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RICARDO CANESE

  LUCHA Y TIERRA URBANA EN ASUNCIÓN - Edición al cuidado de RICARDO CANESE, ANTONINO PÁEZ y CARLOS VILLAGRA MARSAL - Noviembre de 1986


LUCHA Y TIERRA URBANA EN ASUNCIÓN - Edición al cuidado de RICARDO CANESE, ANTONINO PÁEZ y CARLOS VILLAGRA MARSAL - Noviembre de 1986

LUCHA Y TIERRA URBANA EN ASUNCIÓN

EL DERECHO DE LOS POBRES A LA TIERRA Y LA VIVIENDA

Prólogo de Monseñor ISMAEL ROLÓN,

Arzobispo de Asunción

EQUIPO ARQUIDIOCESANO DE PASTORAL SOCIAL (EAPS)

Edición al cuidado de RICARDO CANESE,

ANTONINO PÁEZ y CARLOS VILLAGRA MARSAL

Editorial ARAVERÁ

Serie Ciencias Sociales N° 3

Impreso en los Talleres Gráficos de

EDITORA LITOCOLOR

Asunción - Paraguay

Noviembre de 1986 (250 páginas)




PRÓLOGO


         Todo esfuerzo por buscar soluciones más justas y equitativas es laudable. Cuando se trata del bien común, es todavía más laudable.

         El estudio que presentamos es un esfuerzo en este sentido: buscar soluciones más justas para los damnificados por las inundaciones de la ciudad de Asunción.

         No está todo dicho. Es más bien el comienzo de una búsqueda. El equipo interdisciplinario que ha elaborado el informe, es muy consciente de ello. No viene a dar la última palabra, sino a presentar nuevas alternativas para ser discutidas por la ciudadanía, y hallar, juntos, la solución más justa y conveniente para nuestra ciudad.

         Lo original del estudio, y por ello ha sido propiciado por Pastoral Social Arquidiocesana, es que el punto de mira para encarar la solución, no es solamente el progreso material de la ciudad, sino el del hombre.

         El principio antropológico cristiano orientador es de que "la ciudad es para el hombre y no el hombre para la ciudad".

         Desde esa óptica se enfoca especialmente al hombre más desprotegido y socialmente más débil, y se busca una alternativa al problema de la creciente que sea técnica y financieramente viable, y favorezca los intereses y necesidades básicas de los más pobres de la comunidad ciudadana.

         El estudio va pues, dentro de la línea de la opción preferencial por los pobres que asumió la iglesia, y es un desafío para todos los cristianos, especialmente para los que tienen responsabilidades públicas; pues señala muy concretamente líneas de acción para la búsqueda del bien común que ningún político puede dejar de lado.

         El libro, sin embargo, no es sólo para los políticos; ofrece los datos que todo ciudadano requiere para tener una visión adecuada del problema que afecta a tantos hermanos nuestros. Y es responsabilidad de todo ciudadano apoyar o rechazar las soluciones acertadas o desacertadas que se intenten implementar para resolver los problemas ciudadanos.

         Este libro ayudará a ello.


         Ismael Rolón

         Arzobispo de Asunción




A MODO DE INTRODUCCIÓN


         Asunción crece y progresa, pero, ese progreso, ¿es para todos sus habitantes o sólo para algunos de ellos? Hablando más claramente, ¿Asunción es sólo para los ricos o es también para los pobres?

         El presente libro pretende iniciar una discusión sobre estas cuestiones. Quiere ser una crítica a la forma como se encara, actualmente, el planeamiento de la ciudad, pero, a su vez, presenta alternativas que puedan generar soluciones nuevas a viejos problemas. Partimos de un principio, la producción social de la ciudad, en caso que se implemente una buena política urbana, es un marco adecuado de convivencia humana para todos sus habitantes.

         Si una ciudad fuera conformándose en función de sólo un grupo de personas en perjuicio de otros grupos, se trataría de una ciudad mal organizada, deshumanizada.

         Un aspecto fundamental, pues, que debe ser analizado en profundidad, es la actual orientación del crecimiento de la ciudad; ¿coincide el crecimiento económico de Asunción con un proceso de verdadero desarrollo?

         Sin pretender hacer un análisis profundo de estos conceptos, se podría decir que crecimiento es todo aumento, de la producción y el consumo, independientemente de los resultados que produce en las condiciones de vida de todos los sectores sociales, de ahí que no siempre coincide con el concepto de desarrollo, especialmente cuando se habla de una comunidad en el país.

         Debe entenderse por desarrollo el mejoramiento de la calidad de vida de la mayoría de la población en forma permanente y no sólo momentánea, que repercute en una mejor convivencia entre todos los habitantes de la ciudad, basada en una realidad más justa, tanto en el reparto de los bienes como de las cargas de la sociedad, de acuerdo a las posibilidades de cada uno. El desarrollo, así definido, es un concepto profundamente diverso del crecimiento económico y su aplicación implica soluciones radicalmente distintas, humanamente mucho más ricas y valederas de las que se busca con la Ideología del Progreso, que se fundamenta en un crecimiento económico meramente materialista. En consecuencia, ¿puede entenderse que Asunción se desarrolla porque cuenta con más calles asfaltadas, posee una mayor cantidad de edificios altos, más equipos de aire acondicionado, mejores avenidas para más automóviles y escaparates más suntuosos?

         No es lo mismo la existencia de algunos signos de modernidad que el verdadero desarrollo. El concepto de desarrollo limitado a sólo lo material es superficial, esencialmente erróneo, y, además, básicamente materialista y consumista.

         Cuando se aplica una política urbana basada en un crecimiento económico mitificado por la ideología del progreso, las consecuencias son nefastas para toda la sociedad, porque en ella, la ciudad es asimilada a un organismo situado por encima de los seres humanos que la habitan, y se pone énfasis en las condiciones materiales de la ciudad, y no en las condiciones de vida de sus habitantes.

         Además, dicha ideología es atea. Quizás nos asuste un poco la expresión porque estamos acostumbrados a aplicarla a los comunistas. Pero en realidad el mero crecimiento económico que propugna la sociedad hoy es ateo, no porque niegue la existencia de Dios en teoría, sino porque en la práctica lo expulsa de su horizonte, negándolo en los hechos.

         Se trata, también, de una teología anticristiana, pues los que la sustentan buscan soluciones que convengan a los intereses del capital y de unos pocos acaudalados, rechazando en la práctica los derechos de Dios, que son, de acuerdo a la más pura doctrina de Jesucristo, los derechos de los más pobres (Mt. 25, 31-46).

         En otras palabras, la sociedad actual aplica el principio consumista y anticristiano de que el hombre es para la ciudad y no, como deberla ser, la ciudad para el hombre.

         Las críticas que se pueden hacer al desarrollo puramente material de la ciudad de Asunción, también pueden efectuarse, obviamente, desde una óptica profundamente humanista. Basta ser sensible a los graves problemas sociales por los que atraviesan los más pobres para adoptar una postura de defensa del hombre y de sus derechos vitales. Estos deben estar por encima de las cosas materiales y de los intereses económicos de los poderosos, en las soluciones urbanísticas que se busquen.

         Por todo ello la Iglesia, como la conciencia moral de la Nación, no puede permanecer indiferente cuando constata que, ante graves problemas urbanos, no se implementan las soluciones más adecuadas; o que, las que se emprenden, son perjudiciales para una gran parte de los más pobres de la ciudad. Esto último es lo que, lamentablemente, está pasando.

         Desde siempre, pero en forma especial a partir de la creciente de 1979, el Equipo Arquidiocesano de Pastoral Social (EAPS) y otras organizaciones de la Iglesia, como el Equipo Nacional de Pastoral Social (ENPS), parroquias y grupos de laicos organizados, se preocuparon de la suerte de los damnificados por las crecidas del río Paraguay.

         También desde un punto de vista teórico, diversos núcleos de investigadores en el campo de las ciencias sociales, analizaron críticamente la situación y las causas que originan la existencia de los grupos damnificados (1). La reflexión del EAPS se forja en este proceso de paulatina toma de conciencia, que se ha ido elaborando desde sectores y grupos muy diversos, y que, sin duda, tuvo su impacto en toda la sociedad paraguaya.

         El trabajo del Equipo Arquidiocesano de Pastoral Social se integra y desarrolla a partir de una relación directa con los grupos damnificados cuando estaban en el Bañado y dolorosamente debían partir a los campamentos de refugio.

         El EAPS discutió largamente con ellos las posibles soluciones al problema de la creciente. Y, lo más importante, no todo quedó en palabras, sino que se pasó a la acción. De acuerdo a los más sanos principios de la promoción humana, se integró a los propios damnificados en la búsqueda e implementación de algunas soluciones alternativas a su dura problemática.

         Los resultados no fueron espectaculares, pero van señalando posibles caminos, algunos de ellos bastante difíciles.

         Se puede citar, por ejemplo, el sistema de ayuda mutua para la construcción de viviendas por parte de los mismos damnificados, en lugares de reasentamiento no afectados por la creciente. En este caso se trata de una solución aceptable tan sólo para un grupo de damnificados, por las dificultades económicas y de organización que se presentan. Pero se ha llegado a la conclusión de que las soluciones no son las mismas para todos los casos.

         Hay experiencias de construcción de casas elevadas, en las zonas inundables, a fin de evitar el traslado en cada creciente. Es, también, una alternativa válida en algunas circunstancias.

         El EAPS estuvo en contacto, por otra parte, con los pobladores que han experimentado en carne propia las "soluciones" propugnadas por la Municipalidad de Asunción, que comenzaron a implementarse con el traslado de los habitantes que ocupaban los bajos del palacio de gobierno, quienes fueron reasentados, a veces contra su voluntad, en la villa Solidaridad 1, Valle puku, Areguá; la expulsión de las familias pobres que vivían en la falda del cerro Lambaré, para la construcción de un monumento en la cima del cerro; la relocalización de las familias de Jukyty o Cerroguy, debajo del cerro Lambaré, para permitir la construcción de una urbanización y un puerto de lujo. Se está al tanto, por otra parte, del intento de expulsión de unas 10 olerías en la misma zona, las que dan trabajo a unas 30 familias pobres, donde se pretende continuar con la urbanización suntuaria.

         Se podrían citar otros casos que se han dado o se están preparando, pero lo mencionado sirve perfectamente para tipificar cuál es la política de la Municipalidad de Asunción a este respecto.

         De tales ejemplos se puede deducir que la "solución" para el problema de los damnificados por las crecientes del rió Paraguay es rellenar las zonas bajas de Asunción, como se está procediendo en las inmediaciones del cerro Lambaré, haciendo, de tales áreas, un lugar apto para viviendas costosas, destinadas a personas de altos ingresos, gracias a una masiva inversión de capital.

         El alto costo de las obras, llevadas a cabo con fondos privados, impide que las mejoras -la elevación del terreno- puedan ser disfrutadas por las familias de escasos recursos que ocupan las tierras bajas del Gran Asunción.

         Como consecuencia del relleno y mejoramiento del terreno, las familias de escasos recursos son expulsadas fuera de la ciudad, a zonas alejadas, donde la vida es más cara, no hay trabajo, ni servicios.

         Por estos ejemplos puede notarse la perjudicial ideología del progreso que practica la Municipalidad, no sólo en el caso de los damnificados por la creciente, sino, además, en otras circunstancias similares, como es el del relleno de las salamancas (2).

         Las autoridades y dos funcionarios municipales repiten una y otra vez a los pobladores de escasos recursos, y que no tienen otro lugar donde ir y viven en las zonas inundables o en las salamancas: "Estos sitios no son para ustedes; tienen que ir a la campaña y cultivar la tierra o vivir allí como puedan" . La ciudad, según la Municipalidad de Asunción, no es para los pobres.

         Así es como ese pretendido desarrollo excluye a los más débiles de la sociedad. Por ello es humana y cristianamente inaceptable.

