdo serían básicamente 5:

1.      Libertad de Lino Oviedo.

2.      Aprobación de la reelección.

3.      Aprobación de la Segunda Vuelta en las elecciones.

4.      Voto de paraguayos residentes en el exterior.

5.      Derogación del punto 5 del artículo 235.

Desde el punto de vista histórico-abstracto, la propuesta daría una respuesta adecuada a todos los sectores, y beneficiaría al país en general, pues todos los jugadores más representativos estarían en la arena, disputando.

Parte del acuerdo debía hacerse por la vía de la reforma constitucional y parte por la vía de un acuerdo político que destrabase los obstáculos judiciales.

La propuesta debía ser canalizada por medio de referentes históricos de peso de la política paraguaya. Concretamente, se hablaba de Domingo Laino, Angel Roberto Seifart, Luis Alfonso Resck, Mario Melanio Medina y Oscar Facundo Ynsfrán. Principal operador de la iniciativa sería Domingo Laino.

Cuando Laino habló con Oscar Facundo Ynsfrán lo hizo en un momento marcadamente inoportuno, pues el ex presidente de la Constituyente de 1992 estaba convocando para el día siguiente a un encuentro de los diputados convencionales para condenar la propuesta de enmienda constitucional. De todos modos, Ynsfrán no descartó por completo la puesta en práctica del proyecto.

Luis Alfonso Resck escuchó con atención el desarrollo de la propuesta, pero sostuvo que para posibilitar un buen desenlace se debía involucrar directamente Fernando Lugo en las gestiones.

Con Angel Roberto Seifart, sin embargo, la propuesta ni siquiera fue considerada, pues el ex vicepresidente de la República consideraba innegociable el tema puntual de la reelección. Seifart aseguraba que por el bien del país era aconsejable que durante los próximos 20 años no se hable siquiera del tema en cuestión. Algunos medios de prensa se hicieron eco de la iniciativa, pero la misma se desmontó al encontrarse obstáculos fuertes para su ejecución exitosa.

Esta misma propuesta es la que desde finales del año 2006 levantó el oficialismo como carta de negociación, pero no consiguió entusiasmar a nadie.

También el presidente habló con insistencia de que tanto él como Lugo estaban inhabilitados, por lo que propuso una negociación para viabilizar la reforma constitucional para habilitar a ambos. Tampoco se dio curso a la cuestión.

Pero el fracaso de la iniciativa no se explica simplemente por la incidencia de hechos superficiales, que influyeron ciertamente, pero no fueron decisivos:

- se presentó mal el proyecto,

- tuvo pésimos operadores, y

- no prendió en ningún sector fuera del oficialismo.

Este existió y ayudó a inviabilizar la iniciativa, pero la razón de mayor pesó se dio en otro campo, en el terreno del conjunto de la sociedad paraguaya, que mayoritariamente repudiaba la gestión gubernamental. Esta afirmación se apoya en los resultados de diversos sondeos realizados y el oficialismo era perfectamente consciente de los mismos.

Cuando se planteó con fuerza el tema, apenas 3 de cada 10 paraguayos aprobaban la gestión de Duarte Frutos. Al repudiar 7 de cada 10 personas su gestión, era obvio que ningún entusiasmo era posible despertar con respecto a su eventual reelección.

Un año después, en febrero del 2007, nuevos sondeos apuntaron de manera inequívoca que el prestigio gubernamental se seguía hundiendo: apenas 2 de cada 10 paraguayos aprobaban la gestión de Duarte Frutos, de donde el repudio de 8 de cada 10 paraguayos, mayoría aplastante, explicaba sin mediar otros argumentos el rechazo a los planes oficialistas que reclamaban la reelección.

Por citar un ejemplo cercano y relativamente reciente: en los años 90 en la Argentina, Carlos Saúl Menem fue habilitado a participar de una nueva elección y se reeligió, pero el cuadro político argentino era claramente favorable al ex mandatario, cuya gestión contaba con el respaldo mayoritario de los pobladores.

Es decir, la posibilidad de reelección de Nicanor Duarte Frutos no lo frenaron los opositores, ni las gestiones mal llevadas y fracasadas. Expresó en última instancia el repudio generalizado de la sociedad de la que se había hecho acreedor el gobierno debido a una pésima gestión.

Si el gobierno hubiese contado con la aprobación mayoritaria de la población, con seguridad se hubiese dado curso al proyecto de reelección, inclusive pasando por encima de los errores operacionales que se cometieron en el marco de su promoción, pero como la realidad era lo inverso: amplio repudio social, los actores adversos al proyecto se vieron favorecidos por esta situación para castigar al Partido Colorado con una de las peores derrotas en el periodo de la transición.

