Portal Guaraní - PLAN DE GOBIERNO - LOS GRANDES OBJETIVOS DE LA REPÚBLICA - Por MIGUEL ÁNGEL PANGRAZIO CIANCIO

Los pueblos que practican las buenas costumbres afianzan sus relaciones por el respeto a los principios morales, ponen en vigencia el Estado de Derecho y llegan al ansiado anhelo de bienestar.

El Anteproyecto de la Constitución Nacional, que debe disciplinar la actividad y la promoción del desarrollo, ha de fundamentarse en tres principios:

Los funcionarios públicos, como agentes de ejecución para alcanzar los grandes objetivos de la República, deben ser hombres idóneos, laboriosos, honestos y con carácter.

La falta de cualidades en los gobernantes de los países deprimidos es la causa de la crisis y de la secular marginalidad de nuestros pueblos.

La organización administrativa y financiera no se ajusta a las reglas del método para que las funciones y los servicios oficiales sean eficientes.

La proliferación de leyes trastorna la administración del Estado. El jurisconsulto romano Tácito ya anatematizaba: "Muchas leyes, malos gobiernos".

Los pueblos alcanzan su bienestar por la vigencia de la justicia, la paz, la libertad, el orden y la seguridad. La identidad moral del ciudadano garantiza el progreso de la República.

La gran premisa de todos los tiempos: El Estado al servicio del hombre y el ciudadano con asistencia solidaria a la comunidad. La libertad desarrolla las virtudes ciudadanas. El libertinaje promueve la anarquía y los desequilibrios socioeconómicos.

La función pública es un deber cívico y no un privilegio en beneficio de los impostores.

La gestión política exige honestidad, versación y carácter. El derecho de las mayorías sobre el privilegio de las minorías corruptas. La crisis actual requiere más sabiduría que técnica. La desaparición de la libertad es la muerte del pensamiento y la agonía de la civilización.

Los gobernantes opulentos se asocian con los grupos monopólicos u oligopólicos que presionan con sus poderes fácticos.

La historia nos enseña que el liberalismo de la Revolución Francesa reivindicó la vigencia de la libertad, fundamento de la democracia. El socialismo en libertad reclama la justicia social.

Pretender distribuir riquezas sin producir bienes es una mayúscula mentira.

Los pueblos que conviven en la libre opinión y con los excelsos atributos de los valores de justicia y paz, alcanzan los mejores niveles de bienestar.

La Ley Fundamental que proponemos pretende constituirse en un instrumento de promoción económico, social y cultural, concentrando los medios al servicio del hombre con el loable propósito de mejorar su calidad de vida.

Un país con justicia y trabajo e ínfima tasa de desocupación asciende a los mejores niveles de prosperidad.

El Paraguay afronta graves problemas. La Administración de Justicia, con la más baja calificación en el área, nos condena como la nación más corrupta de América.

La tasa de desocupación, que ha alcanzado la más elevada progresión en nuestra historia, oscila entre el 12 y 14%, la subocupación asciende al 30%.

La corrupción generalizada flagela los cimientos éticos de la República. La evasión tributaria y de divisas desangra al país. Al cesar a los coimeros y designar hombres probos en los órganos de recaudación reduciremos sustancialmente tales evasiones.

La especulación financiera es otro instrumento perverso en beneficio de los agiotistas. El dinero debe estar al servicio de la producción y no a la timba delictiva de los negocios irregulares.

Los teorizadores de la Reforma del Estado pretenden resolver los agudos problemas de la nación con la venta de las pocas empresas públicas que quedan, sin antes promulgar una ley antimonopólica. Ir de un monopolio estatal a uno privado de lucro es condenar al país a la marginalidad.

Ningún monopolio, sea estatal o privado, favorecerá a la economía de la nación. La libre y sana competencia generará riquezas y estimulará el progreso. Pero es evidente que transferir impunemente una empresa de monopolio estatal a otro del sector privado traerá como consecuencia más desocupación y dependencia de grupos económicos favorecidos por la falta de competencia.

Es un imperativo volver a la sana práctica de los Cabildos abiertos para que el ciudadano ejerza el control de los actos de gobierno y manifieste responsablemente sus inquietudes, así como lo hacían nuestros antepasados, los íberos y los guaraníes.

La injusticia social, la tiranía de las máquinas, el capitalismo opresor y monopólico y la ignorancia condenan a las grandes mayorías. Ferrero nos alertó: "Los pueblos sufren porque los gobernantes hacen un mal uso y abuso del poder".

La reforma de nuestra actual Constitución Nacional responde a estas razones:

Recordemos que el primer programa de gobierno de nuestra era independiente fue redactado en el mes de enero del año 1812, con los siguientes enunciados:

Este programa, breve pero denso en su contenido, respondía a los principios más avanzados de la conducción política.

Se ha afirmado que la democracia, que tuvo su primera vigencia en la Atenas de Pericles, movilizó a los ciudadanos de la Atica para asumir las decisiones más importantes en la vida del Estado.

La democracia contribuyó a la formación del Derecho Público, en tanto que los derechos civiles se incorporaron a la rama del Derecho Privado.

Herodoto, el gran historiador griego, proclamaba: "No tenemos otro amo más que la ley”.

El principio de legalidad de los actos de gobierno nació en la Grecia inmortal.

La organización política de las ciudades helénicas reunía los elementos propios de todo Estado:

No habrá democracia sin la vigilancia de un Estado de Derecho. El control permanente de los actos de administración del sector público constituye la función trascendente de la conducción política.

La tradición democrática del pueblo paraguayo se alzó contra la arbitrariedad de los representantes de la realeza española.

Los Cabildos abiertos fueron las tribunas donde el pueblo participaba activamente en el control de los actos de gobierno.

Los fundamentos del Derecho Constitucional los hallamos en Atenas y Esparta. Sus exponentes fueron Solón y Licurgo.

En la Edad Moderna, Montesquieu escribe un libro trascendente en los anales jurídicos: "El Espíritu de las Leyes". Manifiesta el gran filósofo del Derecho que las normas jurídicas son las relaciones derivadas de la naturaleza de las cosas. Admite tres sistemas de gobierno:

Los enciclopedistas reivindican el derecho de pensar y de obrar libremente. "El pensamiento no delinque".

La política ha de ser abierta, pública, participativa y con respe-to a los principios. Las cuestiones de Estado se debaten y la pluralidad de opiniones han de contribuir a las soluciones de los problemas nacionales.

“Un gobierno democrático atrae y no omite. Enseña y no confunde. Convence y no impone”

La seudodemocracia excluye a los mejores, erige en despotismo el número y privilegia a los mediocres.

Los pueblos sometidos por los demagogos son víctimas de las perversidades. La elección de las autoridades con valor crítico garantiza una representación legítima y genuina.

Los órganos de la democracia se jerarquizan con la conducción de los mejores hombres de la República. Los pueblos cautivos deben liberarse de los mandatarios deshonestos e ignorantes.

Lugones señala la realidad de la América Latina y formula el siguiente libelo: "Los partidos políticos en países sin tradición cívica, no son sino la chusma organizada por los vividores y ambiciosos para explotar la industria moderna del sufragio, con miras a la satisfacción de sus apetitos; y la disciplina partidaria el más flagrante y grave atentado contra la libertad política o electoral del ciudadano, de todo punto inconciliables con la independencia del carácter y la soberanía de la voluntad de un hombre libre y consciente; el despotismo del caudillo audaz sobre la turba ígnara y menesterosa, movida por la sugestión, la necesidad y el temor al instinto, renuncian al patriotismo y a la razón crítica".

La historia de nuestra América Hispana registra hechos condenables que desacreditan a los políticos de nuestro continente. Los sucesos trágicos de nuestro país condenan a sus actores. Actualmente el Poder Judicial con retardos de justicia, es la peor injusticia, salvo excepciones.

Los ministros de la Sala Constitucional, denunciados por mal desempeño, hasta hoy cuentan con la complicidad del Parlamento.

La Cámara de Diputados y la de Senadores confiscan bienes privados, violando las normas de los artículos 106 y 109 de la Constitución, y dejan de aplicar el Art. 106 de nuestra Ley Fundamental.

El juicio político a los réprobos de la ley es un mito. Y pensar que estos parlamentarios volverán a candidatarse por sus corruptos partidos políticos.

El Poder Ejecutivo está enfrascado en obtener votos para las próximas elecciones.

El poblado con residentes en determinado lugar formó: a) tribu; b) pueblo; y c) nación.

La palabra tribu es una voz romana y representa a cada uno de los tres grupos de personas de distinto origen que poblaron la primitiva ciudad.

El pueblo está caracterizado por la comunidad de lengua, creencias, culto y modo de vida, así como los lazos políticos que unifican varias tribus.

La mancomunidad de intereses en una unidad visible, mediante instituciones, consolida la nación.

El Estado tiene la representación jurídica de la nación, con sus elementos: a) territorio; b) población; c) poder; y d) organización jurídica y social.

El poder, elemento político, administrativo y judicial, determina la gestión política, económica y social de una nación.

Los sistemas de gobierno se agrupan en: a) regímenes totalitarios; y b) regímenes democráticos.

En los regímenes totalitarios el poder se concentra en la autoridad suprema de la nación.

En la democracia los poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial mantienen su autonomía.

En los sistemas totalitarios, como el nazismo, fascismo, falangismo y comunismo, la justicia está sometida a la conveniencia del Estado.

En el sistema democrático, si es eminentemente liberal, la persona es el fin y el Estado el medio. En la social democracia el Estado es el medio y la comunidad el fin.

El Paraguay antes de la conquista estaba habitado por los aborígenes "guaraní", con sus costumbres y tradiciones seculares.

La base de la población autóctona estuvo constituida por los amazónidos en su gran mayoría.

El eminente científico Moisés Santiago Bertoni afirma, en su libro "Descripción Física, Económica y Social del Paraguay", en la página 125, cuanto sigue:

"El guaraní no es un pueblo, ni una nación, ni una raza uniforme. Lo esencial es la mentalidad y raza dominantes. La raza carai-guarani, desde los remotos tiempos en que arribara en las playas de América, hasta la llegada de los íberos y considerado en su conjunto, siempre fue una raza conquistadora, avasalladora e imponedora de ideas y costumbres. Y como todas las razas conquistadoras del mundo que llegó a dominar, hizo un conjunto que evidentemente presentaba caracteres comunes, pero que necesariamente debía ser bajo puntos de vista limitados y especiales, heterogénea y aun muy variable".

La tesis más aceptada ubica a los guaraníes como originarios del sudeste de Asia o Indonesia y de caracteres mongoloides. Sus descendientes genéricamente son brasílidos. Su origen se remonta a la cultura media del neolítico. Posiblemente entraron al continente americano por vía marítima a la altura del actual Canal de Panamá.

Los aborígenes daban gran importancia al cuidado de su salud. Se ha corroborado científicamente que la salud se preserva:

a) Por la alimentación; b) por la higiene; c) la movilidad; y d) las buenas costumbres.

Los indios clasificaban sus alimentos en proteínas, hidratos de carbono lícidos, vitaminas y minerales.

Los hidratos de carbono y los lícidos o azúcares de la miel silvestre y del chipa manduví o avatí.

Las vitaminas de las frutas silvestres y los minerales del pescado que consumían.

El maestro y jurisconsulto Dr. Juan José Soler, en su consagrado libro "Introducción al Derecho Paraguayo", pagina 189, comenta: "El ayuno y el sueno eran dos instituciones, más que higiénicas, místicas. Al enfermo se le tenía en una hamaca bajo dieta hídrica, sin moverse ni hablar, y jamás se le daba de comer si no pedía. Ayunaba la mujer mientras duraba el embarazo. Ayunaba el varón antes de ser consagrado guaraní hara o padre. Ayunaba toda la parentela cuando el recién nacido padecía de alguna dolencia. Ayunaban el avaré y el payé (medico) antes de intentar una evocación o iniciar una cura".

"En cuanto al sueño, practicaban la terapéutica del reposo y entendían que las actividades cotidianas y los ejercicios de fuerza a que eran afectos demandaban un sueño reparador. Jamás despertaban al que estaba durmiendo, y menos violentamente".

El guaraní era un hombre que controlaba sus emociones. Sufrido; no expresaba su dolor. Sabía ocultar su sufrimiento.

Los aborígenes fueron aliados de los españoles para repeler al enemigo común que eran los guaicurúes.

Siete rebeliones indican que no fueron sumisos ante los abusos peninsulares.

La unión de españoles con indias fue el lazo de aproximación de hispanos y guaraníes.

El mestizo dio un sujeto que, sin ser enteramente español ni aborigen, conformó al mestizo con sus virtudes y defectos.

El mestizo hizo historia y representa la población mayoritaria del Paraguay.

La antropofagia practicada por los guaraníes fue analizada por los autores como una expresión de valor basada en concepciones teogónicas.

Su ímpetu avasallador extendió sus dominios a más de la mitad del continente americano.

Para algunos autores, la extensión llegaba a mil leguas de largo por más de mil leguas de ancho.

Sus límites, al norte hasta la Plosida (estado actual del sureste de los Estados Unidos de América), al este hasta el Atlántico, al sur penetraba más allá de Buenos Aires y al oeste con los fuertes andinos.

El territorio descripto acogía una población aproximada de 35.000.000 (treinta y cinco millones) de habitantes.

Para el profesor Juan José Soler, los guaraníes presentan una gran diversidad de tipos y costumbres, que dificulta su estudio y caracterización. Es la secuela de sus continuas emigraciones, de su radicación en tierras extrañas y de su cruzamiento con otras razas de usos y religión diferentes.

Registran hombres altos como los "itatines", bajos como los "tapé", barbudos como los guarayos y los yarjus, y pacíficos como los "mbya", muy apegados a la selva en que vivían.

Eran polígamos y algunos monógamos. Habitaban casas en comunidad y otros en viviendas individuales.

El sentido de unidad étnica los aproxima para emprender la conquista de otros pueblos o para defenderse de la agresión de sus enemigos.

El estudioso Humboldt al referirse a los guaraníes manifiesta que se trata de una raza inteligente, avasalladora y hermosa, la más hermosa de América.

Los caracteres psicosomáticos de los indios son recesivos; en tanto que los de los hispanos fueron predominantes.

Por tales razones el mestizo más se aproxima en su tipo a su progenitor europeo.

La mujer "caria", más cercana a la civilización, se unió al peninsular para criar al mestizo en su dulce idioma vernáculo.

Es difícil la fusión de razas cuando no existen afinidades u otros atractivos.

Por tal razón, las fundaciones de pueblos y villas se establecieron en el territorio de los carios.

Domingo Martínez de Irala, el vasco, padre de muchos mestizos y mestizas, dio el ejemplo de paternidad.

La simbiosis hispano-guaraní se consolidó en la comarca asuncena, se extendió hacia el norte para llegar a la zona del Guaira y Paraná al sur.

El sabio D'Orbigny emitió el siguiente juicio: "Hemos encontrado una identidad perfecta entre los guaraníes, los pueblos del Brasil y los caribes de las Antillas, al respecto de sus caracteres físicos; pasando a los morales, hemos encontrado la misma identidad entre guaraníes y caribes, en su índole, en sus leyes, usos y costumbres, en su industria, en la manera de vestirse y adornarse, en su gobierno y su jefatura hereditaria y en sus principios religiosos".

Los pueblos de estirpe guaraní son en las Antillas los caribes y los tainos.

Es importante resaltar que el Paraguay presenta caracteres propios singularizantes y diferenciadores de otros pueblos y naciones.

El paraguayo, fruto étnico del mestizaje, se adhirió a la filosofía del sabio Platón: "Practicar la sana pobreza".

El status del mboriahu ryguata consolidó una sociedad igualitaria sin buscar la riqueza para sí alcanzar una vida sobria, con las virtudes de la solidaridad y el honor del caraí.

Hoy vamos perdiendo estos valores para corrompernos ante la tiranía de la codicia y la tenencia del dinero mal habido.

El predominio de la población mestiza en Paraguay registra 70 por ciento de sus habitantes. El cruce de españoles con la india guaraní dio nacimiento al hombre paraguayo, esa miscenegación se extendió a los territorios de Corrientes, Formosa, Chaco y Misiones en Argentina; Mato Grosso en Brasil y Santa Cruz de la Sierra en Bolivia. El mestizo es la persona nacida de padre y madre de razas diferentes, y con especialidad al hijo de hombre blanco e india o de indio y mujer blanca.

La raíz agreste del mestizaje fue la mujer guaraní. Ella contribuyó con la salud de su raza y la sobriedad de sus costumbres.

En las comunidades aborígenes de los carios, mbya y otras parcialidades amazónicas no se abusaba de la comida, el alcoholismo era casi desconocido, no se excedían en el hábito de fumar, el incesto se castigaba severamente.

El padre misionero Dutertre, refiriéndose a los guaraníes, expresaba: "es un pueblo dichoso, laborioso, templado y sociable".

El hábitat de estos aborígenes abarcaba las tierras aledañas a los ríos, arroyos y bosques para proveerse de alimentos. La caza, la pesca y la agricultura incipiente les aseguraban un sobrio nivel de vida.

Las parcialidades indígenas del oriente paraguayo no registraban sibaritas ni rameras, tenían conciencia de la responsabilidad social.

La cobardía tipificaba el delito más grave, el coraje era una cualidad y un deber moral de la estirpe.

Apreciaban la libertad, el mando del cacique estaba atemperado por el consejo de ancianos, esas autoridades no perturbaban las sanas costumbres familiares, eran un pueblo de atletas, infantes con alas, artesanos de los caminos.

El profesor Francisco A. Montalto, en su consagrada obra "Panorama de la realidad histórica del Paraguay", pagina 57, dice: "el factor natural que impulsó la expansión guaranítica fue la posesión del mejor medio físico".

Es oportuno recalcar que si el español no hubiera encontrado la alimentación adecuada, la predisposición de la india para unirse al conquistador en sexo y servicio, el mestizo a estas horas no estaría constituyendo la base de la población paraguaya, esa es la razón por la cual las mujeres guaraníes de la Región Oriental fueron las madres de los primeros mestizos.

D'Orbigny, el científico francés, opinaba sobre el mestizaje con el juicio siguiente: "La mezcla de las mujeres guaraníes con los españoles produce hombres de talla más hermosa, casi blancos y de bellas facciones, desde la primera generación, en Corrientes y Santa Cruz de la Sierra, donde la mezcla es lo más común, impresionan la belleza y la nobleza del aspecto exterior: los ojos son más grandes, la piel muy clara y la nariz, lo mismo que la mayor parte de las facciones, típicamente españoles; la barba es, sin embargo, rala y recién a la tercera generación es tan fuerte como de la raza blanca, de todos los cruces esa es la que nos parece mejor y casi rivaliza con la raza blanca".

La madre india aportó su equilibrio emocional, el español su inteligencia, intrepidez y predisposición para el mando.

Es oportuno aclarar que los indios situados en la Región Occidental o Chaco, como los guaicurúes, payaguas y de otras parcialidades vecinas, no pertenecían a los pueblos de origen tupi-guaraní, eran pámpidos, de contextura física diferente, por lo general de buena talla, se dedicaban a la pesca y a la caza.

Belicosos, la incesante guerra con los carios guaraníes predispuso a estos a pactar con los españoles para combatir a las poderosas hordas venidas del occidente chaqueño. Este interés común contra el enemigo tenaz y pendenciero como fueron los guaicurúes y payaguas estimulo ese pacto de sangre, servicio y defensa reciproca. Las parcialidades asentadas en el Chaco no pertenecen a los pueblos guaraníes salvo los chiriguanos e itatines.

El mestizaje de españoles con las indias del Chaco no se produjo, salvo excepciones, cuando en las correrías de estos salvajes, algunas de sus mujeres quedaban prisioneras, más bien por pacto.

Al final del siglo XVII la población del Paraguay se componía de españoles, indios cristianos y pardos, sin contar con los aborígenes sometidos.

La invasión de los mamelucos brasileños a la provincia del Paraguay tenía por finalidad capturar a los indios guaraníes y conducirlos a los grandes centros de cultivo en San Pablo y otros centros industriales, para someterlos en esclavitud; en una de esas incursiones, aproximadamente diez mil indios guaraníes fueron aprehendidos y desarraigados de sus etnias.

Esto provocó algunos cruzamientos de indias con negros y mulatos brasileños.

Otros asentamientos de la raza africana no registraron importantes contingentes; resulta, pues, que la población negra en el Paraguay es casi desconocida.

En el mestizo paraguayo se observa la influencia de sus progenitores españoles. Una razón lo explica: los caracteres sometidos del indio o india guaraní son recesivos y, en consecuencia, en el cruce predominan los rasgos del español. Este indicador genético no se da con los de la raza negra ni con los otros pueblos americanos: aztecas, incas, que presentan caracteres predominantes.

Unos afirman la unidad somática del aborigen americano, son partidarios de esta conclusión: Antonio de Ulloa, Samuel G. Morton, Timothy Flint, Arthur Keith y otros.

Sus opositores son Juan I. Molinas, A. Humboldt, A. Demoulinn, J. B. Bory de Saint, Vicent, Alcide de Orginy, A. Betzius, D. Wilson, R. Biasutti, Paul Rivet, J. Imbelloni, G. Neumann, A. Guatrefages y otros investigadores.

Keith sostiene: "Es cierto que el indio americano difiere en apariencia de tribu a tribu y región a región, pero bajo estas diferencias locales hay una semejanza fundamental. Esto también está en favor de las descendencias de una única y reducida comunidad ancestral".

Neumann y Stewart le replican: "Esta síntesis de opiniones acerca de la variabilidad indígena revela el hecho de que la base de su unidad racial se apoya casi exclusivamente en la apariencia eterna de los indios vivos, en tanto que los indios presentan en común caracteres físicos, tales como pelo negro y lacio, piel bronceada, ojos café oscuro, pómulos altos, barba rala y un tronco relativamente largo, puede decirse que son uniformes; por otro lado, también se ha mostrado que los indios son bastante variables dentro de un patrón racial y especialmente cuando hacen comparaciones en caracteres mesurables".

Científicamente se ha comprobado la heterogeneidad somática y osteológica del hombre americano.

La tesis del doctor Ramón Juste Martel sobre la antropogénesis del hombre guaraní expresa: "Ya sabemos que sin ser un argumento bastante estable para la clasificación racial, dado su carácter hereditario, inspirado en estos estudios, varios autores han construido la siguiente hipótesis para explicar las diversas olas migratorias en América:

Los guaraníes, como tipo amazónico, son de raza mongoloide, aunque no puros, según Hoston; para varios antropólogos estos pueblos son originarios de Asia Central, otros autores afirman que emigraron de Indonesia.

La primera, agrupada en hordas sin desarrollo cultural, en continua guerra con sus vecinos, practicaba el nudismo y era nómada.

La segunda capa, integrada por un grupo subandino que se estableció en el centro occidental de Brasil hasta el Chaco norte.

La tercera, y la más reciente, registra a tribus de ascendencia tupí, arawak y caribe, ocupantes de toda la región selvática tropical, y son propensos a frecuentes migraciones, en contra de la segunda capa mas sedentaria.

La primera capa correspondería a los antecesores mediatos de los guaraníes, la segunda no tendría nada que ver con ellos, la tercera sería el aporte propiamente amazónico que al mezclarse con la primera daría origen a los guaraníes históricos. El guaraní es el resultado de la fusión entre un elemento amazónico tupi, y otro lagido ge, que constituyó la primera base de la población pre colonial.

El Paraguay fue habitado originalmente por lagidos ge, del tipo australoide, provenientes del paleolítico superior, y posteriormente por amazónicos del tipo grasilido y con antecesores en el neolítico. La base de la población guaraní estuvo conformada por los amazónicos, en su gran mayoría.

Bartomeu Meliá y León Cadogan realizaron investigaciones serias y de gran valor para un mejor conocimiento de los guaraníes. A continuación nos referimos sustancialmente a los pueblos que habitaron la España. El mar Mediterráneo fue la vía de comunicación obligada de los fenicios, griegos, romanos, árabes, etc.

En la conquista de América, castellanos, vascos, andaluces, extremeños y canarios aportaron su esfuerzo y sangre para la consolidación comunitaria del Nuevo Mundo.

El castellano recio, leal y fanático por su religión y doctrina comunera; el vasco fuerte de carácter, tesonero y con capacidad de mando; el andaluz, sensitivo, imprevisor, borrascoso; el extremeño, introverso, valiente y sufrido; el canario, de espíritu comunitario, templado y solícito, contribuyeron con sus virtudes y defectos a la formación del pueblo paraguayo.

En los contingentes que vinieron al Rio de la Plata predominaron los andaluces y extremeños, los vascos, castellanos y canarios completaron la dotación.

Si el paraguayo es fuerte de carácter y con capacidad de mando estamos en presencia de su prosapia vasca.

Al mirar plenamente, con atributo de caballero anuncia su padrón castellano de hidalga estirpe. Se ha proferido mucha injuria contra España, pero contados son los que discuten la salud espiritual de Castilla la Vieja. Sus hijos hidalgos, sobrios y laboriosos conforman con los vascos, catalanes, asturianos y gallegos la población más tesonera y pujante de la Península ibérica.

El andaluz no es el castellano, es descendiente de árabes, amigo de la juerga, apasionado por las mujeres, no le resta suficiente tiempo para las grandes responsabilidades.

Aportó otra civilización, capacidad de mando, técnica, inteligencia, coraje, la doctrina comunera de feliz memoria, baluarte de la democracia política y económica de España; en contrapartida, también el autoritarismo de los capitanes de la conquista y la saña de sus castigos, el origen del latifundio y la oligarquía dinerosa.

La madre guaraní aportó su equilibrio emocional, su fecundidad, su vocación de madre, su abnegado servicio y la organización matrilineal de la nueva familia.

El paraguayo, por una determinación de la naturaleza, la falta de minas, conformó una sociedad de sana sobriedad y sin opulencia manifiesta.

La estructura económica agraria, el espíritu comunitario de la población, el trópico lujuriante, la lucha de tres siglos contra los neófitos y bandeirantes, el olvido y la falta de asistencia de la metrópoli, el cruce del peninsular con la india guaraní y el bilingüismo fueron las causas determinantes de la realidad política, social y económica del Paraguay.

Admiremos el valor de los conquistadores que vinieron a desafiar la muerte, lo desconocido, lo incierto, el desarraigo. Pero en el debe se registran el genocidio, la imposición de la esclavitud y el despojo de bienes a sus poseedores seculares.

No reneguemos de nuestra hidalga España ni de nuestros antepasados aborígenes, porque ellos y ellas protagonizaron una gran historia y nos legaron un nuevo mundo.

El poder político y la cultura se relacionan con las escuelas filosóficas.

La filosofía penetra en el conocimiento del universo en su conjunto, pretende justificar un orden racional de los actos humanos.

El poder, desde los albores de la humanidad, estuvo condicionado a la influencia religiosa y al ímpetu de los guerreros.

El Dr. Carlos Alfredo Bray Maurice, en su bien logrado libro "El Poder", pagina 142, dice: "San Gregorio afirma que de la soberbia en alguna medida devienen: la avaricia, la lujuria, la ira, la vanagloria, la gula, la envidia y la pereza".

El abuso de poder genera arbitrariedad, injusticias, desgobiernos y resentimientos.

Nada más oportuno que recordar aquella máxima que sentencia: "Quienes abusan de su poder, son víctimas de su propio desenfreno".

La promulgación de las leyes encuentra su fundamento en las ideas. En el siglo XIV Petrarca desarrolla sus teorías para iniciar la etapa del Renacimiento.

Telesio, Bruno, Campanello, Descartes, Bacón y otros pensadores preparan las grandes transformaciones políticas, económicas y sociales de los pueblos.

Del vasallaje de la Edad Media se daría el salto de proclamar la libertad como uno de los excelsos atributos del ser humano.

Voltaire, con la vigencia de las nuevas ideas condena los dogmas, y exalta el progreso de la ciencia, la libertad del pensamiento y la obligación que asumen los gobernantes de servir a la causa del "Bien Común".

Las buenas costumbres de los ciudadanos consolidan la paz social de los pueblos.

Los pueblos han sufrido el tormento y la arbitrariedad de impíos gobernantes.

La ley para cumplir su función ética ha de preservar el orden, poner en vigencia la justicia e impulsar el bienestar.

El retardo de justicia y la impunidad de los delitos encubren a los mayúsculos delincuentes.

La actuación de magistrados en los últimos escándalos tribunalicios desprestigian al Poder Judicial.

La corrupción y la impunidad son lacras del presente, que vienen del pasado, de nuestra historia llena de conflictos, con torrentes de sangre por la sed de mando de caciques incivilizados.

Las leyes promulgadas y que debieron cumplirse por su contenido son ignorados por jueces corruptos y comprometidos con los grupos de poder, salvo excepciones.

La improvisación y el prebendarismo son causas del desgobierno de la República.

Para que las leyes tengan vigencia es puntual que los magistrados sean honestos, cultos, laboriosos e incorruptibles.

Los tribunales en el Paraguay no están integrados con los mejores profesionales del derecho. La improvisación, la inexperiencia, la incultura jurídica de la mayoría de ellos desprestigian a la casa de Astrea.

La reforma legislativa esencial ha de referirse a la Constitución Nacional, por ser esta la Ley Fundamental de la República. La reforma legislativa la hemos de iniciar con el estudio y promulgación de una Constitución actualizada que interprete nuestro presente y nos proyecte en el futuro.

Nuestra nación presenta a la consideración de los compatriotas un Poder Judicial cuestionado por el retardo de justicia, sin autonomía, el deficiente currículum de los magistrados, la mayoría de ellos sin experiencia y cuestionada idoneidad, salvo algunas excepciones.

Se ha discutido bastante acerca de la conveniencia de instalar los tribunales de jurado en la instancia penal y que tuvo vigencia hasta el año 1939.

Consideramos que aun no se dan las condiciones de confiabilidad para establecer los tribunales de jurado.

El artículo 39 de la derogada Ley de Organización Judicial del año 1918 concedía las siguientes atribuciones al tribunal de jurados:

1) De las causas elevadas por los jueces de primera instancia, que merezca pena mayor de dos años de penitenciaria.

Articulo 40. Las sentencias y resoluciones dictadas en las causas a que se refiere el artículo anterior, serán recusables en conformidad a lo dispuesto en el Código de Procedimientos Penales.

En el Anteproyecto de Reforma de la Constitución Nacional sugerimos la siguiente modificación en la estructura del Poder Judicial:

Los tribunales y juzgados electorales durante el receso de elecciones serán competentes en el fuero civil.

Constituye un despropósito la inacción de esos juzgados y tribunales durante el receso de las elecciones.

La experiencia uruguaya y la argentina dan justificación a nuestra propuesta.

Nuestros jueces no siempre agotan los trámites, tanto para presumir la inocencia y sobreseer al procesado o para declarar en un auto de instrucción la culpabilidad que por lo general conlleva la privación de la libertad.

El "Debido Proceso" es otra garantía constitucional para que se agote la instancia con los trámites de rigor.

Todo gobierno que atenta contra la dignidad humana y no respeta su excelsa libertad rechaza y viola los derechos humanos e impone un gobierno dictatorial de abuso de poder.

Los órganos de la democracia que debieron ser los partidos políticos se jerarquizaron con la conducción de sus mejores hombres.

El control es fundamental en toda administración y con mayor razón en la de justicia.

Sin su vigencia la corrupción e impunidad ganan espacio y los delincuentes azotan al país.

Los gobernantes opulentos o codiciosos se confabulan con los grupos monopólicos u oligopólicos para explotar al pueblo y someterlo a la indigencia.

Para evitar que los gobernantes corruptos sigan en el poder se habilita el recurso de revocación de mandato mediante un referéndum para que el pueblo decida tal cesación. Para evitar los abusos de este recurso se limita el periodo presidencial, por una sola opción y después del año de haberse iniciado el mandato.

El Parlamento o Congreso deja de ser el órgano competente para decidir la suspensión del fuero de los funcionarios públicos con tales prerrogativas.

Corresponderá tal competencia a la Corte Nacional de Garantías Constitucionales en "Debido Proceso".

Se evita con esta modificación que sus pares los juzguen alentando la impunidad tan vigente en los últimos períodos.

Para evitar asignaciones elevadas se propone limitar la remuneración de los parlamentarios tomando como base el sueldo mínimo (12 sueldos mínimos mensuales).

Los representantes que integrarán el Congreso deberán reunir los requisitos siguientes:

3) poseer título de bachiller o su equivalente con diez años de egreso anteriores a la obtención del título;

3) quienes no sean bachilleres, salvo un representante por cada partido o movimiento;

4) los propietarios o representantes de empresas sean nacionales o extranjeras, concesionarios de servicios estatales o de ejecución de obras o provisión de bienes al Estado;

7) los ministros o religiosos de cualquier credo, hasta tanto no renuncien a tal condición;

9) los funcionarios públicos que ejerzan cargos directivos, salvo que renuncien a sus respectivas funciones y se les acepte por lo menos noventa días antes de la fecha de elecciones.

El inciso tercero que previene la excepción trata de evitar que el órgano se oligarquice.

Personas de limitados estudios pueden aportar su experiencia o sabiduría que les dotó la naturaleza.

3) la suspensión de fuero por mal desempeño de los parlamentarios se transfiere a la Corte Nacional de Garantías Constitucionales en "Debido Proceso" para evitar la impunidad y la influencia partidaria en las decisiones.

El representante o diputado con tres ausencias injustificadas será cesado inmediatamente por mal desempeño en sus funciones.

Muy poco habla en favor del diputado su reiterada indisciplina para dejar sin quórum la sesión. Esta deshonesta maniobra debe ser castigada severamente. Con tres deserciones por tal causa inhabilitara a los diputados y cesara en sus funciones por dicha inconducta.

No es un órgano legislativo, sí de control y de designación de funcionarios de jerarquía.

La Asamblea Nacional Permanente es un órgano de equilibrio que evitara la concentración de atribuciones de los otros poderes.

Respecto a los ciudadanos que integraran la Asamblea Nacional Permanente, serán elegidos la mitad de sus miembros en comicios nacionales directos por sufragio popular y en listas desbloqueadas, y la otra mitad por sus asociaciones.

5) la función será carga pública y solo se les proveerá de fondos en concepto de gasto de traslado;

a) elegir al Presidente de la República en caso de acefalia, conforme a la presente Constitución;

b) nombrar a los ministros de la Corte Nacional de Garantías Constitucionales, a los ministros del Tribunal Superior de Justicia, a los miembros del Tribunal Electoral, al Fiscal General del Estado, al Defensor del Pueblo, al Contralor General de la República, al Subcontralor General de la República, al Superintendente General de Bancos y de otras entidades financieras;

d) vetar empréstitos externos cuando fuesen inconvenientes a los intereses del País. En este caso, volverá a la Cámara de Representantes para su revisión y requerirá el voto de 2/3 del número total de parlamentarios para su aprobación;

e) promover el ascenso de los militares y policías para acceder al grado de coronel o general o, en su caso a inspector general de policía o de mayor jerarquía;

f) con la firma de veinte de sus miembros podrá solicitar el juicio de los imputados ante la Corte Nacional de Garantías Constitucionales.

