CORRUPCIÓN E IMPUNIDAD EN EL PARAGUAY
Por MIGUEL ANGEL PANGRAZIO CIANCIO
Editorial SERVILIBRO
Dirección editorial: VIDALIA SÁNCHEZ
Composición y diagramación:
GILBERTO RIVEROS ARCE
Edición al cuidado del autor.
Asunción – Paraguay
Enero 2005 (424 páginas)
MIGUEL ANGEL PANGRAZIO CIANCIO
Nació en Caazapá (Paraguay). Cursó sus primeros estudios en su ciudad natal para luego proseguir en la Capital. Ingresó en la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales en 1947 y concluyó la carrera en 1951 con notas sobresalientes y la obtención de la medalla de oro.
Su examen de técnica jurídica, acerca de las causas de la nulidad en el matrimonio, mereció la felicitación del tribunal y con recomendación expresa de su publicación.
En 1952 viajó al Viejo Mundo y regresó en 1954 con el título de Licenciado en Finanzas por la Universidad de Madrid, con mención honorífica.
En 1955 presenta su tesis sobre “La Estructura y Proyección del Instituto de Previsión Social”.
Desde 1956 está en ejercicio de la cátedra universitaria.
El autor es catedrático por vocación, conferenciante de nota y jurista con venas de escritor.
Ha asistido a innumerables congresos de su especialidad, aportando trabajos de mucho mérito, como aquel sobre “Tenencia de la Tierra en el Paraguay”, presentado al Congreso de Montevideo (año 1959).
Ex miembro de la Asociación Fiscal Internacional y de la Asociación Internacional de Abogados. Ex Vicepresidente de la Asociación Paraguaya de Estudios Administrativos y Fiscales, Miembro de la Asociación Española de Derecho Financiero y Miembro del Instituto Latinoamericano del Derecho Tributario; Miembro del Instituto Latino de Derecho Administrativo.
Ex decano de la Facultad de Ciencias Políticas, Jurídicas y Sociales de la U.C. Ex Profesor de Finanzas y Economía Política de la U.N.A.
Entre sus principales trabajos se citan: “La Tenencia de la Tierra en el Paraguay”, “La Situación Educativa y el Subdesarrollo en la América Latina”, “El Sistema Impositivo Paraguayo”, “Derecho y Finanzas”, “Indicadores de la Estructura Social del Paraguay” “El Código Civil Paraguayo Comentado”; “El Divorcio Vincular”, “Arriero Porte”, “Tratado de Derecho Público”, “Derecho Administrativo”, Tomos I y II, “El Código Electoral Comentado”, “Relatos de mi infancia”, “Historia Política del Paraguay”, Tomos I y II, y “Anteproyecto de Reforma de la Constitución Nacional”, “Dos temas: Bases para la Reforma de la Constitución. La presunción de. inocencia”
INDICE
Dedicatoria
Palabras preliminares
Máximas contra la corrupción
- Corrupción e impunidad en el Paraguay
- La corrupción en la Administración
- La justicia de los López
- La Administración durante el gobierno del Mcal. Francisco Solano López
- El mandato de Cirilo Antonio Rivarola
- Actuación de Salvador Jovellanos
- Gobierno de Juan Bautista Gill
- El asesinato del general Serrano
- Higinio Uriarte
- El gobierno de Cándido Bareiro
- La gestión de los años 1880 a 1886
El protagonismo del general Patricio Escobar
- Presidencia de Juan Gualberto González
- El gobierno de Juan Bautista Egusquiza
-Gobierno del coronel Juan Antonio Escurra
-JuanB. Gaona
-Benigno Ferreira
-Manuel Franco: paraguayo ilustre
-Segundo período presidencial de Manuel Gondra
-Eligio Ayala
-Gobierno de José P. Guggiari
-Eusebio Ayala
-El coronel Rafael Franco y su propuesta social
-Félix Paiva y el gobierno universitario
-El mariscal José Félix Estigarribia y el cuarentismo
-El general Higinio Morínigo
-JuanManuel Frutos
-Juan Natalicio González
-Félix Molas López
-Federico Chaves
-Arquitecto Tomás Romero Pereira
-General Alfredo Stroessner
-Lacorrupción en la Universidad
-La Facultad de Derecho
-Las cuotas para el examen de ingreso
-El localde la Facultad de Derecho. Su posible sobrecosto
-Las obras en las unidades pedagógicas de San Lorenzo
-Itaipúy Yacyretá: Súper estructura de la corrupción
-Acta de Ñeembucú
- El puerto franco de Paranaguá
-El negocio de1 narcotráfico
-Los abusos de la Policía
-El abigeato y otros hechos ilícitos
- La Industria Nacional del Cemento
- Naturaleza jurídica del pliego de bases y condiciones
- El edificio del Banco Central del Paraguay y su sobrecosto
- La evasión de divisas
- Quema de billetes deteriorados y robo de caudales
- ACEPAR
- Administración Paraguaya de Alcoholes (APAL)
- La Administración de Justicia durante el mandato del general Stroessner
- Stroessner con su Haber y Debe
- Principales hechos durante el gobierno del general Stroessner
- La corrupción en el gobierno del general Andrés Rodríguez
- La emisión "Z"
- Beneficios extraordinarios a los directores del Banco Central
- El atraco a la bóveda del Banco Central del Paraguay. 3 de febrero de 1989
- El auge del contrabando durante el mandato del general Andrés Rodríguez
- El río Pilcomayo
- Pedido de desafuero del senador vitalicio Andrés Rodríguez. 5 de diciembre de 1996
- Balance del gobierno del 3 de febrero de 1989
- Mercado Común del Sur (MERCOSUR)
- El atraco a las internas coloradas
- La Administración del ingeniero Juan Carlos Wasmosy
- Los contratos de obras con las empresas vinculadas a Wasmosy
- El contrato del CEA con la Municipalidad de Asunción
- Los créditos irregulares otorgados por el IPS al Banco de Desarrollo
- El desfalco al Banco de los Trabajadores
- Las elecciones internas del Partido Colorado. Argaña vs. Oviedo
- Período de Raúl Cubas Grau
- Luis Ángel González Macchi
- Balance de las actividades del Poder Ejecutivo a partir del 29 de marzo de 1999
- El informe del Departamento de Estado norteamericano
-Depósitos de los fondos previsionales en el Banco Nacional de Fomento crea preocupación en el seno de los jubilados
- Cuestiones presentes
- El latifundio en el Paraguay
- Extensiones de tierra: 1989
- Revoluciones en el Paraguay
- La Convención Interamericana contra la Corrupción.397
Anexo:
- El autor de esta obra acusado de supuesta corrupción por directores de la Caja de Jubilaciones Bancarias. Réplica a tan vil calumnia
Dedico esta obra a los gloriosos Excombatientes de la Guerra del Chaco,
paradigmas de pundonor y sacrificio.
A mis maestros, que me enseñaron ciencia y moral.
El presente libro es un rescate de nuestra realidad histórica.
PALABRAS PRELIMINARES
Los albores de la humanidad nos aleccionan con sus datos de cruel abuso en el ejercicio del poder.
La corrupción se anida preferentemente en las cúpulas políticas, económicas, culturales ,y religiosas.
El ser humano es débil ante las tentaciones del placer sensual.
Los grandes filósofos de la humanidad y los fundadores de las religiones, como Confucio, Buda, Cristo y Mahoma, lograron sus respectivos instrumentos de convivencia.
Cristo predicó la igualdad objetiva, fundada en el mérito.
Sócrates se alzó contra el fanatismo de los dogmas.
Platón exhortó la vigencia de los valores éticos de la educación, de la justicia y la conducción de los pueblos por los mejores ciudadanos. con atributos de talento y sensatez.
Aristóteles, en su obra “La Política”, desarrollaba la dialéctica para encontrar el camino de la razón.
El daño social nació con el hombre; la manzana prohibida es su antecedente.
El concepto de la corrupción es genérico. Se refiere a lo irregular, a lo ilícito e injusto y a lo perverso.
El mundo está gravemente afectado de este virus que corroe la salud espiritual de los pueblos.
La crisis de la civilización actual es crisis de conducta, de la mente atormentada por el sensualismo.
El yo sobre los demás. No el yo para los demás.
La conciencia social va perdiendo protagonismo. El predominio de círculos cerrados que atesoran fortunas, imponen gobiernos corruptos y desprecian a las grandes mayorías.
Las dos terceras partes del universo vive en la pobreza crítica. Esta realidad debiera avergonzarnos. El hombre contra los hombres es su enajenante consecuencia.
Niños abandonados, madres solteras con su drama, hombres sin trabajo, obreros con míseros salarios. Sin embargo, una cúpula privilegiada ostenta su opulencia, por lo general malhabida.
El hombre se liberó de la esclavitud para ser siervo, de liberto pasó a asalariado; y falta el último proceso, que sea el predominio de empresas asociativas de trabajo.
