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IDILIO MÉNDEZ GRIMALDI


  LA MAFIA FINANCIERA O EL ROSTRO DEL CRIMEN ORGANIZADO - Por IDILIO MÉNDEZ GRIMALDI


LA MAFIA FINANCIERA O EL ROSTRO DEL CRIMEN ORGANIZADO - Por IDILIO MÉNDEZ GRIMALDI

LA MAFIA FINANCIERA O EL ROSTRO DEL CRIMEN ORGANIZADO

IDILIO MÉNDEZ GRIMALDI *

 

Desde que se inició el neoliberalismo en Paraguay, especialmente en el sector financiero, nuestro país fue saqueado impunemente hasta el presente. No ha habido castigo para los responsables de tantos crímenes contra la Patria, y en la actualidad, ante tanta impunidad, de nuevo afloran bajo el gobierno de Fernando Lugo claras intenciones neoliberales, como la concesión de rutas, aeropuertos y hasta privatización de ríos. El modelo agro exportador se afianza a costa del campesinado y el ecosistema sacrificando la soberanía política y alimentaria; el desarrollo nacional está archivado; no se realiza la reforma agraria, y la concentración de la tierra, el principal medio de producción en Paraguay, tiende a aumentar. Los gobernantes se ufanan de una reserva monetaria de 4 mil millones de dólares que sólo sirven, como las reservas de otras naciones del mundo, para financiar la maquinaria de guerra del imperio norteamericano, y en contraste, el 20% de la población sigue en la miseria. El crecimiento del 14.5% logrado en el 2010 no llega al 40% de la población empobrecida. Paraguay necesita reafirmar su independencia política y económica en este año del bicentenario, especialmente de la tutela del Fondo Monetario Internacional y de los planes imperiales de los Estados Unidos. Se debe promover la integración con los países latinoamericanos para afrontar la avalancha imperialista que aumentará en la presente década que se inicia, ante el agotamiento de las reservas mundiales de petróleo y la disputa por alimentos. El pueblo paraguayo debe levantarse y exigir a los políticos y gobernantes, patriotismo y coraje para defender nuestra nación.

 

         1.      DESMONTAJE DEL KEYNESIANISMO

 

Paraguay fue una de las últimas naciones en Sudamérica que incorporó en su modelo económico y social las recetas neoliberales, tras el derrocamiento de la dictadura de Alfredo Stroessner, en 1989. El golpe de Estado promovido por Estados Unidos, contra su aliado anticomunista, fue ejecutado por el propio consuegro de Stroessner, el general Andrés Rodríguez, investigado por el FBI en la década del 70 por tráfico de heroína.

Stroessner fue derrocado luego de 35 años de dictadura, después de la fisura interna del Partido Colorado, generada en la disputa por el control del tráfico de drogas entre el general Rodríguez y el ministro del Interior del régimen, Sabino Montanaro. Pero el principal motivo del derrocamiento de Stroessner fue facilitar la expansión de las transnacionales, con el pretexto de iniciar la apertura democrática en Paraguay y el respeto a los derechos humanos. Esta apertura consistió en garantizar las libertades públicas, para que la población pueda desarrollar sus aptitudes hacia el mercado. Al mismo tiempo, se impusieron limitaciones a las potenciales conquistas sociales mediante la nueva Constitución de 1992, redactada por los herederos del stronismo. Las primeras medidas económicas del gobierno del general Rodríguez, apuntaron al desmontaje de algunos programas keynesianos del régimen de Stroessner, como por ejemplo la asistencia y transferencia de tecnología al campesinado agricultor, que contemplaba precios referenciales para la fibra de algodón. Se liberó la tasa de interés; se redujo sustancialmente el encaje legal a los bancos; se liberó el tipo de cambio y se iniciaron las primeras gestiones para la privatización de las empresas públicas. El dinero de la entidad aseguradora Instituto de Previsión Social (IPS) de propiedad de los trabajadores y de los empleadores pero administrado por el gobierno, fue quitado del Banco Central y depositado en los bancos privados, supuestamente para financiar proyectos de inversión.

Obviamente, la liberalización de la economía permitió un relativo bienestar temporal de la población, porque se empezaba a consumir la reserva de la nación. Ese es el motivo por el cual algunos analistas políticos consideran que el gobierno de Rodríguez fue el mejor de la transición democrática. Había plata.

Sin embargo, bajo el gobierno de Rodríguez se preparó el escenario neoliberal que se coronó con éxito bajo el gobierno de Juan Carlos Wasmosy. Este empresario, cuya fortuna provenía de su relación con el coronel Gustavo Stroessner, hijo del dictador, gestionó su candidatura presidencial en Washington a través de su amigo Conrado Pappalardo, agente de David Rockefeller en Paraguay. El general Rodríguez, junto a Wasmosy y Pappalardo, montaron un fraude electoral sin precedentes y de ese modo, el que fuera socio de Gustavo Stroessner en la construcción de la Represa de Itaipú, se convirtió en presidente del Paraguay para el periodo 1993-1998.

Wasmosy, asesorado por el Fondo Monetario Internacional, bajo monitoreo del Departamento del Tesoro y la Reserva Federal de los Estados Unidos, fijó la mirada en el sector financiero. Contrató en carácter de consultor a Hernán Biggi, el Chicago Boys chileno y ex ministro de Hacienda del dictador Augusto Pinochet, acreedor del título del milagro económico chileno. Wasmosy preparó convenientemente el terreno político, mediante la firma de un pacto de gobernabilidad con los opositores, que le permitió la integración de una Corte Suprema de Justicia que le prohijó en el futuro, impunidad.

Tanto el general Rodríguez como Wasmosy manosearon la administración del Banco Central, relajando los controles, para financiar sus respectivas campañas electorales, con aquiescencia de los propios banqueros criollos que contribuyeron con Wasmosy para su ascenso al poder. Bancopar, un banco ligado a la familia Rodríguez, financió la campaña electoral de Wasmosy, mediante el vaciamiento de sus activos, a costilla de incautos ahorristas y algunos de sus accionistas menores.

Cuando Wasmosy ya había madurado en el poder, en abril de 1995, un año y medio después de asumir la presidencia de la República, empezaron las intervenciones bancarias. Bancopar, que era de sus aliados, fue vaciado por sus propios dueños al percatarse de la alianza entre Wasmosy y el FMI. El presidente no había pagado una deuda pendiente con el banco por más de 5 millones de dólares, producto de la fraudulenta financiación de su campaña electoral en 1993, y mandó intervenir Bancopar a través del Banco Central del Paraguay, para rescatar sus pagarés1.