Los miembros de la Asamblea Nacional Permanente podrán ser imputados ante el jurado de cinco miembros, profesores titulares o eméritos de la Universidad, tres profesores de la UNA y dos de las universidades privadas.

Es oportuno aclarar que los miembros de la Asamblea Nacional Permanente no forman parte del Congreso. Sus funciones no son legislativas, si de control, como órgano de equilibrio entre los poderes del Estado y cierta gestión en el gobierno.

La primera reforma constitucional que recomendamos es la supresión de la Vicepresidencia. El balotaje para la elección de Presidente de la República.

La rivalidad del Presidente con el Vice ocasionó desencuentros en la cúpula del gobierno.

La revolución del año 1922 fue causa de la renuncia del Vicepresidente de la República Dr. Félix Paiva y el antagonismo entre gondristas y jaristas.

Salas Marchaud ha dicho: "La salud y el vigor son elementos indispensables para fundar el bienestar individual, base a su vez del bienestar social. Los débiles, los enfermos, los deformes, los inválidos, son, salvo raras excepciones, desechos o cargos que pesan sobre la sociedad entera".

"La grandeza y la fuerza de las naciones está en muy estrechas relaciones con su morbilidad y su mortalidad. Por el índice de las enfermedades evitables y, especialmente, el de la mortalidad infantil y las afecciones contagiosas, se puede juzgar sin vacilar el estado de civilización y de adelanto de su pueblo".

"Velar por la salud de las poblaciones, combatir sin tregua las causas evitables de enfermedad, trabajar sin cesar, porque la planta humana crezca sana y vigorosa, para que el pueblo forme una masa homogénea y fuerte, resistente a los males físicos y capaz de asegurar con el vigor de los brazos y cultura de la inteligencia, los grandes destinos a que la naturaleza nos ha llamado, debe ser la obra primordial de los hombres de gobierno, y de todos los que, sin ejercer cargos públicos, tienen en la prensa, en la enseñanza, en la tribuna, en los partidos políticos y hasta en los centros sociales, oportunidad y posibilidad de instruir al pueblo en ese sentido".

"La asistencia y protección a la infancia, el alojamiento salubre, la alimentación suficiente y sana de las clases trabajadoras, la replanteación del trabajo, el seguro contra la enfermedad y la vejez, la profilaxia del alcoholismo y de las enfermedades contagiosas; en una palabra, una buena legislación social e higiénica, ha sido la preocupación constante de los gobiernos nacionales y comunales, constituye un titulo de gloria para la Alemania, donde las clases pobres y laboriosas gozan, mediante esas leyes, de un bienestar tan considerable que constituye la admiración de cuantos estudian estas cuestiones".

El Paraguay ha mejorado relativamente en los programas de salud, pero queda bastante por hacer en este primordial objetivo de la República.

El Paraguay, gracias a la salubridad natural, ha superado situaciones peligrosas de pestes.

El sol radiante, el aire puro de nuestros campos, las aguas hasta ayer no infectadas han favorecido a preservar la salud de nuestra población.

La contaminación de nuestros ríos y arroyos, la polución del aire, van creando problemas de salud a nuestros compatriotas. La defensa del medio ambiente debe ser prioridad del gobierno.

La deforestación de nuestros ubérrimos bosques, que ha depredado el 85% de nuestras reservas forestales, constituye un delito ecológico y un atentado contra la salud y la economía del país.

La falta de educación de los adolescentes y la alta tasa de desocupación son las causas que provocan el aumento de la delincuencia.

El sociólogo y jurisconsulto compatriota Dr. Teodosio González, en la página 2 de su consagrada obra "Infortunios del Paraguay", ha citado como causas de nuestros males:

1) El abandono por los padres de sus hijos naturales. La mujer del pueblo se carga de hijos, cuyo sostenimiento, en la inmensa mayoría de los casos, queda a su exclusivo cargo. El abandono de la madre en horas para trabajar y lograr el sustento priva al lactante de la leche materna, tan necesaria para el crecimiento del párvulo.

2) En las poblaciones rurales la ignorancia y la falta de higiene de las madres.

3) La debilidad fisiológica y la mala y escasa alimentación de los padres; y de padres débiles y desnutridos, no pueden nacer hijos enteramente sanos.

4) La falta casi absoluta de asistencia médica para la niñez campesina agrava el índice de la mortalidad infantil.

La deficiencia alimentaria es la causa principal del insuficiente desarrollo físico y mental de nuestros niños.

En el año 1985 realice un estudio en las escuelas rurales del Guaira y Caazapá. De los 40 minutos de clase esos alumnos prestaban atención 29 minutos.

En 1996 repetí tal estudio. Los niños habían disminuido cuatro minutos. Solo asimilaban 25 minutos de la enseñanza impartida. La presente estadística va en relación directa con la alimentación que reciben en sus hogares.

El vaso de leche apenas es un paliativo para disminuir los efectos negativos de la desnutrición.

El paraguayo es un ser excepcional. En las rudas tareas de los yerbales es el único brazo que resistía a tanta penuria y exigencia física.

La nutrición en el Paraguay es un tema que debiera interesar a los gobernantes.

Se observa la pérdida del valor adquisitivo del salario y esta disminución incide notoriamente en la falta de capacidad suficiente para que la familia absorba una correcta alimentación.

La mitad del género humano sufre de desnutrición, causa de la muerte de millones de personas.

El Paraguay es un país privilegiado. Produce alimentos de precio accesible. La soja, conocida como la carne vegetal y consagrada como una leguminosa de valor proteico, hoy constituye en nuestro país el principal renglón en la producción agrícola.

Las frutas, las legumbres, el pescado, son alimentos que mejoran ostensiblemente la alimentación.

El problema en nuestro país radica en la falta de educación para aprovechar los dones que nos ha prodigado la naturaleza.

El hábito de abusar de la carne vacuna no es lo más recomendable para nuestra economía y nutrición.

Entre las leguminosas que produce el país y que pueden suplir completamente a la carne se citan:

El Instituto Internacional de Agricultura ha definido en cuanto a los valores nutricionales de la soja como la leguminosa más importante de todas las que se cultivan, ya sea desde el punto de vista de su gran valor nutritivo, o ya sea por las numerosas aplicaciones industriales, pues sus productos han alcanzado una extraordinaria importancia en el comercio mundial.

El consumo de la soja, del poroto, de las arvejas, del maní, puede ayudar a una correcta alimentación de nuestros habitantes. El primer programa para mejorar la nutrición es enseñar a las amas de casa el valor de los alimentos a consumir y la técnica de cocinar tales productos.

El valor de la proteína de la soja oscila entre el 40 al 43% frente al 34% de los porotos.

La nutrición constituye la primera etapa para preservar y promover la salud.

Los profesores doctores Pedro N. Ciancio y Francisco A. Montalto, en sus consagrados libros, se han ocupado de este tema fundamental que afecta a la República.

El científico de la medicina, profesor Carlos María Ramírez Boettner, ha presentado un enjundioso trabajo de investigación acerca de la salud en el Paraguay.

El problema de la producción de alimentos se ve afectado por el empobrecimiento de la tierra. El PH necesario para una buena producción no debe ser menor al 6,5. Sin embargo, en las áreas de minifundio apenas registra un 4,3.

La falta de aplicación tecnológica es otro de los factores negativos. La improductividad de nuestros cultivos se refleja en estos exiguos rendimientos.

Algodón: 1.000 kilos por hectárea; se debe obtener por lo menos 2.000 kilos.

Cana dulce: 1.500 kilos. Los países limítrofes logran una producción de 2.700 kilos por hectárea.

El maíz no llega a 5.000 kilos por hectárea, cuando con los procesos tecnológicos ya sobrepasan los 6.000.

Sin el aumento de los recursos y una educación adecuada no mejoraremos el nivel nutricional de nuestro pueblo.

El otro problema es la higiene. La falta de viviendas adecuadas, la promiscuidad y la carencia de servicios sanitarios estimulan los focos de infección.

La contaminación de los ríos y arroyos a más de los pozos es un atentado peligroso contra la salud.

El clima caluroso en el verano obliga a bañarse diariamente. En el invierno, que no dura más de tres meses al año, la higiene del cuerpo deja de ser diaria.

El cepillado de los dientes después de cada comida no es habitual en nuestra población, causa de la temprana perdida dentaria en nuestra población.

El uso correcto de las ropas de acuerdo a la temperatura no siempre es posible por la insuficiencia del vestuario.

El hábito de calzarse no es habitual en las zonas rurales. El famoso pynandí, condición de la cual se enorgullece el paraguayo, es otro de los factores que favorecen a la propagación de la anquilostomiasis, una de las endemias que conspiran contra la salud de nuestros habitantes en la zona rural.

En el año 1934 ingrese a la escuela de mi ciudad, Caazapá. Todos los niños concurríamos a clase descalzos. El que usaba zapato era discriminado y sufría el severo castigo del "akã peté". Hoy en el distrito la mayoría van calzados a la escuela.

Nuestros arroyos cristalinos y nuestros ríos saludables han sido poluidos por los desechos industriales.

El Paraguay, que antes de la guerra de 1870 era reconocido como el Jardín de América, hoy ha perdido el 80% de sus bosques milenarios.

El primer deber del gobierno ha de ser la reforestación de las áreas arrasadas por la agresión de los destructores de nuestros recursos naturales.

Un programa de reforestación es prioritario. El ejemplo de Alemania es dable seguir. Hoy los germanos han agregado a su territorio un 25% de áreas boscosas, mejorando ostensiblemente el medio ambiente.

La financiación de la reforestación es factible. Proponemos algunas medidas para hacer efectivo el programa propuesto.

Una es obligar a los propietarios de las fincas rurales a reforestar un 4% del área de sus propiedades.

El que no cumpliere con esta disposición legal será sancionado con una multa de 20 salarios por hectárea.

Los propietarios menores de 10 hectáreas pagarán una multa de siete salarios mínimos.

Con las multas obtenidas se tendría un buen recurso para implementar la reforestación del país.

El programa de reforestación creará 10 mil fuentes de trabajo en el sector rural, tan deprimido en las últimas décadas.

La reforestación gradual permitirá la recuperación ecológica de nuestras zonas rurales, hoy afectadas por la pérdida de sus valores orgánicos.

El problema político-económico y social se origina en la mala distribución de los recursos.

Paraguay figura en la nómina de los países con menos equidad en cuanto a la redistribución de los ingresos.

Si nos refiriéramos a la pobreza crítica, la estadística nos sitúa entre los de alto porcentaje. Últimamente se ha detectado un 25% en zona de la pobreza crítica.

La teoría de Adam Smith ha servido de base para juzgar la determinación de las clases sociales.

El proceso de industrialización que se opera a fines del siglo XIX y se desarrolla la tecnología a principio y a mediados del siglo XX, marca la diferencia de las clases sociales.

El ingreso y la cultura de la población van marcando la tendencia de las clases.

Los supuestos teóricos que han servido de base para esa clasificación podemos enumerar:

a) La idealización de la burguesía latino-americana y del esquema racionalista de las clases sociales, prescindiendo de su genealogía hispano-colonial y del sistema de ordenamiento estamental de sus clases altas.

b) La asignación de un elevado poder de negociación a las clases trabajadoras de América Latina -a través de los sindicatos- siguiendo los modelos de la contratación colectiva de carácter europeo occidental y el tipo de relaciones sociales característico de una sociedad nacional integrada, abierta y ajustada al juego institucional del Estado representativo y el constitucionalismo democrático.

c) La suposición de que existen en América Latina unos patrones salariales basados en la productividad del trabajo y de que han perdido vigencia histórica los antiguos patrones salariales (salario marginal en las haciendas de lonato) o las pautas mercantilistas de remuneración de acuerdo a unas relaciones simples de mercado y a una teoría tradicional de los costos.

d) La creencia de que el sindicalismo es una herramienta eficiente para asegurar una distribución equitativa del ingreso entre las clases sociales, no obstante que lo característico de las sociedades atrasadas son la polarización y extrema rigidez de la estructura social y la tendencia de participación decreciente de las clases trabajadoras (proletariado industrial, campesinado, capas medias) en el ingreso nacional; y

e) El supuesto radical de que -en una sociedad estructuralmente desequilibrada- puede existir la posibilidad del equilibrio social, económico y político.

Al respecto opina Antonio García en su consagrado libro "La Estructura del Atraso de América Latina", pagina 347, todo cuanto sigue:

"Esta distorsión ideológica se fundamenta en la idealización de lo que son y del papel que juegan, la burguesía, el proletariado y las clases medias en América Latina. El nudo del problema conceptual radica en la consideración de que todos los valores e instituciones sociales son equiparables, en cualquier sociedad donde se encuentren: esto es, que el esquema capitalista de las clases -burguesía, clases medias, proletariado- es uno mismo en todas partes y que su vigencia universal sólo está sometida a ciertas limitaciones formales o de evolución histórica en Europa, los Estados Unidos o América Latina".

La comparación de las estructuras sociales de los países capitalistas y de la de los países comunistas no ha reflejado mayores diferencias.

Se ha comprobado que en la URRS también existía una clase alta mejor remunerada frente a un gran sector incorporado a la clase proletaria.

Nadie podrá discutir que la salud de una nación va en concordancia con la capacidad adquisitiva de la población.

Los países atrasados apenas cubren sus necesidades biológicas y desatienden las culturales por falta de medios.

La diferencia existente entre las clases de los países del Primer Mundo con los en vías de desarrollo se refleja en la mayor o menor capacidad adquisitiva.

América Latina, África y parte de Asia registran un alto porcentaje de la población en la zona de la pobreza crítica.

El índice de la salud es mejor en los países del Primer Mundo; en tanto que los del Tercer Mundo afrontan serios problemas de salud en su población.

El Dr. Pablo P. Ántola, en su consagrado libro "Democracia eficiente o sociedad decadente", dice: "El Estado siempre tiene un objetivo que cumplir, y para ello debe resolver las cuestiones económicas y sociales que se le vayan presentando, usando los resortes de la ley y tratando que las normas que esta determine sean cumplidas por la generalidad de la población, y evitando la impunidad, que consiste en la falta de sanción por su incumplimiento".

"La falta de programa básico para el largo plazo generalmente es el primer déficit que encontramos en la realización de los gobiernos de países del Tercer Mundo".

El desgobierno de las naciones atrasadas se nota en la improvisación de los programas, en la ineficiencia de los funcionarios, en la incorrecta aplicación de los recursos, en la negligencia generalizada y en la falta de formación profesional de los empleados públicos.

En el área de salud estas deficiencias afectan al buen servicio hospitalario.

El paraguayo no es diligente para asistir al control periódico. Los análisis clínicos recién se dan cuando el asistido adolece de una enfermedad.

Los hospitales se ven rebasados en sus posibilidades. Sus recursos son insuficientes y la desorganización lamentable.

No existe método para corregir estas deficiencias. El enfermo o consultante tardo horas para ser asistido por el médico.

El número de profesionales es insuficiente. No existe una estadística para orientar la atención de los pacientes.

Los presupuestos de la salud y de la educación, si bien han mejorado, aún siguen siendo insuficientes.

La mortalidad infantil alta, la hipertensión en aumento, las enfermedades terminales como el cáncer y el sida en progresión. Es irrefutable que la práctica de la higiene es la mejor estrategia para preservar la salud.

La debilidad orgánica y financiera del Estado es la causa inevitable que agudiza los problemas sociales, especialmente el de la salud y el de la educación.

Ninguna nación progresa sin el previo desarrollo interno. Circunstancia que aún no se ha operado completamente en los países del Tercer Mundo.

Los hospitales regionales están desabastecidos. La insuficiencia de cama, de instrumentos, de medicamentos, movilidad y número razonable de profesionales para la asistencia son los agudos problemas aún no solucionados.

El atraso tiene sus causas y por tales hechos se producen sus nocivos efectos.

Las deficiencias estructurales les impiden a los pueblos atrasados movilizar su propio esfuerzo, su convicción y potencial de recursos hacia un proyecto de vida.

Las naciones con mejores índices económico, social y cultural fundamentan su progreso en la salud, en la educación, en la seguridad, en la mayor ocupación, en la productividad, en la equitativa redistribución del ingreso nacional y en el avance tecnológico.

El primer peldaño para orientarnos hacia el desarrollo es contar con una población sana.

La hipoteca física y mental es el más costoso gravamen que soportan los países atrasados.

Los recursos previstos en el presupuesto para la atención de la salud y el desarrollo de la educación deben ser potenciados.

El progreso de los pueblos se asienta en el índice biológico de sus habitantes y en la formación cultural de sus ciudadanos.

Inventario. Recursos. Instrumentos. Profesionales y capacidad de internación

Una de las etapas más recomendables para la atención de la salud es la prevención.

La prevención evita las enfermedades mediante procesos higiénicos y evitando los contactos nocivos.

Otra estrategia más eficaz para la efectiva prevención es educar a las personas acerca del riesgo que producen ciertas prácticas nocivas.

La ingesta excesiva de bebidas alcohólicas debilita el organismo y lesiona el hígado declarando la cirrosis hepática.

El abuso del azúcar estimula la acumulación de ese exceso que degenera en la diabetes.

Los sabios de la medicina han sentado la siguiente regla: "La salud entra y sale por la boca".

Los seres vivos toman del medio ambiente los elementos especiales necesarios a su actividad, y esos elementos reciben el nombre de alimentos.

El ser vivo transforma dichos alimentos en substancia propia por medio de órganos cuyo conjunto constituye el aparato digestivo. La transformación de alimentos en substancias asimilables se llama digestión.

El correcto funcionamiento de los órganos de la digestión garantiza la salud.

La dentadura ha de estar liberada de los focos de infección. El paraguayo de la clase rural llega a la adolescencia con la dentadura deteriorada.

La higiene bucal aún no se ha generalizado. Es prioritario un programa de promoción para la salud bucal.

La alimentación con elementos nutritivos aumenta la defensa del organismo humano.

El desplazamiento de los enfermos a los centros hospitalarios grava la economía de los modestos habitantes rurales.

El pasaje, los gastos de alimentación, los medicamentos, afectan a sus escuálidos ingresos. Por tales razones, la asistencia debe trasladarse a esas comunidades para evitar la deserción de los pacientes.

Las unidades móviles, convenientemente equipadas con la presencia de los médicos y sus colaboradores, cumplirán con la posibilidad de ampliar el área desprotegida, evitando los costosos desplazamientos de los pacientes.

He hecho un estudio recorriendo las compañías de mi distrito, Caazapá. Las 24 compañías podrían agruparse en seis centros de atención. Con tres unidades móviles se cubriría dicha atención con desplazamientos semanales.

La salud y la educación constituyen los primeros objetivos de un eficiente "plan de gobierno".

Las erogaciones propias a la salud así como la promoción de las áreas de enseñanza constituyen los objetivos fundamentales del Estado.

El vigor y la capacidad de producción provienen de la salud y de la educación del ciudadano.

Los gobiernos deben comprender que la salud pública, la higiene y la asistencia social han de ser prioridades en la ejecución presupuestaria.

La salud física se expresa por el vigor, la salud mental y espiritual, por el respeto y la solidaridad con el semejante.

Uno de los temas más tratados en los programas de gobierno es la educación.

Los países desarrollados presentan en sus estadísticas el menor índice de analfabetos plenos y funcionales.

Paraguay fue ejemplo de tal logro en América Latina. La estadística hasta antes de iniciarse la guerra del año 1870 presentaba a nuestra nación entre las más alfabetizadas.

La destrucción total por causa de aquella guerra de exterminio afectó notoriamente a la educación.

El analfabetismo aumentó ostensiblemente y la ignorancia gravó la mente de los paraguayos.

Algunos gobiernos de la posguerra se interesaron por la educación. Bernardino Caballero, Juan Bautista Egusquiza, Manuel Franco y Eligio Ayala priorizaron la educación como objetivo del gobierno.

El director general de escuelas, el profesor Ramón Indalecio Cardozo, consagró su vida a la noble causa de la educación.

Es evidente que el sistema de la escuela activa tuvo trascendencia en la formación del niño paraguayo.

En el ciclo primario, que duraba seis años, mas se insistía en la formación moral del educando y en el conocimiento básico de ciertas asignaturas: gramática castellana, aritmética, historia, geografía y conocimientos útiles.

El niño aprendía el cultivo de ciertos productos en la huerta escolar, ciertas artesanías, como la transformación del cuero en aparejos, las niñas a tejer.

La identidad nacional se preservaba con la exaltación de los valores ciudadanos de nuestros héroes. Entonar canciones alusivas enaltecía y motivaba al niño a amar a su patria.

En el año 1934 ingresé a la escuela con seis años de edad en el primer grado. Mi madre me exigió usar zapatos. De ida a la escuela me encuentro con mi primo Eligio Sarubbi, quien me advierte que no debía ir calzado a la escuela, pues sería mal visto y me endilgarían el mote de cuñaí. Por supuesto, tuve en cuenta tal advertencia y pedía a mi prima, Ana María Sarubbi Ciancio, que me guardara mis calzados, alegando que me molestaban.

El primer día de clase formamos los alumnos y entonamos la canción patriótica "Curupayty". Era tiempo de guerra. El país estaba empeñado en su defensa. Varios jóvenes habían ofrendado su vida en los cañadones chaqueños. El teniente Romero y el cabo T. Caballero ya integraban la lista de los fallecidos.

Una fría noche llegaba el cuerpo del teniente Guillermo Garcete, joven, con apenas veinte años. A las seis de la tarde y al son de las marchas fúnebres, el cuerpo fue velado en su domicilio frente a la iglesia.

Los niños de la escuela fuimos convocados por nuestro director, el profesor Juan Bautista Rodríguez. Formamos frente a la casa mortuoria ante la atenta mirada de nuestra maestra, Lidia Espínola, joven apuesta y con don de mando.

En los primeros meses del año los alumnos fuimos movilizados para cosechar los productos de la tierra: algodón, maíz, poroto. Los ancianos, mujeres y niños asumimos la responsabilidad de ejecutar la importante tarea ante la ausencia de quienes estaban exponiendo su vida en el campo de Marte.

La estadística del año 1935 registró como una de las mejores cosechas aquel año. La motivación patriótica y nuestra identidad de pueblo lleno de valores hicieron posible el milagro económico.

La experiencia que viví en mi pueblo natal (Caazapá) influyó en mi formación. Respetar al semejante, practicar la solidaridad y cumplir con los deberes propios de la edad.

El primer ciclo, el primario, ha de priorizar la formación moral del educando antes que pretender que ese niño sea candidato a un ser lleno de conocimientos. Craso error. La edad no es propicia para exigirle semejante esfuerzo mental. El púber ira a la escuela a aprender y practicar buenas costumbres, a recrearse y aprender los conocimientos básicos.

Las obligaciones de aprender en forma rápida, y forzando su tiempo en desmedro de la sociabilidad, de la recreación y de la sana alegría no son lo más recomendable. Ese exceso puede influir en el futuro del adolescente. La depresión desconocida en etapa de la vida infantil hoy constituye una preocupación en el área de la salud.

Niños sanos, alegres y educados conformaran en el mañana hombres plenos para el bienestar de la nación.

g) técnica de conducción de automotores, reglas de tránsito y prevención de accidentes;

i) en el último curso del bachillerato concentrar el estudio de las material básicas de la carrera que ha elegido.

Hasta el presente el bachiller aprueba los seis cursos del ciclo sin estar preparado para afrontar los desafíos del presente y los cambios tecnológicos del futuro.

El conocimiento de un idioma universal lo introducirá al paraguayo en el mundo y dejará de ser un analfabeto de la comunicación. Al graduarse en un oficio estará preparado para afrontar los rigores de la vida. Dejará de ser un aprendiz en plena edad adulta. Al aprender los primeros auxilios se capacitará para asistir en casos de emergencia a su semejante y a administrar su salud.

En el último curso se ha de insistir en los talleres y en las investigaciones para aumentar la motivación por el estudio y la formación cultural.

Nuestros bachilleres carecen de formación para afrontar los rigores de la vida contemporánea. Es lamentable que nuestros bachilleres apenas superen el nivel de los analfabetos funcionales.

Es hora de que el joven, al concluir el segundo ciclo de enseñanza, esté preparado para ser partícipe de la actividad económica, social y cultural de la nación.

El jurisconsulto y sociólogo compatriota, Dr. Teodosio González al referirse a la educación, nos ha alertado: "En la educación del niño, la escuela ha de ir ligada al hogar". El hogar y la escuela son los crisoles de donde deben surgir los hombres de carácter.

"Comprendiendo la palabra educación en su más amplia acepción, todo el conjunto de influencias externas que, actuando sobre el espíritu y el corazón del niño, han de modelar su fisonomía moral, también el ambiente externo fuera del hogar y de la escuela influirá sobre el carácter de un niño.

Cuando el niño llega ante el maestro de escuela, su educación en el hogar ha debido estar comenzada. La educación del niño comienza, o por lo menos debe comenzar, desde mucho antes de la edad escolar. La escuela estará más bien encargada principalmente de la instrucción del niño, no habrá sino continuarla y completarla, pero el hogar familiar y el medio ambiente habrán totalmente de seguir actuando sobre el infante, concurrente con aquella o contrariándolo.

"Y es obvio que siendo las impresiones recibidas en el hogar y en la calle, por sobre la fisonomía moral del niño.

"La acción de los padres y del aula debe ser entonces conjunta, ya que un mismo deber y un mismo anhelo los une sobre este punto". La estructura social del país influye en el proceso educativo. Los fenómenos sociales son determinantes en la vida de los pueblos. El valor social jurídico por la seguridad que ofrece la nación; el valor social moral por practicar las buenas costumbres, el valor social económico por la producción, el valor social estético por la salud y belleza de sus habitantes.

La calidad humana no ha de juzgarse por el color de la piel, por la fortuna, por el poder político o el relieve social.

Los valores como el respeto al semejante, la solidaridad, la generosidad, el altruismo y la vigencia de la justicia prestigian a una sociedad civilizada.

Los conflictos de clases en la América Latina generan resentimientos. Las huelgas de los obreros son la más genuina expresión de ese antagonismo que se suscita entre la clase baja con la alta.

La autoridad moral trasciende. La autoridad es el atributo que posee una persona para dirigir al grupo y la capacidad de mando su expresión visible.

La función del educacionista es formativa en la integración social de la comunidad.

La legislación de un país debe ser significativa en la vida de la nación. La ley debe ser justa, aplicable y de contenido ético.

Las leyes represivas para imponer el autoritarismo y la arbitrariedad corrompieron el civismo y alentaron el abuso de poder. La ley de venta de las tierras públicas privilegió a un sector político y económico de la sociedad, generando la pobreza de miles de paraguayos por el régimen fraudulento del latifundio.

Los países más alfabetizados son los exponentes del progreso. La nación hispano-guaraní sufrió la inestabilidad de la anarquía con sus charcos de sangre. La civilización escarnecida y el Paraguay en el atraso.

Estos factores negativos que registra nuestra historia se debieron a la ausencia de los valores cívicos por la insuficiente educación de sus ciudadanos.

Es aleccionador el comentario de Gallan: "Todo se exige de la escuela, así como el mal ciudadano todo lo exige del Estado. Y cuando los padres dan en aplicar al niño alguna represión por una falta cualquiera, lo primero que dicen al escolar es: ¿eso es lo que te han enseñado en el colegio?".

La desarticulación que existe entre los educacionistas y los padres del escolar ha estimulado la indisciplina del educando.

Los padres hasta hace treinta años advertían a sus hijos que sus maestros o maestras eran sus segundos padres y por tal razón debían respetarlos.

Es visible que los tiempos han cambiado. Se ha priorizado el derecho de los niños sin la contrapartida de cumplir con sus deberes fundamentales de respeto y consideración.

La crueldad es una desviación morbosa de la autoridad; pero la severidad es una cualidad del mando.

Un padre severo y justo forma buenos hijos. Un profesor exigente y ecuánime educa.

La educación tiene por finalidad desarrollar las facultades intelectuales, morales y físicas del niño y adolescente por medio de preceptos, ejemplos y ejercicios psicofísicos.

El gran filósofo Platón, en su libro "La República", al referirse a la educación, expresaba que: la ciudad perfecta debía cimentarse sobre las cuatro virtudes cardinales:

La sabiduría, atributo de los magistrados; el valor, atributo de los guerreros; la templanza, por la sobriedad del pueblo; y la justicia, como fin supremo del Estado.

La educación de los espartanos tenía por objetivo formar ciudadanos disciplinados y aptos para la guerra.

Atenas proclamaba la educación como un medio necesario para alcanzar los objetivos sociales de la nación.

1) En la Edad Antigua, la enseñanza de las creencias religiosas constituía el tema central de la educación.

2) En la Edad Media, la enseñanza religiosa, sea cristiana o musulmana, era obligatoria.

3) En la Edad Moderna, con la prédica de los "enciclopedistas", el laicismo comenzó a tener vigencia.

4) En la Edad Contemporánea primó la ciencia sobre la enseñanza religiosa.

La influencia de los librepensadores en la reforma de la educación impuso "el laicismo en la enseñanza".

"Todos los sentimientos humanos deben ser educados y encauzados convenientemente".

Un estudio sociológico ha caracterizado a las dos tendencias de la raza aria.

La anglosajona por el predominio de su temperamento frio, el egoísmo, la seriedad, la reserva, el apego al estudio de las ciencias físicas y naturales, al trabajo manual, al bienestar material, la constancia, la tenacidad, la quietud, la disciplina y el espíritu de asociación y de cooperación.

La greco-latina se ha caracterizado por el predominio de la imaginación, la generosidad, la constancia, el capricho, el apego a la literatura y a las artes, la imprevisión, la impaciencia, la indisciplina, la rivalidad, la tendencia a las aventuras y proezas.

La raza sajona es materialista, va hacia el bienestar general. La greco-latina es idealista y pasional.

Los anglosajones por instinto son conservadores y respetuosos de la autoridad.

La greco-latina por lo general es evolucionista y oposicionista. Se ha dicho del español, padre de nuestros mestizos, que expresa generosidad, idealismo, vocación por las artes, valiente, despierto y vehemente, pero turbulento, propenso a las aventuras y anárquico. Al referirse a los mestizos de América, los estudiosos de nuestra idiosincrasia han notado que han vencido al mundo con el instinto más desarrollado aun que el de sus padres, de rivalidad e indisciplina que producen los conflictos entre bandos, las guerrillas intestinas, las guerras civiles, el odio y la intransigencia.

La educación debe considerar estos antecedentes que marcaron la conducta o inconducta de nuestros compatriotas.

El primer objetivo de la enseñanza debe ser la formación del carácter del educando.

Los valores del respeto, de la solidaridad y de la práctica de las buenas costumbres han de ser prioridad en la enseñanza.

Ciertos sociólogos afirman que el mejor antídoto contra la anarquía es el dinero.

Teodosio González, el gran sociólogo y codificador compatriota, ha dicho: "Nada hay que agrie tanto el humor de los pueblos y de los hombres como la opresión constante del malestar físico, las tristezas y humillaciones morales que origina la pobreza".

Es irrefutable la siguiente consecuencia: los pueblos con bienestar son los más alfabetos e integrados a su sociedad.

Los países pobres registran el mayor número de analfabetos, de delincuentes.

La primera premisa para mejorar la educación es la lucha contra la pobreza.

El servicio social obligatorio requiere cierta capacitación de los movilizados.

En el área de la salud, de la educación, de las obras públicas, es indispensable tal servicio.

Hasta hoy solo el servicio militar obligatorio constituye un compromiso ciudadano con la nación.

Otros requerimientos tan importantes, como la salud, la educación, la asistencia social, están omitidos en nuestra legislación. Para el cumplimiento de este deber cívico con la sociedad, el joven debe formarse para el cumplimiento de tal servicio. Nuestros hospitales sin suficiente personal para la atención de los pacientes.

La reforestación del país movilizando a los estudiantes de las escuelas agronómicas y de las facultades de esa unidad académica, harán posible una de las realizaciones más perentorias que exige el medio ambiente depredado.

La fertilización de nuestras tierras empobrecidas sin el índice básico de producción con menos del 5 de P.H. será uno de los objetivos inmediatos para una etapa de recuperación.

Alemania por la vía de la forestación hoy ha alcanzado un óptimo nivel cubriendo el 28% de su territorio.

Paraguay hasta 1950 alcanzaba dicho porcentaje. Hoy la superficie boscosa apenas abarca un 19% del territorio nacional.

Al iniciarse la Guerra Grande nuestras reservas forestales cubrían el 80% de las dos regiones.

El servicio social obligatorio constituye un factor de promoción. El país está desaprovechando sus juveniles brazos por la indolencia de nuestros legisladores.

Se estaría cumpliendo la norma del artículo 128 de nuestra Constitución. El interés general ha de prevalecer sobre el interés particular.

La coordinación moviliza los diferentes sectores de la administración para alcanzar el objetivo propuesto.

La ejecución del programa realizando los servicios u obras que se previeron. Esta ejecución será eficiente a coste real.

La estabilidad es un factor de eficiencia. Los hombres capaces y ya aplicados a una determinada tarea deben seguir en dicha actividad.

La improvisación es consecuencia de la inestabilidad y de la ausencia de programas preestablecidos.

El gobernante, por lo general, es hombre improvisado en la función. El caudillo asciende a los cargos por la influencia del grupo de presión sin considerar su idoneidad.

El Paraguay ha sido víctima de improvisados, sin preparación para tales delicadas funciones. El contubernio de los sectores políticos ha primado sobre los meritos ciudadanos del candidato.

Dos presidentes formados en aulas de universidades europeas, los doctores Eligio Ayala y Eusebio Ayala, administraron la nación con eficiencia y honradez.

La victoria en los cañadones chaqueños fue una de las consecuencias de dichas administraciones.

La clase política en el Paraguay y en otros países de América Latina adolece de formación intelectual, de los conocimientos elementales para la gestión administrativa. La corrupción y la malversación de los recursos del erario público, su consecuencia.

La reforma de la educación en el Paraguay y en otros países ha sido un tema de consideración y análisis.

El ex ministro de Educación y Cultura, Dr. Vicente Sarubbi Zaldívar, expresó cuanto sigue: "Si el Paraguay aspira a incorporarse activamente al mundo del siglo XXI y desea consolidar su democracia, necesita con urgencia llevar adelante una exitosa reforma educativa. Para eso, además de voluntad política, necesita invertir en educación, ciencia y cultura".

Este artículo nos ubica en el tiempo que vivimos desde la perspectiva de la educación y sus desafíos. Con refrescante franqueza nos presenta un muy crítico panorama sobre la realidad educativa nacional y ofrece los argumentos y estrategias del actual proceso de reforma. Se trata de un importante aporte a la literatura sobre el tema en nuestro país.

