CRIMEN ORGANIZADO EN PARAGUAY

TERCERA PARTE

LA MAFIA PARAGUAYA

LA TRANSICIÓN PARAGUAYA

Por ANÍBAL MIRANDA

CAMBIO DE GUARDIA

ANDRÉS RODRÍGUEZ estaba preocupado por 3 cuestiones en la mañana del 3 de febrero 1989. Había dormido poco las noches previas al golpe. Desde temprano el jueves 2 de febrero estuvo en febril actividad preparando y luego dirigiendo las operaciones para derrocar a su consuegro. La primera cuestión tenía que ver precisamente con el destino que habría de dar al caído elemento, riesgoso de permanecer en el país. La segunda era lograr un acuerdo rápido para la toma de posesión y la elección de miembros del Gabinete, evitando cualquier pugna de poder dentro del Partido Colorado. La tercera era el dinero.

LUIS MARÍA ARGAÑA, motor de la exitosa conspiración en el plano civil, también ambicionaba para sí el cargo de presidente de la República. Vista la correlación de fuerzas, concluyó que su oportunidad aún no había llegado. Asintió por tanto que Rodríguez asumiera como presidente provisional. Junto con Juan R. Chaves, el jerarca del Partido Colorado desplazado por los militantes año y medio antes, Argaña se presentó ante el nuevo hombre fuerte a oficializar la decisión a nombre de la Junta de Gobierno. Esta no había sesionado ni tenía mandato pues todavía se hallaban nominalmente en funciones las autoridades del cuatrinomio con Sabino A. Montanaro a la cabeza, Adán Godoy Jiménez, J. Eugenio Jacquet y Mario Abdo Benítez.

Este último ya había sido apresado a la madrugada y Montanaro se refugió en casa de su pariente, Federico Regúnega, cónsul de Honduras en Asunción. Godoy Jiménez, Jacquet y varios otros ex-jerarcas fueron apresados en los días siguientes. No fue necesaria ninguna reunión para que la recompuesta cúpula partidaria apoyara a Rodríguez. Al igual que bajo el orden anterior, bastó que tres o cuatro caudillos acordaran quien sería el jefe y evidentemente el conductor militar de la gesta libertadora tenía preeminencia entonces. A Stroessner le habían puesto enfrente su renuncia. No tuvo más opción que firmar en su lugar de reclusión, una casa en el predio de la Caballería. La crónica de aquel día, significativa por cierto, da cuenta de la velocidad con que se condujeron las negociaciones cívico-militares y sus resultados.

"E1 general de división Andrés Rodríguez jurará esta tarde a las 17 (horas) como nuevo presidente de la República del Paraguay, en un acto que se cumplirá en el Palacio de López en presencia de altos jefes castrenses, personalidades civiles y miembros del cuerpo diplomático extranjero acreditados en el país.

Posteriormente, a las 18, se prevé la toma de posesión del cargo de presidente de la Junta de Gobierno de la Asociación Nacional Republicana (Partido Colorado), del Prof. Dr. Juan Ramón Chaves, quien había ocupado dicha función hasta el 1° de agosto de 1987. Luego del juramento que prestará esta tarde, el Gral. Rodríguez tomará también el de sus ministros del nuevo Gabinete que acompañará la gestión gubernativa a partir de ahora" 1/.

Prontamente se hizo cargo de la Junta un nuevo cuatrinomio. Quedó integrado con Juan R. Chaves, presidente, Luis María Argaña, Edgar L. Ynsfrán y Blas N. Riquelme en elección entre ellos. A excepción de Argaña quien en medio del amorío con una jovencita se hizo de tiempo para discursear en unos cuantos mítines de locales cerrados, los otros tres, gran cosa no hicieron contra Stroessner. Chaves se recluyó en su casa. Ynsfrán asistió a sesiones académicas de un Instituto Paraguayo de Estudios Geopolíticos e Internacionales del cual formaron parte contestatarios Colorados, Liberales, Febreristas e independientes que más tarde ingresarían al Congreso y la función pública. Riquelme siguió haciendo negocios como propietario de grandes empresas y estancias. Conspiraron en la seguridad de sus domicilios sin participar ni dar la cara en ninguna manifestación. Eran buitres entrenados a la espera que otros cazaran para abalanzarse sobre la carroña, siempre próximos a los depredadores a los que ora rendían pleitesía, ora atacaban para alimentarse ellos primero. El nuevo cuatrinomio, ex-servidores de Stroessner, no era mejor ni peor que el desplazado. Habían actuado juntos en el pasado pero los intereses político-crematísticos ahora requerían una vasta purga para iniciar el proceso democrático.

Nadie en Paraguay manifestó que Rodríguez fuese una mala elección para el Gobierno interino. Monseñor Mario Melanio Medina hizo pública su prevención de tener un general en servicio activo en la primera magistratura. Ni siquiera se abrió debate al respecto. Era el personaje de la hora y, como se notó al correr de los días, contaba con amplio respaldo popular por haber tumbado al dictador. Prometió respetar los derechos humanos y en el terreno político cumplió de inmediato, descomprimiendo la presión interna de opositores y contestatarios por un lado y por el otro la presión externa sostenida en varios frentes durante la última fase de la dictadura. Los medios clausurados por su predecesor volvieron al éter o a publicarse, sin censura y sin interferencias de ningún tipo. Radio Ñandutí, El Pueblo y ABC retomaron prontamente sus emisiones y tirada con gran aceptación del público. Fue a la deteriorada relación con la jerarquía eclesiástica, sin embargo, que Rodríguez puso especial atención personal. Su proclama inicial de la madrugada que definió el relevo ya había hecho explícita la meta de reencaminar esas relaciones con el debido respeto a la religión católica. Religión tanto suya como de la mayoría del pueblo paraguayo aunque profesada con laxitud y notorias transgresiones tanto prácticas como doctrinales. Para el nuevo presidente, hombre pragmático, lo importante era hacer el gesto. De modo que sin previo aviso se presentó el 5 de febrero a la noche a una misa presidida por monseñor Ismael Rolón en la parroquia de San Roque, en recordación de los fallecidos y heridos que produjo el golpe. Al momento de la sagrada comunión dio exactamente los 10 pasos que le ganarían la simpatía de los prelados y pueblo creyente para recibir la ostia como un fiel devoto. Al concluir el emotivo servicio Rodríguez y Rolón se abrazaron e intercambiaron palabras muy gentiles, algo que el arzobispo nunca hizo con Stroessner. La reconciliación comenzó con ese abrazo que los asistentes ovacionaron largamente.

La víspera Rodríguez había realizado importantes anuncios. El principal, la convocatoria a elecciones generales para presidente de la República, senadores y diputados en un plazo no mayor de 90 días y la modificación del Estatuto Electoral de modo a posibilitar que todos los partidos políticos concurrieran. Se refirió además a un punto que interesaba a los gobiernos de países limítrofes, Estados Unidos y la Comunidad Europea. Dijo él:

"Yo quisiera hacerles saber mi propósito sobre el narcotráfico, al que considero uno de los peores flagelos que azota a la humanidad. Mi Gobierno será firme e intransigente en la lucha por combatirlo y hará que las leyes sean más severas y enérgicas para su represión... la colaboración internacional será de inestimable valor para el logro de estos objetivos" 2/.

No obstante su dicción algo errática en castellano, Rodríguez sabía lo que debía decir y lo decía para ganar buena voluntad. La ganó. Por Decreto N° 3 disolvió el Congreso según lo establecido en el artículo 182 de la Constitución Nacional y convocó a elecciones generales para el 1° de mayo 1989 a objeto de llenar los cargos nacionales por el resto del período, esto es, hasta 1993. No perdía tiempo el nuevo jefe. No solamente estaba pensando en su campaña, la estaba llevando a todo vapor. Ansiaba ser el presidente de todos los paraguayos, más allá de la provisionalidad que el golpe le había abierto y que él aprovechó en la más amplia extensión. Las prerrogativas de su posición y la subordinación del aparato militar-partidario, legado de lo que construyó el stronato, le facilitaron volcar a su favor los efectos de la apertura sin perder el control sobre ella. Hasta el narcotráfico del cual obtuvo ingentes utilidades en la condición de involucrado directo le sirvió como garabito electoral a la vez que instrumento de negociación con los factores de poder externos. ¿Quién mejor que un alto operador con mando absoluto del establecimiento castrense para bloquear el tráfico?. Esa lógica bizarra fue aceptada a beneficio de inventario en el exterior. Adentro los antecedentes delictivos del nuevo jefe no fueron tomados en cuenta por los actores políticos y la prensa prefirió seguir la corriente.

A un análisis informado se estaba jugando con fuego.

Las gestiones del nuevo canciller, Luis María Argaña, reforzaron y complementaron la acción presidencial. Brasilia aceptó conceder refugio al ex-dictador. Los nuevos dueños del poder no levantaron cargo contra él, como sí lo hicieron contra los referentes de la anterior cúpula Colorada acusada formalmente de fraude contra el Estado. Stroessner partió al exilio con su hijo Gustavo y comitiva en un vuelo especial de LAP. El presidente José Sarney le otorgó asilo político basado en la tradición brasileña de hospitalidad. Normalizada con rapidez la situación, reconocieron al Gobierno de Paraguay sus pares de Brasil, Argentina y otros países del área y una semana después Estados Unidos. José Sarney, Raúl Alfonsín y George Bush tenían influencia sobre el nuevo gobernante y se mostraron dispuestos a cooperar para hacer buena su promesa de llevar a cabo la democratización.

"TRAJIMOS LA DEMOCRACIA"

El dinero era para Rodríguez un tema de particular interés. Codicioso y acumulativo, él poseía una enorme fortuna fruto de tres décadas de esforzada diligencia desde su designación para comandar la I División de Caballería y después el I Cuerpo de Ejército. No habría de contentarse con los sueldos de presidente de la República y comandante en jefe de las Fuerzas Armadas ni los gastos reservados y de representación adicionales. Aquel fin de semana, más precisamente el domingo 5 de febrero 1989 a la madrugada, un camión de la Caballería con varios jeep de escolta y dos lujosos automóviles estacionaron frente a la puerta lateral del Banco Central. El acceso de aquella inusual visita no sufrió contratiempo. Fue un operativo estrictamente militar comandado por el general Humberto Garcete, compadre y mano derecha de Rodríguez, junto con el coronel Lino Oviedo. Ellos mandaron abrir la bóveda principal y ordenaron a sus oficiales cargar en sacos los lingotes de oro, billetes de alta denominación y documentos-valores que encontraron. Transportaron los sacos directamente a la cercana residencia de Rodríguez, un palacio versallesco en Las Carmelitas. Cumplieron la orden pero quedaron de una pieza al no obtener participación alguna del tesoro incautado. En cuestiones de dinero Rodríguez no se fiaba de nadie. Es probable que a ello se debiera la delegación conjunta en Garcete y Oviedo para atender aquel encargo. El mantuvo en custodia el tesoro. Nunca lo devolvió.

Lo apropiado aquella madrugada no fue extraordinariamente grande. No más de USD 12 millones a precio registrado, según una fuente del propio banco. Algunas transferencias de la reserva monetaria internacional de Paraguay siguieron a dicha incautación, de cuenta a cuenta en el exterior. En una querella criminal por estafa entablada por Siroux Totounyi M. contra Eduard Louis Mange, aquél reclamó el pago de USD 6 millones de comisión por la venta de 25 toneladas métricas de oro negociadas el 29 de febrero 1992. Al efecto presentó como prueba una orden de pago irrevocable legalizada en Suiza por el escribano Raymond Ramoni, documento que el ciudadano Mange (con domicilio legal en Paraguay pero dueño de la firma International Gravelus Corp. radicada en Suiza que había intermediado para la transferencia del oro) se negó a pagar. A raíz de ello Mange pasó una breve temporada en el penal de Tacumbú en 1992. Luego de ofrecer fianza suficiente salió en libertad y abandonó el país. El oro desviado era parte de las reservas internacionales y su valor de mercado coincidía con los registros internos del Banco Central. De acuerdo a uno de los directores de esta institución, "a los muchachos se les pegó por su mano en el golpe" (sic) 14 toneladas de oro que se comercializaron en Europa 3/.

Fuese 14 toneladas o 25 toneladas, lo cierto y concreto es que las reservas en poder del Banco Central bajaron drásticamente. Nunca se explicó oficialmente el hecho pero la versión en círculos del poder fue que César Romeo Acosta, el cesante presidente a quien Lino Oviedo mandó buscar y detener, tuvo responsabilidad por la pérdida. Al enriquecido Acosta que hizo oficina hasta el 2 de febrero 1989 le cargaron algo más, total le iba a resultar imposible rebatir culpa por los anteriores fraudes y el adicional pos-golpe. El golpe contra el Banco Central fue incruento y tuvo la marca Rodríguez, veloz, al punto, tipo comando. No fue el único.

El nuevo presidente del Banco Central, Crispiniano Sandoval, un incondicional y obsecuente burócrata, no varió la tradición plantada por el Stronismo. El ministro de Industria y Comercio Antonio Zuccolillo, el de Hacienda Enzo Debernardi y Sandoval orquestaron una emisión gigante para reponer las reservas internacionales perdidas... y disponer de más fondos para cubrir los gastos del equipo del presidente. El equipo del presidente lo constituían los yernos Gustavo Saba y Antonio Saccarello, el ministro Antonio Zuccolillo, los generales Humberto Garcete y Francisco Sánchez, y un poco más atrás el recién ascendido general Lino Oviedo. La emisión por un valor de USD 600 millones tuvo respaldo de las reservas monetarias internacionales [monto indeterminado dada las maniobras precedentes], se la denominó Z [¿por su mentor Zuccolillo?] y resultó en una disparada inflacionaria por exceso de liquidez que desequilibró el mercado financiero. Algunas entidades privadas BANCOPAR Y Banco General tomadas por el equipo Rodríguez de sus dueños anteriores, unidas informalmente a la red Cambios Guaraní de Jorge Peirano (uruguayo) con Rodríguez subieron exponencialmente sus activos e invirtieron en nuevas adquisiciones. Pero más que nada hicieron transferencia de dinero a cuentas y compra de acciones de empresas en Montevideo y Miami. El presidente, su esposa Nélida Reig, sus hijas Dolly, Mirtha y Martha (esta última casada con Alfredo Stroessner hijo) y respectivos esposos tenían inversiones en esas ciudades y en Punta del Este. Entre ellas se encontraban propiedades inmobiliarias de alto valor. Se desconoce cuál habrá sido el destino último de los recursos en metálico y efectivo embolsados por Rodríguez del Banco Central. Se conoce sí transferencias previas que le permitieron convertirse en próspero hacendado.

En el Bajo Chaco, zona de General Bruguéz, las estancias de Juan B. Vargas (4.000 ha.) y José Caballero Cañete (3.500 ha.) pasaron a su nombre en los primeros años de la década del ' 60, luego que los respectivos dueños fueron corridos y perseguidos manu militari. La primera de ellas, denominada Primavera, fue readjudicada por el IBR a Rodríguez. La segunda, denominada San José, fue titulada por el IBR a nombre de Rodríguez junto con la anterior por el total conjunto de 7.500 ha en 1964. El rebaño de vacunos de ambas estancias también pasó sin pago alguno al nuevo propietario, quien los aumentó subsiguientemente con planteles robados de estancias vecinas. Vargas fue asesinado en su casa y la esposa e hijas quedaron en el desamparo. Caballero Cañete se vio obligado a refugiarse en Clorinda, Argentina, ante el acoso de que fue objeto por parte de los/matones del agresivo comandante. El expediente judicial tramitado por reivindicación de inmueble, con resolución a favor de Caballero Cañete en la Instancia, se revirtió en 2a Instancia y de ahí se extravió. Los herederos del perseguido tuvieron que esperar el fallecimiento de Rodríguez para intentar una revisión del fallo que los despojó de su propiedad.

El comandante fue señalado en el expediente "Nélida Reig de Rodríguez y Carlos Barreto Sarubbi s/homicidio, usurpación de propiedad y falsificación de título de inmueble" tramitado ante la jueza Beatriz Venialgo, Ciudad del Este, como autor moral en la muerte de Juan B. Vargas. La deposición del abogado Rubén Bassani, quien conoció de primera mano aquel hecho, junto con instrumentales y otras testifícales, permitieron determinar que así fue en verdad. Pero en la causa en cuestión se discutió un hecho distinto, cual fue el homicidio de José Melgarejo y el traspaso ilegal de su propiedad de 350 ha ubicada en el distrito de Hernandarias, Alto Paraná, a nombre de la esposa del general Rodríguez. El móvil fue idéntico al de los casos antes citados con los que fue contemporáneo. José Melgarejo quedó tendido en su propia tierra por los disparos de un capanga de Barreto Sarubbi, con actividad en la frontera del este y protegido de Rodríguez. Había tratado de desalojar a los personales de Rodríguez-Barreto Sarubbi una vez cerciorado que la pista construida por permiso suyo excedió el propósito original. Debía utilizarse sólo para vuelos de autoridades en misión oficial. Los aviones cargueros que operaban allá traían contrabando de Miami, trasbordado en avionetas monomotores y bimotores para su distribución en el mercado regional, en especial Buenos Aires, Montevideo y ciudades del sur de Brasil. Libres de Melgarejo, la propiedad fue sacada por la fuerza a su viuda quien debió huir del lugar con sus 9 hijos. El caso se encuentra al presente en la Corte Suprema ante acción de inconstitucionalidad interpuesta por el abogado Adalberto Fox contra la resolución de 2ª Instancia que concedió a los querellados el beneficio de la prescripción de acción. Lo incontestable es que hubo asesinato y apropiación ilícita de propiedad privada, titulada con documento nulo a favor de Nélida Reig de Rodríguez. La posibilidad de accionar contra los generales de la mafia durante el stronato era cero 4/

Desde sus proclamas iniciales, Rodríguez habló de las razones que motivaron el alzamiento militar. Las citó en el orden siguiente: dignidad y honor de las Fuerzas Armadas, unificación plena del Partido Colorado en el Gobierno, democratización y respeto a los derechos humanos, defensa de la religión católica. Un extenso compendio dictado por conveniencia. En Rodríguez, las contradicciones filosóficas nunca fueron obstáculo para sus planes y acciones. Las minucias no lo ocupaban. Sí el deterioro de los pilares del poder, la división del Partido Colorado y su pase a retiro que lo impulsó finalmente a golpear. Echó a su benefactor. Se repitió al revés la historia de mayo 1954, cual si aquel acto y la brutalidad posterior del caudillo lo hubieran signado a caer exactamente igual que ascendió. Rodríguez aprendió qué hacer y no hacer observando al jefe y durante su mandato actuó en consecuencia.

Entre los altos mandos y directores partidarios, lo que sucedió bajo los militantes fue 'mala política', según expresiones de quienes acompañaron a Rodríguez. A ella se contraponía la 'sana política' que se atribuían los tradicionalistas. Para éstos no hubo dictadura sino desde el atraco a la Convención Colorada (de 1987). Una elaboración de este argumento decía cuestionar al elegido como sucesor, Gustavo Stroessner, "un tipo débil manejado por putos". De diversiones disipadas, el primogénito era resistido en las filas por tal hecho y porque nunca demostró condiciones de liderazgo. La pasividad de sus pretendidos seguidores demostró que no tenía una base de poder propia.