El caso Bancopar fue emblemático en todo el proceso de la crisis financiera en Paraguay, porque fue el banco que financió la campaña electoral de Wasmosy y a la vez fue el primer banco intervenido bajo su gobierno. Sus principales accionistas, Antonio Saccarello, Miguel Kémper, Gustavo Saba, entre otros, permitieron el vaciamiento transitorio de la empresa, mediante la generosa distribución de millones de dólares a los miembros del Partido Colorado para la compra de votos y conciencia. Hasta el presidente del Banco Central en 1992, el economista José Enrique Páez, recibió más de 53 millones de guaraníes de los fondos sobregirados de una cuenta que el Partido Colorado poseía en dicho banco, para mover la maquinaria del fraude y la prebenda. Páez también enseñaba economía en la Universidad Nacional de Asunción.

Saccarello, el propio yerno del general Rodríguez, ni mucho menos Miguel Kémper, desconfiaron de Wasmosy. Ambos fueron a parar a la cárcel pocos meses después de la intervención de Bancopar, en 1995.

Avisado por sus aliados de las multinacionales, como la British American Tobacco (BAT), Gustavo Saba, el otro yerno de Rodríguez, no había caído en las garras de Wasmosy. El propio Gustavo Saba hacía saco del dinero de los ahorristas y accionistas de Bancopar y entregaba parte a los directores de la campaña electoral de Wasmosy y Ángel Roberto Seifart, luego vicepresidente de la República. Saba hizo después pingües ganancias con la triangulación de cigarrillos y otras mercaderías bajo el gobierno de Wasmosy, aliado al empresario José Luis Manzoni, y primo del presidente.

En 1990, cuando Crispiniano Sandoval se desempeñaba como presidente del Banco Central, se creó la Gerencia de Auditoría Interna, mediante una resolución del directorio, sin respaldo legal. Esa gerencia fue la encargada, desde entonces, del control y fiscalización del Banco Central. La Superintendencia de Bancos quedó relegada de su función fiscalizadora y de ese modo se empezó a usar el encaje legal en la campaña electoral de Wasmosy y en otros menesteres.

El encaje legal no es sino el depósito obligado de los bancos, de una porción de los depósitos de los ahorristas, de modo a garantizar determinada solvencia ante eventuales corridas. El encaje legal, cuando se inició el gobierno del general Rodríguez en 1989, estaba en torno a los 700.000 millones de guaraníes, depositados en el Banco Central. Durante la campaña electoral Wasmosy/Seifart, el monto del encaje legal apenas alcanzaba 130.000 millones de guaraníes.

El segundo banco destruido fue el Banco General, un banco "cinco estrellas" por el volumen de sus operaciones y por sus más de 50 empresas vinculadas. Este banco estaba ligado a los españoles, como Fermín de Alarcón y Pedro Beneyto, prestanombres de los intereses de las multinacionales españolas, que aliados al capital transnacional norteamericano, causaron estragos en las economías de varios países latinoamericanos. Tal era la entente corporativa transnacional entre los banqueros de Wall Street, aliados a las nacientes transnacionales ibéricas, prohijadas por la corona española, en alianza con el Partido Socialista Obrero Español, PSOE, de Felipe González, a la vez protegido por el Grupo Rockefeller.

A mediados de 1995, el Banco Central del Paraguay ya había desembolsado dinero del pueblo paraguayo por un valor de 446.273 millones de guaraníes, más de 300 millones de dólares al tipo de cambio de la época, supuestamente para auxiliar a los bancos Bancopar y Banco General.

Los medios de comunicación corporativizados y transnacionalizados, periodistas bien pagados y los think tank del neoliberalismo, comenzaron a justificar esta y otras intervenciones del Banco Central, so pretexto del saneamiento financiero.

La crisis se extendió como reguero de pólvora por la política de liberalización de los mercados de capitales y sobre todo por la desconfianza de los capitalistas nativos ante la vorágine de la debacle económica y financiera. Se paralizaron las inversiones y el ahorro nacional empezó a volar a las cuentas secretas en los paraísos fiscales, amparados por los banqueros de Wall Street.

Al culminar el mandato de Wasmosy en agosto de 1998, se habían intervenido y cerrado más de una decena de bancos y unas treinta financieras y cajas del sistema de ahorro y préstamo para la vivienda, con su tendal de miles de ahorristas y accionistas estafados, cientos de industrias y empresas de servicios cerradas, miles de puestos de trabajo perdidos, con un agujero colosal a las arcas del Banco Central, que desembolsó más de 700 millones de dólares en carácter de auxilio financiero a los bancos en bancarrota, en un país donde el PIB alcanzaba apenas los 10.000 millones de dólares. Estas masivas quiebras y cierres de empresas también comenzaron a afectar la recaudación del fisco.

Uno de los casos muy graves de asalto y crímenes en el sector financiero, fue el del Banco Unión, la entidad bancaria de capital nacional más grande de la época. Dirigido por uno de sus principales accionistas, Tito Scavone, este banco fue arrebatado a sus dueños por los gobernantes, empezando por quien ejerciera en ese entonces la primera magistratura del país, Juan Carlos Wasmosy. Scavone concedió una entrevista al autor de este artículo el 23 de febrero de 1999. La misma fue publicada in extenso en abril de aquel año en el diario La Nación, cuando Scavone ya estaba preso.

En la mencionada entrevista, Scavone identificó a varias personas como elementos de coerción del gobierno de Wasmosy: "Firme todos los papeles, todas las transferencias, todo, y le vamos a dejar en paz". Esa era la orden de Gustavo Pedrozo, ministro de Obras Públicas de Wasmosy. ¿Pero él en persona lo llamó? ¿Usted reconoció su voz?, se le inquirió. "No. Me fui a su oficina, invitado por él. El fue el portavoz (de Wasmosy)... Después me llamaban, el presidente del Banco Central, los directores. Y bueno, lo de Pappalardo (Conrado) es una historia más larga y compleja", señalaba Scavone al aludir al colaborador de la CIA, grado 33 de la masonería paraguaya2.

Una de las empresas vinculadas al Banco Unión era Bepsa, que hacía negocios con las tarjetas de créditos, con una facturación mensual de entre 16 y 20 millones de dólares. Esta empresa le fue arrebatada al Banco Unión por Credicard del Brasil, que entabló una demanda judicial al Unión, sin tener arraigo jurídico en Paraguay. La corrupta justicia paraguaya, dominada por las multinacionales, dio un arraigo posterior a Credicard, que era una empresa satélite de la multinacional Citigroup, propietaria del Citibank. Cuando fue destruido el Banco Unión, el Citibank tuvo un crecimiento vertiginoso.

El Citibank fue acusado por el Senado de Estados Unidos, por lavado de dinero proveniente del narcotráfico de los cárteles de drogas de México. En 2008 fue uno de los bancos que más recibió ayuda financiera del gobierno federal de aquel país, en el marco de la crisis financiera que sacudió al mundo capitalista.

