PARAGUAY Y LAS OBRAS HIDROELÉCTRICAS BINACIONALES

Por ANIBAL MIRANDA

Editorial EL LECTOR

Colección Realidad Nacional N° 9

Tapa: LUIS ALBERTO BOH

Asunción – Paraguay

Marzo de 1988 (205 páginas)

ABREVIACIONES Y SIGLAS

ACEPAR - Acero del Paraguay S.A.

AID - Agency for Internacional Development (EE.UU.)

ALADI - Asociación Latinoamericana de Integración (ex ALALC)

ANDE - Administración Nacional de Electricidad

ANR - Asociación Nacional Republicana (Partido Colorado)

ANTELCO - Administración Nacional de Telecomunica­ciones

APAL - Administración Paraguaya de Alcoholes

ARP - Asociación Rural del Paraguay

ATE - Administración de Transporte Eléctrico

BCP - Banco Central del Paraguay

BID - Banco Interamericano de Desarrollo

BIFE - Bureau d'Informationes et de Previsions Eco­nomiques (Francia)

BNAPV - Banco Nacional de Ahorro y Préstamo para la Vivienda

BNF - Banco Nacional de Fomento

BNT - Banco Nacional de Trabajadores

BPD - Banco Paraguayo de Datos

CACEX - Caixa de Comercio Exterior (Brasil)

CELADE - Centro Latinoamericano de Demografía

CEP - Conferencia Episcopal Paraguaya

CEPAL - Comisión Económica para América Latina

CIPAE - Comité de Iglesias para Ayudas de Emergencia

CNCE - Consejo Nacional de Coordinación Económica

CPT - Confederación Paraguaya de Trabajadores

DGEC - Dirección General de Estadística y Censos

EBI - Entidad Binacional Itaipú

EBY - Entidad Binacional Yacyretá

ELETROBRAS - Centrais Elétricas Brasileiras SA

FEPRINCO - Federación de la Producción, la Industria y el Comercio

FETRABAN - Federación de Trabajadores Bancarios del Pa­raguay

FMI - Fondo Monetario Internacional (también IMF)

IAEA -Intemational Atomic Energy Agency

IBR - Instituto de Bienestar Rural

IILA - Instituto Italo-Latinoamericano

INTAL - Instituto para la Integración de América Lati­na

IPS - Instituto de Previsión Social

IPVU - Instituto Paraguayo de Vivienda y Urbanismo

LAP - Líneas Aéreas Paraguayas

MAG - Ministerio de Agricultura y Ganadería

MEC - Ministerio de Educación y Culto

MIC - Ministerio de Industria y Comercio

MJT - Ministerio de Justicia y Trabajo

MOPC - Ministerio de Obras Públicas y Comunicacio­nes

OEA - Organización de Estados Americanos

OLADE - Organización Latinoamericana de Energía

ONP - Oficina Nacional de Proyectos

ONU - Organización de Naciones Unidas

ONUDI - Organización de Nac. Unidas para el Desarro­llo Industrial

OPEP - Organización de Países Exportadores de Pe­tróleo

PETROPAR - Petróleos Paraguayos S.A.

REPSA - Refinería Paraguaya S.A.

SNAPV - Sistema Nacional de Ahorro y Préstamo para la Vivienda

STP - Secretaría Técnica de Planificación

UNA - Universidad Nacional de Asunción

UC - Universidad Católica

UIP - Unión Industrial Paraguaya

UNDP - United Nations Development Programe (Pro­grama de las Naciones Unidas para el Desarro­llo)

USD - dólar norteamericano

GWh - (1) gigavatio-hora = 1.000 MWh = 1.000.000 KWh. Se utilizan para cuantificar la capacidad de generación, generalmente en años

Hz - hertz o hercio, frecuencia de onda medida en segundos, siendo la de Paraguay de 50 Hz KW   (1) kilovatio= 0.001 MW

KWh - (1) kilovatio-hora =0.001 MWh

MW - (1) megavatio = 1.000 KW. Se utilizan para cuantificar la potencia instalada

W - (1) vatio = 0.001 KW

PRÓLOGO

         El tema energía entró en la agenda de la opinión pública en Paraguay a partir de principios de los años 70, y ahí quedó desde entonces. ¿Qué hizo que con tanta fuerza despertara el debate sobre algo aparentemente tan poco apasionante? En primer lugar lo colosal de una obra que de utopía pasó a convertirse en opción técnica factible y a poco en proyecto final. Ligado a ello, la incertidumbre sobre la capacidad de retener la posesión y soberanía de una parte del territorio -precisamente aquella contigua a los Saltos del Guairá y los saltos mismos- reclamada por Paraguay como suya y disputada en el terreno por Brasil. En tercer lugar, lo formidable de la expansión brasileña, una de cuyas prolongaciones apuntaba a fortalecer y acelerar el desarrollo de la región sur sureste hasta desbordar incluso sobre los países vecinas. Para ello era preciso contar con energía barata y en abundancia. La reserva hidroenergética de mayor magnitud en esa área estaba constituida por los desniveles del río Paraná compartidos con Paraguay.

         Una serie de razones habían impulsado a la dirigencia brasileña a perseguir con una envidiable tenacidad la alternativa de expansión. Fundamentalmente el deseo de jugar un papel principal en la arena internacional, lo cual requería antes que nada afirmar y acrecentar la influencia de Brasil en Sudamérica. Como país limítrofe, Paraguay no quedaría exento de ser afectado por la implementación de los ambiciosos proyectos del estado vecino. Y la sacudida se hizo sentir, con toda fuerza, en Itaipú.

         Atrapado entre la necesidad de mantener relaciones amistosas con el pujante vecino y el tope que le imponía a sus propios planes de crecimiento la hasta entonces exigua oferta doméstica de electricidad, el régimen paraguayo no tuvo sino que acompañar -y de paso buscar aprovechar, no exactamente en consideración al interés nacional- la expansión brasileña.

         En ese proceso se desató un inusitado debate, primero a nivel de partidos políticos y la intelligentsia paraguaya, para el mismo ir creciendo en intensidad al abrirse el espectro de los grupos de interés que hicieron escuchar su opinión y trataron de influenciar en esa medida la toma de decisiones. Decisiones que para una cuestión de indudable efecto sobre la población en su conjunto, se estaban tomando ya dentro del más cerrado secreto oficial.

         Los medios de prensa captaron prontamente la importancia del asunto, y empezando con el vocero del Partido Liberal Radical, más el diario independiente ABC Color, se refirieron a sus implicaciones para el Paraguay. Entrevistas, ensayos y conferencias aparecieron en forma de excelentes notas periodísticas. Alimentadas por las discusiones en el Congreso Nacional, en uno de aquellos efímeros momentos de relativa distensión política, el debate se hizo polémica y la atención sobre tan prosaico tema subió de punto. Pero la polémica degeneró bruscamente en una cacería de malos paraguayos.

         Con Itaipú en la fase de construcción, la fiebre energética se contagió a la nación entera. Los resultados fueron desparejos, y por lo que pudo conocerse a través de encuestas sobre distribución del ingreso, regresivos. Con la explotación de los recursos hidráulicos y dadas las limitaciones impuestas por un gobierno clientelista y profundamente viciado de corrupción, la dinámica económica sobrevino en acumulación creciente, por un lado, y pobreza extendida por el otro. Esos han sido los rasgos sustanciales del desarrollo (calificado por algunos como "milagro") paraguayo, paralelo a la diversificación de los negocios financieros, del contrabando y el auge de la intermediación especulativa.

         Originariamente presentada en 1983 como tesis doctoral en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Diplomáticas, Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción, la investigación presentada aquí se inició en realidad en 1976. Ese mismo año apareció en la revista Estudios Paraguayos un artículo bajo el título "Implicaciones de la política energética brasileña para el Paraguay". Brasil avanzaba entonces en varios frentes ante la suba del precio de los derivados del petróleo: explotación de los recursos hídricos junto a experimentación con combustibles no convencionales, y aprovechamiento de la energía nuclear.

         Fruto de aquella saludable aunque a veces desvirtuada y siempre dificultosa discusión, derivaron propuestas en torno a las posibilidades y alternativas abiertas al Paraguay por la amplia disponibilidad de tres elementos: suelo fértil, agua y energía de bajo costo. En vista de lo realizado fue útil analizar si se había sabido emplear, y en qué medida, esa dotación de recursos, como así también si un más alto porcentaje de la población había logrado mejorar su nivel de vida.

         Fueron muy valiosas las sugerencias del doctor Jerónimo Irala Burgos, notable intelectual y en un medio hostil hacia la ley pareja, ciudadano ejemplarmente íntegro. No solamente tuvo que leer y comentar un farragoso escrito. También supo arreglarse para no transigir ante la prepotencia, enseñar el derecho y, por sobre todo, servirlo honestamente. Si para algo vale el tributo, se deja aquí constancia que el muy correcto decano Irala Burgos hizo mucho más que denunciar los excesos del poder. Demostró con su vida limpia la virtud del incorruptible.

         Este es un trabajo sobre relaciones económicas y de política exterior, tomando como caso las obras hidroeléctricas binacionales sobre el río Paraná. No pretende establecer juicios de valor sino sencillamente indagar sobre qué bases se dio y cuáles efectos acarreó en Paraguay -antes que echaran a andar todavía las turbinas- la construcción de las represas

CAPITULO I

INTRODUCCIÓN

         El lunes 16 de diciembre de 1968 fue inaugurada la usina del Acaray, la más importante obra de ingeniería y la primera estación hidroenergética construida hasta entonces en Paraguay. Conocida también como Puerto Embalse, constituyó la etapa uno del aprovechamiento hídrico en aquella zona del Paraná emprendida por la ANDE con financiamiento del BID y asistencia técnica del Brasil. El crédito de USD 14 millones acordado por el BID que hizo posible construir aquella central, al que seguirían otros de la misma fuente, fue extendido a 25 años de plazo y a una tasa de interés que lo ponía en la categoría de muy conveniente.

         El crecimiento de la demanda por electricidad y las proyecciones elaboradas por ANDE para esos años obligó a un rápido aumento de la generación, con el consiguiente gasto de divisas por compra de combustibles, equipos y maquinarias en el exterior. Entre 1960 y 1967 la capacidad instalada total de electricidad se duplicó y para 1970 había aumentado en cinco veces respecto de aquel año base. Hasta 1968 el 75 por ciento de dicha energía provenía de fuentes térmicas a carbón, y el restante 25 por ciento de la quema de combustible derivado del petróleo (importado en 100 por ciento). Muchas industrias tenían su propio generador, y las pocas localidades del interior que disponía de electricidad eran servidas por firmas privadas cuyo costo operativo resultaba alto en comparación al de ANDE. A principios de la década del 70 nada menos que 31 por ciento de la producción de electricidad correspondía todavía a firmas privadas.

         Para 1968 la capacidad instalada de ANDE era de 33.700 KW. Con Acaray I la potencia instalada aumentó en 45.000 KW más. Para fines de 1973 se servía de esa usina el área de Asunción, más 55 pueblos y ciudades del interior, prosiguiendo ininterrumpidamente la extensión del servicio dentro del Plan Nacional de Electrificación, etapas I y II ^1/.

         Suele echarse mano de paralelismos para ilustrar la relevancia de un hecho como el mencionado. Algunos no dejan de tener su lado flaco, sea por no contar con rigurosidad de análisis, sea porque parten de interesados y distorsionados supuestos ideológicos. Proyectan de ese modo una imagen de ambiguo paternalismo que, en situaciones concretas, se han resuelto en el reforzamiento de lazos dependiente entre países "maduros" y "jóvenes". Bajo mecanismos disimuladamente neutros o, a ojos de sus propiciadores, positivos para el desarrollo (por ejemplo, créditos atados, asistencia militar) nuevas formas de dominación se han desenvuelto. Ellas fueron con frecuencia explicadas haciendo referencia al argumento aquél prestado de la biología, referido a la diferencia generacional que presuntamente se da entre los pueblos. Escapa al propósito de este estudio entrar a considerar postulados de fe.

         En el campo de las relaciones internacionales se emplea una figura que puede describir aproximadamente lo acontecido. Es la de varios jugadores pugnando por repartirse una cantidad variable de bienes en apuesta. Se incluye entre ellos el territorio, con todo lo que él contenga. Unos pocos, los poderosos, dictan por lo general los términos de la distribución y proceden a la repartición efectiva, haciendo a la vez de intermediarios entre ellos, con los más débiles y hasta entre estos últimos.

         En diferentes gradaciones, los demás jugadores se sitúan para aprovechar lo más posible dentro de las incidencias del juego, en el cual no faltan choques, acuerdos, promesas, engaños, súbitos cambios de reglas y hasta posiciones. Es a todo juego, mientras no se vea comprometida la seguridad de quienes por su rango pueden bloquear las movidas de los demás en su contra. A uno de esas jugadores le tocó enfrentar en un periodo de expansión colonialista a otros mejor pertrechados, sin precaverse de formar parte de algún equipo ni hacerse de respaldo en fuerzas externas: de la devastadora pérdida resultante nunca pudo reponerse por completo.

         Siguió participando en el torneo, dificultosa y más bien aisladamente, sin hacerse sentir decisivamente en ningún asunto -aparte de otro encuentro bélico que le restituyó algo de la moral perdida, junto a un territorio en disputa- aquejado por sus debilidades como por sus contradicciones internas. El entrar desafortunadamente en ese trajinar de sobrevivencia, poder y competencia, lo dejaron atrás. En esas condiciones se hallaba hasta que se impuso "ley y orden". Desde entonces ha estado pagando el "precio de la paz"^2/.

         Lo evidente es que Paraguay, de una potencia en ascenso en la Cuenca del Plata, pasó a ser luego de la derrota de 1870 una nación de constantes luchas entre facciones y un estado débil, sólo nominalmente independiente. Su élite dirigente fue dispersa varias veces, casi al máximo en la guerra civil de 1947 nuevamente. Agregado al éxodo que desde entonces se hizo masivo, ello sirvió para prolongar su indefensión. En ese trance no pudo resistir ser presa de intereses foráneos dispares, los que cada uno a su manera obtuvieron utilidades sin realizar mayores reinversiones ni arriesgar más que la poca infraestructura que instalaron.

         La usina de Acaray posibilitó la extensión de energía a zonas rurales y poblaciones urbanas en número creciente. Pocos años después, más precisamente desde 1974, vendría a levantarse una obra, colosal para algunos, faraónica para otros. La central Acaray II fue construyéndose en el intermedio, si bien no llegó a entrar en funcionamiento hasta 1976. Tales fueron las bases materiales -una suerte de experimento modesto y sencillo de ingeniería en comparación a otros que iban tomando cuerpo por esos mismos años en la región- para entrenar a los administradores y técnicos nacionales en los vericuetos de la negociación y en los matices de la construcción de infraestructura para aprovechamiento energético. Nada parecido se había hecho anteriormente en el país y, por tanto, el margen de error era apreciablemente amplio.

         Quince años después de echar a andar las turbinas de la represa de Acaray y diez de iniciarse Itaipú, era factible observar alrededor un panorama muy diferente: fueron impulsadas decisivamente la sociedad y la economía, en algunos aspectos con notables desequilibrios que se prolongaron y hasta profundizaron. Aquellas obras fueron relevantes más que nada por permitir al Paraguay entrar en la etapa del uso de la energía obtenida de una fuente renovable, natural, inagotable y comparativamente barata frente a otras como la del petróleo, cual es la hidroelectricidad. Sentaron asimismo las bases para afrontar la progresiva dependencia de combustibles importados que, a largo plazo, hubiera representado un freno para el crecimiento y una amenaza a la seguridad nacional, quizá tan ominosa como la derivada de la expansión de Brasil desde Bahía Negra por el norte hasta Puerto Pdte. Franco por el este.

         Con la construcción de Itaipú, seguido de cerca por Yacyretá, tuvo lugar una nueva fase del desarrollo paraguayo. La que todavía continúa. Por sus características y singularidades, ella cabe ser conceptualizada como de modernización periférica. Habrá de examinarse en los capítulos siguientes cómo se operó esa modernización, cuáles han sido sus efectos y qué vinculación tuvo con las obras binacionales.

NOTAS

^1/El proyecto Acaray fue técnica y económicamente bien elaborado, cumpliéndose además en su construcción las condiciones exigidas por el BID. Es así que al crédito inicial de 1964 siguió en 1967 otro por valor de USD 14.5 millones para la construcción de Acaray II, otro por USD 29 millones para expansión eléctrica en 1971, y también en 1974 para el mismo propósito otro de USD 33.6 millones, todos contratados entre aquel banco y ANDE. BCP 1978: 12-13 para cifras de préstamos.

^2/El lenguaje político criollo tiene sus vueltas para describir situaciones delicadas sin calificativos demasiado obvios. El "precio de la paz" es una de ellas, utilizada para describir toda la gama de transgresiones a la ley que se realiza con participación o al amparo de las autoridades del Estado, y de las cuales se benefician los que han sabida adaptarse a los manejos de la élite gobernante. En el mismo sentido se entiende el lema "segunda reconstrucción". A los que han despertado de la inocencia pero la oportunidad los elude, se las atribuye el decir: "La tercera reconstrucción no me verá en la vereda de enfrente".

CAPITULO III

ANTECEDENTES DE LOS TRATADOS

         CRISIS DEL PETRÓLEO

         Así como otras muchas materias primas extraídas en gran proporción de los países del Tercer Mundo, el petróleo estuvo sujeto por muchos años a las reglas de juego y precio determinados por las grandes empresas transnacionales con asiento en los países industrializados. En este particular, eran las siete hermanas Exxon (EE. UU.), Gulf (EE.UU.), British Petroleum (Gran Bretaña), Mobil (EE.UU.), Royal-Dutch Shell (Gran Bretaña-Dinamarca), Standard Oíl of California (EE.UU.) y Texaco (EE.UU.) las que dominaban el mercado desde su fase de producción hasta la distribución al por mayor. Ellas juntas con la CFP de Francia tenían todavía en 1975 el 47 por ciento de la refinación y 45 por ciento de la comercialización de ese estratégico mineral a nivel mundial, no obstante haber venido disminuyendo su participación por competencia de otras compañías y nacionalizaciones efectuadas por los países exportadores.

         En 1900 el precio del barril de crudo era de USD 1.20. Treinta años después, cuando se producía la quiebra de Wall Street con la que se inició la Gran Depresión, era de USD 1.19. En 1941 había bajado a USD 1.14. En 1960 el barril costaba nada más que USD 1.80, y diez años después todavía seguía manteniendo ese precio, en valores corrientes. La baja era considerable en valores deflactados a la tasa media de inflación mundial. En tanto los precios de las manufacturas habían seguido tendencia opuesta, y con ello se lograba sacar cada vez más ganancias a costa de los países productores de petróleo. Gran parte de la notable expansión industrial de Occidente se basó en petróleo barato, de aprovisionamiento seguro y constante.

         En torno al mismo pudieron desarrollarse las industrias del automóvil, petroquímica, metalurgia y otras tantas estratégicas; se dio decisivo impulso al transporte en todas sus formas, a la calefacción, la electricidad, la agricultura. Se cuenta en aproximadamente 80.000 el número de productos surgidos de la industria del petróleo^1/.

         En 1960 se había fundado la OPEP en Bagdad, Irak, el que no tuvo andar efectivo hasta que se dieron condiciones apropiadas en la década siguiente. Ese año de 1960, los países industrializados importaban unos 65 millones de toneladas de petróleo. En 1973 debían adquirir 290 millones de toneladas del exterior y la presión por el reajuste de los precios del crudo iba en aumento. Los precios de referencia del barril saltaron de USD 1.80 en enero de 1970 a USD 2.59 en enero de 1973 y a USD 5.12 en octubre de ese mismo año. Para enero de 1974 el barril se cotizaba en USD 11.65 ^2/. Lo que durante setenta años las grandes compañías habían fijado por su propia autoridad, para su beneficio y el de los países donde el masivo consumo de tan útil mineral permitió el prodigioso crecimiento industrial con la consecuente acumulación de riquezas, repentinamente pasó a depender de un cartel de exportadores.

         Explican tal hecho la necesidad por un producto estratégico y vital para las economías industrializadas, insustituible por ningún otro a los precios tan bajos que regían en el mercado, extraído en su mayor parte de unos pocos países y que éstos pudieran actuar unificadamente ante la demanda en aumento. Unificación de criterio en cuanto a tope de producción, porcentaje que de la cantidad total correspondía exportar a cada uno de los miembros del cartel, precio mínimo del barril y negociaciones colectivas para reajustar ante las variaciones del mercado tanto los volúmenes como los precios de referencia. Un factor adicional de cohesión de la OPEP es que las grandes empresas que dominaban el procesamiento y comercialización fueran las intermediarias entre países exportadores y el resto del mundo, ganando ellas también por las subas de precio en tanto evitaban represalias de parte de las principales potencias consumidoras. Estados Unidos dependía de petróleo importado en un 40 por ciento, Europa Occidental y Japón en un promedio de 80 por miento cuando los países del Golfo Pérsico, entre ellos Arabia Saudita, decretaron el primer embargo en 1973, en ocasión de la guerra árabe-israelí.