Nicanor Duarte Frutos ya casi enteramente fuera de control, según insistentes rumores insiste en motorizar el plan de viabilizar la enmienda o reforma constitucional, pero todo indica que va directamente al fracaso en su gestión. La misma ha sido considerada como enteramente descabellada hasta por referentes del partido que hasta poco tiempo atrás fueron sus aliados incondicionales.

A juzgar por los hechos de actualidad, sus chances se reducen a un eventual canje de la libertad de Oviedo por los votos de UNACE en el Congreso, pero senadores y diputados de diversas bancadas llaman la atención sobre el hecho de que aún en ese caso no contará con la mayoría necesaria.

De todos modos y en definitiva el tema de la reelección presidencial no corrió por el alto nivel de ilegitimidad del presidente. Su gestión dejó mucho que desear y pocos son los que se arriesgarían a apostar a un nuevo mandato de Duarte Frutos.

 

BALANCE Y PERSPECTIVAS

 

El proceso político paraguayo actual es de alta complejidad, pues se está posiblemente en vísperas de que se produzcan en el país los cambios generales de mayor profundidad en toda la historia de la transición a la democracia. No es una utopía, por cierto, la eventualidad de que llegue a su final más de 60 años de hegemonía política del Partido Colorado, lo cual de por sí sería más que trascendental.

Pero ese cambio no necesariamente tendrá signo positivo, de darse, sino que estará expuesto a significar el inicio de una construcción positiva (1), o el paso del Paraguay a un estado de deterioro aún mayor (2); disyuntiva de hierro que encierra problemáticas altamente complejas, de difícil resolución.

 (No es en vano que muchas veces se prefiera el mal conocido ante lo desconocido; respuesta sabia, por cierto, pues lo desconocido llega necesariamente cargado de oportunidades y amenazas, tiene beneficios y costos, y resulta difícil resolver de manera adecuada la cuestión. Pero esto es contundente: el cambio por el cambio no vale la pena)

Y aquí es que se está ante un problema de alta complejidad, pues no siempre lo lírico es lo más aconsejable, ni siempre lo idílico es lo mejor.

Más que una conclusión, esta parte del trabajo es una invitación a la polémica, a la controversia constructiva, al debate fructífero. Históricamente, todos estamos convocados a opinar y a actuar en consecuencia, pues dependiendo de cómo se resuelvan las cuestiones, se estará construyendo o destruyendo el país.

Muchas falacias circulan profusamente, engañando hasta a los más avisados observadores y críticos.

El primer aspecto que no deberá evadirse es la creencia ciega en que la unidad es la base del triunfo. Ni es una verdad irrefutable ni contempla con responsabilidad y cordura los riesgos que conlleva la presunta verdad incuestionable.

Habrá que unir, es cierto, pero habrá que ver bien a quiénes unir y de qué manera, de modo que el resultado final no sea un contrahecho.

Tal como se plantea en la actualidad, la unidad como propuesta tiene un alto sentido lírico en su aspecto formal y un elevado contenido perverso en su realidad. Con el cuento de la unidad -que suena bien y cae bien- se apuesta a blanquear y a ceder espacios a sectores de la sociedad paraguaya que deberían ser condenados a la definitiva marginalidad por sus actos y omisiones.

Y esto habrá que decirlo con todas las letras.

¿Por qué se dio ese proceso de rasgos perversos? Porque no hubo una caracterización completa y apropiada sobre el tipo de fragmentación que realmente lesiona al país y porque no se determinaron con precisión los principios maestros que deberán regir el proceso de unificación.

Habría dos maneras de plantear cómo está fragmentada la sociedad paraguaya, por tanto, dos maneras de responder en la práctica ante la fragmentación.

Una manera sería la de decir que los paraguayos están divididos entre colorados, liberales, patria queridistas, oviedistas, febreristas, demócratas cristianos, comunistas, socialistas, anarquistas y cuantos istas existan. Y no dejaría de ser cierto en parte.

** Pero si al pretender revertir el proceso se recurriese a la solución simplista de apelar a los dirigentes de los diversos sectores, se estaría legitimando a las cúpulas de los fragmentos, se estaría blanqueando a los referentes precisamente responsables de la fragmentación y se estaría cediendo espacios privilegiados en el proyecto justamente a quienes apenas formalmente ocupan posiciones relevantes en las organizaciones en cuestión.