La libertad y el progreso mediante la asociación de seres concientesen un sistema comunitario para que la libertad constituya la base deun Estado Social jurídico y la integración de esfuerzos el mecanismo del desarrollo.
Los fines del Derecho nos enumeran estos valores:
a) Justicia;
b) Paz;
c) Seguridad;
d) Orden;
e) Bienestar general.
En el Paraguay, la justicia cadadía está más lejos de la realidad . Jueces corruptos, magistrados opulentos y prevaricadores someten a los ciudadanos a la inseguridad jurídica y al despojo de sus bienes, con honrosas excepciones.
El drama de la falta de justicia en nuestro país no es de hoy. Siempre fue el capítulo aplazado d e nuestra historia. Quizá rescatemos un buen andar durante los gobiernos de Egusquiza, Manuel Franco y Eligio Ayala.
Cinco azotes siguen gravando la administración de la Justicia en nuestra atribulada nación:
a) jueces faltos de idoneidad
b) jueces sin carácter;
c) magistrados comprometidos con intereses subalternos;
d) magistrados con la producción mínima, que retarda la justicia;
e) el color político de los jueces.
La mayoría inicia su carrera como magistrados, sin la debida experiencia ni formación profesional. De reclutas jurídicos se convierten en comandantes de la ley, salvo honrosas excepciones.
La mayoría de los togados tienen su padrino para ocupar tal función. Los de mejores curriculum no llegan. Cito los casos del Prof. Dr. Horacio Gabriel Lebrón, medalla de oro en los tres ciclos; el Prof. Dr. Juan F. Bazán, prestigioso catedrático, quienes fueron radiados de la terna merced al pacto de gobernabilidad, por no responder a las directrices partidarias del Presidente de su partido (Liberal).
Varios togados provienen de estudios jurídicos y son los adelantados y ejecutores de los buenos negocios.
La producción de los jueces paraguayos es la menor de Sudamérica. El promedio de sentencias definitivas en los países del Mercosur: Argentina, Brasil y Uruguay registran 840 fallos definitivos al año. Los magistrados paraguayos no alcanzan a 200.
Por último, el color político de los sentenciadores. Con bombos y platillos se festejó la conformación del nuevo Poder Judicial en abril del año 1995. El Pacto de Gobernabilidad fijó cuotas. En la Corte Suprema de Justicia cinco colorados, tres liberales y un demócrata cristiano.
En los tribunales de Apelación y juzgados se siguió igual procedimiento. La justicia se tiñó de colores sobre la venda impoluta de la diosa Astrea. El resultado está a la vista: Nunca el Paraguay vivió una etapa de semejante inseguridad jurídica y de retardo de justicia. Esta afirmación no es mía, la calificación fue dada por el Banco Mundial, por elpropio Presidente de la República, por los pastores de la Iglesia y por la opinión pública en general.
Pretenden la inamovilidad con una interpretación errónea de la ley. Contrarían las normas constitucionales y la opinión de la inmensa mayoría de los convencionales constituyentes del año 1992.
El árbol de la justicia está muy torcido, peligrosamente inclinado.
El Paraguay presagia días de dolor, luto y más pobreza. El cuerpo político social está contaminado. El órgano que debiera eliminar esas impurezas no funciona, me refiero al Poder Judicial
La crisis presente y futura, que se agravará, tendrá en la corrupta administración de justicia actual a su principal causa generadora, con honrosas excepciones.
La nación requiere su urgente recuperación moral. De no ocurrir así, nos esperan días aciagos.
No olvidemos los paraguayos que el Estado es una entidad moral. No se podrá construir el edificio de la República con ciudadanos deshonestos.
Es hora que despertemos del letargo que nos adormece
Por su historia, por su protagonismo y por su sacrificio el Paraguay merece mejores días.
MÁXIMAS CONTRA LA CORRUPCIÓN
1. El hombre debe elegir entre la codicia del tener o la dignificación de su ser.
2. El mandó es atribuido para aplicarla ley con rectitud.
3. El gobernante debe atender las necesidades de su pueblo, antes que otorgar injustos favores.
4. El demagogo, el politicastro que ofende a las grandes mayorías con sus mentiras y falsas promesas, destruye la nación.
5. El poder es para servir y no para abusar de sus privilegios.
6. La opulencia corrompe a los gobernantes.
7. La miseria degrada a los ciudadanos.
8. Las buenas costumbres preservan la moral del pueblo.
9. El sectarismo de los que mandan, impone su impía regresión.
10. La severidad de la ley sobre la crueldad del arbitrario.
11. La personalidad del ser sobre la soberbia del tener.
12. El talento al servicio del prójimo.
13. El gobernante debe ser el depositario fiel de los intereses de la República,.
14. El gobernante recurrirá, al pasado como fuente de experiencia, al presente para evaluar y al futuro para realizar el bien.
15. El derecho de los más sobre el privilegio de los menos.
16. La República es una entidad moral y no un rebaño de hombres sin continencia.
17. El enriquecimiento ilícito es producto del delito.
18. El progreso de los pueblos se fundamenta, en el Derecho Natural.
19. Muchas leyes = malos gobiernos.
20. La injusta redistribución de la riqueza es la fuente perversa de la corrupción.
M. A. P.
CORRUPCIÓN E IMPUNIDAD EN EL PARAGUAY
La experiencia que viví en el Instituto de Previsión Social fue aleccionadora. Un director honesto, trabajador y severo, me refiero al Dr. Enrique Zacarías Arza, de la escuela del ex ministro de Salud Pública y creador de la institución, el Dr. Gerardo Buongermini, quien muriera en la sobria pobreza, a pesar de haber administrado cuantiosos recursos.
Corrían los primeros meses del año 1955, regresaba de España con el título de Licenciado en Finanzas Públicas por la Universidad Central de Madrid. Fui propuesto por mis profesores de Castilla para incorporarme a la cátedra universitaria. Mi destino inicial sería la Universidad de las Lagunas, en Tenerife (Canarias). Pero la pasión de servir a mi patria fue la causa de mi retorno.
A los pocos días de reintegrarme al Departamento Jurídico, el Dr. Zacarías Arza había sido promovido a la cartera de Salud Pública y Bienestar Social. Pronto noté ciertas irregularidades en la nueva administración. Las licitaciones no eran transparentes. La compra de medicamentos para las unidades sanitarias tenían su sobrecosto en beneficio de ciertos directores aprovechados. La diferencia de costo real y costo figurado perjudicaban al I.P.S.. La construcción de los hospitales regionales dejaban pingües ganancias.
Comencé a cuestionar tales irregularidades exigiendo control de costos, calidad de materiales, pagos anticipados a contratistas. Mi presencia ya no era bien vista por el Director General y su entorno. Mis días en la institución estaban contados. Una mañana se produce un gran alboroto. La recaudación de varios días no se había depositado en la red bancaria. Esa omisión tenía su causa. El dinero faltante estaba destinado a la usura y a préstamos sin retorno a ciertos militares y caudillos.
Fraguaron la torpe excusa de inculpar a un joven inocente de 18 años, de apellido Mercado, quien no tenía acceso a las cajas recaudadoras ni poseía en custodia las llaves de la oficina. Se dio gran publicidad al acontecimiento, pero cuando asumí la defensa de ese inculpado las cosas cambiaron. Yo conocía muy bien el manejo de ese departamento como ex secretario general de la Previsional.
Solicité que el juez del Crimen se abocara a la causa. Entonces los directores optaron por pagarle su sueldo y sus vacaciones al joven Mercado, recomendándole que dejara el país, porque corría peligro, según me informó mi defendido -ad honorem- y que para evitar más injusticias decidía emigrar a Misiones, Argentina. Se aclaró que el joven Mercado poseía un excelente currículum y que más de una vez sirvió a los directores para depositar dinero en efectivo en los bancos de plaza.
Al asumir la defensa de este inocente, renuncié en el acto a mi función de asesor adjunto del Departamento Jurídico del Instituto de Previsión Social. Este hecho lo denuncié a algunos ministros del Poder Ejecutivo. La inspección de Hacienda iniciaba las investigaciones cuando vino una orden superior para suspender tales diligencias. El pedido fue formulado por el Comandante de uno de los regimientos de la Caballería. Lo que estoy relatando se ajusta a la verdad. Así terminó mi primer enfrentamiento con la corrupción.
Al retirarme del Instituto de Previsión social sentí nostalgias por regresar a Madrid, ciudad cara a mis sentimientos, mas mi madre me aleccionó exhortándome a no desfallecer en la lucha. No tenía interés de ejercer mi profesión de abogado, conociendo las dificultades procesales del retardo de justicia. En honor a la verdad, en esa época se rescata una etapa positiva de la Administración de Justicia. La incorporación de jueces honestos y capaces, como Horacio Gabriel Lebrón, José María Bonín, Víctor Carugati, Jerónimo Irala Burgos, Eugenio Giménez y Núñez, Nicolás Angulo Fretes, Hugo Alem y otros meritorios magistrados.