         Las reacciones de parte de las potencias industriales de Occidente no se hicieron esperar, algunas de ellas en forma de amenaza de bloqueo y hasta invasión militar. Los países exportadores, con énfasis inusual los árabes coaligados en la Organización Árabe de Países Exportadores de Petróleo (OAPEP), no se dejaron intimidar.

         El ajuste de los precios del petróleo iniciado a principios de la década del '70 tuvo inmediata y decisiva repercusión en todo el mundo acarreando en poco tiempo una verdadera crisis energética. Los países miembros de la OPEP hicieron suya la iniciativa de seguir empujando el precio del crudo hacia arriba, teniendo el control sobre una gran porción de la producción y las reservas mundiales. No era una coyuntura de mercado solamente la que posibilitó que dichos precios subieran y continuaran subiendo, sino también la determinación política de los países de la OPEP de actuar como un frente unido; en la práctica, un oligopolio. Lo que hizo, asimismo, que los países de la periferia importadores de petróleo, en mayor medida que los industrializados, experimentaran severos desajustes en su balanza de pagos. La tendencia en cuanto al petróleo fue de una situación de amplia oferta y bajo precio a otra de oferta controlada y precio indexado a la tasa promedio de inflación de los países industrializados, los mayores consumidores de dicho recurso natural.

         En América Latina, el ajuste de los precios tuvo repercusión inmediata y desfavorable, excepto para los exportadores netos de petróleo y especialmente para Venezuela. Brasil fue uno de los más afectados. Su cuenta de importaciones de petróleo subió de USD 512 millones en 1972 a USD 1.041 millones en 1973. La reacción fue rápida. Búsqueda de nuevas fuentes de energía en el subsuelo continental y aguas territoriales (se había decidido la extensión de las 200 millas de mar territorial), explotación intensiva de los recursos hidroeléctricos, ampliación del programa nuclear, investigación sobre posible utilización de los sustitutos de petróleo como alcohol absoluto. Para abril de 1973 se firmó el Tratado de Itaipú con Paraguay para el aprovechamiento del potencial energético del río Paraná, en condominio entre ambos países en el trecho comprendido entre los saltos del Guairá o Sete Quedas y la desembocadura del río Yguazú.

         Argentina no quedó atrás. El impacto de las importaciones de crudo se hizo sentir, no obstante contar el país con un margen bastante grande de abastecimiento propio. Su factura de importaciones de petróleo pasó de USD 58 millones en 1972 a USD 185 millones en 1973 ^3/. La firma del Tratado de Itaipú fue aún más preocupante para el gobierno argentino, en momento que la "hegemonía" sobre los países menores del Plata estaba en plena disputa. Argentina y Brasil se disputaban influencia sobre Bolivia, Paraguay y Uruguay, teniendo Brasil clara ventaja por su mayor población, crecimiento económico acelerado a partir de 1968, la relativa estabilidad política fundada en gobiernos militares sucedidos ordenadamente, y una coherente política exterior cuyo objetivo regional era asumir el liderazgo de largo plazo de modo a ganar dividendos políticos y económicos. Argentina no cedía en esa rivalidad. Para cuando asumió Perón ya estaban echadas las bases del acercamiento Buenos Aires-Asunción, y para diciembre de 1973 se firmó el Tratado de Yacyretá.

         Ambos tratados binacionales señalan la repercusión de la crisis energética sobre Argentina y Brasil, países con amplia infraestructura industrial y por tanto altamente condicionados a la provisión continuada de combustible. En segundo lugar, dichos tratados dan la pauta de la competencia que a nivel regional proseguía entre ambos países y que había originado en el pasado recriminaciones, distanciamiento, búsqueda de una acomodación de poder y no pocos intentos por tratar de afectar los asuntos internos de los países vecinos mediante arbitrios tanto políticos como económicos. Paraguay había sido en aquella competencia y resultó ser también en la crisis energética un receptor de fuerzas externas. Con la diferencia que para el aprovechamiento del río Paraná, el consentimiento del gobierno paraguayo era necesario; de ahí los tratados.

         RIVALIDAD ARGENTINO-BRASILEÑA

         La competencia entre Brasil y Argentina es antigua. Ni cuando sus respectivos gobiernos llegaron a acuerdos, esa competencia fue soslayada. Al final de la guerra de la Triple Alianza, las diferencias entre los respectivos estados mayores hizo que se firmaran tratados de paz por separado y a años de diferencia con el país vencido. Probablemente que la disparidad de intereses entre uno y otro haya sido ventajosa a Paraguay -así como lo fue para Uruguay al momento de nacer como estado independiente- para preservar la soberanía aunque en los hechos hubiese desaparecido todo vestigio de estado organizado. Las diferencias y recelos no desaparecieron con los años, por cuanto que sus intereses opuestos en el Plata y en particular la extensión de sus respectivas influencias a los países vecinos siguió vigente.

         Brasil tuvo un crecimiento económico extraordinario después de la II Guerra Mundial, con cortos períodos de recesión durante los cuales su población no dejó de multiplicarse. La tasa de incremento del producto fue alta, en promedio, no obstante los agudos desequilibrios en la distribución del ingreso, empleo y salarios. La población pasó de 46 millones en 1945 a 71 millones en 1960, y fue aumentando rápidamente hasta llegar a los 126 millones en 1980. Para el año 2000 habrán de sobrepasar los 210 millones de habitantes, en un territorio que es el quinto en extensión mundial en el mundo ^4/. En esa vastedad geográfica se encuentran minerales en abundancia, muchos de ellos todavía sin explotar, gran potencial hidroeléctrico y nuclear que está siendo aprovechado mediante la construcción de presas y usinas diseminadas a lo largo y ancho de su territorio, vastas extensiones de suelo fértil y bosques que estarían en condiciones de ser en parte adaptados a una variedad de cultivos y cría de animales. En la reserva amazónica se encuentran extensos depósitos de combustible fósil y otras riquezas naturales dispersas en un área equivalente al 32 por ciento de la superficie de Sudamérica.

         Las comunicaciones se han facilitado por la apertura de rutas, puertos fluviales, marítimos y aeropuertos que en forma planificada convergen sobre el eje neurálgico Río-Sao Paulo, verdadero motor de la industria y el comercio complementado por numerosos polos de colonización abiertos hacia el hinterland, Brasilia en el centro. El litoral marítimo se extiende desde el Caribe hasta el Atlántico, el de mayor longitud en Sudamérica, lo que junto con los 500.000 km² de territorio antártico que reclama como suyo, constituye una formidable fuente de alimentos y energía para el futuro. Su desarrollo tecnológico ha alcanzado un grado de suficiencia inigualado entre los demás países latinoamericanos. De las inversiones privadas extranjeras en América Latina que hasta fines de 1975 totalizaban USD 21 mil millones, Brasil acaparaba aproximadamente la tercera parte. Si bien los beneficios de tales inversiones se reflejaron en una producción mayor, en la creación de fuentes de trabajo y un mejor nivel de vida para una parte de la población, en la introducción de tecnología avanzada y dinamización productiva por el efecto multiplicador en los diversos sectores, se dieron también efectos negativos. Estos fueron singularmente notables en el control que las empresas extranjeras ejercieron, muy altas para las actividades de fabricación de automotores, maquinarias y equipos, material eléctrico y de comunicaciones, mecánica y metalurgia, así como para los servicios de rentabilidad mayor como banca y finanzas. Las firmas transnacionales sirvieron para transferir cuantiosas utilidades al exterior, en tanto absorbieron empresas medianas y grandes de capital doméstico, "desnacionalización" que fue relevante en la industria ^5/.

         El crecimiento brasileño de postguerra se encuadró en el patrón de sustitución de importaciones por vía de la industrialización, promoción de las exportaciones, control de la inflación por el lado de reajustes impositivos, congelación de salarios y racionalización del gasto público, e integración del territorio mediante la relocalización poblacional. Los migrantes en su marcha fueron esparciéndose allende las fronteras.

         Soporte de los planes de crecimiento fueron el financiamiento externo (la deuda externa de Brasil sobrepasó los USD 80.000 millones a principios de esta década) y el ahorro forzado de su población trabajadora. Esto último se realizó mediante la sub-remuneración de la mano de obra y en particular de los millones de trabajadores en la agricultura e industria y demás actividades manuales. Por esa razón, el mercado interno se mantuvo estrecho en relación al número de habitantes, desproporción descrita apropiadamente como "Bélgica en la India", esto es, dos niveles de vida totalmente distintos (uno de muy altos ingresos y otros mayoritariamente pobre que coexisten en una misma nación).

         Él proceso de industrialización, luego de un periodo de bonanza entre 1967 y 1974, entró en una fase de desaceleración coincidente con los desajustes experimentados por la economía internacional, pero también por saturación del mercado interno. El bajo poder adquisitivo de los estratos de menores ingresos incidió para aminorar el ritmo del PIB, bajando éste de un promedio de 11.5 por ciento en 1970-74 a 6.3 por ciento en 1975-78, hasta 0.5 por ciento en 1982. La inflación aumentó, en contrapartida, a pesar de las severas medidas de control impuestas por el gobierno, yendo de 18 por ciento en 1970 a 43 por ciento en 1977 y a 95 por ciento en el curso del año 1982. Tales cifras reflejaron el revés de la política económica dirigida a mantener altas tasas píe crecimiento y una inflación controlada ^6/.

         Ocurrió que, luego de haberse alcanzado un cierto nivel de demanda interna en un lapso de tiempo relativamente breve, la pequeñez del sector de ingresos medios y altos en comparación al muy amplio de bajos ingresos, imposibilitó siquiera una demanda agregada equilibrada. Ello hizo que la producción bajara drásticamente. Factores de orden externo como la inflación mundial, el alza de los precios del petróleo e insumos industriales, la misma recesión que afectó a los países de economía de mercado y las sucesivas fluctuaciones del dólar, influyeron en ese enfriamiento de la economía brasileña.

         En una mirada de largo plazo, el crecimiento ha sido de todos modos rápido. Se incrementó en forma constante y reorientó la inversión pública, edificándose una infraestructura vasta e instalándose para las actividades estratégicas empresas públicas y mixtas, se incentivó el ahorro nacional tomó fuerza una mentalidad empresarial que no poco se debió al efecto demostración de las corporaciones transnacionales. La introducción de técnicas modernas permitió continuar con el proceso de sustitución de importaciones, aunque éstas en vez de declinar aumentaron a un ritmo mayor que las exportaciones. La recesión de principios de los años '80 tuvo estrecha conexión con los cambios en la economía internacional que ocasionaron en lo doméstico una alta tasa inflacionaria, déficit en la cuenta corriente y desaceleración de las inversiones extranjeras. En cuanto a causas, la explicación estructuralista alude a barreras tales como la mala distribución del ingreso y de la tierra, la baja cualificación de la mano de obra, la persistencia de métodos anticuados de producción en el sector agrícola, una burocracia poco eficiente, fragmentación de la economía a partir de diferentes niveles de remuneración, aparte de los factores externos que en combinación dificultaron la ampliación del mercado local y la utilización racional de los factores de la producción.

         Los gobiernos militares que se sucedieron desde 1964 trabajaron con mente fría, dentro de los postulados de la política de seguridad nacional, anteponiendo al bienestar popular el logro de un objetivo estratégico: avanzar hacia el rango de potencia mundial. Para ello se hacía fundamental consolidar el carácter de potencia regional, a lograrse sin desafiar en esencia los intereses norteamericanos en su enfrentamiento con la URSS, con estabilidad interna y seguridades para el gran capital. El expansionismo brasileño, tanto en lo demográfico como económico planteó a sus vecinos más cercanos, Paraguay entre ellos, serias interrogantes en cuanto a su viabilidad como estados realmente independientes.

         La tendencia de parte de estos países ha sido -a excepción de Argentina en la Cuenca del Plata- la de adaptarse al empuje de Brasil. La afinidad ideológica entre los anteriores gobiernos militares suavizó sus diferendos. La cuestión de la invasión pacífica de colonos al Alto Paraná, Amambay y territorios aledaños en Paraguay, a Santa Cruz de la Sierra en Bolivia, y desde Artigas a Rocha en Uruguay, ha sido motivo de preocupación en dichos países. En conjunción con la penetración de consorcios poderosos (caso Grupo Real), la concertación de acuerdos de explotación binacional de recursos naturales (gas con Bolivia, hidroelectricidad con Paraguay, proyecto Laguna Mirim con Uruguay), la interconexión de vías de comunicación entre las principales ciudades bolivianas, paraguayas y uruguayas con los puertos y centros industriales de Brasil, y el intercambio comercial cada vez más activo a través de la frontera, se hizo sentir el impacto de aquella expansión. Los demás estados limítrofes que componen el Grupo Andino, con los cuales Brasil firmó el Pacto Amazónico, han estado expuestos igualmente a la penetración brasileña. Pero no en la medida de los países de la Cuenca del Plata. Cantidad de población, la barrera de los Andes y Amazonas, organización económica menos vulnerable que las de los países platenses pequeños e integración zonal son otros tantos factores que han protegido a los países andinos del gigante Brasil.

         La obtención de territorios por la fuerza es algo prácticamente relegado al pasado, no así la dependencia que en un plano global se da en las relaciones Norte-Sur, reproducidas a menudo entre países de distinto nivel de desarrollo en zonas geográficas limitadas. El Cono Sur de América Latina no es ajeno a esa realidad.

         Paraguay, país mediterráneo que por largo tiempo estuvo condicionado a la única salida del comercio exterior por el puerto de Buenos Aires, al pago de tributos y regulación del tráfico tanto ferroviario como fluvial, a la infinidad de intereses que lo ataban a Argentina, tuvo por parte de los gobiernos de ese país trabas constantes que retardaron el desenvolvimiento de la actividad económica.

         Esa preeminencia fue intensamente explotada, incluso en forma abusiva. La asistencia, cuando vino, nunca fue tan amplia como la cuantía de utilidades devengadas aquí por las empresas argentinas. A los créditos de proveedores (en especie) y facilidades portuarias para el transporte de material bélico durante la guerra del Chaco se los quiso poner como muestra desinteresada de la amistad argentina hacia el Paraguay ^7/. En realidad, Argentina estaba privilegiando en esa contienda sus propios intereses, en especial el capital que poseían firmas tales como Carlos Casado S.A. y otras con sede en Buenos Aires, cuyas instalaciones y extensiones de tierra en el Chaco con título comprado en Paraguay fueron muy superiores a las pocas inversiones que de aquel país había en Bolivia. Fue entonces que el gobierno de Buenos Aires demostró colaboración hacia el de Asunción, en un asunto en el que tenía sus propias apuestas. No bien cesó el conflicto, se impusieron nuevamente los controles portuarios, las tasas de tránsito fluvial y por servicio de baqueanos para sortear los pasos difíciles, y siguió desestimándose en los círculos gobernantes argentinos al Paraguay como "país incivilizado" -pero aceptándose mano de obra que fue a instalarse en Argentina para desempeñar tareas manuales.

         Cuando Brasil hizo construir un puente entre Foz de Yguazú y Puerto Presidente Stroessner, concedió ayuda técnica para levantar la primera hidroeléctrica en Acaray, financió la construcción de la Facultad de Filosofía de la Universidad Nacional, cedió un puerto franco en Paranaguá, todo ello en el curso de pocos años, se constituyó por supuesto en el vecino pródigo. Los problemas sobre demarcación de límites en el Mbaracayú y Saltos del Guairá fueron tratados en un ambiente de relativa conciliación, a pesar de la posición dura de Brasil en el terreno. La creciente cooperación Brasilia-Asunción, basada en la sutil diplomacia de Itamaratí para extender el área de influencia brasileña en el Cono Sur, debe verse como parte de la vieja competencia con Argentina.

         En esa competencia, Brasil avanzo posiciones y una muestra de ello es lo pronto que se hizo Itaipú, en tanto. Yacyretá y Argentina fueron quedando atrás. En el campo de la realpolitik, es previsible que "del lado que se incline Brasil se inclinará América Latina" -guste o no, con mayor razón Paraguay.

NEGOCIACIONES Y ACUERDOS

         Paraguay y Argentina habían iniciado mucho antes que Paraguay y Brasil estudios conjuntos para el aprovechamiento hidroeléctrico del río Paraná en el tramo sobre el que tenían soberanía compartida, esto es, desde la confluencia del río Yguazú en el sitio denominado Tres Fronteras hasta la desembocadura del río Paraguay en el Paraná, en una extensión de 688 km. Las condiciones naturales del río como vía de comunicación, dado el cauce ancho, profundidad apta para la navegación comercial y velocidad de las aguas reducida, tenían además la ventaja de ser factible para generar energía por su desnivel. En fecha 23 de enero de 1958 fue firmado un convenio paraguayo-argentino por el que se creó una Comisión Técnica para estudiar el aprovechamiento de la energía hidráulica y, complementariamente, la navegabilidad en la zona de las islas Yacyretá y Apipé.

         Ya en 1926, los embajadores de Paraguay y Argentina ante el gobierno norteamericano suscribieron en Washington un protocolo relativo a la utilización de los saltos de Yacyretá. Por aquel entonces la influencia argentina sobre los asuntos internos de Paraguay era considerable.

         En 1928, por encargo del gobierno argentino los ingenieros franceses H. Gamberale y F. Mermoz habían estudiado el aprovechamiento de los rápidos de Yacyretá, recomendando maneras de mejorar la navegación y la no viabilidad de una usina por falta de mercado para consumir la energía entonces ^8/. Habrían de pasar treinta años antes que los respectivos gobiernos en Asunción y Buenos Aires, a instancias de este último, dieran impulso a un emprendimiento conjunto.

         El estudio de factibilidad que presentó la Comisión Mixta Técnica Paraguayo-Argentina incluía la construcción de presa de hormigón, central hidroeléctrica, esclusa de navegación, vertedero, esclusa de peces, presa de tierra, toma de riego y camino carretero que uniría los sistemas viales de ambos países. El costo de las obras se calculó en USD 466.9 millones para una potencia instalada de 2.100 MW ^9/. Corría el año 1964.

         El costo de la energía resultante habría de ser apreciablemente inferior al obtenido por generación térmica. La disponibilidad de energía a bajo precio facilitaría el crecimiento del noroeste argentino y de las regiones centro y sur del Paraguay, las más densamente pobladas. Hubo de pasar otros diez años para que se concretara el Tratado de Yacyretá, demora que resultó contraproducente para Argentina en cuanto que posibilitó a su rival Brasil tomar la iniciativa.

         En Brasil, la cuestión de soberanía sobre los Saltos del Guairá o Sete Quedas se prestaba a una interpretación unilateral, dado que la delimitación del territorio en aquella zona no había sido aún determinada con Paraguay. Estudios por parte de equipos consultores brasileños: y extranjeros (Octavio Marcondes Ferraz, Overseas Electrical Survey Institute y Gobierno del Japón, Sao Paulo Light, entre otros), habían antecedido al inicio de cualquier contacto con el gobierno de Paraguay. La Organización de Naciones Unidas también realizó un relevamiento de la demanda de energía a 20 años de plazo para la región sur-centro brasileña. En 1963, bajo el gobierno Goulart, directivos del Ministerio de Minas y Energía se trasladaron a Asunción para discutir el emplazamiento de una usina en Sete Quedas. El grupo de trabajo brasileño encargado de hacer el estudio preliminar determinó que un aprovechamiento de los saltos traería aparejado no solamente energía en abundancia, sino también control de inundaciones, uso de agua para riego y consumo humano, a más de facilidades para la navegación fluvial ^10/.

         En febrero de 1967 se constituyó la Comisión Mixta Técnica Paraguayo-Brasileña para el estudio del río Paraná, en tanto Brasil proseguía la construcción de usinas medianas y pequeñas sobre los afluentes de aquel río en su propio territorio.

         Poco después de la creación de la Comisión Mixta, las declaraciones de los gobiernos del Brasil y la Argentina pusieron en alarma a la prensa de ambos países, y los motivos estaban bien a la vista: las usinas hidroeléctricas que apresuradamente iban tomando cuerpo sobre los muchos afluentes del río Paraná en territorio brasileño y las reiteradas insinuaciones argentinas de que dichos emprendimientos traerían aparejada la disminución del caudal del río en su parte inferior, sumado al temor de la contaminación del agua como consecuencia de la probable instalación de complejos industriales en el estado de Mato Grosso. El tema constituía terreno de abono propicio para continuar la antigua rivalidad existente entre ambos países. El gobierno paraguayo, mientras tanto, había concretado la construcción de la presa del Acaray con asistencia técnica del gobierno brasileño, ante la desconfiada mirada de la cancillería argentina. No hubo reparos, sin embargo, para que Electricidad de Misiones S.A. concertara un acuerdo con la Administración Nacional de Electricidad (ANDE) para la compra de energía proveniente de esa central hidroeléctrica.