En el fondo lo que dividió a las familias fue poder y dinero. Los principales negocios de Stroessner y Rodríguez estaban vinculados estructuralmente, si no en participación accionaria, y ellos eran abuelos de nietos comunes. Los cambios en el mundo y la región tornaron obsoletos los regímenes dictatoriales. El de Paraguay se sostuvo tambaleante cuando en el vecindario ya la transición había echado raíces. Brasil y Argentina tuvieron gravitación aquí antes y durante el stronato, de forma que al avanzar en conjunto lo que se convertiría en el MERCOSUR, Stroessner y su régimen tuvieron asegurados un certificado único de defunción.

Argaña, el máximo estratega político de la transición, no era lerdo. Al contrario. Era versado en el arte del poder que le nutrió su padre Luis Argaña, ministro de Relaciones Exteriores con Higinio Morínigo, y que practicó durante el stronato. No escapó a su agudo intelecto que se imponía una diferente orientación y rumbo de cara a las transformaciones del sistema internacional. Fue Argaña quien articuló la política de apertura en el frente interno, la inserción de Paraguay al acuerdo argentino-brasileño de integración, la recomposición de relaciones con Estados Unidos y la Comunidad Europea y paralelamente una mayor autonomía del Partido Colorado frente al factor militar. En esto último jugó sus cartas a objeto de convertirse en presidente de la República, proyecto que lo llevó a distanciarse de Rodríguez desde que éste apurara su postulación para las elecciones de mayo 1989. Fue el político que más coherentemente bregó para limitar la capacidad de maniobra de los generales hasta poner un cerrojo legal a la reelección de Rodríguez. Chocados frontalmente por dicho motivo, Rodríguez saboteó su plataforma y preparó así la división que daría lugar a la segunda guerra de mafias.

La estrategia de Argaña fue aglutinar las diferentes facciones, con la sola exclusión de los militantes, por vía de la participación de sus líderes en la Junta de Gobierno y a renglón seguido en el Congreso. El Movimiento Ético liderado por Carlos Romero Pereira, el Movimiento de Integración Colorada de Edgar L. Ynsfrán, el MOPOCO de Miguel Ángel González Casabianca y Eduardo San Martín, MOPOCONA-ANRER de Mario Mallorquín y Enrique Riera entraron en las conversaciones con los tradicionalistas encabezados por Chaves, Argaña y el concurso de Blas N. Riquelme. La facción de Ynsfrán se fusionó a la tradicionalista. Con efluvios de reencuentro en el aire, la reunificación se concretó rápidamente y cobró una primera víctima, el Acuerdo Nacional. La segunda víctima fueron los propios contestatarios Colorados, varios de ellos con 20 y más años de exilio. Ellos sabrían su condición recién más adelante cuando los tradicionalistas decidieron prescindirlos una vez completado el servicio. La tercera víctima fue el proceso de transición, atado a las circunvoluciones de la maquinaria Colorada con todo el lastre de sus antiguos caudillos stronistas en dominio de la Junta.

Desecha la opción de un frente multipartidario por disgregación del Acuerdo Nacional, el Partido Colorado tomó vigor. Fue como si le inyectaran complejo vitamínico a un cuerpo gastado. Rejuveneció. Mudó la piel cual una víbora. El paso siguiente fue derivación natural, postular por unanimidad al general-presidente candidato a las elecciones generales. Esta decisión se basó en consideraciones puramente prácticas barnizadas de idealismo.

"El general Andrés Rodríguez contrajo el compromiso personal de defender las instituciones con energía, si fuere necesario, pero siempre dentro del marco de la ley y del respeto a los derechos humanos;... hacer tangible en nuestra patria la democracia sobre la base de la igualdad de oportunidades a todos los partidos políticos y comenzar por la unidad total, sin límites ni restricciones, del Partido Colorado para hacer la unidad nacional; defender nuestra religión Cristiana, Católica, Apostólica, Romana, restaurando el debido respeto que merecen dicha institución y sus dignísimos representantes y respetar y fortalecer los compromisos internacionales de la República con todos los países democráticos y particularmente con nuestros vecinos" 5/.

Rodríguez no se acogió al retiro de la milicia para la postulación presidencial. En realidad sus correligionarios no se lo pidieron, haciendo caso omiso a la prohibición vigente. El hombre era imparable cual jinete en carrera, al comando de la fuerza militar desde el servicio activo. Además descabezó a los militantes, los hizo procesar por fraude y estafa contra el erario público y basado en su autoridad ejecutiva les decomisó selectivamente los bienes malhabidos. Esta medida tuvo sus vueltas. La mayor cuantía de decomisos lo hicieron sus generales más cercanos, el comandante del I Cuerpo de Ejército Humberto Garcete, el jefe de Policía Francisco Sánchez y el comandante de la I División de Caballería Lino Oviedo, a más de sus yernos Gustavo Saba y Antonio Saccarello. Fue un proceso extorsivo eficaz amparado en la situación y fuera de toda legalidad pero nadie se escandalizó dado que los afectados eran ladrones caídos como los Stroessner, Montanaro, Britez Borges, Delfín Ugarte Centurión y su pariente Ramón Centurión Núñez, Hugo Dejesús Araujo, Roberto Knopfelmacher, Justo Eris Almada, Juan Eudes Pereira, César Romeo Acosta, Pastor Coronel, Francisco Feliciano Duarte y otros. Algunas sobras pasaron más adelante a CONCODER, ente encargado de promover el desarrollo rural bajo jefatura del coronel Fernando Ugarte.

El crudo traspaso entre piratas tuvo el apoyo del fiscal general del Estado Diógenes Martínez y varios jueces del área penal, quienes recibieron `con la ley en la mano' parte de aquellos bienes bajo arreglos no menos extorsivos que significó para los mejores pagadores la libertad y hasta el sobreseimiento libre. Ejemplo: Francisco Feliciano Duarte no fue procesado ya que devolvió lo exigido, Justo Eris Almada y Hugo Dejesús Araujo fueron procesados y condenados pero quedaron libres al poco tiempo de satisfacer a sus captores, Eligio Tomás Franco fue procesado pero nunca pisó la cárcel y fue sobreseído. La danza de los millones hizo ricos a varios altos mandos, magistrados y abogados cada cual en su función y territorio, pero principalmente incrementó el ya abultado activo de la familia presidencial, sus ministros del área económica y presidentes de empresas del Estado. La democracia conllevaba su costo.

Alejandro Cáceres Almada, miembro del Consejo de ANTELCO, director de Radio Nacional y allegado a Stroessner, no era lo que cabría calificar de pez gordo. En su prolongada carrera pública acumuló una fortuna valuada en USD 96 millones. USD 52 millones los depositó en cuentas bancarias y bóvedas en el Citibank, Finamérica, Ahorros Paraguayos de Asunción, Deutsche Bank en Bonn, filial Banco Exterior de España en Los Ángeles, Unión de Bancos Suizos en Ginebra, Delta Bank en Miami, en Islas Caimán según constancias agregadas al expediente penal abierto en su contra. Era propietario de una estancia de 9.000 ha en el Chaco de nombre La Bretona con 3.500 cabezas de ganado, residencia y pista de aterrizaje. También poseía 3 mansiones en Asunción, un edificio de apartamentos en Goya, Argentina y la empresa SACIC que le servía para desviar fondos públicos 6/.

Como le tenía cierto temor a la prisión prefirió huir e instalarse en Goya donde se lanzó al periodismo escrito con un tabloide de su propiedad. Procesado en dos causas, la justicia paraguaya no logró redactar el exhorto y pasó el tiempo sin que fuera requerido. A la postre retornó a Asunción, pidió la extinción de las causas en su contra y como ya estaba anciano no se decretó prisión carcelaria. El avivado Cáceres Almada, con ser de cuarta categoría, se levantó el equivalente al patrimonio de un banco importante. No resulta extraño, por tanto, que personajes de alto nivel en el círculo del poder hayan guardado mucho más. El hábito no mermó bajo Rodríguez.

El arzobispo de Asunción Ismael Rolón había lanzado un comunicado en referencia a los propósitos del nuevo Gobierno. Puntualizó que "la participación activa de todos los partidos políticos, entidades sociales y ciudadanos despojados de intereses subalternos, hará posible la realización del sueño tanto tiempo acariciado de un Paraguay nuevo con auténtica democracia, libertad, igualdad, fraternidad, justicia y religión". Señalaba el camino para lograr aquello: "la práctica efectiva y pronta de la justicia, serena e implacable, contra todos aquellos que desde el poder, en vez de servir al pueblo se sirvieron del pueblo... el pueblo exige, como condición para creer, que se sancione a todos los deshonestos que se enriquecieron en los cargos públicos y en consecuencia, devuelvan todos los bienes malhabidos.7/.

Los jerarcas hicieron su propia interpretación de este mensaje, interesados en obtener la colaboración de la Iglesia Católica. Apretaron la tuerca contra los desplazados malversadores a objeto de recuperar los bienes malhabidos. Comandos de la Caballería ya venían recogiéndolos a partir de aquel raid nocturno contra el Banco Central cuyos valores el taimado Rodríguez mantuvo como botín. Garcete, Sánchez, Oviedo y subalternos anduvieron en las siguientes tres semanas como poseídos tras los bienes de los desplazados, yendo con sus tropas del Hotel Guaraní y los casinos 5ta. Avenida, Candilejas, Royal Park y Paraná propiedad de Gustavo Stroessner a las estancias de Montanaro, Britez Borges y Romeo Acosta esparcidas por la región Oriental y Chaco, hasta los depósitos repletos de mercaderías de Juan Eudes Pereira en Ciudad Presidente Stroessner (rebautizada Ciudad del Este). Mansiones, fincas de fin de semana, ganado, transporte transganado y cerealero, aviones, automotores, maquinarias, electrónicos y efectivo sacados a punta de fusil pasaron de ladrones antiguos a saqueadores más expeditivos. Los viejos generales y coroneles stronistas que no habían hecho opción correcta fueron al retiro en masa, lo mismo que la camada de comisarios y agentes de seguridad identificados con Montanaro, Britez Borges y Pastor Coronel. Esto dio mucho gusto al personal militar y policial cuyo ascenso estuvo largo tiempo taponado por los inamovibles de Stroessner. Así también se produjo un relevo sustancial en los altos cargos de la administración pública y, lo que complació particularmente a los políticos, todo el Congreso quedó a disposición. Ahí entraron Colorados de las distintas facciones (menos los militantes), Liberales y Febreristas en proporción a los votos de las primeras elecciones de la transición. Rodríguez fue el gran elector y el gran ganador. Se alzó con una incontestable victoria festejada a ritmo de batucada en el patio de honor de la Casa de los Colorados con la paternal presencia de Juan R. Chaves.

El 9 de febrero 1990 y dado que la recuperación de bienes malhabidos se había convertido en un festín de buitres, Rodríguez firmó el Decreto-Ley N° 9 Que Autoriza al Ministro de Hacienda a Recibir y Realizar Bienes a Favor del Estado Paraguayo. Lo refrendó el ministro de Hacienda Enzo Debernardi. El artículo principal establecía: "El Ministro de Hacienda recibirá en nombre del Estado Paraguayo los bienes, inmuebles, rodados, semovientes, sumas de dinero y valores que fueren entregados por personas relacionadas con denuncias o con juicios seguidos por ilícitos contra la Administración Pública y otros". Su efecto real fue esquelético en comparación a la cuantía de lo transferido en privado. La Ley N° 54 del 21 de setiembre 1990 sancionó una versión ligeramente modificada de aquel Decreto-Ley N° 9. La firmaron el presidente de la Cámara de Diputados y de Senadores, José Antonio Moreno Ruffinelli y Waldino Ramón Lovera, y Rodríguez con Debernardi por el Ejecutivo. Era otra pieza legalista que en lo esencial trató de encubrir el traspaso de ladrón a ladrón, vuelto desordenado y motivo de roces entre jefes de armas por el cuasi-monopolio entre unos cuantos generales de Caballería. Al más alto nivel los que sucedieron a los stronistas probaron ser más feroces tratándose de bienes y billetes.

Algunos ex-contestatarios firmantes de la postulación Rodríguez presidente comenzaron a dudar. El olor a podrido no podía disimularse. Lovera no tardó mucho en renunciar a la Presidencia del Senado ante un feo exceso del tramposo general.

RODRÍGUEZ SEDUCE A LA OPOSICIÓN

Domingo Laíno fue el orador estelar de la concentración del 11 de febrero 1989 en el centro de Asunción. Fue un sábado caluroso en temperatura ambiente y en el termómetro político, primera vez en tres décadas que un mitin a cielo abierto de la oposición no era dispersado a cachiporrazos. La iniciativa y organización corrió por cuenta del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA) pero contó con la adhesión de otros colectivos partidarios y cívicos que habían entablado relaciones fraternas en la lucha contra la dictadura. En promedio los periódicos locales estimaron unas 50 mil personas reunidas en las plazas adyacentes al Panteón de los Héroes, en tanto los reporteros extranjeros calcularon el número en 100 mil 8/. Los Colorados contestatarios faltaron a la cita, entusiasmados ante el convite del nuevo cuatrinomio para integrar una Junta de Gobierno unificada. El postulante que más arrastre concitaba e iba camino de dirimir fuerza con el candidato oficialista era Laíno. Su popularidad era indudable, su discurso era atractivamente renovador, su liderazgo en el PLRA era inobjetable y él había pasado la prueba de resistencia con numerosas detenciones, el confinamiento, el exilio y unos cuantos garrotazos en su haber. Tenía la imagen del ganador.

Laíno sabía que con los magros recursos de su partido, la buena imagen era insuficiente para ganar. No le faltaba oficio. Había sido diputado durante una década y presidió el directorio del PLRA, pero no contaba con aparato electoral y ni siquiera se acercaba al caudal de voto del Partido Colorado. Su estrategia fue por tanto sencilla y aparentemente sólida. PLRA se presentaba a las elecciones aunque el plazo fuera excesivamente corto y el Partido Colorado llevaba todas las ventajas, organización de comicios y conteo de votos a su exclusivo control, dinero del Estado a su exclusiva disposición, fuerzas militares y policiales rígidamente partidizadas, medios de prensa vinculados y un largo historial de manipulación en las urnas. La única manera de ganar contra esa maquinaria era compitiendo, ocupando el máximo número de bancas posibles en el Congreso, haciendo gimnasia política para ganar en 1993. Tal en síntesis la posición en la principal fuerza de oposición que llevó a Laíno directo a elecciones.

Se anotó en la boleta presidencial pero descontando su seguro segundo puesto, se postuló además candidato a senador. Su adversario en la Convención fue Miguel Abdón Saguier, contrario a participar con padrones viciados y organismo electoral dependiente del Partido Colorado. Hasta que no se diera plazo suficiente para corregir los vicios del padrón, las elecciones serían una farsa para único beneficio del candidato Colorado y su aplastante maquinaria prebendaria. Saguier no ganó y tampoco ingresó como candidato a puesto electivo a la espera de una mejor oportunidad. Bajo la presión del plazo y falta de recursos, con una organización aplastada por 50 años de persecución y sucesivas divisiones de directorio, el viejo tronco del Partido Liberal comenzó a levantarse. El puño militar, aunque con guante de seda esta vez, lo rodeaba. La propuesta Laíno consistía en crecer desde esa incómoda ubicación y eventualmente pactar nuevas reglas de juego para competir en igualdad de condiciones con el Partido Colorado. La estrategia, si así pueda llamarse, tenía objetivo pero no el sustento analítico ni el diagnóstico de la fortaleza que enfrentaba. No estaba preparada y no elaboró el método para enfrentar a la mafia. Se confundió en su propia visión de la dictadura caída. La organización criminal seguía con su estructura intacta.

La cabeza de la Junta de Gobierno (el cuatrinomio), la cabeza del Ejecutivo (Rodríguez) y el alto mando escondieron la basura y negociaron. Abrieron las compuertas a las libertades cívicas, levantaron las restricciones sobre la prensa y los sindicatos, dejaron que los partidos hicieran su oferta en el mercado electoral y que los exiliados ingresaran a voluntad, abandonaron la práctica de la persecución política. Estuvieron de acuerdo en derogar las leyes liberticidas y así lo dejaron saber. Para las autoridades eclesiásticas todo aquello fue motivo de cauto reacercamiento a las autoridades del Gobierno y señal de esperanza. Para los directorios de la oposición la fórmula quedó resumida en participar y corregir por el camino los vicios del pasado. "La democracia se debe construir desde adentro", fue la afirmación repetida entre los políticos de todas las corrientes con algún arrastre electoral. A ello se empeñaron.

Faltó la reflexión. Pese a la cautela que algunos actores no partidarios sugirieron y a la información explícita en la prensa extranjera sobre la foja de Rodríguez, la corriente que prevaleció fue entrar al proceso 9/. La cuestión no era oponerse a su función como presidente interino que de hecho fue una imposición de la cúpula militar rodriguista. La cuestión central con alcance sobre la transición en su totalidad pasaba por competir con las reglas de la mafia sin garantía para terminar con el gobierno de la mafia. No hubo pacto de fuerzas políticas ni cronograma de transición.

Sin hoja de ruta, la oposición bajó a captar afiliados y votos. Había condicionamientos en la Constitución [que la oposición había suscrito con el Partido Colorado en 1967], Justicia Electoral dominada por la Junta de Gobierno y padrones [que al depurarse los Colorados inscriptos bajaron de 1.5 millones a menos de 1 millón 8 años después]. El Poder Judicial servil no garantizaba nada, independientemente de la renovación parcial de la Corte Suprema. Los altos magistrados fueron convocados por Rodríguez a su despacho para el juramento, como si fueran subalternos.

La lucha por el poder se planteó sobre esas bases y ellas fueron guía para la transición. De general caído a general puesto, ambos criminales hasta la médula, algo se presentaba espeso en aquel cambio de guardia. Pero los caudillos estaban embalados y ansiosos por el poder. Al menos querían un cargo. El zoquete les relumbró en los ojos.

En el primer Congreso tomaron asiento gente limpia y gente sucia, cosas de la política. Waldino Ramón Lovera era un SEÑOR. Eduardo San Martín era un SEÑOR. No muchos tenían tal cualidad, para citar quienes estuvieron en esa mezcolanza de víctimas y victimarios por el Partido Colorado. Puede uno imaginar que se hubieran sentido inquietos de tratar con sus pares senadores Edgar L. Ynsfrán, Roque Ávila o Juan Manuel Frutos. Lovera y San Martín eran de esa clase con una rectitud rara a la condición de políticos. Ellos creían en la democracia y decían que era posible con esfuerzo, pero que iba a llevar su tiempo. Deben haber demostrado mucho tacto pues el Senado eligió a San Martín vicepresidente y a Lovera presidente en periodos distintos. Ambos tuvieron influencia decisiva en la aprobación de un conjunto de leyes sobre derechos humanos.

Rodríguez tuvo una gestión comparativamente mejor que la anterior y que las siguientes. La apertura política, la renovación de leyes, la convocatoria a Convención Nacional Constituyente y una Constitución que salió de ella son, entre otros, logros concretados durante su mandato. Su manía por acumular no cambió y tampoco su vinculación con el narcotráfico. Los políticos conocían sus andanzas y si bien él sedujo a la oposición, no fue por mucho tiempo. Al paso de los meses se hizo evidente que, pese a sus promesas, no iba a cambiar. Sus competidores que tenían en mente sacarlo del sillón presidencial cavaron una zanja y lo condujeron a ella de a poco, entre protestas de amistad y distracciones que el general aceptó con regocijo.