Reflexioné y pensé dedicarme a mi oficio de niño-tropero. Al enterarse mis padres de esta decisión, me señalan el deber que me imponía el privilegio de ostentar un título universitario y la obligación de servir a mi patria y especialmente a la cultura.
El entonces Ministro de Hacienda, Dr. Carlos Velilla, me invita a su despacho para ofrecerme el cargo de Asesor Jurídico de la Dirección de Impuestos Internos. Acepté la función y desde ese momento opté por defender los intereses financieros de la República.
En 1958 integré el Directorio del Instituto de la Reforma Agraria. Iniciamos la colonización del Este, pero al priorizarse la adjudicación de valiosas tierras fiscales a empresas extranjeras a precio inconveniente para el país y en perjuicio directo a los agricultores paraguayos, manifesté mi disconformidad en Acta notarial, registro del Sr. escribano Enrique Arbo Encina, quien asentó en su protocolo mi oposición a tales ventas. Inmediatamente elevé renuncia al Poder Ejecutivo. Mi defensa por los derechos conculcados no tuvo eco.
En mayo de 1967 fui electo convencional constituyente. Al tratarse las funciones del Poder Ejecutivo manifesté mis reparos por tal proyecto, pues se otorgaba al Presidente de la República facultades extraordinarias que desembocarían en una dictadura. Que esas atribuciones extraordinarias concedidas al jefe de Estado transgredían las ideas señeras de Blas Garay, Fulgencio R. Moreno, Ignacio A. Pane, Ricardo Brugada, Juan León Mallorquín, Telémaco Silvera , y otros ilustres republicanos. Adelanté mi voto de oposición a tal proyecto. Fui severamente reprendido por algunos convencionales colorados, quienes me trataron de “contrera”. Enérgicamente les repliqué diciéndoles que estaban entregando el país a una dictadura.
Al día siguiente me apersoné ante el presidente de la Convención Nacional Constituyente, arquitecto Tomás Romero Pereira, quien ya estaba en conocimiento del altercado. Me trató con urbanidad y me dio un consejo: “Pida un breve permiso para que las pasiones se calmen. Ud. es como su padre, va de frente, y no siempre esa actitud es comprendida”.
En 1968 fui designado diputado y en una sesión alcé mi voz contra la arbitraria detención de ciudadanos con más de 10 años de reclusión sin proceso. Fui tratado de abogado de guerrilleros.
Mi ex compañero en los cursos de postgrado en la Universidad Central de Madrid, el Dr. Romita, ciudadano norteamericano, me recomendó al Dr. César Romeo Acosta, presidente del Banco Central del Paraguay. Fui designado vice director del Departamento Jurídico.Desde 1980 comienza a sentirse plenamente la corrupción en la cúpuladel BCP. Negociados de divisas, evasión de divisas, sobrecosto del edificio (sistema “calesita”. El local tuvo un sobrecosto del 150% y más . Hasta hoy no se asentó tal costo.
El escándalo salió a luz, pues mi dictamen había revelado taleshechos, solicitando la intervención de la gerencia a cargo del DR. Augusto Colmán Villamayor. Fui desautorizado por el Presidente, puesel gerente era hombre de su absoluta confianza.
Presenté renuncia el día 6 de noviembre de 1985, pues a la tarde formalizaríami denuncia ante el juez del Crimen, Dr. Edgar ,Stanley,secretaría Gulino Ocampos. En esa audiencia cité el sobrecosto del edificio, la evasión de divisas, que no era de 34 millones de dólares al año, sino de 600 millones, y la venta de divisas del Banco a conocidos especulares. Fui correctamente atendido por el juez. A los dos meses, el magistrado renuncia y el expediente queda paralizado. A quince años de mi responsable acusación, los delitos tuvieron el final folklórico del “opá reí”.
En el mes de mayo de 1986 obtuve la jubilación ordinaria incompleta. 22 años, 6 meses, 15 días de servicios. Ese aporte representa 90%; de la jubilación ordinaria completa.
A los ocho años de jubilarme percibía el haber más bajo de losjubilados del Departamento. Para evitarme tal oprobio, solicité un modesto reajuste de 170 mil guaraníes mensuales, para no ser el último del escalafón. El Consejo, presidido por Ramón Delgado, rechazo tan modesta y justa pretención, que tenía un beneficiario: el Hospital de Caazapá, con el fin de salvar vidas humanas.
La manifiesta injusticia me obligó a iniciar la demanda en lo contencioso-administrativo contra dichas resoluciones de la caja. Por Acuerdo y Sentencia N° 8 del 5 de marzo de 1998 se dio lugar a la demanda, revocando las resoluciones administrativas. Apelado el fallo por la Caja, fue confirmada la Sentencia del Tribunal de Cuentas por la Sala Penal y Administrativa de la Corte con el voto unánime de sus tres miembros.
A siete años del litigio, aún no pude hacer cumplir la citada sentencia, por los incidentes promovidos con la complicidad de algunos magistrados corruptos.
El ex presidente del Consejo de la Magistratura, en declaraciones brindadas al difundido diario ABC Color el día 10 de marzo del año 2001, señaló que entre el 25 y el 30 % de los jueces deberían estar fuera por corrupción o mal desempeño de sus funciones.
Al cuestionar la inamovilidad de los ministros de la Corte Suprema de Justicia recordó los antecedentes de la norma sancionada. “Al interpretar los ministros de la Corte en causa propia, derrumbaron los fundamentos éticos de la previsión jurídica”.
La corrupción en el Paraguay ha sido la constante en su historia política. Sin orden ni método, con funcionarios promovidos por el favor sectario. Pretender una buena gestión en una empresa con directores incapaces y deshonestos, constituye un despropósito e insensatez.
El Prof. Dr. Agustín Oscar Flecha, en la página 246 de su bien logrado libro “Desarrollo y Tecnología”, señala: “Tanto la ciencia como la tecnología avanzan a pasos agigantados y en forma multiplicada, originando con ello sensibles y profundas transformaciones en todos los campos de la actividad humana, muy especialmente en la estructura productiva de los sistemas económicos nacionales en lapsos relativamente cortos. Por ello, el fenómeno tecnológico -en permanente evolución- quedarán como furgón de cola de las que, si han tenido la sabiduría de adaptarse y acompañar los cambios tecnológicos que se suceden continuamente, siempre que sean adecuados a los requerimientos del país y ajustados a su disponibilidad de factores productivos ,y condiciones ecológicas, progresarán”.
La buena administración del Estado va en relación directa a la calidad científica de sus universidades. El órgano asesor de todo gobierno debiera ser la Universidad. Sin embargo, jamás las cátedras integradas fueron consultadas por el Poder Ejecutivo.
La crisis financiera de 1995 fue tratada por inexpertos del Derecho Público. La improvisación y la deshonestidad de los directores del Banco Central del Paraguay gravó al país con una hipoteca usuraria. Despilfarraron los caudales y malversaron los recursos del Estado.
La corrupción se nutre en la decadencia moral de nuestra civilización. El hombre esclavizado por el exitismo se vuelve soberbio e impetuoso. Priman sus instintos. La razón como complemento. La vida contemporánea se volvió febril y angustiosa. El hombre es esclavo de su codicia o de su necesidad.
La causa del estado anormal de nuestra sociedad se vincula con la injusta redistribución de la riqueza. Una minoría privilegiada que concentra los recursos y niega tal posibilidad a las grandes mayorías.
Ni despotismo del capital, ni tiranía del Estado.
Los pueblos sufren porque los gobernantes hacen mal uso de su poder. El puesto natural de la virtud está en la libertad.
“Allí donde no hay libertad no hay riqueza, y donde no hay libertad no vale la pena vivir. Todas las tiranías acaban, antes o después, por corromper el carácter y producir la miseria”.
La corrupción tiene su fuente en la codicia, el egoísmo, la deslealtad, el odio, las pasiones.
El hombre desarrolla su personalidad con la templanza, su vocación de servicio y el respeto a las buenas costumbres.
La fuerza maravillosa de la ciencia no salvará a la humanidad si no va unidad a la vigencia de los preceptos morales. La práctica de las buenas costumbres es el fundamento ético de los pueblos civilizados.
“La desaparición de la libertad es la muerte del pensamiento y la agonía de la civilización”.
La crisis actual requiere más sabiduría que técnica. La sabiduría nos enseña a respetar las leyes de la naturaleza. La técnica el aprovechamiento de los recursos.
El monopolio, sea privado o estatal, cautiva los mercados mundiales e impone su perverso poder. La corrupción se produce por la alteración de la conducta humana. Gobernantes opulentos y pueblo sumido can la pobreza diagnostican miseria ,y concentración de poder. La corrupción es la principal causa de la crisis, de la decadencia y de los trastornos sociales.