         Un proyecto tan monumental como el de Itaipú no podía siquiera pensarse sin que se agitara el ambiente regional. Por el potencial, por su posición geográfica, por el alcance de sus repercusiones económicas, es natural que generara esperanzas y temores en los países directa o indirectamente envueltos. Considérese si no la tremenda energía que ha de proveer una vez terminada, 12.600 MW. Para la provisión de las turbinas se especulaba que intervendría la Unión Soviética, además de los países occidentales. Se hablaba de que el financiamiento habría de corresponder a dos grandes consorcios, uno europeo y el otro árabe, por motivos presuntos de neutralidad política de dichos capitales. No se descartaba la posibilidad de que otras negociaciones se llevaran a cabo ante organismos como el BID, Banco Mundial, Eximbank, con lo cual se hubiera dado preferencia al capital norteamericano.^11/

         Si Itaipú significaba para Brasil la posibilidad de llegar a industrializar la parte suroeste de su territorio, para Argentina representaba el crecimiento a sus espaldas de una obra sobre la que no tendría ningún control y de la que no se beneficiaría en absoluto. Las argumentaciones legales eran abundantes, tanto a favor como en contra del proyecto. Por un lado estaban los objetivos supranacionales enunciados en las numerosas resoluciones de la Cuenca del Plata. De dichas resoluciones interesa mencionar aquellas referidas al aprovechamiento del recurso agua, como las formuladas en Santa Cruz de la Sierra (mayo 1968), Brasilia (abril 1969) y Asunción (junio 1971), las que enfatizaban el propósito de una gradual integración entre los países miembros. Por otro lado estaba el interés de cada uno de ellos, no siempre coincidente, que tendía a dejar completamente de lado cualquier principio aunque se hicieran declaraciones de buena voluntad.

         Para Paraguay todo esto no era más que la continuación de viejas disputas sobre sus derechos fluviales y de acceso al mar sostenidas con sus vecinos, especialmente con Argentina.

         Las gestiones del gobierno argentino para reactivar las negociaciones en torno al aprovechamiento del río Paraná tomaron momento. En noviembre de 1969 los presidentes Onganía y Stroessner acordaron la construcción y explotación en común de las obras de aprovechamiento de la energía hidráulica y el mejoramiento de la navegación a la altura de las islas Yacyretá y Apipé. Esto era de particular importancia para Paraguay, dada su situación de relativa debilidad y por lo difícil que había sido en el pasado dejar sentada y hacer reconocer la soberanía sobre territorios escasamente poblados y mal defendidos.

         Estaba en marcha la diplomacia argentina. En el punto 3 de la Nota Reversal intercambiada por ambos países en noviembre de 1980 se incluía el siguiente párrafo: "El complejo Yacyretá-Apipé constituirá un condominio, por partes iguales, de ambas Altas Partes Contratantes. El condominio que se constituye sobre las obras e instalación del complejo no implica alteración ni cambio de las respectivas soberanías, no siendo propósito de esta Nota restringir o modificar los derechos actuales de los Signatarios sobre sus respectivos territorios ni sobre la navegación del río Paraná"^12/.

         Punto que se omitió precisamente en el Acta de Foz do Iguazú, firmada en 1966 por Magalhães y Sapena Pastor, ministros de Relaciones Exteriores de Brasil y Paraguay, respectivamente. En dicha Acta se mencionaba solamente que la energía eléctrica sería dividida en partes iguales entre los dos países. Nada sobre la cuestión territorial que era de fundamental interés entonces. Sobre esta omisión hizo eco la oposición paraguaya, uno de cuyos dirigentes planteó preguntas al Senado. ¿Por qué en la Conferencia de Foz do Iguazú, entre los puntos en controversia no se incluyó el de la soberanía sobre los Saltos (del Guaira)?, a lo que el mismo autor respondía: "No es posible afirmar que la Cancillería nacional haya reclamado contra la ocupación civil brasileña, exigiendo el restablecimiento de la soberanía violada" ^13/. Así se presentó la controversia sobre los derechos de soberanía en los Saltos, pues si bien en octubre de 1965 la Cancillería paraguaya había presentado al gobierno brasileño una formal protesta por la ocupación militar de la frontera aún no demarcada (hito 341/IV y los Saltos del Guaira), el emplazamiento de construcciones permanentes en dicha zona y la detención de comisionados paraguayos por efectivos militares brasileños, en junio de 1966 no figuraba en la agenda para la entrevista presidencial en Foz ese tópico. El condominio sobre las obras y recursos hidráulicos que posteriormente se reconoció en el Tratado de Itaipú eliminó dichas fricciones, pero no se citó el Tratado de Límites de 1872 y sus adiciones en relación a los derechos soberanos que cada parte ejercería sobre sus respectivos territorios.

         Con anterioridad, en una comunicación interna de la Cancillería al Senado paraguayo, aquella se expidió en términos poco precisos sobre el problema de la presencia de efectivos brasileños en territorio reclamado por Paraguay, sentando la tesis de que no se podía hablar de ocupación territorial mientras no hubiese una demarcación definitiva de fronteras, lo que evidentemente contradecía lo expresado en la Nota de diciembre de 1965 al embajador de Brasil en Asunción. En la misma se aclaraba que "es cierto que ese destacamento (militar brasileño) ocupa zona aún no demarcada, pero es también innegable que estando al sur de la cumbre de Mbaracayú es territorio paraguayo, lo que será sin duda confirmado al efectuarse la demarcación de los 20 kms. que faltan entre el hito 341/IV y el Salto del Guaira"^14/. A esto debe agregarse lo dicho por el Sr. Juracy Magalhães en su explicación sobre el alcance de las negociaciones realizadas con su colega paraguayo: "El acuerdo a que llegamos en ese encuentro (Foz do Iguazú) corresponde exactamente a los objetivos brasileños, que son los de aliviar la tensión que se produjo en las relaciones de los dos países, sin hacer concesión alguna al Paraguay en el problema de fronteras por él sustentado y por nosotros negado. A pesar de las tentativas paraguayas, no hubo discusión de fronteras y nosotros, al conceder la retirada del contingente ubicado en Puerto Coronel Renato, reafirmamos nuestra soberanía territorial sobre aquella área"^15/.

         Un convenio de cooperación fue firmado entre ANDE de Paraguay y ELETROBRAS de Brasil en abril de 1970 para realizar estudios de factibilidad sobre el tramo del río compartido por ambos países. El estudio fue encargado a un consorcio de ingeniería compuesto por las firmas IECO de San Francisco (Estados Unidos) y Electroconsult SpA de Milán (Italia). IECO/ELC presentó el informe preliminar a fines de 1972, en el que se indicaban 10 sitios probables para la instalación de la presa, siendo finalmente elegido Itaipú como el más conveniente.

         En las reuniones internacionales se proyectó el objeto de controversia que motivaba a los países afectados. La Conferencia Mundial sobre el Medio Humano (Estocolmo, junio 1972) organizada por las Naciones Unidas para discutir problemas relativos a la contaminación del medio ambiente, escuchó al delegado argentino acusar directamente al Brasil de pretender llevar a extremos peligrosos la posibilidad de una destrucción ambiental como consecuencia de las obras que pronto iban a construirse en las márgenes del Paraná. Ante la alternativa de crear riesgos innecesarios a los habitantes que en tal tipo de situación se vieran afectados río abajo, Argentina propuso la inclusión de un principio -el célebre principio 20- por el cual se obligaría a todos los estados a brindarse la más amplia información al respecto y el derecho a disentir cuando efectivamente se amenazare la seguridad de la vida. Pese a contar con el importante respaldo de un número de naciones del bloque afroasiático y latinoamericano, la iniciativa no prosperó, girándose su tratamiento a la Asamblea General de la ONU para su solución. Cuando ésta comenzó sus deliberaciones en octubre de 1972 se consideraba que el mencionado punto constituiría uno de los platos fuertes, pero no fue así. El acuerdo Mc Loughlin-Barboza al que se llegó evitó mayor polémica^16/. Finalmente, en Punta del Este, con motivo del encuentro de los cancilleres para la V Conferencia de la Cuenca del Plata (diciembre 1972), se dejaron sentadas las distintas posiciones:

         - Paraguay se consideraba "firmemente decidido a llevar adelante los proyectos de construcción de presas hidroeléctricas con Brasil y con Argentina", no teniendo prioridades para ninguno de los proyectos, sino el que primero se aprobara sería el primero en empezar a construirse. Pero Sapena Pastor pareció inclinar la balanza del lado brasileño al declarar que "los estados de curso inferior tienen el derecho a solicitar informes, siempre que exista un peligro o siempre que exista un perjuicio sensible; porque, si no se ocasiona un perjuicio sensible, si se toman las aguas y se las vuelve a volcar en el mismo lugar después de haberlas utilizado, entonces evidentemente no hay ningún daño salvo que haya transformaciones en las corrientes u otra cosa"^17/.

         - Argentina, expresándose por intermedio de Mc Loughlin, indico que "sería contrario a la voluntad de crecimiento compartido de nuestra asociación que algunos proyectos u obras, por sus características, puedan restringir o afectar las posibilidades de aprovechamiento o los programas de cualquier estado miembro"^18/. Con esto se declaraba contrario a la construcción de la presa en Itaipú, pero en cierta medida favorecía la alternativa de dos presas menores a ser construidas por los tres países.

         - Brasil admitió el derecho de no causar perjuicio sensible en los recursos fluviales y defendió la tesis de informar sobre sus proyectos a los países vecinos aguas abajo, pero rechazó la demanda argentina de la consulta previa. Gibson Barboza esquivó sutilmente dicho obstáculo, reconociendo el respeto de Brasil por el derecho soberano de los otros estados sin abdicar de la propia soberanía.

         El punto de vista paraguayo en cuanto a Itaipú, en particular, y al aprovechamiento de los ríos internacionales, en general, estaba en concordancia con la Declaración de Asunción. Esta refiere que "en los ríos internacionales contiguos, siendo la soberanía compartida, cualquier aprovechamiento de sus aguas deberá ser precedido de un acuerdo bilateral entre los ribereños". Y no siendo la soberanía compartida en los ríos internacionales de curso sucesivo, "cada estado puede aprovechar las aguas en razón de sus necesidades siempre que no cause perjuicio sensible a otro estado de la Cuenca"^19/. Lo de "perjuicio sensible" no fue definido.

         A pesar de las dudas legales, de los reparos y presiones políticas, Brasil se mostró firme en llevar adelante la firma del Tratado de Itaipú. Allanando diferencias con los cuatro negociadores paraguayos que actuaron en un ambiente de cerrado silencio y con muy poco asesoramiento, en tiempo récord para lo que hace a este tipo de negociaciones, se firmó el tratado el 26 de abril de 1973. Fue en base a las proposiciones presentadas por los delegados brasileños. Las principales características del proyecto: un canal de desvío, estructura de control del desvío, represa principal, represa del lado derecho de concreto y otra de tierra, represa de piedra y otra de tierra del lado izquierdo, planta generadora, reservorio, vertedero, estructuras de control río arriba y abajo, además de facilidades de navegación anexas^20/. La reacción del gobierno y la prensa argentina fue de condena. Los partidos de oposición, la prensa, algunas asociaciones estudiantiles y gremiales en Paraguay cuestionaron severamente varias de sus cláusulas que aparecían como lesivas a la soberanía nacional, daban ventajas excesivas a la otra parte, no estaban suficientemente claras en sus aspectos técnicos, y en la distribución de los beneficios denotaban una gran desigualdad. Las discusiones en el Parlamento paraguayo dieron oportunidad a la ciudadanía a enterarse de sus detalles, dando sensación de que se estaba decidiendo la suerte del país. La publicidad favorable en Brasil fue casi unánime, resaltándose la significativa victoria diplomática por sobre las "maniobras dilatorias" argentinas, un gran adelanto en los planes de electrificación emprendidos por ELETROBRAS y una efectiva finalización de los problemas limítrofes paraguayo-brasileños que ayudaría aun más a integrar los dos países. Quedaba librado al buen entendimiento que esa integración podría ocasionar la dependencia cada vez mayor del Paraguay, principalmente por medio de su economía, del Brasil. Hecho que no pasó desapercibido en Paraguay para aquellos que abogaban por una modificación del tratado, ni siquiera para los que apoyando su ratificación debieron recurrir a mucha retórica para minimizar sus limitaciones^21/.

         Sacudido por el impacto de la firma         del Tratado de Itaipú, Buenos Aires dio máxima prioridad a la concreción de un acuerdo con Paraguay. El Tratado de Yacyretá resultante, firmado en diciembre de 1973, tenía como provisiones principales la construcción de dos represas, una entre las islas de Yacyretá y Apipé donde se instalarían las turbinas, y la presa de compensación un poco más abajo en el lugar denominado Itá-Ybaté que también serviría para facilitar la navegación. El aprovechamiento se consideraba útil como fuente de energía, para facilitar la navegación en los rápidos de Apipé y otros pasos difíciles, control de crecientes y para regadío. Se favorecería el comercio y el turismo de la zona con la interconexión vial entre la ruta 12 argentina y ramal ruta 1 paraguaya entre Ituzaingó y General Delgado. Ecológicamente se contemplaban efectos positivos^22/.

NOTAS

^1/J. Jacques Servan-Schreiber 1981: 46.

^2/BID 1974: 34. Los precios se refieren al barril de crudo liviano de Arabia en puerto de embarque. Un barril de petróleo equivale a 159 litros.

^3/BID 1975:47.

^4/CELARE 1979: 7-9. Riordan Roett, ed., 1976, artículo de Werner Baer para cifras sobre distribución del ingreso y otros indicadores. Sólo la URSS, Canadá, China y Estados Unidos son más extensos geográficamente que Brasil.

^5/Latin America Economic Report, 9,january 1976: 6. Progreso, marzo 1970: 4-13.

^6/Cifras de CEPAL Notas, enero 1983.

^7/Esa impresión se transmite de la lectura de la correspondencia diplomática del embajador paraguayo en Buenos Aires durante aquellos años, Vicente Rivarola. Ver del mismo la obra Cantas Diplomáticas, 1982.

^8/Ver informe del Ing. Enrique Romanini al Pdte. José P. Guggiari, de Paraguay, fechado 12 de marzo 1928. Romanini trató de interesar a Guggiari en el aprovechamiento de los rápidos de Apipé en aquel entonces.

^9/Comisión Mixta Técnica Paraguayo-Argentina del Apipé, agosto 1964.

^10/Jesús Blanco Sánchez, 1968.

^11/Para las notas de prensa se consultaron los editoriales sobre el tema aparecidos en Jornal do Brasil (Río de Janeiro), La Nación (Buenos Aires) y ABC Color (Asunción) de los años 1971/72.

^12/Texto de la Nota Reversal entre la República del Paraguay y la República Argentina sobre aprovechamiento de los recursos hidráulicos del río Paraná, noviembre 1970.

^13/Efraím Cardozo 1971: 98.

^14/El Radical, 23 de febrero 1972:4, 4,16 de marzo 1973: 8, y 23 de marzo 1973: 6. Rebates en Patria varios números de marzo 1973.

^15/Conferencia del Sr. Juracy Magalháes, ex ministro de Relaciones Exteriores del Brasil, en la Escuela Superior de Guerra, 25 de julio 1966, copia.

^16/El acuerdo Mc Loughlin-Barboza de Nueva York expresa que: "En la explotación y el desarrollo de sus recursos naturales, los estados no deben causar efectos perjudiciales sensibles en zonas situadas fuera de su jurisdicción nacional", y que se daría "conocimiento oficial y público de los datos técnicos relativos a los trabajos a ser emprendidos por los estados dentro de su jurisdicción nacional". Pero se reconocía además que los datos mencionados "serán dados y recibidos con el mejor espíritu de cooperación y buena vecindad, sin que ello pueda ser interpretado como facultando a cualquier estado a retardar o impedir los programas y proyectos de exploración, explotación y desarrollo de los recursos naturales de los estados en cuyos territorios se emprenden tales programas y proyectos".

^17/La Tribuna, 5 de diciembre 1972: 1.Visión, 27 de enero 1973: 23.

^18/Ibíd.

^19/Cuenca del Plata, Declaración de Asunción sobre el aprovechamiento de los ríos internacionales, Asunción 1971.

^20/J.R. Cotrim, H. Krauch et al. en Water Power and Dam Construction, vol. 29 Nro. 10, october 1977: 40-47.

^21/Texto del tratado, de los discursos parlamentarios, de los editoriales aparecidos en diarios de Asunción y otros, en Efraín Enríquez G., ed., 1975.

^22/Ministerio de Industria y Comercio 1975, que presenta síntesis del tratado.

CAPITULO VI

DISTRIBUCIÓN DEL INGRESO

         A una observación rápida no escapa el hecho que el producto por habitante haya ido subiendo en la medida que el ritmo de crecimiento del PIB fue superando al de la población. En efecto, como consecuencia de los niveles más altos del producto entre 1974-1981 hubo una tendencia ascendente en el producto por habitante y, teóricamente, un más alto nivel de bienestar de la población.

         El PIB por habitante saltó de USD 547 en 1970 a USD 600 en 1973, en valores del año 1977. Durante la década del sesenta aquella variable había aumentado solamente USD 38 en valores constantes, habiendo sido la progresión desde 1940 en adelante vegetativa con algunos picos de corta duración. Desde 1974 el aumento fue comparativamente grande, pasando de USD 628 en dicho año a USD 837 en 1979 y a USD 949 en 1981. Como resultado de la recesión se produjo una caída del PIB por habitante en 1982, cerrándose ese año con USD 897, siempre en valores de 1977^1/.

         No resulta sorprendente que esa tendencia ascendente se haya dado desde 1974 en forma considerable, dado el auge de las inversiones binacionales y privadas ya señaladas. La disponibilidad creciente de bienes y servicios por efecto del aumento del producto fue visible en las vitrinas de tiendas y supermercados, en el número de automóviles de lujo, residencias y casas de verano. Los edificios de altura para oficinas y apartamentos se levantaron uno tras otro en Asunción, Puerto Pte. Stroessner y Encarnación. La electrificación pudo ser extendida a más de 100 pueblos y ciudades del interior del país, mediante conexión a la red de distribución de Acaray. Se entró repentinamente en la era de las comunicaciones rápidas con la inauguración de una estación para transmisiones vía satélite y la compra de reactores a cargo de ANTELCO y LAP, respectivamente. En varios otros aspectos hubo modernización material, sin que en el plano político se superara el clientelismo, personalismo y coerción de las masas contrarios a diseminar entre la población los beneficios de la favorable coyuntura económica.

         Valga señalar que los emprendimientos binacionales no hicieron que el ingreso se distribuyera de cual o tal manera, aunque sí ayudaron a que por la dinámica del estilo de crecimiento, aquél fuera concentrándose. Es en ese entendimiento que se describe aquí su progresión, contándose para ello con tres encuestas tomadas con unos pocos años de diferencia, dos de ellas oficiales y la tercera privada, específicamente dirigidas a estudiar el aspecto distributivo. Ellas se conocen con los nombres Pequeño Agricultor (1976); Femrural (1977), ambas realizadas con auspicio de la Misión Económica de los Estados Unidos de América, y la del Comité de Iglesias (1980) tomada por encargo de dicha institución y de la Fundación Inter-Americana.

         Como antecedentes se menciona la información del Banco Mundial en base a una muestra de 1970 sobre distribución del ingreso por tramos, y la de la Dirección General de Estadística y Censos, sobre empleo y salario en el Gran Asunción que ofrece estadística de número de personas con mayor y menor salario mínimo en dicha zona.

         La escala de ingresos a nivel nacional era así en 1970:

         - 20 por ciento de la población en el nivel más alto obtuvo 62 por ciento del ingreso total;

         - 20 por ciento de la población en el nivel más bajo se repartió 4 por ciento del ingreso total^2/.

         Otra estimación técnica señala que el año 1974 de una población total de 2.5 millones de personas, el 72 por ciento se situaba en el tramo de bajos ingresos (pobres y muy pobres) y solamente 28 por ciento en los tramos medio y alto. El grupo de ricos y muy ricos, dentro de aquel último tramo, estaba constituido por 1.9 por ciento de la población total^3/.

         En relación a dicha escala, se apuntaba que "al comparar la estructura de la distribución del ingreso de América Latina con la de Paraguay, se nota que en ambos extremos existe una gran diferencia. En efecto, mientras que para América Latina el porcentaje de "muy pobre" es de 42 por ciento, para Paraguay sólo representa el 29.5 por ciento. Sin embargo, en la escala de "pobre" al Paraguay le corresponde 42.5 por ciento mientras que para América Latina es solamente 28 por ciento. Indudablemente que las diferencias apuntadas favorecen a Paraguay, puesto que denota que la marginalidad no es muy aguda en el país en relación a lo que acontece en muchos otros de los países latinoamericanos. Significa también que la pobreza extrema que se adentra en el campo de la indigencia (...) no se manifiesta de manera tan dramática como en la mayoría de los países subdesarrollados del mundo"^4/.

         Las cifras comparativas para América Latina y otros países de la región permiten deducir que, en efecto, la distribución del ingreso en Paraguay no era lo más grave observando la población en situación de extrema pobreza. El mayor porcentaje de pobres se situaba en las áreas rurales, donde los ingresos monetarios registrados eran sumamente bajos, pero en compensación las familias acudían a otras formas de defensa como el autoconsumo y la práctica del intercambio de servicio o trabajo inter familiar. Ver las siguientes gráficas y cuadros para comparaciones.