Argaña trajo pala, pico y le instruyó a correligionarios de confianza que cavaran. No les explicó para qué. El tenía un modo oblicuo de hacer las cosas y era imperativo. Instrumentó sus fuerzas en el seno de la Junta y secundado por senadores y diputados sobre quienes ejercía ascendencia, llevó a que se convoque la Convención con expresa declaración de reforma total. Se aseguró previamente de preparar el terreno para que el Gobierno ingresara al proceso de integración subregional entre Argentina, Brasil y Uruguay que iba progresando. El 26 de marzo 1991 Carlos Saúl Menem, Fernando Collor, Andrés Rodríguez y Luis Alberto Lacalle estamparon sus firmas en el Tratado de Asunción que dio origen al MERCOSUR 10/. Rodríguez hizo el papel de estadista anfitrión. Alexis Frutos Vaesken, reemplazante de Argaña al frente del Ministerio de Relaciones Exteriores, estuvo a su lado en dicho acto. Argaña iba avanzando otras tratativas fuera de la pompa y las cámaras, definitivamente distanciado del presidente que le había cesado del cargo ministerial luego de orquestar una campaña subterránea apoyada por los ex-contestatarios con mucha prensa. El dueño de Canal 13 y Noticias, Nicolás Bo Parodi, estuvo en primera línea como francotirador de Argaña. Hubo antecedentes en la puja Rodríguez-Argaña que merecen mención y explican la ruptura dentro del Partido Colorado.

En la Convención Extraordinaria del 1° de abril 1989, los Colorados habían resuelto promover la convocatoria de una Constituyente para reformar la Constitución Nacional y prohibir la reelección presidencial. Rodríguez tuvo que tragarse ese amargo trago a cambio de su postulación como candidato oficial para las elecciones, evitando en momento tan delicado un rompimiento de su base electoral. No tuvo duda que Argaña fue el instigador de tal resolución y lo sometió a observación para desprenderse de él una vez consolidado su frente interno, entonces sumamente inestable. El momento propicio se le presentó a raíz de los cuestionamientos de importantes actores partidarios contra el autoritario ministro y presidente en funciones de la Junta [la deteriorada salud de Juan R. Chaves descargó la responsabilidad real de conducción en el vicepresidente Argaña]. A pesar de declarar cada tanto que al cumplir su mandato en el '93 iba a entregar la banda presidencial, no muchos confiaron en Rodríguez. No daba para creerle, con las credenciales que portaba. Todavía como principal en la Junta de Gobierno, Argaña declaró que "siempre habrá un 13 de enero" para los Colorados. Rodríguez ya había escuchado esa frase en boca de su ahora acérrimo adversario cuando estaban preparando juntos el complot contra Stroessner. No le daría un maldito resquicio para que se le tirara encima. Lo hizo controlar día y noche por medio de espías. ANTELCO hacía interferencia telefónica como en los buenos tiempos del stronato. Pero Argaña era caudillo, estaba conformando su propio Movimiento de Reconciliación Colorada y se lanzó a hacer campaña con sus numerosos seguidores.

Un acercamiento entre Argaña y Oviedo se frustró ante la decisiva intervención de Rodríguez, en tanto el Partido Colorado iba camino a un desastroso resultado en las elecciones municipales de 1991. El PLRA ganó en 45 ciudades y el premio mayor, Asunción, ganó Carlos Filizzola al frente del movimiento independiente Asunción para Todos. Rodríguez aprovechó para jaquear a su obstinado adversario con elementos que le eran adictos en la Junta de Gobierno 11/. En diciembre de 1991 hubo elecciones para la Convención Nacional Constituyente de la cual participaron el Partido Colorado, PLRA, PRF, Partido Demócrata Cristiano y Constitución para Todos conformado por Asunción para Todos con los sindicatos CUT, CNT Y la Coordinadora Nacional Campesina. La Convención Nacional se instaló en enero 1992 y de sus deliberaciones salió la nueva Constitución. Al cierre de las sesiones y fina negociación de cúpulas mediante, el sector argañista con otros aliados Colorados y toda la oposición aprobó un bravo artículo en las Disposiciones Finales y Transitorias.

"A los efectos de las limitaciones que establece esta Constitución para la reelección en los cargos electivos de los diversos poderes del Estado, se computará el actual periodo inclusive".

Para Rodríguez esta fue una declaración de guerra. Ya había sido aprobada entre las inhabilidades para ser candidato a presidente o vicepresidente de la República "el cónyuge o los parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad de quien se encuentre en ejercicio de la Presidencia al realizarse la elección o la haya desempeñado por cualquier tiempo en el año anterior" 12/. A objeto de clausurar cualquier alternativa de reelección para Rodríguez o digitación de sus parientes se redactaron al propósito tales cláusulas limitativas. Es más, al mismo cierre de las deliberaciones entró en vigencia la nueva Carta Magna y su promulgación se operó de pleno derecho 24 horas después. Adiós Rodríguez. Cuando el hombre supo lo que habían decidido a última hora los convencionales saltó, puteó, maldijo a todas sus madres juntas y juró que haría fusilar a "los traidores". "Los traidores" eran Argaña y Carlos Romero Pereira con ayuda del ex-fiscal general Diógenes Martínez. A la mañana siguiente temprano se presentaron en Palacio los leales del libertador a desagraviarlo. Ministros y generales en pleno, los titulares de Diputados y Senadores, el presidente de la Corte Suprema y políticos en gran número llegaron para solidarizarse o congraciarse con él. Hasta el presidente de la Convención senador Oscar Facundo Ynsfrán estuvo ahí. Las porquerías que se escucharon fueron de colección y demostraron la veracidad de las alegaciones sobre una campaña de reelección en curso, oportunamente destruida.

"Unos pocos no han comprendido que la palabra de un soldado vale más que mil leyes" (ministro de Justicia Hugo Estigarribia).

"Esta Constitución es un mamotreto, una obra producto del odio y del resentimiento... no merece el respeto de nadie" (diputado Julio César Vasconsellos}.

"En la noche de ayer se ha vivido un pasaje negro de nuestra historia, pues se consagró a nivel constitucional la ingratitud más vil y la discriminación personal más injusta, nada menos que contra el presidente de la República... Para cualquier circunstancia, ahora más unidos que nunca, cuente en forma incondicional con nosotros y con nuestros camaradas" (comandante de la Armada Eduardo González Petit) 13/.

Resultado de esta intensa puja fue la remoción de Argaña como presidente interino de la Junta de Gobierno y la vuelta de Juan R. Chaves, quien ya no entendía lo que estaba sucediendo por la edad.

¿ERROR POLÍTICO U OPORTUNISMO?

En ocasión de considerar el veto del Ejecutivo a la creación de una Comisión Bicameral de Investigación de Ilícitos (CBII) el diputado Eduardo Venialgo propuso tratar sobre tablas la referida ley y pidió su ratificación.

"Existe la voluntad entre los legisladores de tener participación en la investigación de hechos relacionados con el accionar del crimen organizado que se extiende a través de todo el país. Creemos que los tentáculos de estas organizaciones están llegando a un nivel intolerable para el accionar institucional de la República y ponen en serio peligro el proceso de democratización" 14/.

Era la primera vez que en el Poder Legislativo se escuchaba la frase crimen organizado en relación a nuestro país. En el Prólogo de Prisionero en Paraguay ya quedó escrito, "cualquiera que haya vivido lo suficiente bajo el Stronismo sabe que lo destacable en él ha sido el crimen organizado con Stroessner de jefe, la corrupción y represión sus elementos constitutivos 15/. En nueve capítulos desarrolló el tema y sus resultantes:

a) un flaquear de la voluntad de cambio entre quienes más influencia tenían para promoverlo: las élites;

b) el congelamiento del tiempo político durante prácticamente todo el transcurso de la dictadura;

c) la subversión del ordenamiento jurídico y la convivencia social, repartiéndose desde el poder premios a los delincuentes, persecución y sanciones a las personas que se arriesgaban a promover acusaciones o querellas contra los poderosos. Citaba casos para explicar cómo se había tejido la red criminal en los 3 poderes del Estado y de qué manera dicha red destruyó el tejido social, en cuanto progresaba sobre las asociaciones intermedias y el individuo. Es probable que el asesinato a sangre fría del periodista Santiago Leguizamón y la inacción judicial hayan recordado al diputado Venialgo el robo de los bienes de su padre y el prolongado exilio de toda la familia. Como víctima, él conocía el crimen organizado. El 2 de mayo 1991 la Cámara de Diputados ratificó por unanimidad la ley de creación de la CBII. En el Senado, Waldino Ramón Lovera propuso el mismo tratamiento sobre tablas y argumentó:

"Está absolutamente claro que estamos viviendo tiempos de emergencia. No podemos posponer este estudio. Mientras todavía está pendiente la investigación de la muerte de obreros de Itaipú (por tropas militares), mientras tenemos todavía la imagen del sobrecogedor hecho du la muerte de un hombre de prensa, anoche vimos que un cargamento de cocaína fue detectado en la frontera... no es posible que debamos seguir postergando el estudio de esta importante ley" 16/.

Su colega Edgar L. Ynsfrán mocionó que el documento fuera de nuevo girado a comisiones para "un mejor y racional estudio". Y agregó: "el hecho de que aprobemos ahora esta ley no va acabar con el hampa". Triunfó esta postura, apoyada por la mayoría de los senadores Colorados frente a las bancadas opositoras y unos pocos disidentes del oficialismo. Rodríguez hizo saber su opinión en el sentido que volvería a vetar dos, tres y todas las veces que dicha ley le fuera propuesta. "Tiene un espíritu revanchista, quiere dividir y crear zozobra dentro de la ciudadanía paraguaya... La investigación está en el ámbito judicial, por eso el Poder Judicial es el encargado de investigar todos los actos ilícitos y sancionar a los culpables" 1'/. Una vez dictaminada en comisiones, el Senado decidió por la misma mayoría de votos Colorados rechazar lo resuelto por la Cámara Baja.

Rodríguez impuso su decisión de no abrir a investigación parlamentaria el asesinato de Leguizamón, la matanza de huelguistas en Itaipú y el tráfico de drogas por una razón simple: él estaba envuelto en esos casos, directamente. Con su antiguo asociado Fadh Jamil en el primero, drástica medida preventiva para evitar la propagación de denuncias contra la mafia por parte de los periodistas. Con tropas de Caballería que dispararon por orden suya contra los obreros apostados en el acceso principal a la represa Itaipú en el segundo, lugar considerado estratégico. Con el embajador norteamericano Timothy Towell y la CIA en el tráfico de cocaína boliviana, algunos de cuyos entretelones recién se develarían cuando la Comisión Bicameral de Investigaciones {CBI) investigó el hecho en 1994. Sobre esto último, caso Parque Cué, se volverá más adelante.

Por de pronto el presidente frenó la indagación sobre crímenes de la corporación, en los cuales los generales Humberto Garcete, David Samaniego, Lino Oviedo y Orlando Machuca Vargas también participaron. Ahora como jefe del Ejecutivo Rodríguez tenía el control. Las instituciones y los recursos del Estado, no ya de una gran unidad, estaban a su disposición y él los utilizó con soporte de la mayoría parlamentaria Colorada. La estructura anterior siguió firme, con reformas por fuera que no le impidieron operar pero sí evitar los excesos de una dictadura como la reelección presidencial o el descabezamiento de corrientes disidentes. La disidencia creció dentro y fuera de aquella estructura, desordenadamente. En el Partido Colorado se generó una fuerte confrontación entre rodriguistas y antirodriguistas a medida que Argaña avanzó su proyecto presidencialista, sin aval del estamento militar en actividad. En lo social hubo una dispersión aun mayor con movimientos, sindicatos, federaciones, comisiones, cooperativas y asociaciones de distintos intereses, algunas conectadas o aliadas a grupos partidarios. CUT, CNT y coordinadoras campesinas fueron configurando un tercer espacio. La inscripción y reconocimiento de esas entidades se hizo sin problemas a diferencia de las restricciones observadas durante el stronato.

En lo que interesaba a Rodríguez tampoco hubo problemas para que el Congreso accediera. Uno de esos intereses tenía que ver con dotar de comodidades y más privilegios a las Fuerzas Armadas. En rápida sucesión se sancionaron varias leyes a ese efecto.

Ley N° 12. Que autoriza a la Municipalidad de Asunción a transferir a título gratuito a favor del Estado Paraguayo (Ministerio de Defensa Nacional) varias fracciones de terreno de su patrimonio, actual asiento del Servicio Agropecuario de las FF.AA.

Ley N° 36. Que autoriza a la Municipalidad de Villa Hayes a transferir a título gratuito a favor del Estado Paraguayo (Ministerio de Defensa Nacional) una fracción de terreno de su patrimonio para asiento de la Escuela de Suboficiales de las FF.AA.

Ley N° 44. Que autoriza a la Municipalidad de Asunción a transferir a título gratuito a favor del Estado Paraguayo (Ministerio de Defensa Nacional) el inmueble de su patrimonio ocupado por la I División de Infantería dependiente del I Cuerpo de Ejército.

Ley N° 46. Que autoriza a la Municipalidad de Luque a transferir a título gratuito a favor del Estado Paraguayo (Ministerio de Defensa Nacional) una fracción de terreno de su patrimonio ocupado por el Comando de Aeronáutica ubicado en la Primera Compañía, Ñu Guazú, de esa ciudad.

Ley N° 62. Que autoriza a la Municipalidad de Asunción a transferir a título gratuito a favor del Estado Paraguayo (Ministerio de Defensa Nacional) una fracción de terreno de su patrimonio que sirve de asiento al Liceo Militar Acosta Ñu.

Ley N° 65. Que autoriza a la Municipalidad de Asunción a transferir a título gratuito a favor del Estado Paraguayo el inmueble de su patrimonio que sirve de asiento a la olería del cuartel general de la I División de Caballería dependiente del I Cuerpo de Ejército 18/.

A las Fuerzas Armadas se destinó suficientes recursos presupuestarios para construir dos grandes hospitales, uno en el predio de la I División de Caballería (hospital San Jorge) y otro en Asunción (hospital Militar), nuevas instalaciones para la Armada y Caballería, nuevas casas para los jefes y oficiales en las áreas residenciales de los cuarteles. La Caballería fue beneficiada en abril 1989 con una extensión de su área jurisdiccional sobre más de la mitad del territorio en la región Oriental (con Ciudad del Este, Asunción y frontera con Brasil) y casi la mitad del Chaco (costas del río Paraguay, Pilcomayo y aledaños de Asunción). Este cambio en el mapa militar, la designación de jefes de Caballería en puestos administrativos claves y la promoción de más oficiales de Caballería a generales de brigada y división dio clara muestra del favor político otorgado a dicha arma.

Rodríguez se reservó para sí dos bocados especiales, su ascenso a general de Ejército y el control del tráfico de drogas. El 27 de diciembre 1991 creó por decreto la Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD) y la puso bajo dependencia de la Presidencia de la República. La anterior Dirección Nacional Antinarcóticos (DINAR) quedó inserta en la SENAD. Completó este esquema con el nombramiento del general David Samaniego como secretario ejecutivo de la SENAD, de modo que toda la administración y decisión sobre el narcotráfico pasó al área militar. El propio comandante en jefe tomó autoridad para combatir cualquier competencia y acaparar todas las rutas. Un solo jefe, una sola decisión. Tal la fórmula bajo el Gobierno Rodríguez en esta altamente rentable actividad, cuyo provecho centralizado quedó institucionalmente protegido y vigilado por el Estado Paraguayo. La democracia era una excelente fachada para este tipo de arreglos. Para más introdujo, personal militar bajo el mando del secretario ejecutivo antidroga, innovación que significó extender a niveles subalternos la corrupción. En esas fuerzas especiales un capitán podía agenciarse su pequeña fortuna rápidamente, como en efecto lo hizo el capitán Juan Ruíz Díaz. La habilidad de Rodríguez para utilizar lo que construyó su antecesor no estaba prevista en el proyecto de transición.

¿Sabían los políticos acerca de tales actividades? Con pelos y marcas sabían, lo comentaban en privado en el Congreso y como se notó por el proyecto de ley para crear la CBII en 1991, un cierto número de congresistas intentó contener el problema. Los anteriores exposés sobre el caso Ricord, el caso Rosatti, el caso Parque Cué (343 kg. de cocaína transportados en un avión pilotado por el paraguayo Amado Recalde y el boliviano Carmelo Eguez el 13 de setiembre 1990, operativo encubierto desbaratado accidentalmente por el capitán Ubaldo Sisa) aparecieron en prensa 19/. De modo que muy secretos no eran esos negocios del general Rodríguez. Hubo encubrimiento de parte suya y de las autoridades subalternas en aplicación de la ley del silencio. La cuestión en nada cambió como tampoco cambió Rodríguez. A sus años hubiese sido un milagro que cambiara. Aceptar tratos con un mafioso podía justificarse como estrategia de combate contra el narcotráfico pero no en tanto aquél dictara las reglas. Lo usual resultó cierto: la contaminación de quienes ingresaron al juego. Quedaron atrapados. Los menos manejables fueron expulsados como envases desechables.

Habida cuenta que Rodríguez tenía la fuerza de su lado, la oposición no contaba con reaseguros. Tan pronto como Chaves y Argaña invitaron a los contestatarios Colorados para reintegrarse a la Junta, éstos abandonaron el Acuerdo Nacional sin tomar razón que con esa opción la corporación mafiosa recuperaba fortaleza. Dividido el frente multipartidario, Laíno trató de servirse del resto para obtener su propia cuota de poder. En consecuencia cada partido se cortó por separado para las elecciones. En Chile la concertación opositora se mantuvo y el resultado fue muy positivo. Aquí terminó al aire, opa-reí.

Segundo error fue participar sin un pacto de alternancia, cronograma ni garantía de elecciones limpias y respeto a sus resultados. Los partidos del otro lado de la vereda aceptaron las condiciones así nomás, como si aquello se tratara de un picnic. La improvisación dentro de una pavorosa desorganización de la que únicamente los más audaces pudieron emerger, permitió concretar arreglos de dudosa legalidad para intercambiar puestos y prebendas. La condición implícita fue no remover con investigaciones que pudieran exponer judicialmente a los que trajeron la democracia. Uno de los senadores electos perdió su banca, el expresidente de INC Ramón Centurión Núñez, procesado y preso por el escandaloso fraude en la ampliación de la cementera estatal durante su gestión. Como excepción a la regla de los reubicados no tuvo otro efecto que el despliegue de prensa correspondiente y luego de recaer sentencia, la devolución de USD 10 millones sobre un total de USD 360 millones desviados a cuentas particulares. En vez de persistir con la búsqueda de sanción a los grandes corruptos, varios diputados tomaron vacaciones en Punta del Este por invitación paga de su colega Conrado Pappalardo. Otros introdujeron vehículos de lujo libre de impuesto que vendieron en plaza para complementar sus dietas. Cuando a costa de mucho cabildeo salía algo significativo, por ejemplo la Ley N° 71/90 que crea la Comisión de Derechos Humanos para investigar los crímenes aberrantes ejecutados por el aparato de seguridad stronista, Rodríguez lo vetaba. Las convenciones y tratados de protección de los derechos humanos y la derogación de las leyes N° 294 y N° 209 liberticidas fueron la otra cara de la moneda. Dieron lugar a buena propaganda y abrieron las puertas a líneas nuevas de financiamiento externo.

Tercer error fue caer en el discurso de la democracia cuando ésta no se había iniciado. "Construir la democracia", "perfeccionar la democracia", "profundizar la democracia", se convirtieron en slogans de campaña para continuar participando en aquel proceso de repetidos formalismos. Alternabilidad rechazada mediante la grosera manipulación de padrones, falsificación de cédulas y dispersión de votantes fue su resultado en 1993. La oposición se dejó madrugar por la mafia porque se durmió con el cuento de una democracia de fantasía. La mafia era real, la democracia era mentira. Cuando la oposición trató de dar marcha atrás o desviar ya no tuvo motor. Se quedó empantanada. Esto ocurriría más adelante. La euforia, triunfalismo e irresponsabilidad marcó la ruta opositora, incapaz de anticipar que se dirigía a tierra movediza. Su norte fue el voto para ganar elecciones.