El diagnóstico de la pobreza va en relación al de la educación. Los pueblos con índice de bienestar conforman una comunidad educada e idónea para alcanzar los mejores niveles de bienestar.

La desnutrición en las clases pobres es el primer factor negativo que conspira con los nobles propósitos de la educación.

El alumno con parásitos, con una alimentación insuficiente, no tiene la vitalidad propia de aquel niño con buena nutrición.

La pereza le condiciona y sobre 40 minutos de clase, apenas puede atender 25 minutos. El rendimiento alumno-hora es mínimo. Por esta causa nuestro proceso educativo es lento y sin seguir la progresión cultural y tecnológica de nuestro siglo.

Los planes de desarrollo económico no han alcanzado las metas propuestas. La pobreza aumenta y es causa principal de nuestra incultura.

La educación también sufre tal postergación por efectos de los males generalizados por la negligente gestión de los gobernantes, salvo excepciones, la burocracia sostenida por el sacrificio del pueblo y sin rumbo para alcanzar días mejores.

El Dr. Pablo P. Ántola, en su interesante libro "Democracia eficiente y sociedad decadente", pagina 159, opina: "El Estado tiene siempre un objetivo que cumplir, y para ello debe resolver las cuestiones económicas y sociales que se le vayan presentando, usando los resortes de la ley, y tratando que las normas que esta determine sean cumplidas por la generalidad de la población y evitando la impunidad, que consiste en la falta de sanción por su incumplimiento".

El Dr. Dionisio González Torres, ex ministro de Educación, al referirse a la reforma del sistema educacional, en la página 7 de su libro referido a la materia, expresó: "En 1931 por el Plan del Dr. Justo Pastor Benítez, ministro de Justicia, Culto e Instrucción Pública, se fija el bachillerato en cinco años y un año de curso preparatorio para el ingreso en la Universidad".

En 1940 se lleva el bachillerato a seis años, esta reforma se hizo previo congreso de educadores.

En 1956, previo estudio en comisión (central y subcomisiones) para reforma y con la asesoría técnica del Dr. Emilio Wzcategui, de la Misión de la UNESCO en el Paraguay, se aprueba el Plan de Actividades Educativas para las instituciones de enseñanza media, por Decreto 24.063 de diciembre de ese año; la reforma entra en vigor en 1957. Por ella se crea en el bachillerato un ciclo básico común: 1°, 2° y 3° años, luego para el bachillerato diversificado, etapa de otros tres años de duración que comprende: Bachillerato Humanístico, Bachillerato Técnico, con estas ramas: Industrial, Comercial, Agropecuaria y un ciclo superior de tres años.

En 1968 se realiza un "Diagnóstico del Sistema Educativo" de nuestro país que sirve para la formulación en 1969 del "Plan de Desarrollo Educacional por el período 1969-1980".

La financiación para la ejecución de este plan se logra mediante un convenio con la Agencia Internacional para el Desarrollo (AID) y otro convenio con el Banco Mundial.

c) dotar de locales, equipos y materiales a las instituciones incluidas en los convenios.

a) enseñanza preprimaria no obligatoria, que comprende el jardín de infantes y el preescolar;

e) bachillerato diversificado, etapa de tres años de duración con las siguientes modalidades:

2) bachillerato técnico, con las siguientes ramas: industrial, comercial y agropecuaria.

Formación docente pos bachillerato, para la formación de profesores de educación primaria, con especialización por áreas aplicadas al nivel medio.

La evaluación en el campo de la educación ha dado como resultado un ligero mejoramiento en la lucha contra el analfabetismo.

Un escolar desnutrido por regla es perezoso. La falta de vitalidad orgánica le condiciona y lo limita.

La deserción escolar es otra de las causas. Se debe a la incultura de los padres. Están convencidos de que leer, escribir, sumar, restar, dividir y multiplicar son suficientes para afrontar los rigores de la vida.

He preguntado a varios padres del área rural por que su hijo dejó de concurrir a la escuela. La respuesta fue coincidente: "Olee kua'ama" (ya sabe leer).

Otra de las causas de tal deserción es el periodo de cosecha del algodón u otro producto. Desde marzo a abril la tarea de recolección moviliza a toda la familia. En este lapso, la ausencia de los escolares aumenta por tal motivación.

Es oportuno recordar que la ocupación en el área rural llega a 41% de la población económicamente activa y contribuye con un 31% del producto interno bruto.

El estado mayor civil de la República se ha de integrar con los hombres más capaces y honestos de la República.

La mediocridad de nuestras universidades atenta contra la excelencia de toda gestión.

El nivel cultural y profesional de los egresados deja mucho que desear. La masificación en las aulas atenta y desmerece las funciones que deben desempeñar los egresados del más elevado nivel académico.

Abogados sin recurso idiomático, con limitados conocimientos jurídicos y sin una formación cultural, desprestigian la carrera y comprometen la eficacia de nuestra Administración de Justicia.

La Universidad no será complaciente con los mediocres. De ella han de egresar los mejores exponentes por vocación, conocimiento, responsabilidad y honestidad.

Es lamentable que hayan proliferado las unidades pedagógicas en toda la República.

La habilitación de universidades privadas con fines de lucro socava los fines éticos del máximo órgano intelectual de la República. Estas universidades no cuentan con bibliotecas. La mayoría no registran cinco mil libros, salvo la Universidad Católica, que ha contabilizado treinta y cinco mil libros en sus bibliotecas.

1) El principal centro de investigación de los problemas nacionales, precisando los diagnósticos y sugiriendo las soluciones adecuadas.

6) Preparar la Reforma Universitaria en concordancia con las exigencias de nuestro tiempo.

No se justifica y menos conviene al país la proliferación de profesionales universitarios sin la debida capacidad y adecuada formación científica.

La Universidad no es consultada acerca de los agudos problemas que afectan a la nación.

Un Parlamento sin la eficiencia para legislar y atender los acuciantes desafíos que nos impone la pobreza y nuestras limitaciones.

Un Poder Judicial con magistrados ineficientes salvo excepciones. El famoso ideal de justicia pronta y barata está aún lejos de nuestra realidad.

La Universidad no cumple con sus funciones de promover la cultura y preparar profesionales idóneos para servir a la sociedad. Los cuestionamientos a las autoridades universitarias siguen desprestigiando a la casa del saber.

La evaluación de los resultados no se analiza. No existe un estudio serio acerca de la calidad de la enseñanza, el estimulo a la promoción cultural y tampoco la buena formación profesional del estudiante universitario.

El déficit con relación a los estudiantes del Mercosur es visible. Las horas de lectura, los trabajos de investigación, así como el tiempo dedicado al estudio de la carrera son indicadores de nuestras limitaciones.

Los profesores, menos los legisladores, se han ocupado de la reforma universitaria para adecuarse a los desafíos que debemos enfrentar en este conflictivo siglo.

El rendimiento del alumno-hora en nuestras universidades sobre 100 puntos, apenas alcanzan el promedio de 53%, en tanto que en las universidades del Mercosur se ha llegado al promedio de 74%. La presente gran diferencia aplaza al sistema y nos condena con una calificación ínfima que nos restan competitividad y eficiencia.

La globalización se va imponiendo día a día. Los países más desarrollados con su tecnología y ciencia dominan el mundo.

Estas opresiones desatan las desigualdades. Por tales razones fomentan la pobreza de los países deprimidos.

La globalización no defiende la libre concurrencia en el mercado en beneficio del consumidor. La supuesta liberalización de los mercados y la desregulación de la economía tienen por objetivo dejar cautivos los mismos al manipuleo de las transnacionales y, en consecuencia, impiden la libre competencia para imponer los precios y la demanda en beneficio exclusivo del capital especulativo. La competencia ya no es solo de precio. Como consecuencia del ímpetu de la globalización se ocupan menos trabajadores, se reducen las ofertas, se cautivan los mercados.

La protección a sus productos limita la competencia, desordena el mercado y condena a más pobreza a los países deprimidos.

Mientras ellos exigen la liberación de los mercados, nos cierran los suyos. El privilegio que obtienen condiciona nuestro desarrollo.

La falta de equidad de los países que nos someten a la globalización, con sus consecuencias de dirigir el mercado universal y oprimir el desarrollo de los pueblos, determina el catastrófico estado económico y social de las naciones.

Las 2/3 partes de la población mundial se encuentran en la franja de la pobreza.

Los temas de la geopolítica no son estudiados con la intensidad debida. Los futuros gobernantes del Paraguay desconocen los efectos de la aplicación de los principios de la geopolítica.

La perdida de nuestra soberanía sobre nuestros recursos naturales se debe a la ausencia de un programa estratégico de defensa y preservación.

Sugerimos que la geopolítica se incluya como una asignatura obligatoria en las unidades pedagógicas de la universidad.

Las limitaciones de nuestros egresados se manifiestan en las funciones de gobierno. Es pertinente recordar que las buenos y eficientes gestiones gubernativas se trasuntan en la formación idónea y honesta de sus funcionarios.

Las cifras que acabamos de advertir reflejan una situación que debe mejorar.

El esfuerzo por alfabetizar la población con los programas conjuntos ha significado un ligero repunte.

La idoneidad de nuestros profesores del ciclo primario es otra de las causas del nivel actual.

La mayoría de los profesores y profesoras del ciclo elemental provienen de modestos hogares, sin tradición de cultura. Agréguese la pereza de leer, que afecta la promoción cultural de nuestros conciudadanos.

Las bibliotecas públicas con escasa concurrencia. El hábito de leer los diarios no motiva a la población. El periódico de más tiraje no pasa los 50 mil ejemplares.

La lectura se limita a las informaciones deportivas y las noticias sociales de interés para las mujeres.

El editorial que señala la situación política, social, económica y cultural de la nación, es hoja para unos pocos lectores.

Las radioemisoras, los diarios, las revistas y la televisión han contribuido a mejorar el nivel cultural de la República.

Es prioritario exigir a los estudiantes la responsabilidad de estudiar en libros y no en dictadillos. El estudiante está condicionado por el hábito de recurrir a los dictados. Quizá la situación económica les obliga a tal decisión, pero aún con bibliotecas a su alcance optan por esta funesta costumbre.

Los pueblos con más horas de lectura registran los niveles más significativos de cultura.

No pretendemos que el bachiller al egresar sea un erudito. Se ha dicho que la cultura es lo que queda cuando se ha olvidado la erudición.

Otro de los errores es apelar a la memoria y no al razonamiento. El maestro Montaigne decía: "Saber de memoria no es saber". Rousseau exclamaba con sabiduría: "Muchos se atienen a lo que los hombres deben saber, sin considerar lo que los discípulos están en condiciones de aprender".

En las escuelas seria de buena práctica estimular el trabajo comunitario, pues sus efectos positivos impulsan al dialogo y promueven el esfuerzo para alcanzar el "Bien Común".

El egoísmo desintegra y alienta la injusticia por justificar el abuso individual.

La educación ha de ser la brújula que nos encamine hacia el progreso y hacia los excelsos valores de los derechos humanos.

La primera obligación del educacionista es conocer la psicología del niño. Nuestros maestros y maestras del ciclo primario poco conocen de la psicología del escolar.

Para educar se debe llegar al alma y a la mente. Estudiosos de la problemática consideran al niño una fuerza que progresa, un movimiento hacia adelante o, mejor dicho, un ímpetu.

La infancia es la edad de la esperanza y de los sueños. El niño es el ser -y el único ser- que vive más allá de sí mismo.

La escuela para el niño constituirá el segundo hogar que lo acoge estimulando su confianza y optimismo.

La escuela no ha de convertirse en una correccional de delincuentes, si una puerta para formar su carácter, con los valores éticos del respeto, el aliciente de la sana alegría y la motivación de aprender para alcanzar mejores días.

Se ha constatado que la práctica de los deportes favorece su desarrollo físico y mental. Lo disciplina para orientarlo en la convivencia cívica.

La lectura estimula su ansia de saber y lo encamina a los estrados de la cultura.

Un niño resentido será tratado con estímulos. El deporte, el arte y la lectura y las fiestas sociales lo incorporan en su grupo social.

Cuan errado están aquellos que pretenden ver en el niño un candidato para la ciencia.

Respetemos su psicología, alegremos su vida, otorguémosle confianza y encaminemos a ese contingente valioso para ingresar en el ejército de los ciudadanos probos.

La nutrición, la higiene, la recreación deportiva o artística, el descanso reparador y una vida sobria exaltaron la personalidad del ser humano.

Niños sanos, jóvenes pletóricos y sobrios, ciudadanos honestos y laboriosos conforman la sociedad civilizada.

El Dr. Vicente Sarubbi Zaldívar, al referirse a la educación formal, opina: "Hemos reconocido en la educación formal el sentido primigenio de seleccionar y, aunque parezca contradictorio, viabilizar la igualdad de oportunidades. Además la educación como sistema parcial especializado de la sociedad tiene la misión de reproducir valores, axiomas, formar y calificar a las personas en beneficio de los otros sistemas parciales.

"En el Paraguay, sin miedo a equivocarnos, podemos afirmar que la educación formal está cumpliendo con serias deficiencias su misión, tanto democratizadora, de garante de la igualdad de oportunidades, como la producción de conocimientos y de formación y calificación del recurso humano.

"En el primer grado de la escuela general básica, que conforme a la Constitución del 92 debe abarcar hasta el noveno año, la cobertura educacional es muy próxima al 100%. Sin embargo, por desgranamiento sucesivo al sexto grado, ya no accede sino el 45% de los niños en edad de hacerlo".

El presente comentario interpreta la realidad de nuestro sistema educacional que hasta hoy no ha alcanzado las metas propuestas. La deficiente preparación de nuestros bachilleres, salvo excepciones, es la causa principal del fracaso de los postulantes para ingresar en las facultades.

Es oportuno reiterar que la primera escuela debiera ser el hogar. Las limitaciones culturales de los padres influyen negativamente en la formación intelectual de sus hijos.

La pobreza de la población en un 60% es la causa principal del insuficiente nivel de vida de sus habitantes.

Pobreza, ignorancia e improductividad marcan el destino trágico de los pueblos en vías de desarrollo.

El cambio estructural del país es el gran desafío para alcanzar las metas. La pobreza, la ignorancia y la incultura determinan la situación de atraso en gran parte de la América Latina.

Las estadísticas prueban con los números la situación política, económica, social y cultural de una nación.

La teoría de las probabilidades y la teoría de los grandes números precisan los datos estadísticos.

Pobreza es igual a incultura, expresada en la ignorancia generalizada y en la improductividad laboral.

La centralización o el absolutismo de los reyes en las edades Antigua y Media tuvieron que transferir la gestión por la distancia del territorio. Pilatos representaba al emperador romano.

El siglo XX fue de transformación política, económica y social. La democracia como sistema de gobierno ganó espacio en Europa y otros países de América.

El auge de la progresión industrial enfrentó a los capitalistas con los obreros.

El analfabetismo fue cediendo ante los requerimientos de una vida más exigente. La tecnología aplicada condicionó más conocimientos.

La educación no estuvo ajena a las propuestas de descentralización y desconcentración.

Hasta 1930 la mayoría de los distritos se limitaban a habilitar los 4 ó 5 grados de la escuela primaria.

La segunda enseñanza en ciertas ciudades como Asunción, Villarrica, Encarnación y Concepción. La universidad en Asunción.

En 1961 por primera vez se inauguró en Villarrica la Universidad Católica con las facultades de Economía y Administración.

Gracias a la descentralización la mayoría de los pueblos y ciudades del interior han habilitado los cursos de la primaria y de la segunda enseñanza.

Las universidades han proliferado, especialmente las privadas. Esta proliferación de las unidades académicas constituye un serio riesgo que atenta la idoneidad del profesional y un mal para el país.

Se ha estimulado el proletariado intelectual. 15 mil abogados sobrepasan los requerimientos del servicio jurídico. El Paraguay, según estudios serios, con la población actual no debe sobrepasar el número de 10 mil abogados.

La principal característica de la descentralización consiste en la personalidad jurídica del órgano, con autonomía en sus decisiones por disposición de la ley.

Los órganos descentralizados son las municipalidades, las gobernaciones, el Banco Central del Paraguay, la Universidad Nacional, el Banco Nacional de Fomento y otros entes.

Todos los órganos descentralizados tienen autonomía, es decir, pueden tomar decisiones. Sin embargo, no todos los entes descentralizados gozan de autarquía, el no poder disponer de sus propios recursos.

La autonomía le concede la atribución de tomar decisiones. La autarquía es contar con recursos propios y poder administrarlos y disponerlos.

La Universidad Nacional es autónoma pero no autárquica, pues sus recursos dependen del Presupuesto General de la Nación y tales recursos están disponibles una vez que el Poder Ejecutivo le acredite la suma prevista en su presupuesto.

El Prof. Saint de Bujanda, al referirse al Derecho Financiero, enumera tres núcleos temáticos:

3) la participación de los entes públicos en empresas de titularidad privada.

La descentralización puede darse en cualquiera de estos tres núcleos. La descentralización es imprescindible en las empresas de titularidad pública y de participación de los antes públicos en las empresas de titularidad privada. Un ejemplo de esta última gestión es la empresa mixta, con participación estatal.

El Estado Unitario -Paraguay- se ha caracterizado por la centralización política y la descentralización administrativa, en estos últimos 18 años.

Es oportuno reiterar que las entidades autárquicas son personas jurídicas pertenecientes a la rama del Derecho Público. Caracterizan a las entidades autárquicas descentralizadas su patrimonio constituido con aporte estatal y capacidad de decisión. Los actos y contratos formalizados por las "entidades autárquicas" son actos administrativos.

La descentralización y la autarquía de los entes públicos no privan al Estado de intervenir dicha administración, cuando lo juzgue conveniente.

El Banco Central del Paraguay, el Banco Nacional de Fomento y otras entidades de tal naturaleza pueden ser intervenidos por el Estado.

Las municipalidades también pueden ser intervenidas por decisión de la Cámara de Diputados. Ver artículo 222 de la Constitución Nacional.

La ley confiere ciertas funciones a otros entes subordinados a la administración central.

El órgano desconcentrado carece de personalidad jurídica. Ejemplo de desconcentración son los tribunales de la República, pues la representación del Poder Judicial sólo la ejerce la Corte Suprema de Justicia.

Otro ejemplo de desconcentración administrativa es la situación de las seccionales o comisarías policiales. Al carecer de personalidad jurídica no son entes descentralizados, si entes desconcentrados.

Las oficinas recaudadoras del interior del país son otros ejemplos de desconcentración.

Las escuelas y los colegios en las diferentes ciudades y pueblos de la República constituyen un claro ejemplo de desconcentración y no de descentralización.

El nivel de nuestros profesionales de las universidades nacionales no califica con la nota de buena, apenas regular.

El proletariado intelectual que cada año entra a competir distorsiona el equilibrio del mercado y perjudica el grado de bienestar.

Otro factor de insuficiencia radica en la incultura de nuestros bachilleres.

Muchos estudian la carrera por conveniencia y no por vocación. El sector de los abogados presentan el mayor porcentaje de profesionales sin vocación.

Se ha constatado que el egresado universitario ha de cumplir con los siguientes requisitos:

La prueba del porcentaje de percentil es obligatoria en varias universidades.

La presencia al frente de las cátedras de profesores solventes no son los más.

Por tales razones podemos afirmar que las universidades paraguayas marcan índices de insuficiencia cultural e insolvencia profesional en un gran porcentaje.

La población universitaria no guarda relación con las posibilidades de trabajo por el exceso de oferta.

La falta de capacitación de los jóvenes en el sector de otras ocupaciones laborales presiona la concurrencia hacia las profesiones liberales.

Las ideas filosóficas son determinantes en la aplicación de la política económica.

Si optáramos por la doctrina liberal aceptaríamos la regla de la oferta y la demanda.

La teoría de la social democracia que acepta los postulados del socialismo con menor intervención del Estado, pero el protagonismo del gobierno en la orientación de esa política, no ata la economía a ese dogma de la oferta y la demanda.

La equidad en la redistribución de la riqueza requiere el protagonismo del Estado con leyes justas para evitar las aberrantes desigualdades sociales.

Un sistema tributario conforme a la realidad económica del país, con el objetivo de redistribuir los ingresos y evitar los excesos de acumular riquezas por la vía fácil del privilegio.

El segundo medio con que cuenta el gobierno es la inversión en obras prioritarias para el país, en atención a su desarrollo.

Por último, la asistencia social para atemperar las odiosas desigualdades generadas por la injusta distribución de los ingresos. Paraguay es uno de los países de América Latina con menor cobertura de salud. El setenta por ciento de su población carece de seguro y el 60% de asistencia sanitaria.

El joven que concluía su servicio militar al no encontrar ocupación emigraba preferentemente a la Argentina. Los brazos más productivos se alejaban del país.

En la emigración temporal o llamada "golondrina" sus miembros, en un número aproximado de treinta mil, iban a recoger algodón de las provincias limítrofes de Formosa, Chaco y Misiones (Argentina).

El éxodo de mujeres paraguayas sigue afectando a nuestra economía. Un nuevo mercado, a más de la Argentina, es España y en menor número Italia y otros países.

La economía informal lesiona la normalidad del Paraguay. En primer lugar afecta el ingreso de los recursos tributarios. El comercio ilegal que se manifiesta por el contrabando y el cultivo de la hierba maldita (marihuana) fuera del comercio legal y formal atenta contra el ordenamiento económico-financiero de la nación.

La emigración de los jóvenes agricultores de su hábitat a las ciudades resta áreas de cultivo.

El minifundio y la ausencia de la tecnología condenan a la mayoría de nuestros agricultores asentados sobre áreas de minifundio a la pobreza crítica.

Las tierras degradadas por el mal uso de ellas y la pérdida de sus valores orgánicos atenta contra la productividad en los cultivos.

El P.H. requerido para las unidades de la producción se estima como promedio un 6. Nuestras parcelas no llegan al 5, salvo las tierras de las cooperativas extranjeras y algunas nacionales que alcanzan el 7.

La Reforma Agraria debe resolver algunas cuestiones, como la pésima distribución de la tierra. No es justo, menos productivo, que 3.000 propietarios sean dueños del 70% del territorio de la República.

La producción de soja se ha acrecentado con los implementos mecánicos y su cultivo a nivel empresarial ha alcanzado más hectáreas.

El algodón, aún no ha merecido la aplicación mecanizada. Sigue siendo la producción de las familias modestas y la principal fuente de ingreso del campesino.

Las tierras de minifundio limitan el rendimiento por hectárea, con apenas 1.000 kilos por hectárea, cuando la productividad en los países limítrofes ya ha alcanzado los 2.000 kilos por hectárea.

Hasta tanto no resolvamos el problema de la equitativa posesión de las parcelas y la productividad de ellas, la grave cuestión rural seguirá azotando a la mayoría de los hogares campesinos.

La pobreza se combate con el esfuerzo común en cooperativas o comités o ayudas colectivas, como la minga y el yopoi.

La productividad de las áreas cultivadas, con la mecanización e inteligente comercialización de los productos ofrecidos o en demanda.

El paraguayo durante los gobiernos de Francia y López se sintió poseedor de su tierra. Tenía conciencia de que la tierra era de quien la trabajaba.

Rodríguez de Francia marginó del comercio el inmueble, la venta de ellas casi desconocida. Algunos levantamientos habían quedado como secuelas de los privilegios establecidos durante la colonia mediante las adjudicaciones por titulo de merced real.

El medio ambiente depredado por la deforestación de nuestros milenarios bosques ha dejado con escasa selva, habiendo perdido el país desde 1875 a la fecha el 80% de sus reservas.

Es urgente aplicar las mejores técnicas para reforestar nuestros campos, hoy muchos de ellos desolados por la agresión delictiva de los delincuentes del medio ambiente.

Los acuciantes problemas del agro requieren recursos y aplicación técnica para restituir al país sus bosques.

Es oportuno reiterar que el Paraguay fue considerado antes de la guerra de 1870 como el Jardín de América.

Quien azota a la naturaleza condena a la pobreza a la nación. Si definimos la política como la expresión ética de posibilitar la alimentación, vestimenta, educación, trabajo y asistencia social al pueblo, la función del Estudio debe ser trascendente.

No se interprete esta máxima aristotélica como una adhesión a los regímenes totalitarios, si encamina la gestión pública para alcanzar un Estado de Derecho, mediante la vigencia de leyes que sean aplicables para lograr el bienestar general.

La primera función de la administración de justicia es castigar los delitos para que no queden impunes.

El jurisconsulto romano Decio exhortaba: "El castigo de los delitos es de interés público".

Las garantías al productor, al ciudadano en general, es fundamental. Sin seguridad la nación se convierte en paraíso de delincuentes y en un rebaño humano sin ley.

El auge económico, el desarrollo se logra en una sociedad ordenada por el respeto y las practicas de las buenas costumbres. Muchos de nuestros conciudadanos hoy se ven obligados a preservar sus lecheras en su propia habitación por la proliferación del abigeato, principal delito que se perpetra en la zona rural.

El profesor Dr. Efraín Enríquez Gamón, en su consagrado libro "Introducción al Estudio de la Economía", expresa en la pagina 76 cuanto sigue: "Decíamos que el factor tierra está constituido por los bienes naturales.

"Ahora bien, la expresión no corresponde solamente al suelo cultivable sino también a toda atmósfera y al subsuelo; en fin, a todos los componentes de la naturaleza que el hombre utiliza para la realización de sus fines económicos. Sus características responden a la siguiente clasificación:

"a) El ámbito geográfico o espacio territorial, que contiene al reino animal, mineral y vegetal.

"b) El ámbito atmosférico, que proporciona el oxigeno del aire, la luz, el calor del sol, el régimen de lluvias, las rutas para la navegación aérea y los medios de comunicaciones".

Los países que aprovechan sus recursos naturales con gran índice de productividad son los que se desarrollan.

En los países con menor desarrollo la ocupación se concentra en el sector primario de la producción económica. Es uno de los generadores de materias primas sin el valor agregado, por esta razón los beneficios provenientes de estas áreas son menos remunerativos.

La falta de estímulos en la actividad agrícola obligó a nuestros conciudadanos a emigrar hacia la ciudad, preferentemente en los suburbios.

La marginalidad que les afecta, la desocupación o el salario insuficiente trastornan la vida de estas personas. Su hábitat sin higiene, una alimentación incorrecta que, lejos de nutrirlos, atenta contra la salud.

La emigración rural empobrece y el asentamiento de estos nuevos contingentes hacia la periferia de las ciudades trastorna el equilibrio social.

La delincuencia aumenta, la prostitución degrada a las mujeres jóvenes y la inseguridad su nefasta consecuencia.

El gobierno que asuma la responsabilidad de administrar el país debe corregir el asentamiento de la población.

De acuerdo con los estudios los analistas han sugerido que la proporción para el año 2010 sea:

El cierre de 400 plantas industriales en la República después del colapso financiero de 1995, con la quiebra de varios bancos y otras instituciones financieras pesaron negativamente sobre la producción.

El repunte comenzó en el año 2003 con la soja y la exportación de la carne y de otros productos.

La promoción económica del sector rural ha de constituir una precedencia en el plan de gobierno:

6) Mejorar la calidad de los productos ofertados para entrar en competencia.

El ejemplo de Israel y Taiwán, con superficies mínimas de territorio obtienen muy buena cosecha por sus avances tecnológicos y la capacitación de sus productores.

Los grandes pensadores han emitido las siguientes opiniones acerca de la economía:

"En orden a los problemas nacionales, los económicos son los primeros precipuos" (Unamuno).

"La pobreza es destructora de la libertad. La riqueza eleva el nivel moral e intelectual de los agregados humanos" (Giddinas).

"Lo que se llama civilización es resultado de la riqueza material" (Pelletan).

"Todo fenómeno social es el reflejo de las condiciones económicas de los pueblos" (Faria).

"Las condiciones económicas están en la raíz de los fenómenos sociales y esas condiciones son la resultante de la raza y el ambiente telúrico" (Ferri).

"La fuerza económica oculta esta siempre tejiendo la trama de la historia" (Juan Agustín García).

"Multiplicar el número de propietarios es consolidar la República" (Benton).

"Riqueza e inteligencia, fuerzas equivalentes. Dadme una cantidad de movimiento y os daré una cantidad de luz y de calor. Dadme millones de dinero y os daré sabios y amantes de la belleza y del bien. El dinero se transforma en idea" (Fouille).

"La riqueza de la burguesía hizo posible la secularización de la ciencia" (Renan).

"Sin el dinero acumulado por el mercantilismo italiano, hubiera sido imposible el Renacimiento, la resurrección de la belleza clásica" (Raúl de Saint Víctor).

"La civilización está representada en estos tiempos por el desarrollo de los intereses materiales cuya consecuencia sencilla es la elevación del nivel moral e intelectual de cada país" (Alberti).

Es oportuno señalar que la falta de crédito a interés razonable es la primera causa de la depresión económica rural, a más de la desposesión del campesino para cultivar.

La falta de instrumentos de labranza limita la producción y empobrece al campesino.

Los caminos en pésimas condiciones trastornan la circulación y venta de los productos.

El minifundio y la improductividad de nuestras tierras degradadas son otro condicionante de la pobreza en el Paraguay.

La pertenencia histórica nos explica el problema del minifundio en nuestra República.

El consagrado historiador compatriota Ricardo Caballero Aquino, al referirse a las ventas sucesivas de las tierras fiscales, en la página 99 de su promocionado libro "La Segunda República Paraguaya", comenta: "Los gobiernos de la primera parte de la post-guerra consideraron a las tierras públicas como recursos de capital. Rivarola y Jovellanos habían hipotecado todos los prados, bosques y yerbales de propiedad gubernamental como garantía de los préstamos ingleses. Y después de haberse recibido, gastado los fondos del empréstito, los gobiernos nacionales no dudaban en poner a la venta los terrenos y yerbales fiscales como medio expedito de rescatar a la tesorería de la ruina financiera. Como consecuencia de esa situación, la ley de agosto de 1871 autorizó al Poder Ejecutivo a recaudar hasta $ 7.500.000 en remate público de los mejores postores. Un comité parlamentario establecía el valor referencial de las tierras antes del remate y se prohibía la venta de las tierras a cambio de sumas por debajo de los dos tercios de la avaluación. Esta ley también incluyó la venta de propiedades urbanas a excepción de los edificios de las escuelas, de los ejidos (propiedad comunal ubicada en un radio de 2,3 kilómetros de la Iglesia local) así como los yerbales. Lo obtenido de las ventas tenía que ser utilizado exclusivamente al servicio de la deuda doméstica acumulada a partir de 1869".

La venta posterior de las tierras públicas privó al país de su más valioso patrimonio.

Se justificarían tales ventas en proporciones razonables y a precios equitativos.

La adquisición de leguas y leguas de tierras fiscales modificó la estructura ocupacional de los inmuebles.

El paraguayo, ayer poseedor de su parcela que cultivaba, de pronto se vio expulsado de su tapyi, por la venta de las tierras fiscales.

El latifundio pronto concentró la propiedad en manos de unos pocos terratenientes, la mayoría de ellos extranjeros.

Esa nefasta secuela sigue gravitando sobre la población rural. Y hoy, en pleno siglo XXI, tan solo 3.000 propietarios absorben el 70% del territorio nacional.

El científico compatriota Dr. Carlos Gatti al estudiar nuestro suelo estima: "El río Paraguay separa no solamente dos pueblos tan diferentes, como pampeanos y brasilio-guaranies, sino que separa categóricamente dos suelos diferentes.

"En la Región Oriental, habitada por los guaraníes, el suelo es arena arcillosa-ferruginoso, pobre en calcio, ondulado y permeable (hace excepción el ángulo Apa-Paraguay, rico en calcio pero menos habitado). Las lluvias torrenciales de la región determinan violentas corrientes de agua, tanto horizontales como verticales, que lavan el suelo privándolo de elementos minerales fijo-salubles.

"La Región Occidental o Chaco es una llanura uniforme horizontal, con un declive apenas perceptible, de tierra arcillosa impenetrable; también pobre en calcio. Las lluvias forman aquí por falta de declive, grandes bañados, en los que el agua corre lentamente hacia el rio Paraguay, evaporándose casi toda, por lo general, antes de llegar a este. El lavado del suelo es despreciable, ya que la corriente horizontal es débil y no existen por la impermeabilidad de la capa arcillosa corrientes verticales. Además, como gran parte del agua llovida se evapora ‘in situ’, deja ahí las sales minerales fijas que podía haber disuelto".

El problema que sigue incidiendo en nuestra progresión rural se origina de la incultura de la población campesina.

La tecnología aún no ha beneficiado a ese deprimido agricultor con déficit de conocimiento y de recursos para mejorar su depresiva situación económica-social y cultural.

Los graves inconvenientes que afronta el sector agrícola en nuestro país radican en los obstáculos para competir en el mercado exterior.

La producción anticipada de ciertos productos como el plátano, el tomate, la sandia y el melón y legumbres frescas, puede ayudar a ingresar en esos exigentes mercados ayudados por la coyuntura que nos ofrece la producción temprana de ciertos productos.

El riego es otro factor para mejorar la productividad. El regadío de las plantaciones preserva los cultivos y estimula su productividad.

Nuestra agricultura aún no ha superado estas exigencias, razón por la cual nuestras materias primas suplen los inconvenientes propios de la improvisación.

Los cultivos de la soja, del trigo y del arroz a nivel empresarial han mejorado la calidad de esos granos y su presencia en nuevos mercados alienta a los productores.

El grave problema de la falta de recursos, la falta de tecnología, la imposibilidad de acceder a créditos razonables, el minifundio improductivo, así como la adecuación de los cultivos en áreas convenientes lesionan la economía de los modestos agricultores, los condena a la pobreza crítica.

La relación de causa a efecto es determinante en la situación económica-social y cultural del campesino paraguayo.

En mi niñez escuchaba con frecuencia en las chacras decir al karai: Che naicotevei ahá almacén. Che kokuepe arecopa la upyrá". Hoy nuestra realidad es otra. El campesino desayuna con galletas. El mbeyu, la chipa, el caburé, van desapareciendo del menú hogareño.

Los nutritivos jugos de nuestras frutas han sido sustituidos por las gaseosas, que no son saludables y si gravan la modesta economía hogareña.

La agricultura debe volver a constituirse en un sector de valiosa producción, incorporando los brazos jóvenes, antes que deserten hacia la ciudad. Para tal fin se ha de compensarles con una retribución aceptable y así liberarlos de la marginalidad que padecen en las urbes.

Está llegando la hora de la producción especializada que requiere idoneidad, tecnología, recursos, competitividad y precio de las materias primas.

La segunda etapa del desarrollo rural debe encaminarse hacia la promoción de las agroindustrias, con su valor agregado.

c) riegos que preserven los cultivos y eviten las consecuencias catastróficas de la sequia;

La población del Paraguay fue estimada en 5.163.018 habitantes, distribuidos por edades:

En este cuadro estadístico se observa que el Paraguay es uno de los países con población más joven.