         Una ciudad debe ser para todos y si entre ellos hay pobres que no pueden pagar un terreno, alquiler o impuestos, la comunidad debe encontrar una solución justa para ellos.

         No es que las personas de escasos recursos perturben los planes urbanos de la Municipalidad, sino, al contrario, que tales planes no se adecuan a las necesidades de los más pobres (3).

         Al final de cuentas, la pobreza no es sino un subproducto de la sociedad actual, que no será eliminada por desalojos o expulsiones, sino alterando las causas que la generan, siendo la principal de ellas la falta de trabajo justamente remunerado.

         El problema fundamental a plantearse es, en consecuencia, cómo hacer que las personas que carecen de recursos económicos puedan conseguirlos, y vivir dignamente en la ciudad como un ciudadano más, y no como un marginado en un barrio inundable o en la salamanca.

         Pero, si la Municipalidad expulsa a los habitantes de las zonas inundables fuera de la ciudad, no hay que ser profeta para asegurar que se los volverá a encontrar luego, en las calles o en las plazas, en condiciones más precarias.

         La única solución sensata es adecuar los planes urbanos a los más pobres.

         El deseo de ayudar a resolver el problema de las periódicas inundaciones de los barrios bajos, y mejorar la calidad de vida de sus habitantes es lo que llevó al EAPS a buscar una alternativa más justa, adecuada y humana.

         Se deseaba encontrar una solución que fuera mejor que las anteriormente expuestas e intentadas, y que, al mismo tiempo, estuviera dentro de la línea de un verdadero desarrollo, que salvaguardara         el derecho de los afectados a vivir en Asunción, si esa es su opción, y mejorara, al mismo tiempo, su calidad de vida.

         La alternativa que se vislumbró, como posible solución, fue la de construir defensas costeras que protegieran los actuales terrenos bajos de las inundaciones.

         A pesar de contarse con un presupuesto muy restringido -fruto de la ayuda desinteresada de organizaciones eclesiales de otros países- se pudo conformar un Equipo Interdisciplinario, que estudió la factibilidad de la alternativa en sus múltiples aspectos técnicos, urbanísticos, sociales, culturales, jurídicos, económicos, morales y religiosos.

         Este libro es la presentación de sus conclusiones.

         El EAPS no pretende, así como tampoco la Iglesia, llevar a cabo la obra de las defensas costeras, cuya conveniencia se discute en este documento.

         Lo que sí se ambiciona es que el presente estudio genere una fructífera discusión sobre este tema, de modo que la ciudadanía y las autoridades municipales y nacionales puedan concluir cuál de las alternativas posibles es la más humana y cristiana.

         Así, en un futuro podrá ser motivo de legítimo orgullo para los habitantes de Asunción el hecho de que se haya solucionado un grave problema social, como es el de las familias que viven en las zonas bajas e inundables de la ciudad, de la forma lo más humana y cristiana posible. Debería ser causa de vergüenza, en cambio, si se pudieran mostrar, en un futuro, suntuosas urbanizaciones, posibles gracias a la expulsión de miles de ciudadanos que, por ser pobres, no se les permitió vivir en la ciudad.

         Así también termina la narración del Evangelista Lucas sobre el nacimiento de Jesús. Nació en una cueva, en un pesebre de animales, porque "no había lugar para El" en la posada de la ciudad de Belén.



NOTAS


(1)     Entre los trabajos publicados pueden citarse: Ciudad y vivienda en el Paraguay, SAEP, 1984; Efectos sociales de las inundaciones en el Paraguay - Equipo Nacional de Pastoral Social-Conferencia Episcopal Paraguaya, Cuadernos de Pastoral Social Nro. 2; Tierra y Sociedad - Equipo Nacional de Pastoral Social-CEP, Cuadernos de Pastoral Social. Censo de población de los damnificados, elaborado por los periódicos independientes. Artículos publicados en los diarios independientes de la capital.

(2)     La Resolución No 169 I de la Municipalidad de la Capital del 15/07/86, referente a vertederos de desechos (ver Apéndice) denota esta inhumana ideología del progreso. "Los asentamientos precarios e ilegales (...) deberán ser abandonados por sus ocupantes en el perentorio término de 10 (diez) días (...) sin derecho a indemnización alguna", reza el artículo 11º.

(3)     El comunicado del Arzobispado de Asunción del día 12/09/86, "El Aeropuerto del Este y el pueblo" (ver Apéndice), puntualiza que tal obra, así como otras, no ayuda a superar las desigualdades y las discriminaciones, ni a alcanzar la liberación y capacitación del pueblo.






I. ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN A LOS EFECTOS

DEPREDADORES DE LAS INUNDACIONES


        

         1. POR QUÉ ALGUNAS PERSONAS VIVEN EN ZONAS INUNDABLES.


         El río Paraguay crece periódicamente, anegando las tierras bajas del Gran Asunción, que se extienden desde Lambaré hasta Mariano Roque Alonso. En esta área viven, según se ha podido calcular, aproximadamente 100.000 personas (1).

         Resultando obvios los inconvenientes de vivir en terrenos inundables gran parte del año, cabe preguntarse por qué, pese a estas dificultades, esa apreciable población -aproximadamente un 12 por ciento del total que habita en el Gran Asunción- se ve obligado a vivir en zonas de tales características.

         Debe existir, indudablemente, una poderosa razón, o, mejor, un conjunto de motivos, que explique por qué un número tan grande de personas tiene, como residencia permanente, un sitio inundable e insalubre, el que deben abandonarlo periódicamente -lo que les acarrea inconvenientes adicionales y pérdidas económicas de consideración-, pese a lo cual, pasada la creciente, retornan a él nuevamente.

         Se constata, en efecto, que la mayoría de las personas que vive en estas áreas, si no la totalidad, es de escasos o muy escasos recursos económicos. De ello se podría deducir que el principal motivo por el cual estas personas permanecen en estas zonas inundables sería el económico. Al respecto, se destacan los siguientes aspectos:

         El precio de la tierra, en primer lugar, de las zonas altas no expuestas a las crecientes del río, en los alrededores de Asunción, está controlado por empresas inmobiliarias, estando su alto costo fuera del alcance de la mayoría de estos pobladores, que no poseen ninguna seguridad sobre sus ingresos futuros siendo, exiguos además sus ingresos presentes. La mayoría de estas personas carece de bienes físicos, razón por la cual no pueden acceder a ningún tipo de crédito tradicional, salvo por montos muy reducidos y a intereses usurarios.

         Las actividades que realiza gran parte de esta población, en segundo lugar, son trabajos y changas que se desarrollan en el centro de la ciudad, la frontera y/o el río. Por esto no le conviene -peligraría su actual estrategia de supervivencia- alejarse de estos sitios. Ir a vivir a Limpio, Areguá, Capiatá o Itá, por citar algunos de los pueblos dormitorios cercanos a Asunción, implica tener que pagar regularmente pasajes, lo que puede alterar el muy débil equilibrio entre ingresos y gastos familiares. Ya no se estaría a mano para llevar a cabo las changas que se puedan presentar. Si bien el jefe de familia, o algún otro miembro, tiene, a veces, un trabajo fijo, como obrero o empleado, o es un trabajador independiente con ingresos iguales o superiores al salario mínimo, es muy frecuente que para la manutención de la familia colaboren casi todos los demás miembros, en changas más o menos eventuales. Esta situación se vería seriamente afectada por un traslado a la periferia de la ciudad, distante unos 20 km de las áreas de mayor trabajo.

         El costo de vida, en tercer lugar, en las zonas inundables es, normalmente, mucho menor que en los barrios periféricos de la ciudad. Viviendo en las áreas inundables se está cerca de los principales mercados y súper mercados, que ofrecen precios muy inferiores al de los almacenes de barrio, la única alternativa en las zonas alejadas del centro de la ciudad. El río proporciona alimentos y existen muchos, servicios, como salud, agua y transporte, que son más baratos si se vive en las zonas inundables.

         Puede decirse, entonces, que mudarse a las afueras de la ciudad es posible, pero la vida, allí, resulta mucho más cara que en las zonas inundables, siendo menores, además, los ingresos familiares.

         Por ello, mudarse de una zona inundable a la periferia de la ciudad es factible sólo para un reducido número de las personas que hoy habitan las zonas     inundables. La mudanza o relocalización hacia las afueras debe ser, en consecuencia, una libre opción de los pobladores -y no una imposición- con perfecto conocimiento dedo que tal traslado implica.

         Existen, por otra parte, aspectos no económicos que determinan un cierto apego de los pobladores con respecto a las zonas inundables, como es el deseo, de los que se criaron en un cierto barrio, a permanecer en él, para vivir en proximidad a sus familiares y amigos, a quiénes pueden recurrir en casos de necesidad o simplemente para pedirles que cuiden por un momento su casa o sus hijos.


         2. SITUACIÓN DE LA VIVIENDA EN LAS ZONAS INUNDABLES.


         Una simple inspección ocular de los barrios inundables permite apreciar que la gran mayoría de las viviendas son precarias e inadecuadas para sostener condiciones mínimas de salud y confort.

         Esta crítica situación debe ser atribuida, a más de los ingresos muy reducidos de los pobladores en cuestión, a la ausencia de incentivos para mejorar una vivienda que periódicamente será anegada y deteriorada por las aguas. Por ello no es extraño que un poblador que ocasionalmente dispone de un cierto excedente económico lo destine a la compra de muebles, equipos electrónicos o incluso vehículos, ya que a estos objetos sí los puede transportar cuando acontezca la próxima inundación, en lugar de pretender mejorar su vivienda que, de cualquiera manera, será deteriorada durante la creciente.

         La característica cíclica de este fenómeno natural impide, entonces, mejorar no sólo la vivienda, sino los servicios y el mismo uso del suelo de tales áreas inundables, obstaculizándose, de esa manera, todo mejoramiento significativo de la calidad de vida de sus habitantes.


         3. CONSECUENCIAS DE LAS INUNDACIONES.


         Las inundaciones que periódicamente asolan a las zonas bajas del río Paraguay determinan pérdidas económicas importantes, las que aumentan si se trata de crecidas excepcionales, como la que se registró en 1983.

         De acuerdo al estudio efectuado por la consultora MOTOR COLUMBUS y asociados, para la Entidad Binacional Yacyretá (EBY) en 1979, una crecida que tiene un período de retorno de 100 años ocasiona daños al Pa raguay por valor de 61 millones de dólares (M U$S), en el tramo comprendido entre Asunción y Paso de Patria. Si se trata de una inundación que se repite cada 10 años, en promedio, las pérdidas serían del orden de 18 M U$S y aun una crecida anual causa perjuicios relativamente importantes, del orden de 8 M U$S (2).

         En el caso de las tierras bajas del Gran Asunción, las pérdidas que ocasionaría una creciente que acontezca una vez cada 10 años serían del orden de 3 M U$S, considerando exclusivamente el daño ocasionado a los pobladores (3).

         A más de los perjuicios directos que ocasionan las crecientes, éstas impiden o condicionan el mejoramiento de la calidad de vida de los pobladores de las zonas inundables, quienes carecen del estímulo necesario para mejorar sus viviendas que, una vez más, volverán a ser anegadas por las aguas. Los servicios comunales resultan, además, precarios y su mejoramiento no siempre es factible, mientras persista la amenaza de una próxima crecida.

         La permanencia de la crisis económica, que se siente en el Paraguay desde 1982, no hace sino aumentar el número de familias que habitan en las zonas inundables -ya que vivir en tierras altas resulta mucho más caro- y con ello aumenta el número de los damnificados y la magnitud de los daños ocasionados por cada creciente.

 


         4. SOLUCIONES TRADICIONALES.


         La "solución" que, de hecho, se está implementando, en la generalidad de los casos, es dejar las cosas tal cual están. Con ello no es posible mejorar sustantivamente la calidad de vida de los habitantes de las zonas inundables y, como su número aumenta, el problema social crece.