Cómo hicieron y de qué medios se valieron las cúpulas para lograr esos votos fue el cuarto error. Todo el esfuerzo se dirigió a esa meta. La estrategia del PLRA con Domingo Laíno y del Partido Encuentro Nacional con Guillermo Caballero Vargas descansó exclusivamente en el número. Afiliación salvaje fue la fórmula. Hubo que conseguir dinero a cualquier precio para lograr esto. Fue así que los grandes empresarios y prestamistas, sin ninguna referencia al origen de sus riquezas, se volvieron importantes factores en la ecuación electoral y con ellos tuvo trato la cúpula opositora. Para el Partido Colorado el dinero sucio y su aplicación al voto eran moneda corriente. Los partidos de oposición no tenían mayor experiencia y lo que consiguieron fue introducir masivamente en sus filas la corrupción (no ya las simples trampas de urna preexistentes). Cuando se dio la oportunidad de mirar los registros resultó que cerca de 20 por ciento de los empadronados al PLRA contaban con doble afiliación y más de 35 por ciento de los Encuentristas se hallaban en igual situación. La afiliación a más de un partido no constituye delito pero es indicativa de lo que ocurre en las elecciones, mercado en el cual gana quien más dinero gasta, aparte las prebendas extras para los operadores. El ciudadano de escasos recursos expoliado y reducido a votante puso su voto al mejor postor. No pocos lo vendieron a más de un partido. El mercadeo recrudeció en las elecciones siguientes hasta desnaturalizar lo que se dijo querer construir, un sistema democrático. Era como si por otro camino se volviera al punto de partida que parecía haber quedado atrás en 1989.

Con buen fundamento algunos políticos expresaron que la oposición tomó del Partido Colorado todos sus vicios y ninguna de sus fortalezas. En medio de los errores de estrategia hubo oportunismo de caudillos que se beneficiaron con cargos para realizar negocios particulares.

EL ÚLTIMO PARTE

Una vez que la Convención Nacional dejó promulgada de pleno derecho la nueva Constitución, Rodríguez no tuvo más alternativa que aceptarla. El purgante le cayó mal, embarcado como estaba en ser reelecto y paralelamente en la campaña de su hija Mirtha Rodríguez que también abortó la Convención. No tenía salida por el lado del autogolpe, pues ya lo habían advertido desde Washington que cualquier movida de ese tipo le acarrearía el bloqueo inmediato a nivel diplomático y económico. Jon Glassman, el embajador norteamericano, le marcó rumbos hasta con un comunicado público lanzado en momento que la Convención inició sus sesiones. En privado repitió a varios ministros y generales la misma línea y al presidente le habló con franqueza de la posición de Estados Unidos, terminantemente opuesta a reconocer nada que se apartara de las elecciones. Los gobiernos Menem y Collor, interesados en impulsar el MERCOSUR con un gobierno civil en Asunción, trajeron ante Rodríguez el mensaje claro de honrar su palabra y lo felicitaron por haber tomado tal compromiso para bien del país. Lo mismo se lo hicieron saber por varios canales los gobiernos de la Comunidad Europea. Haciendo de tripas corazón, Rodríguez dejó de lado sus intenciones de seguir en el poder por otro periodo para no terminar como su consuegro. El conocía los límites. De inmediato volcó su esfuerzo en dos direcciones. Primero, sacar del medio a Argaña como autoridad partidaria y destrozar su candidatura a la Junta de Gobierno. Como pieza de recambio promovió a la Presidencia de ese cuerpo a su aliado y millonario Blas N. Riquelme. Segundo, sabotear cualquier intento de Argaña y aliados para las elecciones generales, lo que implicaba fabricar a las apuradas un postulante con suficiente arrastre electoral previo consenso de la cúpula militar.

Sobre posibles candidatos surgieron dos nombres en el restringido ámbito de consultas del presidente. Ellos fueron Horacio Galeano Perrone, ministro de Educación, y Juan Carlos Wasmosy, ministro de Integración. En la compulsa final entre los generales de la Caballería más cercanos a Rodríguez con participación de Gustavo Saba y Antonio Saccarello, Wasmosy resultó favorecido. La reunión se hizo en la residencia de Rodríguez y la decisión se comunicó al flamante presidente de la Junta, Riquelme.

No bien la noticia le llegó a Argaña, sentó su plan de destrucción del adversario. El dossier de contratos de las empresas Wasmosy con las entidades binacionales era extenso. Se hallaba envuelto un alto número de autoridades, él mismo entre ellas. Entre 1979 y 1983 Argaña fue miembro del Consejo de Administración de Itaipú Binacional, concurrente con su función de diputado por el Partido Colorado. En octubre 1983 asumió como presidente de la Corte Suprema de Justicia. Era pues un conocedor de las cuestiones administrativas y jurídicas del sector público, en particular de Itaipú. Como alta autoridad partidaria también tuvo acceso a información privilegiada sobre sus correligionarios. Una de sus cualidades fue precisamente el manejo de la información. No en balde pudo devolver a Rodríguez, a través de la prensa y con datos canalizados por terceros, algunos de sus bajos ataques. Contra Wasmosy desarrolló algo formidable. Lo expuso como ladrón. Barón de Itaipú lo bautizó. Por si esto no resultara suficiente, dijo de él mbatará por su afinidad Liberal de estudiante que cambió por la afiliación Colorada para ingresar en la rosca de los contratistas de Itaipú.

La campaña para las internas Coloradas tuvo varios ingredientes inusuales. Por primera vez en más de cuatro décadas una Convención debía decidir su candidato de dos listas principales y enfrentadas. La última asamblea en la cual se presentaron dos presidenciables, J. Natalicio González y Federico Chaves, terminó en batalla campal y en fractura del partido. De ahí en más la elección del candidato oficial fue por consenso previo en la cúpula. Una elección disputada traía aparejada otra ruptura de facciones irreconciliables por falta de ejercicio democrático, sinónimo de resolución por la fuerza. Dado que los militares y policías eran afiliados, la resolución debía venir de los respectivos comandos y con certeza del estamento castrense.

Para más dificultad, estaba en progreso una investigación judicial sobre tráfico de vehículos y drogas por el Chaco. Quien lo destapó fue el coronel Catalino González Rojas, comandante de una pequeña fuerza de Infantería en la frontera con Bolivia. Vehículos robados y ganado cruzaban por aquella zona hacia el norte. En sentido inverso venía combustible y cocaína. La ruta Transchaco y algunas de las numerosas pistas ubicada en grandes estancias servían a ese tráfico, el cual por décadas tuvo vía libre a cambio de peajes informales que los contrabandistas dejaban en los cuarteles. El dinero se distribuía para mantenimiento de las instalaciones, movilidad del personal y gastos personales de varios comandantes, sin pasar por el fisco 20/. Una parte del mismo contrabando era controlado por Rodríguez y Garrete, siendo aquel territorio un corredor de salida para la coca boliviana comercializada por los barones de Santa Cruz. Rodríguez era conocido entre ellos como `caballo fuerte' y buen cliente, a la sazón jefe máximo del cartel Paraguay. No le gustó para nada el sumario que instruyó González Rojas y menos le gustó que las declaraciones y documentos sobre el caso aparecieran en la prensa. Un enorme negocio quedó comprometido.

El entonces comandante del Ejército, general Humberto Garcete, reaccionó prestamente. En vez de ampliar el sumario destituyó y mandó arrestar al "desubicado coronel", lo que como era habitual hubiera terminado el asunto. Esta vez intervino la justicia ordinaria. El arrestado denunció a varios generales, entre ellos a quien le había precedido en la Comandancia de la IV División de Infantería, general Lorenzo Carrillo. Garrete y el ministro de Defensa Angel Souto Hernández trataron de minimizar el hecho y como no lo consiguieron buscaron conectarlo con algún tipo de complot para 'desacreditar' a las Fuerzas Armadas. Rodríguez secundó esta versión y agregó, "yo no descarto la posibilidad de que el coronel González Rojas esté manejado por otros militares". La cuestión despertó ecos en el Congreso. Legisladores de los tres partidos formaron una Comisión Bicameral de Investigaciones (CBI), prerrogativa contemplada en la nueva Constitución sin necesidad de que fuera promulgada por el Ejecutivo. En sede judicial se dictaron órdenes de detención contra uno, dos, tres generales e iba subiendo el rango de los mismos. Primera vez en la historia paraguaya que altos mandos en servicio activo eran procesados por delito común. En la prensa extranjera el caso tuvo destaque 21/.

De la denuncia original por contrabando de vehículos y ante las series periodísticas con caudal continuado de información las averiguaciones pasaron al narcotráfico. Se abrieron otros procesos por desvío de fondos en la Policía en el que estuvo involucrado el general Francisco Sánchez, por escucha ilegal de comunicaciones en ANTELCO bajo responsabilidad del coronel Guillermo Godoy y por sobrefacturación en la compra de equipos de telecomunicaciones durante administraciones anteriores. Casos de extorsión, chantaje, apropiación de dinero y otros delitos contra el patrimonio público quedaron expuestos con los nombres de quienes se habían enriquecido. Naturalmente el de Rodríguez no quedó fuera. Ante la presión de los sucesivos escándalos él decidió prescindir de dos generales sobre los que recayó el mayor peso de las denuncias a esa altura sobradamente probadas. Humberto Garcete y Francisco Sánchez fueron relevados en tanto avanzaban sendas causas criminales contra ellos. El cerrado silencio mantenido durante décadas se rompía finalmente ante la avalancha de información. Era nada más que el comienzo. El pequeño Partido de los Trabajadores pidió en manifestación y con pancarta desplazada, QUE SE INVESTIGUE LA FORTUNA DE RODRÍGUEZ. Un enviado de Newsweek tuvo ocasión de preguntarle cómo había hecho para amasar una gran fortuna con su sueldo promedio de USD 500 al mes.

"Estoy seguro que no hay un ciudadano paraguayo que tenga el dinero enorme que me atribuyen, USD 1.400 millones. Si así fuera (esa persona) probablemente nos ofrecería un crédito para pagar la deuda externa. En mi opinión se trata solamente de una absurda mentira. Mis mayores riquezas han sido todo mi esfuerzo para dar al Paraguay felicidad y vida democrática. Eso es todo" (sic) 22/.

Rodríguez no fue el único cuestionado acerca de la gran riqueza. Wasmosy, su delfín puesto para detener la carrera de Argaña también recibió otra dosis en medio de la campaña electoral. Campaña que promovió el destape e imposibilitó pararlo una vez en movimiento. Detrás de lo más significativo de las revelaciones sobre la fortuna malhabida de Rodríguez estuvo Argaña y un selecto equipo de colaboradores que compiló datos e informes y los distribuyó en el momento oportuno. El mismo equipo monitoreó las cuentas de Wasmosy. Cuando los Colorados fueron a las urnas dieron una cómoda victoria al obstinado líder de Reconciliación Colorada. Los resultados de boca de urna y del organismo veedor coincidieron al final de la jornada, de modo que Wasmosy se preparó para felicitar a su adversario. En ese punto preciso intervino Oviedo, quien había dirigido tras bastidores la campaña de Wasmosy, le ordenó quedarse en casa y fue a arreglar el asunto a su manera. Convocó a reunión de emergencia a los operadores y les puso en claro que "las Fuerzas Armadas trajeron la democracia, no vamos a dejar que vuelvan los stronistas y que entreguen el Gobierno a la oposición para enlutar a la familia paraguaya". En prevención de protestas mandó aprestar los tanques de la Caballería y desplazó unos cuantos de ellos con tropas a puntos estratégicos de la capital. Hizo suspender el conteo de votos y advirtió a Argaña que de sacar gente a las calles iba a recibir un tiro en la cabeza frente a sus hijos. Mandó adulterar los resultados antes de la certificación correspondiente. Compró a las autoridades que debían prestarse al trabajo, entre ellas al propio apoderado de Reconciliación Colorada, Diógenes Martínez. Pasaron las semanas y a pesar que sus seguidores recomendaron salir en manifestación, Argaña les disuadió. Perdió la iniciativa en tanto el otro equipo, con los generales claramente en control, negoció puestos ministeriales y prebendas con Blas N. Riquelme y Angel R. Seifart. En una visión demasiado optimista de la situación el Financial Times de Londres anticipó lo siguiente.

"La transición a la democracia solamente concluirá después que el Paraguay realice elecciones presidenciales en mayo de 1993 y el general Rodríguez entregue el poder tres meses más tarde. Los Colorados decidieron realizar las primarias para elegir un candidato presidencial, pero violentos conflictos internos entre los candidatos y revelaciones diarias de corrupción ahora señalan la posibilidad que un político de la oposición salga ganador en una elección presidencial por primera vez en la historia" 23/.

Arreglado todo lo necesario, el tribunal partidario proclamó vencedor a Wasmosy. Más adelante Martínez recibió su pago, el nombramiento como ministro de Relaciones Exteriores. El Financial Times quedó corto en su hipótesis pues la maquinaria electoral del Partido Colorado, la falsificación de cédulas, adulteración de padrones y manipulación de resultados dio de nuevo ganador a Wasmosy en las presidenciales. Rodríguez, Oviedo y camaradas se salieron con la suya ante los postulantes Laíno y Caballero Vargas. La mafia era mucho más poderosa -y menos escrupulosa- de lo que ellos estaban dispuestos a admitir.

El 15 de agosto 1993 ante una masiva concurrencia, Rodríguez entregó el mando. Dio su último parte de soldado con emotiva expresividad. El acto se realizó en amplio espacio abierto frente al Congreso Nacional, señal que el nuevo presidente llevaría a cara descubierta los negocios públicos. Tal cual. El Gobierno Wasmosy, bajo tutela del rutilante y agresivo hombre fuerte Lino Oviedo, no tuvo parangón en el estilo de apropiarse del dinero como si hubiera tomado por asalto un banco.

NOTAS

1/ Ultima Hora, edición especial, 3 de febrero 1989, p. 15. En efecto y como fue programado, la jura de Rodríguez y de los miembros del Gabinete tuvo lugar aquella tarde, como también la toma de posesión de las nuevas autoridades de la Junta de Gobierno provisoria. El nuevo presidente de la República fue recibido en la Casa de los Colorados al concluir dicho acto.

2/ Ultima Hora, 6 de febrero 1989, pp. 12-13, donde también se reseña el oficio religioso realizado la noche anterior.

3/ Crónica, 27 de febrero 2001, p.6, declaraciones del entonces miembro del directorio del Banco Central Julio González Ugarte, procesado luego por desvío de fondos en otro caso.

4/ Documentos sobre los casos Juan B. Vargas, José Caballero Cañete y José Melgarejo se encuentran en archivo Adalberto Fox. Uno de los camaristas que falló a favor de Nélida Reig de Rodríguez y Carlos Barreto Sarubbi en la causa de la cual ellos son parte querellada fue acusado de recibir soborno de USD 300.000 para distribuir con sus pares. En la transferencia nula de la propiedad de Melgarejo tuvo intervención el IBR, feudo del padre de la `reforma agraria' Juan Manuel Frutos.

5/ Ultima Hora, 9 de marzo 1989, p.9. Resolución de la Junta de Gobierno provisoria a su turno ratificada por la Convención Extraordinaria del Partido Colorado del 1-2 de abril 1989. La palabra revolución aparece en el documento original.

6/ Tomás Palau, Félix Lugo y Gloria Estragó (come.) Dictadura, corrupción y transición cit. P. 320 ss. Anibal Miranda, Dossier Paraguay cit, pp. 343-350.

7/ Ultima Hora, 16 de febrero 1989, p.16, bajo el titulo "Comunicado del Arzobispado".

8/ Noticias, 12 de febrero 1989, Ultima Hora, 12 de febrero 1989. "Paraguay ¿qué país é este?", Manchete, 4 de marco 1989, p. 88 ss. En recuadro una foto del coronel Gustavo Stroessner bajo el título "Os homosexuais do governo formavam uma mafia: Paragay nunca mais", con mención de sus cofrades J. Eugenio Jacquet, Adán Godoy Jiménez, general Juan A. Cáceres, Manuel Modesto Esquivel más 30 coroneles del Ejército.

9/ Recortes de prensa de los diarios Clarín y _La Nación de Buenos Aires, O Globo, O Estado de Sao Paulo y Jornal de Brasil fotocopiados y encuadernados se vendieron a bajo precio en los kioskos y librerías de Asunción y ciudades de frontera. La información sobre Rodríguez era abundante, descriptiva y clara en los meses previos a las elecciones.

10/ La decisión del ingreso de Paraguay al Mercado Común iniciado por los presidentes Raúl Alfonsín y José Sarney lo oficializó el canciller argentino Dante Caputo en ocasión de entrevistarse con Argaña el 24 de marzo 1989 en Buenos Aires. A dicha entrevista siguió el encuentro Rodríguez-Alfonsín el 26 de abril 1989 en la zona de obras de Yacyretá. Ultima Hora, 26 de abril 1989, p. 13.

11/ Hoy, 1 de julio 1991, p.1.

12/ Constitución Nacional, art. 235 inc. 9.

13/ Tiempo 14, 17 de junio 1992, pp.1-4. Notas Trimestrales, CIPAE, abril-junio 1992, pp. 26 ss.

14/ Ultima Hora, 2 de mayo 1991, p.10. Negritas nuestras.

15/ Anibal Miranda, Prisionero en Paraguay (Asunción: Ñandutí Vive/Miranda & Asociados, 1989), pp. 14-18.

16/ Ultima Hora, 7 de mayo 1991, p. 11.

17/ ABC, 8 de mayo 1991, p. 4. Noticias, 11 de mayo 1991, p. 2

18/ Congreso Nacional, Compilación de leyes años 1989 y 1990.

19/ ABC, 18 de setiembre 1990, p. l. Noticias, 19 de setiembre 1990, p. 1 ss. En La Nación apareció años después la serie "Parque Cué - Caso Cerrado", archivo de notas. También hay referencias en Vladimir Jara, Clave R.R.R. Mafias y corrupción en organismos de seguridad (Asunción: ed. del autor, 1997).

20/ Ver "Tráfico a Bolivia de autos robados", ABC, 3 de setiembre 1992, pp. 1/3, y fechas sucesivas, indagaciones en torno al contrabando por el territorio del Chaco.

21/ Declaraciones de Garcete, Souto y Rodríguez en Ultima Hora, 11 de setiembre 1992, p.15, Ultima Hora, 15 de setiembre 1992, p. 14. Clarín, 4 de octubre 1992, pp. 38-39, Clarín, 8 de octubre 1992, p. 5, información y repercusiones.

22/ Newsweek, 2 November, 1992, pp. 18-20. En la revista La Corbata de octubre 1992 se reprodujo otro artículo sobre la fortuna de Rodríguez. La traducción de la publicación citada también apareció en esta revista, con mención en recuadro de un oscuro Aníbal Salomón que "hace un par de años se debatía en la proximidad del presidio por despiadados embates económicos... y hoy se regodea con una insondable fortuna". Atribuía esa fortuna a la astucia de haberse ubicado en "el entorno del comandante de la revolución".