El Paraguay debe optar un solo camino: gobernantes probos y pueblo respetuoso de la disciplina que nos impone la convivencia.
LA CORRUPCIÓN EN LA ADMINISTRACIÓN
El Paraguay arrastró la arbitrariedad de los gobernadores españoles. Durante la conquista no regía la ley. Las metrallas y el abuso de poder contra los indios sojuzgados era la constante.
El régimen de la encomienda fue una excusa para someter en cautiverio a los indios guaraníes. Siete rebeliones señalan el rechazo de los nativos a ese sistema de oprobio que violentaba los derechos humanos.
Los indios eran usados para servir. Las Indias incorporadas al paraíso de Mahoma.
Los caciques Lambaré y Guyra Verá pagaron con su vida por defender sus fueros y costumbres.
La india Juliana, harta del abuso y acoso sexual de los godos árabes, organiza el asesinato de sus captores sexuales. Sorprendida en su intento, fue brutalmente ajusticiada.
El Paraguay hispano-guaraní nacía de la unión del español sin continencia y de la india sometida al vasallaje.
El mestizo biológicamente sano y pujante traía en sus venas las dos corrientes psicológicas. La tendencia arbitraria del europeo y el resentimiento recondito de su madre. Esas condiciones psico-físicas plasmaron en la conducta del paraguayo. La ley poco importaba, mas sí la coyuntura del poder.
En la escala social se advertía una gradación bien definida:
a) Los europeos con sus privilegios;
b) Los criollos hijos de europeos y europeas con alguna prerrogativa;
c) Los mestizos sin definición social iban formando la población que definiría nuestra identidad nacional;
cl) el indio mestizo alos rigores de la encomienda, salvo aquellos que se guarecían en las milenarias selvas.
Los padres franciscanos cumplieron una función atemperadora para evitar tantos abusos. Imponían reglas de vida comunitaria, organizaron pueblos y educaron al mestizo.
Nuestra identidad nacional, en gran medida la debemos a los seráficos de San Francisco. Fray Luis de Bolaños, el hijo de Marchena (Sevilla) fue el caudillo espiritual que señaló el camino del bien común a los paraguayos.
Los gobernadores y autoridades de menor jerarquía, por lo general, no se incorporaban a los mandatos de los dogmas. Abusaron del poder y crearon esa tradición ilícita de aprovecharse del mando.
Surgen los primeros desencuentros. Los adherentes al gobiernocon sus privilegios y los comuneros que reivindicaban la supremacía del pueblo sobre cualquier mandato terrenal. El común sobre el poder del Rey, así como predicaban Zapata y Maldonado en Castilla.
El juez panameño con asiento en Lima, Perú, capital del Virreinato al cual estaba incorporada la Provincia del Paraguay, es destinado a Asunción para iniciar el sumario al gobernador Reyes de Balmaceda. El juez pesquisidor pronto advierte las irregularidades del gobierno de Reyes Balmaceda, recomendando su destitución. El autoritario indiciado va a Lima y mueve los tentáculos de su influencia para ser repuesto en el cargo.
José de Antequera y Castro, desde ese momento asume la jefatura del Movimiento Comunero en el Paraguay. Las brillantes páginas escritas por el intelectual de la generación del 98, Dr. Viriato Díaz Pérez, constituyen el mejor legado histórico de esa trascendente etapa de nuestra historia.
Los años 1717 al 1735 marcan diez y ocho años de incesante lucha entre los comuneros paraguayos y los realistas. Si Villalar es el templo donde fue inmolado el común, Tavapy (hoy Roque González de Santa Cruz) simboliza el holocausto de un pueblo en defensa de sus fueros.
El 15 de mayo de 1811 el Paraguay rompe las cadenas que le imponían desde el Mediterráneo. El triunvirato provisional, integrado por el gobernador Velazco, Rodríguez de Francia y Zevallos duró apenas 32 días.
La primera Junta Superior Gubernativa, con la jefatura del brigadier Fulgencio Yegros y los vocales Gaspar Rodríguez de Francia, capitán Pedro Juan Caballero, Javier Bogarín y Fernando de la Mora.
El programa de gobierno elaborado por la Junta fue loable y progresista priorizaban la asistencia a los agricultores, la seguridad pública, la educación, la protección a los pueblos indígenas, el socorro a los ancianos y desvalidos.
Pronto afloraría la disidencia en su seno. Gaspar Rodríguez de Francia, rígido, con un firme propósito, el de preservar nuestra independencia; Javier Bogarín y Fernando de la Mora con ideas liberales, enfrentaban al universitario de Córdoba.
El abogado Karaí deja la Junta y crea un vacío de poder. Caballero lo visita en su quinta de Trinidad y logra reincorporarlo. Desde ese momento el abogado de los humildes no cesa en su objetivo de ganar posiciones políticas. Con un golpe cuartelero fue destituido Javier Bogarín por orden del capitán Tomás Yegros. Ahí comienza la hegemonía de Francia. El consulado de Yegros y Rodríguez de Francia fue una transición.
El paraguayo de origen lusitano gana el favor del ejército con sus frecuentes visitas a los cuarteles, en tanto el brigadier Yegros más se ocupabade sus posesiones ganaderas en Quyquyhó.
Al afirmarse Rodríguez de Francia como dictador temporal y a partir de 1816 como dictador perpetuo, debió decir vitalicio, su hegemonía se extendería hasta su muerte, el 20 de setiembre de 1840.
La Administración de Justicia durante su gobierno fue buena respecto del común de los paraguayos; no así para sus enemigos, con quienes fueimplacable y arbitrario. La cárcel, la confiscación de bienes y el confinamiento fueron algunas medidas adoptadas por el Dictador.
Fulgencio Yegros y Pedro Juan Caballero pagaron con sus vidasel rechazo a su omnímodo poder.
El mandato de Rodríguez de Francia fue de concentración. La división de poderes no existía. El Poder Ejecutivo y el Judicial era ejercido por el Dictador; las apelaciones estaban reservadas a su decisión.
En el año 1816 se reunió por última vez la Asamblea Nacional, ocasión en que fuera designado Dictador Perpetuo (vitalicio).
Es oportuno advertir que en su gobierno se impuso un sistema económico socializado de desarrollo interno. Se producía para consumir en el país.
Las limitaciones que impuso al comercio exterior, con las dos únicas aduanas: la Candelaria, de Itapúa, y la de Pilar, frenó la expansión comercial quizá por preservar nuestra independencia.
En la evaluación final del gobierno de Francia se constata la falta de autonomía del Poder Judicial. Esta falencia también afectaba a la gran mayoría de las repúblicas liberadas del yugo español.
Los enemigos del Dictador no tenían garantía del debido proceso para defender sus derechos. El mote de adversario del régimen determinaba anticipadamente la sentencia.
La administración de justicia respecto de la gente común fue buena, quizá la menos arbitraria del área. Se protegía la posesión de la tierra de quien la trabajara. Se castigaba con severidad a los delincuentes comunes. El Paraguay vivía su realidad de pueblo abastecido con el calificativo de “Mboriahú ryguata”, así como predicara el filósofo Platón en su obra “La República”.
LA JUSTICIA DE LOS LÓPEZ
Don Carlos Antonio López heredó el régimen dictatorial de Francia. Su formación filosófica no lo alistaba en las filas de los ideólogos dialoguistas. Su gobierno se afirmaba en la severidad del manejo y en la autoridad de quienes lo ejercían.
No existía la división de los poderes. El Reglamento de Gobierno de su administración política del año 1844, más se refería al orden, sin mencionar los valores de la libertad y los derechos del hombre.
La apertura del país al comercio exterior posibilitó su desarrollo y expansión cultural. La presencia de técnicos europeos y el emprendimiento de las obras públicas pronto transformaron al Paraguay en nación próspera, sin hipotecas financieras ni sociales.
La fundición de hierro de Ybycuí, la habilitación del ferrocarril en 1861 y la construcción de otras obras, presagiaban el gran futuro, de la República.
El poder gana amigos y crea enemigos. La corriente liberal de los Decoud, Iturburu, Loizaga, Egusquiza, Machaín y conocidas familias exiliadas a la Argentina; cuestionaban el gobierno de don Carlos.
Un hecho que conmovió a los habitantes de la Asunción fue el ajusticiamiento del joven Decoud por desavenencias con uno de los hijos del presidente López.
Fuera de este lamentable abuso, la justicia de don Carlos Antonio López fue aceptable; pese a la falta de autonomía de los tribunales de la época. El Presidente, por la Ley de 1844, se reservaba el derecho de entender en las causas calificadas, como el de traición a la patria y el de subversión del orden público.
El pueblo, con 26 años de rígida dictadura de Francia, perdió el hábito y la gimnasia cívica. Los cabildos abiertos cesaron para adormecer las inquietudes políticas de los paraguayos.