         Otra respuesta al problema, en sentido opuesto, ha sido el planteamiento de recuperar y urbanizar las tierras bajas del Gran Asunción, particularmente las más cercanas al centro de la ciudad, lo que valorizaría enormemente a dichos terrenos y expulsaría, por acción directa o por imposibilidad de pagar las "mejoras", a sus habitantes naturales y tradicionales.

         A este respecto se puede citar, en primer lugar, el contrato firmado en 1965 entre la empresa Ian Fraser and Associates, de Londres, Inglaterra, y la Municipalidad de Asunción, para la recuperación y urbanización de las tierras adyacentes a la bahía de Asunción.

         Este contrato, con validez de 12 años, aprobado por la ley Nro. 1.094 del 21 de enero de 1966, preveía la elevación, o el relleno, de las tierras bajas adyacentes a la bahía de Asunción. Los ocupantes de dichos terrenos, sus habitantes naturales y tradicionales, serían trasladados a la periferia de la ciudad donde se les daría un terreno. Los terrenos, cercanos al centro, a ser recuperados debían quedar en manos de la contratista (64 por ciento) y el Estado (36 por ciento) (4).

         Habiendo quedado sin efecto la propuesta de la Ian Fraser, la firma nacional Conempa, en segundo lugar, propuso en 1979 la remodelación de las tierras bajas de Asunción adyacentes a la bahía, oferta que fue analizada por el Consejo de Coordinación Económica. Se proponía la urbanización de 200 hectáreas (Ha), 60 por ciento de lo cual correspondería a la contratista y el 40 por ciento al Estado (5).

         En el año 1981, en tercer lugar, un consorcio de firmas alemanas y holandesas volvió a insistir en el tema, planteando, en esa ocasión, la remodelación de 1.200 hectáreas bajas a un costo de 500 millones de dólares. Se informó que la propuesta, aceptada en primera instancia por la Municipalidad de Asunción, incluía la elaboración de estudios técnicos, financieros y jurídicos. No se definía, en esa etapa, el destino que tendrían los actuales ocupantes de tales terrenos (6).

         La empresa que realizó la urbanización del cerro Lambaré, en cuarto lugar, Rosi S.A., obtuvo como pago, de parte de la Municipalidad, las tierras fiscales adyacentes al cerro, sitio denominado Cerroguy o Jukyty (*), poblado por unas 70 familias.

         Estas familias, que comienzan a ser presionadas para salir de Jukyty desde inicios de 1979, se niegan a abandonar sus hogares.

         Después de la creciente de 1983 la Municipalidad les prohíbe volver a sus terrenos, pese a lo cual los pobladores se introducen en ellos y levantan sus casitas, hasta que tractores de la empresa Rosi las derriban.

         Los pobladores recurren a la prensa, la que les responde sólo parcialmente. En base a este fracaso, acuden al Equipo Arquidiocesano de Pastoral Social (EAPS), que les apoya en sus reivindicaciones.

         Comienzan, de esta manera, unas difíciles negociaciones. La Municipalidad ofrece, como primera alternativa, el traslado de los pobladores a Caacupemí (Areguá), lo que es rechazado por los mismos, por quedar muy lejos del centro de la ciudad, del río y la frontera, las principales fuentes de trabajo de los habitantes de Jukyty.

         Ante ello la Municipalidad se ve obligada a encontrar un terreno que se adecue a las pretensiones de los habitantes a ser desalojados; que no esté demasiado lejos del centro de la ciudad, del río ni de la frontera con la Argentina. Se les ofrece a los pobladores, finalmente, un terreno ubicado en Villa Elisa, naciendo así, la denominada "Villa María Victoria".

         Los pobladores que vivían en los bajos del Palacio de Gobierno, en quinto lugar, fueron desalojados de dicho sitio por la Municipalidad de Asunción, para ampliarlo y remodelarlo. Se aducía, además, que "eran muy feas las casitas cerca del Palacio". El desalojo en sí ocurrió en el año 1983, afectando a 120 familias, las que fueron reasentadas en Valle Puku, Areguá.

         La Municipalidad de Asunción, por último, en pago por una construcción -el Cuartel General de la Policía Municipal de Tránsito- entregó un terreno inundable en Tablada a la empresa constructora Alberto Barrail e Hijos, la que, a su vez, indemnizó a los ocupantes. Este hecho ocurrió en 1980.

         Por lo señalado se puede constatar que se ha efectivizado la expulsión de los pobladores de tierras inundables en tres ocasiones existiendo, en este momento, una amenaza contra 10 olerías en la zona de Jukyty, sitio que sería la segunda etapa de la urbanización de lujo que está emprendiendo la empresa Rosi SA en las inmediaciones del cerro Lambaré.

         Esta urbanización es, de hecho, la primera en concretarse en las tierras bajas del Gran Asunción, luego de los intentos fallidos de la Ian Fraser, CONEMPA y un consorcio de empresas alemanas y holandesas.

         El 20 de febrero de 1986 se firmó el contrato para la ejecución de la primera fase del proyecto, unas 24 hectáreas, entre la propietaria, Rosi S.A., y la constructora, Tecnoedil S.A. El monto de las obras iníciales de la urbanización "La Paz", que incluye, además, el denominado "Puerto Gramont", es de 729,6 millones de guaraníes. El proyecto, una vez concluido, abarcará 60 hectáreas, aguas arriba del cerro Lambaré.

         Este proyecto es factible porque, como primera medida, se ha expulsado a los pobladores de escasos recursos que allí habitaban.

         Es lógico, por otra parte, que los actuales habitantes de las zonas bajas del Gran Asunción no puedan continuar viviendo en las áreas recuperadas a un alto costo y cercanas al centro de la ciudad pues, en primer lugar, las empresas que invierten para elevar los terrenos querrán obtener una elevada renta, que no la podrán dar los actuales ocupantes de muy escasos recursos y, en segundo lugar, aun cuando se hagan planes para que los pobladores permanezcan en sus lugares de ocupación -lo que hasta ahora no se ha planteado- el alto precio que adquirirán los terrenos los desalojarán de cualquier manera.

         Puede concluirse, entonces, que las dos soluciones normalmente planteadas para las zonas bajas del Gran Asunción -la permanencia de la actual situación o bien la recuperación de dichas tierras, elevándolas de nivel, lo que implica la expulsión de los actuales pobladores- no contemplan lo fundamental: cómo conseguir un real mejoramiento de la calidad de vida de las familias urbanas de escasos recursos, que son sus habitantes naturales y tradicionales.

 


         5. ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN.


         Dado que ninguna de las soluciones tradicionales planteadas prevé el real mejoramiento de la calidad de vida de los pobladores de las zonas inundables del Gran Asunción, el Equipo Arquidiocesano de Pastoral Social (EAPS), que ha participado en la asistencia de los damnificados por las crecientes y en los últimos casos de desalojo, ha venido reflexionando, con los propios interesados, sobre qué otro tipo de soluciones alternativas podrían existir.

         De las discusiones que nacen en los campamentos de los damnificados surgen, así, a mediados de 1982, dos posibles alternativas al problema de las periódicas inundaciones:

         a) un traslado programado con los pobladores que se sientan en condiciones de afrontar las nuevas condiciones de vida en un barrio alto alejado del centro de la ciudad, y

         b) la construcción de casas palafíticas, es decir, viviendas de dos pisos, preparadas para vivir en el piso de arriba mientras dure la inundación.

         La primera alternativa, el traslado programado, es visto por los pobladores como una meta deseable aunque difícil, pues son conscientes de que en el área de relocalización sus ingresos serán menores y sus gastos mayores, en general. Algunas familias, que bien pueden ser calificadas como de las más aptas, eligieron esta alternativa. Esto permitió concretar proyectos de relocalización como el de Mano Abierta, Toledo Cañada, situado cerca de Capiatá. La masiva ayuda asistencial de instituciones que patrocinan este tipo de proyectos impide su naufragio.

         La segunda alternativa, la construcción de casas palafíticas, comienza como proyecto alternativo a partir de diciembre de 1982, discutiéndose modelos y alternativas con los propios pobladores de las zonas inundables.

         Se trabaja, sobre esta alternativa, en varios barrios, como Villa Colorada (Republicano), Mbusu (Trinidad) y Jukyty (Lambaré). Con la gran crecida del año 1983 la solución de las casas palafíticas es, en cierta manera, desechada por los pobladores de las zonas inundables, cobrando fuerza, en cambio, la idea del traslado programado, como el caso de Toledo Cañada, que se concreta.

         Actualmente, sin embargo, ha renacido el interés en las casas palafíticas y se ha comprobado que varios pobladores de las zonas inundables han construido, por cuenta propia, viviendas de este tipo (probablemente influidos por las discusiones llevadas a cabo en los campamentos de damnificados). Es, pues, una solución que debe ser estudiada, al menos para las personas o familias que no estén en condiciones de llevar a cabo un traslado programado.

         No debe perderse de vista, sin embargo, que la solución de las casas palafíticas tropieza con serios inconvenientes de tipo cultural. Sólo en algunas regiones relativamente aisladas del país, como en la zona del río Negro, en el Chaco, por ejemplo, es una vivienda de tipo común, en respuesta a las frecuentes crecientes del citado río.

         Cabe la duda, por ello, que la solución de las casas palafíticas pueda ser aceptada por la generalidad de las personas que viven actualmente en las áreas inundables del Gran Asunción.


         6. LA SOLUCIÓN DE LAS DEFENSAS COSTERAS.


         Partiendo de las dificultades prácticas que presentan las dos soluciones alternativas discutidas entre el EAPS y los pobladores de las zonas inundables -las casas palafíticas y el traslado programado a zonas altas alejadas del centro de la ciudad-, el EAPS se interesó por encontrar otra solución alternativa que, en primer lugar, pudiera beneficiar a todos los pobladores de las tierras bajas del Gran Asunción, y no solamente a los más aptos o de mayores ingresos, y que, en segundo lugar, no presentara resistencias de tipo cultural.

         Así, comenzó a discutirse con un grupo de técnicos de diversas disciplinas la posibilidad de construir una defensa costera, presa de tierra de relativamente baja altura, que evite la entrada de las aguas, en caso de inundación, a un recinto (o polder) a proteger.

         Esta solución, que protege a los terrenos bajos de las ciudades en forma de recintos, fue recomendada como la única económicamente factible para las ciudades situadas sobre el río Paraguay, tanto en el Paraguay como en la Argentina, por el consorcio consultor MOTOR COLUMBUS y Asociados en 1979, a fin de evitar los efectos depredadores de las inundaciones.

         "Hay que destacar -afirma la consultora-, no obstante, que para las localidades situadas sobre el río Paraguay, este tipo de obras (defensas costeras, recintos protegidos) constituye la única solución posible" (7).

         Dicha solución fue y está siendo llevada a cabo en caso de las ciudades de Resistencia, Formosa y Clorinda, todas de la República Argentina, y de Pilar, de la República del Paraguay (8).

         En base a esos precedentes, la solución de las defensas costeras aparece como una alternativa atrayente.

         Sus ventajas con respecto a la solución tradicional, de elevar la altura de las tierras bajas mediante un relleno, son evidentes:

         a) Es una solución mucho más barata que el relleno. De acuerdo a datos del presente estudio, rellenar y urbanizar las tierras bajas del Gran Asunción costaría unitariamente 8,7 veces más que construir defensas costeras que protejan a las actuales zonas inundables de toda creciente (9).

         b) Todos los pobladores de las actuales zonas inundables podrían permanecer en sus sitios de poblamiento natural y tradicional, lo que les permitirían mantener el débil equilibrio entre ingresos y gastos familiares y, en la medida de lo posible, ir mejorando paulatinamente sus condiciones de vida.

         La solución de las defensas costeras o de los recintos protegidos con presas de tierra, entonces, permitiría concretar lo que, en este caso, debe ser el principal objetivo a perseguir cuando se trate de evitar los efectos depredadores de las inundaciones: mejorar la calidad de vida de los habitantes naturales y tradicionales de las zonas inundables. Y para conseguir este mejoramiento es fundamental, como ya se indicó, evitar el desalojo, consecuencia, deseada o no, de la elevación o relleno de los terrenos bajos del Gran Asunción.