         PRECIOS Y SALARIOS

         Con el rápido crecimiento ocurrido en la década del '70 se dio también una baja de los salarios reales y de las demás formas de remuneración por trabajo manual, en razón del alza correlativamente más alta de los precios de artículos de consumo masivo y servicios. Al contrario, el precio de los productos agrícolas pagados a los productores campesinos por los intermediarios y las grandes firmas no evolucionaron al mismo ritmo que los de insumos y de la tierra. En muchos casos, enfrentados a precios fijados por el gobierno no del todo satisfactorios para los acopiadores, éstos sencillamente establecieron su propia cotización a un nivel mucho menor -por ejemplo, haciendo que el maní entregado por el campesino entrase como si fuera de última categoría, o bien fijando por adelantado para ése y otros cultivos pagos inferiores al que pudiera conseguirse en los principales centros de entrega, en base a arreglos realizados contra adelantos de provisiones, dinero o semillas.

         De esa forma gran parte de la población trabajadora que en Paraguay está constituida por mano de obra campesina, debió pagar por el progreso operado en otros sectores y para un grupo restringido de beneficiarios. Tómese como referencia el algodón, un rubro que llegó a ocupar a unas 90.000 personas por año durante recientes zafras. El kilo de dicho cultivo puesto en finca, fijado oficialmente, pasó de Gs. 36 en 1976 a Gs. 62 en 1980. Deflactado a valores constantes de 1975, sin embargo, el kilo de algodón equivalía a Gs. 34 en 1976 y sólo Gs. 31 en 1980, haciendo que el agricultor recibiera un ingreso real en descenso^5/.

         El escaso poder negociador del campesino hizo que los precios oficiales no fueran honrados por la mayoría de los acopiadores, generándose una situación en la cual la producción en aumento no estuvo acompañada por rentas proporcionalmente superiores para el productor. Por la cosecha 1952 el kilo de algodón se estableció en Gs. 48, revelando ello el descenso notable ocurrido en términos tanto nominales como reales. Mientras tanto el precio de referencia en los mercados de Liverpool y Chicago siguió subiendo, aunque con fluctuaciones. "Reinado de la usura y del despojo, calificó un dirigente cooperativista local a esa explotación de la fuerza de trabajo agrícola ante la complaciente mirada de las autoridades.

         Igual con los demás cultivos de renta como el tabaco, tung, otras semillas industriales, caña de azúcar, productos hortícolas y citrícolas comercializados por los campesinos (generalmente en tierras de pequeña dimensión con título precario o bajo régimen de ocupación) en los mismos lugares de recolección. Los acopiadores a menudo son los mismos almaceneros o proveedores que a cambio suelen vender sus mercancías a precios inflados.

         A principios de la década pasada había unas 140.000 unidades rurales menores de 21 ha en la región Oriental, las que representaban 87 por ciento del total de las explotaciones en dicha región. De ellas, aproximadamente la mitad eran menores de 5 has., conformando el grueso de la población rural empobrecida^6/. Ante lo difícil de su situación, muchos convergieron sobre las ciudades, sumándose al contingente de bajos ingresos asentado en los barrios marginales. Buscando "changas" o empleo ocasional de zafra en zafra, otros se mudaron a las zonas de nueva colonización para limpieza de predios o tendido de alambradas, dependiendo de la estacionalidad e intensidad de las labores agrícolas.

         También los salarios fueron perdiendo su capacidad adquisitiva ante las subas de los precios, en particular de transporte público, vivienda, salud y otros servicios. Resulta paradójico que es en esta área donde se encuentra una frondosa y, dentro de las condiciones del medio, hasta equitativa legislación destinada a proteger a las personas mediante la justa retribución de su trabajo. Por expresa manifestación de la Constitución Nacional, el derecho al trabajo y a percibir una remuneración acorde con el que se realiza está contenido entre los fundamentales. La convivencia armónica en la sociedad depende en mucho del reconocimiento y cumplimiento de tal derecho, a falta del cual lo suple la coerción.

         "Salario mínimo es el que, atendidas las condiciones de cada región, sea suficiente para atender las necesidades, normales de la vida del trabajador consistentes en: alimentación, habitación, vestuario, transporte, previsión, cultura y recreaciones honestas, considerándolo como jefe de familia"^7/.

         Se entiende que el salario mínimo o vital debe cubrir las necesidades básicas del trabajador y su familia. Sin embargo, en nuestro medio su aplicación está restringida a aquellas firmas y empleadores que actúan de acuerdo a la ley. Es norma que no se pague siquiera el salario mínimo en el comercio minorista y al detalle, en actividades artesanales, ocupaciones domésticas, servicios personales (peluquería, lavado y planchado, atención de menores, etc.), servicios diversos desde el de mozo de bar o restaurante hasta el de chofer de carga y pasajeros e incluso la función educativa a nivel primario. Tampoco se lo paga por lo general en las pequeñas empresas tanto manufactureras como del sector terciario, en la agricultura y ganadería, en no pocos puestos públicos. Para tener una idea de la extensión de esta falencia, es sabido que en todo el sector informal rige la práctica de la sub-remuneración. Dos casos muy patentes lo constituyen el de las empleadas del servicio doméstico y los peones rurales, aunque también en el sector formal se registran flagrantes violaciones salariales -caso maestras^8/.

         El salario mínimo era en 1964 de Gs.  6.992 mensual. Para abril 1981 había sido establecido en Gs. 23.610 mensual. Deflactado según índices de precios del consumo calculado por el BCP a precios constantes de 1964, aquel salario mínimo último equivalía a Gs. 5.980. Es decir que, hasta según las muy conservadoras estadísticas oficiales sobre variación del costo de vida, el salario mínimo legalmente fijado había ido perdiendo poder adquisitivo. El deterioro entre 1964 y 1981 fue por tanto de 17 por ciento^9/. Desde mayo 1982 rigió una nueva escala, con un salario mínimo de Gs. 27.180 al mes. Pero es por otro lado evidente que el descenso del mismo no se ha revertido e incluso ha empeorado subsiguientemente. La ley estipula que el reajuste debe producirse tan pronto el costo de vida sufra una variación de 10 por ciento o más. Entre el reajuste de junio 1981 y junio 1983, el índice de precios del consumo que marca la variación del costo de vida para una familia obrero tipo en Asunción sufrió un incremento de 16 por ciento, ante lo cual ni siquiera el Consejo Nacional de Salario Mínimo dependiente del Ministerio de Justicia y Trabajo se reunió. La transgresión a la ley, específicamente al Código Laboral, era evidente^10/.

         "El salario actual no cubre ni la tercera parte de las necesidades vitales de los trabajadores de nuestro gremio", expresaban los trabajadores nucleados en SINATRAC. Según un dirigente de los gráficos, "lo que corresponde es que haya un reajuste con retroactividad desde el momento en que se sobrepasó el 10 por ciento. Es un déficit constante que los trabajadores están teniendo" (en referencia a la fijación del mínimo). Señalaba un informe del Comité de Iglesias:

         "Resulta claro que las reglas de juego son unilateralmente puestas por el patrón. Al obrero le queda el salario mínimo, el bajo poder adquisitivo y el alza del costo de vida; o el sub-empleo, el despido y la desocupación. El sistema de sub-contratación que resulta mucho más barato para la empresa, tiene además la facultad de desmovilizar la cohesión necesaria para la defensa de los intereses obreros y asegura la posibilidad de remover y reponer los cargos que pudieran quedar vacantes"^11/.

         Se calculaba entonces que un obrero con una mensualidad de Gs. 27.180 no podía mantener una familia que consuma por día: Gs. 300 por un kilo de carne; Gs. 100 por un kilo de panificados; Gs. 180 por cuatro pasajes del jefe de familia; Gs. 250 para complementos de la comida como sal, aceite, verduras y otros; Gs. 32 por 1/2 kilo de azúcar y Gs. 78 por gastos varios. Este consumo mínimo sumaría un egreso diario de Gs. 940, lo que mensualmente significaría Gs. 28.200, a un puro nivel de subsistencia alimenticia con pasaje para llegar al trabajo por parte de uno de los miembros.

         A partir de esa pérdida real en el poder adquisitivo de la clase trabajadora, era dable observar que un mayor porcentaje de sus salarios se dedicaba a la alimentación en detrimento de otros rubros también esenciales tales como salud, vestido, educación. El resultado: un acentuado desmejoramiento de las condiciones y la calidad de la vida para el estrato de bajos ingresos.

         Las deficiencias metodológicas en la medición de precios y salarios condujeron a un abultamiento del porcentaje para los segundos y en una subvaloración para los precios. El gremio bancario decidió llevar sus propias estadísticas para plantear sus pedidos de reajuste salarial según el nivel de la inflación real. Un estudio interno de la Universidad Católica sobre el tema hecho en base a encuestas sobre productos y servicios de primera necesidad reflejaron un aumento de 34.8 por ciento entre enero y agosto 1979. En ese mismo período las estadísticas del Banco Central señalaban un aumento en dicha variable de 22.5 por ciento^12/. Otro estudio señalaba que entre noviembre 1978 y noviembre 1979, tomando como base los ítems del Banco Central y verificándolos en el mercado, hubo 45 por ciento de aumento en los precios del consumidor y no 26.4 por ciento como quedó registrado en fuentes de aquel organismo oficial^13/.

         La pérdida del valor del salario hasta 1982 se refleja gráficamente en la comparación del costo de vida y salario mínimo, tomando estrictamente las cifras oficiales. La variación del costo de vida, según los cálculos de FETRABAN, estaba entre un 30 y 35 por ciento más que lo admitido por el sector público. Esto es, el deterioro de la remuneración del trabajador manual superaba lo que cualquier estimación oficial pudiera arrojar.^14/

         El medio circulante en relación con el producto sirve como uno de los indicadores indirectos del nivel de inflación. En diciembre de 1974 el medio circulante fue de Gs. 16.900 millones y llegó a Gs. 68.600 millones en diciembre 1979 (en valores corrientes), cuadruplicándose por tanto en ese período mientras que el PIB no llegó siquiera a duplicarse. Para abril de 1981 el medio circulante trepó a un tope de Gs. 90.600 millones, comenzando a descender luego. En diciembre de 1982 se había contraído a Gs. 66.400 millones, en plena fase recesiva de la economía, para reiniciar un ligero movimiento ascendente en el primer semestre de 1983^15/.

         Esa desproporción habida entre la cantidad de dinero en poder del público más cuentas corrientes en los bancos, por un lado, y la cantidad de bienes y servicios disponibles, por el otro, afectó el nivel de los precios. El índice de inflación respondió, en parte, a dicha desproporción en cuanto que los bienes y servicios no fueron reproducidos al mismo ritmo que el aumento del circulante. Agréguese a ello la inflación importada por efecto de los más altos precios de las mercancías introducidas que, por la debilidad estructural de la economía, se propagó a todos los demás sectores.

         DESNIVEL DE RENTAS

         El proceso de asalarización se hizo creciente a la par que la expansión de la frontera agrícola y las mayores inversiones en agroindustrias, como también por los bajos precios obtenidos por el pequeño productor campesino para cultivos de renta. En tanto la tierra e insumos agrícolas fueron subiendo, los ingresos del agricultor no siguieron igual tendencia.

         Los artículos de consumo de primera necesidad y de mayor ponderación en la canasta familiar campesina aumentaron en un 70 por ciento en el período 1977-1981. En ese lapso de tiempo la variación del precio del algodón pagado al agricultor fue de solamente 29 por ciento, habiendo avanzado de Gs. 44 promedio por kilo en 1977 a Gs. 57 promedio por kilo en 1981. Se ha señalado que el algodón era el cultivo de renta más extendido entre los campesinos, afectando a unas 450.000 personas (90.000 trabajadores con sus familias) con aproximadamente 400 mil ha. cultivadas en los primeros años de la presente década. A su vez, lo obtenido de la venta de algodón constituía la principal fuente de ingreso monetario de los campesinos, los que compraban con ello tanto los insumos para la siguiente cosecha como también el alimento y los servicios para la familia. La pérdida neta resultante fue por tanto, teniéndose estos dos parámetros de referencia, del orden de 41 por ciento para ese medio millón de personas que dependían del algodón^16/.

         En el Alto Paraná la inflación fue más alta que en otras regiones desde el inicio de las obras de Itaipú hasta fines de los años '80, para luego seguir un ritmo menos acentuado coincidente con la menor actividad constructiva allí. Similar tendencia fue observada en el área de influencia de la represa de Yacyretá. Ambos fenómenos son explicables en razón de la alta demanda provocada por la concentración poblacional y la elevada oferta monetaria, junto con los relativamente altos ingresos percibidos por el personal contratado por las entidades binacionales y por las firmas sub-contratistas.

         La productividad de la mano de obra ha ido en continuo ascenso. No así los salarios reales. La progresiva brecha entre dichas variables es reflejo del muy escaso poder de negociación de la masa trabajadora nacional. Esto se entiende en razón de:

         a. la inoperancia de la organización sindical oficialmente reconocida, CPT, en cuanto concierne a la defensa de los intereses de los trabajadores, sometida a las directivas del gobierno a través del MJT y de la Junta de Gobierno de la ANR;

         b. la represión de sindicatos que pudieran oponer alguna resistencia al poder verticalista del estado, con un régimen autoritario al frente;

         c. el aniquilamiento de intentos de organización campesina tan pronto llegaron a la fase de movimiento popular, como lo ilustran dramáticamente las ligas agrarias de tan notable impacto en el despertar de una conciencia de clase campesina, pero también tan ejemplarmente desmanteladas que de ellas no quedó sino vestigios aislados.

         Para los trabajadores con alguna calificación por sobre la manual, con creciente demanda en el mercado mientras estuvo vigente el auge económico, y con alguna capacidad negociadora frente al empleador privado, la lucha por la remuneración no fue del todo pobre. Al contrario. Profesionales liberales y de mando medio, ingenieros, arquitectos, constructores, expertos en computación y egresados de la universidad o de algunos de los institutos de enseñanza pos-secundaria tuvieron sus satisfacciones a la hora de percibir salarios. Como el mercado de trabajo para los que tuvieran alguna habilidad o destreza se amplió, también las remuneraciones reales para ellos fueron en ascenso.

         Esto fue particularmente favorable a aquel sector de la fuerza de trabajo por encima del nivel de empleado, obrero u operario en las actividades de construcción, comunicaciones, comercio, banca y finanzas, seguro, etc. Es decir para el personal mediana y altamente calificado y técnicos. Su inserción en el mercado dio a la actividad transnacional privada e incluso a algunas reparticiones estatales (entre las que se destacaron ANDE y STP por su absorción de recursos humanos con soporte organizacional relativamente moderno) flexibilidad de adaptación y dinamismo inusual para el medio. Las empresas que supieron captar técnicas y métodos de gestión avanzados lo hicieron en parte por virtud de la contratación de personal especializado, a menudo formado en los países industrializados. Estos no tuvieron mayor dificultad en obtener sueldos acordes con su función, comparables a los que cualquier empresa grande en los países vecinos pudiera estar pagando por idéntico trabajo.

         La repartición de los beneficios del crecimiento no fue por tanto sencilla y simplemente trazada siguiendo los patrones de clase y estamento tradicionales. La incorporación de una creciente fuerza de trabajo, la diversificación de la producción y por tanto la tendencia hacia la especialización, la división de labores de acuerdo a diferentes grados de calificación exigidos y el muy fluido movimiento poblacional ocurrido en los años del boom dieron a la cuestión distributiva relieves y matices propios a una sociedad en transición. Los perdedores netos en ese trance fueron los que quedaron al margen total (indígenas en su mayoría) o parcialmente (pequeños productores rurales sin tierra) del mercado monetario, una vez desarraigados de sus tradicionales modos de subsistencia. Los obreros y empleados tuvieron diverso tratamiento, según la voluntad del empleador y su asociación o no a algún sindicato organizado. Entre éstos, los mejor remunerados por su capacidad de organización y cohesión fueron los empleados bancarios. Entre los peor remunerados por estar totalmente sujetos al presupuesto público y no tener capacidad de presión ante las autoridades, se contaban los empleados públicos (entre ellos policías y maestras).

         En atención a que más del 85 por ciento de los agricultores explotaban parcelas menores a 21 hectáreas, que el sector primario era la fuente reas importante del ingreso nacional y de las exportaciones, puede afirmarse sin lugar a equívoco que el crecimiento descansó básicamente en el trabajo de los campesinos. Adicionalmente ellos soportaron con más intensidad el fenómeno inflacionario y la prohibición de organizarse por su cuenta, lo que les imposibilitó obtener ganancias por sus cosechas ni las facilidades sanitarias, educativas, recreacionales y otras que tuvieron sectores de la población urbana beneficiados por inversiones públicas.

         Esta puede señalarse como otra de las resultantes del ingreso masivo de divisas ocasionada por la construcción de las obras hidroeléctricas binacionales. Aún hoy, la falta de un mecanismo para distribuir los beneficios del crecimiento apunta en la dirección de desequilibrios cada vez más acentuados. El desequilibrio más visible es aquél de una minoría muy rica frente a la masa de la población que pugna por mejorar sus condiciones de vida.

         EVOLUCIÓN REGRESIVA

         La extracción del excedente no sólo se operó por los sueldos en descenso y precios decrecientes de productos agrícolas pagados al agricultor. También por medio de los cobros realizados por el fisco y las autoridades departamentales, municipales y demás a nombre del estado con o sin respeto a lo prescrito por la ley. Muchos de ellos eran cobros compulsivos al sólo efecto de allegar a las arcas de alguna dependencia pública o, en el peor de los casos, de algún servidor público.

         En nuestro país no ha sido implementado un sistema que atienda a las diferencias económicas entre los individuos. La ley de impuesto a la renta personal que fue escrita y aprobada por el Poder Legislativo a principios de la década pasada, no fue promulgada y por tanto no pudo implementarse debido a la resistencia de fuertes grupos de interés. Es así que hasta ahora no pagan impuesto a la renta y tienen liberaciones adicionales los funcionarios de la administración pública, militares incluidos, lo que constituye una discriminación clara en contra del resto de la ciudadanía por parte de quienes precisamente se benefician más directamente con los impuestos^17/.

         Los impuestos indirectos son la regla en Paraguay y la mayor fluente de recaudación para la administración pública. De ellos son importantes por su cuantía los que se cobran al comercio exterior (importaciones y exportaciones) incluyendo los consulares y recargo de cambio; los impuestos internos, que se cargan entre otros a la producción; impuesto a los alcoholes e impuesto a las ventas, todos ellos de naturaleza indirecta.

         Aproximadamente un 70 por ciento de los ingresos de la administración pública en la década del setenta provinieron de cargas indiscriminadas sobre la población, de las que estuvieron exentos unos pocos grupos privilegiados.

         Adicionalmente fueron otras las recaudaciones realizadas por el estado en forma directa y en detrimento del asalariado. Aquellas que en concepto de seguridad social ha recibido y sigue recibiendo de cada jornal o salario el IPS, por ejemplo.

         IPS cobraba a cada trabajador asegurado un 9 por ciento de su sueldo, fuere éste semanal o mensual y cualquiera fuere el monto en cuestión. Además recibía 16 por ciento sobre el mismo sueldo de parte del empleador. O sea que de cada sueldo o salario quitaba un 25 por ciento. Esto es, de cada cuatro salarios de los asegurados IPS recibía un salario entero, estimándose que a fines de 1980 había unos 120.000 trabajadores en la lista de los asegurados. Esta institución estatal que por ley debe brindar asistencia sanitaria, seguro social y jubilación al trabajador estaba percibiendo Gs. 20 mil millones al año, según cifras de 1979, en concepto de aportes obreros y patronales. Estaba extrayendo en realidad de los trabajadores esa cantidad en su casi totalidad, en virtud de diversos mecanismos patronales (falta de pago de horas extras, vacaciones, aguinaldo; salario menor al mínimo; subcontratación, etc.).

         Los servicios de IPS no han sido para el trabajador asegurado ni tan buenos ni eficientes como podrían suponer los cuantiosos recursos en sus arcas. Es más, en los presupuestos generales de la nación solamente quedó una parte mínima de esos recursos asignados a IPS, sin explicarse dónde ni cómo se utilizó el resto. En el presupuesto 1981 entre los ingresos de IPS por contribución de seguridad social sólo figuraba Gs. 9.399 millones. La diferencia entre los ingresos efectivamente percibidos y los ingresos anotados por seguro social en el presupuesto de esa institución rondaba los Gs. 10.000 millones al año 1981, suma superior al presupuesto íntegro del Ministerio de Educación y Culto^18/.

         La forma como fueron asignados los fondos extraídos del trabajador asalariado dista mucho de conciliarse con lo que prescribe la ley. Se construyeron hoteles de lujo, se compraron inmuebles a precio inflado en acuerdos arreglados, se equiparon estancias, y los directivos de la institución "terminaron sus funciones convirtiéndose en multimillonarios"^19/.

         En contrapartida se construyó un gran hospital en Asunción y varios hospitales en distintas cabeceras de departamento, puestos sanitarios y clínicas periféricas en distintos puntos del territorio, en los que IPS decía atender 1 millón de personas por año para cuidado de la salud. El servicio para el asegurado continuó siendo deficiente, el equipamiento costoso contratado fuera de los canales de la licitación, el trámite engorroso de las jubilaciones para personas que no contaran con conexiones apropiadas y los casos documentados de corrupción abundantes.