La corrupción se inicia durante el mandato de don Carlos A. López. Su familia comienza a construir palacios y los negocios de importación y exportación beneficiaban a sus allegados.
La explotación de los yerbales fiscales y campos fue determinante para que algunos hombres de negocios comenzaran a prosperar económicamente.
La austeridad del universitario de Córdoba quedó atrás. Se iniciaba una nueva etapa en la estructura económica del Paraguay. El lucro picaba con su codicia a los privilegiados de la época.
El pueblo seguía en la sana pobreza con el autoabastecimiento. Laeducación había mejorado. La presencia del literato español Ildefonso Bermejo formó a una pléyade de estudiantes aptos para ascender en la escala de la cultura. Una veintena de jóvenes fueron a Europa a iniciarse en el estudio de las ciencias superiores. El Dr. Gelly, formado en la Argentina, de vasta cultura, ayudaba prudentemente al autoritario don Carlos.
Las relaciones exteriores con el Brasil y la Argentina constituían el capítulo indefinido de nuestro incierto futuro. Con la muerte de Gelly el país pierde a un asesor hábil y bien ubicado.
La enfermedad de don Carlos y el ímpetu avasallador de su hijo Francisco Solano, comienzan a transtornar nuestras relaciones con el Brasil. Don Carlos comete el peor error geopolítico al intervenir como árbitro en el litigio entre federales y porteños. El general Urquiza, más amigo del Paraguay, fue el gran perdedor de esa intervención. Se benefició al enemigo declarado de nuestro sistema, Dr. Bartolomé Mitre.
Los últimos años de don Carlos transcurrieron con la paz interna consolidada, pero con presagios de obscuras nubes en el horizonte geopolítico del Río de la Plata.
A la muerte del primer Presidente Constitucional de la República, la economía había crecido, la industria desarrollada, la educación con logros significativos, la justicia sin mayores problemas. Los delincuentes sancionados severamente. El paraguayo presumía de ser “mboriahú ryguatá”, alfabeto y “karaí”.
Los irregulares de la ley eran despreciados y sometidos a severas sanciones. La justicia de don Carlos, fuera de algunos abusos ,y condenable injusticia, como la muerte del joven Decoud, acompañó el proceso de desarrollo que vivía la nación.
LA ADMINISTRACIÓN DURANTE EL GOBIERNO
DEL MARISCAL FRANCISCO SOLANO LÓPEZ
A dos años de asumir su mandato, se inician las hostilidades con el Brasil(Campaña de Mato Grosso). El éxito pírrico del Mariscal como mediadoren el conflicto argentino, lo quiso repetir en el Uruguay, sin medir que el conflicto era internacional. Poderosos intereses económicos conflictuaban a Brasil y a la Banda Oriental. La frontera ganadera entre Río Grande do Sul y el norte uruguayo desataba la tensión. El Partido Blanco no era amigo del Imperio, tampoco Mitre simpatizaba con los blancos.
El general Flores, del bando opositor colorado, pacta con Pedro II y gana el favor de Mitre para derrocar a los blancos. López, romántico e idealista, compromete a la República encarándose abiertamente contra el Imperio, olvidando las savias enseñanzas de Francia y de su padre Don Carlos.
La guerra termina con la paz, un atributo jurídico que sostuvo la Repúblicadesde mayo de 1811 hasta noviembre de 1864, en que se inicia laCampaña de Mato Grosso.
La captura del barco comercial “Marquéz de Olinda”, con la detención de sus tripulantes y pasajeros, sin retorno, fue una arbitraria decisión de nuestro gobierno. Correspondía el traslado de esa gente inocente, que nada tenía que ver en el conflicto y que pagaron muchos de ellos con su vida. Fue el primer acto de injusticia de López.
Durante la guerra, con los rigores de la Ley de las siete Partidas, los excesos llegaron amartirizar a inocentes. La flagelación de doña Juliana Insfrán de Martínez, esposa del héroe de Humaitá, el coronel Martínez, fue una condena injusta, cruel y sin ninguna causa. El hechode que su marido, el coronel Martínez, capitulara en Humaitá ante la falta de proyectiles y víveres, no justificaba ningún proceso contra esta dignísima dama de la sociedad paraguaya. Su holocausto fue muy comentado por los atroces vejámenes a que fuera sometida.
El fusilamiento del coronel Mongelós por el hecho de no enterarse de una conspiración en su regimiento, provocó indignación entre sus camaradas, máxime cuando el propio Mariscal lo sentenció con estas palabras: “Sé que Ud., Mongelós, es inocente, pero por desconocer lo que ocurre en su unidad, será ajusticiado con la pena de muerte”.
El proceso de San Fernando, que terminó con la pena capital del obispo Palacios y otros clérigos y la muerte de Benigno López, hermano del mariscal, abre la polémica acerca de si existió o no dicha conspiración.
Las presunciones y algunos hechos, como la del alférez Aquino, que le encaró al Mariscal diciéndole que por minutos salvaba su vida, insinuaba tal conjura en San Estanislao, pero muchos inocentes cayeron en la red.
La guerra es trágica, dolorosa y cruel. La justicia a cargo de los fiscales de sangre: el sacerdote Fidel Maíz, coronel Silvestre Aveiro, el general Isidoro Resquín y otros aplicaron con rigor inaudito las leyes de las Siete Partidas.
Cerro Corá fue el sepulcro sagrado de la Patria. El Mariscal, con sus errores y su soberbia, comprometió a la República en la vorágine de los intereses de la región. El error de don Carlos fue fungirlo jefe a su hijo sin haber hecho la conscripción.
Quizá sea cierta la predisposición de los grandes monopolios que regían el comercio mundial, desde Londres o Liverpool, pero lo lógico era guarecernos en nuestro inexpugnable territorio con un ejército aguerrido y no alejarnos de nuestras bases sin el apoyo logístico necesario y sin la información oportuna para trazar la estrategia.
La justicia de Francisco Solano López fue de tormento y de incertidumbre. La guerra y su temperamento lo transtornaron. La venta de 3.110 has de tierras fiscales a su concubina Madama Lynch fue un acto de corrupción.
ITAIPÚ Y YACYRETÁ: SÚPER ESTRUCTURA DE LA CORRUPCIÓN
Las grandes obras públicas generan la corrupción. Ya en Francia decían que detrás de una obra del Estado, están los aprovechados. Itaipú fue el gran negocio de los aproximados al régimen. El sobrecosto de las obras, el pago de construcciones inconclusas y la evasión tributaria conformaron el origen de fortunas ilícitas en perjuicio tanto de la República del Paraguay como de la República Federativa del Brasil.
La obra del Ing. Ricardo Canese, “Corrupción en Itaipú. Delito impune”, ofrece interesantes datos acerca de tales hechos.
En el libro “Itaipú: El miedo a la verdad”, autoría del Dr. Alberto Nicanor Duarte y del Ing. Ricardo Canese, en la página 12 denuncian: “Un hecho grave de ocultamiento de información ocurrió en el caso de la presunta evasión impositiva de los consorcios UNICON, CONEMPA y CIE, iniciada por la CBI afines de 1992. El Poder Ejecutivo, teniendo la información, se negó a entregarla, diciendo que no existía. Informe mendaz, que queda impune por falta de un enérgico seguimiento del Parlamento o por complacencia judicial. Se trata de una manifiesta falsedad, que importa encubrimiento, delito previsto en el Código Penal. El entonces vigente Código, en su Art. 44 dice: «Son encubridores los que sin haber tenido participación en él como autores o cómplices, intervienen con posteriores a su ejecución: 1°) acogiendo, protegiendo, albergando, ocultando, facilitando noticias o medios, para que se guarde, preserve de la autoridad, a un malhechor, sabiendo que lo que se guarde, preserve de la autoridad, a un malhechor, sabiendo que lo es; 2°) borrando u ocultando las huellas del delito o los instrumentos con que fue cometido, para impedir su descubrimiento”.
La nota de la Subsecretaría de Estado de Tributación ocultó tales datos. A continuación transcribimos el informe de esa Subsecretaría:
“Asunción, 6 de abril de 1993.
SSET N° 274
Doctor Jorge González Riobóo
Juez de Primera Instancia en lo Criminal del 8º Turno
Secretaría Angélica Augsten de Sosa
Presente
En atención a su oficio de fecha 10 de febrero de 1993 con entrada en esta Subsecretaría de Estado de Tributación, bajo el expediente M.H. N° 269/93 y SSET N° 1965/931), en la que solicita la nómina de empresas contratistas de la Itaipú que hayan sido beneficiados con exoneraciones o disminuciones de pagos de impuestos a la Renta, mediante decretos del Poder Ejecutivo, cumplo en transcribirle el informe del Departamento de Contabilidad de la Dirección General de Recaudación, dependiente de esta Subsecretaría de Estado de Tributación, que copiado dice:
«Asunción, 17 de marzo de 1993.