El porcentaje de analfabetos al 12%. El porcentaje que se asigna a los analfabetos consideramos ligeramente bajo. Esta proporción llega al 12% de analfabetos plenos y 35% de analfabetos funcionales.

En el año 2002 estimaron en 2.550.000 habitantes. A fines del 2007 se calculó en 2.670.000 trabajadores. La diferencia es mínima con respecto al censo del año 2002. La explicación está dada por la elevada tasa de emigración.

Los hombres y mujeres de 20 a 40 años han emigrado al extranjero: Argentina, Estados Unidos, España y otros países, en busca de trabajo.

La tasa de desocupación a la fecha no ha aumentado, y si hubo el porcentaje se estima en un 10% sobre la población económicamente activa.

a) Sector primario: ocupación rural en la agricultura, ganadería y servicios conexos: 39%.

c) Sector terciario: en el comercio, actividades profesionales, empleados administrativos y domésticos, se estima en noviembre del año 2007 en 32%.

Lo importante es la productividad de esas ocupaciones. En el Primer Mundo o países desarrollados, el rendimiento hombre-hora es del 91%. En los países medianamente desarrollados la relación es del 73%. En las naciones deprimidas por la pobreza apenas llegan al 50%.

Si traducimos en horas de rendimiento, en el Primer Mundo el 91% sobre 8 horas de trabajo es 7 hs. 28 minutos.

En los en vías de desarrollo o países pobres el rendimiento apenas alcanza a 5 horas.

Estas son nuestras realidades que debiéramos afrontar y corregir a la brevedad para transitar hacia el camino del progreso.

Siempre se insiste en la Reforma Tributaria. Con la aplicación de nuevos impuestos no vamos a mejorar las recaudaciones y menos aplicar esos recursos a sus fines financieros y sociales.

Lo fundamental es mejorar sustancialmente la administración fiscal, desburocratizando la gestión administrativa y evitando el alto porcentaje de evasión.

El desarrollo económico de una nación se implementa por la acertada política económico-financiera del sector público y en la producción progresiva con calidad, costo y precio competitivo.

Aun falta superar estas etapas en la dinámica comercial de este mundo cada día más globalizado.

d) ordenar una equitativa redistribución de los ingresos para corregir las aberrantes desigualdades sociales.

La política crediticia y cambiaria ajustada a nuestra realidad. Los créditos que favorecen la especulación deben ser desalentados.

La estabilidad monetaria para evitar los perniciosos efectos inflacionarios.

Las reservas naturales con su potencial hídrico favorecen al desarrollo del país.

Existe cierta alteración en la referida estructura. Consideramos alta la tasa de ocupación en el sector terciario o de empleos. Muy baja en el sector secundario o de la industria e insuficiente en el sector primario, que no debiera estar menos del 40%.

Arndt es uno de los teóricos más renombrados que defienden la idea de que el estructuralismo emerge como una corriente del pensamiento económico convencional a raíz de las críticas al sistema del mercado. Según Arndt la incompatibilidad del mercado como el mecanismo óptimo para asignar y ocupar plenamente los recursos productivos surgieron como corriente en el Reino Unido durante los años 1930-1940 y de hecho articuló las discusiones en torno a la planificación, fundándose así las bases conceptuales del estructuralismo.

Keynes, el economista de mucha gravitación en la crisis económica del año 1930, criticó duramente al mecanismo hasta entonces sagrado del mercado como la palanca para lograr utilizar plenamente los factores de producción.

La teoría clásica de la oferta y la demanda ha cedido ante los estudios serios y convincentes de Arndt, Keynes y otros.

El monopolio y el oligopolio distorsionan el mercado y alteran la ley de la oferta y la demanda.

Aquellas medidas que enfrentan la verdad condenan al fracaso a sus ejecutores.

En toda actividad humana se debe estar en conocimiento de la realidad que nos circunda.

Un país alterado por la ignorancia, por el mal uso de sus recursos, sin tecnología ni organización, no podrá transitar por el camino del progreso.

La estadística es el mejor termómetro para determinar la salud política, económica, social y cultural de la República.

El Poder Constituyente es un órgano dependiente de los otros poderes del Estado.

Su competencia debe ser exclusiva para sancionar y promulgar la Ley Fundamental de la Nación. No ha de arrogarse atribuciones de los otros poderes ni podrá sustituir a quienes se hallen en el ejercicio de sus funciones.

La Convención Nacional Constituyente no podrá integrarse con más de setenta y cinco convencionales ni menos de sesenta.

El Poder Constituyente es originario y se establece en virtud del principio universal que prescribe: "La soberanía de la nación reside en el pueblo".

El diccionario de la lengua castellana la define: "Poder supremo del que dirimen todos los demás poderes y que en un país libre y democrático se origina en el pueblo y pertenece al pueblo".

Mientras siga vigente el actual Código Electoral con la imposición de las listas cerradas -llamadas popularmente "sabanas"- la soberanía no residirá en el pueblo sino en los grupos de presión, de interés.

Es hora de que se modifique el Código Electoral para que el pueblo vote y elija y no sólo este compelido a votar sin poder elegir. Es atribución del Poder Constituyente sancionar y promulgar la Ley Fundamental de la República.

La función principal de este órgano del Estado es sancionar las leyes y ejercer el control para que la legalidad este vigente en los actos de gobierno.

La pregunta que debemos contestar es si optamos por el sistema bicameral o por el unicameral.

La de 1967 y la de 1992 establecieron el sistema bicameral, con dos cámaras: la de Senadores y Diputados.

En el artículo 97 de nuestro Anteproyecto proponemos: "El Poder Legislativo será ejercido por el Congreso. Se compondrá de setenta representantes".

Los mandatarios duraran en sus funciones cinco años y no podrán ser reelectos por más de tres períodos completos (15 años de ejercicio) consecutivos. Serán elegidos por los ciudadanos de sus respectivas gobernaciones y los de la capital por sus habitantes a través de listas desbloqueadas.

4) ser postulado por partidos o movimientos políticos con personalidad jurídica reconocida.

3) quienes no aprobaron el ciclo de la segunda enseñanza, salvo un representante por cada partido o movimiento si así lo optaren;

4) los propietarios, representantes de empresas o firmas nacionales o extranjeras que sean concesionarios de servicios estatales o de ejecución de obras o provisión de bienes al Estado;

6) los propietarios y copropietarios de los medios masivos de comunicación, salvo que sean accionistas de esas sociedades y no integran el Directorio como miembros titulares o suplentes;

7) los ministros o religiosos de cualquier credo hasta tanto no hayan renunciado a tal investidura;

8) los militares y policías en servicio activo siempre que no hayan pasado a retiro seis meses antes del acto eleccionario; y

9) los funcionarios públicos que ejerzan funciones directivas, salvo que renuncien a sus respectivos cargos seis meses antes de la fecha de las elecciones. El que sigue en el cargo tres meses después de la renuncia queda inhabilitado.

Los representantes del Poder Legislativo no podrán ocupar otro cargo público ni privado, con excepción de Ministro del Poder Ejecutivo o del Poder Judicial.

Para desempeñar dichas funciones deberán solicitar previamente el permiso correspondiente a la Cámara de Representantes.

8) Determinar el régimen legal de la enajenación y adquisición de los bienes fiscales, departamentales y municipales.

9) Expedir resoluciones y acuerdos internos, formular declaraciones de acuerdo con su competencia.

11) Autorizar por tiempo determinado concesiones para la explotación de los servicios públicos nacionales, multinacionales o de bienes del Estado, así como la extracción y transformación de minerales sólidos, líquidos y gaseosos.

12) Sancionar leyes para la organización de la República, la creación de entes descentralizados y el ordenamiento del crédito público.

13) Dictar leyes de emergencia en los casos de desastres o calamidades públicos.

14) Recibir del Presidente de la República un informe sobre la situación general del país, de su administración y acerca de los planes del gobierno.

16) Prestar los acuerdos y efectuar los nombramientos que esta Constitución prescribe, así como las designaciones de representantes del Congreso en otros órganos del Estado.

18) Decidir el traslado de la Capital de la República, por mayoría absoluta de 2/3 (dos tercios) de votos de los miembros de la Cámara de Representantes.

19) Aprobar o rechazar en todo o en parte la rendición de cuentas de los ingresos y egresos referidos a la ejecución del Presupuesto General de la Nación.

20) Reglamentar por ley la navegación fluvial, la aérea, marítima y espacial.

Los proyectos de ley pueden tener su origen en la Cámara de Representantes, en la Asamblea Nacional Permanente, a propuesta del Poder Ejecutivo, a iniciativa popular o a instancia de la Corte Nacional de Garantías Constitucionales y en los casos previstos por la ley.

Si el proyecto fuera aprobado con menos de los dos tercios de votos presentes, se volverá a discutir en la Cámara, y si se confirma la simple mayoría quedara sancionado y remitido al Poder Ejecutivo para su promulgación y publicación, si no la vetare.

Todo proyecto será presentado con una exposición de motivos. El Poder Ejecutivo podrá retirar del Congreso los proyectos de ley que hubiera enviado o desistir de ellos, salvo que ya estuvieren aprobados por la Cámara de Representantes.

Puede darse el caso que el Poder Ejecutivo no haya presentado el Proyecto de Ley General de Presupuesto de la Nación en los plazos previstos, entonces seguirá vigente el presupuesto del ejercicio anterior.

Es oportuno citar a los funcionarios superiores y legisladores con garantía de fueros:

La Corte Nacional de Garantías Constitucionales es el tribunal competente para entender el procedimiento relativo al cese de tales prerrogativas, salvo para los miembros de la Asamblea, que serán juzgados por un jurado integrado por cinco profesores de Derecho titulares de cátedra. Esta Asamblea Nacional Permanente será competente en el juicio político que se instruya al Presidente de la República.

Las acusaciones podrán ser formuladas por denuncia fundada por el ciudadano acusador o la autoridad que la suscriba.

Al remontarnos a los hechos históricos hemos observado los desajustes en la gestión gubernativa.

El Poder Ejecutivo con sus decisiones directas rompía el equilibrio de los poderes.

El Judicial fue el más afectado. La administración de justicia estuvo sometida a los otros órganos del Estado, preferentemente al Poder Ejecutivo.

La despolitización parcial de la Asamblea Nacional Permanente pretende dotarle de autonomía como institución jerárquica de control con el objetivo de evitar los abusos de mando en los otros poderes del Estado.

La Asamblea Nacional Permanente no integra ninguno de los tres poderes, pero su función de control de los actos de gobierno mejorara la vigencia del principio de legalidad.

La designación de los honorables miembros de la Asamblea Nacional Permanente por el voto popular y como representantes de los partidos y movimientos políticos al desbloquearse las listas y poder impugnar el elector a cinco de sus candidatos de la lista propuesta se lograra una elección más selectiva, ajena a los intereses de grupos de presión que han impuesto la dictadura en los partidos políticos.

El sistema de elección concede el 50% a los partidos y movimientos políticos y el 50% a las asociaciones de la producción (comercio, industria, agricultura) y asociaciones de la salud, de la educación, de abogados y representante de militares que han pasado a retiro y un representante por los sindicatos reconocidos.

La idoneidad y honorabilidad de los miembros de la Asamblea Nacional Permanente son fundamentales para ejercer la trascendente función de control de los actos de gobierno.

La nueva modalidad de elección trata de impedir la supremacía de los caudillos de color que sectorizan las gestiones y no garantizan la legalidad de los actos.

Si este órgano de control no cumple con sus funciones éticas, la culpa será exclusivamente de los electores.

a) elegir al Presidente de la República en caso de acefalia, conforme a la presente Constitución;

b) nombrar a los Ministros de la Corte Nacional de Garantías Constitucionales, a los ministros del Tribunal Superior de Justicia, a los miembros del Tribunal Electoral, al Defensor del Pueblo, al Contralor General de la República, al Superintendente General de Bancos y de otras entidades financieras;

c) prestar acuerdo al Poder Ejecutivo para la designación del Fiscal General del Estado;

d) vetar los empréstitos externos o internos cuando fuesen inconvenientes a los intereses de la nación; y

Es oportuno recalcar que la Asamblea Nacional Permanente no integra ninguno de los poderes: Legislativo, Ejecutivo ni Judicial. Es un órgano de control y de designación de funcionarios de jerarquía, conforme a las normas constitucionales.

Se pretende su autonomía para tal trascendente función. Sus miembros serán juzgados por un jurado integrado con cinco profesores titulares o eméritos de las universidades: tres de la Nacional y dos de las privadas.

Es el órgano administrador de la República. En los países que adoptan el sistema unitario se caracteriza por la concentración del poder, pero con los controles previstos en la Ley Fundamental de la Nación.

El principio de legalidad en su administración es la regla que debe cumplir.

Se opta por la unidad de mando. El Presidente de la República es la máxima autoridad de la nación al ejercer la representación del Estado y dirigir la administración general del país.

Los actos discrecionales del Presidente de la República no deben entenderse como absolutos y arbitrarios. Si está facultado a nombrar a sus ministros, pero esta atribución no le autoriza a designar en las carteras a personas incapaces; ejemplo, un analfabeto.

Se ha controvertido si los gastos reservados han de ser justificados o no. Interferimos que si, por el principio de legalidad que han de orientar en la gestión de los mandatarios.

Los profesores Salvador Villagra Maffiodo y Justo Pucheta Ortega han insistido en la vigencia del principio de legalidad en la gestión de los funcionarios públicos.

Es pertinente aclarar que la facultad discrecional del Presidente de la República no es justiciable. Pero la discrecionalidad administrativa o ejecutiva del Presidente no es absoluta. Sus actos deben estar sujetos a los controles de razonabilidad y necesidad.

El control de las gestiones del Poder Ejecutivo a cargo del Parlamento se ejecuta a través del juicio político.

El Presidente de la República representa y ejerce la función del Poder Ejecutivo.

Las imperativas, administrar el patrimonio de la República; discrecionales, nombrar a sus ministros y funcionarios de confianza.

5) Vetarlas total o parcialmente formulando las observancias que considere pertinentes.

7) Nombrar y remover a los ministros del Poder Ejecutivo, al Procurador General de la República y a los funcionarios de la administración pública que desempeñan cargos de confianza.

8) Dirigir las relaciones exteriores. En caso de agresión externa y previa autorización del Congreso, declarar el Estado de Defensa Nacional, así como poder firmar la paz con el acuerdo del Parlamento.

9) Negociar y firmar tratados internacionales, recibir a los jefes de misiones diplomáticas de los países extranjeros y admitir a sus cónsules.

10) Dar cuenta al Congreso de las actividades del Poder Ejecutivo al inicio de cada periodo legislativo anual e informar de la situación general de la República y de los planes del gobierno.

11) Es Comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas de la Nación, que no se delega. De acuerdo con la ley, dicta los reglamentos militares, organiza y dirige a las Fuerzas Armadas de la Nación; nombra y cesa a los comandantes de cuerpo, división o regimiento; adopta las medidas necesarias para la defensa nacional; provee los grados en todas las armas hasta el de teniente coronel o sus equivalentes; promueve a los grados superiores con acuerdo de la Cámara de Representantes; conduce la fuerza pública, con el propósito de mantener el orden y la seguridad en la República.

12) Puede indultar y conmutar las penas impuestas por los jueces y tribunales de la República, conforme a la ley y con el informe de la Corte Nacional de Garantías Constitucionales y siempre que se haya cumplido la tercera parte de la pena.

13) Convocar a sesiones extraordinarias al Congreso y a la Asamblea Nacional Permanente para tratar asuntos que figuren en el orden del día.

14) Proponer al Congreso proyectos de ley, los cuales podrán ser presentados con solicitud de urgente consideración.

15) Disponer la recaudación e inversión de los ingresos del Estado, de acuerdo con las previsiones del Presupuesto General de la Nación u otros recursos, debiendo rendir cuenta del ejercicio anual al Parlamento.

16) Preparar y presentar el proyecto de ley anual de Presupuesto General de la Nación, y

17) Las otras atribuciones que fije la presente Constitución. La dirección y gestión de la administración pública corresponde, a los ministros del Poder Ejecutivo, cuyo número será determinado por la Ley General de Presupuesto de la Nación. En caso de ausencia temporal de dichos ministros lo interinara el Viceministro de la Cartera.

Es un órgano integrante del Poder Ejecutivo cuyo Comandante en Jefe es el Presidente de la República.

Es una institución nacional constituida para custodiar la integridad territorial y defender el Estado de Derecho.

Participara en el desarrollo del país y en la asistencia de los sectores carenciados en casos de calamidad pública.

Otra innovación es el balotaje. Si el candidato a Presidente de la República no obtiene más del 50%, se repetirán las elecciones para obtener ese porcentaje. En la segunda votación será suficiente obtener el 45% de los votos emitidos.

El Presidente de la República será sometido a juicio político ante la Asamblea Nacional Permanente y no ante el Congreso para evitar las presiones partidarias.

El Presidente podrá ser reelecto por un periodo más. No podrá exceder diez años de mandato y con el sistema de balotaje.

La obligación principal del Presidente de la República es cumplir con los deberes que le asignan la Ley Fundamental de la República.

Su función es nacional, por tanto le está prohibido ejercer actividades ajenas a sus funciones.

Su dación al servicio de la patria le excluye de toda actividad partidaria y privada.

Uno de los capítulos más sensibles y controvertidos se refiere al Poder Judicial.

Su excelsa función de administrar justicia le concede la responsabilidad moral de preservar el orden jurídico de la nación.

Las constituciones que estuvieron vigentes hasta hoy señalan el marco jurídico de la República.

La de 1870, ambiciosa en sus propósitos de resaltar la protección a la libertad, sin embargo descuida el aspecto económico-social. Sus normas de contenido ético y de marcada tendencia liberal no pudieron impedir los desajustes en la vida institucional de la República.

Las frecuentes revoluciones armadas y la inestabilidad de los gobiernos derivan en la anarquía y el atraso a que se sumió al pueblo paraguayo.

Del 25 de noviembre de 1870 hasta el 3 de febrero de 1989 solamente pudieron cumplir su mandato constitucional los presidentes:

Alfredo Stroessner: 1954 a 1989 (su último periodo, que se iniciara el 15 de agosto de 1988, fue cesado el 3 de febrero del año 1989).

Los otros presidentes que pudieron completar su mandato fueron Andrés Rodríguez y Juan Carlos Wasmosy.

Los desajustes en el gobierno y la inestabilidad en los periodos trajeron confusión y anarquía al país.

La justicia fue afectada por tales irregulares acontecimientos. La falta de autonomía del Poder Judicial fue causa de la inestabilidad de sus magistrados.

El frecuente cambio de personas en cualquier función o trabajo es lo menos recomendable.

La estabilidad del personal mejora los servicios y la productividad en el trabajo.

Uno de los factores de atraso en los países del Tercer Mundo es la baja productividad.

La presente relación porcentual es también aplicable en el rendimiento de la administración de la justicia.

El retardo de trámite en los tribunales es de elevado porcentaje en los países del Tercer Mundo.

En nuestro país la falta de condena de los procesados llegó en un momento al noventa por ciento. Hoy ha mejorado el índice pero no en la medida deseada.

El Paraguay en su trágica historia registra graves hechos de impunidad. Una de las condenables fue la masacre de prisioneros revolucionarios en 1909 en el pueblo de Laureles.

Los ajusticiamientos durante las revoluciones de 1908 a 1912 tampoco fueron temas para el proceso penal.

La guerra civil de 1922 a 1923 (14 meses) quedó en el olvido. Los saqueadores, tranquilos si pertenecían al régimen triunfante.

Los exiliados, a ganar las fronteras de Argentina y Brasil para evitarse ajusticiamiento. Regia la anti-ley del "mbarete".

El fusilamiento de un centenar de revolucionarios en "Charara", año 1960, no fue considerado por la Administración de Justicia. Los excesos y crueldades que otorgan la impunidad de tales aberraciones estaban fuera de la órbita del Poder Judicial.

En la página 180 de nuestro libro "Corrupción e Impunidad en el Paraguay", hemos afirmado: "Sera difícil consolidar la seguridad jurídica y el desarrollo de un país con una sociedad estructurada en una minoría opulenta y una mayoría en la pobreza crítica. Sigue vigente la máxima latina: "La opulencia corrompe, la miseria degrada".

La Administración de Justicia tuvo y sigue teniendo su saldo negativo. Los gobiernos autoritarios negaron la autonomía al Poder Judicial.

El gran paraguayo Teodosio González en su consagrada obra "Infortunios del Paraguay", página 181, clamaba contra la lentitud de la justicia.

El delito de abigeato es corriente en el Paraguay. Pero estos delincuentes están amparados por los caudillos del lugar, con algunas excepciones

Si van a la cárcel, pronto obtienen su libertad, para seguir atormentando a la población.

Humildes agricultores son asaltados por estos desarraigados de la virtud. Roban la única yunta de bueyes o la vaca lechera con que cuentan. Denunciar a la policía o a los tribunales sin obtener la reparación debida es corriente.

La corrupción en el Paraguay sigue socavando los cimientos éticos de la República.

La codicia, la pasión por el mando, el abuso del poder y la obtención de la riqueza fácil fracturaron las estructuras políticas, económicas y sociales de la República.

Pretender justicia en un país con pobreza crítica, sin nivel cultural, sin generación cívica y con improvisaciones en los cargos de responsabilidad es un anhelo ilusorio.

El científico de la medicina, el profesor doctor Carlos María Ramírez Boettner, en su interesante libro "Política y Medicina", pagina 190, expresa: "La salud es otro problema social que debe ser substancialmente mejorado. Creemos que en este aspecto hay dos facetas. Uno, enfermedades que podríamos llamar sociales, producto de la situación de gran parte de nuestra población. Nos referimos a la parasitosis, las diarreas, la desnutrición, las infecciones, bronco pulmonares, la tuberculosis, la sífilis, etc. Además la falta de vacunación produce una cantidad de otras enfermedades prevenibles".

La salud en el Paraguay requiere mejor atención. Preservarla es fundamental para el desarrollo del país.

La educación, otro tema que exige mayor asistencia del Gobierno. Los recursos aplicados a la educación no son gastos, si inversiones positivas para el progreso.

Durante quince días recorrí varias escuelas rurales de los departamentos del Guaira y Caazapá.

En 1999 observe que los alumnos prestaban atención en las clases apenas 25 minutos de los 40. Este bajo nivel de concentración mental tiene su causa en el déficit nutricional.

Para prevenir las enfermedades el niño o el adulto debe estar educado y conocer las cuatro reglas fundamentales:

Si no existen orden y justicia, la República será presa de la ilicitud y la anarquía.

El niño en la escuela ira a recrearse y a aprender buenas costumbres. Pretender que el impúber sea un candidato a científico es un craso error.

Hoy le imponen más obligaciones escolares que superan a sus posibilidades físicas y mentales.

El control médico del niño es fundamental. Exigirle lo que no puede es una agresión a la razón.

En el segundo ciclo aprenderá las materias propias que lo eleven culturalmente.

En el tercer periodo, dos años de especialización en una profesión con posibilidades de empleo.

Por último, deben llegar a los estrados universitarios quienes tienen vocación científica para optar a un título profesional de nivel jerárquico: medico, abogado, ingeniero, químico, etc.

La formación intelectual del niño, adolescente y joven no aprueba satisfactoriamente estas etapas.

La idoneidad profesional exige como primera condición la capacidad para competir con éxito en el mercado laboral.

Donde esté vigente la injusticia aparecerá la anarquía con sus secuelas de abusos e iniquidades.

La remuneración equitativa para mejorar la capacidad adquisitiva de la población.

Si las necesidades básicas superan a la capacidad de las personas, tal desequilibrio desencadena la pobreza crítica.

El bienestar general de un pueblo se mide por el ingreso per cápita de los habitantes.

La práctica de las buenas costumbres preservara el buen nivel de vida de ese pueblo.

El vicio, la inmoralidad, el abuso, la falta de continencia de los habitantes socavaran las bases propias de un pueblo en proceso de corrupción.

El Estado de Derecho exige la vigencia de leyes equitativas y de magistrados incorruptibles por su ciencia y moral.

"La ley debe ser honesta, justa, posible, conforme a la naturaleza y a la costumbre, adecuada a las circunstancias del lugar y tiempo, necesaria, útil y manifiesta, que no contenga algo que sea inconveniente por su obscuridad y que haya sido redactada, no en atención al provecho particular, sino a la utilidad general de los ciudadanos" (San Isidoro de Sevilla).

Un pueblo preparado para el bienestar si podrá aspirar a un Estado de Derecho.

2) La designación de los magistrados por su curriculum de honestidad, idoneidad, laboriosidad.

No habrá recta administración de justicia si el magistrado está sometido a la presión externa.

El juez designado por el favor de círculos carecerá de autonomía y su decisión estará marcada por los intereses creados.

El juez al imponer justicia debe conocer plenamente la ciencia jurídica. Si optó por la carrera del derecho solo por conveniencia y sin vocación carecerá de la motivación ética para ejercerla.

La mayoría de los magistrados no aprueban estas exigencias para tal excelsa función.

La escuela judicial debe preparar moral y científicamente a los futuros magistrados en la escuela del deber y en el conocimiento de la ciencia del derecho.

Una vez más seremos reiterativos. El gravísimo problema es estructural y moral.

El retardo de justicia es la peor injusticia. No es razonable que un juez tenga a su decisión mil o más expedientes al año, con recargo de trámite.

Ha llegado el momento de promulgar la ley que modifique los Códigos Procesales.

Que el juez se dedique exclusivamente a resolver las controversias y el actuario de trámite a impulsar el procedimiento. Esta reforma alivianara la tarea del magistrado y posibilitara que las sentencias se dicten en tiempo y forma.

El actuario de trámite se encargara de impulsar el procedimiento para evitar las consabidas demoras.

En el año 1916 el presidente Manuel Franco impulso la reforma procesal. La ley tuvo apenas dieciocho meses de vigencia. La centralización procesal a cargo del juez de la causa convenía al círculo de profesionales vinculados con los sectores de poder.

Es inadmisible que juicios que debieran durar tres meses se prolonguen a tres años.

La diligencia procesal a cargo de los magistrados debiera estar finalizada por un tribunal para juzgar a los remisos y evaluar la conducta de los jueces deshonestos. Si existieren indicios de delito se debe remitir al juez de la causa.

Los integrantes de este tribunal deberán sustituir a los camaristas recusados o que se inhibieron en la causa.

La designación de camaristas de otra sala recarga la tarea del magistrado y consecuentemente los fallos, por lo general, fuera de tiempo.

La desidia de los jueces perjudica a los litigantes y encarece el costo de los juicios.

La justicia en el Paraguay es lenta y cara, hasta lo increíble, todos los pleitos se eternizan y cuestan diez veces de lo que debieran y el pueblo no tiene fe ni confianza en los jueces. Estas fueron las duras críticas del codificador paraguayo Dr. Teodosio González, en su referida obra, pagina 342.

La reforma del Poder Judicial constituye un imperativo legal, económico y social.

El atraso de la República se debe en gran medida a la inseguridad jurídica.

Los inversionistas extranjeros temen radicar capitales en el Paraguay ante el riesgo que corren sus inversiones.

Es lamentable que compatriotas con fortuna exporten sus recursos financieros por terror a tales hechos de inseguridad y ausencia de protección jurídica.

La radicación de capitales paraguayos en el exterior ha llegado a cifras importantes, que de haberse empleado esos recursos en el país, hubieran estimulado el desarrollo y bienestar de la República. La estructura del Poder Judicial requiere modificaciones.

Afirmamos que el orden jurídico de una nación se asienta en la aplicabilidad de sus normas vigentes.

Los funcionarios públicos, como agentes de ejecución de las leyes, serán hombres idóneos, laboriosos, honestos y con carácter. Es lamentable que leyes vigentes no puedan ser aplicadas porque no responden a la realidad del país.

El jurisconsulto romano Tácito ya anatematizaba: "Muchas leyes, malos gobiernos".

La autonomía del Poder Judicial constituye una aspiración, pero no está vigente y si atada a los intereses sectarios.

La gran premisa de todos los tiempos: "El Estado al servicio del hombre"; "El ciudadano al servicio de la comunidad".

Los gobernantes corruptos se asocian con los grupos monopólicos u oligopólicos para concentrar riquezas y castigar a las grandes mayorías con la pobreza crítica.

La historia nos enseña que el liberalismo de la Revolución Francesa reivindica la vigencia de la libertad, fundamento de la democracia.

El socialismo en libertad pregona la justicia social, mediante una equitativa redistribución de los recursos.

Pretender distribuir riquezas sin producir bienes es una mayúscula falacia.

c) administración de justicia calificada por organismos internacionales como una de las más deficientes;

d) comercio informal que alienta los negocios irregulares del contrabando; y

e) la inseguridad ante el aumento incesante de atracos y asesinatos en la vía pública.

La falta de desarrollo, que en los cinco últimos años no fue significativa -con índice del 1 al 4%-, nos condena en el futuro.

La desocupación promueve la emigración masiva de hombres y mujeres en la mejor edad de producir.

La inseguridad jurídica por la falta de idoneidad y moral en varios magistrados. Además, el retardo de justicia.

La inseguridad de las personas por los atracos sucesivos en la vía pública que ocasionan pánico y perjuicio económico a las víctimas.

c) la evasión impositiva, pese a haber disminuido bastante los últimos tres años;

f) la inconducta de nuestros dirigentes políticos, que más se ocupan de lograr resultados favorables en las elecciones que abocarse a solucionar los graves problemas de la República;

g) la desprotección a la economía del sector primario y secundario (agricultura e industria);

h) un presupuesto de gastos y no de inversión (93% para gastos, 7% para inversión);

i) los partidos políticos que debieran ser los órganos de la democracia, convertidos en sectores de presión;

j) el sistema electoral que impone las listas cerradas, obligando al ciudadano a votar y no a elegir; y

Hank Kelsen en una síntesis oportuna enumera las técnicas jurídicas del Estado de Derecho:

e) participación de los actos efectivos del Jefe de Estado al refrendo del ministerio de la cartera.

Reiteramos que el Derecho se fundamenta en la moral y está en las buenas costumbres.

Aristóteles en su libro "La Política" decía: "Más vale que mande la ley y no un ciudadano, sea quien fuere".

El primer programa de gobierno redactado por la Junta Superior Gubernativa contenía los siguientes enunciados:

b) mejorar la educación pública y el fomento de la cultura con la creación de una academia patriótica-literaria;

c) organización del ejército, proyectándose la creación de una Academia Militar;

El breve pero aleccionador programa de gobierno define la tendencia del primer gobierno de la era independiente.

La elección de las autoridades con valor crítico garantiza una representación legítima y genuina.

Es pertinente transmitir una vez más la opinión del sociólogo Lugones que emite el siguiente anhelo ante la realidad de América Latina:

"Los partidos políticos en países sin tradición cívica, no son sino la chusma organizada por los vividores y ambiciosos para explotar la industria moderna del sufragio con miras a la satisfacción de sus apetitos y la disciplina partidaria el más flagrante y grave atentado contra la libertad política o electoral del ciudadano, de todo punto inconciliables con la independencia del carácter y la soberanía de la voluntad de un hombre libre y consciente, el despotismo del caudillo sobre la turba ignora y menesterosa, movida por la sugestión, la necesidad y el temor al instinto renuncian al patriotismo y a la razón crítica".

La Ley Fundamental de la República ha de enunciar las normas maestras, basadas en los principios éticos.

La Reforma de la Constitución de 1992 es impostergable. La actual ya no responde a las exigencias de un mundo globalizado que amenaza la identidad de los países y atenta someter nuestras economías con su tecnología y recursos por la falta de solidaridad humana. Privilegia al capital especulativo y agrede con impiedad las economías en vías de desarrollo.

La iniquidad de la pésima redistribución de las riquezas es la consecuencia de esta política económica de los más fuertes contra los más débiles.

La nueva Constitución a promulgarse debe orientar las estrategias para defender nuestra identidad, proteger nuestra economía y competir en el mercado internacional con las sanas reglas de un comercio ordenado en la negociación técnica y no en la ilicitud de la especulación usuraria.

La perdida de los atributos orgánicos de la tierra afecta a la producción agrícola, indica un mínimo del 4 del P.H. cuando debiera registrar un 7.

La media de producción apenas llega a mil kilos por hectárea, mientras que los países fronterizos como Argentina y Brasil, alcanzan a los dos mil kilos por hectárea.

La falta de productividad vuelve incompetente nuestra producción frente a los otros países.

El mercado se conquista por el precio y la calidad del producto, factores que dificultan nuestra producción por el bajo rendimiento y el costo.

La tierra deteriorada y la falta de tecnología son las causas determinantes que dificultan la colocación de nuestras materias primas.

La ganadería ha mejorado en calidad por el avance tecnológico de la producción y costo que favorecen la colocación de nuestra carne. El precio y la calidad favorecen hoy la exportación de la carne paraguaya.

El Departamento de Itapúa señala mejores índices en el nivel de vida de la población. Correlativamente la delincuencia es menor respecto de otros departamentos.

La Reforma del Poder Judicial requiere un mejor nivel de vida de los pueblos deprimidos.

La necesidad en la satisfacción de los rubros primarios: alimentación, vivienda, ropa y gastos culturales, impulsa el desorden social y el auge de los delitos.

En un país donde la corrupción se generaliza es utópico pretender que prevalezca un Estado de Derecho.

Un pueblo angustiado por las carencias básicas margina el derecho y prioriza el exitismo sobre las buenas costumbres.

El diario "La Nación" de principios del siglo XX decía: "La justicia nacional no es independiente, vive estrechada por los apremios de la política y de los políticos y en un estado de subordinación y hasta de sujeción a los órganos y organismos políticos y partidarios. Todo esfuerzo que en su seno se pronuncie en el sentido de sacudir esa especie de tutela desdorosa no tiene eficacia, fracasa necesariamente".

Si la mayoría de la República está sujeta a la indigencia, carecerá de libertad.

Es el gran drama de los países indigentes gravados por la angustia y el flagelo de la ignorancia.

El Paraguay debe superar los graves problemas que le aquejan. La falta de moral y la corrupción generalizada condenan a nuestra nación como una de las más corruptas de América.

La injusticia social, la tiranía de las maquinas, el capitalismo opresor y monopólico, mas el auge del analfabetismo funcional deprimen a las grandes mayorías.

El político Ferrero ya nos alertó: "Los pueblos sufren porque los gobernantes hacen mal uso y abuso del poder".

Herodoto, el gran historiador griego, aleccionaba al pueblo: "La ley es el único amo que merece respeto".

El principio de legalidad de los actos de gobierno se estableció en el gobierno de Pericles.

Proponemos como modificación sustancial la creación de la Corte Nacional de Garantías Constitucionales, como órgano de máxima jerarquía del Poder Judicial.