23/ El artículo completo escrito por John Barham fue reproducido por Gazeta Mercantil (Sao Paulo), 10 de diciembre 1992, y La Opinión (Asunción), 18 de diciembre 1992, p. 12. En otro párrafo del mismo se leía: "Está en el Gobierno un general, pero existe un extraordinario renacimiento. Prensa libre, justicia independiente, elecciones razonablemente libres de fraude y una nueva Constitución comenzaron a traer al Paraguay libertades nunca antes imaginadas. Son tan amplias esas libertades y el entusiasmo de la prensa paraguaya, preocupada en recoger los datos del pasado deshonroso de algunas figuras de la cúpula del Gobierno, que la hegemonía del Ejército y del partido gubernamental iniciada hace 56 años actualmente se ve amenazada".

OCHO

RECOMPOSICIÓN DEL PODER

Gobierno civil luego de 40 años desde que Federico Chaves fuera expulsado del Palacio de los López, Congreso con mayoría de diputados y senadores opositores, afianzadas libertades políticas y cívicas, prensa no dependiente de ningún partido, mercado en proceso de desregulación. Una línea de interpretación veía en el conjunto de tales fenómenos el final de la transición, de ahí en adelante abierta la vía democrática cual posibilidad real. Otros postulaban que el tránsito a la democracia iniciado en febrero 1989 se consolidaba con el retiro de los generales a sus cuarteles. Dependía del presidente Wasmosy llevar la nave a buen puerto por el camino que la nueva Constitución, pluralista y moderna, le marcaba. Mediante voluntad política y negociación podía dejar atrás la herencia del pasado, romper el maridaje bastardo Fuerzas Armadas-Partido Colorado y democratizar el país. Parecía al alcance de la mano. Ahí estuvieron para dar soporte teórico al gradualismo los intelectuales de las ciencias políticas y jurídicas, varios de ellos formados en prestigiosas universidades del Primer Mundo como Diego Abente y Carlos Mateo Balmelli del PEN y PLRA. Sus contrapartes de la nueva intelligentsia Colorada decían en voz baja que Blas N. Riquelme, Luis María Argaña, Eugenio Sanabria Cantero, Diógenes Martínez y compañía debían ser puestos en un Parque Jurásico. Por encima de categorías partidarias y pequeñas diferencias de matiz los intelectuales-políticos visualizaban bolsones autoritarios, rémoras de la dictadura factibles de quedar arrinconadas con un acuerdo de las principales fuerzas políticas.

Es probable que absortos en sus elucubraciones formales los exponentes de esa salida tipo Pacto de la Moncloa hubiesen errado de buena fe. Eran intelectualmente sofisticados para, el ambiente extremadamente chato de la política criolla, innovador y dispuestos a bajar a la arena para vencer a los 'autoritarios'. Sólo que Wasmosy no era ningún Adolfo Suárez. Aquí no había un rey Juan Carlos sino varios ex Carlos que 'trajeron la democracia', cobraron por 7 horas de combate precio imperial y el que decía haber arriesgado la vida granada en mano para detener a Stroessner era un payaso delirante. Sobre todo, y éste fue el elemento básico soslayado en aquel postulado, aquí la mafia podía darse el lujo de unas elecciones sin aceptar su resultado y adherir al discurso democrático siempre y cuando no se tratara del imperio de la ley para todos. Se podía hablar a favor del estado de derecho y cobrar buen sueldo por ello, pero no destruir los cimientos del poder. Para entrar al Gobierno se debía aceptar esas reglas, operar dentro del Estado criminal y no escupir en el asado que tenía huesos suficientes para satisfacer a los nuevos comensales. Tal la realidad de aquella democracia.

Los intelectuales-políticos prontamente lograron construirse nichos relativamente protegidos de las pugnas intestinas, en calidad de asesores de los caudillos e interlocutores de representantes diplomáticos, asiduos concurrentes a seminarios financiados por fundaciones extranjeras en los cuales sus disertaciones por lo general brillaron en comparación con las exposiciones monotemáticas de los políticos de raza. Escribían papers con citas de teóricos alemanes, italianos, franceses y norteamericanos, diseñaban escenarios que combinaban antecedentes sociológicos, agregados macroeconómicos y extractos de programa de la social-democracia europea. Con cierto desdén hacia los anticuados idearios y las prácticas de reclutamiento, promoción y articulación de liderazgos, se movían más cómodos en un cóctel de embajada que en las concentraciones partidarias tierra adentro donde se estilaba el pañuelo al cuello, polka y burras en espera del orador central que debía venir montado a lomo de caballo y desde que Wasmosy impusiera su otro estilo, en helicóptero. Esto último sus adversarios no pudieron emular. A sus asesores les fue mejor que a los de Laíno, rodeado de una decena de políticos venales con su plataforma cerrada desde el tiempo de ocupar bancas en el Congreso stronista a las que se aferraron por una década. Ellos fueron elegidos de nuevo en las legislaturas de la transición, cuota Laíno propiamente, de la que el más conspicuo operador interno fue Rodrigo Campos Cervera. Entre los amigos académicos de Caballero Vargas hubo mayor fluidez de acceso integrando algunos la lista de diputados y otros la de senadores tras las cuales fueron catapultados al Congreso desde 1993 en adelante. El oficio político, aprendieron sobre la marcha debiendo olvidar sus apuntes de clases en nada útiles para lo que les presentó la maquinaria Colorada por un lado, sus propias organizaciones en crecimiento cuyos integrantes exigían puestos por el otro.

Los parámetros para la actividad política estaban determinados con rigidez por lo siguiente:

a) Una economía donde la extrema concentración de la riqueza y el uso de los recursos del Estado por parte de los integrantes del círculo del poder desquició las fuerzas del mercado, socializó los costos (y pérdidas) y privatizó las ganancias.

b) La creación de puestos de trabajo dependía de las inversiones públicas determinadas por los caudillos en control del aparato gubernamental.

c) La ley servía para favorecer a los amigos, castigar a los enemigos y proteger los bienes apropiados ilegalmente por el estamento parasitario -políticos del Partido Colorado, altos mandos militares, grandes contrabandistas y sus respectivos asociados- ante la que chocaba frontalmente la dispersa tendencia al cambio social carente de conducción.

d) La necesidad que el caudillismo político generó en la población hacia las soluciones de arriba. Los puestos de trabajo y prebendas estaban atados a la lealtad partidaria. El voto cautivo del funcionariado aseguró al Partido Colorado cómoda ventaja numérica sobre sus competidores.

La presión para obtener puestos y prebendas tuvo así un canal de transmisión en las cúpulas partidarias. Aunque limitado el número de beneficiarios a los afiliados y potenciales votantes, con el espacio ganado por el PLRA y PEN en los gobiernos municipales, departamentales y nacional ellos también pudieron distribuir favores. Hubo pues competencia política dentro de tales parámetros y la eficacia de los caudillos tuvo directa relación con la cantidad de electores capaces de satisfacer. Ante tal situación los programas de transformación y eficiencia del estado, modernización del aparato productivo y reforma de la justicia cedieron paso a realidades políticas más perentorias.

El Gobierno Wasmosy significó, bajo esos condicionamientos, una reacomodación de la economía política a las urgencias de dar cabida a nuevas clientelas y ello se logró en gran medida mediante la creación de más puestos en la burocracia, asignación de subsidios a los partidos políticos de acuerdo a su caudal electoral y compartiendo lo que antes era exclusivo coto Colorado con Liberales y Encuentristas. Esto requirió una cierta ingeniería política pues al mismo tiempo otro proceso de mayor trascendencia tuvo lugar: la retracción del estamento militar de su rol central en el Gobierno al subordinado a la autoridad civil dictado por la Constitución Nacional. Entregar cuotas a Liberales y Encuentristas no produjo traumas en razón de lo que se explicará a continuación. Devolver las fuerzas militares a la función estrictamente profesional alejada de ingerencia en la política fue mucho más difícil y ocasionó repetidas crisis, teniendo de pivotes al arma de Caballería y facciones del Partido Colorado pro-militaristas que extrañamente aliaron en defensa de su postura a políticos de la oposición.

PACTO CON LA MAFIA

Los partidos de oposición buscaron arribar al poder por medio del voto, un derecho legítimo sin duda, compitiendo para ello con el Partido Colorado del millón y más de afiliados entre los cuales se hallaba prácticamente la totalidad de los militares, policías, magistrados judiciales, maestros del sector público y demás funcionarios del Estado. Por medio del voto pudieron ya obtener la mayoría en ambas Cámaras del Congreso en 1993 y si a esa mayoría se sumaban los legisladores argañistas desafectos con Wasmosy y Oviedo, era claro el predominio no oficialista en el Poder Legislativo. Este contaba con facultades constitucionales amplias frente al Ejecutivo, entre ellas la del juzgamiento del presidente y vicepresidente de la República por mal desempeño de funciones o delitos comunes que con 2/3 de votos del Senado podían ser removidos. Igual facultad le asistía para juzgar a los miembros de la Corte Suprema de Justicia y Superior Tribunal de Justicia Electoral. Entre sus demás funciones se hallaban la designación de miembros para conformar el Consejo de la Magistratura, Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados y la Defensoría del Pueblo. En acuerdo con el Poder Ejecutivo el Senado debía designar a los nueve ministros de la Corte Suprema y tres ministros del Superior Tribunal de Justicia Electoral, prestar acuerdo para los ascensos en las Fuerzas Armadas desde el grado de coronel o equivalente y en la Policía desde el grado de comisario principal, embajadores y ministros plenipotenciarios, presidente y directores del Banco Central, directores de las entidades binacionales y autorizar al presidente de la República para ausentarse del país por más de 5 días. El presidente del Senado se hallaba en la línea de sucesión en caso de acefalía de la Presidencia y Vicepresidencia de la República.

Disponer de mayoría parlamentaria implicaba, ante el presidente Wasmosy que no contaba siquiera con una facción grande de apoyo en la Junta de Gobierno, capacidad de decisión importante. A condición de ejercerla como bloque para fiscalizar y contrapesar al Ejecutivo, lo que no siempre fue el caso. De su lado, Wasmosy pretendió desde un primer momento mayor capacidad de decisión de la que constitucionalmente le era permitida y visto que ello no le _fue posible, maniobró por lo práctico. Convocó a Laíno y Caballero Vargas, quienes a diferencia de Argaña en las internas aceptaron la derrota dictada por la justicia electoral en las elecciones generales. Les propuso negociar. Entretanto iba haciendo concesiones a Oviedo mediante el traslado de los generales Pedro Concepción Ocampos (comandante del Ejército), Marino González (comandante del II Cuerpo de Ejército) y Regis Romero (comandante del III Cuerpo de Ejército). A fines de 1993 consolidó la preeminencia de Oviedo al pasar a retiro a varios generales de división en retribución al decisivo papel que le cupo desempeñar a aquél para movilizar electores y gestar elaborados fraudes informáticos, de documentación y conteo de votos. Con la promoción de Oviedo al cargo de comandante del Ejército Wasmosy creyó suficientemente pagado el servicio y supuso contar con un firme soporte castrense que le serviría para llevar a feliz conclusión sus negociaciones con los jefes de la oposición. En parte tuvo razón. El 13 de enero 1994 rubricaron el Pacto de Gobernabilidad legisladores de los tres partidos representados en el Congreso, comenzando por el presidente del Senado Evelio Fernández Arévalos (PLRA), ante Wasmosy con Laíno y Caballero Vargas como garantes 1/. Los miembros del Gabinete también estuvieron presentes en el acto.

A los argañistas no se les vio ni en las cercanías de aquel acto, el cual se realizó en el Palacio de Gobierno. Fue una jugada maestra de Wasmosy tanto el lugar como la fecha elegida. Le dejó a su contrincante arrinconado. Esta vez Argaña no pudo proferir su grito de batalla "siempre habrá un 13 de enero" como en ocasiones anteriores. El pacto ínter-partidario tuvo los aditamentos y boatos de un entendimiento entre estadistas, una vuelta de página a la proscripción por decreto-ley y al intento de destruir partidos rivales como estrategia para mantener el poder. Al fin se avizoraba una competencia civilizada y, con algún optimismo, la posibilidad de alternancia pacífica de acuerdo a la voluntad ciudadana en las urnas. El crédito presidencial de cara a la opinión pública nacional e internacional subió grandemente con ese acuerdo inédito de fuerzas políticas para estabilizar, dar soporte y continuidad al proceso democrático según opinión compartida de sus arquitectos. Mirando con más detenimiento en sus resultados aquello fue una vulgar repartija de puestos e influencias, para mutuo provecho de las cúpulas Wasmosy, Laíno y Caballero Vargas. Estuvo lejos de ser un pacto de gobernabilidad ya que no tocó siquiera la modificación de las reglas de juego, el achicamiento del Estado, el control de los grupos criminales organizados y la reversión del poder de los caudillos a la ciudadanía ni cronograma alguno sobre ellos.

De parte de Wasmosy los motivos fueron crudamente utilitarios y bajos. Buscó destruir al argañismo y a su líder Argaña, uno. Dos, buscó implicar a la oposición en la responsabilidad por los negociados que se sucedieron uno tras otro, principalmente por el lado de la sanción de leyes que legitimaron la expoliación y vaciamiento de empresas públicas. Tres, buscó instalar un Poder Judicial nuevo de fachada -para responder a los intereses político-crematísticos de los nuevos dueños del poder y en especial del propio grupo Wasmosy. Cuatro, el pacto sirvió de instrumento para promover rotaciones y remociones castrenses de modo que esa corporación se tornara subordinada a Wasmosy en persona. A excepción de lo primero, los tres otros propósitos se fueron dando gradualmente con altibajos y desprolijamente. Si bien Wasmosy entró a la Presidencia con casi nula experiencia política, probó ser fríamente calculador y artero, absolutamente inescrupuloso y teatralmente dramático acerca de sus ulteriores motivaciones. Fue la duplicidad personificada, radicalmente diferente a lo burdo y directo de sus predecesores a quienes se veía la hilacha hasta de reojo. Wasmosy actuó con guante blanco para dar el zarpazo, cada cual más brutal respecto de las necesidades de una población vapuleada por el mando de los generales y ahora expectante de las promesas del presidente que se sintetizaron en su frase de campaña, "vamos a avanzar 50 años en 5" 2/.

Cabría preguntarse porqué Wasmosy pretendió destruir a Argaña, su correligionario y ex-miembro del Consejo de Administración de Itaipú cuya firma en las actas respectivas le permitió succionar millones de dólares en contratos sobrefacturados para construcción de obras y provisión de equipos a la EBI. Ambos se habían tratado cordialmente siendo miembros del estamento privilegiado durante el stronato. La formación académica y ubicación en lo alto de la escala técnico-burocrática no mezclada con las seccionales donde hacía militancia otro tipo de gente les permitió destacarse como profesionales emprendedores, capaces de llevar adelante proyectos complejos y aprovechar las cambiantes condiciones del medio para liderar organizaciones de dimensión corporativa. Más allá de eso eran personalidades diametralmente opuestas. Argaña era agresivo y temperamental, político de mucho oficio con experiencia legislativa y un proyecto de gobierno que ya a mitad de la década del '80 lo situaba como probable sucesor de Stroessner. Según trascendidos diplomáticos otro probable sucesor era el general Gerardo Johannsen, a la sazón comandante de Institutos Militares de Enseñanza y egresado del arma de Infantería con entrenamiento adicional en la Aeronáutica, más adelante presidente de Líneas Aéreas Paraguayas 3/. Argaña sabía que cualquier intento para llegar al máximo cargo ejecutivo debía contar con apoyo castrense hasta tanto el Partido Colorado dependiese de las decisiones de Stroessner. Su plan de largo plazo lo llevó a cultivar buenas relaciones con el general Rodríguez y por otro lado con la vieja guardia que dominaba la Junta de Gobierno, en previsión de la pugna por la sucesión al acercarse las elecciones generales de 1988. Su jugada fue arriesgada. Se truncó ante la arremetida de los militantes pero a la vez jugó a su favor el proyecto poco potable de éstos de implantar una dinastía que suponía la remoción de los generales más antiguos. Ante la forzada realidad de que los militares sublevados no apostaron por él aceptó posponer su ambición presidencial. No entró en sus cálculos que Rodríguez lo hiciera a un lado para inclinarse hacia Wasmosy. Enfrentó la situación, dio batalla y perdió de nuevo por ingerencia decisiva del estamento militar en la política partidaria. Ideólogo del golpe y artífice de la apertura, Argaña se creía con sobrado derecho y mérito para ser el candidato Colorado y no cejó en ese empeño hasta recuperar la Presidencia de la Junta de Gobierno en abril 1996.

Fue esa tozudez la que Wasmosy no pudo tolerar. Para él Argaña se constituyó en elemento peligroso, disgregador, a diferencia de varios otros referentes Colorados comprados con plata y cargos. Angel R. Seifart se volcó a su favor a cambio de la Vicepresidencia de la República y el puesto de ministro de Educación para Nicanor Duarte Frutos, Blas N. Riquelme a cambio de continuar en el Senado y de renovadas exenciones para sus empresas, Diógenes Martínez, Carlos Podestá y otros consecuentes trepadores como Juan Carlos Galaverna o Juan Manuel Morales por sinecuras en el Gabinete, Congreso y/o extras para sus gastos personales.

Argaña no quedó solo, sin embargo. Su aliado de peso fue Carlos Romero Pereira, senador expostulante a la Presidencia de la Junta y declarado anti-rodriguista, el reformador en aquella constelación de halcones donde los excontestatarios eran apenas piezas dispensables. Wasmosy integró a su equipo algunos de ellos como Eduardo Venialgo, Bernardino Cano Radil y Rubén Melgarejo Lanzoni, la nueva cara de la administración que se distinguía por la aparente disparidad de vertientes ideológicas. Acción Democrática Republicana, el movimiento levantado por los ingenieros con Wasmosy, Carlos Facetti, Alfonso Borgognon, Paul Sarubbi, Raúl Cubas Grau, Gustavo Pedrozo y otros fue una hidra. Copó otros tantos movimientos Colorados por vía de sus cabezas, los prebendó con cargos estirados de stronistas y rodriguistas para quienes ya no había uso, y de la misma forma como compartieron en Itaipú y Yacyretá hizo con ellos una cadena. Esto se unió al pacto cerrado con Laíno y Caballero Vargas y de él salió un híbrido hambriento, sin prejuicios, cuyo único vínculo era el interés de cada quien por ocupar un sitio en el festín sin la más mínima referencia a los intereses nacionales. En esa mal partida entente que no era de partidos sino de movimientos o más certeramente de los que conformaban las respectivas cúpulas, tuvo origen la fuerza que habría de enfrentar al poder de la Caballería que Argaña por su lado no pudo batir.

Wasmosy realizó una ímproba tarea a cuatro manos para consolidar su propio espacio, para hacer negocios y seguir acumulando a costa del fisco, para mantener a racha la presión de Oviedo y lugartenientes a la vez de remar a favor de la corriente en el tema de la reforma del Estado. No le resultó fácil conciliar tantos intereses y objetivos contrapuestos. De hecho no los concilió, haciendo saltar fusibles cada tanto mientras sostenía ligada la estructura que había puesto en sus manos el alto mando castrense.

A este juego y para tales fines se prestó la oposición, por decisión de sus respectivos directorios. No eran ignorantes de la catadura de sus adversarios-ahora-aliados. Wasmosy no era ningún principiante en negociados y su inmensa fortuna lo demostraba. No accedió al poder por su capacidad de agasajar sino por la destreza en satisfacer lo que más agradaba a los políticos y generales, ña mandá/ ña mondá. Traducido libremente sería "vamos a mandar y robar", o bien "mandamos y robamos". No existe frase más sensual para los aspirantes al poder que esa tintineante evocación del entrechocar de monedas en una bolsa. Solía ser el canto de unidad entre los Colorados a cuyo conjuro deponían diferencias para concentrarse en la causa común. Con Wasmosy aquello se extendió y ramificó como tumor maligno.