El jueves 6 de setiembre de 2001, pocos días después de haberse ventilado una cuenta secreta del ex presidente Juan Carlos Wasmosy, en el diario La Nación, por 697 millones de dólares, tanto Tito Scavone como Miguel Kémper denunciaron en un programa televisivo, que el gobierno despojó de sus acciones a varios banqueros. Scavone reiteró en la ocasión que Gustavo Pedrozo y Conrado Pappalardo le exigieron la entrega de las acciones de su banco y de otras empresas suyas, para salir de la cárcel. «Al no conseguir la entrega de las acciones de las empresas, Wasmosy puso en marcha otros métodos, mediante los cuales se fue adueñando sistemáticamente de los negocios de los directivos del Banco Unión. Él se quedó con nuestros negocios al intervenir el banco y al hacer desaparecer la documentación", señalaba Tito Scavone al programa televisivo, reproducido por La Nación, el 7 de setiembre de 2001.

Por su parte, Miguel Kémper había señalado en ese mismo programa, que Wasmosy "encomendó a Juan Manuel Morales (entonces ministro de Justicia y actual ministro de la Justicia Electoral), junto a un senador del Partido Liberal Radical Auténtico, para sacar de la cárcel a Antonio Sacarello y Oscar Carísimo Netto. Los mismos fueron trasladados, sin orden judicial, a las 10 de la noche, desde el penal de Tacumbú hasta Mburuvichá Roga, residencia presidencial, donde el presidente Wasmosy les exigió la entrega de las acciones de sus empresas para quedar en libertad: Regresaron a las 4 de la mañana al penal".

El 3 abril de 2002, después de abandonar la cárcel por segunda vez, Tito Scavone fue asesinado en aguas del río Paraguay, cuando remaba su regata desde el Deportivo Sajonia al Club Mbiguá. Era un atleta náutico y el cuento de la policía, que no investigó el crimen, fue que Scavone fue arrollado por una enorme barcaza que se desplazaba a pasos de un buque de papel.

 

         2.      PLAN DEL FMI

 

La crisis financiera en Paraguay fue un plan orquestado por el FMI con el gobierno, junto a los bancos transnacionales y los oligarcas, provocando la estafa a miles de paraguayos y el vaciamiento de las arcas del Estado. Cuando ya no había dinero en el Banco Central, el gobierno recurrió a los fondos del Instituto de Previsión Social (IPS), la entidad aseguradora que ni siquiera es estatal, y se echó manos de las reservas para la jubilación. Se distribuyeron créditos directos entre los amigos del presidente (compra de aliados) y se destinó una parte importante del dinero a los bancos en proceso de intervención, proceso en el cual se evaporaron los fondos del IPS por más de 400 millones de dólares.

En resumidas cuentas, los activos nacionales, tanto públicos como privados, pasaron a engrosar los activos de los bancos transnacionales.

En Paraguay también se aplicó aquella receta de la privatización de las riquezas del Estado y del pueblo y la socialización de las pérdidas de las empresas. Tal fue el desempeño de Wasmosy, que liberalizó la economía junto al general Rodríguez, pero el pueblo paraguayo tuvo que pagar las consecuencias. De algún modo, estas experiencias se repiten en cada rincón del planeta en el turbulento mundo del capitalismo financiero transnacional, en que los grandes banqueros se apoderan de los recursos de los pueblos y les hacen pagar sus fechorías.

Esta dinámica se vio reforzada en Paraguay con las privatizaciones de algunas empresas públicas, como Aceros del Paraguay, ACEPAR; Líneas Aéreas Paraguayas, LAP; Administración Paraguaya de Alcoholes, APAL; Flota Mercante del Estado, Flomeres, y Líneas Aéreas de Transporte Nacional, LAN. Los activos de estas empresas fueron traspasados a las cuentas de los administradores de turno del Estado y sus cómplices, y los pasivos pasaron a engrosar la deuda del Tesoro. En la actualidad, algunas de estas empresas que no son rentables bajo la fraudulenta administración privada, vuelven a plantearse la devolución de las mismas al Estado.

La corriente neoliberal wasmosysta fue derrotada en 1997 por otra corriente nacionalista de corte populista de derecha del Partido Colorado, liderada por el general Lino Oviedo, albacea y confidente del general Rodríguez en el tráfico de drogas. Este desenlace electoral estuvo precedido por feroces peleas entre ambos socios -Wasmosy y Oviedo- que en 1996 eclosionó en forma de crisis política, con una clara intervención de la Casa Blanca, bajo el gobierno de Clinton, a favor de Wasmosy. Oviedo fue encarcelado por Wasmosy, mediante la instrumentación de una corte militar, por un supuesto intento de golpe de Estado en 1996, tras derrotar al wasmosysmo en una interna partidaria en 1997. En su reemplazo fue promovido Raúl Cubas Grau, quien ganó las elecciones generales de 1998.

En menos de un año, el wasmosysmo, sus aliados criollos y la Embajada de los Estados Unidos tumbaron al gobierno de Cubas en un cruento golpe de Estado e instalaron un gobierno completamente títere, liderado por el senador Luis González Macchi. Todos estos hombres son stronistas, que forjaron sus riquezas bajo el régimen del dictador.

Con la derrota del general Oviedo, quien huyó precipitadamente a la Argentina, donde le dio asilo el neoliberal Carlos Menem, Wasmosy se aseguró su impunidad y González Macchi siguió con las recetas neoliberales, con más privatizaciones, corrupción galopante y la dilapidación por completo de un crédito de 400 millones de dólares que el gobierno pro norteamericano de Taiwán otorgó a los golpistas. El Paraguay estaba en ruinas.

 

         3.      AUMENTO DE LA POBREZA

 

Una de las "virtudes" del neoliberalismo depredador es la fabricación de pobres. Cuando el general Rodríguez empezó a aplicar las recetas neoliberales en 1991, la pobreza estaba situada en torno al 18%. Doce años después, bajo el gobierno de González Macchi, la pobreza en general ya afectaba a casi el 50% de la población. La indigencia se duplicó del 9 al 20% en el mismo periodo, según datos de la Dirección General de Estadística, Encuestas y Censos.

 

 

Las recetas neoliberales comienzan a aplicarse a inicios de la década del 90. Pocos años después, la pobreza empieza su escalada y se dispara luego del saqueo en el sector financiero, desde 1997.

Esta pobreza galopante es claramente concomitante con la estrepitosa caída del Producto Interno Bruto, PIB. El aparato productivo nacional fue echado en saco. Con la crisis financiera, fue atacada la industria de capital nacional ligada a los bancos nativos, cuyos activos fueron transferidos de modo creciente a las transnacionales.