Este tribunal de máxima jerarquía estará compuesto de tres miembros que deberán poseer los siguientes requisitos:

d) estar retirado de toda actividad política durante tres años anteriores a su postulación.

Los ministros de la Corte Nacional de Garantías Constitucionales serán propuestos en una nómina de diez postulantes por el Consejo de Elección de Magistrados, integrado por cinco miembros.

Tres representantes de la Universidad Nacional con la jerarquía de Profesor Titular o emérito con veinte años de ejercicio de la cátedra.

Los Ministros de la Corte Nacional de Garantías Constitucionales serán juzgados, en caso de mal desempeño o comisión de presuntos delitos en "Debido Proceso", por un jurado de cinco profesores titulares o eméritos de derecho. Integraran el jurado tres miembros de la Universidad Nacional y dos de las universidades privadas, con veinte años de ejercicio en la cátedra.

Los miembros del Tribunal Superior de Justicia también serán juzgados por dicho jurado en "Debido Proceso".

El retardo de justicia configura una grave falta y será causa de enjuiciamiento del magistrado.

El Presidente de la Corte Nacional de Garantías Constitucionales será electo por un período de dos años. No se admitirá la reelección para el siguiente período.

Si los ministros de la Corte Nacional de Garantías se desempeñan con idoneidad y honorabilidad correspondiera la extensión del período hasta diez años, con la posibilidad de ser reelecto por otro período más.

Los miembros del Tribunal Superior de Justicia también duraran en sus funciones por dos periodos de cinco años cada ejercicio. Si acreditan suficientemente podrán ser reelectos por otro periodo.

La principal reforma radica en la sustitución del órgano politizado del Consejo de la Magistratura, que ha provocado la promoción de magistrados sin meritos y si por la presión de los políticos influyentes.

Los profesores universitarios están en mejores condiciones para evaluar los meritos de los postulantes.

Los candidatos propuestos por el Consejo de Elección en lista de diez candidatos y no en terna, serán designados por la Asamblea Nacional Permanente.

El artículo 120 del Anteproyecto de Reforma del citado órgano, presentado en el año 2003, establece: "Los ciudadanos miembros de la Asamblea Nacional Permanente serán elegidos en comicios generales y directos por sufragio popular. Quince de ellos por sus asociaciones.

La integran treinta ciudadanos paraguayos, naturales, con cuarenta años de edad como mínimo y ochenta años como máximo, de reputada honorabilidad e idoneidad.

a) elegir al Presidente de la República en caso de acefalia, conforme a la presente Constitución;

b) nombrar a los Ministros de la Corte Nacional de Garantías Constitucionales, a los Ministros del Tribunal Superior de Justicia, a los Ministros del Tribunal Superior Electoral, al Fiscal General del Estado, al Defensor del Pueblo, al Contralor General de la República, al Subcontralor, al Superintendente General de Bancos y de otras Entidades Financieras;

c) vetar los empréstitos externos cuando fuesen inconvenientes a los intereses de la nación; y

La función de los ciudadanos miembros de la Asamblea Nacional Permanente es carga pública y deben ser de nacionalidad paraguaya natural, haber aprobado el segundo ciclo de enseñanza, de conducta honorable y haber cumplido cuarenta años de edad.

Duraran en sus funciones cinco años coincidiendo con el periodo presidencial.

La Asamblea General Permanente pretende ser un órgano de control, con ciudadanos consagrados por su honestidad y vocación de patria.

Los candidatos propuestos en listas abiertas estarán sometidos a impugnación si estuvieren afectados con algún impedimento. La función la ejercerá como carga pública, sin retribución alguna. El interés económico de la retribución desaparece y el cargo asumido debe ser de honor y de servicio a la República.

Serán electores los ciudadanos agrupados en las ciudades y distritos. Pueden representar a partidos políticos o movimientos debidamente inscriptos para tal acto electoral, y 15 de sus miembros por sus entidades, de salud, de derecho, agricultura, industria, comercio y sindicato de empleados.

En un país de poca población no se justifica un Parlamento bicameral. Por tal razón hemos optado por un Congreso unicameral: "La Cámara de Representantes".

El artículo 145 de la actual Constitución prevé el orden jurídico supranacional. La citada norma establece: "La República del Paraguay, en condiciones de igualdad con otros estados admite un orden jurídico supranacional que garantice la vigencia de los derechos humanos, de la paz, de la Justicia, de la cooperación y del desarrollo, en lo político, económico, social y cultural.

"Dichas decisiones solo podrán adoptarse por mayoría absoluta de cada Cámara del Congreso".

La teoría de la Seguridad Nacional que rigió durante el ejercicio de los gobiernos militares hizo prevalecer la seguridad.

Por tal decisión el derecho de las personas quedó desprotegido. El Debido Proceso Judicial sustituido por las prontas diligencias del aparato represor.

Chile, Paraguay, Argentina, Uruguay, Brasil, Bolivia, Perú y otros pueblos iberoamericanos conocieron los arrestos y apremios sicológicos y físicos para desbaratar cualquier reacción o protesta contra el régimen imperante.

La guerra fría entre EE.UU. y la Unión Soviética fue la excusa para cometer tales inhumanos delitos.

El ciudadano detenido quedaba privado del derecho a la defensa y a merced de los represores.

La detención podía durar meses y hasta años. En el Paraguay son conocidos los casos del Sr. Filemón Valdez y de don Ananías Maidana, con diez y diecinueve años de prisión, sin proceso.

La Teoría de la Seguridad Nacional fue sustituida por la de los Derechos Humanos, cuyo principal expositor fue Jimmy Carter. Los regímenes militares comenzaron a tambalear y la propuesta democrática contra tales abusos pronto impuso la voluntad popular para derrocar a los regímenes dictatoriales.

Los últimos en alcanzar la propuesta rectificadora de Carter fueron Chile y Paraguay.

Los presos políticos dejaron de serlo y la Administración de Justicia dejó de ser un instrumento abusivo o represor al servicio de la dictadura.

Si bien la justicia mejoró en este aspecto, debemos convenir que en el Paraguay la transformación del Poder Judicial no satisfizo las expectativas.

El retardo de justicia, jueces arbitrarios siguieron en funciones, la justicia aun es cara y lenta.

Los dieciocho años de apertura democrática poco han hecho en favor de la economía, de las reivindicaciones sociales y menos por una mejor Administración de Justicia.

Hemos propuesto en nuestro libro "Tratado de Derecho Público", pagina 99, las siguientes pautas:

1) en lo político, fomentar la opinión pública, con la habilitación de los cabildos abiertos;

3) modificar el Código Electoral, con las listas desbloqueadas y no cerradas. Entonces, el ciudadano podía elegir y no solo votar;

4) en lo financiero, preservar la liquidez o capacidad de pago, para proveer créditos con razonable tasa de interés y no a índices usurarios;

5) en lo económico, mejorar la productividad asimilando las tecnologías avanzadas;

6) establecer un eficiente sistema de seguridad social que proteja la salud y el bienestar del ciudadano;

El acuerdo prebendario de los partidos políticos para repartirse canonjías, nada bueno ofrecerá a la República.

El progreso de los pueblos se asienta en la buena costumbre de sus ciudadanos.

Para idoneidad, diligencia y honradez de sus mandatarios para un buen gobierno.

El famoso Pacto de Gobernabilidad entre los partidos en nuestro país fue un vano intento de pacificar la República y mejorar la administración del Estado.

Ese pacto, lejos de superar las rémoras del pasado, estimuló la corrupción al debilitarse el control de la oposición sobre los actos del oficialismo.

Es llamativo la omisión de una norma en la Constitución del 40 y en la ley administrativa y política del año 1844 para juzgar al Presidente de la República por mal desempeño en sus funciones.

No es humano, menos moral, que el 70% de la población paraguaya este en los registros de los sectores de pobreza.

Que el 45% de los empleados y obreros del sector privado no perciban el salario mínimo.

Que la desocupación plena llegue al 12% y la subocupación al 30% (esta cifra aumentaría si no fuera por la emigración).

Que el comercio informal trepe a catorce mil millones de dólares, y los registros apenas contabilicen la mitad, con gran perjuicio para el tesoro nacional.

Los desajustes denunciados son las causas que promueven el atraso e incentivan la corrupción y la impunidad.

Consideramos pertinente formular un diagnóstico acerca del país para determinar los hechos que marcan la realidad política, económica, social y cultural de la República.

El Estado de Derecho no es privativo de los pueblos afectados por la inmoralidad, el ocio, la ignorancia y la pobreza.

Habrá justicia cuando el país se libere de los flagelos que nos deprimen y nos someten a la indigencia material y a la perversión espiritual.

El progreso de los pueblos requiere moral, conocimiento, laboriosidad, equitativa redistribución de los recursos, nivel cultural y solidaridad social.

La reforma que estamos proponiendo con la supresión de órganos sectarios e ineficientes como lo son el Consejo de la Magistratura y el Jurado de Enjuiciamiento posibilitara la mejor elección de los magistrados y el enjuiciamiento de los jueces por mal desempeño, a cargo de un tribunal jerárquico, aplicados al Debido Proceso.

La conformación del Jurado de Enjuiciamiento se hará con cinco profesores titulares de Derecho. Tres de la UNA y dos de las universidades privadas.

Se ha reafirmado la independencia de los poderes como expresión institucional del sistema de gobierno democrático.

La anti ley del "mbarete" que nos impusieron los españoles sigue con sus secuelas de injusticia y servidumbre.

El artículo 358 del Código Procesal Penal es inconstitucional. La presente norma dispone: "Cuando el Ministerio Publico no haya acusado y el juez considera admisible la apertura a juicio, ordenara que se remitan las actuaciones al Fiscal General del Estado para que acuse o ratifique el pronunciamiento del fiscal inferior. En este último caso, el juez resolverá conforme al pedido del Ministerio Publico.

"En ningún caso el juez podrá decretar el auto de apertura a juicio si no existe acusación fiscal".

Que ante el cobro indebido de honorarios por el abogado E.B.R., hecho ilícito que tipifica los delitos previstos en los artículos 12 y 313 del Código Penal, he promovido la acción de inconstitucionalidad contra los dictámenes de los fiscales Edgar Sánchez y Oscar García Sosa, extensiva contra los fallos de primera instancia en lo penal: AI N° 2114 del 29 de diciembre del 2005 y el AI N° 87 del 6 de abril del 2006.

El delito cometido está probado en el expediente. La Caja de Jubilaciones de Funcionarios y Empleados Bancarios ha certificado que el asesor de dicha entidad ha percibido sumas millonarias de su mandante, "La Caja", pese a tener una retribución permanente de tres millones de guaraníes mensuales.

La excusa de los fiscales actuantes no se fundamenta en ninguna ley. Un contrato privado celebrado entre la Caja y el abogado E.B.R. no deroga una norma de orden público, como lo es el artículo 313 del Código Penal.

El cobro indebido de más de dos mil millones de guaraníes ha perjudicado a millares de jubilados, que hoy se debaten en la pobreza crítica por la pésima y deshonesta actuación de los últimos administradores.

Los Consejos de la Caja no están autorizados por ley a formalizar contrato de transacción.

El artículo 25 de la ley orgánica de la entidad enumera taxativamente las atribuciones del Consejo de Administración. En ningún artículo ni inciso se le faculta a formalizar contrato de transacción.

La Caja de Jubilaciones Bancarias es un órgano de Derecho Público, de acuerdo con el artículo 1 de la Ley N° 73/91, que dice: "La Caja de Jubilaciones y Pensiones de Empleados Bancarios es un ente autárquico creado por la Ley N° 105 del 27 de agosto del año 1951, de duración indefinida, con personería jurídica y con patrimonio propio".

La peregrina argumentación del fiscal Sosa García de que el abogado E.B.R. no es cómplice ni encubridor del ilícito, constituye una falacia, pues E.B.R. es autor del delito por cobro indebido de honorarios (Artículo 313 del Código Penal).

El artículo 12 de la Ley de Aranceles de Abogados prohíbe la acumulación de retribuciones permanentes y la de honorarios contra su mandante.

Pese a la disposición del artículo 12 de la citada ley, E.B.R. percibió sumas siderales en concepto de honorarios devengados ilícitamente contra la Caja.

Respecto del delito de "lesión de confianza", el fiscal dictaminante manifiesta que el dictamen jurídico del asesor E.B.R. no motivó ni colaboró para que se realizaran esas inversiones, pues al emitir su opinión, el dinero de la entidad ya había sido invertido.

El fiscal de marras no consideró que por tal dictamen el Consejo no inició anticipadamente la recuperación del capital invertido al margen de la ley para recobrar tales sumas invertidas en transgresión de los artículos 12 y 51 de la Ley N° 73/91, normas que obligan a la Caja a depositar sus fondos en cualquier banco o financiera del país, que garanticen mayor rentabilidad y seguridad.

El abogado asesor se complicó con los miembros del Consejo al autorizar en provecho propio varias operaciones al margen de la ley. Ver artículos 25, 12, 51 de la Ley 73/91, artículo 12 de la Ley de Aranceles de Abogados y 313 del Código Penal.

El artículo 136 de nuestra Ley Fundamental expresa: "La Corte Suprema de Justicia tiene facultad para declarar la inconstitucionalidad de las normas jurídicas y de las resoluciones judiciales en la forma y con los alcances establecidos en esta Constitución y en la ley".

Por el artículo 257, toda persona que ejerce funciones al servicio del Estado está obligada a colaborar con la justicia.

Miguel Ángel Pangrazio, jubilado y profesor universitario de posgrado, ha cumplido con los mandatos del citado artículo 257. La denuncia se fundamenta en las normas constitucionales de los artículos 127 y 257. Toda persona está obligada al cumplimiento de la ley.

El artículo 18 del Código Procesal Penal dispone: "El Ministerio Público estará obligado a promover la acción penal pública de los hechos punibles que lleguen a su conocimiento, según que hayan supuestos indicios ilícitos de los mismos".

Miguel Ángel Pangrazio, al denunciar hechos ilícitos que configuran delito, ha cumplido con la ley y con el deber jurídico que le impone su profesión de abogado.

El artículo 554 del Código Procesal Civil dice: "La Corte Suprema sustanciara la demanda oyendo al Fiscal General del Estado cuando se trate de actos provenientes de los poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial".

En ninguna parte del expediente se ha justificado la sustitución del Fiscal General del Estado por el Adjunto.

El Fiscal General solo puede ser sustituido por ausencia, enfermedad, inhibición u otra causa prevista.

La actuación del fiscal adjunto Jorge A. Sosa García es irregular y podría configurar el delito de usurpación de funciones.

Al no excusarse, expresamente, el Fiscal General del Estado, la intervención del Fiscal Adjunto es ilícita.

La norma del artículo 554 del Código Procesal Civil es terminante. Quien debe ser oído es el Fiscal General del Estado y no el Adjunto, salvo causas legales de excusación. Estas causas no aparecen en el expediente y, por lo tanto, la actuación anormal e ilícita del fiscal adjunto Jorge Sosa García deviene nulidad absoluta en sus actuaciones.

El artículo 356 del Código Civil dispone: "Los actos nulos no producen efectos aunque su nulidad no haya sido juzgada, el que la causa de la nulidad no aparezca en el acto, en cuyo caso deberá comprobarse judicialmente".

El artículo 357 del citado Código sanciona con la nulidad si el acto ha violado las formas prescriptas o si el acto fuese ilícito.

La actuación de los fiscales Jorge Sosa García y Edgar Sánchez ha formalizado un acto ilícito al desestimar una denuncia que configura el hecho en un delito de orden público.

Los jueces de Primera y Segunda Instancia en lo Penal debieron declarar la nulidad de esos dictámenes fiscales por ser acto ilícito y manifiesto.

Desconcierta e indigna la actuación de los representantes del Ministerio Público que con sus omisiones han estimulado la impunidad de los referidos delitos, en perjuicio de un millar de jubilados, hoy marginados en la pobreza crítica.

El abogado E.B.R. ha percibido en concepto de honorarios profesionales la millonaria suma de dos mil millones de guaraníes, en abierta transgresión del artículo 12 de la Ley de Arancel de Abogados.

Los fiscales omisos deben ser investigados por tales dictámenes irregulares, conforme lo previene el artículo 268 de la Constitución Nacional.

En el Paraguay no existe la instancia única, que es la negación de la justicia y la promoción de la impunidad.

La falta de acusación fiscal del Adjunto ni de otro miembro del Ministerio Público no faculta a los jueces a desestimar la denuncia por la omisión o complicidad del propio fiscal interviniente.

Si todas las instancias son objeto de recursos, inclusive la de la Corte Suprema de Justicia ante los tribunales supranacionales (Art. 145 de la C.N. paraguaya), no se compadece con la lógica que un simple dictamen fiscal con efecto de resolución no pueda ser recurrida.

Señores magistrados, lo accesorio sigue a lo principal. En el procedimiento, lo principal es la sentencia y lo accesorio el dictamen. Siempre ha de prevalecer la sentencia o el fallo judicial sobre el dictamen.

El jurisconsulto romano Decio proclamaba que el castigo de los delitos es de interés público. Sera la decisión más moralizadora para evitar que los delitos queden impunes.

La falta de castigo a los delincuentes ya preocupaba a los romanos. Recogiendo esa inquietud, la Organización de Estados Americanos (O.E.A.) formuló un pronunciamiento contra la corrupción.

El preámbulo advierte que la corrupción socava la legitimidad de las instituciones públicas, atenta contra la sociedad, el orden moral y la justicia, así como impide el desarrollo integral de los pueblos.

La presente convención de la OEA contra la corrupción fue aprobada por la Ley N° 977 del 22 de octubre del año 1996 por nuestro país. Fue ratificada en la OEA el 28 de enero de 1997.

Los magistrados con sus resoluciones han desconocido normas constitucionales, tratados internacionales que son disposiciones de orden público.

El que puede lo más puede lo menos. Si yo puedo apelar de cualquier sentencia, cómo no podría recurrir contra un dictamen fiscal con efecto de resolución jurídica que cierra todas las instancias procesales.

El dictamen es accesorio del principal que es la sentencia. En consecuencia, el juez puede apartarse de ese dictamen cuando lo considere impertinente y fallo de fundamentos.

No será jurídico, menos moral, amparar con la impunidad la omisión de castigo a los delincuentes por una simple formalidad procesal.

Si puedo apelar de un "Acuerdo Sentencia" de la máxima autoridad jurisdiccional, con mayor razón tendría fundamentos para recurrir contra un dictamen fiscal de menos jerarquía.

La instancia única es la negación de la justicia, consagra la tiranía de los magistrados corruptos.

Las sucesivas sentencias del Tribunal Internacional de San José de Costa Rica han declarado la ilegitimidad de los fallos de la instancia única.

Afirma el citado tribunal que "cualquier persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido, o cualquier otro recurso efectivo ante tribunales o jueces competentes, que le ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución, la ley o la presente convención" (Artículo 25 de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre).

Si se admitiera la instancia única, estaríamos violando la norma del artículo 145 de la Constitución paraguaya. La revisión de los fallos se da en todas las instancias, sin embargo, con la interpretación ilógica del tribunal en lo penal se da como vigente la norma del Código Procesal Penal que establece la instancia única, contrariando las normas constitucionales de los artículos 46 y 47 y del 8 y 25 del Tratado de San José de Costa Rica.

Por la violación de los artículos 9°, 46, 47, 127, 132, 137, 257 y 268 de la Constitución Nacional y del artículo 554 del Código Procesal Civil y normas concordantes, la presente acción de inconstitucionalidad se fundamenta en los hechos ilícitos y en las transgresiones de las citadas normas.

El artículo 358 del Código Procesal Penal es inconstitucional. Por lo tanto, los dictámenes de los fiscales Edgar Sánchez y Oscar Sosa García y las sentencias A.I. Nº 2114 del 29 de diciembre del 2005 y el A.I. Nº 87 del 6 de abril del año 2006 son actos procesales que violan la Ley Fundamental de la nación.

Corresponde, en derecho, declarar la nulidad de tales actos por las transgresiones a dichas normas constitucionales.

La Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia tiene a su decisión dictar el correspondiente fallo acerca de la inconstitucionalidad del artículo 358 del Código Procesal Penal.

El interés social para castigar los delitos data de la Edad Antigua. Grecia y con énfasis los jurisconsultos romanos lo exigían. Naón dice: "Las leyes hubieran sido impotentes sin los acusadores. Vengadores de las leyes violadas, Catón, Crassus, Hortesius o Cicerón, ilustraron a los acusadores y alcanzaron su alto valor cívico en las primeros dignidades de la República".

El jurisconsulto paraguayo Víctor B. Riquelme nos señala: "Con la denominación de los cesares, desaparecen los grandes oradores, dando nacimiento a un oficio vergonzoso, pero lucrativo: el de los delatores".

Cesar Octavio al acabar la República dividió los intereses públicos en dos partes: una parte para el pueblo y otra para sí; los primeros continuaron administrándose por estos y los otros por los procuradores del Cesar. Esta magistratura recibió el nombre de defensores de la ciudad, defensores civitatum, que puede decirse fueron los predecesores del Ministerio Público.

El Código Procesal Penal vigente desde el 8 de julio del año 1998 concedió amplios poderes a los fiscales, concentrando atribuciones y poder en el Ministerio Público.

La parte agredida quedó a merced de la decisión fiscal, la querella, que era un instrumento de control procesal, fue omitida en el nuevo Código.

El artículo 358, al negar atribuciones al juez para decretar el auto de apertura a juicio si no existe acusación fiscal, abrió un ancho camino para que los delitos queden impunes.

Fiscales jóvenes, inexpertos y algunos de dudosa conducta han creado zozobra e inseguridad en los estrados judiciales.

Si el juez carece de competencia para investigar los delitos por falta de imputación fiscal y la parte afectada al ser privado del derecho de querellar por falta de imputación, el poder de decisión de los fiscales ha sobrepasado los límites de la razón cercenando el interés jurídico de la sociedad.

Urge, señores parlamentarios, la modificación inmediata del Código Procesal Penal y del Código Penal.

Delitos menos graves con penas más severas y delitos graves con sanciones atenuadas.

Parlamentarios, han defraudado al pueblo. Nada han hecho por sancionar un régimen de seguridad social.

No se ocupan de las precarias condiciones en que se desenvuelven nuestras sociedades. Se ha llegado a habilitar universidades con menos de doscientos volúmenes en sus bibliotecas. Algunas carreras han disminuido el tiempo de estudio.

La proliferación de facultades de Derecho en el país hizo posible la promoción de abogados mediocres que pronto llegan a la excelsa función de magistrados.

La carga horaria semanal en las unidades pedagógicas del Mercosur es de 40 horas.

La administración de justicia será deficiente, retardataria y deshonesta con abogados mediocres y sin cultura jurídica.

La aparición de tribunales especiales para judicializar la política causó un grave daño a la institucionalidad jurídica.

El procesalista Luis Jiménez de Asua comenta en sus "Crónicas del Crimen" todo cuanto sigue: "Es costumbre demasiada extendida en España recurrir al fuero de guerra, cuando se quiere castigar, con grandes rigores, actos delictuosos que toman inusitada gravedad por su frecuencia, o sus formas de ejecución. La fuerza del habito ha hecho que los españoles confíen a los militares tareas ajenas a su misión genuina".

Benito Mussolini creó en Italia el Tribunal de Defensa del Estado. El Duce al referirse a este tribunal sentenció el 6 de octubre de 1928: "El tribunal de una revolución debe ser mirado como un verdadero tribunal de guerra".

Nuestras constituciones que estuvieron vigentes desautorizaron tales tribunales, salvo en caso de guerra. Sin embargo, las calavereadas e inhumanas confrontaciones hicieron caso omiso de las normas constitucionales.

Las revoluciones de 1873, 1874, 1904, 1908, 1909-1911, 1912, 1922, 1947, 1960 instituyeron de hecho sobre el campo de batalla tales tribunales que ordenaron sin piedad el fusilamiento de prisioneros.

Durante la dictadura la garantía del Habeas Corpus fue un derecho ilusorio.

El Estado de Derecho fue avasallado. Mantenerse en el poder fue y sigue vigente en nuestra turbulenta y anárquica disputa política.

El éxito de seguir mandando sobre la institucionalidad de las normas. El principio de legalidad aplicada a medias.

Un pueblo pobre, ignorante, con gobiernos sin curriculum, oposición complaciente y con frecuentes escándalos de corrupción no podrá alcanzar el anhelado Estado de Derecho.

El cuerpo social esta anémico. Un país sin vitalidad por causa de los desajustes políticos, económicos, sociales y morales es condenado a la depresión.

El Paraguay debe recuperarse en lo moral, volver a la práctica de las buenas costumbres. El caraí con su señorío. La solidaridad como virtud esencial, la productividad de su chacra.

El problema social de los empleados y obreros exige un exhaustivo análisis. Los recursos deben satisfacer las necesidades biológicas y de civilización por lo menos lo indispensable.

Un pueblo liberado de sus angustias si podrá aspirar a un Estado de Derecho.

Los magistrados serán referentes eficaces para lograr tal situación ética.

Se ha convenido que la función de juzgar es la más elevada. Su excelsa función requiere:

Se ha discutido acerca de la estabilidad de los magistrados. La mayoría de la legislación comparada garantiza la estabilidad por merito a la conducta y a un límite de edad. En el Paraguay los requisitos para lograr el magistrado esa seguridad son dos:

1) dos ejercicios en la función; buenos antecedentes de honestidad, laboriosidad, idoneidad;

Algunos autores cuestionan la estabilidad cuando el periodo es más de diez años.

Constitucionalistas han analizado si la estabilidad del funcionario sea administrativo o judicial viola o no el principio de igualdad. Si otras aspirantes al cargo presentan mejores condiciones pero imposibilitados a concursar por la estabilidad del designado este hecho podría violar el principio de igualdad.

Evitar que el funcionario exceda el límite de su rendimiento, tal examen físico mental y de idoneidad, son las pruebas determinantes.

En cuanto al límite de edad, la legislación comparada da termino a la función a los 70 años, algunos 75.

El Padrón Electoral registrado correctamente y la libertad de elección de los ciudadanos den legitimidad a las elecciones.

El control de los partidos y movimientos políticos es otro requisito que exige la democracia.

4) El control de gastos e inversiones acerca del patrimonio de la asociación política.

Aquella asociación que predica la violencia y la desobediencia a las leyes, queda descalificada por las normas constitucionales.

El reconocimiento de la personalidad jurídica de toda entidad es el requisito esencial para su existencia.

En el Paraguay, en el mes de mayo del año 1942, fue disuelto el Partido Liberal a través de un Decreto del Poder Ejecutivo, por causas supuestamente imputables a sus autoridades.

Ese decreto fue una agresión al derecho. Existe un principio universal vigente. "La personalidad de la asociación es ajena a los socios".

Fue una decisión política coyuntural. El tiempismo liderado por el entonces canciller de la República, Prof. Dr. Luis Andrés Argaña, declaró la guerra a los partidos tradicionales.

El Partido Colorado se salvó de tal inconsulta medida porque en el gobierno varios de sus integrantes colaboraban con el general Morínigo, en las municipalidades y otras funciones administrativas.

El tiempismo fue creado por un núcleo de intelectuales, la mayoría de ellos profesores de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales.

El Dr. Argaña fue el jefe de esa nucleación. Los doctores Delmás, Andrada, Gross Brown, Mersán, Rogelio Espinoza, configuraban el estado mayor de ese movimiento oficialista.

Declararon la guerra a los trapos de color. Las concentraciones en las ciudades cercanas a Asunción fueron frecuentes.

En San Lorenzo del Campo Grande, hoy Ciudad Universitaria, el Dr. Carlos R. Andrada, entonces Ministro del Interior, condenó el partidismo disociante. Aclaró que la Revolución Nacionalista Paraguaya "no tiene ninguna semejanza con supuestas revoluciones que conocisteis, no arma al humano contra el hermano en nombre de un pañuelo de color; no produce el odio ni las persecuciones, ni siembra la muerte, la ruina y la soledad en los hogares abandonados para siempre. La Revolución Nacionalista propugna la unión de todos los paraguayos, se realiza dentro del orden de la paz y levanta como único símbolo el pabellón sagrado de la patria".

La persecución a las autoridades de los partidos tradicionales fueron frecuentes.

Por Decreto N° 7.937 del año 1941 el general Morínigo sancionó "La Ley de Defensa del Estado".

En su considerando expresa: "Que debe defenderse celosamente la tranquilidad del pueblo, la unidad de la familia paraguaya y sus creencias tradicionales contra los agentes perturbadores que persiguen la disolución nacional a la satisfacción de propósitos subalternos".

"Que, el interés supremo del país exige imperiosa y urgentemente la adopción de severas medidas para evitar los dolorosos extremos a que podría conducirnos la anarquía. Por tanto, oído el parecer del Consejo de Estado, el Presidente de la República del Paraguay sanciona con fuerza de ley el Decreto N° 8.937/41".

El diario "El Tiempo", en su editorial del 30 de diciembre del año 1941, condena al partidismo como emulo de corrupción. José Antonio Primo de Rivera, líder de la Falange Española, decía: "El defecto nacional por excelencia: la envidia que es capaz de malograr las cosas mejores con tal de que no deparen a un semejante ocasión de lucimiento".

Al promediar el año 1944 y la Segunda Guerra Mundial entraba en su etapa decisiva, resurgía el anhelo del pueblo por la actividad cívica.

El 26 de julio del año 1941 el gobierno del general Morínigo levantó la tregua política y conformó el gabinete de coalición colorado-febrerista, de efímera duración.

El 13 de enero de 1947 y ante el retiro del gobierno, los febreristas fueron a la llanura, pese a la decisión de la junta de jefes militares que decidieron constituir un gabinete cívico-militar. Esta decisión adoptada el día 11 de enero no fue acatada por la poderosa División de Caballería al mando del comandante Enrique Jiménez. Se adhirieron las fuerzas policiales, de las cuales era jefe el mayor Rogelio Benítez.

El desencuentro en las fuerzas armadas y en las fuerzas cívicas de los partidos políticos y movimientos sociales incentiva la revolución de Concepción, de trágicas consecuencias para país. Miles de compatriotas fueron al exilio. La corrupción y la anarquía debilitaron la institucionalidad de la República.

Las reformas tienden a corregir errores. La estructura actual del Poder Judicial en el Paraguay adolece de deficiencias en la organización de los tribunales de la República.

La primera reforma que proponemos se refiere a la constitución del Poder Judicial. Actualmente la máxima autoridad del órgano jurisdiccional está integrada con nueve ministros.

Las resoluciones de cualquiera de las tres salas son irrecurribles y causan estado.

La primera reforma que presentamos a la consideración de los compatriotas es la modificación del Poder Judicial.

La máxima autoridad estará integrada con tres ministros y sus decisiones causaran ejecutoria y término en los juicios.

El Tribunal Superior de Justicia será una instancia inferior a la Corte Nacional de Garantías Constitucionales.

El presente tribunal estará constituido con dos salas. La primera, la Sala Civil, Comercial y Tutelar.

La segunda, la Sala Penal y Contencioso-Administrativa. Las decisiones de estas salas pueden ser objeto de recursos de apelación conforme lo disponga el Código Procesal Civil ante el Tribunal Superior de Justicia

Podría criticarse la posibilidad de prorrogar los juicios. Esta dilación no ocurriría, pues los juicios confirmados en 2ª. instancia solo tendrían el recurso de inconstitucionalidad ante la última instancia.

Si las sentencias de primera instancia y las de segunda instancia son contradictorias dan merito a la intervención de la siguiente instancia: el Tribunal Superior de Justicia.

La potestad de la Corte Nacional de Garantías Constitucionales como órgano jurisdiccional supremo, evitara concurrir al Tribunal Internacional de San José de Costa Rica, juicio costoso e inaccesible a la mayoría de los paraguayos.

Uno de los temas más polémicos es el referido a la elección de las máximas autoridades del Poder Judicial.

En otros países la designación por el Senado con el acuerdo del Poder Ejecutivo.

El sistema de ternas elevadas al Senado por el Consejo de la Magistratura es la que rige en varios países y actualmente en el Paraguay.

La reforma que consideramos pertinente es sustraer del Consejo de la Magistratura, integrada generalmente por miembros componentes con sectores políticos u otros órganos de presión.

Proponemos que el Consejo de la Magistratura sea sustituido por un Consejo de Elección de Magistrados, integrado con cinco miembros, profesores titulares o eméritos de las facultades de Derecho.

a) 3 (tres) miembros profesores titulares o eméritos de la Universidad Nacional.

b) 2 (dos) miembros profesores titulares o eméritos de universidades privadas.

Los profesores titulares deben haber ejercido la cátedra durante quince años. Esta exigencia garantiza experiencia en la función del elector, además de sus méritos académicos.

Con la nueva conformación del Consejo de Elección se pretende sustraer de las influencias sectarias a los candidatos y formalizar designaciones genuinas.

Pudiera acontecer que también los profesores sean objeto de presión, pero la trayectoria de cada profesor elector garantiza mas objetividad en sus decisiones.

El Poder Judicial hace años que se volvió un poder cautivo al servicio y conveniencia de los otros órganos de poder.

La designación del Consejo de Elección de Magistrados será potestad exclusiva del Consejo Superior Universitario. Por mayoría de votos.

La experiencia que vivimos durante la vigencia de la actual Constitución es lamentable.

Una fila incesante de candidatos a magistrados se conformaba ante el presidente de sus nucleaciones políticas.

Los tribunales fueron pintados de color respondiendo al vergonzoso acuerdo político de distribución de cargos.

La concertación no fue una propuesta de selección para la buena administración; mas respondía a satisfacer la demanda de cargos que reclamaban los afiliados a sus partidos.

El acuerdo para la conformación de los nueve ministros de la Corte Suprema de Justicia fue de integrar con cinco colorados y cuatro opositores.

No interesaba la excelencia académica de los postulantes, si la incondicionalidad a las autoridades de su partido.

Quizá se haya dado alguna excepción, pero la regla de lealtad a la asociación imperó.

La indignación popular fue tal que el descredito de los Ministros de la Corte Suprema de Justicia forzó a juicio político a varios de sus integrantes. Por este medio fueron cesados cuatro de sus miembros y los otros por término de periodo.

Pese a esta experiencia se volvió a repetir tal error. Se privilegió a los aproximados al Gobierno y a los referentes políticos de sus partidos.

Por el contrario, el retardo de trámite y las prevaricaciones dañan el patrimonio moral y económico de los habitantes.

La inseguridad jurídica en el Paraguay impide la inversión de capitales extranjeros, tan necesarios para el desarrollo económico y social.

La elevada tasa de desocupación es su consecuencia. La pobreza y la ignorancia gravan el presente y el futuro del país.

Hasta tanto el Paraguay no respete las sabias reglas de la naturaleza, no practique el hábito de las buenas costumbres y la razón, por recuperar su moral, todo será en vano.