         La solución de las defensas costeras es, además, mucho más barata, como se indicó, que la alternativa tradicional del relleno. En un momento de crisis económica, como el que vive el país desde 1982, no se justifica gastar ingentes sumas de dinero en darle valor comercial a unas tierras bajas que, por otra parte, ya están siendo utilizadas por unas 100.000 personas.

         Para que la solución de las defensas costeras alcance los fines arriba propuestos, particularmente el mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes de las actuales zonas inundables del Gran Asunción, es necesario, sin embargo, implementar instrumentos legales aptos, como una ley de protección a los barrios populares, que impida la especulación de la tierra y su consecuencia inmediata, el desalojo de los más pobres.

         Es fundamental, además, que el mejoramiento de las condiciones de vida de los pobladores de las zonas inundables sea paulatino, es decir, económicamente soportable por ellos mismos, realizado con su plena participación, no sólo para reducir costos de la obra, aspecto de importancia, sino, por sobre todo, para que no se institucionalice una nueva forma de asistencialismo que, en lugar de resolver los problemas, los adormezca momentáneamente.

         Debe potenciarse, en síntesis, la capacidad de autogestión de los pobladores de las zonas inundables, que son los que, en definitiva, deben trazar las pautas a seguirse.

         Las ventajas señaladas de las defensas costeras, siempre que se proteja a los pobladores de la especulación de la tierra y se potencie su capacidad de autogestión, sumadas a las dificultades para encarar las otras alternativas -casas palafíticas y traslado programado- le hicieron decidir, al EAPS, encarar un estudio preliminar que demuestre la conveniencia o no de esta solución.


         7. EL ESTUDIO.


         Para probar la conveniencia, o no, de la alternativa de las defensas costeras, el EAPS decidió llevar a cabo un estudio preliminar sobre el tema. Para ello se puso en contacto con profesionales de diversas especialidades, entre quienes se constituyó un Equipo Interdisciplinario (EI), a cuyo cargo quedó la elaboración del estudio propiamente como tal.

         Este equipo, que comenzó a trabajar desde fines de 1984, definió, de común acuerdo con el EAPS, los alcances, objetivos y métodos de trabajo del estudio.


         ALCANCES.


         El estudio, aún en su fase preliminar, se presentaba suficientemente complejo, pues el caso exigía estudiar aspectos técnicos; económicos, sociales, culturales y jurídicos, a más de los propiamente morales, ámbito natural de la Iglesia.

         Las tierras bajas del Gran Asunción, por otra parte, abarcan aproximadamente unas 2.000 hectáreas y se extienden desde Lambaré hasta M.R. Alonso.

         Se contaba, por último, con un presupuesto limitado, como es lógico de suponer.

         Por todo ello, antes que analizar superficialmente toda la zona inundable del Gran Asunción, se prefirió centrar los esfuerzos en un área concreta que incluso podría servir posteriormente, como experiencia piloto.


         DETERMINACIÓN DEL ÁREA DE ESTUDIO.


         Hecha la primera opción -estudiar en mayor profundidad un área menor- el siguiente problema consistía en determinar qué barrio inundable se elegiría.

         Se decidió, finalmente, llevar a cabo el estudio en la zona que en un tiempo fue la parte baja del Jardín Botánico y que hoy se encuentra habitada por unas 550 familias, aproximadamente.

         Se eligió esta zona por las siguientes razones:

         1) Se trata de un área relativamente reducida, de unas 38 hectáreas aproximadamente, lo que iba a permitir llevar a cabo los estudios con la profundidad necesaria.

         2) La densidad poblacional es intermedia entre extremos de mucho hacinamiento, como el de la Chacarita, o de muy escasos habitantes, como ocurre en el caso del bañado de Tacumbú.

         3) Las características físicas del terreno son también intermedias entre las amplias planicies del bañado de Tacumbú y la estrechez de ciertas zonas de la Chacarita.

         4) Las facilidades que podía otorgar la parroquia de Trinidad, a cuyo cargo está el área de estudio, también pesaron para que, finalmente, se decidiera realizar el estudio en las tierras bajas cercanas al Jardín Botánico.


         CONFORMACIÓN DEL EQUIPO INTERDISCIPLINARIO (EI).


         El EI se constituyó con tantos equipos como necesidades de investigación encontró el EAPS. Componen el EI:

         a) El equipo de ingeniería, que tuvo a su cargo el cálculo de la presa de tierra, o la defensa costera, que protegerá al área de estudio. Se estudió, además, la cantidad de líquidos que se generan en el recinto protegido para desagotarlos en épocas de creciente -durante el estiaje los líquidos pueden desagotarse naturalmente por gravedad- así como los medios para verter al río tales efluentes.

         b) El equipo de uso de suelo y reestructuración urbana, que analizó el uso que se le está dando actualmente al suelo en la zona del estudio y cuál podría ser su uso en el caso en que se construyan las defensas costeras, a fin de mejorar las condiciones de vida de los habitantes del recinto protegido.

         c) El equipo jurídico, que investigó la situación legal de las zonas inundables del Gran Asunción, recopilando toda la legislación referente al tema, así como las alternativas legales que permitan la permanencia de los habitantes actuales en el recinto protegido.

         d) El equipo socio económico cultural, que estudió la situación socio económica cultural de los habitantes del área de estudio, en comparación con la de los trasladados y desalojados de las zonas inundables y que hoy viven en las afueras de la ciudad, a fin de conocer cómo se ve afectada la estrategia de supervivencia de una familia que vive en un área inundada cuando es trasladada a una zona mucho más distante del centro de la ciudad y el río.

         e) El equipo de viabilidad, que tuvo a su cargo analizar la factibilidad global de la alternativa propuesta.

         f) El equipo de reflexión eclesial, por último, estudió el tema desde la óptica cristiana, es decir, qué solución, y en qué condiciones, es la más humana y cristiana para los pobladores de las zonas inundables del Gran Asunción.


         OBJETIVOS.


         La meta principal del estudio que se iba a emprender fue la de dilucidar efectivamente si la alternativa de las defensas costeras puede ser o no conveniente para los actuales pobladores de las zonas inundables del Gran Asunción, en general, y del área de estudio, en particular.


         METODOLOGÍA.


         Se adoptó como método de trabajo del EI fijar las pautas del estudio en reuniones periódicas inter equipos. Una vez definidas las mismas, cada equipo realizaba sus tareas específicas, coordinando con otros equipos o con todo el EI en encuentros quincenales.

         Los datos primarios fueron obtenidos por medio de entrevistas cualificadas a pobladores de las zonas de estudio y por medio de observaciones y mediciones directas en el lugar.

         Los datos secundarios fueron obtenidos de estudios anteriores similares, de instituciones oficiales y por analogía de casos, lo que se logró visitando las obras de defensa costera de la ciudad de Resistencia, República Argentina.


         PARTICIPACIÓN.


         Tratándose de un estudio preliminar cuyo resultado se desconocía, cuando el mismo fue iniciado, y con el objeto de no crear falsas expectativas, entre los pobladores afectados, no se le dio a los mismos un papel protagónico en la investigación. Antes bien, se pretende que el presente estudio preliminar les sirva de documento inicial de discusión, de modo que sean ellos mismos los que opten por esta u otra alternativa.

         La labor de este EI contó, en todo momento, con el apoyo de la parroquia de Trinidad y de sus feligreses, que es donde se desarrolló el estudio. Se mantuvieron reuniones de trabajo con el Excelentísimo Arzobispo de Asunción, Monseñor Ismael Rolón, y con los curas párrocos de la Arquidiócesis de Asunción, cuyas opiniones fueron de mucha utilidad (10).

         Directivos de la Facultad de Ciencias y Tecnología (FCyT) de la Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción (UCA) también colaboraron con la investigación.

         Se puede decir, por lo señalado, que el trabajo que ahora se presenta a la opinión pública para su discusión es fruto no sólo de lo estudiado por el EI contratado al efecto sino que incluye, además, aportes de los citados precedentemente.

         Este estudio no pretende ser, además, definitivo o incuestionable. Al contrario, se lo presenta con sus aciertos e imperfecciones de modo que, con el aporte de los interesados directos, de especialistas en diversas áreas del conocimiento, de autoridades gubernamentales, de grupos eclesiales y de la opinión pública en general, se pueda llegar a la elaboración de una alternativa aún más conveniente para los intereses de las personas que viven en las actuales zonas inundables del Gran Asunción.

         Se espera, así, que esta propuesta no quede meramente en los papeles, sino que pueda concretarse en poco tiempo más. De esa manera se contribuirá al efectivo mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes de las zonas inundables del Gran Asunción.




NOTAS


(1)     Equipo Arquidiocesano de Pastoral Social (EAPS) Efectos sociales de las inundaciones en el Gran Asunción, (Asunción, 1984).

(2)     MOTOR COLUMBUS y Asociados. Estudio de crecidas ríos Paraná y Paraguay (Asunción/ Buenos Aires, octubre 1979). Las cifras se refieren a dólares constantes de 1977.

(3)     Se considera que la creciente que ocurre cada 10 años ocasiona daños, por el deterioro de la vivienda, muebles y enseres, plantas y animales domésticos, así como gastos de mano de obra y flete para el desarmado, traslado y armado de la vivienda y muebles y pérdida de horas de trabajo del orden de 197.700 Gs./familia (Ver Cuadro I, Apéndice). Se supone que 10.000 familias se verían afectadas y que la tasa cambiaria sería de 650 guaraníes/dólar (de fines de 1985).

(4)     Ver en el Apéndice el texto completo de la ley 1.094.

(5)     "Ultima Hora", 18-04-1979, p. 8, "Conempa proyecta la urbanización de la bahía de Asunción".

(6) "ABC", Suplemento Económico, 07-06-81, p.7, "Remodelación de la bahía de Asunción".

(*)     Las palabras en guaraní se escribirán de acuerdo a la grafía científica.

(7)     Ídem (2), tomo 1, pág. 6-5, punto 6.2.3. referente a las Conclusiones y Recomendaciones del estudio.

(8)     En el Apéndice se relatan los detalles de la visita, efectuada por el Equipo Interdisciplinario, a cuyo cargo estuvo este estudio, a la ciudad de Resistencia (R.A.).

(9)     El costo de las obras de ingeniería a fin de construir defensas costeras en los bajos del Jardín Botánico, el área de estudio definida por el Equipo Interdisciplinario, alcanzará a 135,6 millones de guaraníes (M G.) lo que permitirá proteger 43,2 hectáreas (Ha.), resultando así, un costo unitario de 3,14 M G./Ha protegida. El rellenado y las obras de ingeniería de la urbanización "La Paz", al lado del cerro Lambaré, costarán 729,6 M 0, lo que permitirá elevar de nivel 24 Ha, resultando un costo unitario de 30,4 M G./Ha, es decir, 8,7 veces más caro que el costo por unidad de área protegida en el caso de las defensas costeras.

(10) En el Apéndice se reproducen las principales conclusiones de la reunión efectuada con los párrocos de la Arquidiócesis de Asunción a fines de 1985.







V. LAS DIFICULTADES A VENCER


         1. EL FACTOR ECONÓMICO NO ES EL ÚNICO A TENERSE EN CUENTA.


         Es fácil de demostrar que la alternativa de las defensas costeras, es decir, la construcción de una presa que proteja a las actuales zonas inundables del Gran Asunción de los efectos depredadores de las crecientes del río Paraguay, es una solución factible técnica y económicamente.

         Se pretende, sin embargo, encontrar una alternativa no sólo barata, al alcance económico de las personas de escasos recursos que viven en estas áreas, sino, además, globalmente conveniente para estos grupos, que, una vez concretada la solución, no se vuelva contra ellos.

         Existen riesgos e inconvenientes de diversa índole.