En ese caso, hubo una caracterización incompleta de la fragmentación, pues en los casos estudiados habría que separar nítidamente a las cúpulas de los partidos y movimientos de los adherentes, lo que podrá dar lugar a procesos unitarios distintos. El Paraguay necesita unirse, pero sobre todo necesita unirse por la base, con protagonismo real de los que realmente reciben los perjuicios de la fragmentación. Diciendo en otros términos, en la fragmentación hay sectores que se benefician y sectores que se perjudican. Por lo general se benefician las cúpulas, que de hecho ocupan posiciones con libre acceso a innúmeros beneficios concretos, contantes y sonantes.

Los perjudicados, sin embargo, son casi invariablemente, todas las bases de las estructuras fragmentadas, que padecen todas las deficiencias que el país presenta, sin acceso a los beneficios de los avances socioeconómicos contemporáneos. Se da lo que se llama el desarrollo desigual y combinado, donde en la misma realidad conviven y se articulan situaciones diametralmente opuestas, una con fuerte rasgo de opulencia y otra con dramática característica de carencia.

En todos los sectores existen opulentos y carenciados. La realidad no se manifiesta en todos los hogares paraguayos de la misma manera; en algunos hogares el presente sonríe, mientras que en otros hace padecer.

De ahí que la unidad por la base es la que deberá promoverse, pues de otro modo, con énfasis en el protagonismo de las cúpulas, se correría el serio riesgo de estimular falsas soluciones, por una parte, y de alimentar distorsiones que ya han causado enormes daños al país en el pasado, como el caudillismo, solamente para citar un ejemplo, por otra parte.

De todos modos, ese abordaje de la fragmentación no es único, ni tampoco es enteramente cierto, sino apenas parcialmente real, y tiene alternativas de respuestas distintas, con diferentes resultados prácticos.

Otro abordaje posible sería el de sostener que la sociedad paraguaya apenas en su superficie está fragmentada en partidos que la fragmentación real pasa por otros criterios, como ser el socioeconómico. En este caso se diría que la sociedad no está dividida entre tal istas y tal istas, sino entre pobres y ricos, entre trabajadores y explotadores, entre grandes latifundistas y hombres sin tierra.

Ese enfoque también es cierto en parte, y también puede dar lugar a respuestas distintas, todas ellas con sus respectivas dosis de riesgo.

Si el criterio fuese ese, la respuesta podría ser una de tres:

-        apostar en los pobres contra los ricos, en los trabajadores contra los explotadores, en los sin tierra contra los latifundistas, o

-        apoyarse en los sectores sociales pudientes, con poder económico y político real: empresarios de todo tipo, sobre todo, o

-        esbozar una propuesta de país que englobe a todos, considerando que todos son parte de una necesaria realidad, con fuerte sensibilidad social.

Las tres respuestas esbozadas tiene sus partidarios respectivos, así como promotores y operadores.

En el Paraguay, habrá que admitir con honestidad, por fuerza de las circunstancias se ha dado un predominio claro del acceso privilegiado de los sectores pudientes a los beneficios del desarrollo contemporáneo, lo que terminó por dejar en el escenario concreto a más sectores excluidos. Esto es irrebatible.

Pero en el Paraguay de hoy, por el contexto histórico mundial, regional y local, no están dadas siquiera las mínimas condiciones para promover la rebelión de los excluidos contra los sectores opulentos.

En teoría pura, de hecho, eso no se promueve, es un proceso que escapa por completo al voluntarismo y a la acción de modernos "Espartacos"; es un proceso histórico en que determinados sectores se pliegan libre y espontáneamente a la desobediencia, convulsionando realidades y presionando por cambios generalizados y estructurales.

** Tal cuestión depende -decía Lenin- de condiciones objetivas y subjetivas determinadas; ni condiciones objetivas ni condiciones subjetivas favorecen dicho cuadro.

Lo que sí está colocado con claridad en la Agenda/País, en la agenda de Paraguay, es la modernización del país en todas las esferas: económica, social, política y cultural. Y de esa tarea podemos participar todos, sin exclusiones, en el marco de un trabajo conjunto, que minimice y supere los fuertes contrastes, de modo a favorecer la modernización con equidad social.

Esa búsqueda de una sociedad más justa y equitativa sí tiene, en principio, personas y estructuras que pueden eventualmente canalizarla, hacer que pase del papel a la realidad. Es una oportunidad histórica, única e irrepetible, pero para que no se termine en una fuerte frustración, es esencial que los cambios se esbocen y apliquen con el máximo cuidado y respeto.