La cultura requiere para su consolidación la vigencia de los valores éticos. Un sistema económico desarrollado, una organización financiera que conceda seguridad a las inversiones y capacidad de pago al pueblo, una política social de promoción de los sectores carenciados por el trabajo retribuido y una equitativa redistribución de la riqueza.

La peor agresión al pueblo es proteger la impunidad, concentrar en determinados círculos monopólicos y oligopólicos los recursos de la nación y someterla a la ignorancia.

El sacrificio, la honradez y el trabajo enaltecen, la especulación fraudulenta, la codicia y el desgobierno precipitan a los ciudadanos hacia la pobreza crítica e inmoralidad.

La administración de justicia constituye uno de los sólidos pilares del progreso. Donde no haya justicia reinaran los delincuentes, la inseguridad su consecuencia; la anarquía y el desorden imperantes marcaran la depresión política, económica y social de las naciones afectadas.

El Poder Ejecutivo, para administrar con honestidad e inteligencia los recursos de la nación.

El Poder Legislativo deberá sancionar leyes que beneficien el desarrollo económico de la República y consolidar el equilibrio social.

El Poder Judicial para aplicar las leyes con equidad e incorruptible proceder.

El Dr. Pablo P. Ántola, en la página 49 de su consagrado libro "Interpretación jurídica de la historia", comenta: "En el año 570 nace Mahoma, en La Meca, y en el 630 conquista su ciudad natal e impone el Corán. En el siglo VIII, los musulmanes invaden España pero la reconquista comienza con la ocupación de Toledo. "1542 marca el final de la denominación árabe en España. Cae Granada, el último baluarte musulmán".

El destino de los pueblos se vincula con el quehacer político de sus mandatarios. Si estos representantes del pueblo actúan con inteligencia y honradez, promoverán el "Bien Común".

No se podrá construir un buen edificio con malos materiales y sin buenos artesanos.

El abuso de poder por parte de sus gobernantes conduce a la injusticia, a la corrupción y a la impunidad, flagelos que azotan el bienestar de los pueblos.

Platón, el filósofo de las ideas, cimento el bienestar de la ciudad sobre cuatro virtudes esenciales:

Las deficiencias estructurales y académicas de las facultades de Derecho en el Paraguay atentan contra la vigencia del estado jurídico.

La mediocridad de los jueces es alarmante, salvo excepciones. No existe selección por crédito curricular, si el padrinazgo de un influyente politicastro para someterlo a sus intereses hegemónicos. Un estudio serio ha comprobado que la mayoría de los abogados no son médicos, ingenieros, químicos, por falta de medios económicos y se deciden por la carrera jurídica, por ser esta menos onerosa y de menor exigencia.

Solo un anhelo persistente y noble de justicia y verdad podrá recuperar la salud espiritual de los pueblos.

Los bienes de la naturaleza deben compartirse y no concentrarse en núcleos de privilegios.

Quienes idolatran el dinero tienen el alma muerta. Savigny sostiene que la justicia se halla en la razón.

La Declaración de Filadelfia que formuló Jefferson es conocida como el estatuto clásico de la libertad civil y del derecho a la revolución.

El magistrado para cumplir su función ética de administrar justicia debe reunir los siguientes requisitos:

La primera obligación de los políticos es resolver estas carencias y aplicarse en el Bien Común.

Si persisten en conseguir votos para ocupar relevantes cargos públicos sin la vocación de servicio a sus representados, el Paraguay seguirá siendo el paraíso de los demagogos que usan el arma de la mentira para someter al pueblo en la indigencia.

No habrá progreso sin inteligencia en el gobierno, menos con el protagonismo de los irregulares de la ley.

Estado de Derecho sin bienestar general, quizá la sana pobreza pero no la pobreza crítica.

La jurisdicción es la potestad jurídica para administrar justicia atribuida a los jueces, quienes la ejercen aplicando las normas jurídicas generales y abstractas a los casos concretos que deben decidir.

La jurisdicción puede definirse como la actividad del Estado encaminada a la actuación del derecho positivo mediante la aplicación de la norma general al caso concreto. Ahora bien, de la aplicación de la norma general, el caso concreto puede deducirse, a veces, la necesidad de ejecutar el contenido de la declaración formulada por el juez y entonces la actividad jurisdiccional no es ya meramente declarativa sino ejecutiva también. La actividad que los jueces realizan en el proceso es, por tanto, no sólo declarativa sino también ejecutiva de la resolución que dicte cuando es necesario. La tesis que niega a la ejecución procesal naturaleza jurisdiccional no es admisible, porque la función del juez no consiste únicamente en dar la razón al que la tenga, sino que se extienda a hacer efectivo el mandato contenido en la sentencia cuando el vencido no la cumple voluntariamente.

La Ley Orgánica española del 15 de setiembre del año 1870 referida al Poder Judicial define la actividad jurisdiccional como la potestad de aplicar las leyes en los juicios civiles y criminales, juzgando y haciendo que se ejecute lo juzgado, y que esta potestad corresponde exclusivamente a los jueces y tribunales.

La jurisdicción es una actividad pública destinada a mantener la eficacia de la legalidad establecida por la ley.

Algunos autores han negado la existencia de la jurisdicción voluntaria. El jurisconsulto Rosemberg expresa que la distinción entre jurisdicción voluntaria y contenciosa no puede extraerse del nombre, porque el proceso no presupone siempre contienda, mientras que la jurisdicción voluntaria sirve con frecuencia a la solución de la contienda.

La actividad jurisdiccional es de naturaleza judicial y no simplemente administrativa.

Un tema que ha concitado el interés de la ciudadanía es el establecimiento de juzgados y tribunales en varias ciudades del interior. Indudablemente que la desconcentración territorial de los tribunales favorece la aplicación de la ley y la decisión de las controversias judiciales en las proximidades del hecho o conflicto. Teóricamente, está bien la propuesta para evitar la concentración de los juicios y la incomodidad para las, partes de trasladarse a lejana distancia, con las molestias propias del desplazamiento y los gastos indispensables de tal traslado.

En el año 1937 la desconcentración de los juzgados y tribunales en ciudades como Villarrica, Concepción, Pilar, Encarnación, fue una experiencia. Años después se volvió a centralizar los juicios controvertidos en los órganos jurisdiccionales de la capital (Asunción).

Las excepciones se daban con los Juzgados de Paz, en lo Civil, Comercial y Penal.

La desconcentración volvió a implantarse ante las exigencias propias de las ciudades departamentales que habían crecido en población y desarrollo económico.

Hoy, a muchos años de haberse consolidado el trámite procesal más conocido como descentralización judicial, ofrece serios inconvenientes en cuanto a la correcta administración de la justicia.

La promoción de abogados incultos y sin la debida experiencia ha producido sus efectos negativos: sentencias arbitrarias, retardo de justicia, inmoralidad en los trámites y la decisión concertada al margen de la ley con el protagonismo de jueces venales y fiscales prepotentes.

La concentración de poder e influencias en territorios limitados como son los departamentos, genera irregularidades que desvían el correcto proceder de los magistrados.

La pregunta que corresponde contestar es si la desconcentración debe ser determinada o amplia.

La experiencia nos ensena que la dicha desconcentración debe ser limitada a las posibilidades de los recursos humanos y económicos del país.

Los Juzgados de Primera Instancia en lo Civil, Comercial, Criminal o Tutelar quizá se justifiquen en las capitales departamentales, pero no la proliferación de salas que pueden concentrar poderes y desvirtuar los nobles fines de la justicia.

Bastaría, ante la falta de candidatos idóneos suficientes, adecuar la organización jurisdiccional a la realidad de la nación.

Por tal circunstancia proponemos que las cámaras se constituyan en consideración a la división territorial.

Los camaristas tendrían jurisdicciones conforme a la determinación geográfica.

Los jueces con tres sentencias revocadas al año en la instancia superior, así como el retardo de justicia con el veinte por ciento de expedientes en trámite, serán causa de cesantía en el cargo.

El límite de edad de los magistrados se reducirá a los setenta años y no setenta y cinco como actualmente dispone el artículo 261 de la Constitución Nacional. Por lo tanto sugerimos que la próxima Asamblea Nacional Constituyente debe considerar la edad de setenta años como edad máxima para ejercer la función de magistrado. La edad de 75 años retarda la igualdad de oportunidades y es una forma de discriminar a los ciudadanos.

La estabilidad en la función es una condición para hacerla correcta. Pero extender la función a un tiempo prolongado y no recomendable biológicamente justifica reducir ese límite a setenta años.

La justicia constituye uno de los valores esenciales que deben estar vigentes.

La administración de la justicia a cargo del Poder Judicial debe preservar la vigencia de la ley e impedir la impunidad para desactivar la corrupción.

La jurisdicción concede la potestad a los magistrados para conocer y fallar las cuestiones controvertidas conforme a la ley. Es la facultad atribuida al Poder Judicial para administrar justicia.

El problema que afrontan los países del Tercer Mundo señala la pésima administración de los recursos del Estado.

La ausencia de sensibilidad social del Parlamento y la omisión de leyes necesarias para el progreso del país son frecuentes.

La cuestionada administración de la justicia por fallos arbitrarios y retardo de trámite en los juicios, son las dos cuestiones pendientes en la criticada administración judicial.

La desconcentración jurisdiccional es una propuesta válida, siempre que los magistrados formulen sentencias fundadas en la ley y eviten el retardo de trámite en la actividad procesal.

La sanción a los jueces prevaricadores es un imperativo de la moral política. No corresponde que jueces prevaricadores, delincuentes, sigan en función por la falta de sanción, medida tan necesaria para preservar el orden y la seguridad jurídica.

Consideramos pertinente el libelo del Dr. Juan León Mallorquín al referirse a la gestión de los políticos compatriotas: "Bajo la apariencia de los mejores, encontramos en la democracia moderna, políticos que medran sin reparar en los medios, preocupándose poco o nada de la dignidad humana. Intelectuales que ambicionan el poder sólo para sus latrocinios, empleando sus posiciones oficiales, su energía y su actividad, en obtener pingües beneficios, importándoles un ápice las necesidades y bienestar de la sociedad. El afán de lucrar les obsesiona. Unos proceden más o menos cínicamente. Otros guardan las apariencias, esperando asestar el golpe maestro en la primera ocasión".

El Paraguay espera de sus buenos hijos la administración honesta de sus recursos en beneficio del Bien Común.

La promulgación de leyes que atemperen las desigualdades y promuevan el bienestar.

Una justicia con venda para imponer la equidad y sancionar implacablemente a los corruptos.

Señores miembros de los órganos del Estado, el Poder es para servir al pueblo y no el privilegio para delinquir en provecho propio. La opinión de connotados sociólogos ha afirmado:

1) el atraso no es una etapa de tránsito o un nivel cultural, con núcleos coordinados y una propia dinámica;

2) el atraso consiste en una compleja trama de relaciones de interdependencia y de mutua causalidad, establecida entre factores estructurales de naturalezas económica, social, cultural y política;

3) el atraso no es la negación del crecimiento, sino de las posibilidades del desarrollo auto sostenido, armónico e integrado a las facultades voluntaristas de autodeterminación nacional; y

4) el dinamismo negativo del atraso origina un sistema invertido de reacción en cadena, lo que equivale a decir que el atraso no simplemente existe sino que es un proceso de propagación de factores multiplicadores del atraso. En esa naturaleza agresiva y dinámica, radica su mayor y más invisible peligrosidad.

El gran reto que tienen los pueblos deprimidos por la ignorancia, pobreza y agresiva desigualdad es acertar la estrategia para pasar de la ignorancia a la cultura, de la pobreza al bienestar general y de la injusta desigualdad a la promoción social de los sectores marginados.

La justicia se asienta en la cultura y razonalidad del pueblo, en la moral política de sus habitantes, en la laboriosidad de sus ciudadanos, en la productividad de sus empresas y en la asistencia social que proteja y preserve la vida de sus habitantes.

Sin estas respuestas, la vigencia de la justicia será una aspiración sin resultado positivo.

Aquella estructura política que atenta contra la dignidad humana y no respeta su excelsa libertad, rechaza el Estado de Derecho para imponer un Estado policial de abusos.

Cuando el gobierno es cautivado por delincuentes disfrazados, aparece la dictadura o la tiranía, ambas oprobiosas.

Es hora de que los parlamentarios dejen de ser los privilegiados jueces y partes en el procedimiento de juicio político.

Los últimos sucesos que impusieron la impunidad de hechos cometidos por tales parlamentarios exigen una pronta reforma constitucional.

El orden jurídico de una nación depende de la aplicabilidad de sus normas vigentes.

Pretender imponer leyes que no responden a la realidad política, económica, social y cultural de un pueblo, constituye una terca necedad.

Los agentes públicos, como actores de la ejecución en las funciones, servicios y obras de la nación, deben ser hombres idóneos, honestos, laboriosos y de carácter.

La falta de estas virtudes ciudadanas en los gobernantes es la causa de la depresión y secular marginalidad de nuestros pueblos. La proliferación de leyes dificulta y burocratiza la administración del Estado.

La ausencia de vocación ética de los gobernantes del Tercer Mundo degrada y corrompe a los ciudadanos.

La burocracia, con un continente de empleados públicos sin aplicación ni curriculum, dificulta la gestión del Estado.

El control es fundamental en toda administración. Sin esta función la corrupción gana espacio y la impunidad cubre de tinieblas el horizonte de la patria.

La corrupción e impunidad de los delitos causan la inseguridad jurídica, desordenan la sociedad y encubren a los delincuentes. La autonomía del Poder Judicial sigue siendo una aspiración. Pero la realidad presente no es otra. El Poder Judicial sigue comprometido con los intereses y la presión de grupos hegemónicos.

El Consejo de la Magistratura se ha convertido en un dócil instrumento de los sectores partidarios y no en un foro selectivo de idoneidad y méritos para proponer magistrados.

El anteproyecto que presentamos a la consideración de los compatriotas pretende ser una propuesta objetiva, avalada por la experiencia profesional de medio siglo.

Urge alcanzar el equilibrio de los poderes, el impulso económico de la República, el reordenamiento financiero y económico, más una Administración de Justicia honesta, diligente e idónea.

Una nación sin seguridad jurídica no garantiza el orden, menos el bienestar, atributos requeridos por un país civilizado.

Los pueblos alcanzan su bienestar por la vigencia de la justicia, la paz, la libertad, el orden y la seguridad social. La identidad moral de cada ciudadano garantiza el progreso de la República.

La libertad identifica la personalidad. El libertinaje promueve la anarquía y los desequilibrios.

La función pública es un deber cívico que ha de cumplirse. La crisis actual es ausencia de sabiduría y moral. La técnica apenas su instrumento.

La historia nos enseña que el liberalismo de la Revolución Francesa liberó al hombre de la tiranía monárquica, pero no resolvió los desajustes sociales.

Pretender distribuir riquezas sin generarlas constituye una mayúscula mentira.

Una nación con correcta administración de justicia e ínfima tasa de desocupación consolida una comunidad con equidad económica y social.

El Paraguay, con graves problemas. La ausencia de justicia señala a nuestra República como una de las más corruptas de América.

7) el monopolio del poder político, económico y social en manos de círculos privilegiados;

8) la desprotección a la economía de los sectores primario y secundario: agricultura, ganadería e industria;

10) los partidos políticos convertidos en grupos de presión o de interés y no como órganos de la democracia;

11) el sistema electoral que impone las listas cerradas, obligando al ciudadano a votar y limita la opción de elegir; y

Los teorizadores de la Reforma del Estado pretenden resolver los agudos problemas de la nación, con la venta de las pocas empresas públicas que aún quedan, sin antes promulgar una ley anti monopólica.

Ir de un monopolio estatal a uno privado de lucro es condenar al país a la marginalidad.

Ningún monopolio u oligopolio favorecerá al desarrollo de la República. La libre y sana competencia generara riquezas y estimulara la producción.

La experiencia nos señala que transferir una empresa monopólica del Estado a otra empresa del sector privado traerá como consecuencia más desocupación y desajustes económico-sociales.

Anhelamos la sana práctica de los cabildos abiertos para que la comunidad se manifieste y ejerza el control de los actos del gobierno, así como lo hacían los iberos en España y los guaraníes en América.

No puede existir justicia sin la vigencia de la libertad, esencia y razón de la vida. Sin ella mueren los valores del espíritu y reaparece la esclavitud con sus tinieblas.

Hans Kelsen, el filósofo del Derecho, enumera las técnicas jurídicas del Estado de Derecho:

e) sujeción de los actos ejecutivos del Jefe de Estado al referendo del Ministerio de la Cartera.

La instancia supranacional se fundamenta en los principios éticos del Derecho Natural.

No existe derecho sin moral ni moral sin la práctica de las buenas costumbres.

Aristóteles, el filósofo macedónico, en su libro "La Política" manifiesta: "Más vale que mande la ley y no un ciudadano, sea quien fuese".

Aristóteles sancionó el principio de legalidad en la gestión gubernativa, regla universal consagrada en la legislación comparada. Es pertinente recordar que la injusticia social, la tiranía de las maquinas, el capitalismo salvaje, opresor y monopólico condenan a las grandes mayorías.

Ferrero, el gran jurisconsulto italiano, nos alertó: "Los pueblos sufren porque los gobernantes hacen un mal use y abuso del poder". La reforma constitucional considerara las experiencias del pasado, los inconvenientes del presente y el futuro que anhelamos. La democracia tuvo vigencia en la Atenas con Pericles. Este sistema de gobierno contribuyó a la formación del Derecho Público, en tanto que los derechos civiles dieron origen a la rama del Derecho Privado.

Herodoto, el gran historiador griego, proclamaba: "No tenemos otro amo más que la ley".

El principio de legalidad de los actos de gobierno nació en la Grecia inmortal.

La organización política de las ciudades helénicas reunía los elementos propios de un Estado:

Los fundamentos del Derecho Constitucional los hallamos en Atenas y Esparta con sus exponentes Solón y Licurgo.

Los enciclopedistas en la Edad Moderna imponen el derecho a pensar con su célebre frase: "El pensamiento no delinque".

La seudodemocracia excluye a los mejores, erige en despotismo el número y privilegia a los mediocres.

El presente anteproyecto de Constitución trae como novedad la Asamblea Nacional Permanente, no como órgano legislativo y si de decisiones para casos trascendentes.

El diagnóstico formulado por el Banco Mundial condena al Paraguay entre los países más corruptos de América:

La administración de justicia va en relación directa con el grado de inmoralidad de los pueblos.

La lucha contra la delincuencia puede entablarse en dos momentos: antes y después del delito.

El Derecho Penal concede suma importancia a la peligrosidad. Hoy en día la peligrosidad está considerada como un desajuste social y un riesgo latente.

La peligrosidad constituye un capítulo especial en el Derecho Penal contemporáneo. Hoy es preferible evitar y prevenir los delitos que reprimirlos.

La legislación paraguaya debe adecuarse a los avances científicos y tecnológicos.

Es hora de que la sociedad este prevenida de los antisociales y delincuentes potenciales.

El Poder Judicial presenta otra innovación. El Presidente deja de ser ordenador de gastos y esa función compete al Director del Consejo de Administración.

Los miembros de este Consejo serán designados por la Cámara de Representantes. Para integrar dicho órgano deben ser:

c) poseer título universitario en Ciencias Contables, de economía o administración de empresas.

Ningún Ministro de la Corte Nacional de Garantías Constitucionales u otros magistrados podrán integrar el Consejo de Administración del Poder Judicial.

La Corte Nacional de Garantías Constitucionales estará integrada por tres doctores en Derecho, con más de quince años de ejercicio profesional o actuación como magistrado y con reconocimiento de honorabilidad.

Serán designados por la Asamblea Nacional Permanente a propuesta del Consejo de Elección de magistrados de una lista de diez candidatos.

Son requisitos para integrar la Corte Nacional de Garantías Constitucionales:

c) poseer título universitario de Doctor en Derecho y gozar de notoria honorabilidad; y

d) experiencia profesional o judicial como fiscal o juez, por lo menos durante el lapso de diez años.

La Corte Nacional de Garantías Constitucionales es competente para entender en el procedimiento de suspensión de fuero del Presidente de la República, de los Ministros del Poder Ejecutivo, de los miembros del Superior Tribunal de Justicia, de los miembros de la Cámara de Representantes y de otros funcionarios afectados. En caso de acusación por mal desempeño, los miembros de la Corte Nacional de Garantías Constitucionales serán juzgados por un jurado integrado por cinco profesores titulares de Derecho, desinsaculados por el Rector de la Universidad Nacional de Asunción en presencia del Consejo Superior Universitario.

La presente innovación pretende otorgarle el marco de objetividad al jurado sustrayéndolo de las influencias sectarias.

El profesor universitario por su jerarquía académica está en mejores condiciones para juzgar con imparcialidad los casos que se llegaren a someter a su decisión.

El Tribunal Superior de Justicia se compone de dos salas con tres miembros cada una de ellas.

Las mismas exigencias previstas para los Ministros de la Corte Nacional de Garantías Constitucionales rigen también para la designación de los miembros del Superior Tribunal de Justicia.

a) ejercer la superintendencia de todos los tribunales de apelación y juzgados;

b) decidir en instancia única los conflictos de jurisdicción y competencia;

e) la situación jurídica, administrativa y financiera de la administración de justicia a los poderes Legislativo y Ejecutivo;

h) conocer y resolver en instancia original la acción de Habeas Corpus sin perjuicio de la competencia de otros jueces o tribunales;

j) suspender preventivamente a los magistrados y fiscales por el voto en mayoría hasta tanto se dicte resolución;

l) entender en las contiendas de competencia entre el Poder Ejecutivo y las gobernaciones o entre estas y las municipalidades;

m) nombrar a los miembros de los tribunales de Apelación, jueces, fiscales y otros empleados del Poder Judicial; y

Los fallos dictados acerca de la inconstitucionalidad promovida solo tendrán efecto con relación a ese juicio.

El procedimiento podrá iniciarse por acción ante la Corte Nacional de Garantías Constitucionales o por la vía de la excepción, en cualquier instancia, en cuyo caso se elevaran los antecedentes a la citada Corte.

Los fallos de la Corte Nacional de Garantías Constitucionales son inapelables.

La justicia militar no integra el Poder Judicial de la República. Su jurisdicción queda limitada a las faltas militares y, en caso de estado de guerra internacional, para juzgar los delitos militares. Los jueces militares son jueces de instrucción. Al concluir el sumario deberán elevar los antecedentes al juez competente de la justicia ordinaria para su juzgamiento.

Los tribunales y jueces militares sólo tienen competencia para entender en las faltas cometidas por los integrantes de los Fuerzas Armadas de la Nación en servicio activo.

En estado de guerra tendrán competencia los tribunales como los jueces para juzgar los delitos militares.

Inaudita fue la falta de la anterior Corte al concederle a un tribunal militar la función jurisdiccional sin considerar que sus resoluciones eran de naturaleza administrativa y no judicial.

Llaman la atención las decisiones contradictorias. Es así que la Corte en el Auto Interlocutorio Nº 562 del 7 de junio de 1996 exponía: "Es la propia Constitución Nacional la que determina de un modo claro que solo en caso de conflicto internacional armado los tribunales militares podrán tener jurisdicción sobre personas civiles y militares retirados".

Por tales fundamentos consideró competente en el caso al juez de Primera Instancia para seguir entendiendo en el sumario. Pero la contradicción surge cuando posteriormente extiende la competencia del Tribunal Militar por el hecho de haberse cometido el delito estando el autor en servicio activo.

Nada aclara la Constitución al respecto. Donde la ley no distingue no cabe distinguir o extender el alcance de la norma.

Es más, el Tribunal Militar es un tribunal especial y no ordinario. Por los artículos 174 de la Ley Fundamental del Paraguay y el 8 del Tratado de San José de Costa Rica, es inhábil

El artículo 16 de nuestra Constitución es terminante. Toda persona tiene derecho a ser juzgada por tribunales y jueces competentes, independientes e imparciales.

Los integrantes del Tribunal Militar fueron designados por el Presidente de la República en su carácter de Comandante en Jefe del Ejército.

El Tribunal carecía de la independencia exigida por estar sometidos los miembros de ese tribunal a la autoridad jerárquica de su Comandante en Jefe.

Es más, la sentencia del Tribunal Militar constituye un acto administrativo; en consecuencia, por la disposición del artículo 3° de su ley orgánica, los actos administrativos cuestionados o controvertidas competen juzgar al Tribunal de Cuentas y, en última instancia, a la Corte.

Sin embargo, la Corte se abrogó tal facultad y asumió la competencia omitiendo el trámite que debía controvertirse ante el Tribunal de Cuentas (Primera Sala).

La atribución que asumió la Corte fue ilegal y sujeta a la nulidad de tales resoluciones. (Ano 1998).

La influencia de los acomodos políticos forzó a los magistrados a cometer tan arbitrarios fallos.

En los tramos previos a las elecciones la influencia militar fue determinante para el triunfo del candidato oficialista en forma fraudulenta.

En los cuarteles de Villarrica, Viñas Cué y Encarnación, generales del Ejercito dirigieron las reuniones políticos para potenciar la candidatura del ingeniero Juan Carlos Wasmosy.

Pese a la evidencia del delito electoral cometido por los militares, estos no fueron imputados. Si cuando se abrieron de la línea oficialista para pugnar por el triunfo en las elecciones próximas.

Los vergonzosos hechos sucedidos prueban la falta de moral de nuestros políticos y la ineficacia y complicidad de nuestra Administración de Justicia.

Es indiscutible que la equidad no rige como regla en los países del Tercer Mundo.

La presión, los intereses creados y el control del poder pervierten la administración del Estado.

Las salas son la innovación que se introducirá en la estructura del Poder Judicial.

Estas salas serán competentes en las controversias propias de la materia a su cargo.

a) en las cuestiones de naturaleza civil y comercial que sean recurribles en la tercera instancia, de acuerdo con las disposiciones de las leyes procesales;

b) revisar las resoluciones dictadas por los tribunales de Apelación en lo Laboral conforme a la disposición del artículo 37 del Código Procesal del Trabajo.

a) las cuestiones de naturaleza penal, correccional y tutelar del menor que sean recurribles ante la tercera instancia, conforme a las normas de las leyes procesales;

b) revisar las resoluciones dictadas por el Tribunal de lo Contencioso-administrativo;

c) supervisar los institutos de detención y reclusión, sin perjuicio de la competencia de la Corte Suprema de Justicia;

d) conocer y decidir acerca de los pedidos de extradición por vía de revisión en los casos previstos en la legislación penal;

e) formular dictamen al pleno de la Corte para que esta informe al Poder Ejecutivo sobre los casos previstos para indultar o conmutar las penas;

f) conocer y decidir de las sentencias de los tribunales de Apelación que impongan penas de penitenciaria de quince años o más años, las que no causaran ejecutoria sin el pronunciamiento de esta sala; y

g) resolver en instancia original los Habeas Corpus, sin perjuicio de la competencia de los otros jueces.

Las resoluciones de las salas son susceptibles de la acción de inconstitucionalidad; recursos de casación y las enumeradas; contra resoluciones por nulidad en última instancia.

Los otros fallos dictados por el Superior Tribunal de Justicia carecen de recursos salvo el de aclaratoria.

Los Ministros de la Corte Nacional de Garantías Constitucionales cesan en sus funciones al cumplir su período. No se admite la reconducción tacita para seguir en funciones.

La función de este Tribunal tiene marcada importancia para aplicar el principio de legalidad que debe imperar en toda la administración del Estado.

Por el artículo 30 del Código de Organización Judicial el actual Tribunal se compone de dos salas integradas con tres miembros cada sala. La primera es competente para atender los juicios contenciosos administrativos. A la segunda, el control de las Cuentas de inversión del Presupuesto General de la Nación, conforme dispone la Constitución.

Se ha discutido en doctrina y la legislación comparada en cuanto a la función de la Segunda Sala si corresponde tal control al citado tribunal.

Que la aprobación de gastos e inversiones del sector publico es competencia de órganos administrativos especializados y no de magistrados conocedores de la ley pero no de la técnica contable.

Por tal razón varios países han eliminado la Segunda Sala del Tribunal de Cuentas.

El artículo 9° de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República establece la competencia para el control de tales inversiones y gastos.

La Segunda Sala del Tribunal de Cuentas también ejerce funciones parecidas. La superposición de actuaciones no es lo más recomendable.

Por la tendencia contemporánea de reservar esta responsabilidad a un órgano administrativo especializado, optamos por suprimir la Segunda Sala del Tribunal de Cuentas.

Los fiscales designados en el Ministerio Publico para combatir esas ilicitudes deben impulsar el procedimiento y si existen indicios de haberse cometido algún delito, radicar la denuncia o el libelo en la instancia penal.

Nuestra propuesta es suprimir la Segunda Sala del Tribunal de Cuentas considerando las atribuciones que el artículo 283 de la Constitución Nacional conceden a la Contraloría General de la República.

1) El control, la vigilancia y la fiscalización de los bienes públicos y del patrimonio del Estado, los de las entidades regionales, municipales, departamentales, los de la Banca Central y los de los demás Bancos del Estado o mixtos, los de las entidades autónomas, autárquicas o descentralizadas, así como los de las empresas del Estado o mixtas.

2) El control de la ejecución y de la liquidación del Presupuesto General de la Nación.

3) El control de la ejecución y liquidación de los presupuestos de todas las reparticiones mencionadas en el inciso 1), como asimismo el examen de sus cuentas, fondos e inventarios.

4) La fiscalización de las cuentas nacionales de las empresas o entidades multinacionales, cuyo capital pertenece al Estado en forma directa o indirecta, en los términos de los respectivos tratados.

5) El requerimiento de informes sobre la gestión fiscal y patrimonial a toda persona o entidad pública, mixta o privada que administre fondos, servicios públicos o bienes del Estado, o las entidades regionales o departamentales y a los municipios, todos los cuales deben poner a su disposición los comprobantes y la documentación requeridos para el mejor cumplimiento de sus funciones.

6) La recepción de las declaraciones juradas de bienes de los funcionarios públicos, así como la formación de un registro de los mismos, y la producción de dictámenes sobre la correspondencia entre tales declaraciones prestadas al asumir los respectivos cargos, y los que los aludidos funcionarios formulen al cesar en ellos.

7) La denuncia a la justicia ordinaria y al Poder Ejecutivo de todo delito del cual tenga conocimiento en razón de sus funciones específicas, siendo solidariamente responsables por omisión o desviación con los órganos sometidos a su control, cuando estos actuasen con deficiencia o negligencia; y

8) Los demás deberes y atribuciones que fijen esta Constitución y las leyes.

En esta extensa enumeración se determinan las atribuciones del órgano fiscalizador.

Es oportuno reiterar que todo programa ha de reunir los siguientes requisitos:

8) rectificación del plan o programa conforme al análisis de los resultados.

Al suprimirse la Segunda Sala del Tribunal de Cuentas se desburocratiza el control y se simplifica la fiscalización de los procesos.

En la Edad Antigua, con el imperio de las monarquías absolutistas la centralización política regia en la organización del Estado. La descentralización o prolongación de la autoridad del rey a territorios lejanos o conquistados exigía el funcionamiento de la autoridad política y la ejecución de ciertos servicios indispensables. La centralización nunca pudo ser absoluta, siempre fue de autoridad. Quien gobernaba en lejanos territorios siempre lo hacía por delegación en nombre del rey.

La Iglesia Católica que ordenó la administración espiritual para sus fieles fue la que impuso una descentralización territorial, organizando las diócesis, bajo la autoridad del obispo, que represen taba a la autoridad del Papa. Esas diócesis tenían bien limitado su territorio con sus respectivas parroquias.

Muchas de las organizaciones políticas adoptaron esta estructura para implantar la descentralización territorial.

Las parroquias sirvieron de base a la organización de los distritos, núcleo municipal que impulsó la urbanización de las poblaciones.

La descentralización en lo político es sinónimo de autonomía en lo político.

La descentralización administrativa concede autarquía a los órganos del Estado.

La primera descentralización política se da en la organización del Estado con sus tres poderes:

Las municipalidades de cada distrito tienen su propia decisión dentro del límite de su territorio. Pueden dictar ordenanzas, resoluciones, reglamentos, etc., que pueden tener un contenido político o administrativo.

Durante la Colonia los virreinatos Constituían gobiernos descentralizados por la exigencia de los vastos territorios a administrar y por la autonomía que le concedían tal organización.

Los países federales adoptan la descentralización política por conceder autonomía a sus provincias o estados, salvo las limitaciones constitucionales.

La descentralización política concede autonomía a los poderes del Estado: Legislativo, Ejecutivo, Judicial.

La tal autonomía se extiende a las provincial, en las Repúblicas Federales: Argentina, Brasil, Venezuela y otros, en tanto que en las Repúblicas Unitarias, como el Paraguay, esa autonomía que no es absoluta concede tal potestad a, las gobernaciones y a las municipalidades.

La Enciclopedia Jurídica OMEBA, al referirse a la descentralización administrativa dice que es indispensable en el Estado Moderno, pues la descentralización territorial e institucional por medio de la autarquía sirve para mejorar los servicios públicos gracias a una ordenada gestión administrativa y técnica.

Esta administración exige hombres probos e idóneos al frente de las entidades, limitando los gastos a sus reales exigencias y a un control eficiente para evaluar los resultados de la gestión económica, financiera y técnica del ente.

Es oportuno recordar que la descentralización política está determinada en la Ley Fundamental de la República (Constitución). La descentralización administrativa se establece en leyes especiales.

La descentralización política es materia de la Constitución. La descentralización administrativa es tema de leyes especiales.

La descentralización se debe fundar en la ley. Si es política en la Constitución. Si es administrativa por sanción legislativa y promulgación pertinente por el Poder Ejecutivo.

La descentralización política se ocupa de la estructura del Estado, en cuanto ordena la organización de sus poderes a la integración de su soberanía.

La descentralización administrativa se refiere a la función y servicios públicos.

La autonomía concede potestad de disponer. Es de naturaleza política. Ejemplos: capacidad de elegir sus autoridades locales, para designar gobernadores o intendentes municipales. Poder dictar sus ordenanzas, resoluciones, etc.

El artículo 166 de nuestra Constitución distingue claramente la autonomía de la autarquía.

Las municipalidades son los órganos de gobierno local con personalidad jurídica que, dentro de su competencia tienen autonomía política administrativa y normativa, así como autarquía en la recaudación e inversión de sus recursos.

Actos de autonomía es dictar resoluciones, reglamentos, ordenanzas, nombramientos de funcionarios y empleados.

Los actos de autarquía consisten en recaudar los recursos previstos en el presupuesto, en la aplicación de esos recursos para los gastos previstos y las inversiones contemplados en el presupuesto de la entidad.

La autarquía a administrar e invertir sus propios recursos. Es oportuno diferenciar la descentralización de la desconcentración.

Los tribunales con jurisdicción propia por territorio y competencia es una desconcentración de las funciones y no una descentralización.

Los servicios de Policía en los departamentos y distritos son funciones por desconcentración y no por descentralización.