         Uno de ellos, tal vez el más importante, es el peligro que, una vez construidas las defensas costeras, se vuelva a desalojar, del recinto protegido, a los más pobres.

         Este desalojo podría ocurrir de dos formas.

         Si los pobladores tuvieran que pagar, en primer lugar, una cuota fuera de su alcance, por las obras de defensa, y si, además, no existiera una positiva protección legal a la titularidad de sus propiedades, podrían ser expulsados de las mismas por falta de pago de las mejoras y, así, perderían su terreno y estarían peor que antes.

         Otro peligro sería la posibilidad de que el terreno, una vez protegido de las inundaciones, pueda ser transferido libremente. Es lógico imaginar que un terreno no inundable se valorizará sustantivamente, máxime si se tiene en cuenta su cercanía al centro de la ciudad.

         Por ello, si no hubiera una protección legal que impidiera la venta o el alquiler de los lotes protegidos, al poco tiempo, sin necesidad de emplear la violencia, se produciría un lento proceso de desalojo de los más pobres los que ante una dificultad económica, se verían tentados a vender o alquilar su vivienda y, así, en relativamente poco tiempo la población más pobre de las actuales zonas inundables habría sido expulsada de sus tierras. Y estos pobres, nuevamente, no tendrían donde ir.

         Para la construcción de las obras de defensa costera, por otra parte, se requiere la aquiescencia y la activa participación de los afectados.

         Se deben realizar, en efecto, obras de cierta magnitud, cuyo costo se reducirá sensiblemente si los pobladores contribuyen en su construcción. Más importante aún es el hecho que será conveniente optimizar el uso del suelo y llevar a cabo un proyecto urbanístico, el que no sólo debe contar con la aprobación de todos los pobladores involucrados sino que, de hecho, el proyecto debe ser obra, esencialmente, de ellos.

         Bastante tiempo antes de la construcción, propiamente como tal, se debe contar con la participación de los pobladores. Será imprescindible contar con su participación organizada para la discusión de los términos de referencia de la alternativa, para la confección del proyecto, cuando deban hacerse gestiones y defenderse derechos, ante la Municipalidad por ejemplo, durante la época de la construcción e, incluso, una vez concluida ésta, para las labores de mantenimiento y operación de las instalaciones.

         Otra de las dificultades a vencer, de modo a poder concretar la alternativa es, entonces, la carencia de una organización autónoma, representativa y con capacidad de gestión propia, de los pobladores. Si éstos no están organizados, o si sólo están asociados muy débilmente, si la o las organizaciones carecen de poder de convocatoria, el proyecto se puede frustrar en cualquier etapa, ante cualquier inconveniente serio que, con seguridad, ocurrirá.

         De acuerdo a la experiencia del EAPS en trabajos similares, como el que se lleva a cabo en el barrio Nuestra Señora de la Asunción (1) y en los lugares de relocalización, será fundamental, a fin de minimizar los riesgos, contar con un equipo de apoyo para, en primer lugar, indagar si es que los pobladores están interesados o no en esta alternativa. En caso positivo, para apoyar, en segundo lugar, la formación de una organización autónoma de los pobladores, que cuente con capacidad para discutir los términos de referencia de la alternativa, el mismo proyecto y participar en la construcción de las defensas. El equipo de apoyo, por último, deberá acompañar toda la experiencia hasta la conclusión de la obra y la consolidación de su funcionamiento.

         Debe concluirse, por todo lo señalado, que para llevar adelante la alternativa que se propone para su discusión, se tropezará con dificultades no sólo técnicas y económicas, sino, sobre todo, urbanísticas, legales, sociales, culturales y hasta políticas.

         Si tales dificultades fueran resueltas favorablemente, la alternativa de las defensas costeras sería una de las más convenientes a fin de conseguir el mejoramiento efectivo de la calidad de vida de las familias pobres que viven en zonas hasta ahora inundables.


         2. LAS DIFICULTADES LEGALES.


         A fin de concretar la alternativa de las defensas costeras se requiere, primero, salvar dos obstáculos de índole legal.

         Se tropieza, en primer lugar, con el problema de que las tierras que ocupan los pobladores de las zonas inundables es, en su mayoría, de propiedad municipal.

         El área de estudio propiamente como tal, los bajos del Jardín Botánico, es una tierra municipal de dominio público y como tal no transferible. Esta disposición legal no se aplica a las zonas altas del mismo Jardín Botánico, de mucho mayor valor e importancia, ocupadas por asociaciones de élite, como la Asociación Rural del Paraguay y el Club Hípico Paraguayo durante un tiempo y el Asunción Golf Club, hasta ahora, un ente autárquico como la ANTELCO e, incluso, se construyó, por parte del Instituto Paraguayo de Vivienda Urbana (IPVU) una Villa para Damnificados, según se puede leer en planos de Asunción, villa que forma parte del área de estudio.

         Si todo esto estaba y, en su mayor parte, aún está asentado en el Jardín Botánico, ¿por qué la Municipalidad no habría de consentir que permanezcan los ocupantes en las tierras bajas?

         No habría motivos, en efecto, que se aplicara la ley en un sentido -en contra de los pobres- y no en el otro -a las asociaciones y clubes de élite-.

         Si bien existen motivos más que suficientes para terminar con la ocupación de un bien de dominio público, como el Jardín Botánico, por parte de asociaciones de prestigio y de un ente autárquico como la ANTELCO, el interés social exige, en cambio, darle legalidad a la ocupación de la parte baja -de poca utilidad pública en comparación con la parte alta del Botánico-, con lo que se cumpliría, además, el precepto constitucional de ubicar cada hogar paraguayo en tierra propia.

         Existiendo buena voluntad de parte de la Municipalidad, no habría ningún inconveniente en transferir los bajos del Botánico del dominio público municipal al patrimonial y, de éste, al privado, es decir, a los actuales pobladores.

         La transferencia debería ser gratuita -existe el precedente de la cesión de 10 hectáreas a favor del Club Nacional de Regatas "El Mbiguá", efectuada en forma gratuita- pues se trata, obviamente, de un fin social.

         La construcción de las defensas costeras, por otra parte, elimina el pretexto de insalubridad de estos terrenos bajos, aducido por el Decreto Nro. 6793 de 1954. Estas defensas impedirán la entrada de las aguas y los terrenos, así, ya no serán más inundables ni insalubres, pudiendo mejorarse, además, las viviendas y las condiciones de vida, en general, de los habitantes de dichas zonas.

         Si bien no se conocen los detalles del decreto de febrero de 1980 que concedió las tierras aledañas al cerro Lambaré a la empresa Rosi S.A. para urbanizarlas, la construcción de defensas costeras también permitiría urbanizar -sin riesgo de inundaciones- las tierras del Gran Asunción para la población de escasos recursos que no tiene otro sitio donde vivir, y, por lo tanto, debería otorgársele, al menos, igualdad de derechos que los otorgados a un proyecto, como la urbanización "La Paz" de Rosi S.A., que es para personas que sí tienen dónde ir.

         Si la Municipalidad de Asunción cediera gratuitamente, luego de cumplir las formas legales, terrenos inundables del Gran Asunción, como los bajos del Jardín Botánico, área en la que se centran estos estudios, no haría sino cumplir con lo taxativamente establecido en la Constitución Nacional, de dotar de tierra propia a todo hogar paraguayo.

         Otro aspecto legal que debe resolverse, en segundo lugar, es el referente a la titulación de las tierras.

         La titulación lisa y llana de las propiedades ocupadas por pobladores de escasos recursos, en forma individual y con posibilidades inmediatas de transferencia, no será de ninguna conveniencia para los mismos, como se podría pensar haciendo un análisis superficial.

         La titulación con libertades plenas no hará sino precipitar la venta del lote, una vez que se valorice, por estar situado en un recinto protegido de las inundaciones.

         Antes que dejar a los pobladores, librados a su propia suerte -lo que ocurriría con la simple titulación- se requiere de una ley que claramente los proteja de la especulación inmobiliaria.

         Algo similar ocurre con el Instituto de Bienestar Rural (IBR) que, cuando otorga títulos a campesinos de escasos recursos, lo hace con la condición de que la parcela no pueda ser vendida en, por lo menos, 10 años.

         Si no se impide, mediante una ley, la venta o el alquiler de las viviendas de personas de escasos recursos que estén viviendo en recintos protegidos de la acción depredadora de las aguas, cuando tales personas estén en un aprieto económico, no faltarán personas de mayores ingresos, o incluso simples especuladores inmobiliarios, que querrán aprovechar la ocasión.

         Así, la solución de las defensas costeras, que sólo se podrá concretar después de mucho tiempo y sacrificio, no habrá servido de nada, pues los que deberían haber sido sus beneficiarios, las familias de escasos recursos, volverán a ser desalojados, no teniendo donde ir.

         En el caso de los terrenos urbanos situados en recintos protegidos de las inundaciones, resultará imprescindible, entonces, contar con una adecuada protección legal que impida todo tipo de venta o alquiler del lote y la vivienda en un tiempo suficientemente prolongado o, mejor, en forma indefinida, prohibiéndose, además, toda transferencia a favor de sectores sociales que disponen de mayores medios económicos.

         Es fundamental definir el tipo de poblador que, a más de los actuales ocupantes, puede vivir en las nuevas zonas a lotearse o en casos en que toda una familia se traslada del lugar por libre iniciativa y queda un lote vacío. El recinto protegido debe quedar restringido a personas de escasos recursos, que no pueden acceder a otro tipo de lotes más costosos o alejados de la ciudad.

         La titulación de la propiedad total, apoyada en una legislación pertinente, podría hacerse a nombre de una cooperativa de pobladores o de una fundación, por ejemplo, lo que impediría que todo el esfuerzo, para dotar de un hogar asentado en tierra propia a los más pobres, sea desperdiciado.

         La existencia de un cuerpo legal, que dé sobradas garantías al poblador de escasos recursos que no será desalojado del actual terreno que ocupa y que mañana será su propiedad, es una condición "sine qua non" a fin de emprender la alternativa de las defensas costeras. Llevarlas a cabo sin esa protección legal no hará sino precipitar la expulsión de los más pobres de su hábitat natural, el único que les permite seguir sobreviviendo.


         3. LOS PROBLEMAS SOCIALES, CULTURALES Y ORGANIZATIVOS.


         Resueltas las dificultades legales -verdadero cuello de botella- restan inconvenientes, de no menor bulto, en lo social, cultural y organizativo.

         En lo cultural se puede señalar de que no existe, como en otros países, tradición de vivir en un recinto protegido por una presa. Para algunas personas podría existir una sensación de inseguridad o temor, de que la presa ceda, en los momentos de creciente, y todo termine en una tragedia.

         Este temor, perfectamente entendible, no tiene, sin embargo, base científica, ya que una presa de tierra de baja altura, como la que se proyecta construir, es mucho más segura que la propia casa, bajo la cual nadie duda en dormir.

         Con la construcción de Itaipú gran parte de las ciudades situadas sobre el río Paraná, muchas de ellas en territorio paraguayo, están expuestas a una catástrofe -muy remota, por cierto- en caso de que ceda la presa. Nadie deja de dormir por ello tranquilamente ni se tiene conocimiento de que alguna persona haya cambiado su lugar de residencia, debido a dicha causa.

         Y una presa alta como Itaipú, de prácticamente 150 metros de altura, es mucho más insegura que una simple presa de tierra, que no sobrepasará unos 6 metros de alto, como la que se plantea en este caso.

         Puede afirmarse, entonces, que los pobladores fácil y rápidamente comprenderán la gran seguridad que les proporcionará el recinto protegido.

         Mucho más difícil de solucionar son los problemas sociales y organizativos que se presentarán en la ejecución del proyecto.

         Se requiere, en efecto, la participación de los afectados desde el primer instante.

         Es imprescindible, en primer lugar, que los afectados decidan por sí mismos si están de acuerdo o no con esta alternativa; si la aceptan o la rechazan; y, en el caso que la acepten, cuáles son los términos de referencia de la alternativa.