         Los cobros compulsivos han sido en otros casos abiertamente ilegales, como aquellos que han afectado a campesinos y residentes de pueblos de campaña.

         En Juan Manuel Frutos, localidad del departamento de Caaguazú, las autoridades locales estaban cobrando "impuestos" propios por faena de ganado vacuno. Aparte del impuesto municipal de Gs. 800 e impuesto interno de Gs. 1.180 establecidos por ley para faenamiento de ganado, la seccional cobraba arbitrariamente otros Gs. 2.000 y la alcaldía policial un "extra" de Gs. 300.

         Por entregar sus cédulas de identidad a los interesados la misma seccional partidaria estaba cobrando una "tasa" de Gs. 500 a los campesinos, aparte del cobro regular hecho por el Departamento de Identificaciones para dicho servicio. Estos cobros ilegales se hacían en el edificio de la misma Junta Municipal^20/. Exacciones como éstas eran frecuentes en el interior, generalmente hechas por las autoridades locales para hacer de fondos a sus respectivas oficinas sin dar cuenta de los gastos. O para hacerse de fondos ellas mismas. Es virtud de la ley del mbareté imponer tales cobros, aceptados por los campesinos para "no andar mal con la autoridad". Son dos caras de la moneda: por un lado expoliación que no se detiene sino que es fomentada desde las empresas y autoridades del estado, por otro lado sumisión del ciudadano común que no tiene defensa ante esa situación salvo que exponga su tranquilidad y hasta su seguridad al arbitrio de la autoridad.

         Los empleados públicos también han soportado las consabidas "contribuciones" forzosas descontadas directamente de sus sueldos. Así, por ejemplo, se ha hecho tradicional el descuento de 5 por ciento de los sueldos de los funcionarios estatales, salvo en algunas empresas descentralizadas como ANDE, ANTELCO y LAP, en concepto de caja partidaria. Esos fondos, cuantiosos ciertamente teniéndose en cuenta la cantidad de aproximadamente 35.000 funcionarios públicos (sin contar los miembros de las fuerzas armadas y policiales no sujetos al pago referido) eran destinados por la Junta de Gobierno del Partido Colorado a sufragar campañas electorales, giras y dietas de directores partidarios, gastos de residencias estudiantiles, hogar de canillitas, movimientos proselitistas y propaganda. A más de caja partidaria, a los funcionarios públicos se les quitaba otras partidas para diario Patria, vocero de la Junta de Gobierno referida, para la asociación de empleados públicos, para adhesiones particulares, etc.

         Lo ocurrido con las maestras y maestros públicos ha sido más humillante. Habiendo aportado todos los meses la parte correspondiente de sus sueldos a IPS -a más de caja partidaria y otros rubros- tenían derecho a gozar de los servicios de seguridad social. Pero al llegar el período de jubilación, luego de 25 años de trabajo duro y otros tres o cuatro años de hacer gestiones ante distintas reparticiones (Educación y Culto, Hacienda, Poder Judicial, Presidencia de la República), el sufrido docente ya no podía acudir al IPS. Terminada su contribución de tantos años, terminaba el servicio del seguro social para él. La cuestión era una argucia legal que permitía al estado, como empleador, no pagar su aporte correspondiente de 16 por ciento como cualquier empleador, y por tanto el maestro ni siquiera era capaz de tener asistencia médica para su vejez, cuando más lo necesitaba.

         En última instancia, los cobros compulsivos de las empresas y oficinas del estado no han sido sino otra "forma de expoliación" de la clase trabajadora que, en la medida de la tecnificación de los aparatos perceptores de renta y de las mayores cantidades recaudadas, han multiplicado exponencialmente la corrupción.

         Por lo mismo, esos mecanismos de apropiación junto con los menos encubiertos de quita en sueldos y en precios de productos agrícolas, permitieron que la concentración del ingreso prosiguiera en medio del fuerte aumento del producto. Del exterior se extrajo otra parte del excedente generado en el país, cuestión que ha sido evaluada en otro lugar ^21/. Baste concluir que ambos factores de captación del ingreso, uno principalmente por vía de las empresas transnacionales y el otro por los administradores del sector público más los patrones y empresarios que actuaron fuera de la ley, hicieron que la distribución siguiera las pautas concentradoras del estilo de desarrollo capitalista periférico.

         El sector público en Paraguay ha sido el principal movilizador de recursos para una vasta gama de actividades. Las más beneficiadas entre ellas fueron el transporte y las comunicaciones que absorbieron en la última década más de un tercio del total de las inversiones públicas (para construcción de caminos, rutas, puentes, centrales telegráficas y telefónicas, extensión de la red de transporte fluvial y aéreo, telecomunicaciones internacionales, la energía con la construcción de centrales hidroeléctricas y expansión de la red de electrificación a distintos puntos del territorio nacional). Ello ha sido coherente con la estrategia de crecimiento hacia afuera.

         Los créditos asignados a través del Banco Nacional de Fomento, Fondo Ganadero, Crédito Agrícola de Habilitación, ministerios y otros entes del estado al sector privado han servido para hacer surgir y/o dinamizar emprendimientos empresariales en los campos de la agroindustria, ganadería, industria, comercio y construcción.

         Aproximadamente un cuarto de la inversión bruta total fue realizada en la última década por el sector público. Esa participación creció notoriamente desde inicios de los años '40, cuando la inversión pública no superaba el 10 por ciento de la inversión total -signo resaltante de la consolidación del estado corporatista que tiende a un rol creciente, protagónico, en la economía^22/. Hecho asimismo importante en la evolución de un estilo de desarrollo alejado cada vez más del modelo liberal, para entrar en un dirigismo acentuado en la medida de la proliferación de empresas públicas, entes descentralizados y empresas privadas dependientes del dinero controlado por el gobierno. Empresas privadas relacionadas a los emprendimientos binacionales, a la provisión de bienes y servicios al sector público o que han sido favorecidas con créditos oficiales.

         El estado corporatista y dependiente de centros de poder externos ha quedado subyugado a una élite militar-empresarial motivada principalmente por el interés de sus miembros en la acumulación de riqueza y poder, lo que ha mantenido relegado en un plano muy secundario la provisión de servicios sociales.

         Entre 1973 y 1977 los servicios sociales (educación, salud y vivienda) alcanzaron a insumir sólo 14.8 por ciento del total de las inversiones del sector público. Están incluidas las partidas correspondientes a gobierno central como a empresas del estado y entidades descentralizadas^23/.

         En el período 1977-1980 los egresos del gobierno central, en partidas por ministerios, fueron de 4 por ciento para salud y de 14 por ciento para educación. En 1981 los egresos por ministerios fueron a educación en 12 por ciento y salud en 5 por ciento^24/.

         Todavía a principios de la presente década las empresas del estado responsables en Paraguay de más del 50 por ciento de las inversiones del sector público, seguían trabajando en un alto grado con crédito externo. Al igual que los ministerios, aquéllas estaban plagadas por deficiencias administrativas y sobrecostos.

         Gran parte de la población no tenía acceso a hospitales y escuelas, no disponía de agua potable y se mantenía el alto déficit de viviendas. El servicio estaba inequitativamente distribuido, para ser exacto. Paraguay sigue siendo en América Latina uno de los países que dedica el menor porcentaje del presupuesto del sector público a servicios sociales, no obstante el rápido crecimiento económico y la entrada masiva de divisas. De haber sido adecuadamente asignados los recursos, muchos de los problemas sociales que hoy son moneda corriente pudieron haber sido solucionados ya.

         En los centros de salud y postas médicas, especialmente en el área rural donde residía la mayor parte de la población, faltaban equipos, camas, medicamentos y hasta elementos de primeros auxilios. Por sobre todo, faltaba personal capacitado para la atención sanitaria. Aproximadamente 80 por ciento de todo el personal médico atendía en Asunción^25/.

         Esa falta de asistencia sanitaria y de un servicio esencial como es el agua potable, junto con prácticas domésticas negativas tales como el uso poco extendido del calzado entre la población campesina y la falta de higiene en la disposición de desperdicios, eran responsables por:

         - una alta tasa de mortalidad infantil, especialmente de los menores de cuatro años;

         - la disminución de la capacidad de trabajo de aquella población afectada por infecciones parasitarias y otras prevalentes en los estratos de menores ingresos.

         En esos sectores de población destacaban dos aspectos. Uno, las caries dentales y falta de dientes. Dos, niños con el abdomen abultado, fruto de la parasitosis intestinal y la desnutrición consecuente.

         La cantidad de población rural sin ninguna educación o con educación primaria era de 86 por ciento en 1977. En 1980 se detectó que de todos los padres de familia, tanto varones como mujeres, un 82 por ciento no tenía más educación que la primaria o ninguna educación formal. Del total, de alumnos inscritos en primer grado, señala otra información, solamente un 56 por ciento alcanzó a matricularse en el cuarto grado de la enseñanza primaria^26/. Entretanto, Paraguay se distinguía en el ranking de las importaciones de whisky escocés como uno de los primeros en el continente, producto destinado tanto al consumo interno como a la reexportación a Brasil, Argentina y Uruguay donde regían altas tasas para la introducción de suntuarios y bebidas.

         En lo que hace a la distribución del ingreso, específicamente, se ha comprobado que el 20 por ciento de la población en el estrato más pobre no varió nada su situación, por lo menos en los últimos veinte años. Ellos siguen recibiendo no más del 5 por ciento del ingreso nacional. Pero ese 20 por ciento ha aumentado en número de personas, así como la población total, haciendo que se extendiera la pobreza en tanto un pequeño estrato acumuló enormes riquezas. Decía un informe a principios de los años '70: "aproximadamente el 65 por ciento de la población total del país, dedicada a actividades rurales, percibe un ingreso inferior a USD 100 anuales"^27/. Por entonces el ingreso por habitante era de USD 305 por año.

         Según los resultados de la encuesta oficial de 1977, 82 por ciento de las familias rurales en la región Oriental percibían menos de USD 300 per cápita, lo que las situaba en la categoría de pobres. Un 90 por ciento de todas las explotaciones rurales menores a las 5 ha. tenían ingreso per cápita menores a USD 300. De todas las familias encuestadas, 62 por ciento tenían ingreso per cápita menor a los USD 150. Todos estos son ingresos por año, lo que habla a las claras de la difícil situación económica del hogar campesino. Del total de viviendas rurales en la región Oriental, 66 por ciento tenían piso de tierra, 65 por ciento tenían techo de paja, 89 por ciento solamente contaban con letrina rústica, en 73 por ciento se cocinaba con carbón o leña en el suelo, y 99 por ciento carecía de agua potable^28/.

         El déficit de viviendas que en 1972 se estimaba en 120.000 (con dos cuartos habitables para un promedio familiar de cinco miembros por vivienda), afectaba primordialmente al hogar campesino. En efecto, 78 por ciento del déficit se situaba en zonas rurales, donde las condiciones habitacionales eran en general primitivas. Contando construcciones nuevas y de reposición efectuadas en los años siguientes, para llegar al mínimo de requerimientos habitacionales se estimaba que eran necesarias unas 250.000 nuevas viviendas en 1980^29/.

         El problema de la vivienda sigue empeorando a la par que la migración rural a las ciudades y las inundaciones, éstas de efecto devastador sobre los barrios periféricos que se encuentran sobre la ribera de los ríos. En la crecida de 1983, que superó todas las marcas y fue considerada por tanto "la inundación del siglo", unas 150.000 familias quedaron sin techo. La mayoría de ellas pertenecientes al estrato de bajos ingresos asentadas en poblaciones costeras del río Paraguay, desde Bahía Negra hasta Humaitá. El mayor número de damnificados se registró en Asunción y Pilar.

         A 1980 eran 578.392 propiedades las inscriptas en la Dirección de Impuesto Inmobiliario. Sin entrar a analizar que cada propiedad tuviera o no alguna construcción, lo obvio es que ellas exhibían en relación al número tan grande de hogares asentados en tierra fiscal, ajena o en alquiler, una desigualdad que no se había corregido pese a las leyes y a las instituciones que se habían creado (caso IPVU, SNAPV con las sociedades de ahorro y préstamo adheridas, BNT y cooperativas). En 1980 no tenían vivienda propia 43 por ciento de los hogares, es decir casi la mitad de la población del país^30/. De los hogares encuestados en 1980, nada menos que 15 por ciento correspondían a la categoría de choza y 41 por ciento eran ranchos construidos con materiales precarios. Propiamente, en el medio rural la prevalencia de chozas y ranchos era mucho más alta que en las ciudades.

         El promedio de ingreso por hogar en el país en 1980 era de USD 5.150, o sea un ingreso per cápita anual de USD 972 considerando el número promedio de 5.3 personas por hogar. Es evidente que en cifras reales había ido subiendo el ingreso per cápita, lo que queda confirmado con los resultados de la encuesta citada. La distribución del mismo, sin embargo, era altamente desigual. Esto queda expuesto en las siguientes conclusiones:

         - 67 por ciento de los hogares vivían con ingreso inferior a USD 5.100 (USD 962 per cápita ) por año, es decir estaban afectados por la pobreza absoluta. De dichos hogares, un 38 por ciento no tenía siquiera lo suficiente para satisfacer sus necesidades regulares de alimentación;

         - traducido en número de hogares, eran 405.182 de ellos los que sufrían en mayor o menor grado las condiciones de indigencia y pobreza absoluta. Los afectados por la indigencia eran 224.992 hogares;

         - componían el tramo de bajos ingresos 2.1 millones de personas de un total de 3.1 millones. En el tramo de ingresos medios se situaban otras 811.000 personas, y los que podían ser denominados ricos estaban por los 247.000. Estos últimos hacían solamente 7.7 por ciento de los hogares, los que tenían en sus manos gran parte del ahorro, de los bienes inmobiliarios, de las comodidades y de la capacidad de compra a nivel nacional. La curva de la distribución (de Lorenz) refleja que en 1980:

         - 20 por ciento de los hogares, el más bajo en la escala distributiva, recibía solamente 5 por ciento del ingreso total;

         - 20 por ciento de los hogares, los de la escala o tramo más alto, recibía 84 por ciento del ingreso total. Dentro del mismo, el 5 por ciento más rico recibía aproximadamente 70 por ciento del ingreso total^31/.

         Respecto de 1970, la distribución del ingreso había venido concentrándose. Y lo había hecho hasta 1980 de manera dramática. Si en 1970 el 20 por ciento de la población con más altos ingresos tomaba 62 por ciento del ingreso, diez años más tarde ese estrato percibía 84 por ciento del ingreso. Esta representa una transformación sustantiva y a la vez alarmante en cuanto a la propiedad efectiva de los bienes y servicios de que disponía el país.

         Hubo por un lado una pequeñísima mejora porcentual para los pobres en la escala más baja, provocado por la inserción de cada vez más personas en el mercado de trabajo y monetario en esa década de auge. Por otro lado, el estrato de "ricos" fue acaparando una creciente proporción del producto, lo que fue pagado por el 40 por ciento de la población inmediatamente siguiente al quintil más pobre en la escala distributiva.

         Es probable que tal evolución regresiva haya tenido lugar de la siguiente manera. La población más beneficiada por el boom fue aquella que ya estuvo o entró ventajosamente en el sector capitalista moderno (empresarios, grandes comerciantes, funcionarios del estado en cargos directivos, profesionales y técnicos altamente calificados, y la denominada "burguesía fraudulenta" que de la noche a la mañana hizo su agosto alrededor del contrabando y los negociados con dinero acumulado por el estado). La fuerza de trabajo aumentó grandemente, aunque con remuneración en descenso por efecto directo de la inflación y/o la estacionalidad del trabajo. La mano de obra anteriormente desocupada que encontró trabajo en el sector informal y en actividades de rápida expansión como la construcción o la cosecha de algodón, generó un ingreso adicional. Esto empujó ligeramente hacia arriba la participación de los hogares en el tramo inferior en la distribución del ingreso, lo cual fue ayudado por la migración campesina hacia las ciudades y hacia las zonas rurales de dinámica económica más intensa. Fueron los departamentos de Alto Paraná, Itapúa, Caaguazú y Canindeyú los que recibieron el mayor impacto de esa expansión agrícola.

         Los que menos se beneficiaron por la dinámica económica fueron los trabajadores manuales, los productores campesinos en su gran mayoría, cuyas rentas fueron deteriorándose relativamente en comparación a las ganancias de otros sectores. Aquéllos perdieron doblemente. Primero por la venta de sus cultivos a precios no ajustados a su nivel de productividad ni al costo de vida en ascenso. Segundo por la compra de insumos y bienes de consumo más onerosos, por la suba de las propiedades que fueron obligados a abandonar, y finalmente por la asalarización con paga ínfima a que se vieron arrastrados.

         La situación material en deterioro de esa población rural y de los trabajadores manuales en conjunto explica cómo el ingreso fue concentrándose tan rápidamente en aquellos estratos favorecidos por el progreso técnico, por la posesión del capital, por el control de los mecanismos de decisión político-económica y los negocios altamente rentables, a la cabeza de ellos el contrabando.

NOTAS

^1/BCP Cuentas Nacionales 1974/1981: 10 y estimaciones CEPAL Notas enero 1982.

^2/Banco Mundial June 1979: sinopsis.

^3/Agustín O. Flecha 1975:55 y 63.

^4/Ibíd.: 31

^5/ABC S. Económico, 25 enero 1981: 4, según estadística de precios del MAG.

^6/MAG 1973: 24.

^7/El saurio minino se estipula que debe ser reajustado periódicamente con el fin de mejorar el nivel de vida del trabajador y su familia, atendiendo el costo de vida por regiones, el nivel general de salarios en el país o lugar donde se realice el trabajo, las condiciones económicas de la rama de actividad respectiva, la naturaleza y rendimiento del trabajo desempeñado, la edad del trabajador en la medida que influya en su productividad, entre otros. Ver Ley No. 729, Código del Trabajo, art. 250.

^8/Una exposición de casos referida a salario se halla en Aníbal Miranda 1982: 88 y ss. Ver también BCP Reseñas hasta 1.981.

^9/Análisis del salario mínimo en Paraguay Económico 21, diciembre 1980: 4-5. Es de destacar que el índice de precios del consumo elaborado por el BCP se basa en una muestra de artículos tomados a principios de la década del '60 La metodología y estimación de cifras ha sido repetidamente cuestionada en fuentes técnicas nacionales y del exterior. Con referencia en precios reales de mercado, una encuesta determinó que el salario mínimo debía ser de Gs. 35.000 mensual promedio en vez de Gs. 23.610 estipulado en 1981. Un estudio del Sindicato de Obreros Gráficos concluía por entonces que ninguna familia de cinco miembros podía hacer frente a sus necesidades básicas con un sueldo menor a Gs. 75.000 mensual. Según A. Miranda 1982: 353 y ss., una familia de 5.3 miembros debía tener un presupuesto mínimo de Gs. 34.820 mensual solamente para alimentación. Con gastos de salud, educación, vestimenta, transporte y vivienda, ese presupuesto llegaba a los Gs. 59.025 mensual para la familia tipo. También ABC Color, 9 junio 1983: 9 para seguimiento del tema.

^10/El art. 257 del Código de Trabajo estipula: "Antes de vencer el plazo establecido para su vigencia, el salario mínimo podrá ser modificado, comprobándose las siguientes causas: a) profunda alteración de las condiciones de la zona o industrias, motivadas por factores económico-financieros; b) variación del costo de la vida, estimada en un 10% (diez por ciento) cuando menos". En un estudio reciente, SINATRAC concluye que el salario mínimo para una familia de cinco miembros para el subsector construcción debe ser de Gs. 55.354 para cubrir gastos básicos (alimentación, vivienda, vestido, salud, pasaje, recreación, higiene, educación, impuestos y utensilios). SINATRAC abril 1983.

^11/CIPAE marzo 1982: 23. Las declaraciones previamente transcriptas en documento de SINATRAC cit. En ABC Color, 8 junio 1983: 11, un artículo sobre costo de vida está basado en cifras del BCP.

^12/UC setiembre 1979. BCP abril 1980.

^13/La Tribuna, 20 enero 1980: 4.

^14/FETRABAN años 1978 a 1981, para variación del costo de vida de la familia bancaria. Por ejemplo, el índice de precios oficial registró para 1981 un aumento de 8.4 por ciento mientras el estudio de FETRABAN registró para el mismo año 18.8 por ciento, siendo los mayores incrementos para gastos varios y vivienda. En 1980 FETRABAN registró 32.7 por ciento de variación mientras el BCP admitió solamente 22.5 por ciento. Fue aquel el año de más alta inflación en el quinquenio.

^15/BCP marzo 1983: 4. El nivel más bajo del medio circulante en ese quinquenio se registró en enero 1983 con ¢ 64.600 millones.

^16/CIPAE 1981: 25, en base a datos de la Dirección de Comercialización y Economía Agropecuaria del MAG.

^17/M. Hacienda, Presupuesto General de la Nación, 1980.

^18/M. Hacienda, Presupuesto General de la Nación 1981. ABC Color, noviembre y diciembre 1980, serie de notas sobre IPS.

