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JULIO CÉSAR FRUTOS

  LOS PACTOS ENTRE PARTIDOS POLÍTICOS - Por JULIO CÉSAR FRUTOS - Domingo, 26 de Mayo del 2013


LOS PACTOS ENTRE PARTIDOS POLÍTICOS - Por JULIO CÉSAR FRUTOS - Domingo, 26 de Mayo del 2013

LOS PACTOS ENTRE PARTIDOS POLÍTICOS

 

Por JULIO CÉSAR FRUTOS

 

Aunque es más común que los acuerdos o pactos políticos sean objeto de consensos personales, existe una tradición que las instituciones cívicas o partidos políticos, incluso de diferente signo ideológico, recurran a estos cuando las condiciones extremas los exijan.

La crónica registra algunos de ellos que se hicieron manifiestamente públicas, así como cuando las circunstancias han determinado la quiebra o el abandono del pacto, muchas veces de tono dramático.

Los acuerdos demostraron que al lado de la confrontación —un ingrediente sólido y repetitivo en la praxis cívica— ha existido una cultura de la concertación, que a veces permanecía secreta o adquiría la modalidad de hacer público y manifiesto como que no existía nada que ocultar en forma aparente.

Es así que se concertaron pactos cívicos institucionales entre republicanos colorados y los liberales con una asiduidad increíble, poco menos que pasa inadvertido hasta al historiador o cronista más exigente. Una síntesis de estas modalidades pactistas es la siguiente.

1. Los pactos revolucionarios que se propusieron la conquista del poder público, como aquel que suscribieron Bernardino Caballero y Benigno Ferreira en 1909, en Buenos Aires, para derrocar al liberalismo radical; o en otras época, en 1911, cuando se trataba de mantener en el poder público al presidente Liberato Rojas, al que con armas en la mano el pueblo republicano lo quiso sostener. En esta categoría se incluye el pacto de Corrientes de 1912, en que jaristas, liberales democráticos y republicanos acuerdan el acceso al poder por la vía revolucionaria. El intento fue imposible ante el equipamiento fuera de lo común del armamento adquirido por Schaerer con el préstamo obtenido de la firmas Farquart, de 1.700.000 pesos oro.

2. Los pactos de paz, con alcances políticos institucionales, como los de 1874 y 1904, en virtud de los cuales fue modificada la composición del gobierno, ya sea del propio Poder Ejecutivo, o el Gabinete y otros cargos menores, e incluso hubo acuerdo para posteriores nominaciones. En ambos casos se pactó la conclusión de la revolución militar y se hizo sentir con fuerza decisiva la influencia de gobiernos extranjeros. La brasileña en 1874 y la argentina en 1904. El último se suscribió en una cañonera de bandera argentina; en el anterior, el texto del pacto se elaboró en portugués.

3. Los pactos parlamentarios para facilitar la concurrencia a elecciones para renovar las Cámaras con listas elaboradas previamente de común acuerdo, y con reserva del número fijo de los registros electorales para cada uno de los partidos.

Por el acuerdo se deja en libertad a cada partido que designe como candidato a cualquiera de sus afiliados y surgía la obligación de ser aceptado por el otro partido. Si bien era realizado el acto mecánico de votar —entonces la emisión del voto era de viva voz— cualquiera sea el número de sufragantes, la banca era adjudicada, en virtud del pacto a la persona nominada. Los directorios de los partidos fueron los que negociaban dicho acuerdo, nombres, designaciones, etc., con lo que se ampliaba la lista de nuevos colores partidarios, y significó un avance en cuanto a evitar la pugna electoral siempre ríspida y a veces hasta violenta.

Este tipo de pactos funcionó en los años 1895, 1897, 1899, 1901, 1906 y 1912, entre liberales y colorados, hasta que el Dr. Cecilio Báez consideró que había de suprimirlos por la excesiva liviandad cívica del sistema.

4. Un pacto exótico. En el año 2008, el Partido Liberal Radical y una suerte de partidos de tendencia izquierdizante acuerdan suscribir un pacto original, indefinido y hasta exótico, por tratarse de grupos de ideario o ideología muy opuestas entre sí. En virtud del acuerdo, se entregará al líder del grupo minoritario, un exobispo católico que venía precedido de una activa lucha social, y la vicepresidencia al Partido Liberal. No importaba que este último fuera “el buque insignia electoral”, que aportaba el 80 % del electorado, porque se prometía ministerios y otros cargos de gran porte presupuestario, que compensaría con creces la renuncia a la presidencia de la República, cargo a que el liberalismo no llegaba hacía 70 años.