El PIB que estaba en el orden de los 10 mil millones de dólares en 1995, cuando se inició la crisis financiera, fue cayendo hasta situarse en torno a los 5 mil millones de dólares en el 2002. El ingreso per cápita de la población -que crece a un ritmo promedio del 2.8 por ciento anual- se deslizó por un tobogán sin freno. En 1995, el PIB por habitante era de 1.672 dólares; en el 2002, el ingreso per cápita había caído a tan sólo 915 dólares, según datos del Banco Central del Paraguay.

En términos relativos eso significaba una caída desde 3 puntos positivo a 2 puntos negativos. El ingreso por habitante había retrocedido comparativamente a 20 años atrás, cuando la construcción de la represa de Itaipú había disparado el crecimiento nacional a dos dígitos anuales por varios años.

Cuando se inició el gobierno de Nicanor Duarte Frutos en 2003, se acentuaron las medidas de corte neoliberal con la reducción del impuesto a la renta empresarial del 30 al 10%, mediante la promulgación de la Ley de Reordenamiento y Adecuación Fiscal. Asimismo, se eliminó el impuesto del 12% sobre autos y documentos para la importación de insumos agrícolas, permitiendo a las transnacionales del agro negocio aumentar sus ganancias. Estas medidas fueron impulsadas por Dionisio Borda en su carácter de ministro de Hacienda, quien fue nuevamente incorporado como tal, por el gobierno de Fernando Lugo.

Con estas reducciones impositivas, el Paraguay se convirtió en uno de los países con menor carga tributaria en Latinoamérica, apenas 12 % sobre el PIB. El país fue mejorando su posición como paraíso fiscal no declarado, favoreciendo aún más los negocios de las transnacionales. A esto hay que agregar la altísima evasión y elusión fiscal, a causa de la corrupción de los gobernantes.

 

 

A la par de la caída del PIB de 1992, fue aumentando la pobreza. Luego de años, cuando vuelve a aumentar el PIB, la pobreza ya no disminuye proporcionalmente.

Mediante las medidas neoliberales favorables a las transnacionales y sobre todo al agro negocio, el PIB fue aumentando nuevamente y por obvias razones, el ingreso per cápita. De acuerdo a datos de las cuentas nacionales del Banco Central, el PIB a precios corrientes de 5 mil millones de dólares en 2002, fue ascendiendo a casi 17 mil millones de dólares en 2008. En consecuencia, el ingreso per cápita aumentó de 915 dólares a 2700 dólares. La tremenda sequía de finales de 2008 y principios de 2009, así como la caída estrepitosa de los precios de los commodities en el mercado mundial a consecuencia de la crisis del capitalismo, afectaron dramáticamente la producción primaria y el PIB cayó en negativo 4 % (BCP, Cuentas Nacionales).

La pobreza no se redujo proporcionalmente al crecimiento de los últimos años. Por el contrario, la pobreza extrema tiende a aumentar y la pobreza en su conjunto se reduce apenas un 8 %, del 46 al 38 %, comparando las estadísticas de 2002 con 2007. A causa de la sequía y la crisis mundial, además de la crisis estructural del modelo paraguayo, en 2009 la pobreza en Paraguay de nuevo aumentó al 40% y la pobreza extrema al 20%, según datos oficiales.

 

         4.      LA POBREZA MIGRA A LA CIUDAD

 

Un informe que aclara con certeza el rumbo de la pauperización del país, es la publicación en 2005 de la Dirección General de Estadística, Encuestas y Censos, reproducido por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). En 1995 la mayoría de los pobres (32,1% de la población) vivía en el sector rural. Al cabo de 10 años, esa mayoría pauperizada del 38 % de la población, se trasladó a las zonas suburbanas, señala el informe. ¿Qué estaba pasando?

Una de las claras explicaciones la ofrece el Censo Agropecuario Nacional, CAN, realizado en 2008. Los pequeños productores rurales, de entre 5 hectáreas y con menos de 100, fueron perdiendo sus tierras a manos de los latifundios que producen soja. La cantidad de fincas censadas se fue reduciendo dramáticamente. Por ejemplo, las fincas de entre 20 a 50 hectáreas se redujeron 27 % en comparación al Censo Agropecuario de 1991 y las fincas de 10 a menos de 20 hectáreas se redujeron 12,8 %, por citar dos estratos.

 

 

En contraste, la cantidad de fincas de 500 y más hectáreas, incluyendo las de 5 mil y 10 mil hectáreas, aumentaron 56% entre 1991 y 2008. La concentración de la tierra en manos de unos pocos fue aumentando en Paraguay, al punto que el 85% de la superficie del territorio está en manos de sólo el 3% de los propietarios. Paraguay es el país más desigual del continente por este y otros motivos (CAN, 2008).

En ambos casos, tanto las fincas pequeñas como las grandes, respectivamente, fueron decreciendo o creciendo en superficie, prácticamente en los mismos términos porcentuales que la cantidad de fincas censadas en el mismo periodo mencionado.

El neoliberalismo está logrando paulatinamente la destrucción de la economía campesina, ante la ausencia del Estado con programas de asistencia técnica, financiera, de mercadeo y social; también como consecuencia de la crisis financiera interna que se extendió hasta el 2003, liquidando el ahorro nacional, y dejando sin crédito a los pequeños productores, sin recuperación de los créditos otorgados por el BCP a los bancos en liquidación, entre otros. Paralelamente, se experimenta un crecimiento explosivo del agro negocio, especialmente de la soja, que fue avanzando sobre las fincas de los pequeños productores.

La técnica del desahucio es conocida: fumigación vía aérea o con potentes máquinas fumigadoras, de los cultivos y viviendas de campesinos, con agroquímicos, especialmente el glifosato que se usa con la soja transgénica de Monsanto, contaminando el ecosistema. Las plantaciones de subsistencia, como la mandioca, el maíz y el poroto son afectadas por la fumigación. La contaminación en muchos casos, mata los animales domésticos y finalmente enferman y mueren los mismos campesinos y sus familias si se resisten a abandonar sus fincas.

Así se fueron reduciendo las fincas menores a 50 has, que son fincas viviendas, donde el productor vive y produce con su familia. Ese tipo de unidad productiva es el que está desapareciendo, provocando un aumento pavoroso de la pobreza y la migración del campo a la ciudad. Al mismo tiempo, el Paraguay va perdiendo soberanía alimentaria, puesto que al disminuir la producción campesina, se depende cada vez más de los productos industrializados e importados de las transnacionales.

El Censo Agropecuario de 2008 muestra claramente la evolución de la sojización del país sobre la agricultura campesina. En 1991, cuando se inicia la aplicación de las recetas neoliberales, el área de siembra de la soja era de 552.000 hectáreas. En 2008, año del último censo, la superficie sembrada con soja ya alcanzó 2.463.000 hectáreas, con tendencia a seguir aumentando. Creció 346%.