^19/HOY, 15 octubre 1980: 21.

^20/ABC Color, 23 junio 1981: 11. Otros casos de cobros particulares en la serie Paraguay Gremial de 1980/1981.

^21/Sobre el tema Domingo Laíno 1979, y Andrew Nickson en Journal of Latin American Studies vol. 13, May, 1981.

^22/STP Plan 1977-1981 tomo 1: 117 y ss.

^23/Banco Mundial June 1979: 16, en base a informes del Gobierno de Paraguay. No se incluyen las inversiones realizadas en los emprendimientos hidroeléctricos binacionales.

^24/ M. Hacienda, Presupuesto General de la Nación 1970 y 1980. BCP Reseñas a 1981.

^25/AID Fiscal Year 1981: 20.

^26/ DGEC Femrural 1977: 25. MEC Anuario 1980 sobre retención escolar. Las cifras expandidas del año 1980 corresponden a encuesta CIPAE/ IAF 1982: anexos.

^27/ CNPS/UNICEF 1971: 12.

^28/Los resultados de Femrural 1977 y Pequeño Agricultor 1976 son comentados y comparados en AID September 1979. Femrural contabiliza en la parte de ingreso sólo efectivo, sin tener en cuenta lo correspondiente a autoconsumo.

^29/STP Plan 1977-1981; tomo I: 209-210. Silvio Ríos 1982 según datos de IPVU y proyecciones de STP. Paradójicamente, en aquella década se construyó a ritmo acelerado, principalmente en Asunción, Pto. Presidente Stroessner y Encamación.

^30/Encuesta de CIPAE/IAF en A. Miranda 1982: 161. Incluye hogares en alquiler, ocupación precaria y en terreno fiscal.

^31/Son todas estadísticas de CIPAE/IAF cit. En la metodología de la encuesta se explica cuáles fueron los criterios para la división por tramo de ingresos así como la fórmula de expansión utilizada.

CAPITULO VIII

POLITICA EXTERIOR

         RELACIÓN PRIVILEGIADA CON BRASIL

         La absorción de territorio fronterizo operado por efecto de la colonización brasileña en los departamentos de la región del Alto Paraná, ante la falta del gobierno paraguayo en oponer ninguna resistencia, dejó como contrapartida que Brasil continuara manteniendo una zona de seguridad para la defensa de sus fronteras. En Brasilia saben lo que hacen en términos de mantener los intereses nacionales, sea en cuanto a inmigración fronteriza como a la aplicación alternativa de trabas e incentivos al comercio para influir sobre la marcha de los acontecimientos en países vecinos.

         Mediante aquella política de concesión del gobierno paraguayo vis-á-vis el brasileño, se logró mantener satisfecho a un aliado poderoso, pero a costa de debilitar la posición del estado paraguayo y hacerlo más vulnerable al expansionismo de Brasil. Esta ha sido solamente una de las áreas en que la política de concesión ha tenido resultados ambiguos, positivos a corto plazo para el régimen, negativos a largo plazo para el estado.      

         A su vez, el relativo poder de uno y otro país tornaba muy difícil proceder de distinta manera, so pena de represalias que para un régimen relativamente aislado en el plano internacional (por su desempeño en el campo de los derechos humanos, protección de criminales nazis y amplia libertad para el tráfico de drogas) implicaría cerrar una ventana de legitimación política y la más importante vía de intercambio con el exterior. La mediterraneidad también impuso su cuota de condicionamientos.

         Los obstáculos institucionales internos, manifestados en la represión de organizaciones populares, la corrupción y el contrabando, facilitados por un rígido orden donde la ley y el mbareté son utilizados discrecionalmente, tuvieron decisiva influencia en moldear las relaciones internacionales de Paraguay -particularmente en momentos que iban tejiéndose nuevos tipos de relacionamiento derivados de los emprendimientos binacionales y del mayor endeudamiento con la banca mundial. Es así que mucha de la tarea de la Cancillería se desenvolvió en defender no los intereses nacionales, sino los de un régimen que con los años ha sido denunciado y enjuiciado en el exterior. Tal cuestionamiento ha provenido principalmente de tres fuentes:

         a. gobiernos de países de Occidente con influencia sobre el comercio internacional, los créditos de organismos públicos y privados y la formación de una opinión pública mundial contraria a los abusos de minorías de poder en contra de la población, entre los de mayor peso de EE.UU., Francia, Gran Bretaña;

         b. organizaciones de derechos humanos, cívicas y religiosas influyentes tanto por su conexión con gobiernos de potencias mundiales (Liga Internacional de los Derechos Humanos, Amnesty, Consejo Mundial de Iglesias, etc.) en los foros internacionales intra-estatales y directamente a nivel doméstico, entre los últimos por el carácter eminentemente cristiano del pueblo paraguayo y el poder de la Iglesia Católica;

         c. los grupos de exiliados dispersos por los países vecinos, conectados o no con partidos políticos, que han logrado en ciertos casos formar asociaciones activas en una intensa campaña en favor del retorno, acogida por distintas organizaciones internacionales y gobiernos de países vecinos con gran interés. Dicho interés se debe a la situación recesiva de las respectivas economías nacionales y al consecuente desempleo, siendo una manera de afrontar el problema de salida de mano de obra extranjera desocupada.

         En vista de dichas presiones, las que se han agregado a las más remotas e incontrolables de naturaleza geopolítica, el acercamiento a Brasil ha servido necesariamente para disipar los riesgos de un aislamiento no deseado por los gobernantes de Paraguay. En ese contexto, las concesiones fueron tomadas a sabiendas y como carga política inevitable, especialmente cuando la campaña de los derechos humanos y "diplomacia pública" emprendida por la administración Carter se hizo tan fuerte que el Partido Colorado oficialista declaró "persona non-grata" al embajador norteamericano en Asunción^1/. Es de notar que el gobierno brasileño, entonces encabezado por Ernesto Geisel, también se vio presionado desde Washington por la cuestión del tratado nuclear con la República Federal de Alemania y los derechos humanos, con recorte de los créditos internacionales impuesto en los organismos financieros por EE.UU. Lo que resultó en un incentivo adicional para Brasil en cuanto a diversificar sus contactos diplomáticos, lazos comerciales y búsqueda de mayor influencia regional en apoyo de su posición como potencia emergente, intentando desligarse en ese proceso de condicionamientos que Brasilia interpretaba comprometían la soberanía de Brasil^2/. Así llegó a concretar, entre otros, el tratado del Amazonas en octubre de 1980 con Bolivia, Colombia, Ecuador, Guyana, Perú y Surinam, destinado a un desarrollo armónico, protección del medio y relaciones más fluidas entre los países de la cuenca amazónica. Con Argentina hubo un acercamiento reflejado en el acuerdo para la compatibilización Itaipú - Corpus y la cooperación en materia de investigación nuclear (para fines pacíficos).

         El resultado práctico del entendimiento Brasilia-Asunción se ha traducido en una serie de tratados complementarios a los de límites y de aprovechamiento hidráulico, los que engloban transporte terrestre por la ruta Foz-Paranaguá; facilidades portuarias y de almacenamiento en ese último puerto que ha sido intensivamente utilizado para embarques de soja, algodón, menta, etc., con destino a terceros países; la proyectada ferrovía de la soja (que utilizará trocha angosta a diferencia de la trocha media que existe en el país, cuyo trazado pasa por Salto del Guairá con 150 Km. más de extensión que uno por Puerto Presidente Stroessner y que adicionalmente prevé utilizar locomotoras diesel con el gasto que ello implicará frente a una dotación doméstica abundante de energía eléctrica en unos años más).^3/

         También con Brasil se tiene un acuerdo para transferencia de energía a Paraguay, mediante el cual se suplió la escasa capacidad de Acaray, y cuya importancia está dada por el creciente porcentaje que aquel aprovisionamiento representó en relación a la energía producida localmente. La electricidad de origen brasileño, en efecto, llegó a equivaler en 1982 a aproximadamente 38 por ciento del consumo total nacional, con tendencia al aumento hasta el funcionamiento comercial de la primera de las turbinas de Itaipú.

         Los créditos de Brasil han crecido grandemente, siendo destinados entre otros para obras públicas de envergadura cuyo componente de materias primas, técnicos o mercado brasileños son ligazones adicionales que han ido estableciéndose con el mercado de aquel país. Mediante tales créditos se terminaron o se están construyendo la primera acería paraguaya en las cercanías de Villa Hayes, la que demandará la importación de mineral de hierro de Brasil como condición de compra del producto terminado paraguayo; el alcantarillado y desagüe pluvial en Asunción; la represa de Itaipú; la planta de alcohol absoluto en Mauricio José Troche encargada a APAL; la repavimentación de la ruta Caaguazú-Ciudad Pte. Stroessner de 145 Km. de extensión. También con crédito de Brasil se adquirieron aviones Xavante y repuestos que actualmente componen el equipamiento principal de la fuerza aérea. Los préstamos realizados por el Banco do Brasil han puesto a esa institución entre las principales fuentes crediticias de Paraguay, lo que asegura una continuada corriente de intercambio por la importación de servicios y materiales que demandarán los varios proyectos en curso.

         Es en el plano comercial donde debe verse el mayor acercamiento de Paraguay y Brasil. Brasil pasó del sexto lugar en 1970 entre los proveedores de mercancías (valor fob) al primer lugar en 1975, desplazando a la Argentina de esa tradicional posición en el intercambio paraguayo. El comercio se ha venido incrementando mucho más rápidamente con Brasil que con Argentina, dentro de fluctuaciones que responden altos movimientos de precio en uno y otro país, a la demanda por importaciones en Paraguay y a la oferta doméstica de materias primas tales como soja, ganado en pie, algodón, madera, azúcar y otros alimentos que son requeridos de fuera. Desde mediados de los años '70 casi un 40 por ciento del total del intercambio de mercancías se ha estado realizando con o a través de Brasil, en su condición de mercado de primer orden en la región y de territorio en tránsito para las exportaciones paraguayas al resto del mundo. De las cifras de comercio exterior se desprende que:

         a. Paraguay ha venido concentrando en forma creciente sus importaciones del Brasil, acelerándose de esa manera la corriente de capitales hacía ese país. La entrada de capitales por Itaipú ha sobrepasado, sin embargo, los gastos de importaciones tanto de bienes como de servicios;

         b. En tanto las importaciones han ocasionado un mayor déficit en la balanza comercial paraguaya, Brasil ha podido invertir y conceder préstamos atados que han servido para integrar aun más ambas economías.

         El deterioro en la relación de intercambio en detrimento del Paraguay parece tender al ensanchamiento, asimismo, debido a los más altos precios pagados por los productos manufacturados brasileños en comparación a los precios de bienes primarios exportados por Paraguay. El contrabando de artículos ilegalmente sacados de Brasil, con precios de oferta, es probable que haya balanceado ese deterioro.

         No escapa a la noción pragmática de los protagonistas de Itamaratí que el creciente peso de su país en Paraguay pueda despertar reacciones adversas. Ocurrió una de ellas cuando el gobierno paraguayo, en plena campaña de elecciones presidenciales (fines de 1977) ante la presión de la opinión pública nacional, en particular de la UIP, dio largas a la pretensión brasileña para que cambiase el ciclaje de la red interna de tal modo a normalizar con la de Brasil (así Itaipú no tuviera que generar en dos frecuencias, siendo distintas la de uno y otro país). El gobierno brasileño primero se dispuso a otorgar créditos blandos, asistencia técnica y a brindar ayuda no especificada para que Paraguay hiciera frente a los gastos de transformación de ciclaje. Las condiciones del gobierno paraguayo aparentemente fueron demasiado ambiciosas, por lo cual Geisel sencillamente comunicó a Asunción que en Itaipú se recurriría a la implantación de turbinas mitad a 50 Hz y otra mitad a 60 Hz. La demora estudiada por el gobierno paraguayo fue hostilmente recibida por la Cancillería, el Senado y la prensa brasileñas. Uno de los pocos artículos especiales sobre Paraguay de la revista VEJA trajo en portada, por ejemplo, una foto de Stroessner y la frase "Paraguai, ¿qué parceiro é ese" El artículo traslucía una no muy sutil pero bien manejada forma de presión contra el gobierno de Paraguay^4/. En una demostración más clara de sus opciones de retorsión para demostrar su desagrado, siendo que la cuestión de ciclaje era por demás puramente interna al Paraguay, el gobierno de Brasil canceló la proyectada construcción de una represa de compensación para Itaipú sobre el rio Monday y disminuyó considerablemente por un tiempo el permiso de tráfico comercial entre Foz y Pto. Presidente Stroessner.

         Quedó demostrado cómo serían tratadas las diferencias de interés a nivel de estado entre Brasil y Paraguay, tan pronto ellas no pudieran ser conciliadas mediante la negociación y el compromiso. Es natural que sea así, dentro de una óptica realista de las relaciones internacionales. El clima de cooperación existente entre los dos países es incentivado, no obstante, de parte de uno con concesiones frecuentes, de parte del otro con muestras de amistad como la donación de equipos o armas para alguna unidad del ejército, la venida de representantes de alto nivel para las celebraciones patrias y las visitas presidenciales. Son momentos que se publicitan profusamente por los medios oficiales de comunicación.

         Así también, Brasilia demuestra inequívocamente cuando algunos actos no son de su agrado y lo hace de manera que se tome nota de la reacción. Tiene para ello suficientes elementos de amenaza y capacidad económico-militar como para avalar sus pronunciamientos. "Combatir zonas de influencia -decía Roberto Campos, ex-ministro de Finanzas y ex-embajador en Gran Bretaña, en una descarnada exposición- es un leitmotiv para discursos diplomáticos llenos de ternura por la igualdad de los pueblos. Pero esto no tiene nada que ver con la realidad. Nos guste o no, nuestra influencia sobre la luna es pura ficción, nuestra influencia sobre Afganistán es nula. Pero nuestra presencia en Paraguay y Bolivia es algo ponderable. La vida política es como el reino animal de George Orwell: todos los animales son iguales, pero algunos son más iguales que otros"^5/.

         La política internacional de Brasil cuestiona la dominación impuesta por las superpotencias a los demás países, aunque se acomoda a esta situación tratando de obtener los máximos beneficios posibles. Como el país más poderoso entre los latinoamericanos, su preeminencia sobre ellos le reporta influencia política y ventajas económicas. Los lazos con EE. UU. y los demás países occidentales no obstan para que el intercambio comercial con las demás regiones del mundo se realice sobre la base estricta de utilidad. Ya durante la administración Garrastazú Médici se dieron pasos tendientes a buscar una mayor diversidad de mercados y mejores relaciones con países ideológicamente antagónicos, en especial con los integrantes del COMECON.

         Como resultado del debilitamiento de la Guerra Fría, el papel que Brasil iba ensayando en el cambiante sistema internacional tendía a lo pragmático, dejando de lado las barreras ideológicas. En lo interno esas barreras fueron mantenidas con el pretexto de proteger la seguridad nacional. Al paso que la multipolaridad emergía en reemplazo del rígido sistema de bloques y que la distensión suavizaba el enfrentamiento Este-Oeste, así también iban reforzándose y ampliándose los contactos de Brasil con el exterior. La concepción de su Cancillería es ciertamente realista en lo que hace a evaluación de la estructura de poder internacional.

         Para uno de sus más lúcidos exponentes, las superpotencias están de acuerdo en evitar el estallido de una tercera guerra mundial, lo que puede sobrevenir más por el escalamiento de un conflicto regional en cualquier lugar del mundo que por un conflicto directo entre aquéllas. Sin embargo, ambas parecen haber aceptado también la imposibilidad de lograr la paz internacional y un completo desarme. No se habla tanto de paz, sino de deténte. No se discute esencialmente sobre cuestiones de desarme sino sobre control o limitación de armamentos. Incluso el desarrollo económico-social se reduce a evitar que la situación "tolerable" de pobreza en que viven las naciones subdesarrolladas haga crisis. El tratado sobre la No Proliferación de las Armas Nucleares aprobado por las Naciones Unidas en 1968, fruto de uno de los acuerdos más significativos entre EE.UU. y la Unión Soviética, es el instrumento principal para el congelamiento de la estructura de poder internacional. Este tratado tiene como objetivo esencial contener la dispersión de armas atómicas entre países potencialmente capaces de desarrollarlas. Por tanto la no igualdad entre los estados es institucionalizada y se reconoce tácitamente que los países poderosos sigan en control de la tecnología nuclear, en detrimento de los demás países que son automáticamente condenados a permanecer fuera de la carrera. Los acuerdos que resultaron de las conversaciones SALT entré EE. UU. y la Unión Soviética indican claramente que estos países continuarán poseyendo capacidad de exterminio a nivel mundial. La filosofía que respalda dicha postura está planteada en términos de mayor y menor poder, las armas atómicas son extremadamente peligrosas en manos de los países menores pero no en las de los países poderosos, los que se supone tienen suficiente responsabilidad como para no decidir emplearlas sino en casos extremos. La Carta de las Naciones Unidas, por dotar al Consejo de Seguridad atribuciones de exclusiva decisión de los cinco "grandes" que tienen poder de veto, junto al Tratado de No Proliferación, se han constituido en los documentos básicos de tal proceso de congelamiento al consagrar derechos exclusivos a las potencias nucleares.

         Tales las apreciaciones de João de Araujo e Castro, cuyos antecedentes se remontan a los principios geopolíticos esbozados por Golbery do Couto e Silva^6/. Ante ese estado de cosas Brasil persigue objetivos que dentro de una mayor autonomía se adecuen a sus propios intereses. Se pretende desarrollar la tecnología nuclear y en última instancia poseer armas atómicas con el fin de ganar prestigio y de tener cabida en el Club Nuclear^7/.

         No es accidental que se haya establecido una relación privilegiada de Paraguay con Brasil, dentro de la estrategia de largo plazo de la dirigencia brasileña como parte de su designio de potencia regional. Es pues apropiado trazar una línea que partiendo de las variables económicas brasileñas más significativas, y pasando por el cuidadoso plan geopolítico brasileño de incorporar los países vecinos a su área de influencia, remate en uno de sus extremos en el deterioro del poder de decisión paraguayo. Tanto a nivel interno, ejemplificado por la absorción de territorios que se opera a través de la "frontera viva" entre ambos países, como en lo internacional que se manifiesta en un más estrecho margen de negociación de la Cancillería paraguaya, las proyecciones señalan tal fenómeno. El bloqueo de algunas exportaciones paraguayas, obstáculos impuestos al turismo en Foz de Iguazú, la instalación de una aduana en la zona de Puerto Coronel Renato, la presión en favor del cambio de frecuencia eléctrica en Paraguay de modo a equipararla a la de Brasil, son instancias no lejanas que sugieren la presencia efectiva de Brasil como factor de peso en las decisiones nacionales.

         La postura del gobierno paraguayo es por otro lado vista como la aceptación de la diferencia de fuerzas que existe entre ambos estados, situación que supuestamente impone que cualquier diferencia sea prontamente resuelta por la negociación y por la concesión, evitándose por ese medio que Brasil pase de una política de penetración pacífica a una más agresiva.

         El riesgo a que se expondría un gobierno que trate de rechazar esa penetración, que se incline demasiado hacia Argentina en busca de apoyo o que implemente una política de contención al menos en la frontera, estará sujeto a los intentos brasileños por desestabilizarlo y reemplazarlo por otro más identificado con sus intereses.

         Brasil ha conseguido avances significativos en la región sin utilizar más que esporádicamente la fuerza. Aparte de su participación en la Triple Alianza contra Paraguay en el siglo pasado, no fue a la guerra en contra de país latinoamericano alguno (aunque sí envió una fuerza expedicionaria para luchar al lado de los aliados en la II Guerra Mundial). Su servicio diplomático, ejercido por uno de los equipos más competentes que se reconocen en el mundo, le ha deparado satisfacciones no comparables a ningún otro en la región. Lo que ha conseguido Brasil en el marco de la cuenca del Plata no es ganancia menor, manteniendo al mismo tiempo relaciones cordiales por sobre las ocasionales dificultades que haya tenido con sus vecinos.

         ESCENARIOS PROBABLES

         La capacidad de reacción de Paraguay, como estado, para no caer presa de la dependencia que parece tener por suerte de proseguir la tendencia de des-nacionalización en áreas estratégicas de su economía y a lo largo del fértil "cinturón de la soja" paralelo al Paraná, es escasa. Frente al gigantismo de Brasil y a la habilidad de su dirigencia, probada en la consecución progresiva de metas de avance sin conflictos bélicos, Paraguay-país-mediterráneo-poco-poblado, controlado por regímenes de fuerza del cual el actual es el más duradero de su historia, no representa en realidad competencia ni amenaza. Más que la ventaja de servir de amortiguador de encontrados intereses, su propia seguridad radica en tejer sutil pero firmemente los hilos de una relación difícil con los demás estados de la zona. Cuidar del interés nacional no es ni ha sido nunca tarea fácil.