No existía pacto acerca de políticas de Estado ni un código a ser mantenido en el ejercicio del poder y, además, faltaba el animus societatis que ya los romanos ponían como condición para realizar buenos acuerdos. Pero lo principal —la distribución o cuoteo previa de los cargos públicos— motivó una activa presencia electoral y el partido republicano, que cooperó con errores significativos, sufrió una derrota electoral predecible y anunciada por sus propios voceros, entre otros el presidente de la ANR. Tan significativa fue la crisis interna colorada que en las elecciones nacionales no pudo arrimar el coloradismo el número de votos que participaron en sus internas.

El resultado electoral confirmó que el coloradismo podía ser vencido solamente con un acuerdo de todas las fuerzas que se le oponían históricamente, como ocurrió por primera vez en las elecciones del 2008.

El nuevo gobierno asumió el 15 de agosto de 2008, se cumplió la distribución de cargos prometidos, aunque la administración inexperta y dolosa tuvo más desaciertos que buen gobierno. La corrupción fue un azote y la acción del denominado Ejército del Pueblo Paraguayo creció en secuestros y violencias, cundiendo una inseguridad para el productor, al mismo tiempo de una corrupción policial alarmante y un ejército que licenciaba a sus jefes, para sustituirlos por una nueva clase sumisa y obediente. Cuando se descubre que detrás de la apariencia oficial se encaminaba el Estado hacia el signo ideológico del socialismo del siglo XXI, el sector liberal se percató de que ya nada tenía que hacer y cuando empezó a perder cupos y ministerios, y el populismo del grupo del exobispo presidente se hizo intolerable y violento —y se llegó al asesinato en Curuguaty— el pueblo murmuraba la alternancia y el Congreso llegó a la conclusión que la aplicación de la disposición constitucional del juicio político al presidente era viable, posible y hasta necesario.

El juicio político se realizó con el cumplimiento estricto de las leyes de fondo y de forma; nunca antes ocurrió algo similar. (En el anterior, Cubas renunció y, en 1931, Guggiari no pasó de Diputados por no ser imputable).

En el juicio, Lugo tuvo la oportunidad de la defensa, pero tuvo que ser breve por la inminencia y posibilidad de desbordes artificiales de la clientela del oficialismo, y la riesgosa participación de funcionarios extranjeros en una injerencia insultante, como la arenga del canciller bolivariano a los jefes del ejército a que reaccionaran militarmente para la defensa del exobispo presidente. Lugó aceptó las resultas del juicio, aunque luego cambió.

La casi unanimidad de los votos de diputados y senadores liberales y colorados daba la seguridad que con la expulsión del presidente se realizaba un propósito real de la voluntad popular. Los parlamentarios tenían legalidad y legitimidad para hacerlo: fueron electos con igual legitimidad en que fuera electo el presidente Lugo.

Era la primera vez que ambas Cámaras estuvieron de acuerdo en dar una solución constitucional a una crisis nacional que amenazaba con terminar el sistema republicano de gobierno y, en ese sentido, dieron sus votos los parlamentarios de los cuatro partidos integrantes del Congreso.

Quedaba demostrado, además de todo lo que ocurrió posteriormente, que la suscripción y realización en la práctica de un pacto o acuerdo de partidos políticos y agrupaciones tan diferentes ideológicamente y tan carentes a la filosofía republicana de gobierno, y nucleadas exclusivamente con un fin electoral excluyente, lleva sobre sus hombros el riesgo de una quiebra, más tarde o más temprano, como ocurrió posteriormente.

Las elecciones nacionales últimas del 21 de abril han otorgado al expresidente Lugo, electo senador, un número insignificante de votos, que demuestran que el pueblo paraguayo ha ratificado que aquella decisión del Congreso de expulsarlo del gobierno por mal desempeño tuvo amplia justificación.

El amplio resultado que favorece a los partidos tradicionales —el Colorado y el Liberal— ratifica el rechazo al sistema bolivariano, del socialismo del siglo XXI. La conjunción doctrinaria de los dos partidos tradicionales —respetando sus disputas menores— aseguran para el futuro una democracia estable y la vigencia de un sistema económico que tenga vigencia la primera disposición constitucional: la construcción de un Estado social de derecho.

Un Estado en que la igualdad pueda surgir del trabajo tesonero y productivo, y surja con nuevos beneficios y no con mayores miserias. La mendicidad y el asistencialismo —quizá necesario en breves coyunturas— deben dar lugar al pleno empleo fundado en miles de oficios y profesiones hábiles que reclama la sociedad de nuestros días. Y lo reclama la inversión que se avecina, precisamente porque la ecuación, abundante energía, más paz social y una clase política definitivamente republicana crea el escenario ideal para el crecimiento compartido del capital y la empresa y el trabajo digno con seguridad social incluida. Una sociedad que aspire nuevas visiones y no nuevas invasiones.

 

Publicado en el SUPLEMENTO CULTURAL del diario ABC COLOR

En fecha: Domingo, 26 de Mayo del 2013

Fuente en Internet: ABC COLOR DIGITAL/ PARAGUAY


 

 

 

 

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