         No se puede, en verdad, llevarla adelante si es que no se sabe si el proyecto beneficiará o no a los afectados y para conocer esto, la única manera es recibir las opiniones y el sentir de la propia gente.

         Ahora bien, si los pobladores están dispersos, sin un organismo autónomo que los aglutine, sus opiniones y sentimientos pueden ser manipulados. Por ello no sólo es necesario poder llegar a conocer la opinión de los afectados sino que éstos carezcan de impedimentos o regulaciones para expresarse libremente, lo que podría ser logrado solamente por una organización autónoma, con capacidad de gestión propia.

         Se llega a la conclusión, así, que los pobladores de las zonas bajas de Asunción para que puedan decidir en favor o en contra de esta alternativa es fundamental que, previamente, o tal vez en el proceso de discusión, se forme una organización representativa de ellos.

         Esta organización es la que, en caso de aprobar la alternativa de las defensas costeras, debería fijar los términos de referencia para la elaboración del proyecto, colaborar activamente en la confección del mismo, en la dirección de la obra y en su mantenimiento, una vez concluida la construcción.

         Debe llegarse a la conclusión, entonces, que se requiere de un importante trabajo de promoción social, de una institución como el EAPS, que apuntale la constitución de una organización autónoma de los pobladores de las zonas bajas del Gran Asunción.

         Un pensamiento arhuaco -indígenas de la Sierra Nevada de Santa Marta, Colombia- expresa conceptos que sintetizan lo arriba expuesto:

         "Respetar las tradiciones y costumbres no es retroceder. Respetar una cultura es dialogar con ella, corregir sus errores y mejorar sus valores. Progresar no es copiar lo que otros hacen. El progreso individual es un engaño. Sólo progresamos cuando nos unimos a luchar juntos por el bien común. El que quiere progresar solo, atropella a los demás y se convierte en un explotador".


         4. EL PROYECTO URBANO Y LA OPTIMIZACIÓN DEL USO DEL SUELO.


         Crear un espacio urbano para los sectores menos favorecidos, optimizado e incorporado plenamente a la ciudad, requiere tanto de la estructuración de conceptos precisos referidos a la planificación urbana, la calidad del espacio, la forma y la habitabilidad, así como de la formulación de interrogantes y propuestas concretas de variables referidas a aspectos económicos, tradicionales o no.

        

         EL DÉBIL EQUILIBRIO DE LAS ZONAS INUNDABLES.


         Habiéndose recorrido y analizado la compleja trama de variables que hacen al área de estudio, y a las comunidades que la integran, se concluye que, aún carentes de los niveles que se tienen como mínimamente aceptables para el ser humano, ellas sobreviven en una complicada gama de interacciones y recursos, verificándose una situación de equilibrio muy difícil de modificar, sin el riesgo de provocar irreversibles alteraciones de consecuencias negativas para tales comunidades.

         Se deduce, entonces, que cualquier intento o proposición de soluciones de mejoramiento necesariamente deba partir del estudio de las causas del desarrollo urbano de estas comunidades, respetando sus procesos históricos y apuntando al mejoramiento efectivo de la calidad de su vida.

        

         BASES PARA UNA REESTRUCTURACIÓN Y OPTIMIZACIÓN URBANA DEL RECINTO.


         Si se pretende llevar a cabo una reestructuración urbana, que optimice el uso del suelo en el recinto a ser protegido por las defensas costeras y apunte a un efectivo mejoramiento de la calidad de vida de sus habitantes, deben determinarse, previamente, ciertas pautas fundamentales. No debe perderse de vista, en efecto, que:

         "La filosofía y el saber obrar de los constructores anónimos, presentan la mayor fuente de inspiración arquitectónica aún no abordada por el hombre industrial. La sabiduría que pueda derivarse va más allá de consideraciones económicas y estéticas, ya que enfrenta los problemas más difíciles y engorrosos de la convivencia humana" (2).


         a) Los aspectos vivenciales de identidad.


         Diseñar un plan de reestructuración y optimización urbana del área de estudio implica "abordar no sólo la complejidad de la trama urbana que la defina, sino resaltar la especificidad de las circunstancias reales de existencia citadina en que se encuentran las familias y los pobladores base del proyecto" (3).

        

         b) La ecología urbana.


         La inserción de la ecología, en el planeamiento de optimización de asentamientos espontáneos urbanos, contribuye con pautas de ocupación y uso del suelo que aseguren el normal desarrollo de los cielos biológicos naturales y con criterios que respaldan condiciones ambientales favorables.

         Considerando que la estrategia de supervivencia de las poblaciones ribereñas de escasos recursos económicos está en estrecha relación de dependencia con su entorno natural inmediato, los planteamientos de esta disciplina se vuelven más que necesarios.


         c) La tecnología aplicada.


         La utilización de tecnologías apropiadas e intermedias en el diseño urbano, para los sectores de bajos ingresos, no sólo resuelven favorablemente variables tales como eficiencia, rentabilidad y adaptación al medio natural, sino que revaloran y destacan el conjunto de tecnologías de origen popular, las que constituyen una gran fuente de técnicas latentes, y consolidan aspectos positivos de la tecnología moderna, con ventajas en las tradicionales, minimizando los efectos negativos de la moderna.


         d) Aceptación, participación y habitabilidad.


         La posibilidad de éxito de una alternativa de solución técnica orientada a optimizar un asentamiento espontáneo de los sectores de menores ingresos radica, esencialmente, en el grado de aceptación que ella tenga entre los pobladores.

         Por lo tanto, la participación consciente de la población destinataria, en las instancias decisivas, se muestra insoslayable.

         "La capacidad de responder ese espacio habitable en forma coherente con el medio, con la cultura, con las expectativas del usuario, con la capacidad de participación decisoria del propio usuario no sólo en el proceso de habitarlo, sino de producirlo, de planearlo, de incidir en el espacio propio, o particular o colectivo, en el vecindario, en la ciudad, y este aspecto cualitativo central de la habitabilidad como es el poder real de participación activa en la toma de decisiones (autogestión) del usuario ciudadano, tiene íntima relación con las formas y niveles de organización y de formación para la toma de decisiones y con el espacio real e institucional para implementar esa participación, y este aspecto nos compromete a todos" (4).

         "La argumentación para renunciar a enfoques que contengan estos aspectos cualitativos es que son costosos y no son significativos, y son peligrosos cuando se refieren a la inclusión de la participación real del usuario. Es común y corriente en las distintas instituciones el esgrimir el argumento de que muchos temas referidos a los procesos no son convenientes tratarlos delante de los usuarios y, por lo tanto, no es aconsejable su participación en ciertos niveles, y renuncian, sin previa evaluación, en forma sospechosa, a intentar una participación real, a creer en la potencialidad y el aporte del poblador; y se dan seguridad evitando cualquier culpabilidad argumentándose también que cualquier cosa que se dé es mejor que nada" (5).


         e) Las tradiciones, los usos y los valores simbólicos.


         El plan físico de reestructuración y optimización del recinto, del área de estudio, debe estar concebido de tal forma que perciba, conserve y potencie las características que identifican a los barrios involucrados como marco físico de vivencias y actividades comunitarias.

         La determinación de dichas características que definen y corroboran futuros mecanismos de apropiación de planes de mejoramiento "debe partir del análisis sensato de valores y necesidades y de las formas históricas cómo se han determinado esos valores, se han satisfecho esas necesidades..." (6).


         f) La accesibilidad, los costos y la calidad de vida.


         La predominancia de enfoques cuantitativos, en los programas para sectores de escasos recursos económicos, que evalúan y analizan aspectos como las posibilidades de inversión y economía de los beneficiarios, superficie de lotes, superficie construida, costos unitarios, deja en un segundo plano a los aspectos constitutivos del concepto de calidad de vida, aceptándolos únicamente en la medida en que sean cuantitativamente medibles. Este enfoque cuantitativo conlleva la tesis de que reduciendo normas y estándares se logrará llevar adelante planes que reduzcan el déficit habitacional.

         Este, no obstante, no sólo no se soluciona, sino que aumenta considerablemente, "pese a la constante reducción de normas y estándares". Es de suponer que "hay algo más que no funciona en este proceso de redistribución y planificación de la miseria" (7).


         g) La infraestructura evolutiva.


         La existencia de servicios de saneamiento y aprovisionamiento adecuados en los asentamientos humanos es determinante para establecer las condiciones favorables o no para el desarrollo satisfactorio y no degradante, tanto ambiental como, fundamentalmente, humano.

         Como una alternativa coyuntural realista "se deben buscar procedimientos que ayuden al técnico involucrado en procesos habitacionales a pensar en términos dinámicos, a plantear alternativas válidas en una perspectiva temporal, que admitan la evolución paulatina de sistemas infraestructurales haciendo uso de tecnologías convencionales y no convencionales en secuencias coherentes que minimicen las deseconomías propias de los procesos demasiado extendidos en el tiempo, demasíado urgidos por la necesidad más primaria y demasiado desatendidos por el encapsulamiento patológico de demasiados técnicos y funcionarios" (8).


         POSIBILIDADES DE OPTIMIZACIÓN DE USO DEL RECINTO.

         ASPECTOS CUANTITATIVOS.


         Para la utilización racional e intensiva del recinto protegido, en coherencia con lo hasta aquí expuesto, se presenta como estructura de diseño (a) una propuesta de optimización de usos vigentes en las actuales zonas ocupadas de los barrios del área de estudio y (b) una propuesta de uso en las áreas libres existentes en el área de estudio,


         a) Propuesta de optimización de usos vigentes en las actuales zonas ocupadas de     los barrios del área de estudio.


         Las poblaciones espontáneas, en sus mecanismos de estructuración, apropiación y consolidación del espacio urbano, desarrollan procesos casi siempre al margen de lo establecido en las normas y leyes. Sin embargo, la legitimidad de sus mecanismos "marginales" se basa en principios fundamentales como el derecho a la tierra, a una vivienda digna, a la autonomía o libertad y el respeto a su identidad.

         Para poder ejercitar tales derechos, en el caso de los habitantes de las tierras bajas del Gran Asunción, se vuelve necesario concretar estrategias capaces de mejorar las condiciones de vida, elevándolas a un nivel óptimo, y de darles permanencia, con sentido de continuidad, en los actuales sitios de poblamiento.

         Se requiere, además, una labor coordinada y orgánica de carácter interdisciplinario, que atienda, a más de los aspectos propiamente urbanos, los aspectos sociales, económicos, legales y técnicos involucrados en el problema.

         En la creencia de que son legítimos los derechos de los actuales pobladores del área de estudio, y que su permanencia debe ser consolidada en sus actuales lugares de asentamiento, se debe buscar un diseño de optimización y reestructuración que provoque las mínimas modificaciones posibles en la situación existente, teniendo en cuenta la compleja trama de usos y vigencias consolidados, así como los riesgos de afectación de mejoras que constituyen patrimonio y esfuerzo económico de la población de estos barrios.

         En función a ello se sugiere considerar los siguientes aspectos:

         I. Vías de circulación. Se deben preservar y potenciar aquellas características de uso en vigencia, que promocionan las posibilidades de apropiación -en su sentido sociológico- de las calles por parte de la población. Para tal fin se podrá implementar una categorización de las vías de circulación optimizando su actual desempeño.

         Podrán existir, así, vías vehiculares principales, vías vehiculares secundarias, vías peatonales y vías intervecinales, por ejemplo.

         Una categorización de este tipo cumpliría a cabalidad los fines arriba enunciados como, asimismo, con otros objetivos, como la compatibilización de las situaciones de hecho con las ordenanzas municipales, el resguardo de las mejoras físicas existentes y la dotación al proyecto de mayor disponibilidad de superficie para lotes individuales o familiares, entre otros aspectos.