 

 

Y este crecimiento se produjo a costillas del más pobre. En 1991, en las fincas con más de 1.000 has, apenas se sembraron 60.364 has de las 552.000 cultivadas; un poco más del 10%. En 2008, la superficie sembrada en fincas con más de 1.000 has superaron las 1.085.000 has de las 2.463.000, representando el 43% de la superficie total sembrada. Este aumento de la superficie cultivada en grandes fincas, se produjo simultáneamente a la disminución del área de siembra en fincas con menos de 20 has, de los pequeños productores. Entre 1991 y 2008, la superficie sembrada en ese estrato se redujo en 11%, alcanzando solo el 4% de la superficie total cultivada con soja.

Entre tanto, la ganadería de carne, otro commodity, también fue creciendo vertiginosamente. Pero fue desplazada hacia el Chaco por la soja y otros cultivos de apetencia en el mercado mundial. La carne, por lo menos, es un alimento de consumo masivo nacional. Pero los grandes ganaderos, en la mayoría de los casos, se dedican a la ganadería en el Chaco y a la agricultura sojera en la Región Oriental, razón fundamental de la fanática defensa que hace la Asociación Rural del Paraguay del cultivo de la soja, especialmente la transgénica que ya se cultiva en un 100% en el país, monopolizada por la multinacional norteamericana Monsanto.

La soja beneficia a 27.000 productores, según el Censo Agropecuario 2008, de un total cercano a los 300.000 productores en todo el país, es decir, a un 10% de ellos. Significa que aún siendo el mayor rubro de exportación, no beneficia a la mayoría de los productores.

La población en su conjunto tampoco obtiene grandes beneficios de la soja, cuya producción es netamente extractiva, provocando deforestación, agotamiento del recurso suelo, contaminación de los recursos hídricos, entre otros factores, que son riquezas nacionales y no de los productores en particular.

Pero los mayores beneficios los obtienen las transnacionales, ya que exportan grandes cantidades de materia prima, sin pagar prácticamente impuestos. Por ejemplo, la multinacional norteamericana Cargill, que exportó en 2007 por 613 millones de dólares, sólo aportó de impuesto 9,5 millones de dólares, representando apenas el 1,5% del valor total de sus exportaciones.

ADM, otra multinacional norteamericana, que exportó en ese mismo año por 289 millones de dólares, su presión tributaria sólo fue de 9,8 millones de dólares. Bunge, que exportó por 202 millones de dólares, aportó al fisco sólo 2,3 millones de dólares.

Como se podrá notar, desde que se aplicó el neoliberalismo en Paraguay, los grandes beneficiados fueron el sector financiero transnacional, las transnacionales del agro negocio y sus socios propietarios de grandes extensiones de tierra. El neoliberalismo posibilitó la expansión del capital extranjero a costa del empobrecimiento crónico de la población nacional. Y el país pierde en forma creciente su soberanía política y alimentaria, sus recursos naturales y su identidad nacional.

Lo que ocurrió en Paraguay es casi una anécdota en comparación al desastre causado por el neoliberalismo en otras naciones como Argentina, México, Rusia, Corea del Sur. Éstas y otras naciones, obedecieron ciegamente las imposiciones del FMI y los resultados fueron pagados con el hambre y la miseria de sus pueblos, con una creciente pérdida de soberanía económica y política nacional.

En Rusia, mientras el gobierno carecía de fondos para pagar las pensiones, los oligarcas estaban enviando a cuentas bancarias de Chipre y Suiza el dinero obtenido con el despojo de los activos y la venta de los varios recursos nacionales privatizados. Este país había perdido estimativamente unos 350 mil millones de dólares a finales de la década del 90, gracias a las recetas del FMI, cuyos directivos actúan de acuerdo con altos funcionarios del Departamento del Tesoro y de la Reserva Federal de los Estados Unidos, que obedecen órdenes de los banqueros de Wall Street.

El caso argentino es bien conocido, pues bajo el gobierno de Carlos Saúl Menem los recursos y la administración de la nación fueron entregados a las multinacionales, también por presiones del FMI, para desregularizar totalmente su economía. Recién bajo el gobierno de Néstor Kirchner se puso freno al FMI y sus recetas, que causaron estragos en la economía, en la política y la sociedad del vecino país.

México sigue postrado, ya que no se ha recuperado aún de los programas neoliberales de la década del 90 y de nuevo le impactó muy duramente la crisis que se inició en 2008, por su estrecho vínculo con la economía norteamericana. Además, el narcotráfico y la mafia generalizada, estimulada por los organismos de inteligencia de los Estados Unidos, está destruyendo ese gran país latinoamericano.

En todos estos años, el FMI presionaba la desregulación total de los mercados, en el marco del neoliberalismo, incluyendo países que ni siquiera necesitaban de esas medidas, porque sus economías eran saludables. Seguidamente, tras los desastrosos resultados, el mismo FMI, presionado por los países cuyos banqueros son los prestamistas, promovía el endeudamiento de esas economías que antes eran sanas, pero que tras la liberalización de sus mercados ingresaron a la era de la mendicidad.

Esto explica también lo que ocurrió en Paraguay bajo los gobiernos de Rodríguez, Wasmosy y González Macchi: el latrocinio en las entidades financieras, pretextando el saneamiento del sector y la liberalización del mercado. Contaban con el apoyo del FMI y del gobierno de los Estados Unidos, cuyas transnacionales obtuvieron y siguen obteniendo pingües beneficios a costa de toda una nación (Méndez G., 2007).

 

         5.      LA "DEMOCRACIA" MADE IN USA

 

Con la crisis mundial que estalló a mediados de 2008, el gobierno norteamericano recurrió a un gigantesco programa keynesiano para salvar su economía y poner en resguardo los grandes intereses de los banqueros, con desembolsos del Tesoro que superaron los 1 billón de dólares. Esta crisis hizo metástasis en todo el sistema y fue inficionando a todos los países del mundo. La debacle, lejos de terminar, sigue su curso destructivo, cada vez más peligroso para toda la humanidad.

En medio de la crisis, el gobierno norteamericano, especialmente el de Barack Obama, apeló a los programas de estatización para salvar a los grandes bancos. El Departamento del Tesoro y la Reserva Federal "olvidaron" por completo las recetas neoliberales de desregulación de la economía y la "sana competencia del mercado" en el momento de auxiliar a los banqueros, verdaderos dueños del imperio norteamericano, que manejan los hilos del poder desde Wall Street, en forma conjunta con el complejo militar, industrial y la burocracia estadounidense (Stiglitz, 2010).