A esa norma adhirieron los caudillos de la oposición con sus respectivos capitanes y contramaestres, quienes no se habían cruzado hasta entonces con la opulencia. Excepciones había. Caballero Vargas tenía su fortuna labrada por herencia y asociación con otros conspicuos hombres de empresa como Delfín Ugarte Centurión, Raúl Sapena Brugada y Federico Regúnega en los buenos tiempos del stronato 4/. La inversión de tiempo y dinero no le rindió ganancias aunque sí benefició a sus seguidores ingresados al Congreso, juntas departamentales y municipales por el Encuentro Nacional. Uno de sus amigos, Milciades Casabianca, logró acceder a la Presidencia del Senado y su correligionario Carlos Filizzola postuló al cargo de vicepresidente de la República con Laíno a la cabeza en 1998. Alfredo Jaeggli, senador por el PLRA, empresario de la línea de cosméticos, accesorios femeninos y promotor de certámenes de belleza, era otra de las excepciones junto con su correligionario banquero Fermín Ramírez, también legislador. Ellos eran acaudalados por la actividad privada llevada durante años. El grueso de los políticos opositores carecía de grandes bienes. Por cuanto no pocos de ellos acumularon pudo notarse lo cierto de `la oportunidad hace al ladrón'. Se volvieron desequilibrados tras el dinero, tanto así que compraron y vendieron como los más arrebatados mercaderes Colorados de quienes aprendieron y con quienes compitieron en el mugroso mercado del robo institucionalizado. La infiltración fue sutil y por etapas. Ya tuvo sus semillas en el stronato. Germinaron luego de la gesta libertadora al participar los partidos desbandados del Acuerdo Nacional en las elecciones, en los consejos de entes públicos y en el servicio exterior sin darse las condiciones para reformar el aparato gubernamental. No pudiendo reformarlo los opositores se conformaron con las sobras del poder.

La corrupción chupó a los partidos de oposición por el extremo de la cabeza. Lo demás entró por añadidura. El más artero corruptor fue Wasmosy quien, prevalido de sus facultades ejecutivas y administrativas, concedió cuotas en el Consejo de la Magistratura y Corte Suprema a los recomendados de Laíno y Caballero Vargas. ¿Cuál fue el requisito para ser aceptado? Esencialmente la cercanía a los caudillos. A partir de esas posiciones la cadena siguió con Contraloría General, Tribunal Superior de Justicia Electoral, consejos de entidades públicas, tribunales ordinarios, tribunales de la Justicia Electoral, juzgados de los distintos fueros, juzgados de paz, consulados, fiscalías, asesorías jurídicas, contrataciones para proyectos con financiamiento internacional, cargos de confianza, gobiernos departamentales y municipales. Los puestos apetecidos en los consejos de las entidades binacionales y directorios de la banca pública fueron más peleados por el nivel de sueldo, viáticos y comisión sobre contratos pero eventualmente también entraron en oferta. El problema no fue que afiliados de otros partidos fueran absorbidos en puestos públicos, algo totalmente justo y legítimo. El problema fue que los puestos en general sirvieran:

a. como premio a la militancia partidaria y botín de los caudillos políticos para engrosar sus respectivas clientelas.

b. como retribución de favores e intercambio de influencias, sin mayor consideración a los méritos e independientemente del buen o mal servicio público resultante.

c. para instrumentar elecciones, pagar campañas y movilizar votantes con dinero desviado de las arcas públicas.

d. para escamotear fondos públicos que pasaron a formar parte del activo de las autoridades. La oposición menguó su función fiscalizadora de los actos administrativos.

En vez de denunciar o apoyar denuncias concretas los directorios que prometieron mano limpia abrieron la olla solamente para encontrar el menú apetecible y servirse en tácito acuerdo con los experimentados directores Colorados 5/.

Por citar nada más que un ejercicio, USD 2.000 millones de dinero público fueron robados y desviados en 1997 de acuerdo a la Contraloría General. Con seméjame drenaje no había economía que aguantase. Lo notable fue que la población mal que mal aguantó.

De la fábrica de dinero sucio con su línea de montaje resultó prácticamente imposible sustraerse. Quien estaba parado en medio no podía dejar de mirar al costado y ahí veía una mano, más allá otras manos que agarraban sendas porciones. Quedarse ahí sin nada hasta el final de la jornada era motivo de burla o chistes procaces de parte de los avivados. Para más el que no tomaba parte de la rapiña colectiva terminaba degradado, vituperado 0 despedido por bajo rendimiento cual chivo expiatorio. El juego no estaba hecho para santos, se apostaba fuerte y ganaban los más audaces. ¡Guay del que iba con el cuento a la justicia! Si alguien conservaba el sentido común lo máximo que podía hacer era sacar alguna evidencia para entregar a la prensa. Cosa que ocurría con cierta asiduidad al aproximarse las elecciones, no por asco sino para exponer al adversario y sacarle votos o sacarle el puesto. Que el propio denunciante estuviera implicado entraba entre las probabilidades. El ambiente de complicidad, encubrimiento, réditos rápidos y justicia manejada por el mejor postor hizo el resto.

La situación fue degradando y degenerando por efecto demostración, acelerándose cada vez más el traspaso de lo público a cuentas privadas. Algunos que otros fueron pillados con abultamiento de bienes o con la mano en la lata como el contralor general Daniel Fretes Ventre, el diputado Atilio Martínez Casado, el intendente Osvaldo Ferraz, el juez Assad Yore, el intendente Martín Burt, el juez Silvino Delvalle, para citar solamente algunos Liberales rebelados contra la filosofía enunciada por un aguerrido mandatario, "no habrá un Colorado pobre" 6/. Bajo el stronato la concepción compartida fue "no habrá un stronista pobre". En la transición, desde la firma del pacto con la mafia en adelante ella pudo haber sido reformulada en los términos de "no habrá ninguna autoridad sin los millones correspondientes". Naturalmente que ese dinero no siempre se guardó bajo el colchón o en el banco. Se invirtió en estancias y animales, en casas de campo y vehículos de lujo, acciones de la bolsa y sociedades anónimas, supermercados, estaciones de servicio, incluso en la cultura como lo hizo Fretes Ventre que fundó la Universidad Técnica de Comercialización y Desarrollo (UTCD). Esta institución privada tuvo un crecimiento explosivo desde que su dueño la alimentara con fondos obtenidos de empresas adjudicatarias y entes públicos cuyos contratos irregulares, sobrefacturaciones y desvíos fueron constatados por la Contraloría General. En vez de bajar la correspondiente denuncia el codicioso contralor arreglaba con los transgresores un porcentaje y archivaba los documentos incriminatorios, clara extorsión prevalida del cargo. La sede central de UTCD en Asunción es un edificio de dimensiones extraordinarias en rectángulo, con 4 pisos a todo lujo sobre la Avda. Mariscal López. En rápida sucesión y escudado tras los nombres de su esposa y su hermano, Fretes Ventre abrió sucursales en otros 6 locales de la zona metropolitana y además en Villeta, Itá, Yaguarón, Paraguarí, Ybycuí, San Juan (Misiones), Encarnación, Caacupé, Coronel Oviedo, Caaguazú, Ciudad del Este, Santaní, Caazapá, Choré, Pedro Juan Caballero y Benjamín Aceval. Para alguien que antes de ingresar a la función pública en agosto de 1995 vivía en casa de alquiler el negocio de extorsión resultó espléndido: su suntuosa residencia de medio millón de dólares, su universidad privada y cuentas bancarias totalizaban al final de su mandato en agosto del 2000 unos USD 16 millones 7/. Nada mal para la máxima autoridad encargada de supervisar las cuentas públicas y para sus protectores los involucrados directos Domingo Laíno -quien pudo ampliar y modernizar su establecimiento ganadero ubicado en el Bajo Chaco estando en paro- y Atilio Martínez Casado. Ellos recibieron parte de la renta sustraída por el desprevenido Fretes Ventre. A Martínez Casado le pagó protección con cheques que éste depositó tranquilamente en su cuenta bancaria. Valga notar que el ambidextro diputado Liberal, ex-presidente de la Cámara, cercano compadre de tramoyas con su colega Conrado Pappalardo, colaborador de Laíno, tesorero del PLRA durante varios ejercicios y actual miembro de equipo de asesores del vicepresidente Julio César Franco nunca ha sido investigado judicialmente, partidariamente o en el Congreso. Cuenta con amigos, se protege en el fuero y sigue haciendo de las suyas como si no hubiera pasado naranja. Fue en progresivo descenso el número de legisladores no involucrados en tráfico de influencia y protección de mafiosos. Solía ser menos miserable el panorama antes que Wasmosy los tentara con dinero fácil tras el pacto de repartija (mal llamado de gobernabilidad) en que cayó la cúpula PLRA y PEN.

Por el Poder Judicial la corrupción fue más retorcida. Disimulada bajo enjundiosos auto interlocutorios, acuerdos y sentencias con cita de maestros del derecho, jurisprudencia, artículos de la Constitución y reglamentos varios, una cantidad impresionante de magistrados se levantó de la medianía a ostentosa riqueza y el primer reflejo de tal transformación se dio en la movilidad. Los nuevos ricos gustan de transportarse en vehículos 4x4 potentes y relucientes, siguiendo a sus predecesores del stronato que implantaron el símbolo de status del coche caro para autogratificarse. Sacan pecho, despejan con un movimiento de la mano los transeúntes a su paso y con la otra sostienen el celular que no desprenden del oído, esperan que el chofer abra la portezuela y al introducirse en el confortable habitáculo parecen gozar de un bien merecido orgasmo.

A los legisladores y jueces paraguayos se los divisa de lejos no por la majestad de su autoridad sino por sus exhibiciones de decadencia, como aquellos sub-jefes tribales de Gabón que todavía ganan en metálico por la venta de esclavos. Con las excepciones de rigor, quienes se volcaron por el brillo del metal habrían razonado que el riesgo bien vale la improbable pena habida cuenta la permanencia del sistema de encubrimiento recíproco tolerado, fomentado y puesto al mercado con marca de fábrica Paraguay.

El oficio menos riesgoso y más rentable del Paraguay contemporáneo es sin lugar a dudas la política, sea en su versión partidaria o paralela a ella. De la corporación Colorado-militar las oportunidades se abrieron a las cúpulas de los partidos con representación parlamentaria, a la Legislatura y Judicatura y sus canales anexos. Visto los altos ingresos resultantes otras organizaciones también solicitaron lo suyo. En este orden fueron particularmente exigentes el sector empresarial y el sindical. Ellos también fueron a ofrecer sus servicios. En el Gobierno Wasmosy, necesitado de apoyo, fueron bien recibidos.

REPARTIJA EXTENSIVA

Los empresarios ligados a la estructura del stronato tuvieron un mercado de oferta rígida cuyas barreras de entrada no permitían operar más que a un número limitado de firmas. La condición de acceso era diferente a la exigida para el funcionariado. A los empresarios se les absolvió del requisito de la afiliación partidaria a condición de: a. mantener en orden sus credenciales de férreos anticomunistas, aceptar el mando del único líder, lo que implicaba no involucrarse con la oposición, y c. respetar el pacto de silencio ante las atrocidades ejecutadas a nombre de la paz. Estas fueron las condiciones para progresar que debieron observar sin desviaciones las hombres de negocios. Por encima de la ley, esta fue la ley. Mejoraba su posición quien asociaba a su empresa un general, más aun si fuese del Ejército, opcionalmente algún ministro con capacidad de otorgar contactos públicos. La asociación no necesariamente pasaba por dar participación accionaría o un lugar en el directorio a tales autoridades sino hacer negocios y compartir beneficios con ellas.

Así fue que anteriores caudales familiares como los de Bo, Saba, Zuccolillo, Scavone, Antebi y otros pudieron expandirse. Ellos eran tratados de parte oficial con la tolerancia acordada a la inversión extranjera y con todas las exenciones en tal carácter. Disponibilidad de divisas y libertad para remitir sus ganancias al exterior, irrestricta capacidad para importar, exportar y comerciar en plaza, ausencia de cualquier control laboral, fiscal e incluso jurisdiccional regía para ellos. Dado que el mercado doméstico era muy estrecho el contrabando se favorecía y promovía como medio para hacer ganancias. El comerciante surgido de la nada y convertido en millonario bien podía ser el contrabandista a escala, el evasor o el ladrón de guante blanco. De ahí al blanqueo ya no existía ningún obstáculo. En cualquier momento y mediante contactos apropiados podía hacerse banquero, industrial, hacendado, empresario exitoso. Como lo fueron los Pappalardo y Riquelme, los Napout y Barreto, los Aletada, Urunaga, Pereira o Wasmosy. Todo dependía de hacer buena letra con los poderosos y de ser posible emparentar familiar o comercialmente con ellos. Las barreras de acceso y privilegios grupales sobrevivieron a la dictadura y traspasaron íntegramente a la transición. Cambiaron los actores principales en la dirección del Estado y cambió el mundo. Lo que menos cambió fue aquel sistema económico excluyente que penalizó al productor en regla con más impuestos, trabas para exportar y altos intereses al crédito.

Por ahí se explica la condición de Paraguay como país de la falsificación y el contrabando, territorio libre de las mafias transnacionales, República del Hampa. La economía política del pillaje determinó el rumbo.

Por causa de ello vino la desaceleración con la caída de los primeros bancos a mitad de 1995 y la subsiguiente recesión poco después, recesión que ya no remitió. La economía entró en su más prolongada crisis -no de ciclo sino estructural- a partir de lo que hizo y dejó de hacer Wasmosy. Gobernó al estilo de sus predecesores, quedó atado a sus intereses personales y a los de la corporación que lo había catapultado al poder, no reformó el Estado criminal porque él creció y progresó dentro. No tocó las reglas de la mafia. Los empresarios enriquecidos y protegidos por esas reglas las aceptaron hasta que comenzaron a sentir el bolsillo. Entonces pidieron auxilio de diversas maneras y quién sino Wasmosy podía ayudarles. En ese punto se produjo un hecho singular. Wasmosy ayudó a unos, a otros los dejó caer y de los caídos más de un poderoso hizo leña. La dispersión del núcleo corporativo dio por el suelo con la efímera recomposición lograda a costa de mucho esfuerzo durante la primera fase de aquel Gobierno. Fue demasiado tensión para el sistema cargar con el Ejército de generales privilegiados comandado por un desequilibrado traficante y extorsionador, incorporar una clientela de opositores indisciplinados con ansias de poder para sí mismos, mantener irresuelta la división del Partido Colorado y al mismo tiempo tratar de sostener la casta de beneficiarios del viejo orden nunca sometidos a la prueba de un mercado competitivo. Algo debía ceder.

Las misiones del FMI anduvieron monitoreando de cerca la situación. Observaron los balances bancarios, los movimientos de dinero a y del Banco Central en relación a las entidades privadas y no les pasó desapercibido que varias de éstas venían sobregirando ejercicio tras ejercicio sin contar con suficiente capital para cubrir sus obligaciones. La recomendación del FMI puesta sobre la mesa del presidente del BCP y del presidente de la República fue sanear, esto es, ante el exceso de entidades y el hecho que algunas se sostenían únicamente por los cuantiosos depósitos de IPS más los sobregiros que les permitía el Banco Central había que aplicarles la ley. Lo que significaba liquidarlas. BANCOPAR venía arrastrando una situación totalmente irregular ya que la Superintendencia de Bancos le negó de 1993 en adelante la aprobación del balance anual. Banco General, Financiera Estrella y BANCOSUR se sumaron a esta condición que por ley ameritaba intervención inmediata. Como sus directores eran amigos y/o integrantes del círculo del poder y algunos se habían prestado para financiar campañas políticas, las que fueron tanto al Partido Colorado como al PLRA en 1993, la orden del Ejecutivo fue tratar de rehabilitarlas con fondos públicos. El apoyo bancario a las campañas del partido gobernante no eran novedad. Venían de más antes, de las contribuciones a Stroessner y Rodríguez para las elecciones viciadas que ellos ganaron. En la bóveda del BCP se encontraron bonos emitidos por la Junta de Gobierno para la campaña de Rodríguez del año 1989, lo cual permitió constatar la ingerencia de la propia banca matriz en aquellas contribuciones.

Esto no fue casual. La investigación comenzó por un desfalco de USD 4 millones detectados en la Tesorería del BCP a fines de abril 1995, a raíz del cual se procesó y encarceló al funcionario de tercer nivel Gustavo Adolfo Bécker. En días sucesivos fueron detenidos otros funcionarlos de igual rango e/. Ante las crecientes evidencias de colusión fue despedido el presidente del BCP Jacinto Estigarribia, a la vez accionista de la Financiera Integral donde iban a parar fondos del encaje legal. Saltaron otros nombres de implicados con el correr de las investigaciones: los expresidentes Crispiniano Sandoval y José Enrique Páez, ministro del Interior Carlos Podestá y los sucesivos miembros del directorio del BCP. Más adelante se descubrió que los directores de BANCOPAR/Financiera Estrella, Oscar Carísimo Netto, Miguel Kemper, Carlos Mongelós, Antonio Saccarello, Joaquín Irún Grau, Christian Zimmermann y Miguel Angel Cardona captaron depósitos en negro y los desviaron a operaciones prohibidas. Los ilícitos sumaron y siguieron con otros bancos cuyos directorios también habían recibido auxilio financiero del BCP. En la larga lista de defraudadores procesados hubo desde españoles y argentinos cazafortunas hasta uno de los yernos del ex-presidente Rodríguez y capangas de Stroessner. Fermín de Alarcón, Pedro Beneyto Arias, Pedro Beneyto Orban, Mónica de Beneyto, Gustavo Pérez Samaniego, Gustavo Pérez Codas, Ulises de Filippis, Abelardo Brugada, Arnaldo Cajes, María Victoria de Carísimo, Miguel Angel León, Abelardo Brugada y otros actuaron por Banco General/Bienestar Familiar y Jubilaciones y Pensiones Privadas (JUPEP); Julio M. Rejis Sanguina, Alberto Augusto Ortega, Antonio Ferreira, Mario Nelson Ortellado y Alberto Cáceres Ferreira por BANCOSUR; Nelson Peña McCoy, Atilio Cortázar, Sonia Peña, Roberto Brugada Ávila, Masaki Ono, Angel Ovelar y otros por Banco Mercantil/ Mercantil de Finanzas. Entre BANCOPAR, General, BANCOSUR, Mercantil y sus respectivas financieras, Banco BUSAIF dirigido por Ernesto Rotela y Manuel Rotela, Hogar Propio Sociedad de Ahorro y Préstamos para la Vivienda y United International Bank vinculadas a BANCOPAR, más otras seis intermediarias, el BCP perdió por distintas vías unos USD 200 millones. Aquel fue el primer regalo grande de la transición, distinto al robo a mano armada. En las conclusiones de la Comisión Bicameral de Investigaciones del Congreso Nacional se lee al respecto:

"-Varios funcionarios del BCP invirtieron en operaciones ilegales a sabiendas de lo que ello implica, lo cual los convierte en cómplices de transgresiones a leyes vigentes... Lo descubierto en la Financiera Integral es la demostración más cabal de que el BCP no efectúa controles reales sobre el sistema financiero... Asimismo es fácilmente comprobable la ingerencia directa de cuando menos un representante del mercado negro (Crispiniano Sandoval) en el nombramiento de autoridades del Banco Central"

"-Lo antedicho es indicativo de que la administración del Banco Central se halla signada por la negligencia, la incapacidad de gerenciamiento, la inhabilidad de sus funcionarios superiores y la displicencia en el manejo de la principal institución financiera del país... Una de las más altas instituciones, la Presidencia de la República, permite la utilización de su figura como elemento de extorsión y existen graves indicativos de que podría estar directamente involucrada. Este es un grave hecho de corrupción política".