         Es por esa razón que los aprovechamientos hidroeléctricos, aparte de su impacto en enfrentar al país con el reto de la modernización, significan un elemento potencialmente útil para proteger la seguridad nacional y contribuir al bienestar de la población. Energía en abundancia y barata más recursos naturales, con posibilidad de aumentar sustancialmente la producción de alimentos y ciertos minerales a un costo comparativamente bajo, podrían ser incentivos para ocupar productivamente la fuerza de trabajo local y para atraer inmigración selectiva de países que no impliquen un riesgo a la seguridad de las fronteras. Llenar los espacios vacíos y potenciar la producción por medio de la atracción de profesionales, técnicos y familias trabajadoras, exiliadas o no, que vendrán en la medida que aquí se ofrezcan condiciones aptas para su incorporación, aparece como uno de los requisitos para comenzar a contrarrestar la satelización en proceso. No población pauperizada, despojada de posibilidades de ascenso material, sino provista de las suficientes oportunidades sobre las que basar una mejora en su nivel de vida y dotada de capacidad de compra, con servicios básicos de educación, salud y vivienda disponibles más trabajo productivo y remunerado adecuadamente. Ello exige fundamentalmente una transformación institucional y una adecuación de la dirigencia a las necesidades de la población en su conjunto, que responda a los intereses nacionales de largo plazo y trabaje honestamente al servicio de la nación. Un esquema de proyecto nacional se tiene diseñado, teniendo como parámetros:

         a. pleno empleo de la fuerza de trabajo, lo que implica una forma de "mercado orientado" y una estrategia de crecimiento hacia adentro. La redistribución del ingreso será pilar de dicha estrategia;

         b. educación popular a través de una masiva campaña de alfabetización destinada a que todo ciudadano a partir de la edad escolar tenga instrucción básica, que conozca cuáles son sus derechos y obligaciones y que acceda a un nivel de responsabilidad colectiva sobre la que asentar la lucha contra la ignorancia y la pobreza;

         c. organización popular que rompa los esquemas mentales y las ataduras impuestas por décadas de dominación y explotación, cimiento de la defensa del patrimonio nacional. Con ella tenderá a combatirse la ley del mbareté, la intimidación y represión de arriba que han sido constantes aquí.^8/.

         Las inversiones domésticas no serían suficientes para acometer un programa de defensa a la vez que proveer al crecimiento económico. Se requerirá por tanto la complementación de inversiones extranjeras, privadas y en régimen de empresa mixta con el estado, para desarrollar el enorme potencial que tiene el suelo y aprovechar convenientemente la energía de los emprendimientos binacionales. Esas inversiones, si fueren regidas por un código de conducta razonable y supervisadas por una administración pública no corrupta, darán beneficios al país en transferencia de tecnología, utilización de recursos productivos, generación de capital y expansión industrial que necesita toda economía para pasar del nivel predominantemente agrario. En otro sentido, serán también importantes para oponer una valla a la penetración de empresas de países vecinos sobre la frontera, sin por ello despertar las susceptibilidades que una acción más directa del estado conllevaría.

         Facilitar la instalación de complejos industriales en el Alto Paraná, por ejemplo para la producción de aluminio, pulpa de papel o fertilizantes para no citar sino tres actividades electro intensivas, permitirá utilizar localmente la energía hidroeléctrica de Itaipú y marcar un límite de contención económica a la expansión brasileña. Intereses diversos entrarían en juego sobre los que apoyar las negociaciones con Brasil en su momento. Así como se hizo inteligentemente en el Chaco mediante la radicación de colonias mennonitas, también las inversiones extranjeras, los núcleos inmigrantes de países no limítrofes y de población repatriada, más el efecto multiplicador que devenga de su actividad, servirán para contrarrestar la absorción de territorios en Paraguay que Brasil lleva a cabo.

         Las inversiones extranjeras sólo serán beneficiosas para el país a condición que exista una administración honesta y eficiente. Es decir, un estado moderno con capacidad de no caer presa de los intereses transnacionales. Ello requiere definición cuidadosa y realista de objetivos, implementación coherente y evaluación continuada de acciones y falencias en la política internacional de Paraguay.

         Dos son los escenarios que, en una proyección objetiva, habrá de afrontar Paraguay. La definitiva inserción del país al ámbito de influencia de Brasil, a manera de furgón de cola que crezca y se desarrolle por impulso del centro "sub-metropolitano" dominante en la cuenca del Plata, y dependiente de él. O bien un desarrollo centrado en las necesidades de la población paraguaya, que mantenga un margen relativamente amplio de decisión sobre los asuntos que le competen como estado soberano, que aproveche las posibilidades del balance de poder argentino-brasileño en términos económicos y políticos, sin estar atado a los intereses particulares de uno ni otro.

         La satelización definitiva de Paraguay será irreversible de no iniciarse a la par que fluye la energía de Itaipú, un estilo de desarrollo radicalmente distinto al actual. El mismo ha de tender esencialmente al fortalecimiento de la independencia económica y política, evolución hacia un estado de derecho con justicia social y búsqueda de integración a los demás países de la región en un pie de igualdad.

         Esto equivale a un vasto programa de acción que tenga por protagonista a la población entera, bajo los parámetros de estrategia citados (pleno empleo, educación popular, organización popular).

         El proceso de industrialización todavía incipiente puede ser dirigido en gran medida por las empresas transnacionales, o de otro modo ser orientado bajo control local al sanearse drástica y ejemplarmente la administración general del país. Recuérdese, que el sector público es responsable de aproximadamente 1/4 de las inversiones totales y tiene un decisivo rol, a través de empresas descentralizadas y del gobierno central, en la actividad económica.

         De prevalecer un crecimiento dependiente de Brasil y controladas las industrias mayores por empresas transnacionales (por su monopolio tecnológico, conexiones internacionales y disponibilidad de capital), aquéllas no aportarán mayormente al incremento del producto sin desequilibrar la balanza de pagos, las ganancias impositivas serán de menor cuantía, no habrá solución al problema del desempleo y se acentuará la desnacionalización de los demás sectores. La energía que estará disponible será aprovechada para la elaboración de bienes de consumo y semi-terminados preferentemente dirigidos al mercado externo, con utilidad sólo marginal para el grueso de la población. Resultará por tanto que el aumento de la producción -dentro de ciclos de depresión y auge transmitidos del exterior vía Brasil- no elevará el nivel de vida de los trabajadores manuales (obreros y campesinos). Se mantendrán bajos salarios frente a las altas rentas de las inversiones extranjeras que coparán el sector moderno de la economía. A lo más que puede llegarse mediante dicho crecimiento será a una réplica de colonia con grandes desniveles de producción, renta y bienestar.

         Es competencia de la dirigencia, fundamentalmente, aceptar pasivamente la expansión brasileña y la continuación del subdesarrollo, con las contradicciones que ello involucra. O bien buscar e intentar el camino viable de aprovechar (si no contener) dicha expansión, trabajando para fortalecer los intereses nacionales de largo plazo.

         RENEGOCIACIÓN DEL TRATADO DE ITAIPU

         La cuantía de beneficios a obtener por la venta de energía de Itaipú es uno de los puntos centrales de las relaciones paraguayo-brasileñas. Será un punto crucial en lo sucesivo para la política exterior paraguaya y para la efectiva concreción de un proyecto de desarrollo nacional. Se tienen por fundamento las siguientes proyecciones:

         a. Paraguay no podrá utilizar sino parte de la electricidad que genere Itaipú (según GOPA, 20 por ciento de lo que correspondería a Paraguay será factible aprovechar para industrias locales recién en 1995). Para dentro de 20 años todavía no se podría utilizar la mitad de esa energía, siguiendo la tendencia de los agregados macroeconómicos para el período 1975-1982;^9/

         b. todo lo que no se utilice en el país de aquella energía, será cedido al Brasil según los términos que estipula el tratado en su anexo financiero;

         c. el monto resultante por venta de la energía, si fuere cedida en su totalidad, alcanzará aproximadamente para cubrir la amortización e interés por la construcción de la usina hidroeléctrica más obras conexas, lo que corresponde cancelar a Paraguay como socio paritario en dicho proyecto;

         d. por tanto, no habrá utilidad que quede en el país o ella será mínima después de pagar las cuentas a la banca brasileña y transnacional que aportó los créditos.

         Bajo el supuesto del costo original de las obras de Itaipú, el precio de la energía a ser cedida a la otra parte ya resultaba sumamente bajo. Luego que ese costo se multiplicó por 8, el precio no revisado aparecía como una donación de algo que ningún país regala.

         Difícilmente que Brasil hubiera accedido a un tratado diferente al que firmó en atención a la escasa capacidad financiera, bajo poder de negociación y prácticamente ninguna otra opción energética del Paraguay. La mejor preparación del equipo negociador brasileño es otro factor que influyó durante las tratativas con su contrapartida paraguaya, para sacar finalmente un tratado que a las consideraciones de factibilidad técnico-económicas se agregaron las de duración y ventajas hasta 50 años después de la firma. Mientras más tiempo pase, a juzgar por los términos del mismo, más rentable será el aprovechamiento al disminuir las cargas financieras de la inversión y encadenarse progresivamente los retornos.

         ANDE tuvo el mérito de haber asesorado al gobierno en base a criterios de factibilidad razonables, atendiendo las circunstancias de disparidad de poder con Brasil y la necesidad de explotar fuentes alternativas de energía, de modo a paliar los efectos de la suba del petróleo. Se puntualizó anteriormente cuál fue el impacto de dichas subas en la balanza de pagos de los países de la cuenca. También el virtual cuello de botella que iría a enfrentar Paraguay de haber continuado dependiendo de las importaciones de crudo y derivados. En cierta medida ese cuello de botella se ha subsanado parcialmente mediante la importación de energía eléctrica en proporción cada vez mayor del Brasil.

         En 1973, cuando se decidió la firma del tratado de Itaipú, se sabía en círculos técnicos que el país no podría correr por sí sólo con la explotación de los recursos hidráulicos debido a las limitaciones financieras y técnicas del sector público. Tampoco podría resistir por tiempo indefinido la demanda de combustible líquido, con las consiguientes erogaciones de divisas que irían en ascenso -como efectivamente sucedió. Finalmente, había un problema de frontera con Brasil que se precisaba resolver. El tratado efectivamente trajo una solución a tales dilemas, los que conviene ver en su dimensión de 15 años atrás.

         El aprovechamiento del rio Paraná quedó abierto mediante dicho tratado, el problema de límites y en particular la propiedad de los saltos del Guairá fue resuelto por lo práctico sin desmedro de la soberanía de ninguno de los signatarios, y acabó superada la posibilidad de un freno al desarrollo por el continuado encarecimiento y dependencia del petróleo importado. Cuestiones de no poca importancia para un país que hasta la entrada en funcionamiento de la primera turbina de Itaipú siguió condicionado al abastecimiento energético proveído desde el exterior, en una cuantía de 100 por ciento para el petróleo y 40 por ciento para la electricidad^10/. Así como tuvo su lado positivo, el tratado no dejó de tener aspectos negativos. Esto último en tres cuestiones: precio de la energía, condiciones de contrato para la transferencia de la energía, y vigencia de las condiciones financieras. Se examinan tales puntos a continuación.

         PRECIO DE LA ENERGÍA

         En primer lugar no habrá pago por la energía que se ceda al Brasil, sino una mera compensación. Esta será equivalente a USD 300 por gigawatt-hora, fijado en 1973 como retribución fija. Mientras tanto el costo de las obras ha ido subiendo por el aumento del precio de los materiales y equipos empleados, ajuste de salarios del personal, ajuste en transporte y otros rubros relacionados con la provisión de elementos imprescindibles para la construcción de la represa, el desvío del curso de agua, etc. Es cierto que en el aumento de los costos, los cuales pasaron de USD 2.0 mil millones en abril de 1973 a USD 5.7 mil millones en febrero de 1976 y a USD 15.0 mil millones en 1983, según cifras oficiales, quedaron incluidas otras obras de infraestructura junto con cuatro generadores adicionales para elevar la potencia instalada de 10.000 Mw a 12.600 MW^11/. Sin embargo, un gran porcentaje de estos reajustes en costo correspondió a la inflación desatada durante esos años con incidencia sobre las obras ya previstas al firmarse el tratado.

         Una referencia cercana está dada por el precio del petróleo que en solamente dos años, de octubre de 1973 a octubre de 1975, aumentó en 438 por ciento. El precio de los reactores nucleares, otro elemento que debe tenerse en cuenta para medir lo inadecuado del precio fijo por gigawatt-hora comentado, subió de USD 300 por kilowatt de capacidad en 1970 a USD 1.135 en 1975^12/. O sea que el precio de la energía proveniente del petróleo y de las usinas nucleares tuvo variaciones tremendas, así como los mismos gastos requeridos para la construcción de la represa de Itaipú, pero la compensación que habrá de recibir Paraguay permanece inalterada. Aún faltan varios años para que finalicen las tareas de montaje, período durante el cual se realizarán otros reajustes que minimizarán aún más el valor real de la compensación. Si a esto agregamos el monto de las regalías establecido en USD 650 por gigawatt-hora generado y que tampoco prevé incrementos proporcionales a los índices de inflación, es indudable que cuando llegue el momento de pagar las amortizaciones por los préstamos mayores, más sus respectivos intereses, no quede mucho entusiasmo del lado paraguayo.

         Las maneras de salvar este defecto serían:

         a. renegociar el precio de transferencia según los incrementos del precio de la electricidad que se produce en ambos países, según el nivel de inflación en ambos países, según las subas comparativas de otras fuentes de energía (petróleo, por ejemplo), pudiéndose tomar incluso un promedio de todas ellas juntamente con las variaciones anuales en el costo de insumos hasta que termine la obra, de modo a obtenerse un precio realista por la cesión que Paraguay haga de la parte de energía que le corresponde;

         b. industrializar rápidamente el Paraguay de manera que no se haga ninguna cesión de energía, lo cual implicaría aprovechar localmente la parte que le corresponde. Es imposible llegar a esta segunda solución incluso hasta fines de siglo, como se demostró en proyecciones, por la limitación del mercado interno, insuficiente infraestructura y limitados recursos financieros. Aunque fuera intentada habría un excedente de energía por el funcionamiento de otras usinas de gran capacidad (Yacyretá y posiblemente Corpus). Quizá en un plazo más largo ésta sea la alternativa más indicada.

         En cuanto a las regalías, es conveniente no tratar de modificarlas al mismo tiempo que la compensación por correrse el riesgo de que esta última no sea elevada al nivel adecuado, previendo las exigencias de la otra parte que tiene mucho más campo de negociación y formas de presión a su disposición.

         Paraguay recibiría unos USD 60 millones a USD 80 millones anuales una vez actualizado lo correspondiente a la paridad del dólar respecto del "patrón peso y título en oro", tal como lo contemplan los parágrafos cuarto y quinto del artículo XV del tratado^13/. Esto es si se vende el total de la energía que le corresponde, 36.000 GWh. por año, y una vez que se actualicen los valores numéricos de compensación, regalías y otros de acuerdo al dólar norteamericano. Es previsible que en algún momento el gobierno brasileño acuerde reajustar el valor de las regalías (que recibirán ambas partes de la entidad binacional, en montos iguales, por la energía generada en la central) pero ofrezca sólo un reajuste menor por compensación de la energía a ser cedida por Paraguay. De cualquier manera, las cifras mencionadas de ganancia por 36.000 GWh año -que sería el tope a transferir en caso que aquí no se utilice nada de la energía de aquella central- no habrán de alcanzar siquiera para hacer frente a los gastos de extensión de la red eléctrica nacional tal como está proyectado^14/.

         El precio de USD 300 por gigawatt-hora de compensación significa USD 0.3 milésimos por kilowatt-hora, lo cual estará incluso por debajo del costo de generación de Itaipú. Canese calcula (con cifras de 1979) que el costo estará por los USD 18.06 milésimos por kilowatt-hora, en promedio, considerando intereses, amortización, gastos de operación, mantenimiento y administrativos^15/. Por su parte, los cálculos de ONUDI arrojan cifras similares. Según estudio técnico de dicha organización, el costo por kilowatt-hora en las barras de la central será de USD 11 milésimos desde que comience a operar la primera turbina hasta 1990, USD 16 milésimos a partir de ese año hasta el 2010, y de entonces hasta el año 2020 será de USD 10 milésimos. En promedio, unos USD 13 milésimos por kilowatt-hora, muy por encima de los USD 0.3 milésimos que contempla el tratado por la cesión de energía^16/. El costo a que llega ONUDI también se basa en amortización, intereses, gastos de explotación y gastos generales, sin contar transmisión ni distribución.

         Un estudio más reciente encomendado por el gobierno paraguayo a la GTZ de Alemania resume que a precios de 1980, el costo de la energía de Itaipú será de USD 28 milésimos (equivalen te a (Gs. 3.9) por kilowatt-hora. Agregando los costos de transmisión y las ganancias de ANDE, el precio al consumidor podría ser de Gs. 5 por kfowatt-hora^17/. Es evidente que de no compensarse adecuadamente por la cesión a Brasil, será mucho más conveniente utilizar localmente la energía a un precio tan bajo. El problema es cómo hacer para consumir localmente tanta energía.

         Canese llega a las siguientes conclusiones respecto del tema cesión de energía:

         a. Brasil no tiene una alternativa a la energía paraguaya de Itaipú. La energía hidráulica de sus ríos internos tiene una fecha cercana de agotamiento, por aprovechamiento total de los trechos "rentables", lo que es mucho más acentuado en la región sur-sureste;

         b. Brasil podría disponer de energía nuclear, pero a un precio muy superior al de la energía de Itaipú;

         c. las utilidades netas que recibiría Paraguay si se tomara como base el precio de la energía nuclear sería del orden de los USD 1.153 millones al año (en valores de 1978) para el total de la energía que le correspondiere de Itaipú;

         d. es necesario que el precio de la energía no quede sujeto a ningún patrón, sino exclusivamente a los precios de otros tipos de energía que inevitablemente irán subiendo con el tiempo^18/.

         Evidentemente que entre lo anteriormente anotado de venderse la energía a USD 300 gigawatt-hora y USD 1.200 millones si se la dejara flotar a valores de mercado, existe una diferencia lo suficientemente grande como para despertar tanto la astucia como las mejores inteligencias. La gestión será sumamente ardua para Paraguay.

         EXCLUSIVIDAD PARA TRANSFERENCIA DE LA ENERGÍA

         El derecho de adquisición de la energía no usada por una de las partes será privilegio de la otra parte, en períodos de 10 años, según se desprende del texto de la nota reversal intercambiada entre ambos países^19/.

         Esto significa que Paraguay no podrá transferir o vender la energía que le corresponde a otros países salvo que Brasil renuncie unilateralmente a tal derecho, lo cual es bastante improbable. Esta exclusividad es desventajosa para Paraguay, pero no tendría ninguna importancia si se acordara un justo precio por la compensación de transferencia. Se deduce del tratado que no podrán aceptarse mejores ofertas para lo que corresponda al Paraguay, ni planificarse el establecimiento de grandes industrias a partir de esa electricidad durante tales períodos de contrato.

         La Nota Reversal No. 5 otorga una tolerancia de 20 por ciento en más y en menos en la potencia contratada en el primer período y de 10 por ciento en el segundo, con un máximo de 100 mil KW de variación hacia abajo, lo cual representa para el Paraguay una pequeñez dada la envergadura de Itaipú. Se torna dudoso que el gobierno brasileño, de haber un pedido del Paraguay, decida retornar sencillamente la energía que recibe a bajo precio sin exigir concesiones a cambio. Esta es un arma que podría ser manejada por la otra parte, en conjunción con otras un tanto más refinadas, para moldear el desarrollo de la economía paraguaya de acuerdo a sus intereses. Se plantea pues su neutralización, lo cual sería factible si se libra a cada una de las partes el derecho de usar de la manera que más crea conveniente la energía que le corresponde, modificando la cláusula de exclusividad que representa el Artículo XIII y sus complementos^20/.

         Esta condición de exclusividad es contraria a una relación entre asociados. Técnicos nacionales aluden a la imposibilidad de realizar la transmisión de energía a Bolivia y a la dificultad que habría en Argentina por comprar la parte que le corresponde a Paraguay, argumentos ciertamente válidos pero no definitivos. De encontrarse consumidor fuera del Brasil el precio mínimo quedaría automáticamente superado.

         Una tesis es que al cederse al Brasil energía en la cantidad que sea, a un precio no cercano al de mercado, ya nunca será posible revertir el contrato de transferencia de modo que Paraguay pueda recuperar para uso propio dicha cantidad cedida. Es probable que ello suceda, teniendo Brasil un inmenso leverage sobre Paraguay, en particular a nivel de decisiones políticas. Energía cedida a bajo precio, por tanto, será energía no recuperable. Al fin y al cabo, ningún estado cede territorio ganado, salvo rarísimas excepciones, al que lo perdió. ¿De dónde o porqué nacen las guerras? En el caso de la energía sería similar: ella representa un recurso estratégico comparable a lo más valioso que pueda obtenerse de un área dotada excepcionalmente por la naturaleza.