"Wall Street lava dinero del narcotráfico impunemente", publicaba Zach Carter en Rebelión (19-07-10), al hacerse eco de un artículo escrito por Michael Smith de Bloomberg, que reveló los crímenes de los banqueros, ocultados por las propias autoridades norteamericanas.

"Demasiado grande para caer es un problema mucho mayor de lo que piensas. Todos hemos leído informes condenatorios sobre que el Gobierno salva a los bancos de sus apuestas de alto riesgo, pero resulta que el problema del privilegio de Wall Street está arraigado mucho más profundamente en el sistema legal de EEUU de lo que los simples rescates atestiguaron en 2008. Los mayores bancos de EEUU pueden involucrarse en actividades descaradamente criminales a escala masiva y emerger casi completamente indemnes. El último ejemplo repugnante proviene del Banco Wachovia: acusado de lavar 380 mil millones de dólares de dinero de cárteles de la droga mexicanos, se espera que el gigante financiero emerja con sólo un tirón de orejas gracias a una política oficial del Gobierno, que protege a los mega bancos contra acusaciones criminales", señalaba el artículo (Carter, s/f)3.

Agrega el informe que "ningún gran banco estadounidense... ha sido acusado alguna vez por violar la Ley de Secretos Bancarios o cualquiera otra ley federal. En vez de eso, el Departamento de Justicia resuelve acusaciones criminales utilizando acuerdos de suspensión de actuaciones judiciales, según los cuales un banco paga una multa y promete no volver a violar la ley... Los grandes bancos están protegidos de los enjuiciamientos gracias a una variante de la teoría de demasiado-grande-para-caer. Encausar a un gran banco podría provocar una carrera frenética de los inversionistas para vender acciones y causar pánico en los mercados financieros".

Esta es la democracia imperial que los apologistas del régimen, especialmente los medios de comunicación hegemónicos como ABC Color en Paraguay, y otros tantos medios ligados al capital financiero internacional, pretenden que los países del mundo emulen, donde la justicia no llega a las grandes corporaciones financieras.

"Los poderes del dinero explotan a la nación en tiempo de paz y conspiran contra ella en tiempos de adversidad. Es más despótico que la monarquía, más insolente que la autocracia, más egoísta que la burocracia. Veo en el futuro una crisis que se acerca, que me preocupa y me hace temblar por la seguridad de mi país. Las corporaciones se han entronizado. Una era de corrupción seguirá y el poder del dinero en el país se esforzará por prolongar su reinado trabajando sobre los prejuicios de la gente, hasta que la riqueza se acumule en unas pocas manos y sea destruida la República". Esto señalaba Abrahan Lincoln, decimosexto presidente de los Estados Unidos, entre 1861 y 1865, cuando profetizó el rumbo de la República, destruida por el capitalismo y convertida en un imperio genocida, odiado por el mundo.

Los dueños del dinero y del mundo, los banqueros que dirigen Wall Street y las bolsas mundiales, han llevado la especulación financiera a extremos que Lincoln ya sospechaba hace 150 años. En la actualidad, los productos financieros derivados o burbujas financieras o capital especulativo, es 20 veces superior al Producto Mundial Bruto, fruto de la ingeniería delictiva y depredadora del capitalismo. Esta especulación destruye los propios cimientos del capitalismo primigenio, basado en la explotación del trabajador, está sustituyendo a la producción, al trabajo, y es el epicentro de la última gran crisis del capitalismo que eclosionó con violencia en 2008.

"Creo que las instituciones bancarias son más peligrosas para nuestras libertades, que los ejércitos permanentes. Si el pueblo estadounidense alguna vez permite a los bancos privados controlar la emisión de su moneda, primero por la inflación, después por la deflación, los bancos y corporaciones que crecerán alrededor de los bancos privarán a las personas de todos sus bienes hasta que sus hijos despierten sin hogar en el continente que sus padres conquistaron". Thomas Jefferson, el tercer presidente de los Estados Unidos (1801-1809) y uno de los fundadores de la nación, ya había visualizado la voracidad del sector financiero. Es que Jefferson y otros moderados ya vieron el huevo que se estaba incubando, el huevo del tiranosaurio que está depredando el mundo en los últimos 100 años.

Últimamente, Estados Unidos inyectó en el mercado mundial de divisas, 600 mil millones de dólares para promover la revalorización de algunas monedas, como el yuan de China, supuestamente muy devaluadas en perjuicio del comercio mundial. Esta emisión monetaria inorgánica se suma a los 1.2 billones de dólares que el Tesoro de los Estados Unidos inyectó a su economía para salvar a los bancos de la crisis que se inició en 2008. Con la emisión de 600 mil millones de dólares, Estados Unidos pretende reimpulsar sus alicaídas exportaciones mediante un dólar muy barato, y oxigenar de nuevo su economía con dinero fresco proveniente de los países denominados emergentes. Desesperados por frenar la revalorización de sus monedas ante el dólar, tratando de mantener el valor de sus exportaciones que se hacen dólares, los países del mundo son empujados a comprar bonos del Tesoro norteamericano para quitar dólares de circulación, intentando estabilizar la paridad cambiaria, lo cual está conduciendo a otros desastres en la economía de los países denominados emergentes.

Y esto ocurre porque Estados Unidos tiene una deuda pública que se va acercando paulatinamente al 100% de su PIB. Esta deuda colosal está siendo financiada por países como el nuestro, con un dólar totalmente devaluado. Estados Unidos echa mano del dólar, la moneda impuesta por el imperialismo norteamericano en 1944, en plena Segunda Guerra Mundial, en el marco del Tratado de Bretton Woods. Todo el mundo es prisionero del dólar y ni el G 20 ni ningún otro grupo, parecieran remediar esta trágica situación.

 

La deuda pública de los Estados Unidos ya llegó a los 13 billones de dólares en agosto de 2010.

 

 

"Por extraño que parezca -y por irracional que sería en un sistema más lógico de diplomacia mundial- la superabundancia de dólares es lo que financia el fortalecimiento militar global de EEUU. Obliga a los bancos centrales extranjeros a cargar los costes de la expansión del imperio militar de EEUU, una efectiva "tributación sin representación". Mantener reservas internacionales en "dólares" significa reciclar las entradas en dólares para comprar valores del Tesoro de EEUU, deuda del gobierno de EEUU creada en gran parte para financiar las fuerzas armadas (Hudson, s/f).

 

Estados Unidos financia sus guerras imperiales gracias a los aportes de todos nuestros países. Los bancos centrales están compelidos a mantener sus reservas en dólares, mediante la adquisición compulsiva de bonos del Tesoro norteamericano, manteniendo la supremacía de esa divisa en todo el planeta, simplemente para financiar la maquinaria militar norteamericana y de sus socios de la OTAN. Ocurre algo paradójico, esquizofrénico: los países denominados emergentes, financian este aparato militar perverso y genocida que a la vez es usado en contra de esos países, para garantizar a las multinacionales norteamericanas y europeas seguir saqueando nuestros recursos.