"-La influencia del grupo empresarial que sustenta al presidente du la República se ve claramente en la no intervención del BCP en los bancos en problemas hasta (el momento de) la negativa de los ejecutivos de entregar sus acciones".

"-Los directores de los bancos quebrados incurrieron en maniobras financieras y vaciamiento".

"-En el aspecto que hace referencia a la conducta del exministro Carlos Podestá se observa un grosero intento de instrumentación del cargo ministerial para una estafa a todo el país, que debe ser tratada y castigada como tal" 9/.

Estos ilícitos solapados de grupos organizados tuvieron más despliegue mediático y pronunciamientos políticos que sanción. Ni siquiera hubo una investigación judicial medianamente acabada. Ningún miembro del directorio del BCP fue detenido pese a quedar todos ellos encausados, los defraudadores extranjeros levantaron vuelo y lo mismo hicieron varios de sus colegas paraguayos para evadir la cárcel. Entretanto los ahorristas clamaban la devolución de sus depósitos. Sin llevar los bienes de los responsables a remate el BCP pagó de sus propios fondos aquel vaciamiento fríamente ejecutado. Para que todo luciera legal Wasmosy remitió los proyectos de devolución de ahorros al Congreso y éste los aprobó por mayoría, haciendo de los legisladores co-responsables por el fraude. La danza de los millones movió a algunos líderes de bancada, presidentes de comisiones y de mesas directivas -convertidas en mesas de dinero- que tampoco desaprovecharon la oportunidad para hacer su agosto. Como se sabría más adelante, tomaron su parte en el banquete. Obviamente que las transferencias de dinero a los parlamentarios no quedaron documentadas, pero hubo excepciones como en el caso del senador Juan Carlos Galaverna. Ligazones importantes no fueron indagadas judicialmente. Por ejemplo, que entre BANCOPAR y Banco General había accionistas comunes y parientes de directores de uno ocupaban posiciones claves en el otro. Que entre Banco General y Banco Mercantil había negocios cruzados y que el primero a su vez se había vinculado a Corfán Banco por el lado de las acciones de Beneyto Arias 1°/. O que algunas operaciones anteriores del Banco General sirvieron al tráfico de armas teniendo por detrás al magnate árabe Adnan Kashoggí y al Bank of Credit and Commerce International liderado por Gaith Pharaon. Tampoco se expuso en aquel momento que BANCOPAR/ Cambios Guaraní del grupo Rodríguez-Saba (no procesados), Banco Pan de Azúcar y Kindrib de Uruguay participaron de armatráfico y lavado. El circuito iba mucho más lejos: era una red transnacional donde confluían los intereses de Alberto Kohan y Carlos Menem para ciertas actividades, de Lino Oviedo y Conrado Pappalardo para otras y más allá del Banco República con Raúl Moneta. Esos nexos no siempre eran continuos o estables. Se movían en dirección del mayor retorno al capital y recomposición de fuerzas en la política.

El descalabro de las entidades financieras recrudeció en 1997/1998 pese a la masiva inyección de dinero público. La aparente intención de sanear el sistema quedó al descubierto en su real propósito de lucro salvaje orquestado desde el Ejecutivo con el auxilio al Banco Desarrollo, Finamérica, BNT y otros. El directorio del BCP presidido por Hermes Gómez Ginard entregó recursos que no se podrían recuperar ya que las entidades en cuestión servían para desviar y su alto nivel de morosidad no permitía rehabilitarlas. La Contraloría General recomendó en diciembre de 1996 que, en el caso Banco Desarrollo, se dispusiera su intervención inmediata por haberse cumplido la suspensión del pago de sus obligaciones con recursos genuinos. La Superintendencia de Bancos arribó a la misma conclusión. Ambos organismos, por separado y en base a sus respectivos estudios, dejaron sus informes por estrito 11/. En vez de ceñirse a lo establecido en la ley de Bancos y seguir el criterio técnico claramente señalado en aquellas recomendaciones, Wasmosy decidió tirar más fondos de salvataje a saco roto. A los anteriores depósitos de IPS, créditos y sobregiros que el Banco Desarrollo obtuvo le añadió otros USD 65 millones a un plazo de 15 años con 3 años de gracia y un interés equivalente al índice oficial de inflación más 1 por ciento a liquidar semestralmente. El decreto correspondiente tuvo fecha 3 de enero 1997, a solo días de los dictámenes en contrario producidos por la Superintendencia y Contraloría General. Más aun, el IPS resolvió comprar el banco técnicamente quebrado al convertir sus depósitos en acciones. El valor nominal de esas acciones fue tomado como referencia cuando que ellas ya no valían nada. Para hacer más burda aquella transacción dejó que los mismos directores siguieran administrando el banco, es decir, que terminaran de robar el resto del dinero recibido. Fue un resto nada más ya que ni Wasmosy ni Gómez Ginard eran imbéciles y por semejante regalo encubierto recibieron parte de los fondos asentados contablemente como traspasados. En aquel equipo el que no corría volaba. Banco Desarrollo fue ejemplo de ello, actuando de pantalla.

Esto lo corroboró la Contraloría General en el siguiente informe:

"[Las medidas del Poder Ejecutivo, BCP e IPS], a más de ignorar las recomendaciones de esta Contraloría y de la Superintendencia de Bancos, entran ya dentro del marco irregular de abuso de autoridad e incluso pueden ser consideradas medidas violatorias de la Constitución Nacional por parte del presidente y directores del BCP y del Poder Ejecutivo" 12/.

Otro tanto ocurrió con el Banco Finamérica, también en problemas y ayudado con fondos frescos por el Banco Central. Una de sus mayores empresas era Oga Rapé Sociedad de Ahorro y Préstamo para la Vivienda, captadora de ahorros en negro que llegado el momento de corrida no pudo honrar. En realidad no pagó a la mayoría de sus depositantes en blanco tampoco. El pasivo de Finamérica/Oga Rapé/Finanzas e Inversiones fue absorbido por el BCP al producirse su intervención en julio 1998. Cayeron también en aquella ocasión Itabank y Paraguayo Oriental, precedidas por el mayor banco de capital nacional [Unión de Tito Scavone & Asociados, con gran cantidad de empresas vinculadas] y una de mediana magnitud [BIPSA de Raúl Sapena Brugada, accionista mayoritario]. Otra partida de financieras y casas de cambio tuvieron que cerrar en medio de aquel terremoto de liquidaciones, pudiendo salvarse algunas por oportunas fusiones. No podían faltar los buitres que ya andaban revoloteando alrededor, habiendo carroña en abundancia. Los buitres normalmente disputan el alimento, trazo genético que los distingue. Los buitres paraguayos se dieron el festín en la medida que uno tras otro iban quebrando los bancos, engulléndose la presa mayor en 1998. Se debe aclarar que la liquidación de varias entidades fue netamente oportunista al efecto de aprovechar el desordenado salvataje del BCP y los depósitos de IPS, por un lado, los depósitos de clientes particulares por el otro. Acogiéndose a la permisiva legislación y a su distorsionada aplicación por las autoridades de turno, el Estado fue literalmente desfondado desde varios frentes.

Wasmosy, sus ministros del área económica y en particular Miguel Angel Maidana Zayas, Carlos Alberto Facetti, Ubaldo Scavone, los presidentes del BCP e IPS durante aquella desastrosa administración se enriquecieron más allá de lo que ya habían acumulado durante el stronato. Los sucesivos pagos a los ahorristas estafados, los depósitos del IPS congelados en bancos intervenidos y el creciente déficit fiscal se enjugaron con bonos del Tesoro. Fue la solución rápida, similar a los subsidios cambiario y fiscal de la década del `80. De otro lado engordaron sus cuentas personales los saqueadores metidos a administrar entidades financieras, quienes ya habían aprendido el oficio tras fachadas de sociedades anónimas y de responsabilidad limitada bajo protección de los generales. Aquello no fue merienda discreta sino un banquete en serie, en exceso y tipo chancho.

¿Qué ocurrió con Finamérica? Recibió un importante volumen de fondos del fisco y bajo el mostrador dos de su empresas vinculadas, Almacenes Generales (ALGESA) y Centro Internacional de Verificación de Cargas (CIVECA), pasaron accionariamente a Wasmosy y su primos Manzoni Wasmosy. Fue un intercambio de dinero público por acciones, estas últimas ingresadas al patrimonio privado de la familia presidencial. Los directivos del conglomerado Finamérica eran Guillermo Heisecke, Fermín Ramírez, Camilo Pérez Marsal y otros, quienes utilizaron para sus propios gastos e inversiones el dinero recibido en auxilio del Banco Central y los depósitos de IPS, Petropar, ANDE, etc. Entre uno y otro el Estado quedó con un clavo del orden de los USD 45 millones. Personas vinculadas por parentesco o lazos comerciales con aquellos directivos tales como Genaro Peña, Mamela Peña y Luís Meyer recibieron devoluciones muy por encima de lo permitido por la ley respectiva. Lo mismo ocurrió con CIVECA y ALGESA a nombre de las cuales se fabricaron depósitos contables por montos mucho más altos que los recepcionados en caja. El saqueo fue por diferentes canales, en sucesión y probablemente continuó bajo la intervención y liquidación subsiguientes como ocurrió con los bancos Unión y Oriental ya durante el patriótico Gobierno González Macchi. Según el liquidador Ramón Fernando Franco de Finamérica -los liquidadores son dependientes de la Superintendencia de Bancos- la documentación requerida por la Contraloría General para el pertinente examen de gestión y resultados "está sujeto a las normas bancarias sobre el deber del secreto" 13/. Por tanto no las entregó. Afirmó con ello lo que anteriormente sentara por escrito el presidente del BCP Washington Ashwell respecto de la liquidación del Unión y Oriental.

La repartija entre amigos no quedó concluida, antes bien se le agregaron otras de subido tono surrealista. En IPS el carnaval del despilfarro fue en ascenso por derivación irregular de pacientes a sanatorios privados, falsificación de reposos médicos, compra directa con sobrefacturación de medicamentos y equipos [sin llamado a licitación], extras para sindicalistas [existe una docena de sindicatos en IPS, cada uno más bravo que el otro en obtener ganancias a costa del apostante], contribuciones para las campañas del Partido Colorado. Los empresarios también se le fueron encima. El Estado arrastraba con el IPS una deuda de USD 60 millones a mediados del 2001 por aporte para atención de los funcionarios públicos. De modo que cuando se menciona a los empresarios como beneficiarios debe quedar en claro que no han sido los únicos ni los primeros.

Los clientes fueron poco aplicados a la hora de honrar las cuotas y varios vendieron los bienes adquiridos con tales préstamos. Un monto aproximado a los USD 42 millones quedó como resultado de estas operaciones. Sumados los fondos de IPS que Wasmosy autorizó poner en la banca privada, el monto de pérdida bruta para el ente fue a USD 332 millones.

PRESTAMOS DE IPS [en USD]

- Cervecería Internacional                6.000.000 (no devolvió ninguna cuota)

- Atilio Salomón e Hijos                  5.000.000 (no devolvió ninguna cuota)

- Metropol (no devolvió nada)         3.200.000

- José Ignacio Bobadilla                  2.200.000 (con cuotas impagas)

- GoyPar (no devolvió nada)           3.100.000

- Inmobiliaria Colmenares               6.750.000 (a cobro judicial)

- Pirámide SA (a cobro judicial)       1.570.000

- Espigal (no devolvió nada)           5.625.000

- Servicom SA (a cobro judicial)      2.000.000

- Bolzano SA (bienes quedaron en   2.200.000 poder del IPS, remate suspendido)

- Yukyry SA (en proceso judicial)   4.000.000

DEPOSITOS DE IPS CONGELADOS [en USD]

- Banco Desarrollo                              96.000.000

- Banco Nacional de Trabajadores   90.000.000

- Banco Oriental                                    39.000.000

- Banco Unión                                       20.000.000

- SSB Banco                                          16.000.000

- Finamérica                                            7.500.000

- Itabank                                                   5.600.000

- Banco Corporación                             5.500.000

- BIPSA                                                     5.400.000

- Bancoplus                                            4.000.000

- Banco Mercantil                                   1.400.000

Fuente Registros de IPS transcriptos en Ultima Hora, 18 de agosto 1999, p. 22, ABC, 12 de agosto 2001, p. 15. Se recuperó aproximadamente un 10 por ciento de los préstamos a empresas y 12 por ciento de los depósitos en bancos liquidados. Tasa promedio de cambio USD 1 = G 2.500.

Todavía hubo más por repartir. El Banco Nacional de Fomento hizo préstamos tan calamitosos como IPS, sin sustento en proyectos viables y menos aun en colaterales. Regaló prácticamente gran parte de su cartera y quiénes sino los eternos amigos resultaron beneficiados. Para dar una idea de lo manirrotos que eran sus directivos Víctor Chamorro Abadíe (pariente de Wasmosy, anterior superintendente de bancos), Oscar Rodríguez Kennedy (ex-juez de la Instancia), Sindulfo Ramírez Reichert (luego presidente del BNT), Heriberto Arguello, Carlos Noguera y otros, valga tomar nada más que un caso. En 1997 unas 27 empresas de transporte público obtuvieron USD 35 millones para renovación y ampliación de su flota de vehículos. USD 18 millones de estos fondos provinieron del IPS, entidad cuyo mayor depósito lo retenía BNF. La única garantía ofrecida por los prestatarios y aceptada por los directivos del banco fue dejar en prenda los buses que iban a comprar con aquel préstamo. De entrar en mora o quebrar la empresa prestataria lo único que podía recuperar su acreedor sería el bus en la condición que fuere, a tenor de aquel peculiar contrato. Tal cual algunos malpensados supusieron, ocurrió. La mayor cuantía de las deudas quedó impaga a pesar que los dueños de las empresas mantuvieron los buses trabajando, sacándoles el jugo como se dice.

La Contraloría General realizó las correspondientes auditorías y detectó gruesas irregularidades, desde el aval insuficiente contrario a la carta orgánica del BNF hasta la refinanciación de deudas con más préstamos. "Los miembros del Consejo de Administración son responsables por las pérdidas que pudiera sufrir el BNF por la concesión de préstamos irregulares a los transportistas que no pagan sus cuentas", refirió el informe 14/. Como resultado de los juicios para recuperar el crédito los transportistas entregaron unas cuantas máquinas, deterioradas al máximo, casi chatarra. Para peor exigieron en agosto 2001 una suba del pasaje decidida por ellos mismos en conciliábulo. Ante la oposición del Gobierno a esa farsa se declararon en huelga y cerraron las principales vías de acceso a Asunción con los vehículos adquiridos a costa del BNF. Por una vez tuvieron que probar el repudio generalizado de la ciudadanía y la acción de fiscales y jueces que les pusieron en vereda. Pero de los USD 35 millones nada Quedó en el octavo cielo, como tantos otros negociados de la administración Wasmosy.

EL GOLPE GRANDE

Distraída por los discursos de los políticos, las averías de Oviedo y su paso cimbreante de las filas militares a las filas partidarias, la ciudadanía puso poca atención en lo sustancial. Cual era sacar hasta el último hueso de la presa antes del traspaso de mando. Wasmosy resultó insaciable y hasta extravagante en su manera de trasladar la hacienda pública a su haber personal, buscando atajos y envolviendo a cuantos pudo en aquella aventura obsesiva. Quizás estuviese planificando, como era costumbre en él, la eventualidad de problemas y el camino crítico para resolverlos anticipándose a ellos. Involucrar gente de distintos partidos y gremios pudo haber respondido a esa anticipación, concretamente por si hubiese acciones penales y la consiguiente exposición en los medios. Antes que bajar los riesgos por el lado de mayor cautela multiplicó las fuentes de ingreso en coparticipación. Era una estrategia endiablada de reaseguro, propia de la mafia. Complicar, comprometer, implicar a terceros en el delito ha sido desde antiguo una efectiva práctica tendiente a obtener impunidad. La propia seguridad, el miedo, el espíritu de cuerpo y la ambición sirvieron para mantener el silencio tan caro a la criminalidad organizada. Lo de Wasmosy fue búsqueda de descargar la responsabilidad en subalternos, compinches y aliados circunstanciales. Que se vieran los que firmaron documentos o realizaron el trabajo sucio por paga. En ese proceso él quedó con la parte del león.

Mucho ayudó a este fin la desviación impuesta por décadas de violencia contra la persona humana, regimentación partidaria y social, uso prebendario de los recursos públicos y castigo sobre el disidente. Discusión pública y libre sobre los excesos del poder se dio desde 1989. Sobre los cimientos del poder y su estructura recién al final de la pasada década se abrió debate. En el tiempo que Wasmosy ocupó la Presidencia otra era la agenda y parte sustancial de ésta hacía relación al tema militar: cómo instaurar la gobernabilidad, habiendo una fuerza pública sectaria, de qué modo frenar la actividad partidaria de los oficiales en servicio activo. El protagonismo político de Oviedo fue magníficamente aprovechado por Wasmosy en dos direcciones opuestas. Primero para obtener la lealtad o sujeción del Ejército de cara a la amenaza argañista. Segundo para obtener el apoyo de los otros partidos y la ciudadanía ante la amenaza oviedista. Los ojos de la ciudadanía no estuvieron focalizados al bolsillo de Wasmosy sino en las payasadas de Oviedo, a favor o en contra. Fue distracción útil y explotada al máximo por las cúpulas partidarias, mientras por lo bajo metían mano a gusto. Wasmosy fue todo un éxito en sostener esa diversión en el centro del escenario, hasta donde le fue conveniente.

Aquella actuación consciente por parte de sus estrategas resultó confusa para el ciudadano común, atrapado en lo novedoso de ella. De ahí vino aquello de "defender la democracia contra el fascismo", "unir fuerzas para preservar la democracia", "detener el golpe del general fascista", etc. Wasmosy encantado, que más hubiese deseado que aquel apoyo en parte ingenuo y entusiasta, de juventud. Hizo como que él jugara sus cartas por la democracia. El tiempo habría de darle en este punto la razón a Argaña, quien dijo "es una pelea de gángsters" cuando Oviedo se estaba sublevando. Argaña sabía demasiado bien de lo que hablaba.

Los sindicalistas entraron en aquel juego pero no ingenuamente ni gratis. Lo hicieron como los políticos a cambio de réditos inmediatos. Para Alan Flores de la CUT, Eduardo Ojeda de CNT, Reinaldo Barreto Medina de CESITEP y Gerónimo López de CPT la cuestión se reducía a una simple pregunta. ¿Cuánto ofrece? Barreto Medina, experimentado manipulador que había escalado en las trincheras de la dictadura al rango de subteniente de la mafia, parecía la antípoda del combativo Flores que hizo tarea contra Stroessner. Venían de posiciones contrapuestas. Wasmosy tuvo la habilidad de ponerlos a su servicio e igualar por lo bajo sus diferencias. En posición de secretarios generales recibieron las comisiones correspondientes al servicio. Tras su descrédito también pagó el sindicalismo como un todo. Se volvieron cómplices de Wasmosy en el vaciamiento del BNT, con sello y firma. Wasmosy se quedó con el lomo y tiró a los sindicalistas el hueso, un resto en magnitudes del gran pillaje. A los políticos del PLRA y PEN que se subieron al carro les dio trozos de costilla, no demasiado tampoco en comparación al banquete opíparo de sus amigos ingenieros Colorados. La renta de la corrupción tocó a cada uno pero definitivamente no en proporciones iguales.