         II. Equipamiento comunitario, infraestructura básica y servicios comunitarios. Similarmente a lo señalado en el punto anterior, con respecto a estos rubros, debe propenderse a potenciar, fortalecer y optimizar las situaciones de hecho, los valores de uso y las tendencias, en cuanto a estos conceptos, que se aprecian en la población del área de estudio. En el diseño que busque mejorar y dotar de infraestructura básica al área, deberán hacerse planteamientos de tipo alternativos que signifiquen una baja inversión económica y un óptimo servicio para los beneficiarios, teniendo en cuenta su condición de pobladores de escasos recursos.

         De esta manera, la implantación de un equipamiento o servicio constituirá una real participación en los beneficios urbanos y no un escollo insalvable para los más pobres. Muy adecuado sería adoptar soluciones de tecnología apropiada, utilizando métodos de autoconstrucción y de ayuda mutua.

         III. Amanzanamiento y parcelación. Siguiendo la línea de respeto hacia las soluciones espontáneas planteadas por los pobladores y a las situaciones de hecho, toda intervención en cuanto a amanzanamiento y parcelación deberá contemplar tan sólo el mejoramiento de aquellas situaciones extremas, que salgan muy pronunciadamente fuera de los parámetros normales y hagan imposible mantener condiciones mínimas de habitabilidad. Toda solución deberá ser insertada imaginativamente y con amplitud dentro de las disposiciones jurídicas vigentes, haciendo primar al hombre y no a la norma.

         El respeto y la reivindicación de la calidad de las soluciones espontáneas, en conclusión, y la adecuación de las normas y las ordenanzas a las exigencias culturales, sociales y respecto a las disponibilidades del área, no harán otra cosa sino aportar en favor del éxito de toda intención técnica de mejorar las condiciones de vida de estos barrios.


         b) Propuesta de uso de las áreas libres del área de estudio.


         En la determinación de los usos de las áreas denominadas libres, se ha tomado en consideración:

         I. El área de parcelación.

         Se adoptó como lote familiar óptimo el que tenga 250 metros cuadrados (m2), superficie que es la de mayor frecuencia en todos los barrios del área de estudio y es, además, una que reúne las características necesarias de un lote urbano para el normal desarrollo de una vida familiar digna en asentamientos de este tipo. Se buscó, asimismo, el máximo rendimiento del recinto en cuanto a número de lotes, a fin de reducir los costos por familia beneficiada.

         II. El área para las vías de circulación. Del mismo modo que para los criterios de parcelación, para la determinación de la superficie destinada a calles se partió de las modalidades vigentes en los barrios del área de estudio, en lo que se refiere al trazado, los usos, las relaciones porcentuales y la categorización de las vías.

         III. El área libre a preservar. En el estudio de la estructura funcional de los barrios del área de estudio se evidencia una clara dependencia de los pobladores con respecto a las zonas carentes de poblamiento, llamadas áreas libres. La destrucción de estos recursos alternativos, por lo tanto, significaría una modificación agresiva a la trama funcional consolidada de los barrios en cuestión que desequilibraría totalmente el esquema de interdependencias y estrategias de supervivencia de la población.     Atendiendo, entonces, a factores ecológicos y económicos, como es la sobrevivencia de especies animales y vegetales de uso e interés económico para los pobladores, así como otros de tipo socio económicos, corno la extracción de materiales arcilloso y de leña, y recreativos, se plantea la preservación de una gran área de reserva a lo largo del cauce de los arroyos.

         Así, dado que el área de reserva o libre se encuentra a lo largo de las franjas de mayor depresión, ello ayudará a resolver el problema del desagüe pluvial del recinto en épocas de creciente con un mínimo de perjuicio para los pobladores.

         Estos criterios son los que permitirían calcular el área libre, el área para las vías de comunicaciones y el área de parcelación. De esta última se extraerá el número total de lotes que se podrán crear en las actuales zonas bajas del área de estudio, una vez que estén construidas las defensas costeras.



NOTAS


(1)     Urbanización de hecho, cerca de Cuatro Mojones, ocupada por 1.100 familias desde 1979. Se hicieron los proyectos de reestructuración urbana con las mismas familias, lo que fue aceptado por amplia mayoría. Actualmente (abril 1986) se está implantando la reestructuración urbana de la primera manzana Asiste a los pobladores el EAPS con un cuerpo de técnicos y promotores sociales desde hace más de 2 años.

(2)     Bernard Rudofsky. Arquitectura sin arquitectos (Buenos Aires: Ed. Universitaria, 1973)

(3)     Ebroul Huertas G. Habitabilidad - habitar - hábitat y participación (Medellín, 10 y 11 Talleres internacionales de Vivienda Popular, Programa de Estudios de Vivienda en América Latina, 1984).

(4) Ídem.

(5) Ídem.

(6) Ídem.

(7) Ídem.

(8) Raúl Di Luilo. Infraestructura Evolutiva Un acercamiento a la formulación de instrumento para la fase conceptual del diseño. (Medellín, Talleres latinoamericanos de Vivienda Popular, 1985).







VIII.  LA PROBLEMATICA A LA LUZ DE LA FE CRISTIANA


         1. INTRODUCCIÓN.


         Una de las tareas más importantes para la conciencia cristiana es la de discernir en los acontecimientos de la vida, sean personales o sociales, la presencia o ausencia de valores evangélicos. Construimos el Reino de Dios, entre otras cosas, transformando y recreando el mundo que nos rodea de forma tal que sirva a la realización de todos los hombres.

         El presente estudio nos confronta con hechos ante los cuales se hace urgente ese discernimiento en orden a un compromiso efectivo. Recordemos brevemente los más resaltantes:

         1) En Asunción existen extensas zonas de tierra inundables, por lo tanto de poco valor actualmente, pero potencialmente valiosísimas por su cercanía al núcleo urbano.

         2) En estas áreas viven actualmente unas 100.000 personas. Son personas de bajos recursos, sin trabajo fijo, generalmente, o con trabajos muy mal remunerados. Viven ahí principalmente porque necesitan de la cercanía de la ciudad o del río para conseguir lo indispensable para vivir; en otra parte (en el campo o en otras zonas de la ciudad) no tendrían trabajo; derivado de lo anterior porque no tienen posibilidades económicas para construir o financiar la adquisición de una casa propia.

        

         Estos dos hechos generan una situación particular. Por un lado un núcleo poblacional importante de nuestra ciudad vive en forma totalmente inaceptable desde el punto de vista humano: viviendas pequeñas e insuficientes, muchas veces encimadas unas a otras, sin título de propiedad sobre ellas, inundables con frecuente periodicidad, sin los servicios públicos indispensables; red cloacal, luz, agua, empedrados, zonas de esparcimiento, centros de salud, etc.; y por otro lado nos encontramos con unos amplios terrenos que por su situación no dejan de suscitar la codicia de empresas y grupos interesados fundamentalmente en el lucro.

         Además hay que hacer notar que estas zonas inundables no son más que un exponente del fenómeno mucho más amplio de la urbanización y marginación que se da entre nosotros. En 20 años la población del área metropolitana de Asunción pasó de 404.561 habitantes a 784.156 (casi se dobló). En 1972 el 31 por ciento de la población carecía de vivienda propia y el déficit habitacional (por condiciones de hacinamiento de sus moradores) era de 26.333 unidades.

         ¿Qué hacer ante esta situación?

         Tres alternativas al menos son posibles y algunas de ellas ya se han implementado en parte;

         a) Dejar el problema como está, paliándolo con el olvido o, en los momentos más llamativos, con acciones asistenciales momentáneas.

         b) Encarar la recuperación de esas zonas a través de planes costosos pero rentables a mediano plazo por la revalorización enorme que adquirirían los terrenos. Este plan, de hecho, significaría la expulsión de los actuales pobladores de estas zonas.

         c) Recuperar, con medios más sencillos y a un costo mucho más barato, estas zonas en vistas a proporcionar vivienda y un entorno digno a los actuales pobladores. Esta alternativa es posible y es la que se propone en el presente estudio.

         Frente a esta gama de posibilidades, ¿podemos permanecer pasivos e indiferentes los cristianos? ¿Cuál de ellas, y por qué, es más humana y evangélica? ¿Qué podemos y debemos hacer?


         2. INTERPELACIÓN CRISTIANA.


         Toda persona humana es sagrada y se constituye en el bien creado más valioso de cuantos existen, ante el cual todo otro valor o consideración pasa a segundo plano. Este principio es consustancial a la fe cristiana. Todo hombre es creado a imagen y semejanza de Dios, por la salvación de todos y cada uno ha enviado Dios a su hijo único Jesucristo que ha muerto en la cruz para redimirnos; de un modo especial Dios está presente y asume la causa de los más pobres; "Tuve hambre y me dieron de comer...". Las desigualdades sociales, fruto muchas veces de la insensibilidad de los más poderosos ha sido condenada enérgicamente por Cristo en su parábola del pobre Lázaro (Lc. 16, 19 ss). Toda persona humana es sagrada. En nuestro caso quiere decir que la actual situación inhumana y la suerte de las 100.000 personas que habitan las zonas inundables no pueden dejar a un cristiano, comenzando por los mismos afectados, insensibles y conformistas. Una fe que es incapaz de traducirse en obras que transformen las realidades injustas y libere de sus       servidumbres a nuestros hermanos es una fe muerta: "De qué aprovecha si alguno dice que tiene fe y no tiene obras..." (Sant. 2,14-16). La Iglesia, en un reciente documento nos recuerda: "Las desigualdades inicuas y las opresiones de todo tipo que afectan hoy a millones de hombres y mujeres están en abierta contradicción con el Evangelio de Cristo y no pueden dejar tranquila la conciencia de ningún cristiano" (Libertad cristiana y liberación, Nro. 57).


         3. CRITERIOS PARA ENJUICIAR EL HECHO


         LA CIUDAD, ENCLAVE CULTURAL A EVANGELIZAR.


         Las ciudades son, quizás, las creaciones más complejas y sofisticadas del hombre. En ellas, de una manera eminente, tienen asiento actividades económicas, políticas, artísticas, religiosas, educativas, etc.; y se constituyen por lo mismo en espacios donde los diversos intereses, expectativas y esperanzas de los hombres se van realizando o frustrando. Por eso, hablar de la ciudad es referirnos a un lugar privilegiado generador de cultura. "La cultura humana -dice el Conc. Vat. II- debe hoy desarrollarse de tal modo que perfeccione ordenadamente la persona humana y pueda ayudar a los hombres en el cumplimiento de las tareas a las cuales todos son llamados" (G.S. 56). Aplicando este criterio a la ciudad quiere decir dos cosas: en primer lugar que todo lo que se realice en la ciudad: jurídica, política, urbanísticamente, etc., ha de realizarse en función del hombre que habita en la ciudad, de todos los ciudadanos; y al decir todos, las mayorías y los más desprotegidos deben ser objeto de especial atención; en segundo lugar que deben de ser todos los ciudadanos los generadores y sujetos de los cambios que en la ciudad se den.

         Como realidad cultural que es la ciudad en ella acontece, al igual que en los restantes sectores de la vida humana, la presencia simultánea del pecado y de la gracia, del bien y del mal. "En la Biblia -nos recuerda Pablo VI-, la ciudad es frecuentemente el lugar del pecado y del orgullo... pero también el lugar de encuentro con Dios" (O.A., 12). Y el mismo Magisterio de la Iglesia nos indica la manera de contribuir en la vida ciudadana a la expansión de los valores evangélicos: "Construir la ciudad, lugar de existencia de los hombres y de sus extensas comunidades, crear nuevos modos de proximidad y de relaciones, percibir una aplicación original de la justicia social, tomar a cargo este futuro colectivo que se anuncia difícil, es una tarea en la que deben participar los cristianos".