La diferencia fundamental es que los órganos desconcentrados se fundamentan en la demarcación territorial, sean departamentos o distritos.

3) los funcionarios por lo general están arraigados en el asiento de sus funciones; y

4) estimula la elección de las principales autoridades de la región o en su caso del departamento.

La centralización, según varios autores, es de origen francés. Fue consecuencia de la sustitución del feudalismo de los señores por el de la monarquía absolutista, que concentró el poder en manos del rey.

La Revolución Francesa que terminó con el régimen de la monarquía autoritaria priorizó el derecho de la libertad y la vigencia del principio de legalidad en la administración del Estado.

La descentralización tuvo sus orígenes en Inglaterra. La Carta Magna fue una de las primeras consecuencias políticas y administrativas de la descentralización.

El pueblo ingles desde ese momento, 1215, fue participe en las principales decisiones. El rey dejó de tener suprema potestad para aumentar o imponer impuestos.

El absolutismo de la monarquía cedió ante los intereses de la comunidad política.

La descentralización política hizo posible el control jurídico del Estado.

Las autoridades ejecutan o hacen ejecutar los actos administrativos, conforme a la competencia que le asigna la ley, sea el Presidente de la República, los ministros del Poder Ejecutivo, los intendentes, gobernadores, etc.

Los actos deliberantes a través de los consejos para tomar resoluciones y ordenar su cumplimiento.

Los tribunales administrativos con funciones jurisdiccionales. La acción es la actividad de una autoridad.

Por el principio de la separación de los poderes, la acción debe ser diferente de la deliberación y de la jurisdicción.

Integra el Poder Judicial. Articulo 266, Sección IV de la Constitución Nacional. "El Ministerio Publico representa a la sociedad ante los órganos jurisdiccionales del Estado, gozando de autonomía funcional y administrativa en el cumplimiento de sus deberes y atribuciones. Lo ejercen el Fiscal General del Estado y los agentes fiscales, en la forma determinada por la ley".

La Ley de Administración Pública del año 1844 no concedía autonomía, tampoco el Poder Judicial era reconocido como tal.

En el titulo II, articulo 8° de esta ley, el Congreso era competente para establecer tribunales de justicia y reglar la forma de los juicios.

El Artículo 7°, Titulo IV de la citada ley disponía: "El Juez Superior de Apelaciones encargado de la presidencia interina nombrara un ciudadano capaz y de conocida probidad que le sustituya entregando el cargo del Tribunal Superior, recibiéndole el juramento de ley, y percibirá por su servicio el mismo sueldo del sustituyente". En la ley de la Administración Política de 1844, el Poder Judicial no aparece como un órgano autónomo.

La Constitución de 1870 en su artículo 110 reconoce al Poder Judicial como un órgano autónomo.

"El Poder Judicial de la República será ejercido por una Corte Nacional de Garantías Constitucionales, compuesto de cinco miembros, y de los demás tribunales y juzgados inferiores que establezca la ley".

La Constitución de 1870 no le concedió al Ministerio Publico el rango de órgano constitucional. Sus funciones fueron establecidas en la Ley Orgánica de los Tribunales y especialmente en el artículo 46 del año 1918.

Art. 47. Corresponde al Procurador Fiscal desempeñar las funciones de auxiliar del Fiscal General del Estado a quien solo deberá sustituir en los juicios y diligencias en que dicho funcionario le haga nombrar expresamente representante suyo.

Ya es materia de la Constitución a partir de la vigencia de la Ley Suprema de la República, el 20 de junio del año 1992.

El art. 273 establece: "La convocatoria, el juzgamiento, la organización, la dirección, la supervisión y la vigilancia de los actos y de las cuestiones derivadas de las elecciones generales, departamentales y municipales, así como los de los derechos y de los títulos de quienes resulten elegidos, corresponden exclusivamente a la Justicia Electoral".

Son igualmente de su competencia las cuestiones provenientes de todo tipo de consulta popular como asimismo lo relativo a elecciones y al funcionamiento de los partidos y movimientos políticos.

El art. 274 trata de la integración. La Justicia Electoral está integrada por un Tribunal Superior de Justicia Electoral, por los tribunales, por los juzgados, por las fiscalías y por los demás organismos a definirse en la ley, la cual determinara su organización y sus funciones. Conviene una revisión exhaustiva de estas normas. Consideramos que la estructura es exagerada para un país pequeño.

La descentralización se produce por la delegación que hacen los Estados modernos con el objetivo de agilizar los trámites y mejorar los servicios públicos.

La descentralización se fundamenta en la jerarquía de los órganos. Al respecto el consagrado maestro y jurisconsulto Dr. Salvador Villagra Maffiodo expresa: "Al orden jerárquico de las normas (Constitución, ley, reglamentos, sentencias y resoluciones administrativas) corresponde una jerarquía de los órganos, conforme al presente cuadro:

PODER LEGISLATIVO Ejecución de la Constitución, por el principio de legalidad y creación de normas jurídicas generales mediante leyes.

El órgano es persona jurídica creada por ley para cumplir una finalidad propia del Derecho Público.

El Tribunal Superior de Justicia Electoral goza de autarquía administrativa y autonomía jurisdiccional.

Por la autarquía administrativa ordena sus propios recursos y los aplica de acuerdo con el presupuesto aprobado.

Por la autonomía jurisdiccional tiene capacidad de dictar sus propios reglamentos que deben referirse a la jurisdicción electoral. Es oportuno aclarar que los Fiscales Electorales dependen del Ministerio Publico. Acusan pero no juzgan.

Los fiscales electorales están en relación jerárquica bajo la autoridad del Fiscal General del Estado, por expresa disposición del articulo 24 inciso e) del Código Electoral.

La Dirección del Registro Electoral es un órgano administrativo y no jurisdiccional, conforme lo determina el artículo 26 de la Ley N° 635 del 22 de agosto del año 1995.

Los otros organismos auxiliares, como lo son las juntas cívicas de los distritos y parroquias, son de carácter temporal.

Un estudio comparativo con legislaciones comparadas indica que el Tribunal Superior de Justicia Electoral presenta una estructura compleja en cuanto a su organización y onerosa respecto de su financiación.

La organización de las elecciones debe estar a cargo de un órgano administrativo y no concentrar en un tribunal ambas funciones: la administrativa y la jurisdiccional.

No es prudente que magistrados estén afectados a la gestión administrativa, sujeto a críticas de malos manejos de recursos máxime, cuando están a expensas de colaboradores, el magistrado carece de suficiente tiempo y conocimientos acerca de tan delicada gestión. Por estas razones opinamos que el actual Tribunal Superior de Justicia Electoral debe quedar liberado de la organización de las elecciones y de la administración de tales recursos.

Un órgano especial se encargará de la organización, de las elecciones, sean estas nacionales, departamentales o municipales.

La función jurisdiccional referida a la administración de la Justicia Electoral quedará a cargo del Poder Judicial, sin necesidad de crear un órgano especial, así como lo establece la legislación argentina y uruguaya.

La creación de otros juzgados tan necesarios para mejorar los trámites judiciales cubrirá las dichos diligencias o controversias electorales, eliminando temerarios gastos al Presupuesto de la Nación.

La experiencia argentina, uruguaya y de otros países fundamenta la adopción del sistema propuesto.

Resaltamos que el juzgamiento de los actos y de las cuestiones derivadas de las elecciones, así como de los derechos y de los títulos de quienes resultasen elegidos, son funciones jurisdiccionales.

La consulta popular, relativa a las elecciones, al funcionamiento de los partidos, movimientos políticos y alianzas compete al ámbito de la Justicia Electoral.

Las modificaciones propuestas en aras de una organización menos controvertida y ciertas deben ser los objetivos de los reformadores.

Es lamentable que elecciones en cooperativas, asociaciones civiles sean causas de disidencia, fraude u otros hechos irregulares. La depuración de los padrones ha de dar certeza y legalidad a los actos eleccionarios.

La judicialización de las elecciones marca una tendencia de desconfianza en la vida institucional de las entidades.

El fraude, la incertidumbre que trae dichos incidentes deben ser obviados para normalizar la gestión de las autoridades legítimas. Afirmamos que el hombre desde los albores terrenales confrontó ideas, intereses y ansias de poder.

Los primeros pueblos, como la Sumeria, Egipto, Asiria, Caldea, Persia, Grecia, Roma, vivieron en sus primeros siglos la vigencia del autoritarismo.

Grecia inscribió un hombre libre por veinte esclavos. En Roma podían los esclavos ser libres por decisión de sus propietarios o por compra de su libertad.

En la Edad Media los siervos estaban bajo severo control de los señores propietarios de los fundos.

Estos siervos no podrán abandonar esas posesiones y se encontraban sometidos a servidumbre.

En Escocia el siervo llevaba el collar metálico que individualizaba su condición deprimente.

En América la caza de hombres de raza negra provenientes del África fue un deshonesto e inhumano negocio que esclavizó a millones de seres para escarnio y vergüenza del género humano.

En el Paraguay también rigió la esclavitud con el dominio de los conquistadores españoles.

El Poder Judicial, si mantiene su independencia, califica el derecho con sentencias justas y evita la dilación de los juicios, habrá cumplido con su finalidad ética.

La Constitución del Tribunal Superior de la Justicia Electoral, a nuestro juicio, es un órgano que no participa de las reglas de celeridad, costo y control eficiente.

Por tales razones nos hemos decidido por el sistema adoptado por la Argentina y el Uruguay, por ser este sistema mas ágil y menos gravoso para la administración financiera del país.

La jurisdicción electoral ha de verificarse por la competencia de su materia.

El derecho de los ciudadanos de constituir partidos o movimientos políticos es propio de países democráticos. No así en naciones totalitarias que sólo admiten los partidos únicos reconocidos por el Gobierno.

Los fallos de la Corte Nacional de Garantías Constitucionales son inapelables.

El Anteproyecto de Constitución trae como novedad el derecho que tiene el pueblo de revocar el mandato de los diputados, una vez transcurrido un año de ejercicio.

Por otra parte, 30.000 ciudadanos solicitantes e inscriptos en el Registro Cívico Permanente podrán solicitar que el pueblo por votación confirme o revoque tal mandato.

También el 51% de votos adversos serán suficientes para disolver la Cámara. En dos meses de dicha disolución se llamara a elecciones para integrar el Congreso.

La opción de revocar el mandato tiene el pueblo una vez en cada periodo presidencial. Esta limitación evitara la inestabilidad en las funciones.

Se prohíbe la subvención del Estado a los partidos y movimientos políticos. Los recursos, lejos de beneficiar a los fines de la democracia, fue un incentivo a la corrupción.

El Plan de Gobierno debe comenzar con la reforma de la Ley Fundamental, nuestra actual Constitución vigente.

El sistema reglamentarista y el exceso de entidades innecesarias han burocratizado la Administración del Estado y es una de las causas que dificultan la gobernabilidad de la República.

1) La Constitución debe ser enunciativa de principios y no normativa de casos concretos.

3) Se establecerán el servicio social obligatorio y el servicio militar obligatorio para los jóvenes que no han aprobado el ciclo primario de enseñanza (6° grado). En el cuartel serán alfabetizados y se graduaran con un oficio.

11) Créditos de fomento a la producción agrícola e industrial a tasa mínima. Para tal efecto se afectara el 10% de la Cartera de los Bancos Comerciales y el 10% de nuestras reservas internacionales.

14) Fomento de las cooperativas de la producción, bajo estricto control de órgano especializado.

18) Modificar la Ley Orgánica del Instituto de Previsión Social con la administración de empleadores, asegurados y jubilados bajo el control del Estado. El Estado deja de ser administrador de bienes ajenos.

19) La reforma agraria y el desarrollo rural con recursos y técnica avanzada.

20) El seguro a la vejez, al cumplir 67 años, si el anciano fuese indigente, tendrá una pensión de X salarios.

24) La reforma carcelaria. Cárceles abiertas con horas de trabajo y recreación.

26) Se admitirá la reelección de Presidente de la República y no excederá dos periodos constitucionales, por el sistema de balotaje.

27) Los parlamentarios no estarán en sus funciones por más de tres períodos.

31) Cada Departamento tendrá un gobernador elegido por el voto con mayoría simple. Los miembros de la Junta Departamental estarán integrados por el Presidente de la Junta Municipal de la Capital del Departamento. Por el Director de Área de la Salud, por otros representantes, uno por la agricultura, otro por la industria y el comercio y por el representante de mayor jerarquía en el sector de la educación. Esta función está definida como carga pública.

32) Quedan prohibidos el monopolio y el oligopolio en las actividades económicas.

33) Las empresas del Estado deben mantener su liquidez. Los directores remisos serán destituidos y si existieren indicios de comisión de delitos, denunciados al Ministerio Público.

34) La deuda pública, sea externa o interna sumadas, no excederá el X% del presupuesto general de la nación.

37) Los tributos deben promulgarse en consideración a la capacidad contributiva de los sujetos obligados.

38) La explotación de los recursos naturales no renovables deben ser declarados de utilidad pública. La explotación será técnica y racional.

39) Sólo el Estado tiene potestad para emitir y regular la moneda. Evitara los procesos inflacionarios y adoptara medidas conducentes a la estabilidad económica y social.

k) el Estado debe proteger a la familia por ser la célula social que integra a la nación.

41) Protección al patrimonio cultural. Integran el patrimonio cultural de la nación: los bienes y valores paleontológicos, históricos, arqueológicos y artísticos del país. Queda prohibida la enajenación de estos bienes.

42) El Estado estimulará la apertura de mercados nacionales e internacionales para la comercialización de las obras y de los artículos, ayudando a su producción y mejora técnica.

43) Se garantiza la libertad de locomoción. Toda persona puede entrar, permanecer, transitar y salir del territorio nacional libremente. Fijar domicilio o residencia con las limitaciones establecidas por la ley.

44) Se garantiza la propiedad privada. Nadie puede ser privado de ella, salvo por razones de utilidad colectiva o interés público a través de una ley de expropiación.

La indemnización será previa en un 50% y el saldo en cuotas no mayores de tres años.

Las tierras ociosas y aptas a la producción serán objeto de expropiación. El pago se formalizará hasta 10 cuotas anuales.

45) El Paraguay acepta la instancia jurídica supranacional conforme a los tratados internacionales suscriptos y ratificados.

46) El Estado protegerá a los grupos étnicos, respetando sus costumbres, tradiciones, organización social.

47) La República está obligada a proteger las tierras comunitarias de los indígenas y asistirles para mejorar su conservación ecológica.

49) La ley impondrá la descentralización de las Municipalidades de la República, instituciones que serán autónomas y autárquicas. Los miembros de las Juntas Municipales percibirán en concepto de dieta el X% de sus ingresos presupuestarios.

50) La reforma de la Constitución, sea total o parcial, la podrán solicitar 30.000 ciudadanos, el presidente de la República y cinco parlamentarios a la Asamblea Nacional Permanente.

La Convención Nacional Constituyente sancionará y promulgará la nueva Constitución.

51) La cooperación de los poderes con el objetivo de realizar los fines del Estado debe poner en vigencia el principio de legalidad. Todo plan de gobierno tendrá como finalidad la vigencia del Estado de Derecho. Estos objetivos primordiales son la educación, la salud, la seguridad, la paz, la justicia y el bienestar de los habitantes. Un pueblo sumido en la pobreza crítica carece de integridad moral. El estado de necesidad pervierte su conducta.

La primera obligación del Estado es reducir a tasa mínima la desocupación y adecuar los ingresos con los gastos.

La sana costumbre del paraguayo de ayer fue su orgullosa expresión: Che almacén arecó che kokuepe. "Mi almacén está en mi chacra".

Los gastos de manutención familiar eran mínimos. No compraban galleta pues el sabroso chipá o caburé hogareño desplazaba del menú al pan o galleta.

La gaseosa ha sustituido al sabroso y nutritivo jugo de frutas. El coste de vida ha aumentado innecesariamente en los ranchos campesinos.

La educación debe comenzar en el hogar, con una alimentación adecuada, la práctica de la higiene y la vigencia de las buenas costumbres.

Es inadmisible que en el Paraguay haya pobreza crítica. Su extensión territorial y los atributos para cultivar son propicios para combatirla.

Los ejemplos nos los dan Israel, China y Japón que, con menor superficie y superpoblación, han alcanzado el bienestar por la eficiencia técnica y excelente administración de sus recursos.

Las áreas de minifundio explotadas en forma rutinaria, sin la preparación adecuada de las parcelas, con instrumentos de labranza no mecanizados y faltos de espíritu solidario para enfrentar la pobreza son causas determinantes de nuestra postración económica y social.

China, Israel, Japón y otros países, por la producción organizada en cooperativas o comités, han alcanzado logros significativos en las áreas económica y social.

La falta de aplicación tecnológica, la mala distribución de los recursos, la ausencia de créditos de promoción y la incultura son los determinantes de nuestra realidad pasiva.

En lo político, la fuerza de la opinión pública y la acertada elección de sus gobernantes.

En lo económico, la productividad reflejada en la calidad, coste y precio del producto.

En lo social, una equitativa redistribución de los ingresos nacionales, con servicios eficientes de seguridad social.

Los pueblos de mejores niveles están representados por su cultura cívica, su economía próspera, sus necesidades básicas satisfechas y una ilustración que lo jerarquiza.

El Plan de Gobierno que proponemos a la consideración de los compatriotas tiene como propósito transmitir mi experiencia de vida y el conocimiento de la legislación comparada, indicadores ciertos para formular diagnósticos y evaluar realidades.

En lo personal, conocí los rigores de la chacra, de las actividades pecuarias, el monte y como obrero en la carpintería de mi padre. El Paraguay vive una realidad penosa. La estructura de las clases indica tal situación:

De la clase baja, un 20% está en la condición de pobres críticos. El Gobierno que pretenda alcanzar objetivos, lo primero que deberá implementar es la modificación de la estructura social y económica del país. Es un imperativo que la propia Constitución enuncia: "El interés general sobre el interés particular".

Una reforma tributaria es fundamental para distribuir la carga impositiva y mejorar los servicios de asistencia social.

Un país civilizado no debe desproteger a sus habitantes. Paraguay actualmente tiene un índice elevado de personas sin asistencia de salud. Se calcula en un 40%.

Los campesinos, que representan el 39% de la población general, están asentados en áreas de minifundio, sin asistencia técnica ni créditos de promoción.

Los obreros, con salarios deprimidos insuficientes para cubrir sus necesidades primarias.

Los empleados, con sueldos mínimos que apenas cubren la contrapartida de los gastos, salvo los empleados calificados.

Los problemas estructurales son prioritarios para el Gobierno. Si no se modifican estas desproporciones seguiremos en el atraso y en la iniquidad.

En la República no se avizoran los cambios. Volverán al Parlamento el 80% de los actuales senadores y diputados, que poco han hecho en beneficio del pueblo. Su producción legislativa aplazada. Mas están dedicados a actividades partidarias e incumpliendo sus obligaciones constitucionales.

Hasta tanto sigan vigentes las listas cerradas o sabanas, estos privilegiados pertenecientes a sus sectas partidarias seguirán en funciones.

Ningún país puede considerarse democrático cuando su ley electoral impone al ciudadano a votar sin opción de elegir. Mientras no se modifique el Código Electoral, la farsa democrática seguirá maquillando nuestra dictadura sectaria entronizada en los partidos políticos.

Voy a referirme al famoso Pacto de Gobernabilidad que suscribieron el día 14 de octubre del año 1993 los partidos:

Este pacto de supuesta gobernabilidad facilitó al gobierno de Wasmosy a una gestión de abusos de poder con la complacencia de los opositores. La corrupción se acrecentó y la impunidad más que nunca siguió vigente.

A continuación transcribo el acta de gobernabilidad suscrito por los representantes de los citados partidos.

Reunidos los representantes de los partidos que hoy concurren a formalizar las bases de un Acuerdo Político que facilite la gobernabilidad de la República, que viabilice las soluciones que demanden los sectores mayoritarios de nuestro pueblo y que rescate el sentido histórico que exige de la dirigencia nacional deponer los sectarismos y los estériles enfrentamientos, se conviene en establecer las siguientes bases de futuras coincidencias sobre aspectos de carácter político, económico y social.

El Pacto de Gobernabilidad será un acuerdo inter partidario abierto, sin exclusiones, con la finalidad de formalizar un dialogo responsable y permanente para buscar conjuntamente la solución de los problemas políticos, económicos, sociales y ambientales que interesan al pueblo paraguayo.

Esta propuesta expresa la voluntad asumida por los partidos políticos participantes de valorizar el dialogo como instrumento fundamental de una convivencia democrática que permita armonizar el amplio goce de las libertades públicas con el desarrollo económico y social.

El Pacto de Gobernabilidad busca debatir en una instancia política de amplia representación popular los problemas, proyectos y aspiraciones de la ciudadanía para promover soluciones fundadas en el dialogo enriquecedor de las propuestas.

1) Fortalecer las instituciones democráticas establecidas en la Constitución Nacional.

2) Combatir la corrupción en todas sus formas, morales y materiales, para devolver a la sociedad paraguaya la credibilidad en los valores espirituales y éticos, la confianza en el trabajo, la capacidad, la honestidad y como rechazo de una perversión cultural que ha adulterado en gran medida la nobleza intrínseca del paraguayo.

3) Concertar y profundizar campañas coordinadas para superar los desafíos que plantean los actuales niveles de pobreza, desempleo y falta de oportunidades para la juventud.

Promover un programa masivo de recuperación educativa y ampliar los alcances efectivos de los servicios de salud en beneficio de la población.

4) Forjar la plenitud del Estado de Derecho, basado en un Poder Judicial independiente, sustentado en la probidad de sus magistrados, una Justicia Electoral que garantice la igualdad y la transparencia de todo proceso eleccionario y Fuerzas Armadas estrictamente limitadas al papel institucional que les asigna la Constitución Nacional.

5) Coadyuvar en la formulación de un modelo racional de reformas de las funciones y recursos asignados al Estado con el objetivo de que sirva a la sociedad con mayor eficiencia.

6) Respetar el funcionamiento del equilibrio y la interdependencia de los Poderes del Estado, sin aspirar a sustituir la competencia de ninguno de ellos, y derivar hacia los mismos por los canales que corresponden las coincidencias emanadas del dialogo.

Con vista a asegurar la continuidad del dialogo y el tratamiento exhaustivo de los objetivos coincidentes se acuerda confirmar el funcionamiento de esta mesa inter partidaria de dialogo, abierto a la participación de todas las organizaciones del país y a establecer los mecanismos más conducentes para su mejor desenvolvimiento. La confianza en estos altos ideales no soslaya las dificultades ni las discrepancias que puedan presentarse en el desarrollo de este dialogo, que podrán ser superadas a través del consenso, la buena voluntad y el patriotismo.

Firman por el Partido Colorado, Ángel Roberto Seifart, vicepresidente de la República, y el Dr. Domingo Isabelino Laíno por el Partido Liberal. También suscriben este pacto los representantes del Partido Revolucionario Febrerista y Demócrata Cristiano".

El Pacto de Gobernabilidad que acordaron el oficialismo y los opositores son enunciaciones, propósitos, pero nada concreto acerca de un plan de gobierno consensuado.

La primera inconsecuencia fue la tacha del mejor candidato para la Corte Suprema, el Dr. Horacio Gabriel Lebrón, por la entereza de manifestarle al presidente de su partido, el Liberal, que de acceder al cargo sería juez de la República y no dócil instrumento de los políticos.

El compromiso que asumieron los partidos fue desmentido por la actitud sectaria en la conformación de la Corte Suprema de Justicia. 5 colorados, 3 liberales y 1 demócrata cristiano. La justicia se politizó.

El anhelo de honestidad y el castigo a los infractores de la ley es un mito. Durante el gobierno del ingeniero Wasmosy y pactistas el Paraguay afrontó la mayor corrupción administrativa.

El Pacto de Gobernabilidad no fue tal, si un contubernio para la distribución de cargos y canonjías.

Con el Pacto de Gobernabilidad el Gobierno obtuvo la indiferencia de los opositores, omisión grave que estimuló la corrupción.

Todo pacto de gobernabilidad ha de basarse en la legalidad de los altos públicos, en la coincidencia programática, en la ejecución de los objetivos y en la designación de los mejores ciudadanos para las funciones.

Nada de esas condiciones se cumplió. Los resultados fueron negativos y la República siguió con indicadores de atraso y abuso de poder.

El Plan de Gobierno que sometemos a la consideración de los compatriotas enumera las siguientes propuestas:

3) Se limita la remuneración al sueldo mínimo para evitar la discrecionalidad y la presión sobre los gastos públicos.

4) La elección por voto directo con listas desbloqueadas, para que el ciudadano elija y no solo este obligado a votar.

5) El Poder Legislativo se concentrará en sus funciones específicas, la función de legislar.

6) El juicio político estará a cargo de otro órgano para evitar la perniciosa influencia sectaria.

La Asamblea Nacional Permanente tendrá competencia para privarle de sus fueros en procedimiento sumario, garantizando el derecho a la defensa del imputado.

La falta o ausencia en tres sesiones consecutivas y cuatro alternadas sin justificación, será causa de cesantía inmediata.

El abandono de la sesión para dejarla sin quórum será considerado como una ausencia sin aviso ni justificación.

El Estado de Excepción también conocido como Estado de Sitio puede ser declarado por el Parlamento por un plazo no mayor de sesenta días, pudiendo ser prorrogado por sucesivos términos de sesenta días, siempre que persistan las causas de tal declaración.

El Estado de Excepción puede afectar a todo el territorio de la República o solo a parte de dicho territorio.

El Poder Legislativo podrá conceder amnistía sustituyendo la pena carcelaria por una multa, salvo que el procesado haya ya cumplido la tercera parte de la sanción.

Con estas medidas alternativas se evitara la impunidad por componendas sectarias.

Se ha discutido en la doctrina si el juicio político puede ser objeto de revisión por otro órgano del Estado.

En otros países sí. De ser desaforado un parlamentario o funcionario de jerarquía, como el Presidente de la República, se le concede el recurso de apelación o revisión ante la máxima instancia judicial.

Nos adherimos a la concesión del citado recurso, pues la instancia única no es la más recomendable ni equitativa.

Es un poder de equilibrio y control con respecto a los otros poderes del Estado.

La elección de los representantes de dicho poder se formaliza en elecciones generales de 15 de sus miembros por el voto popular. Los otros 15 representantes por sus asociaciones reconocidas en elecciones de sus componentes.

Esta modalidad propuesta trata de evitar la preeminencia sectaria que ha influido negativamente en nuestra actividad cívica. Los representantes elegidos por el voto de los integrantes de sus respectivas asociaciones concederán el derecho de participar en el control y decisiones más importantes del Gobierno.

La Asamblea General Permanente será un poder de equilibrio y control para el cumplimiento del principio de legalidad que debe regir en las actividades del Estado.

Integraran la Asamblea Nacional Permanente treinta ciudadanos honorables, sin inhabilidades para la función, con 40 años de edad cumplidos y de nacionalidad paraguaya natural.

Es el poder competente para entender en los casos de juicio político al Presidente de la República y en los casos previstos por la ley. Una importante función de control se le asigna al poder vetar los empréstitos externos cuando consideren inconvenientes a los intereses del país.

Es el órgano competente para designar presidente provisional de la República, en caso de acefalia o ausencia.

La función de miembro de la Asamblea Nacional Permanente es carga pública.

Los miembros de la Asamblea Nacional Permanente, en caso de mal desempeño o comisión de delitos, serán juzgados por un jurado de cinco miembros, profesores titulares de la Facultad de Derecho. Tres de la UNA y dos de las universidades privadas.

La función específica de la Asamblea Nacional Permanente es la de control y designación de funcionarios de jerarquía.

La principal reforma se refiere a la supresión de la Vicepresidencia de la República.

La historia trágica de nuestro país nos remonta a sucesos sangrientos por disputas de poder.

La cesantía del vicepresidente Saguier en 1880, la renuncia del Dr. Félix Paiva, 1922, los conflictos recientes: Wasmosy-Seifart, Cubas-Argaña, Duarte Frutos-Castiglioni, justifican tal supresión.

Otra modificación propuesta es el "balotaje". El candidato que no lograra el 51% de los votos tendrá que volver a competir en una segunda votación.

La reelección sólo se permitirá por un periodo más. No podrá exceder en la función por más de 10 años.

Sera sometido a juicio político por mal desempeño en sus funciones o por indicios graves de comisión de delitos. El poder competente para juzgarlo será la Asamblea Nacional Permanente, con el 60% de los votos presentes.

El Presidente de la República representa al Estado, es jefe de la administración pública y Comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas de la Nación.

Puede indultar y conmutar las penas impuestas por los magistrados de la República conforme a la ley y siempre que se haya cumplido la tercera parte de la condena.

Las Fuerzas Armadas de la Nación con su jefatura son una institución nacional. Su función es la de custodiar la integridad territorial de la nación y defender el Estado de Derecho. Participaran en el proceso de desarrollo del país y en la asistencia en caso de calamidad pública.

El Poder Judicial es el custodio del orden jurídico. Interpreta las leyes, las hace cumplir y las debe cumplir. La administración de justicia será ejercida por la Corte Nacional de Garantías Constitucionales, por el Tribunal Superior de Justicia, por los tribunales y los juzgados en la forma que establezca la Constitución y la ley.

La propuesta de modificación otorga la función de ordenador de gastos a un Consejo de Administración compuesto con tres miembros con título universitario de economista o licenciado en contabilidad o administración de empresas.

Esta modificación libera al Presidente de la Corte de tan peligrosa y subalterna gestión, pues está sometido a la fiscalización del Contralor General de la República.

Los Ministros de la Corte Nacional de Garantías Constitucionales sólo podrán ser suspendidos o cesados en sus funciones por un jurado compuesto de cinco profesores titulares de Derecho.

La Justicia Militar no integra el Poder Judicial, por lo tanto, es un órgano administrativo y no jurisdiccional.

El grave problema de la administración de justicia es el bajo nivel académico de los abogados. Egresan sin la escolaridad necesaria ni la formación que requiere la profesión.

Por influencia de sectores partidarios Megan a la magistratura sin el respaldo de un curriculum que les acredite a tal distinción. La solvencia intelectual de los abogados que depende de la Universidad sigue en déficit.

La Administración de Justicia en el Paraguay está calificada entre los tres últimos países de América Latina. Esta es nuestra realidad.

El primer indicador del atraso de un país se traduce en su inseguridad jurídica.

Señores parlamentarios, ocúpense de la Universidad. La enseñanza es deficitaria, los métodos obsoletos y la incultura generalizada, salvo contados excepciones.

La Administración de Justicia debería ser el soporte del orden basado en la equidad.

El retardo de trámites es su nefasta consecuencia. No culpemos a la Corte de este gravísimo problema que afronta el país. Hasta tanto las unidades pedagógicas no mejoren sustancialmente los me todos de enseñanza, no aumenten las horas de formación profesional y cultural del abogado, seguiremos soportando la inseguridad jurídica, primera causa de nuestra pobreza crítica.

En el anteproyecto modificamos la estructura del Poder Judicial. Aparece como máxima autoridad: La Corte Nacional de Garantías Constitucionales, integrada con tres doctores en Derecho de excelente curriculum.

La influencia de los partidos políticos en la designación de los magistrados es otro de los factores de corrupción. Se premia la incondicionalidad a las carpas sectarias y se castiga la excelencia curricular. . Un ejemplo: el Prof. Dr. Horacio Gabriel Lebrón fue excluido de la nómina de candidatos a la Corte Suprema de Justicia por haber manifestado con hidalguía que sería juez de la República y no un incondicional de su partido (Liberal).

Estas experiencias negativas y condenables las debemos superar. La justicia exige excelencia de vida a los jueces.

Para evitar las nocivas influencias partidarias en la elección de los magistrados se suprime el Consejo de la Magistratura, un órgano sectarizado sometido a la presión de influyentes personajes.

Este órgano es sustituido en nuestro Anteproyecto por un Consejo de Elección compuesto de cinco profesores titulares de las facultades de Derecho, tres de la Universidad Nacional y dos de las universidades privadas.

Se pretende con este modo otorgarle objetividad a la postulación de los jueces.

El profesor está en mejores condiciones para apreciar los meritos académicos de los postulantes.

Desaparece el Jurado de Enjuiciamiento, órgano que poco ha hecho en combatir la impunidad. Lo sustituye en la función la máxima autoridad judicial la Corte Nacional de Garantías Constitucionales.

El Tribunal de Cuentas, 2º Sala, para aprobar los gastos e inversiones públicas, desaparece.

Si existen irregularidades en la administración de los bienes o servicios públicos han de someterse a la instancia judicial. En lo administrativo, el Tribunal de lo Contencioso-Administrativo. En lo penal, los jueces y tribunales de dicha instancia.

Se ha dicho ya en Roma que un pueblo sin opinión y sin justicia es condenado a la miseria.

Es hora de que los parlamentarios se ocupen de proponer soluciones a tan delicados y urgentes problemas.

3) la ocupación plena o semiplena con una equitativa redistribución de los ingresos.

El Poder Constituyente tiene por finalidad dotar al país de una Ley Fundamental que comprende sus partes esenciales:

3) La parte orgánica que se refiere a la estructura del Estado, con la función propia de los poderes.

5) La potestad de la Convención Nacional Constituyente. El Poder Legislativo

5) Prestar los acuerdos para las designaciones previstas y efectuar los nombramientos que le compete.

7) Es órgano de control acerca de los ingresos y egresos de las finanzas públicas.

6) Indultar o conmutar las penas impuestas por los jueces y tribunales conforme a la ley.

10) Preparar y presentar el proyecto anual del Presupuesto General de la Nación.

El Gobierno de febrero de 1936 presentó proyectos de reforma social y atendió la situación crítica del campesino. El Dr. Juan G. Granada trae un interesante análisis acerca de tales proyectos.

La suspensión y remoción de los magistrados deben ser con causa: mal desempeño en sus funciones o la comisión de delitos. El Plan de Gobierno que presentamos a la consideración de los compatriotas tiene por finalidad abrir el debate acerca de este trascendental tema: el Gobierno eficiente "para el cumplimiento de los grandes objetivos de la República", como son:

El plan es el instrumento necesario para alcanzar los objetivos. Los hombres de Estado y los funcionarios serán los hábiles conductores para lograr tales fines.

La organización y los hombres capaces señalan el camino del progreso de los pueblos.

Trabajo realizado por RICARDO FRANCO LANCETA, presidente de la "República Moral Cooperativa"

Esta es la pregunta estratégica. La respuesta no puede improvisarse ni ser una promesa electoral más que terminan por no cumplirse, pues carecen de bases científicas, que no son otra cosa que estudiar la realidad, sus problemas estructurales y coyunturales, agruparlos como datos que nos permitan tener una estructura de conocimiento y en consecuencia elaborar una teoría que haga factible enunciar y ejecutar soluciones.