         Es lógico razonar que, de no determinarse un precio que sea equiparable al que rige en el mercado en materia energética, Brasil no estará dispuesto a devolver lo que ya estaría absorbiendo para su propia producción. Corolario: frustración y disensión interna en Paraguay, acusaciones contra Brasil de neo-colonialismo, etc. Sintetizando el punto, no es la condición exclusiva de transferencia a la otra parte el quid del problema. Aunque éste puede ser puesto en la mesa de negociaciones cuando llegue el momento, de modo que eventualmente Paraguay pueda entregarlo como pieza o gambito del juego -a costa de llegarse a un precio adecuado para la energía a ser transferida, que es lo clave en este asunto. Así como se consiguió que el tiempo de duración del contrato de adquisición de la energía fuera disminuido de 20 a 10 años, será fundamental seguir negociando y hacerlo incansablemente para llegar a un tratado justo. La alternativa a ello es que Brasil aproveche el debilitamiento del frente interno paraguayo, por la controversia generada de un tratado defectuoso.

         VIGENCIA DE LAS CONDICIONES

         En el Anexo C se encuentra una condición que dice: "las disposiciones del presente Anexo serán revisadas, después de transcurrido un plazo de cincuenta años a partir de la entrada en vigor del Tratado, teniendo en cuenta, entre otros conceptos, el grado de amortización de las deudas contraídas por la Itaipú para la construcción del aprovechamiento, y la relación entre las potencias contratadas por las entidades de ambos países"^21/. Este anexo es el que sienta las bases financieras y de servicio referidas en los dos puntos anteriores. El obstáculo que éste párrafo opone a una renegociación es realmente formidable. Tal como está redactado indicaría que para procederse a rever cualquier cláusula financiera, se debe modificar antes dicha condición. No solamente eso, sino el mismo hecho que tales cuestiones en un contrato de aprovechamiento de un recurso natural se den por tanto tiempo no son justificadas.

         Cabe la pregunta si se consultó o no la redacción de otros tratados parecidos (en el área de explotación de hidrocarburos en Venezuela y Perú, por ejemplo), o si hubo alguna amenaza grave de parte del Brasil, o si las negociaciones fueron realizadas estrictamente en atención al interés nacional por los representantes paraguayos.

         Lo cierto es que para superar este obstáculo y los otros dos en el mismo Anexo C se necesitarán mucho más que protestas o declaraciones románticas. No existen imposibles, sin embargo.

         La evolución del sistema regional puede dar la oportunidad a Paraguay de revisar estas disposiciones que le son desfavorables. Lo que cuenta en el fondo es el poder que tiene un estado (y sus aliados) para apoyar sus pedidos o pretensiones ante los otros estados, más que la letra de un acuerdo. Necesario es reconocer que en esta instancia la balanza está totalmente a favor del Brasil. No bastaría por tanto recurrir a los medios diplomáticos usuales en caso de divergencia sobre la interpretación o la aplicación del tratado (Art. XXII), medios que no debieran desecharse pero que resultarían insuficientes si tales divergencias se plantearan a nivel de fondo. Adoptar una actitud de beligerancia sería, por otro lado, altamente contraproducente. El gobierno que haya aprobado un tratado no puede generalmente volver sobre sus pasos. Una estrategia diferente tardaría por tanto un cierto tiempo en concretarse.

         Las repercusiones de largo plazo y el impacto más amplio sobre Paraguay aparentemente tienen que ver con los puntos observados, los que de ser modificados servirán para contener el deterioro en el poder de decisión nacional. Aislarlos como se ha hecho no tiene otro propósito que llamar la atención sobre ellos, y sugerir opciones es una forma de búsqueda de soluciones.

         Las negociaciones con Brasil tuvieron como centro la actualización o reajuste de los costos de la obra, ante la inexistencia de una paridad oficial dólar-oro. Nada de renegociación del monto de la compensación fuera de éstos límites, según se desprende de las pasadas declaraciones de los directores de Itaipú Binacional Costa Cavalcanti y Debernardi^22/. Los negociadores paraguayos pudieran haber sondeado en algunas de estas conversaciones, de modo muy discreto, la expectativa de que hubiera un precio acorde con lo invertido y las utilidades previsibles. Pero como no hay un mercado de la electricidad, a diferencia de un mercado del algodón o del cobre con sus respectivos precios internacionales, la determinación de la compensación que recibirá Paraguay no puede sino estimarse muy gruesamente.

         Es posible que no haya demasiada receptividad en Brasilia para proceder a modificaciones sustanciales en lo que hace al anexo financiero del tratado. La situación recesiva en curso y la fluctuación de la demanda de electricidad en Brasil relativo a lo previsto anteriormente, hacen más dificultoso el reajustar la compensación. Con un trabajo cuidadoso que tome en cuenta la disposición de factores domésticos e internacionales para apoyar una presentación amistosa ante aquel gobierno, podrían lograrse mejores condiciones que las vigentes.

         Brasil cuenta a su favor con el argumento de respetar lo pactado. Pero un empantanamiento de la renegociación sería desfavorable a las relaciones paraguayo-brasileñas y, eventualmente, podrían desembocar en una crisis de imprevisibles consecuencias con efecto sobre toda la cuenca del Plata.

NOTAS

^1/Servía entonces como jefe de misión Robert White, quien tan pronto asumió el presidente Reagan fue reemplazado por Arthur Davis, menos dispuesto a declaraciones públicas y con un enfoque completamente distinto en relación al gobierno paraguayo que su antecesor. Era consecuencia natural del cambio de administración demócrata a la republicana en EE.UU.

^2/Algunas, apreciaciones en torno al tema en Riordan Roett 1978: 160 y ss. Las concepciones geoeconómicas, hoy plenamente vigentes en las relaciones de Brasil con sus vecinos del Plata, se materializaron en el ofrecimiento del puerto franco de Santos al Paraguay durante la II Guerra Mundial, antecedente de la vinculación ferroviaria y carretera con los puertos brasileños del Atlántico que al presente están terminados o en construcción.

^3/Sobre el tratado de interconexión ferroviaria con Brasil se hacen observaciones en Ricardo Canese 1981: 181 -190.

^4/Veja, 15 fevereiro1978: 26 - 34. Fue una de las más ácidas reacciones de la prensa brasileña directamente contra el régimen Stroessner, en la que se denunciaban algunas de las más brutales características de lo que la revista calificaba como ' forma dictatorial y simplista de gobernar', hacía consideraciones sobre la sucesión presidencial y se refería a la 'farsa electoral' repetida por varios lustres. Trabajo de investigación periodística, sacaba a luz además las actividades del entorno presidencial y de algunas figuras de la élite no-gobernante.

^5/Visión, "Brasil potencia emergente", vol. 47. No. 4, 1 agosto 1976: 10.

^6/Golbery do Couto e Silva 1957. Un recenso del artículo de Araújo e Castro, en español, en La Opinión, 9 de febrero 1972, titulado "Seguridad e interés nacional en relación con la convivencia y la cooperación latinoamericana".

^7/ El Club Nuclear se halla integrado por EE.UU., URSS, Gran Bretaña, Francia, Rca. Popular China e India, que desarrollaron en esa secuencia bombas atómicas. Los países con capacidad para construir bombas nucleares son: Canadá, R. F. de Alemania, Israel, Italia, Japón, Pakistán, Sudáfrica, Suecia y Suiza, aunque algunos no tengan planes específicos conocidos para poseerlas. Entre los que podrían construirlas en los próximos años están: Argentina, Australia, Bélgica, Brasil, Dinamarca, Irak, Corea del Sur, Holanda, Noruega, España y Taiwán Newsweek, 22 June 1981: 15, en base a informaciones de IAEA y gobierno de EE.UU.

^8/Aníbal Miranda 1982:323.

^9/UIP enero 1980: resumen. Se prevé para 1995 un consumo industrial de 8.000 GWh por año, incluyendo el consumo de electro intensivas como planta de papel para periódico, aluminio, siderúrgica, ferromanganeso, ferrosilicio, y con menor probabilidad fertilizantes, soda cáustica, cloro, magnesio y metanol.

^11/ Jornal do Brasil, 20 junho 1976, 32.

^12/Norman Gall en Foreign Policy , 23 (Summer 1976): 190.

^13/En valores de 1983. El dólar norteamericano dejó de tener paridad oficial con el oro, por lo que se previó negociar el monto de la paridad para compensación, royalties y utilidades a regir. El parágrafo quinto del Tratado, Art. XV, expresa: "Este valor con relación al peso y título en oro del dólar de los Estados Unidos de América podrá ser substituido en el caso que dicha moneda dejare de tener referida su paridad oficial respecto al oro".

^14/MIC/GTZ febrero 1982: 42 - 44. El Plan Nacional de Ampliación de Areas Servidas en el interior del País contempla tres planes regionales, a saber, Centro con la construcción de una segunda red de Acaray a San Lorenzo; Sur con la electrificación de los departamentos de Alto Paraná, Itapúa, Misiones y Ñeembucú; Norte con abastecimiento para los departamentos de Caaguazú, San Pedro, Concepción y Amambay. Total 900 km. de redes que van de 220 KV a 23 kV más 8 estaciones de transformadores.

^15/Ricardo Canese, marzo 1980: 53.

^16/ONUDI abril 1978: 12.

^17/MIC/GTZ cit.: 43. La compensación según el tratado de Yacyretá, sobre la base de lo establecido en 1973, será de USD 2.998 por gigawatt-hora. ANDE estima que el precio de la energía de Itaipú será finalmente equiparado al de Yacyretá. El sistema de reajuste para actualización de costo en Yacyretá ya está establecido, no así para Itaipú. No hay seguridad que Brasil termine por equiparar el precio que pagará a Paraguay por la energía a recibir, al nivel de la energía de Yacyretá. En el mismo Plan Maestro citado se deja abierta la interrogante a esta cuestión, la cual se presume será motivo de largas discusiones paraguayo-brasileñas.

^18/Ricardo-Canese, en La Tribuna, 12 al 29 de diciembre 1978. Un compendio de esas sugerencias y de artículos aparecidos en otro diario asunceno se publicó bajo el título "Ideas preliminares sobre el qué hacer con la energía de Itaipú".

^19/Artículos XIII y XIV del tratado de Itaipú y Anexo C. II del mismo. El tratado estableció originalmente un lapso de 20 años de duración para cada contrato, posteriormente reducido a 10 años.

^20/En un artículo escrito cuando todavía regía la cláusula de los 20 años, se sugería negociar para bajarla a 10 años, lo que mejoraría las condiciones de transferencia. Ver Aníbal Miranda en Estudios Paraguayos vol. IV No. 2 (Diciembre 1976): 152.

^21/En la última cláusula de las bases financieras y de prestación de servicios de electricidad de la Itaipú, Anexo C del tratado, bajo título de Revisión.

^22/HOY en la Economía, 10 abril 1983: 7, ABC Color, 13 de abril 1983: 11.

CAPITULO IX

CONCLUSIONES

         1. El "milagro paraguayo" acabó, incluso para los que en algún momento creyeron tal cosa. Ese era el nombre que en algunos ambientes designaba lo rentable del boom de los'70. Como un gigantesco globo que repentinamente pierde aire esparciendo a su paso confusión y daños, aunque no tan considerables como los ocasionados por el despilfarro y el poder no controlados, se ha venido achicando la economía de abundancia y con ella, las expectativas triunfalistas. Todavía la prosperidad se mantiene para quienes han puesto algo de su esfuerzo y el dinero ajeno en negocios rentables, con garantía del estado.

         La situación de crisis que atraviesa el país no es circunstancial. En este trabajo se mencionaron algunas de sus causas, siendo las más gravitantes aquéllas de estructura. Ellas y la falta de respuestas adecuadas van empujando al ocaso a un régimen que se sostuvo en el poder fundamentalmente mediante el uso de la fuerza, las prebendas y la afinidad de intereses entre la cúpula de las fuerzas armadas y un partido de masas, con un jefe que se impuso por sobre las rencillas y desavenencias entre clientelas, lugartenientes y grupos de presión, al mejor estilo de un power broker. Este ocaso se debe al factor político-económico, por otro lado la biológica, con el límite del ciclo vital qué van alcanzando los que mandan. Varios de ellos son irremplazables en la estructura jerárquica con el grado de lealtad personal a su jefe, pilar de funcionamiento ordenado de la administración del estado. No obstante, carece de fundamento concreto el pensamiento de que la transición política está en curso.

         Por delante cabe ver la oportunidad derivada de poseer un recurso valioso como la energía, vasta superficie del territorio fértil y poco explotado. Por sobre todo está la disciplina de trabajo de un pueblo habituado a una vida espartana, en su gran mayoría. Queda un tiempo por delante antes que los emprendimientos binacionales comiencen a generar retorno. Para cuando ellos estén funcionando a plena capacidad, se ha expuesto en esta tesis un escenario en algunos aspectos parecido al que cimentó la recuperación de Europa después de la II Guerra Mundial. Se prevé que bajo condiciones favorables, habrán de afluir alrededor y a lo largo del río Paraná (para los tres países ribereños) en busca de aprovechar la energía más los recursos naturales en abundancia, unos USD 50 mil millones en capital. Suficiente como para hacer de Paraguay una suerte de enclave de podes empresas transnacionales y/o un satélite de Brasil, pero con una gran dosis de voluntad y trabajo honesto (algo que corresponde difundir en los hechos como ejemplo a una dirigencia futura) se tornará en vector para el desarrollo nacional y, complementariamente, en elemento de una integración zonal que tienda a restablecer un cierto equilibrio de fuerzas argentino-brasileño.

         En esa difícil e hipotética tarea el papel de Paraguay será el tradicional de presiones (estado tapón) entre los intereses divergentes de los dos estados más poderosos de la cuenca del Plata. Añadido a uno nuevo mucho más activo, el de instigador, componedor y partícipe en proyectos multilaterales que tengan por condición la competencia limitada, el pluralismo ideológico y la acción común entre los estados limítrofes. Para que ello sea factible son requisitos:

         a. el restablecimiento de la capacidad de negociación argentina, una vez solucionados sus problemas económico-políticos de mayor gravedad y recuperada su voluntad de ejercer una influencia acorde con sus posibilidades dentro de la zona;

         b. la renegociación del tratado de Itaipú, de lo que depende en mucho la viabilidad financiera de Paraguay y su ritmo de crecimiento (sin crecimiento no hay desarrollo);

         c. la participación popular en el esfuerzo de construir aquí un estado moderno y una nación unificada, de la cual surja una dirigencia con inequívoca observancia de los intereses nacionales por sobre intereses personales o de élite, a la vez honesta, capacitada y firme;

         d. finalmente, pero no menos importante, la decisión de Brasil de ejercer un liderazgo que no implique la anulación de la soberanía de los estados menores de la zona, teniéndose por descontado que ese liderazgo será ejercido de todas maneras. La política exterior de Brasil, lúcidamente concebida y ejecutada con notable habilidad, se ha distinguido por ganar posiciones sin recurrir por lo general a la fuerza. La jugada previsible de Brasilia será continuar negociando mientras gana influencia. Ello no es incompatible con el desarrollo de los países vecinos y la estabilidad de la zona platense, lo que a su vez requiere la compatibilización de intereses entre las partes -lo que ya se ha logrado por una vez con el acuerdo tripartido Itaipú-Corpus.

         2. El crecimiento en Paraguay fue acelerado en el período 1973-81, habiendo alcanzado en el período 1976-1981 el más alto ritmo en América Latina. Mucho ha tenido que ver en ello la erección de los complejos hidroeléctricos sobre el río Paraná. Tan pronto ellos redujeron su actividad, la economía paraguaya respondió desacelerándose, y se inició un ciclo de recesión todavía no superado totalmente.

         El ingreso de divisas por las respectivas entidades binacionales y las inversiones directas del exterior atraídas por las favorables condiciones de la tierra, materias primas y la potencial abundancia de energía tuvieron el efecto de arrojar saldos positivos en la balanza de pagos. La afluencia de divisas ayudó a que se incrementara notablemente el comercio de y hacia el Brasil a través del Puente de la Amistad y a lo largo de toda la frontera seca. Pedro Juan Caballero, Salto del Guairá y Puerto Pte. Stroessner se volvieron activos puntos de contrabando.

         El precio de las tierras, los alimentos y alquileres, la producción agrícola y servicios en general acusaron el impacto combinado de aquellos factores, primero subiendo rápidamente y luego con fluctuaciones. Se experimentó auge en algunos renglones de producción primaria como soja y algodón, relacionado al alza de los precios en el mercado internacional. La dinámica del crecimiento desequilibrado ocasionó una espiral inflacionaria que tuvo su pico en 1979, con tendencia a rebrotar por la especulación de moneda.

         Un limitado proceso de industrialización centrado en los rubros agrícolas de más alta demanda, en la provisión de bienes para la construcción y en algunas manufacturas livianas de alto consumo local tuvo lugar. Antecedido por la puesta en marcha de la represa de Acaray, la instalación de una planta de cemento en Vallemí, comunicaciones viales, telefónicas y telegráficas ampliadas, obras de infraestructura que posibilitaron la movilización del ahorro doméstico y mayores inversiones privadas extranjeras. Sin embargo, pocos fueron los encadenamientos hacia adelante y por tanto el proceso de industrialización se vio gravemente fragmentado y discontinuo.  Así por ejemplo se tiene fábricas de heladeras pero no del motor, gas en garrafa pero no la garrafa, ciertas bebidas pero no sus envases, y en muy contados casos se tiene producción de bienes de capital. La razón es que a más del reducido mercado interno, los otros factores -el contrabando y la corrupción- han anulado las ventajas estipuladas en la ley de inversiones. Se diluyeron por tanto la seguridad y rentabilidad de largo plazo, incentivándose consecuentemente aquellos negocios ilegales de resultados rápidos con altas ganancias.

         La región del Alto Paraná se constituyó, por influencia de Itaipú en lo fundamental, en el principal polo de crecimiento en Paraguay. Muy cercanamente dependiente de la economía brasileña. Colonos, capital, mercado para las exportaciones, aprovisionamiento de materias primas e insumos industriales, energía, son los elementos que integran cada vez más la economía paraguaya a la de Brasil. A través de esta última, la economía paraguaya fue adaptándose a los requerimientos de la cambiante estructura de demanda internacional, sin haber perdido el país su carácter periférico.

         Para Paraguay se ha dado con el inicio de los emprendimientos hidroenergéticos una nueva fase de desarrollo, la de modernización periférica. Ella es:

         a. dinámica por el ritmo acelerado del crecimiento, seguido de un ciclo recesivo que ha acarreado retrocesos en medio de las transformaciones ya experimentadas en la estructura económica doméstica;

         b. desequilibrada por ensanchar, primero, la diferencia de productividad entre las distintas actividades; segundo, la retribución a los distintos factores de la producción. Actividades como la construcción y servicios financieros, agroindustrias y comercio exterior se caracterizan por su alto componente de capital y tecnología importada. El sector tradicional constituido por la explotación agrícola minifundiaria, artesanía y pequeña industria, servicios privados y toda una serie de actividades informales es fuente de subsistencia para la mayor parte de la población, siendo su característica general la rudimentaria tecnología, escaso capital y bajo grado de organización que las limita. La suba general de los precios respondida por reajustes inadecuados de salario y los precios bajos pagados al productor campesino por sus cosechas han aumentado la brecha distributiva, agudizando la acumulación y concentración del ingreso;

         c. dependiente, por ser el impulso exógeno al sistema doméstico. Su causa se originó en la situación energética mundial a partir de la crisis del petróleo que repercutió en Brasil, en menor medida en Argentina, apresurando a sus gobiernos a encarar el aprovechamiento del rio Paraná. Paraguay no cuenta con mercado suficiente ni infraestructura apropiada para utilizar la energía, ni estará en condiciones de hacer uso de ella en cantidad sustantiva hasta tanto no se sienten las bases de un estado moderno que facilite una vasta reestructuración del aparato productivo.

         Encauzar el actual proceso de desarrollo para obtener de él el máximo de ventajas representa uno de los mayores desafíos que se ha presentado en el curso del presente siglo a la nación paraguaya y a su dirigencia. El proceso de modernización, con las contradicciones y fricciones que está ocasionando, apunta en la dirección de mutaciones estructurales de magnitud en el curso de los próximos años.

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UNDP/OLADE. Requerimientos futuros de fuentes no convencionales de energía en América Latina (Quito, 1979).

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Paraguay Económico y Paraguay Gremial

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Revista de la CEPAL y CEPAL Notas

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INDICE

Abreviaciones y siglas 

Prólogo

CAPITULO I

Introducción

CAPITULO II

Formulación del tema

Ciclos energéticos

Contenido y alcance del estudio

Fundamento teórico

Conceptos

Hipótesis

CAPITULO III

Antecedentes de los tratados

Crisis del petróleo

Rivalidad argentino-brasileña

Negociaciones y acuerdos

CAPITULO IV

Gestión energética-hidroelectricidad

Otros proyectos binacionales

Proyecciones

CAPITULO V

Efectos económicos      

Producto

Balanza de pagos

CAPITULO VI

Distribución del ingreso

Desnivel en rentas

Evolución regresiva

CAPITULO VII

Pautas demográficas

Migración externa

Colonización

CAPITULO VIII

Política exterior

Relación privilegiada con Brasil

Escenarios probables

Renegociación del tratado de Itaipú

Exclusividad para transferencia de la energía

Vigencia de las condiciones

CAPITULO IX

Conclusiones

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