 

         6.      EL GOBIERNO DE LUGO

 

Cuando asumió Fernando Lugo como Presidente Constitucional del Paraguay el 15 de agosto de 2008, nadie fue tan ingenuo como para creer que el nuevo gobierno iba a desmontar un sistema corrupto, perverso y anquilosado, producto de más de 60 años de gobiernos colorados, 35 de los cuales bajo la feroz dictadura de Alfredo Stroessner.

Sin embargo, ya pasaron dos años y medio del nuevo gobierno que había prometido el "cambio", y éste ha adoptado un gatopardismo similar al de Barack Obama, el primer presidente de color de los Estados Unidos desde su independencia, que prometió retirar a los militares de los escenarios de guerra, pero lo que hizo fue aumentar al doble la dotación de soldados en Afganistán. Lugo ha mentido. Se ha mentido a sí mismo y al pueblo, pues no sólo dejó impunes los actos más perversos de corrupción y crímenes de gobiernos anteriores, como el de Wasmosy en el sector financiero, sino que fue renovando las recetas neoliberales dictadas por el Fondo Monetario Internacional y las transnacionales.

Como el gobierno de Lugo no realizó ningún arqueo de caja, ningún inventario de los activos y pasivos de la república cuando asumió como presidente -los cuales habrían puesto en evidencia a los enemigos del pueblo- hoy ya está en condiciones de que se le endosen todos los hechos de saqueo en el sector público, mezclados los vandálicos actos de los gobernantes colorados, con los propios.

Por ejemplo, en el sector financiero. Hasta hoy el Banco Central no aclaró qué pasó del generoso auxilio financiero dispuesto por Wasmosy de 700 millones de dólares, supuestamente para auxiliar a los bancos en la década del 90. Tampoco se sabe de los 400 millones de dólares arrebatados al Instituto de Previsión Social, dinero que fue arrancado a los asegurados, destinado también al supuesto auxilio de los bancos y a la concesión de dadivosos créditos a los amigos de los gobiernos colorados.

El gobierno se ufana de los 4 mil millones de dólares de reservas internacionales, adquiridos a través de los bonos del Tesoro norteamericano que se usan, como ya se señalara, para financiar la maquinaria de guerra de los Estados Unidos. Sin embargo, se niega la posibilidad de usar esos fondos para financiar el desarrollo del Paraguay, como por ejemplo la expansión de las redes eléctricas en el país, ante la directa presión del FMI a través de sus voceros. El presidente Lugo tampoco ordenó a sus ministros impulsar algún tipo de investigación, humilde por lo menos, sobre los procesos de privatizaciones y concesiones llevadas a cabo bajo los gobiernos del general Rodríguez, Wasmosy y González Macchi. La línea aérea de bandera nacional, LAP, fue transferida a título gratuito al capital privado, y las rutas aéreas internacionales concedidas a Paraguay por las naciones amigas fueron enajenadas a favor de TAM del Brasil, sin que nadie sepa hasta el presente, qué ha pasado. La Flota Mercante del Estado y Acepar, entre otros, fueron arrebatados al Paraguay en el marco del neoliberalismo.

Antes que impulsar el esclarecimiento de estos crímenes contra la Patria, el gobierno actual está promoviendo la privatización de los aeropuertos, rutas y ríos. Lugo llevó personalmente al Congreso, el proyecto de ley de concesión de los aeropuertos Silvio Pettirossi, Guaraní y el aeropuerto militar de Mariscal Estigarribia.

Los intereses oligárquicos y de las transnacionales, así como del imperialismo norteamericano, usan la investidura presidencial para llevar adelante estos planes de corte neoliberal. Están interesados en obtener pingües ganancias con la infraestructura del Estado paraguayo, en tanto el imperialismo norteamericano busca fortalecer su presencia militar a través de los aeropuertos en Paraguay, ante la creciente reafirmación independentista de las decisiones de Washington, de Brasil, Argentina, Venezuela y otras naciones del continente.

Dionisio Borda, el imprescindible ministro de Hacienda de Fernando Lugo, impuesto por el FMI, ya había aplicado algunos ajustes estructurales cuando se desempeñaba en el mismo cargo bajo el gobierno de Nicanor Duarte Frutos (2003-2005). A través de la Ley de Adecuación Fiscal aumentó el porcentaje de aporte jubilatorio a los trabajadores del Estado, así como la cantidad de años de aporte para la jubilación. En contraste, redujo el impuesto a la renta a las empresas del 30 al 10%. También eliminó el impuesto sobre actos y documentos, favoreciendo a las transnacionales del agro negocio en la importación de agroquímicos y otros productos. En contraste, se mantiene el Impuesto al Valor Agregado (IVA) en el 10%, tributo que paga el consumidor medio y pobre, contribuyendo con más del 60% de los ingresos tributarios del Estado.

El impuesto inmobiliario rural es ridículo y sólo aporta el 0,04% del PIB, con unos cinco millones de dólares anuales de recaudación en los municipios del interior del país. Tierras altamente rentables, como las de Santa Rita de Alto Paraná, tributan la irrisoria suma de 1.300 guaraníes por hectárea, en tanto que el precio de mercado de esas tierras orillan los 6.000 dólares por hectárea, monto similar a la rentabilidad por unidad de superficie. El ministro Borda, a cuyo cargo está la Dirección de Catastro, se niega a impulsar la realización de un catastro nacional, porque pondrá en evidencia a los latifundios y a las multinacionales que se dedican al agro negocio, así como a una quinta parte de propietarios que poseen títulos de propiedad falsos. Según el Registro de Propiedad, Paraguay posee propietarios que totalizan más de 500 mil kilómetros cuadrados, cuando que la superficie total del país es de un poco más de 406 mil kilómetros cuadrados.

Aduanas sigue sumergida en la más abyecta corrupción, con subfacturaciones o ingresos en frío de mercancías o simulación de importaciones, que terminan en triangulación de mercaderías. Por ejemplo, en 2009 la Aduana de Estados Unidos declaró haber enviado mercaderías a Paraguay por valor de 1.352 millones de dólares y la aduana paraguaya declaró sólo 235 millones de dólares. La diferencia es de más de 1.100 millones de dólares. Y el ministro Borda y el mismo presidente Lugo, conocían de estas colosales diferencias, repetidas en el comercio bilateral con otras naciones.