Hipótesis. Hemos trabajado con varias hipótesis frente a la realidad del país que somos, como consecuencia de haber acumulado tantas crisis, que apartaron las políticas de Gobierno del modelo que hoy exige el país, que es un modelo de cooperación y no de confrontaciones para encubrir privilegios e intereses ilegítimos. Del análisis resulto que se venía, programadamente, institucionalizando un país polarizado en una oligarquía que concentra riquezas y un pueblo que solo acumula más pobreza. Es un perverso modelo que impide el crecimiento económico con progreso y desarrollo social. Cada día más excluyente y discriminatorio. No percibimos una política seria y responsable de soluciones institucionales. Preocupante una primera conclusión: las políticas sectarias, los descubiertos morales en un país aprisionado por la corrupción y el prebendarismo, solo permiten sobrevivir en la recesión, el incremento del desempleo, la acumulación de mas pobreza y marginalidad, con sus consecuencias delictivas que, a la inseguridad jurídica de arriba, se le complementa la inseguridad ciudadana de abajo, que amedrenta a toda la población con delitos que son consecuencia de la extrema indigencia y la disgregación social.

La pobreza extrema no solo es consecuencia de la falta de empleos (una dura realidad social), también es consecuencia de una crítica insuficiencia cultural y educativa. El conocimiento de esta realidad permitió desechar muchas hipótesis (preguntas), para concluir en la tesis que somos un país invertebrado, sin políticas de crecimiento interno y desarrollo con valor agregado. Se crece en cultivos extensivos y mecanizados para exportar materia prima primaria, que son los que no solo no generan empleos, sino aumentan el desempleo, por la excesiva concentración del capital tierra en pocas empresas. Cosa igual ocurre con el sector ganadero. Sin embargo, se pretende que CRECE EL P.I.B. porque aumenta la exportación de granos y de carne. Y lo más lamentable, se pretende que ese crecimiento es progreso. Todo lo contrario, es MAS POBREZA. El análisis científico de esta realidad nos conduce a esa conclusión. Sin embargo, los sectores de la oligarquía, pretenden presentar esta situación como logros del Gobierno. Todo un fraude en el manejo de las cifras. Pregunta: si al crecer el PIB, sin valor agregado (empleos y más impuestos que ingresan al fisco), CRECEN TAMBIEN LA POBREZA y el DESEMPLEO, ¿qué relación tiene el PIB como indicador de desarrollo social? Aquí está la cuestión. Se parte de una premisa falsa y, en consecuencia, se obtiene una conclusión negativa.

Política financiera. Un análisis de su comportamiento nos lleva a la conclusión que no tiene ninguna relación con la economía y su crecimiento y desarrollo. Por culpa de esta irracionalidad, más de mil empresas industriales fueron a la quiebra y perdieron puestos de trabajo más de setenta mil trabajadores. Simplemente porque el sistema, reglamentado al máximo, no pudo refinanciar las deudas.

Planificación. En toda economía seria pueden elaborarse estrategias de crecimiento y desarrollo a corto, mediano y largo plazo, estrategias que se ejecutan a través de Programas específicos y con financiamiento y asistencia técnica, cuando el sector donde se aplique lo exija. En nuestro país, del estudio realizado, se llega a la conclusión que este tipo de planificación NO ES POSIBLE, ya que la urgencia de soluciones coyunturales EXIGE ELABORAR Y EJECUTAR DE INMEDIATO UN PROGRAMA DE EMERGENCIA NACIONAL.

Nuestra opción. No están dadas las condiciones de elaborar planes de Gobierno ni a mediano ni a largo plazo. La emergencia impone un programa mínimo de gobierno, cuya ejecución inmediata libere todos los factores de producción, lo que en su consecuencia generará la dinámica para ir estructurando el crecimiento económico sustentable y el desarrollo agroindustrial, manufacturero y artesanal. Lo que hoy ofrecemos a la patria, es el programa que si podemos desarrollar para superar la crisis material, moral y cultural, fruto del atraso y la corrupción.

El presente Programa de Gobierno no es un programa electoral, es una PROPUESTA NACIONAL al margen de todo sectarismo. Responde al imperativo de institucionalizar el funcionamiento de la República en los roles constitucionales de los poderes del Estado y a la demanda legítima de mas justicia para el pueblo. Entendemos que estamos viviendo una oportunidad histórica para trabajar soluciones abriendo un proceso de reencuentro nacional de todos los paraguayos, sin exclusiones, y hacer posible reconstruir la patria en sus fundamentos morales que dignifiquen y sobre bases materiales de crecimiento y desarrollo.

Hay que DEMOCRATIZAR la actual democracia formal de privilegios, desarrollando la justicia y la libertad, de modo que la misma llegue como un beneficio de seguridad y calidad de vida de toda la población.

La CULTURA DEL TRABAJO debe subsistir a toda forma de prebendarismo, para dignificar la convivencia ciudadana y poder de esta manera realizar un país sin violencias ni confrontaciones estériles entre paraguayos.

Que la PATRIA vuelva a ser invocada como el patrimonio moral, respetada y realizada en la vida diaria, como un beneficio de progreso, para todos los paraguayos y extranjeros que residen con nosotros.

El Programa Mínimo de Gobierno que pasamos a desarrollar da una RESPUESTA URGENTE a los afligentes problemas de la República y tiene por misión contribuir a superar la grave crisis moral que nos humilla, el atraso económico y cultural que nos agobia, promoviendo el CRECIMIENTO ECONÓMICÓ HACIA ADENTRO (pleno empleo y mejor calidad de vida para todos) y haciendo posible una convivencia pacífica de seguridad jurídica para toda la población. EN CONCLUSIÓN: es lo que todos juntos podemos realizar sin agraviarnos, ni lesionarnos en legítimos intereses y construir una sociedad sin desigualdades injustas, en la legalidad y vigencia del Estado Social de Derecho, que manda la Constitución Nacional.

1.2) Receso en la economía y desempleo. Economía primaria sin valor agregado, con prevalencia importadora de manufacturas, inclusive de alimentos.

1.3) El 90% de la población, incluidas todas las etnias originarias, sin cobertura de I.P.S. Marginada de cobertura de salud, jubilación y pensión.

1.4) Déficit en educación, viviendas, prevención de enfermedades y alarmante contaminación del medio ambiente.

1.5) Alta pobreza cultural que incide directamente en el aumento de la pobreza crítica.

1.6) Sociedad dividida y confrontada entre cada día menos más ricos y muchos más pobres.

1) Reforma de la Carta Orgánica del I.P.S. Que haga posible universalizar la cobertura de salud, jubilaciones y pensiones y su TRANSFORMACIÓN en el SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL. Subsidiariamente, en el marco del Sistema Solidario de Reparto, que es su filosofía desde su fundación, subsidiar con una pensión equivalente a medio sueldo mínimo mensual, a toda persona que cumpliendo sus 65 años carezca de ingresos.

2) Liberar financiamiento a largo plazo para obras de infraestructura social de generación inmediata de empleos, como viviendas, caminos, centros de salud en todo el país, agua potable para toda la población, desarrollo de enseñanza de artes y oficios, asistencia técnica y de gerenciamiento a proyectos y desarrollo de los mismos. Fomento de cooperativas mixtos de obras y servicios públicos.

3) Política educativa, utilizando la actual infraestructura de escuelas y colegios en todo el país, de protección e inclusión social de toda la población carenciada y marginada, desplazada del frente de la pobreza a la indigencia y al delito, utilizando los servicios profesionales calificados y agremiados en la Asociación de Profesionales de Servicio y Trabajo Social, no utilizados debidamente y capacitados para esta obra de bien público para la inclusión social de los marginados.

2.1) El actual sistema económico carece de estructuración nacional y adecuada coordinación. Cada sector opera como si fueran feudos independientes, acumulando poder y privilegios, desvinculados del interés general.

Se aumenta el Producto Interno Bruto (PIB) como consecuencia de exportaciones primarias sin valor agregado (granos y carne), y también por importaciones, en un 60% sin aplicación productiva y que también aumenta el PIB; pero, al mismo tiempo, AUMENTAN LA POBREZA Y EL DESEMPLEO. Este es un dato bien estudiado, dada la hipócrita especulación que se difunde como si este aumento fuese beneficioso al desarrollo nacional. No sólo carece de significación social, sino a la vez tributaria, considerando el generoso sistema tributario que tenemos, que no grava las exportaciones y al mismo tiempo desgrava a lo mínimo o a cero, las importaciones. Resumiendo: no tenemos políticas económicas de crecimiento y mucho menos de desarrollo. Siempre publicitando la "inversión extranjera", que para la producción nunca llega, pero si para la especulación financiera, de rápido rendimiento a costa de nuestra precaria economía. Otra falacia de políticos que opinan con total irresponsabilidad para simular "soluciones" donde solo aumenta los problemas por falta de oficio para gobernar. Falta el político estadista, sobran los políticos de discursos y confrontaciones.

2.2) El país carece de políticas financieras que respalde el crecimiento económico y satisfaga la demanda de créditos a tasas razonables y a corto, mediano y largo plazos, conforme sea la naturaleza del proyecto que se financie. Todos los créditos son de corto plazo. Así solo puede funcionar el ciclo agrícola primario, pero de ninguna manera el crecimiento y desarrollo de la economía con desarrollo social. La Banca Pública, que debe ser de fomento, tiene la misma regulación asfixiante de la Banca Privada. La famosa Resolución Nº 8 del B.C.P. y ahora también la funesta Resolución N° 499 del Instituto Nacional de Cooperativismo ponen un cerrojo que limita los créditos, poniendo tantas exigencias, que son excluyentes de necesitados de crédito. Todo un absurdo financiero en un país necesitado del crédito para salir de la recesión, el desempleo, la pobreza y la desesperación de tantos "exiliados" económicos que están destruyendo la familia paraguaya, con grave daño moral a toda la sociedad.

Ante tantas regulaciones y restricciones que las reglamentaciones imponen al sistema financiero privado, público y ahora también a las cooperativas de ahorro y crédito, asistimos a la grave asimetría estructural, que el sistema financiero cada día esta más desvinculado de la producción y se consolida en la especulación: no hay dinero para otorgar créditos para el crecimiento y desarrollo, pero sobra plata para adquirir letras de regulación monetaria, que tanta liberalidad las ofrece el B.C.P. y bonos del Tesoro en dólares que pagan el 9% de interés anual, la tasa más alta del mundo, con la garantía del Estado y sus reservas en el Banco Central. Un solo dato: en el año 1966, el sistema financiero, incluyendo al propio Banco de Fomento, obtuvieron ganancias por intereses en Letras de Regulación Monetaria y Bonos, por más de cien millones de dólares. ¿Quién paga esta voluminosa suma? El pueblo y nadie más que el pueblo, a costa de sus impuestos y de la reducción en las partidas presupuestarias del rubro inversiones en obras sociales, o sea, con menos calidad de vida.

a) Crecimiento económico para adentro, desarrollando todos los proyectos de producción primaria tradicional y alternativa, artesanías de carácter local, con asistencia técnica y gerenciamiento eficiente, utilizando el modelo cooperativo u otras formas asociativas solidarias, de inmediata generación de empleos y mejoramiento de calidad de vida y preservación del medio ambiente.

b) Desarrollo agroindustrial, en especial en alimentos y tejidos, manufactureros y de servicios de calidad de vida, asegurando mercados, rentabilidad económica y alta rentabilidad social, al dar valor agregado por transformación de materia primera y hacer posible una justa renta al trabajo del obrero. De esta manera podrá absorberse la tasa de desempleo rural muy alta hoy, estimada en un desempleo estructural igual al 40% de la población económicamente activa.

c) COOPERATIVIZAR LA REFORMA AGRARIA. Debemos partir del dato estadístico que el desempleo rural es muy alto y en gran medida afecta a la población entre 17 y 30 años. La tierra ya no debe darse en propiedad individual sino en propiedad cooperativa, de manera que deje de ser un valor de especulación, para transformarse en un capital permanente del trabajo. El campesino socio tendrá el usufructo de la tierra para trabajarla, pero no la propiedad. Además, la propiedad agraria adquirida en virtud de la Reforma Agraria debe ser inembargable, pero sujeta de crédito como declaración patrimonial, conforme a la rentabilidad de los programas de producción. Cada Cooperativa operara como un Centro de Desarrollo Integral, económico, moral, educativo, de integración social, de obras de infraestructura para la comunidad, de asistencia técnica, consumo, comercialización y servicios de solidaridad.

El principal problema del Paraguay es de carácter financiero. Existen recursos genuinos del Estado y no utilizan para salir de la recesión y del desempleo urbano y rural, que cada día aumenta más.

La política económica carece de sentido sin el respaldo del financiamiento, en especial de la Banca Pública, que con sus actuales instituciones debe transformarse en un Sistema Financiero de Fomento. Debe operar en el mercado exclusivamente como banca de fomento y con autonomía del resto del Sistema financiero, excepto el sistema financiero cooperativo, que debe coordinarse con la banca pública. No se les debe aplicar resoluciones restrictivas que son propias para la banca privada. Deben operar a corto, mediano y largo plazos, a tasas no mayores al 12% y con un Sistema de seguro que neutralice totalmente el riesgo cambiario y el de la morosidad. Que quede claro: sin esta política financiera, el país no sale de su crisis, que va mucho más allá de los optimistas discursos y del manejo equivocado de las cifras y datos estadísticos, politizados. Va hacia un peligroso abismo de recesión, desempleo, más pobreza y el peligro de sufrir una hiperinflación, si no aumentamos la producción de valor agregado y nivelamos el comercio exterior. Cambiando la actual equivocada política financiera, el país puede superar sus actuales dificultades en un plazo no mayor a seis meses.

3.1) CRISIS DE GOBERNABILIDAD. Los roles constitucionales de los poderes del Estado no funcionan y la legalidad constitucional cedió ante la presión de privilegios facticos, y la mas de las veces por el poder inmoral y antijurídico de la corrupción. Además, los tres poderes viven confrontados o avasallados en su independencia y autonomía, al punto que la anarquía se ha constituido en un factor de poder, cuyas consecuencias se manifiestan en la inestabilidad y la falta de credibilidad en las instituciones. En estas condiciones el principio de legalidad originado en la Constitución se violenta y afecta la seguridad de la sociedad y se hace difícil la garantía de los derechos consagrados.

Y, lo más preocupante, la pérdida de capacidad negociadora en el frente externo, pues también se pierde en soberanía y respetabilidad en políticas de Estado en los procesos de integración y ante situaciones tan preocupantes como los Tratados Binacionales de ITAIPU y YACYRETA, cuya revisión y perfeccionamiento, por negociación, se hacen imperiosos para consolidar nuestras buenas relaciones con Brasil y Argentina. Los tratados se firman y deben desarrollarse en beneficio reciproco de los suscribientes. Tenemos ahí dos cuestiones fundamentales: a) reafirmar soberanía sobre las aguas y capacidad instalada de producción de energía; y b) nuestro irrenunciable derecho de comercializar el excedente del 50% de la energía producida, que no consumismo aun, a precio NO DE COSTO sino de MERCADO. Son cuestiones puntuales que pueden resolverse en ANEXOS de ambos tratados. Esta es una materia pendiente desde la firma de los tratados. Se impone NEGOCIAR con DIGNIDAD y PATRIOTISMO este delicado problema, que afecta a la soberanía y el desarrollo económico de la nación.

3.2) RECUPERAR SOBERANÍA PERDIDA. Necesitamos establecer parámetros serios y consustanciados con el interés nacional de crecimiento económico y desarrollo social. Hemos perdido soberanía interna frente a cualquier presión fáctica, en los tres poderes del Estado. También en las relaciones internacionales y los mismos procesos de integración, como MERCOSUR, que nos afecta directamente. ITAIPU y YACYRETA son testimonios de injustificables renunciamientos. Cambiamos soberanía sobre los ríos por un manejo injusto y de trato colonial en el manejo de la energía hidroeléctrica. Esto crea malestar, que a su vez se politiza internamente y se oscurece aun mas encontrar la solución en la equidad, que supuestamente es la filosofía de ambos tratados. Deuda no justificada en los costos y cargas financieras usurarias, precio por debajo de su costo, prohibido por el mismo Tratado de Itaipú, nos han transformado en un país deudor de pago imposible, al punto que la "deuda externa del Estado", carece en números de significación, frente a las deudas en las hidroeléctricas de Itaipú y Yacyreta. Esta deuda injusta debe desaparecer y no admite ser canjeada por nuevas cesiones de nuestra soberanía, tal se plantea desde Brasil y últimamente desde Argentina. Recuperar soberanía y negociar con patriotismo, esa es la cuestión fundamental. Podemos hacerlo y recuperar lo que hasta hoy hemos perdido en ambos tratados y sus administraciones, a cargo exclusivo de los otros Estados partes.

1) Primero, afirmar nuestra unidad interna, restableciendo el equilibrio en el funcionamiento de los tres poderes del Estado y afirmar un estado de conciencia nacional en el funcionamiento del Estado Social de Derecho, que consagra en su Art. 1° la Constitución Nacional, de manera que el ordenamiento jurídico interno funcione en el principio de legalidad que se establece para que tengan plena vigencia, en la práctica, los Derechos Individuales y Sociales que consagra dicho cuerpo del derecho público. Hay que acatar, respetar, cumplir y hacer cumplir lo que dispone la Constitución Nacional, como fundamento de la legitimidad de ejercicio de nuestros gobiernos y para que la población sienta los beneficios de actos de buen gobierno y no la anarquía de los discursos, vieja dialéctica del mal gobierno. Los cambios estructurales hay que realizarlos en la legalidad constitucional, y los cambios coyunturales, saliendo de la "política" de mandar desde el Palacio de los López y dedicar todo el tiempo para gobernar, que esa es la función política central de todo gobernante. No hacerlo es perder legitimidad de ejercicio en el cargo y ese es otro factor más de la anarquía nacional. Cambiar la actual "democracia formal" (se enuncia pero no se realiza) por una democracia plural participativa (se practica con la participación de la comunidad y la filosofía solidaria de la cooperación). Esta es la democracia que manda el "Estado Social de Derecho", o sea, es un mandato constitucional NO REALIZADO. Es también parte de la crisis de un individualismo de enfrentamientos sectarios, de discursos agresivos, de falta de tolerancia.

Fundar el ejercicio de la soberanía, que no es un discurso más para la agitación sino una férrea e irrenunciable voluntad nacional, afirmando la institucionalidad de la República y RESOLVIENDO en el PODER MORAL DE LA JUSTICIA Y LA COOPERACION los estados de necesidad del pueblo en todo lo que hace a mejorar su calidad de vida en forma integral.

Fundar nuestra política exterior en la convivencia pacífica de las naciones, la autodeterminación de los pueblos, la independencia y soberanía de los estados, la cooperación para el progreso social y la integración económica sin políticas ni imperios dominantes. Ser protagonista en las ideas de forjar un mundo de paz, sin violencias dominantes, persiguiendo su integración sin dominaciones coloniales, ni abuso de poder del más fuerte. Salir de las confrontaciones y orientarnos en la cooperación. Resolver conflictos por la NEGOCIACION, siempre por la COOPERACION y nunca por la VIOLENCIA DE LA FUERZA, que será siempre violencia contra los principios morales, fundamento de toda política exterior que debe desarrollar valores permanentes y no intereses circunstanciales. No queremos una globalización de intereses materiales. Creemos, si, en una globalización humanizada por la justicia y garantizada por la libertad. Recordemos "que matar a un hombre, será siempre el crimen de matar un hombre".

2) RENEGOCIAR TRATADOS. La titularidad de dominio sobre las aguas, crea un condominio propietario de los mismos. Los tratados suscritos con Brasil y Argentina, ITAIPU y YACYRETA, son condominios propietarios en agua, capacidad instalada y utilización de energía por partes iguales. Aquí está el Principio de Legalidad, en el marco del Derecho Internacional Público que regula los mismos. Y ese principio de legalidad, da el derecho incuestionable de revisar sus textos, en todo lo que ocasiona lesión grande a nuestra soberanía y a nuestros intereses económicos. No se puede cuestionar este derecho. El 50% de energía producida constituye para Paraguay una estratégica industria de base para fomentar su crecimiento económico de desarrollo con bienestar social. Esta cuestión no debe seguir siendo politizada. Sabemos que hay responsables de origen en estos condominios de energía, sabemos también de muchos actos de corrupción que siguen hasta la fecha, indudablemente con responsabilidades en los otros Estados partes también. Se impone moralizar el manejo técnico, financiero y administrativo en ambos tratados. La estrategia nacional debe ser, primero, elevar formalmente un pedido de revisión de los tratados, puntualizando que partes y de qué manera. Ya lo expusimos antes en este Programa de Gobierno. De lo que se trata es que el pedido de revisión nazca en una Ley del Congreso y sea el Poder Ejecutivo el que lo negocie, debiendo sus conclusiones también ser sometidas a la aprobación del Congreso. Y para el supuesto de no tener respuesta aceptable de nuestros socios condóminos, se podrá recurrir a tribunales internacionales con competencia jurisdiccional sobre tratados binacionales. Y, al mismo tiempo, deberán agendarse en toda reunión internacional de las naciones, sea MERCOSUR, OEA, Naciones Unidas y otros encuentros, nuestros derechos a la revisión de ambos tratados. Así habrá una política de Estado seria y responsable, definitivamente apartada de ciertas prebendas de corrupción, que es son los que más afectan el derecho a renegociar.

3) EMPRESAS PÚBLICAS. Todas las empresas políticas existentes deben COOPERATIVIZARSE en el marco de lo establecido en el Art. 111 de la Constitución Nacional, de manera a liberarlas de malos manejos de prebendarismo y corrupción, que hace imposible que las mismas operen en el mercado con eficiencia y eficacia, en beneficio de la población y del crecimiento económico en la producción de bienes y servicios. Estas cooperativas deben ser MIXTAS, manteniendo el Estado la titularidad del patrimonio de las empresas a la fecha de su cooperativización, pero tercerizando su administración a favor de la Cooperativa, organizada por sus trabajadores y asesores técnicos. Las mismas operaron en el mercado en libre concurrencia y se constituirán en entes autónomos del Gobierno. La propiedad de los activos seguirá siendo del Estado, pero la guarda de ese dominio y su gobierno, serán de la competencia exclusiva de la Cooperativa.

4) INDUSTRIAS DE BASE. El desarrollo de la economía de las naciones depende de sus industrias de base, llamadas así por ser empresas multiplicadoras de otras, todas de alto valor agregado (empleos) y que hacen a la soberanía de los Estados en sus estrategias internas y externas. En nuestro país tenemos como empresas públicas, mal utilizadas hasta ahora, las siguientes industrias de base: a) energía hidroeléctrica, b) agua, c) cemento, d) comunicaciones (COPACO), e) carreteras, f) agua potable (ESSAP). Estas empresas, transformadas en COOPERATIVAS MIXTAS, deben constituirse en el componente estratégico del crecimiento económico y del desarrollo con progreso social. Puede seguir el MODELO de la privatización de la Industria del Acero del Paraguay (ACEPAR), hoy coadministrada por una cooperativa ejemplar (COOTRAPAR Ltda.) y transformada en una gran empresa siderúrgica del país

La industrialización del país, a partir de sus industrias de base, es totalmente factible. Después de una minuciosa revisión de nuestra realidad, encontramos estos horcones de la economía no utilizados para afirmar una política de pleno desarrollo. Solo falta una política financiera adecuada para revertir una situación hasta hoy ignorada. Siempre un modelo de atraso, importador de manufacturas y exportador de carne y granos, sin valor agregado, atraso que se mantiene por carencia de programas de transformación rural, en una economía más integrada a partir de la producción primaria tradicional y su necesaria diversificación. El campo, su producción y transformación agroindustrial y de cría de animales vacunos en forma extensiva y la necesaria Reforma Agraria Cooperativizada, permitirán superar la inseguridad del atraso y lograr su impulso por la mejor organización, gerenciamiento idóneo, asistencia técnica y financiamiento adecuado, con el logro de mayor productividad y calidad, en especial en la especialización alimentaria de consumo familiar y de renta para su comercialización en el mercado interno y hacia los mercados del exterior.

La contención para no avanzar hacia el progreso y la calidad de vida y medio ambiente sano; está en la forma usuraria del financiamiento, que tal se viene manifestando, pareciera mas una especulación usuraria del dinero que una política vinculada a los sectores de la producción a todo nivel. Hay un programado divorcio entre recursos financieros, que sobran, y demanda de créditos, que faltan. Hay que atar los extremos. Desengrillar las financias privadas y públicas y tener abundante crédito para transformar una economía contenida en una economía de crecimiento y desarrollo. Es lo que debe hacerse, y si faltasen recursos de captación tradicional, ahorro de las gentes, HAY QUE LIBERAR PARTE DE LAS RESERVAS OCIOSAS DEL BANCO CENTRAL, que hoy alimentan la especulación con las Letras de Regulación Monetaria y resoluciones absurdas de contención del crédito, restableciendo el REDESCUENTO que, sin costo financiero, hará posible tener una POLITICA FINANCIERA a baja tasa y plazos cortos, medianos y largos. Terminar con el mito que el exceso de circulante genera inflación. Esto sería en alguna medida cierta si el dinero proviene de la corrupción y la evasión tributaria, de las economías en negro, pero el crédito aplicado a la producción hace posible estabilizar la economía y el pleno empleo. Y en un país como Paraguay, donde gran parte de la desocupación es de origen estructural, de estructuras rurales atrasadas que solo expulsan a la población hacia el frente de la pobreza. Ya no puede justificarse ni es técnicamente admisible que las RESERVAS DEL ESTADO PARAGUAYO, guardadas en el Banco Central del Paraguay, sigan siendo "feudos financieros" cautivos y manejados desde el exterior.

Tenemos todos los recursos para salir del atraso, la recesión de la economía, el estancamiento social, técnico y cultural y estabilizar la República y la democracia en el progreso, el desarrollo y el bienestar social. Además, RECUPEREMOS EL PATRIOTISMO, ese VALIOSO CAPITAL MORAL que lo hemos perdido en tantas farsas de malas políticas que privilegian el prebendarismo de puestos y cargos en la burocracia de los tres poderes del Estado y olvidan que la alta función de la política es dar soluciones oportunas a las demandas de justicia de la realidad nacional. Hacer una patria justa es saber gobernarla con sabiduría y prudencia.

5) LEY GENERAL DEL PRESUPUESTO DE LA NACIÓN. Después de la Constitución Nacional, es la ley más importante de la República. Tiene dos fundamentos técnicos: a) saber recaudar, y b) saber programar los gastos, dando preferencia al gasto social, en un país flagelado y humillado por la pobreza.

La Ley Tributaria, además, debe ser su principal componente y su filosofía, como en todo el mundo, debe hacer caer la presión tributaria sobre quienes más tienen y pueden y no descansar en el acto inmoral de hacer recaer la mayor carga sobre quienes menos tienen y pueden, tal ocurre con la actual Ley Tributaria, que castiga con su presión mas a los pobres que a los ricos. Así no funciona una sociedad. EL PRINCIPIO DE EQUIDAD, tal manda la Constitución Nacional, debe ser el PRINCIPIO DE LEGALIDAD DEL TRIBUTO. Los tributos deben ser simples y claros, para que el contribuyente lo entienda y el órgano de aplicación de la ley pueda fiscalizarlos. Tributos confusos inducirán siempre a la evasión y a la imposibilidad del control.

La sociedad debe entender que la Ley del Presupuesto de la Nación es la que permite programar las políticas fundamentales de justicia distributiva y del desarrollo nacional con equidad y bienestar social. Se recauda para llevar servicios y mas justicia a la sociedad y debe marcarse un límite a los gastos fijos, de manera a liberar recursos para la seguridad social y la estabilidad presupuestaria. No se puede gastar lo que no ingresa. Sin embargo, si hacen falta recursos, la misma Ley del Presupuesto debe autorizar al Gobierno a emitir Bonos Internos para cubrirlos, sin recurrir a emisiones inorgánicas. Los Bonos son liquidez y no generan inflación, pues lo que se emite en una cuenta de la contabilidad nacional, se compensa en la otra cuenta, de la doble partida. Los Bonos se liberan a plazos prudentes y a tasas también prudentes y se cancelan con recursos genuinos del Estado, los ingresos tributarios.

6) VIABILIDAD DE EJECUCIÓN DEL PRESENTE PROGRAMA. La República Moral Cooperativa, integrada y fundada por el INSTITUTO DE ESTUDIOS "TESIS NACIONAL" y el CENTRO DE FOMENTO Y CAPACITACIÓN.PARA EL DESARROLLO (CEFOCADES), elabora el presente Programa de Gobierno, resumiendo sus PROBLEMAS CRITICOS y sus SOLUCIONES POSIBLES CON RECURSOS GENUINOS. Es un Plan de Emergencia Nacional de realización inmediata para salir de la crisis. Un estudio serio, imparcial y profundo de la realidad de la economía da validez científica al Plan y define su factibilidad.

Lo ofrecemos a la Patria, que somos todos, sin ningún sectarismo y en la inteligencia que hay que inaugurar una Nueva Política en la República, fundada en el entendimiento de todos los paraguayos, en la cultura de la tolerancia, de la recuperación moral de todas las instituciones, del Principio de Legalidad de todos nuestros actos en lo que nos manda la Constitución Nacional y el Estado Social de Derecho que ella consagra, y fundamentalmente aprender a TRABAJAR CON SOLUCIONES POSIBLES YNECESARIAS, al margen de promesas electorales irreales y falto de coherencia o imposibilidad de su aplicación, erradicando toda forma demagogia y de populismo irresponsable.

Aprobado en el Séptimo Congreso de la República Moral Cooperativa, desarrollado en la ciudad de Nuestra Señora de la Asunción, los días 30 de setiembre al 12 de octubre del año dos mil siete.

ACLARACIÓN: Todos los proyectos tienen una adecuada rentabilidad económica y generan una alta rentabilidad social, de aplicación en los sectores más deprimidos de la sociedad paraguaya, área rural. Elaborados por el Departamento PROYECTOS del Instituto de Estudios "Tesis Nacional".

OBJETO: Superar estados de pobreza, marginalidad y exclusión social, que caracterizan los medios rurales (campesinos) en la República del Paraguay.

EXPERIENCIA: La institución tiene experiencias en planificar soluciones sobre la base de ejecutar programas económicos de desarrollo social y calidad de vida. Los proyectos se ejecutan a través de Cooperativas de Producción, Consumo y Comercialización, con asistencia técnica idónea y gerenciamiento eficientes y eficaces.

INTRODUCCIÓN: Paraguay es un país de suelo apto para el cultivo del tártago (ricinos Communis), materia prima para producir aceites, pertenece a la familia de las Euforbiáceas. La semilla contiene un alto porcentaje de aceite (promedio 50%). El residuo (expelier) tiene alto poder nutriente de la tierra (abono).

La producción (cosecha) es anual y tiene un rinde promedio de 2.500 kilos por hectárea.

Es de fácil cultivo y no requiere de agroquímicos ni muchos cuidados culturales. En el periodo de cosecha, que se hace a mano, hay una multiplicación por 4 del personal utilizado durante el periodo de siembra y carpita para eliminar yuyos. Trabaja en la cosecha toda la familia.

Este programa tiene dos componentes: a) el cultivo agrícola; y b) su transformación agroindustrial en aceites (en especial aceite de ricino), también sirve para la producción de combustibles de origen verde no contaminantes). Pero en el proyecto se prevé su rentabilidad económica-social, en "Tártago/Aceite Ricino", de alta demanda en el mercado internacional.

COSTO: ...................................................................... US$270.000.

15.000 familias................................................................. US$ 150.450.000.

2. INDUSTRIALIZACION de la materia prima 4 Plantas procesadoras, incluye envasado. Precio por Planta Industrial con infraestructura edilicia. Plantas a ser importadas de Taiwán o Brasil. Instalada en sitio: US$ 50.000 por planta.

Además: Se requerirá para cada Planta Industrial, capital de trabajo para el primer año, de aproximadamente : US$ 40.000.

En realidad el empleo es de carácter familiar, lo que contribuye a mejorar los ingresos por familia y su calidad de vida.

ÁREAS GEOGRÁFICAS DE UBICACIÓN DE LOS PROYECTOS EN LA GEOGRAFÍA DEL PARAGUAY

Con estos programas la frontera se libera de la delincuencia y se incorpora a la cultura del trabajo a la lucha contra la exclusión social, marginalidad y pobreza. Este es un Programa de alto valor humano y estratégico para erradicar el mal que hoy caracteriza a la frontera seca con el Brasil, en los Departamentos indicados, zona ocupada por actos delictivos.

II. Un Programa está previsto para el Departamento Central, plagado de minifundios improductivos y generadoras de pobreza.

Este es un Programa que persigue reponer el daño ocasionado a la ecología al destruir los bosques en actos (contrabando de rollos hacia el exterior). Se afecta el sistema hidrológico natural. Se secan arroyos y cauces importantes de agua y esteros. Reparar este grave daño es el objetivo de este Programa.

PROTAGONISTAS: Las seis etnias aborígenes organizadas en las dos Regiones que integran la geografía paraguaya: Oriental, clima húmedo, y Occidental, Chaco (clima seco). Con el asesoramiento de ingenieros forestales.

ZONAS A SER REFORESTADAS: Todas las que bordean cauces hídricos (ríos y arroyos) que fueron deforestadas. Especies: nativas. Al igual que todas las zonas de reservas, para su mantenimiento en toda su extensión.

ZONAS A SER FORESTADAS: Las que fueron ricas en maderas de use industrial y domestico y también depredadas. En estas zonas la forestación se hacía con especies de producción de madera a más corto plazo (cinco años para su utilización). Ejemplo: eucaliptus, paraíso gigante, especie australiana, de muy buen rendimiento en madera utilizable en construcciones, muebles y otros.

1) En reforestación (plazo 15 años) la rentabilidad es más ecológica que económica.

2) En forestación: la rentabilidad económica se opera a partir del quinto año.

Área reforestación: Requiere un empleo de dos personas por ha. Se trabajara en 500.000 has cuando el programa se desarrolle íntegramente. Este programa genera empleos que el país no está en condiciones de abastecer. Habrá que desarrollar subprogramas de 10.000 has, con generación de puestos de trabajo igual a 2.000 (dos mil) personas. Área de forestación: También genera demanda de dos trabajadores especializados por hectárea. El Plan hay que dividirlo en 8 (ocho) subprogramas de 10.000 has.

Total plantines por los primeros subprogramas: para 40.000 has. ..... US$ 400.000.

2) Salarios: 1/2 sueldo mínimo mensual por persona, o sea 100 dólares por año para los subprogramas...... US$ 40.000.000.

3) Asesoramiento técnico, cuatro ingenieros forestales a 600 dólares por asesor, por año....... US$ 27.800.

Dr. Ricardo Franco Lanceta Asesor - Proyectista Pdte. del Instituto de Estudios "Tesis Nacional”

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