En el crimen organizado de la justicia distributiva nadie se acuerda y quienes colaboran de afuera terminan más utilizados que beneficiados.

Es lo que comenzaron a saber Alan Flores y Ronald Orrego [CUT], Jerónimo López y Fidel Báez [CPT]. Reinaldo Barreto Medina y Florencio

Florentín Mosqueara [CESITEP] ya lo sabían de antes pero esta vez la cosa se venía más seria. Los seis fueron acusados de desvío de fondos y el fiscal Javier Contreras solicitó se los condene a 6 años de prisión. El vaciamiento del BNT tuvo otros responsables más arriba, el propio Wasmosy, los presidentes Edgar Cataldi, Mario Luján Melgarejo y Sindulfo Ramírez Reichert, los ejecutivos Cecilio Rojas Laguardia y Aureliano Rojas, los empresarios Roque Carmona, Emilio Rolando Villar y Horacio Zelaschi entre otros 15/. Wasmosy no fue procesado por gracia del Senado. En el periodo que ocupó el Palacio de los López el BNT perdió aproximadamente USD 95 millones hasta acabar fundido y liquidado. En tanto su empresa ECOMIPA que usó la porción mayor de aquel dinero creció con las de sus asociados también vaciadores, algunos hoy prófugos. Aquel fue un consorcio de ladrones refinados altamente dañinos, protegido por el secreto bancario y por el sector del Partido Colorado afianzado en las instituciones del Gobierno Central.

Los golpes eran cotidianos y al mes reportaban en conjunto sumas respetables depositadas en distintos bancos. El director ejecutivo Cecilio Rojas Laguardia era uno de aquellos que gustaba de tener el dinero cerca, a la vista. Entre marzo 1995 y marzo 1997 recogió en dos cuentas corrientes de BNT un monto de USD 4.800.000 en concepto de depósitos y créditos varios. "Rojas Laguardia vive en gran ostentación de poder económico, según denunciaron ex-trabajadores del BNT. Este exdirector de la entidad posee cuatro valiosos inmuebles -dos en Luque, uno en Asunción y una quinta en Eusebio Ayala- cuyos títulos están a nombre de su esposa", refería la crónica 16/. No trabajaba solo. Edgar Cataldi y Mario Luján Melgarejo, ordenadores de gastos de Wasmosy según fuentes internas del mismo banco, los predecesores y toda esa rosca de asaltantes de guante blanco actuaban con aval del Ejecutivo. En el Senado sus acérrimos defensores eran ex-contestatarios y exopositores en tren de enriquecimiento rápido liderado por Juan Carlos Galaverna, pregonero de las virtudes de la democracia que les rendía sus buenos frutos. Ellos fueron los más vocales en denunciar los excesos de Oviedo con el libreto del populismo siempre a flor de labios, con registro seguido de pensiones graciables para correligionarios desvalidos que se cargaban al fisco y siempre bien dispuestos a las reprogramaciones presupuestarias. Eran inacabables las fuentes de repartija entre altos operadores del Ejecutivo y Legislativo. Como que la dictadura quedó atrás la norma en el nuevo orden dictaba negociar entre bancadas, ser flexibles, compartir los beneficios. ¿Porqué los sindicalistas no habrían de requerir su parte?

Requirieron, transaron y algo obtuvieron. Siempre en el BNT y ya bajo la Presidencia de Sindulfo Ramírez Reichert, otro de los paniaguados de Wasmosy, se decidió una operación elegante a favor del Partido Colorado. El mismo fue agraciado con jugosos créditos del banco obrero-estatal que en su momento sirvieron para "trabajo proselitista". Las cuotas cayeron en mora una tras otra y en 1998 fueron repentinamente canceladas en su totalidad. Hasta ahí la recuperación pudo haber sido mérito de las autoridades bancarias, entre estas últimas los sindicalistas Aureliano Rojas, Carlos Ferreira, Gladys García, Eduardo Pérez Avid, Jorge Alvarenga y Sixto Alonso en función de directivos y miembros de la Junta de Vigilancia del ente. Al observar la operación salta a la vista que la deuda del Partido Colorado era USD 365.000 y su cancelación se produjo con bonos del Tesoro por la suma de USD 174.500. Es lo que consta en el Acta N° 36 de fecha 12 de mayo 1998 como resolución del Directorio del Banco Nacional de Trabajadores y no existe un error tipográfico o de transcripción. Aquellos bonos tenían una cotización de mercado del 28 por ciento de su valor nominal, pagadero a 20 años, es decir que en el momento costaban solamente USD 48.860. En una sola operación el BNT le regaló la suma de USD 316.100 al Partido Colorado, previo aval de la Junta de Vigilancia donde los sindicalistas bien pagados hacían su trabajo 17/.

Algunos de los citados se volvieron empresarios por ese tipo de trabajo, ubicándose entre los dueños de pequeñas firmas con capital propio. Habida cuenta lo que estaban embolsando los políticos, los sindicalistas se creyeron con derecho de aprovechar sus cargos en BNT, IPS, Caja de Jubilaciones y Pensiones de Empleados Bancarios, etc., para armarse (expresión paraguaya por enriquecerse). Si eran invitados al Palacio de Gobierno y a mesas de negociación en los ministerios para discutir cuestiones salariales y otras reivindicaciones frente a la patronal, si tenían la potestad de designar en asamblea a sus representantes ante las entidades obrero-estatales donde los miembros ponían su aporte, caía de maduro que también les correspondía al menos una porcioncita de la torta. La tuvieron y la comieron. Algunos se indigestaron al ser requeridos judicialmente y alegaron "persecución sindical", "persecución de patrones negreros" y demás.

Pero el peor 'perseguido' fue nada más y nada menos que Wasmosy. Aldo Zuccolillo fue su perseguidor-verdugo desde 1997 en adelante. Poco antes pactó con Oviedo el apoyo a su campaña en pos de la Presidencia de la República. El enjuague se volvió espeso dado el historial de estos pesos pesados, su experiencia como integrantes del círculo del poder y su avasalladora capacidad crematística superpuesta a las oscuras negociaciones de salón en las cuales los políticos confeccionaban listas de autoridades. Wasmosy era cabeza visible de la mafia dominante, Oviedo y Zuccolillo cabezas de una entente mafiosa militar empresarial mejor estructurada y organizada para la guerra política. En ese contexto se dieron los exposés sobre Wasmosy. Pruebas había en abundancia, desde los decretos presidenciales hasta los numerosos informes elaborados por la Contraloría General.

"Según ABC Color (27 de febrero de 1997), entre setiembre y noviembre de 1995 la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), la Confederación Paraguaya de Trabajadores (GPT) y la Asociación de Educadores del Paraguay (AEC) fungieron de prestanombres de PEGASUS ante el BNT para obtener la financiación de la construcción de nichos mortuorios en el denominado Jardín de Las Acacias. Con este mecanismo, el BNT desembolsó tres créditos, cada uno de 3.400 millones de guaraníes, totalizando 10.200 millones. Las cúpulas sindicales firmaron los documentos pero la empresa beneficiada puso las garantías y habría asumido el pago de la deuda. El emprendimiento financiado con la presente pantalla sindical consistía en la construcción de 6.000 nichos mortuorios para luego echar a andar un seguro de sepelio basado en el reembolso de la inversión con los ingresos proporcionados por el plan de colocación de las criptas funerarias..."

"Otro tema ventilado como posible corrupción y que también involucra a las centrales sindicales CUT y CPT, con la Central Sindical de Trabajadores del Estado Paraguayo (CESITEP), fue la construcción del complejo habitacional en Mariano Roque Alonso. Publicaciones periodísticas hablan que el abultamiento de los costos de la construcción representa por lo menos un sobregiro del orden del 50% al compararlos con los valores normales de plaza... Para la financiación de las primeras 750 viviendas, de las 3.500 que se piensa construir, el Banco Nacional de Trabajadores ha desembolsado 27.500 millones de guaraníes en condiciones poco claras, incluyendo subsidios con fondos del convenio BID-CONAVI y otras operaciones sospechosas pactadas durante la administración del anterior presidente del BNT Edgar Cataldi" 18/.

En relación a la denuncia de coimas para la obtención de tales líneas de financiamiento, una dirigente de la Asociación de Educadores del Paraguay reconoció haber recibido 100 millones de guaraníes (unos USD 36.000) para su organización. PEGASUS era la firma constructora de los argentinos Roque Carmona y Emilio Rolando Villar consorciado con ECOMIPA de Wasmosy, dónde aparecía como principal Horacio Zelaschi para la construcción de los nichos mortuorios. En el complejo habitacional de Mariano Roque Alonso se consorciaron PEGASUS, ECOMIPA, EACSA y ARENAS de aquel mismo grupo donde Edgar Cataldi también tenía participación. Un tercer emprendimiento para la construcción de una torre destinada a consultorios médicos y oficinas, COOMECIPAR II, tuvo igualmente a PEGAUS-EACSA como recipientes finales de créditos. En total por aquellos tres grandes proyectos la financiación del BNT fue equivalente a los USD 38 millones aproximadamente. Representaban en conjunto el 47 por ciento de la cartera de crédito del BNT y no sólo carecían de avales suficientes sino que los beneficiarios estaban estrechamente vinculados a las autoridades del banco, éstas a las empresas constructoras y en el caso de los nichos mortuorios se transfirieron todos los fondos pero menos de un cuarto de las obras fue ejecutado. Un fraude. Eventualmente también paró a medio camino el complejo habitacional de Mariano Roque Alonso. Posterior a la intervención del BNT, el BCP sancionó a sus directorios con multas y pasó el caso a la justicia donde se comprobó que Wasmosy Cataldi-Carmona-Villar-Zelaschi y los sindicalistas involucrados más un montón de funcionarios dilapidó lo que restaba del capital operativo del BNT. El banco quebró e IPS que tenía cuantiosos depósitos en él quedó con el clavo. Cobró parte del dinero de aquella ruinosa operación con el esqueleto de la construcción de Mariano Roque Alonso. No resulta extraño que mientras más dinero entró al fisco, más rápido se esfumó debido a desvíos por todos lados.

El costo de la crisis financiera entre 1995 y 1998 ascendió a los USD 1.200 millones en auxilio a los bancos insolventes, pago de garantía estatal a los ahorristas, compromisos externos de las entidades intervenidas y liquidadas más la reducción de las reservas monetarias internacionales 19/. Solamente en concepto de rehabilitación de entidades bancarias y financieras más absorción de pasivos el BCP gastó sobre los USD 400 millones. El dinero salió del contribuyente, pasó por las entidades recaudadoras del Estado para terminar en las cuentas personales de los banqueros, altos funcionarios, legisladores y comisionistas varios pero principalmente en el tesoro privado de Wasmosy.

Tres grandes golpes hubo desde los albores de la independencia contra el patrimonio de la nación. Primero fue el masivo remate de las tierras fiscales aprobado durante la Presidencia de Bernardino Caballero, lo que determinó la agónica recuperación de la economía durante el siguiente medio siglo. La tierra era el recurso más importante del Estado, propiedad pública que se traspasó a latifundistas a cambio de monedas. Segundo fue el saqueo indiscriminado incluyendo beneficios de los importantes recursos hídricos compartidos en la frontera durante la Presidencia de Alfredo Stroessner. En el proceso de construir infraestructura y proveer servicios se privatizó la mayor cuantía de la hacienda pública y quedó en control del país una casta brutal y criminal hasta la médula. Tercero fue la Presidencia de Juan Carlos Wasmosy, excelsa en el arte de involucrar en el delito a sectores enteros fuera de los límites del Partido Colorado. Pudrió a mucha gente, la hizo cómplice y no se sabe a ciencia cierta quién fue peor en esa tarea, sí Oviedo o Wasmosy.

NOTAS

1/ En fases sucesivas quedó conformado el Consejo de la Magistratura con representantes del Poder Ejecutivo, Corte Suprema, Senado y Diputados, gremio de abogados y gremio de profesores de las facultades de Derecho. Su primer presidente fue el jurista Federico Callizo Nicora, Liberal. Se integró la Corte Suprema con los ministros Colorados Oscar Paciello, Wildo Rienzi, Carlos Fernández Gadea y Felipe Santiago Paredes, los Liberales Elixeno Ayala, Enrique Sosa y Luis Lezcano Claude, por el Encuentro Nacional Raül Sapena Brugada y el Demócrata Cristiano Jerónimo Irala Burgos quien quedó de la anterior magistratura. Paciello y Ayala fallecieron siendo ministros. El primero de ellos fue reemplazado por Bonifacio Ríos y la vacancia dejada por el segundo aún no fue llenada. En el Superior Tribunal de Justicia Electoral resultaron designados Carlos Mojoli y Expedito Rojas, Colorados, junto con el Liberal Alberto Ramírez Zambonini. En 1999 Mojoli y Rojas fueron despedidos, los reemplazaron el Colorado Juan Manuel Morales y el Encuentrista Rafael Dendia. La Contraloría General de la República quedó conformada por el contralor general Daniel Fretes Ventre y el subcontralor Emilio Camacho, Liberal y Encuentrista. Este cuerpo está presidido en la actualidad por Javier Galiano, Liberal.

2/ El mensaje de campaña se tradujo en hacer avanzar al grupo Wasmosy aceleradamente en cuantía de bienes a costa del país entero y en partículas del Tesoro. La acumulación salvaje y despilfarro fueron compartidas en el pináculo por Wasmosy con Oviedo. En los dos últimos años de su mandato Wasmosy quedó en exclusivo control del botín. Reseña de resultados macroeconómicos e indicadores de salud, educación, vivienda, empleo y otros en Ultima Hora, 15/16 de agosto 1998, p. 20. La cantidad de funcionarios al final de 1998 había alcanzado los 149.000 en la administración pública (Ejecutivo, Legislativo, Judicial, Gobernaciones, Contraloría) y otros 42.000 en la entidades descentralizadas, pero el PIB per cápita registrado quedó estancado en USD 1.700 desde 1994. En 10 años de transición (1989-1998) se crearon 38.000 nuevos cargos públicos, en números redondos, pasando de 153.000 a 191.000. Datos de Ministerio de Hacienda en Ultima Hora, 20/21 de febrero 1989, p. 17.

3/ Mencionado insistentemente en 1985/1986 como posible recambio de Stroessner, Johannsen no incursionó en política partidaria.

4/ Sobre fortuna de Guillermo Caballero Vargas y origen de la misma ver Anibal Miranda, Dossier Paraguay Los dueños de grandes fortunas cit., cap. 12. A mitad de 1999 sus activos totales eran de USD 300 millones, si bien con abultadas deudas acumuladas que al año siguiente lo obligaron a una primera convocatoria de acreedores.

5/ De las denuncias institucionales sobre corrupción ante la Contraloría General en el período 1989-1998 solamente una fue realizada por el PLRA en 1997, ninguna por ANR y ninguna por el PEN. Ultima Hora, 4/5 de julio 1998, p. 13.

6/ La frase "no habrá un Colorado pobre" es original de J. Natalicio González. Jueces destituidos por corrupción entre 1992 y 2001 fueron Nelson Guillén Culzoni, Juan Vicente Talavera, Hugo Alberto Hermosilla, Jacinto Díaz Fare, Tadeo Rodríguez Boccia, Buenaventura Gómez, César Penayo, Carlos Monges López, Miguel A. Recalde, Asdrúbal Lovera, Migdonio Aquino, Juan Pablo Vázquez, Rubén Marecos, Miguel Melitón Ferreira, Assad Yore, De los Santos de Vaca y Nunila Recalde, además de los camaristas Elber Caballero, Carlos Zamphirópolos y el agente fiscal Santiago Trovato. En juicio ante el Jurado de Enjuiciamiento se hallan los casos de los camarista Francisco Servían, Ibis Fiore y Blanca Ramírez, los jueces Rubén Darío Frutos, Rodolfo Mongelós, Juan Carlos Paredes, Silvino Delvalle y el fiscal Carlos Alvarenga. Reseña en La Nación, 1 de julio 2001, p. 17.

7/ El contralor general Daniel Fretes Ventre fue denunciado por lavado de dinero, coacción, fraude, enriquecimiento ilícito y otros delitos en función oficial. El pedido de juicio político contra él elevado a la Cámara de Diputados fue bloqueado por las bancadas Liberal y Colorado-oviedista. Ultima Hora, 29 y 30 de octubre 1999, 2 de mayo 2000, p. 17. Poco después de terminar su mandato fue detenido y más adelante beneficiado con prisión domiciliaria.

8/ Noticias, 27 de abril 1995, 3 de mayo 1995, 12 de agosto 1995, p.1. Más referencias en El Día, 18 de agosto 1996, p. 6.

9/ Noticias, 26 de marzo 1997, pp. 6-7, conclusión del informe de la CBI sobre bancos quebrados, precedido por informe de la CBI del 18 de diciembre 1995 aquí citado. Banco BUSAIF fue adquirido en 1997 por la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Empleados Bancarios para transformarse en SSB/Servicios Sociales Bancarios SA.

10/ Pedro Beneyto Arias, el caza fortunas español que inició Bienestar Familiar y JUPEP, empresas que recibían dinero del público, canalizó parte de ese dinero para la compra de acciones en Corfán Banco. Los dueños originales de dicho banco eran militares retirados, entre ellos el general Adolfo Samaniego y el capitán Cibar Cáceres. Corfán se fusionó en julio de 1997 al Banco Nacional de Trabajadores (BNT) luego de haber captado sustanciales depósitos del IPS.

11/ Contraloría General, informe especial del 16 de diciembre 1996 sobre financiamiento extraordinario del BCP al Banco Desarrollo. Superintendencia de Bancos, Informe del 6 de diciembre 1996 sobre Banco Desarrollo.

12/ Contraloría General, Informe especial del 13 de marzo 1997 sobre financiamiento extraordinario al Banco Desarrollo autorizado por el Poder Ejecutivo con apoyo complementario del IPS.

13/ Ultima Hora, 15 de mayo 2001, p. 10.

14/ Ultima Hora, 27 de marzo 2001, p. 14, y 2 de abril 2001, p. 9.

15/ Ultima Hora, 11/12 de agosto 2001, p. 29, ABC, 22 de julio 2001, p. 4. El fiscal Contreras también solicitó la pena de 10 años de cárcel para los directivos del BNT Miguel Benítez, Balbina Maciel y Gladys García Villamayor por lesión de confianza. El BNT fue intervenido por el BCP el 22 de setiembre 1998.

16/ Ultima Hora, 23/24 de setiembre 2000, p. 18. 17/ Copia de la resolución del Directorio aparece en ABC, 9 de marzo 2000, p. 14.

18/ Notas Trimestrales, publicación del Comité de Iglesias, N° 42, 1er trimestre 1997, pp. 17-19.

19/ Ultima Hora, 16/17 de octubre 1999, p.19. Cita de informe del FMI sobre costo de la crisis financiera al cierre del ejercicio 1998.

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ENLACE A DOCUMENTO RELACIONADO:

LA MAFIA PARAGUAYA

LA TRANSICIÓN PARAGUAYA

SEGUNDA GUERRA DE LAS MAFIAS - DEL MARZO PARAGUAYO EN ADELANTE

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ENLACE A LA FUENTE DEL DOCUMENTO:

CRIMEN ORGANIZADO EN PARAGUAY

Estudios de ANIBAL MIRANDA

MIRANDA & ASOCIADOS,

Asunción-Paraguay.

Octubre 2001 (439 páginas)