«Señor Director: Con relación al pedido formulado por la Itaipú Binacional en su Nota EDFP/0458/92 referente al oficio N° 1361/92 del Juez de 1º Instancia en lo Criminal del 8° turno, el Departamento de Contabilidad informa lo siguiente:
«1) No forma parte de la competencia del Departamento tener registrada la nómina de las empresas contratantes de la Itaipú Binacional, ni el monto de las facturas cobradas por dichas firmas; tampoco el control de los tratamientos especiales de que fueron objeto dichos contribuyentes. Como asimismo no integra su función llevar el registro y el control de los contratos suscritos entre las empresas contratantes y la Entidad.
«2) El Departamento de Contabilidad, a través de la Sección Cuentas Corrientes, se limita a registrar las liquidaciones impositivas de los contribuyentes según las declaraciones juradas de cada período tributario presentadas bajo el identificador fiscal correspondiente (RUC),debitando el impuesto liquidado y acreditando el pago realizado por el mismo.
«Por tanto, señor Director, el Departamento no puede expedirsesobre los ítems solicitados por el recurrente, salvo los impuestosdeclarados e ingresados por las firmas contratantes de la Entidad Binacional en base a la lista que la misma debe facilitar.
«Fdo.: Dr. Oscar López Silvero, Jefe Dpto. Contabilidad».
“Sin otro motivo, saludo a S.S. muy atentamente.
Dr. Rubén Ramón Lovera - Subsecretario de Estado de Tributación”.
Las informaciones fueron ocultadas bajo presión de los poderosos beneficiarios de la gran obra en aguas del Paraná. La Comisión Bicameral de Ilícitos del Congreso resolvió investigar la deuda espuria por 4.194 millones de dólares; el Poder Ejecutivo, a través del Ministerio de Hacienda, declaró de carácter reservado, por dictamen de la Abogacía del Tesoro, al considerar a la CBI un tercero, tanto en relación a las cuestiones sustanciadas entre las partes, es decir, los contribuyentes, y la única autoridad competente, como lo es la Subsecretaría de Estado de Tributación.
El dictamen de la Abogacía del Tesoro pretendió fundamentar sus argumentos en las disposiciones constitucionales y en la Ley 137/ 93. Considerar al Poder Legislativo como tercero en una investigación por ilícitos es aberrante. Los dictámenes y las resoluciones se amañaban según ordenara el mandamás de turno.
El Art. 202 de nuestra Ley Fundamental dispone que son atribuciones del Congreso:
“1) Velar por la observancia de esta Constitución y de las leyes
“... 4) legislar sobre materia tributaria”.
Si puede lo más, puede lo menos. Esta es una regla elemental de lahermenéutica jurídica. Sin embargo, violaron olímpicamente la Constitución e inclusive la mencionaron arbitrariamente.
Los intereses generales cedían ante los intereses particulares, transgrediendo las claras disposiciones del Art. 128 de la C.N., con el argumento de que la Itaipú Binacional escapaba al control del Parlamento. El Tratado de Itaipú en ningún artículo niega a los países signatarios hacer cumplir las leyes vigentes en su territorio.
El entonces presidente Wasmosy, al sentar una postura por escrito ante uno de los hechos más graves de Itaipú en los últimos tiempos (la deuda ilícita de 4.194 millones de dólares) y sostener que no debía dar respuesta ni siquiera al Congreso, obviamente se situó al margen de la ley (ver pág. 21 de la citada obra).
Los negociados de Itaipú, la hidroeléctrica más grande del mundo, con 12 millones 400 mil kilowatts, fue el principal foco de corrupción en el Brasil y en el Paraguay. Gobernantes, políticos, militares y empresarios obtuvieron beneficios de origen ilegal.
El Directorio del Banco Central del Paraguay requirió de su Departamento Jurídico un dictamen acerca de la posibilidad de modificar los términos del Tratado de Itaipú por el Congreso. Nuestro dictamen lo transcribimos a continuación:
“La Constitución Nacional prescribe sobre el particular en su Art. 149, inc. 8, que son atribuciones del Congreso aprobar o rechazar los tratados, convenios, concordatos y demás acuerdos internacionales suscritos en nombre de la República (Constitución de 1967).
“A tenor de esta disposición, el Parlamento no puede modificarun tratado suscrito por el Poder Ejecutivo. La alternativa es de la aprobación o el rechazo. Pero los fundamentos del rechazo pueden servir de base para que el Poder Ejecutivo inicie la renegociación de ese tratado. Existen numerosos antecedentes en nuestra vida institucional. A título informativo citamos los de límites: Soler-Pinilla, Benítez-Ichazo y otros suscritos con la República de Bolivia, y que fueron rechazados por el Congreso en su oportunidad.
“Si el Parlamento aprueba un tratado y el Poder Ejecutivo lo promulga y publica su texto, este instrumento se convierte en ley de la Nación.
“El texto del Tratado de Itaipú no especifica en forma expresa la moneda en la cual se ha de asentar la contabilidad de la Entidad Binacional. El dólar es una simple referencia monetaria. El dinero, como medio de pago con fuerza cancelatoria y curso legal forzoso, ordena el sistema financiero. El dinero pierde su naturaleza fungible únicamente en los depósitos regulares, en este caso la moneda se vuelve cosa no fungible.
“Para el acuerdo monetario del Tratado sugerimos la aplicación de las siguientes reglas:
“1º) Liquidez: para proveer de capacidad de pago a las partes contratantes.
“2°) Compensación: porque constituye una figura jurídica práctica y aceptada universalmente en el sistema del Clearing.
“3°) Regulador de pagos: para saldar cuentas recíprocas y evitar procesos inflacionarios.
“4°) Factor de corrección monetaria. Esta previsión afianza las operaciones sobre valores reales. Como elemento de equilibrio toma una moneda fuerte y estable o el derecho de giro, indicadores firmes en las relaciones económico-financieras internacionales”.
El Tratado de Yacyretá, suscrito entre los gobiernos de la República del Paraguay y la Argentina, requirió un dictamen del Departamento Jurídico del Banco Central respecto a ajustes de la moneda. Nuestra opinión como asesores del área fue la siguiente: “El Tratado de Yacyretá ha omitido la determinación de la moneda sobre la cual deben formalizarse las transferencias. En la práctica se obvió esa omisión al elegir al dólar americano como referencia en las transferencias”.
Por resolución del Consejo Nacional de Coordinación Económica de enero de 1983, se estableció la suma de 143 guaraníes por dólar sobre transferencias de fondos en dólares americanos de la Argentina al Paraguay para pagar bienes y servicios de la Entidad Binacional en el Paraguay.
Respecto de las pretensiones del Banco Central Argentino de elevar el tipo de cambio a 160 guaraníes, opinamos:
“El Ente Binacional Yacyretá, así como Itaipú, es un condominio indiviso por partes iguales. La naturaleza jurídica del ente concede la copropiedad en un 50% a cada país. Si el desacuerdo por fijar el tipo de cambio puede ser causa de la paralización de la obra, sería prudente evaluar las consecuencias negativas de ese hecho sobre la economía de las naciones signatarias.
“En el supuesto de consentirse un nuevo tipo de cambio, el procedimiento más equitativo sería hallar el promedio resultante de la suma de 143 y 160 guaraníes, en razón de que la mitad de esas transferencias en dólares pertenece a la parte paraguaya y la otra mitad a la Argentina, por el derecho de condominio que tienen ambos países. Resultaría así un tipo de cambio de 151 guaraníes por dólar. Existen canales para concertar el acuerdo. El Consejo Nacional de Coordinación Económica fijaría el nuevo tipo de cambio, o bien se formalizaría el acuerdo por notas reversales entre gobiernos, así como lo prevé el Tratado en su Artículo XXI. El convenio entre los bancos centrales de las naciones signatarias puede ser el procedimiento valido y rápido”.
La corrupción que generaron las obras de Itaipú y Yacyretá mereció la atención de los parlamentos, periodistas e investigadores del sector. En un momento dado el presidente argentino Dr. Carlos Saúl Menem afirmó que “Yacyretá constituía un colosal monumento de la corrupción”.
El Parlamento brasileño sigue en su lucha por develar los negociados de Itaipú. Hasta hoy, ningún delincuente de guantes blancos ha sido condenado. Siguen ostentando su poder económico y otros su influencia política. La mayúscula corrupción financiera de los últimos veinte años en América Latina la cubrieron con el manto tornasolado de la impunidad.
Los millones de dólares que debieron ingresar como recursos a la Argentina, el Brasil y el Paraguay fueron desviados a cuentas bancarias de poderosos allegados a las entidades binacionales.