Esta es la política tributaria neoliberal, libertina, del gobierno de Lugo, en tanto que los latifundios y los dueños del capital financiero, las transnacionales bancarias, especulan con los medios de producción y no tributan prácticamente nada. Las remesas de millones de dólares de ganancia de los especuladores a los paraísos fiscales, siguen sin pausa, para ser inyectadas en las bolsas del mundo en un hermético círculo de especulación y ganancias siderales, donde el crimen organizado dirige el destino de la humanidad. ¿Por qué el Banco Central del Paraguay no promueve una ley que limite la remesa de dólares de los bancos y otras empresas multinacionales al exterior? Porque el FMI impone lo contrario, por presiones de los banqueros de Wall Street y el Tesoro norteamericano.

El gobierno de Lugo no pudo avanzar con el programa de reforma agraria, profusamente anunciado durante la campaña electoral presidencial de 2008. El 85% del territorio nacional está en manos del 3% de los propietarios. La concentración de la tierra tiende a aumentar. En contraste, el crecimiento económico del 14.5% de 2010 se basó casi exclusivamente en la expansión del agro negocio cuya dinámica avanza mediante la destrucción de la economía campesina y el ecosistema, con un modelo extractivista que no paga impuestos, mediante la feroz presión de las transnacionales norteamericanas como Cargill, principales beneficiarias del modelo. Este pulpo llegó a exportar en 2010 por más de 900 millones de dólares, en su mayor parte materia prima, especialmente la soja.

Cargill es socia del Grupo Zuccolillo en Paraguay. Este grupo, que publica el diario ABC Color, bajo la dirección de su propietario Aldo Zuccolillo, impone terror paralizante al gobierno con sus líneas editoriales coercitivas y con titulares diarios que acusan al gobierno de Lugo de estar alineado al "socialismo del Siglo XXI", aún cuando el presidente ha demostrado en estos dos años y medio, una clara alianza con la Embajada de los Estados Unidos. Zuccolillo utiliza una estratagema ya empleada por la dictadura de Alfredo Stroessner, que acusaba de comunistas a los opositores, incluyendo a liberales, para apartarlos de cualquier principio democrático, a favor de los intereses imperiales y oligárquicos. Aldo Zuccolillo está aliado a los extremistas de derecha del continente, como Unoamérica, una organización nazifascista continental promovida por la CIA de los Estados Unidos para intentar poner freno a los movimientos sociales y a los gobiernos progresistas de la región, mediante golpes de Estado como el de Honduras contra el presidente Zelaya en 2009, con una incesante propaganda a través de los grandes medios de comunicación, afiliados a la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP).

El presidente Lugo está languideciendo en sus propuestas iniciales de obtener algún margen de beneficio del Brasil en Itaipú. A pesar de la firma de las notas reversales con el ex presidente Lula, el grupo negociador duda y se vuelve errático, mientras el Congreso brasileño congela las pretensiones paraguayas de aumentar la compensación de 120 a 360 millones de dólares por cesión de energía. Itaipú es un coto de los banqueros brasileños y de Wall Street, que asociados cobran intereses leoninos por encima del 7% sobre la colosal deuda de Itaipú, en torno a los 20 mil millones de dólares, negocio administrado por Electrobras. Es un bocado exquisito de la mafia financiera internacional que no pretende soltar ni siquiera un mendrugo a favor de Paraguay.

Al presidente Lugo le quedan escasos 30 meses para revertir el alineamiento de su gobierno a los planes del Fondo Monetario Internacional y la Embajada de los Estados Unidos, aplicando políticas económicas y monetarias que favorezcan a la población, así como líneas independientes en política exterior, que hoy están sujetas a los telefonazos de la sede diplomática norteamericana.

La segunda década de este siglo está demandando coraje a los líderes nacionales y mundiales. Los timoratos deben ir a sus casas, deben renunciar o rectificar rumbos.

Se vienen tiempos muy difíciles para los pueblos, porque el imperialismo norteamericano y los propulsores del neoliberalismo; del capitalismo depredador, no están dispuestos a renunciar a este modelo de producción y de consumo totalmente agotado, destructivo para la vida en el planeta. Para más, el motor del desarrollo vertiginoso del capitalismo en un siglo y medio, el petróleo, se está agotando y hasta el presente no hay energías alternativas de sustitución del combustible fósil (Beinstein, 2009). Esa es una las razones fundamentales por la cual el imperialismo norteamericano y los países hegemónicos de Europa están apurados. Pretenden controlar absolutamente todas las fuentes de riquezas del mundo, para que los habitantes de sus naciones, la cuarta parte del planeta, sigan viviendo en medio del despilfarro, del consumismo galopante, a costillas de más del 70% de la población mundial.

Si nuestros dirigentes políticos y gobernantes de turno no comprenden esta crucial emergencia, sometiendo nuestra soberanía política y económica a intereses extranjeros y a sus aliados locales, el Paraguay corre el serio riesgo de extinguirse como nación. Por ello es importante la reafirmación independentista en el marco del bicentenario de nuestra independencia nacional. Paraguay independiente, libertario, integrado a los países latinoamericanos, debe ser el punto cardinal del objetivo estratégico de cualquier gobierno. Nada debe apartarnos como nación de tan noble objetivo.

 

 

         BIBLIOGRAFÍA

 

Beinstein, Jorge 2009: Crónica de la Decadencia (Buenos Aires: Cartago Ediciones).

Hudson, Michael s/f: "La superabundancia de dólares financia el fortalecimiento militar de EEUU" En: http://www.rebelion.org/noticia.php?id=83179

Méndez Grimaldi, Idilio 2007: Los Herederos de Stroessner (Asunción: Arandurá Editorial) Capítulos I, II, III, IV.

Stiglitz, Joseph 2010: Caída Libre. El libre mercado y el hundimiento de la economía global (México: Ediciones Taurus).

 

 

NOTAS

 

*Periodista e investigador. Miembro Fundador de la Sociedad de Economía Política del Paraguay (SEPPY) idiliomendiez@gmail.com

1 Diario La Nación. 14 de agosto de 2001. Serie de artículos que revelan cómo el presidente Wasmosy mandó intervenir Bancopar para rescatar sus pagarés.

2 Entrevista en la clandestinidad al extinto banquero paraguayo Tito Scavone el 24 de abril de 1999, publicada en el diario La Nación.

3" Wall street lava dinero del narcotráfico impunemente". En: http://www.rebelion.org/noticia.php?id=109927

 

Fuente: LA ECONOMÍA PARAGUAYA BAJO EL ORDEN NEOLIBERAL. Autores: LUIS ROJAS VILLAGRA, OSMAR SOSTOA, TOMÁS PALAU, IDILIO MÉNDEZ, SARAH ZEVACO y REGINA KRETSCHMER. BASE Investigaciones Sociales  - www.baseis.org.py y Sociedad de Economía Política del Paraguay (SEPPY) laseppy@gmail.com . Asunción – Paraguay, 2011.

 



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