Se puede vaticinar con cierta precisión que:

- de estimularse la confrontación social como salida, se creará una situación caótica, cuyo desenlace puede ser un fuerte retroceso político, pero no a la inversa, mientras que

- de convertirse en facilitadores de los intereses mezquinos de los sectores socioeconómicos opulentos se promoverá una suerte de "africanización" de la sociedad, con contrastes aumentados y riesgos más fuertes a la estabilidad, y

- si se apuesta racionalmente a encontrar en el marco del consenso soluciones que beneficien recíprocamente a los sectores sociales con intereses contradictorios, resulta perfectamente posible viabilizar la modernización del país con equidad social.

Como se puede constatar, ese abordaje de la fragmentación da pie a resoluciones distintas de los problemas.

La unión a ciegas no corre, pues potencializa los riesgos y reduce las oportunidades. Habrá que unir a la sociedad paraguaya por la base y promover la articulación de todos los sectores con la firme voluntad puesta en la reforma general y profunda, que tenga como Norte la minimización de los contrastes. Es posible y es viable.

Hay que tener conciencia, entonces, que dependiendo de cómo se resuelvan los problemas que plantea la sociedad paraguaya -que son de alta complejidad, se insiste- se tendrá un cambio constructivo o una abierta exposición a fuertes retrocesos.

Otro tema sensible que debe ser abordado sin esquivar el bulto es el "axioma" común en amplios segmentos de la sociedad sobre que el Partido Colorado es el único y exclusivo responsable de la actual situación, lo que dio pie a una suerte de anti-coloradismo.

El "axioma" en cuestión no resiste el menor análisis, pues si bien el Partido Colorado, o más precisamente las cúpulas del Partido Colorado han sido principales responsables de la realidad que se soporta, no han sido únicas ni exclusivas responsables. Hubo responsabilidad de otros sectores políticos locales e internacionales, cuyo accionar u omisión contribuyeron a generar este deplorable estado de cosas.

Por la misma responsabilidad compartida, real y de gran proporción, no hay razón ni motivo para alimentar la popularización de versiones que apuestan a satanizar a algunos actores para beneficios de otros, que por poco son santificados.

En todos los partidos y movimientos, incluido el Partido Colorado, hay referentes buenos, hay malos referentes y personajes claroscuros. Eso es normal y es reflejo de la complejidad social; aquí y en la China.

Lo que parece un contrasentido, sin embargo es que la inmensa mayoría de los colorados, al igual que los liberales y los de otras agrupaciones, son buenas personas, sanas e íntegras; y pequeñas minorías en cada segmento, partido o movimiento, son malas. El contrasentido reside en un hecho fácil de constatar: la mayoría pesa poco en las decisiones, mientras que la minoría se atribuye la representatividad del conjunto y hace y deshace a su gusto y disgusto.

Por eso es que no se justifica, no es correcto ni apropiado, y no tiene sentido alguno desarrollar una suerte de anti-coloradismo como bandera. Es más, la participación activa y protagónica de la mayoría de los colorados en un proceso de cambio es fundamental. Eso es lo que puede garantizar el pluralismo real y puede dar la necesaria estabilidad y solvencia al proceso.

Los que sí deberán ser expresamente excluidos del proceso de construcción de una sociedad justa y equitativa son los referentes de la cúpula miserable, mezquina y tramposa, que apelando a todo tipo de artimañas se mantuvo y mantiene en la cúspide del poder. El proyecto futuro deberá ser amplio e incluyente, abierto a la participación constructiva de los referentes de todos los sectores políticos e ideológicos. Es importante inclusive que haya confrontación, pero no la enfermiza, insana, que apuesta a destruir antes que a construir.

En cuanto al tema puntual la solución es simple: no es cierto que los colorados son los malos de la película ni que los opositores son los buenos; ni a la inversa. De ahí que la inclusión de todos en el proceso de construcción de los cambios es fundamental. Habrá conflictos, roces y hasta fuertes disputas, pero mientras sean constructivas, bienvenidas sean.

Al final de esta rápida reflexión dejamos en pie la afirmación clara y expresa de asegurar que el futuro político y social del Paraguay dependerá del tino con que se resuelvan los problemas esenciales relacionados con la unidad de la sociedad y con el tratamiento a las cúpulas de los diversos sectores.

EL CAMBIO ES POSIBLE Y ES VIABLE. PARAGUAY ES POSIBLE Y VIABLE. LOS INVIABLES SON LOS QUE POR ACCIÓN U OMISIÓN CONTRIBUYERON PARA HUNDIR A ESTE PAÍS EN EL ATRASO Y LA POBREZA.

 

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