Nuestros niños escuálidos invaden las calles, los hospitales están sin medicamentos, el sistema financiero sufre los apremios de la iliquidez. Una treintena de delincuentes económicos marginan a las grandes mayorías de mejores condiciones de vida.
Durante el gobierno de Stroessner se dictó un Decreto del Poder Ejecutivo modificando la Ley de Impuesto a la Renta, en flagrante violación del Art. 47 de la Constitución vigente y de principios jurídicos universales.
Un decreto del Poder Ejecutivo no puede derogar ni modificar una ley. Sin embargo, por la vía rápida para beneficiar a amigos y parientes del régimen, se puso en vigencia tal acto administrativo, a todas luces ilegal y fraudulento, que perjudicaba al fisco.
En fecha 18 de noviembre de 1992 formulé el siguiente dictamen a requerimiento del presidente de la Comisión Bicameral de Ilícitos, el Dr. Waldino Ramón Lovera, juez incorruptible y parlamentario patriota que combatió la delincuencia arraigada en el gobierno. El texto de nuestro dictamen transcribo a continuación:
“Los decretos sancionados por el Poder Ejecutivo estableciendo modalidad de pago del Impuesto a la Renta, con un tributo del uno por ciento sobre el valor total de las obras contratadas con la Entidad Binacional, ¿son o no actos fundados en la ley? Es la primera pregunta que procede contestar.
“¿Qué naturaleza jurídica conforman los decretos sancionados por el Poder Ejecutivo? ¿Son actos administrativos o legislativos? No cabe ninguna duda que esos actos son administrativos. Sin embargo, el Decreto-Ley sí es un acto paralegislativo por delegación constitucional en los casos de receso parlamentario. Ver Art. 183 de la Constitución de 1.967, vigente en esa época.
“El artículo 47 de la citada Ley Fundamental que regía en esa época enunciaba cuanto sigue: «La igualdad es la base del tributo. Con el producto de los impuestos, tasas y contribuciones se proveerá los gastos del Estado para la realización de sus fines y, cualquiera sea su naturaleza o denominación, responderán a principios económicos y sociales justos y a políticas favorables al desarrollo nacional. Todo tributo será establecido exclusivamente por la ley, que determinará la materia imponible, los sujetos obligados, proporcional o progresivo, según el caso».
“¿Cuál ley impositiva estaba en vigor a la fecha de dictarse elDecreto N° 33.103/77? Ley 9.240/49. ¿Qué disposiciones regían entonces para liquidarlos tributos generados de los beneficios obtenidos de Itaipú? Los artículos 12 y 26 del Decreto-Ley N° 9.240/49.
“Para estimar esos coeficientes, los sujetos obligados pagaban los impuestos presuntos, por carecer de los recaudos, libros o documentos exigidos en virtud de dicha ley y de las disposiciones reglamentarias emanadas del Poder Ejecutivo, del Consejo de Impuesto a la Renta en su caso.
“En primer lugar, no correspondía aplicar tal coeficiente ni estimar de oficio por el Poder Ejecutivo, en razón de que esas empresas estaban constituidas como sociedades comerciales sujetas a las exigencias del Código de Comercio vigente (llevar libros y documentos de contabilidad).
“Tales firmas estaban obligadas por ley a presentar su declaración jurada sobre la base de su balance comercial. Si arrojaba una renta ínfima que no guardaba la relación con el giro del negocio, la Dirección de Impuesto a la Renta aplicaba la norma del Art. 26 para estimar de oficio como procedimiento supletorio en la determinación tributaria.
“A nuestro juicio, un régimen especial que modifica las leyes vigentes es materia de la ley y no tema de un acto administrativo, como se formalizara en forma arbitraria con la sanción del Decreto N° 33.103/ 77. Los incentivos fiscales que surgen de este instrumento, en su considerando, son ventajas que se conceden a ciertos contribuyentes con una finalidad económica. Tanto las exenciones de la Ley 1003 como la tasa especial del impuesto a la renta, otorgadas a tales empresas, deben ser dictadas por el Congreso y no por un simple acto administrativo del Poder Ejecutivo.
“Por lo tanto, esos actos del gobierno son nulos y no sujetos aplazos de prescripción liberatoria, conforme lo determina la norma delArt. 658 del Código Civil. No prescriben:
“a) la acción de impugnación de los actos nulos;
“b) la de partición de bienes hereditarios o en condominio, mientras subsista la indivisión; y
“c) la acción para demandar a los herederos por la restitución de los bienes de que fueron puestos en posesión definitiva en virtud de la declaración de muerte presunta.
“Un acto nulo sancionado por el Poder Ejecutivo, como lo fue el Decreto N° 33.103/77, no prescribe, de acuerdo con el inciso a) del Art. 658 del Código Civil.
“El Decreto N° 33.103/77 es nulo y, por lo tanto, no está sujeto a prescripción liberatoria. Procede que los organismos técnicos de la Dirección de Impuesto a la Renta, por disposición ministerial, determine si el 1% del impuesto fijado en dicho decreto cubre o no los índices de rentabilidad estimados por los artículos 12 y 26 del Decreto-Ley N° 9.240/49. Si cubren esos porcentuales, tales contribuyentes estarán liberados de todo impuesto complementario. De surgir diferencias por pagos tributarios inferiores a lo establecido, se deberá liquidar el adeudo fiscal para su correspondiente cancelación. Las empresas afectadas por esa diferencia adicional, si no están de acuerdo, promoverán los recursos administrativos o las acciones judiciales pertinentes".
El Presidente de la República en esa fecha, al sancionar el Decreto N° 33.103/77, ha transgredido las expresas disposiciones de los artículos 47, 149 .y 153 de la Constitución de 1967.
Por otra parte, el tratadista Bartolomé A. Florini, en la pág. 378 de su libro “Manual de Derecho Administrativo” expone: “Efectos de la invalidez del acto administrativo: Los fallos destacan con cierta precisión de principios los efectos en las distintas invalideces de los actos; administrativos. El acto inválido de nulidad absoluta es imprescriptible e inconfirmable y con efecto retroactivo al momento de su nacimiento. La presunción del conocimiento particular no puede ser aplica en lamisma forma para la administración pública. La única forma que laadministración exterioriza juicio, conocimiento, verificación de unasituación, cosa o norma, es por medio de un acto jurídico que tiene objeto. La importancia del bien público que gestiona la administracióndel Estado significa que la renuncia de un derecho debe ser expresamente determinada. La renuncia implícita a un derecho se asemeja a la prescripción, que sólo puede corresponder a órganos responsables. Sólo una norma expresa puede establecer renuncia o abandono de un derecho administrativo, en este caso, la de una acción de nulidad. Larenuncia presumida por el conocimiento que puede tener personalmente un agente de la Administración Pública, es una inmoralidad injustificable. Ningún órgano puede renunciar su competencia y el abandono que justifica la prescripción implícita, indirectamente la renuncia de una competencia menos aún”.
La presente tesis sustentada por Florini es acogida en la mayoría de los tratados de Derecho Administrativo y confirmada por la jurisprudencia universal.
En consecuencia, los efectos de la invalidez de un acto administrativo por nulidad absoluta o por ser nulos, interrumpe el plazo de prescripción. Por lo tanto, los decretos dictados por el Poder Ejecutivo en flagrante violación de las normas constitucionales (Arts. 47, 149 y 153 de nuestra Ley Fundamental de 1967) no puede beneficiar a persona alguna. Los actos nulos instrumentados en actos administrativos no están amparados con los plazos de prescripciones.
El senador de la Nación, Prof. Marco Antonio Elizeche confirmó nuestra tesis con un enjundioso dictamen dirigido al presidente del Instituto de Investigaciones Jurídicas y Sociales de la Facultad de Derecho de la UNA, Prof. Dr. Luis Enrique Chase Plate. Pasamos a transcribir ese dictamen:
“Una cuestión capital que conviene deslindar es el pronunciamiento sobre la validez o invalidez de los decretos del Poder Ejecutivo estableciendo modalidades para el pago del Impuesto a la Renta con el Ente Binacional Itaipú.
“Sobre el punto, el reconocido tratadista Manuel María Diez, en su libro «El acto administrativo», 2º edición, Buenos aires, 1961, págs. 396 y sgtes., al referirse a los actos administrativos inválidos, dice: «Los vicios que afecten los elementos esenciales del acto administrativo, ya sea en cuanto a la legitimidad o al mérito del mismo, traen aparejada su invalidez» y al desarrollar la legitimidad del acto administrativo refiere que los vicios que afectan dicha legitimidad pueden clasificarse en: a) incompetencia; b) desviación de poder y otros vicios de la voluntad; c) vicios de forma; d) violación de la ley.
“El principio cardinal sobre el que se cimenta toda la estructura de la tributación es el de la legalidad. Así lo estatuyen los artículos 47 y 57 de la Constitución de 1967, en vigencia entonces durante la sanción de los decretos del Poder Ejecutivo y lo reitera la Constitución vigente en su Art. 179.
“Si convenimos que los Decretos Nºs. 33.103/77, 2.148/78, 10.800&79, que establecen modalidades para el pago del Impuesto a la Renta, importan o constituyen actos administrativos, obviamente deben ajustarse en un todo a la ley. Sin embargo, observando el contenido y el objeto de los referidos actos administrativos, no sólo están estableciendo modalidades para el pago del Impuesto a la Renta, lo cual incuestionablemente constituye materia exclusivamente privativa de la ley, con lo cual el Poder Ejecutivo, con el dictamiento de estos actos administrativos, desborda su competencia e invade el campo de otro poder: el Legislativo.
“El caso de los decretos in-examine importa, por otra parte, no un vicio formal, sino un vicio en el contenido. Raneletti, en su Obra«Principios de Derecho Administrativo», señala que el vicio en el contenido es un caso de violación de la ley, y agrega que esto puede ocurrir en los siguientes supuestos: a) porque el acto fue dictado contra un precepto de la ley; b) porque si bien la norma jurídica fue correcta mente interpretada, se la aplica a un caso que no había contemplado; y c) porque la aplicación de una norma jurídica se hace en forma de alcanzar consecuencias jurídicas contrarias o diferentes a la que éste quería. Se trata en este supuesto de una falsa aplicación de la ley”.
La extensa y bien fundada pieza jurídica del senador Marco Antonio Elizeche concluye en que no puede existir cosa juzgada por acto viciado o ilegítimo.
No surgen dudas que los decretos dictados por el Poder Ejecutivo tuvieron un trasfondo de fraude en beneficio de empresas allegadas al oficialismo.
Al Ing. Juan Carlos Wasmosy se lo sindicaba como prestanombre de Stroessner en Itaipú. En la página 31 del libro “Itaipú: El miedo a la verdad”, autoría del Dr. Albero Nicanor Duarte .y del Ing. Ricardo Canese, expresan:
“Habiendo sido opositor cuando estudiante, que simpatizaba con el Partido Liberal (su padre fue senador por dicho partido), el 29 de enero de 1973 (apenas 15 días después de publicarse que se construiría Itaipú, la central hidroeléctrica más grande del mundo), presentó supedido de afiliación al Partido Colorado. Fueron sus prepotentes y auspiciantes Alfredo Stroessner, el temido dictador, y el obsecuente secretario privado Mario Abdo Benítez.
“En marzo de 1973, su afiliación fue aprobada y el 26 de abril del mismo año se firmaba el Tratado de Itaipú en Brasilia.
“Los ingenieros y constructores paraguayos que poseían pequeñas empresas, pero no quebradas, como la ex empresa de Wasmosy, buscaron conformar un único consorcio en la pretensión de obtener el máximo de participación nacional en la gigantesca obra. Wasmosy participó del intento.
“El consorcio de todas las empresas paraguayas no recibió el apoyo del dictador. En cambio, Wasmosy y asociados obtuvo la bendición de Stroessner. Esta última empresa en formación, luego denominada ECOMIPA, se consorcio con la mayor empresa constructora brasileña, con experiencia en decenas de obras hidroeléctricas: Camargo Correa, el seguro ganador de la licitación convocada por el Canal de Desvío del Río Paraná. Camargo era amigo de los militares brasileños y del dictador Stroessner.
“Lo llamativo fue que el consorcio Wasmosy-Camargo Correa ocupó el tercer lugar en la licitación. Pero al formarse el consorcio UNICOM-CONEMPA, pese a que su propuesta no fue la más favorable, le fue adjudicada la gigantesca obra.
“El 17 de mayo de 1977, el consorcio UNICOM-CONEMPA recibe el regalo mayor: el Contrato N° 290/77 de las obras civiles principales, adjudicado sin licitación alguna, por 1.300 millones de dólares, pero que terminaría costando más de 3.000 millones.
“Estas diferencias de sobrecostos originaron ganancias fabulosas a los adjudicatarios, quienes distribuían parte del beneficio a ciertos militares influyentes del Brasil y del Paraguay”.
El gran negociado de Itaipú se originó en la adjudicación directa, en lasobrefacturación, en las evasiones impositivas y en obras civiles complementarias.
Los directores de CONEMPA querellaron al Ing. Ricardo Canese por sentirse agraviados. Pero los cargos no fueron levantados con pruebas contundentes.
Itaipú fue la vía rápida para formar oligarquías económicas einsertar en el Paraguay el gobierno plutocrático que tanto daño habiacausado a la República. Desde 1993 hasta la fecha la involución económica, la crisis financiera, la recesión industrial y la pauperización del agro fueron sus consecuencias.
No cometeré la imprudencia de cuantificar el fraude, pero el pueblo paraguayo sufre sus efectos con los tarifazoz y la falta de actitud de nuestros diplomáticos para defender la soberanía compartida sobre el caudaloso Paraná.
YACYRETÁ
Las irregularidades en las obras de Yacyretá salpicaron a varios personajes de la Argentina y el Paraguay. Aunque la obra, tres veces menor que Itaipú, también generó descomunales negociados que enriquecieron a delincuentes con la prerrogativa de la impunidad.
Las expropiaciones de inmuebles sobrevaluados producían pingües ganancias a los privilegiados de Yacyretá. La compra de turbinas, así como de materiales necesarios para la obra, encarecieron la ejecución de la hidroeléctrica sobre el Paraná.
El libro del investigador Aníbal Miranda “Los dueños de grandes fortunas”, pág. 98, nos informa:
“El trazado de la represa de Yacyretá fue cuestionado por las autoridades paraguayas, debido a la extensión de la zona inundada queafectaba al Paraguay. La traza fue modificada y se agregó un factor le compensación que satisfizo a aquellas demandas. La obra principal sufría demora en comenzar, mientras Itaipú proseguía dentro del cronograma. Los argentinos trataron de desligar la conexión Brasilia-Asunción ofreciendo más ventajas. El presidente Gral. Videla visitó Asunción en noviembre de 1979 e hizo varios ofrecimientos. Tales propuestas fueron aceptadas, pero no a costa de las buenas relaciones mantenidas con el Brasil.
“El cuestionamiento argentino sobre los daños que traería consigo Itaipú y en particular la agregación de las dos turbinas a las 18 ya previstas, fue resuelto en una reunión tripartita que tuvo lugar en Ciudad Presidente Stroessner. Allí los cancilleres Alberto Nogués, Carlos Washington Pastor y Ramiro Saraivia Guerrero acordaron la compatibilización de Itaipú y el proyecto paraguayo-argentino CORPUS, así como el intercambio de información entre los países sobre cuestiones que afectaran la utilización del recurso hídrico y sus respectivas soberanías. Pero merced a que tanto Brasilia como Buenos Aires se mostraron dispuestas a ejecutar las obras, Paraguay pudo obtener de una y otra algunas condiciones mejores que las originalmente pactadas”.
Yacyretá no fue la excepción para corromper y defraudar al Mueblo paraguayo. Hoy estamos sufriendo la inconducta y negligencia de nuestros gobernantes. El interés de unos pocos privilegiados del poder se alzaron con cuantiosos bienes en detrimento del interés general. La codicia del malvado sobre el deber de cumplir con fidelidad el mandato público. Sigue vigente Maquiavelo.
La corrupción se nutre en la filosofía del tener. El medio justifica el fin. Es la gran amenaza que condena a los países del Tercer Mundo.
Sin la regeneración del ciudadano será imposible alcanzar valores políticos, económicos, sociales ni culturales. La identidad de lospueblos es la condición indispensable para alentar mejores días lahumanidad.
Itaipú debió constar 4.200 millones de dólares, al final costo 20.000 millones de dólares americanos. En esta diferencia se observa la descomunal estafa de que fueron víctimas los pueblos del Paraguay y del Brasil.
Yacyretá, en menos, también generó fortunas fraudulentas de delincuentes financieros en perjuicio del Paraguay y la Argentina.
Se ha dicho que en toda América Latina nunca hubo una inversión tan rentable como Itaipú, salvo el Canal de Panamá. Los comentarios extraoficiales denunciaban que el jefe del Ejecutivo del Paraguay ,y algunos de los lugartenientes de Stroessner, se beneficiaron con 150 millones de dólares americanos por tales concesiones.
Lo que pudo constituirse en el principal factor de progreso, por la abundante reserva energética que generan Itaipú y Yacyretá, transformó al Paraguay en un país de intereses creados, de especuladores poderosos y causa inmediata de la corrupción que se apoderó del sobrio territorio hispano-guaraní.
Los negociados en las binacionales, el narcotráfico, el contrabatido de armas, piedras preciosas, electrodomésticos, granos (soja, caté), autotráfico, rollos de madera, ganado vacuno, transformaron al Paraguay en el principal referente del comercio ilícito de la región.