         En este contexto amplio hay que situar el fenómeno más concreto de la urbanización que tan agudamente ha afectado a nuestra ciudad capital en los últimos 20 años. Este fenómeno, seguramente irreversible, se presenta la mayor de las veces como descontrolado, rápido y al servicio de minorías privilegiadas. "En este crecimiento desordenado, nacen nuevos proletariados. Se instalan en el centro de las ciudades que los ricos a veces abandonan; acampan en los suburbios, cinturón de miseria que llega a asediar, mediante una protesta silenciosa aún, el lujo demasiado estridente de las ciudades del consumo y del despilfarro. En lugar de favorecer el encuentro fraternal y la ayuda mutua, la ciudad desarrolla las discriminaciones y también las indiferencias; se presta a nuevas formas de explotación y de dominio, de las que algunos, especulando sobre las necesidades de los demás, sacan provecho inadmisibles. Detrás de las fachadas, se esconden muchas miserias, ignoradas aún por los vecinos más cercanos; otras aparecen allí donde la dignidad del hombre zozobra: delincuencia, criminalidad, droga, erotismo" (O.A., 10).

         La presencia de significativos núcleos poblacionales en las zonas inundables hemos de juzgarlas desde esta perspectiva. Esos núcleos no son apéndices de la ciudad, no son afeamientos de la misma, no pueden pensarse como realidades de segundo orden comparados con las zonas céntricas, hermosas, bien urbanizadas de la ciudad. Eso es invertir los criterios. La ciudad de Asunción debe definirse por el modo de vida y las condiciones que se le ofrecen a la mayoría de sus habitantes. El criterio estético o económico de ninguna manera son determinantes. Hay que invertir y aplicar los cambios técnicos con un criterio de servicio a todos y especialmente a los más pobres, que son ciudadanos con los mismos títulos y derechos que los demás.

         Grave es el desafío que a la vista de este problema y sus implicaciones tenemos los cristianos si aplicamos a él lo que la Iglesia nos recuerda como quehacer evangelizador: "Para la Iglesia no se trata solamente de predicar el Evangelio en zonas geográficas cada vez más vastas o poblaciones cada vez más numerosas, sino de alcanzar y de transformar con la fuerza del Evangelio los criterios de juicio, los valores determinantes, los puntos de interés, las líneas de pensamiento, las fuentes inspiradoras y los modelos de vida de la humanidad, que están en contraste con la Palabra de Dios y con el designio de salvación" (E.N., 19).


         FUNCIÓN SOCIAL DE LA PROPIEDAD.


         En la Sagrada Escritura los profetas denuncian situaciones de injusticia y levantan su voz cuando los derechos de los pobres son violados. Isaías reprocha: "Ay de aquellos que juntan casa con casa y campo con campo y anexionan hasta ocupar todo el sitio y quedarse solos en medio del país" (5.8).

         Miqueas clama: "Pobre de los ricos... si les gustan campos, se los roban, o unas casas, se las toman. Se apoderan de la casa y de su dueño, de un hombre y de su propiedad" (2,2). Aun cuando no niegan el derecho a la propiedad privada, sí denuncian el abuso de este derecho que se vuelve contra los más débiles.

         La función social de la propiedad está acentuada en Levítico 25, 10. 23, donde dice: "Declararás santo el año cincuenta... Será para ustedes un año de Jubileo. Los que habían tenido que empeñar su propiedad, la recobrarán. La tierra no puede venderse para siempre porque la tierra es mía, a que ustedes están en mi tierra como forasteros y huéspedes".

         La tierra está siempre en función de la necesidad de todos.

         Los Padres de la Iglesia afirman que la acumulación de bienes es injusta. San Basilio dice que: "La tierra fue dada en común a todos los hombres, ninguno considere suyo aquello que está más allá de lo necesario y que fuera retirado del acervo común por medio de la violencia" (Acc. Soc. CELAM, Pág. 166).

         San Ambrosio continúa diciendo: "Dios ordenó que todo fuese producido, generado, de una manera que sirva de alimento a todos y la tierra fuese propiedad común de todos. El bien privado es así, fruto de usurpación" (Of, 1, I Rom, c28).

         San Juan Crisóstomo afirma que "Dios nunca hizo a unos ricos y a otros pobres. Dio la misma tierra para todos. La tierra es toda del Señor y los frutos de la tierra deben ser comunes a todos. La comunidad de bienes es una forma de existencia más adecuada que la propiedad privada" (Epist. 1 Rom. a Tim. XII,4).

         En el Decreto de Graciano, resumen del pensamiento patrístico se afirma: "Por el derecho de gente se implantó la distinción de las propiedades y el régimen de servidumbres, por el derecho natural fortalecían la posesión común a todos y de todos la misma libertad" (Acc. Soc. CELAM, 167).

         El Magisterio de la Iglesia también se ha expresado sobre este punto. "Es importante que se fomente el acceso de todos, individuos o comunidades a la propiedad privada..." pues... "la misma o un cierto dominio sobre los bienes externos, aseguran una zona absolutamente necesaria para la autonomía familiar y personal..." y es "... a la autoridad pública que le toca impedir el abuso de la propiedad privada en contra del Bien Común" (G.S. 71).

         Sigue diciendo que la propiedad privada "por su naturaleza tiene una índole social, cuyo fundamento reside en el destino común de los bienes. (Id.).

         En su encíclica Populorum Progressio, Pavlo VI afirma que "la tierra ha sido dada para todos, no sólo para los ricos" (23).

         Juan Pablo II, más recientemente, ha dicho que "sobre toda propiedad privada grava una hipoteca social" (Dimc. Brasil, 1980).

         De lo expuesto se puede afirmar que la propiedad cumple una función social importantísima. Además, los bienes de la tierra no son propiedad exclusiva de alguna clase poderosa, sino que por su finalidad, está destina da al uso común. La tenencia de la tierra está subordinada al derecho natural.


         DERECHO A UNA VIVIENDA DIGNA.


         Entre los elementos materiales que el hombre necesita para vivir dignamente la vivienda ocupa un lugar preeminente. Ella está relacionada directamente a la necesidad de intimidad, de independencia, que la persona humana requiere; también a la fundación y mantenimiento de la familia, y como medio a partir del cual se establecen vínculos sociales de variadísimos tipos con otras personas y familias.

         Por todo ello es lógico que la Iglesia haya defendido este derecho desde muy antiguo y con la mayor energía: "Es preciso considerar bien de frente, en toda su plenitud, el deber de dar a innumerables familias, en su unidad natural, moral, jurídica y económicas, un justo espacio vital que responda... a las exigencias de la dignidad humana" (Pío XII, 1943). Y Juan Pablo II afirma: "La Iglesia defiende el derecho de tener una vivienda digna para llevar dignamente la vida familiar" (F.C., 46).

         En nuestra ciudad este derecho fundamental y primero es todavía un sueño inasequible para la mayoría lo que, evidentemente, constituye una flagrante injusticia. Las palabras de denuncia que pronunciara en 1971 Pablo VI son, entre otros, de una tristísima actualidad:

         "Son en efecto los más débiles las víctimas de las condiciones de vida inhumana, degradantes para las conciencias y dañosas para la institución familiar: la promiscuidad de los alojamientos populares hace imposible un mínimo de intimidad; los jóvenes hogares, en la vana espera de un alojamiento decente y a un precio accesible, se desmoralizan y hasta su misma unidad puede quedar comprometida; los jóvenes abandonan un hogar demasiado reducido y buscan en la calle compensaciones y compañías incontrolables. Es un deber grave de los responsables tratar de dominar y orientar este proceso".

         "Urge reconstruir a escala de calle, de barrio o de gran conglomerado, el tejido social en que el hombre pueda desarrollar las necesidades de su personalidad. Hay que crear o fomentar centros de interés y de cultura a nivel de comunidades y de parroquias, en sus diversas formas de asociación, círculos recreativos, lugares de reunión, encuentros espirituales, comunitarios, donde, escapando al aislamiento de las multitudes modernas, cada uno podrá crearse nuevamente relaciones fraternales".

         El problema de un barrio de condiciones habitacionales inhumanas, o su reestructuración, es un problema ético antes que urbanístico. No se trata de resolver cómo hacer más habitable, en abstracto (habitable, ¿para quién?) el lugar o de mejorar y embellecerlo también "en abstracto". El principal e incuestionable problema es cómo hacer para que las personas que viven en él de modo inhumano puedan acceder a las mejoras exigidas por su condición de personas. Se trata de dar respuesta a las personas pobres y de facilitarles los medios para acceder a sus derechos fundamentales, en este caso de la vivienda. El problema urbanístico es secundario. La medida técnica será buena si sirve a esos pobladores pobres; será pésima, éticamente desviada, si expulsa a los pobladores pobres sin dar respuesta justa a sus necesidades. La injusticia de esta segunda opción es evidente. La Municipalidad o una empresa privada dirían que han "recuperado" una zona de la ciudad. Pero, ¿qué significa esa recuperación? Sencillamente quitarle a los pobres su precario suelo y lugar de trabajo, dejarlos sin suelo donde construir o, lo que es peor, sin fuente de trabajo, para darle ese lugar "recuperado" a los sectores de la sociedad a quienes ya les sobra suelo y trabajo por su elevado nivel de vida. El Concilio Vaticano II nos indica cual debe de ser la manera de obrar en casos semejantes: "Es necesario que se facilite al hombre todo lo que este necesita para vivir una vida verdaderamente humana, como son el alimento, el vestido, la vivienda... El orden social y su progresivo desarrollo deben en todo momento subordinarse al bien de la persona, ya que el orden real debe someterse al orden personal, y no al contrario" (G.S., 26).


         LOS POBRES, OBJETO DE AMOR PREFERENCIAL.


         "Bajo sus múltiples formas -indigencia material, opresión injusta- la miseria humana es el signo manifiesto de la debilidad congénita en que se encuentra el hombre tras el primer pecado y de la necesidad de salvación. Por ello, la miseria humana atrae la compasión de Cristo Salvador que la ha querido cargar sobre sí e identificarse con los más pequeños de sus hermanos" (Mt. 25, 40.45). También por ello, los oprimidos por la miseria son objeto de un amor preferencial por parte de la Iglesia que, desde los orígenes, y a pesar de los fallos de muchos de sus miembros, no ha cesado de trabajar para aliviarlos, defenderlos y liberarlos" (Lib. cristiana y Liberación, 68).

         ¿Quién habita las zonas periféricas de nuestra ciudad de Asunción? ¿Quiénes son los habitantes de las áreas inundables de nuestra ciudad capital? ¿No son acaso los más pobres? He ahí otro criterio cristiano para nuestro accionar. Los pobres no solamente no deben de ocultarse a nuestras miradas, o alejarlos de nuestro entorno; los pobres deben de constituirse en sujetos preferenciales de nuestro amor; ellos, nos recuerda Puebla, merecen una atención preferencial, cualquiera que sea la situación moral o personal en que se encuentren. Hechos a imagen y semejanza de Dios, para ser sus hijos, esta imagen está ensombrecida y aun escarnecida. Por eso Dios toma su defensa y los ama. (1142).

         Además, esa atención a los problemas de los pobres hemos de asumirla con los criterios que indica el concilio Vat. II: "Cumplir antes que nada las exigencias de la justicia para no dar como ayuda de caridad lo que ya se debe por razón de justicia; suprimir las causas y no sólo los efectos de los males y organizar los auxilios de tal forma que quienes los reciben se vayan liberando progresivamente de la dependencia externa y se vayan bastando por sí mismos" (A.A., 8).

         Para toda comunidad que se pretenda humana y civilizada, el respeto y servicio a los más desprotegidos debe de ser normal. Para una conciencia cristiana ello se constituye en un imperativo evangélico. La marginación social y las condiciones habitacionales inadecuadas no pueden dejar insensible la conciencia de ninguna persona de sana moral. Y los primeros conscientes de esto deben de ser los propios afectados que en todo momento han de ser sujetos de su propio desarrollo. De una forma clara e inequívoca señaló esto Juan Pablo II en su visita a una favela de Brasil: "Sólo el amor cuenta, sólo el amor construye. Vosotros debéis luchar por la vida, hacer todo lo posible para mejorar las propias condiciones en que vivís, es un deber sagrado, porque esa es también la voluntad de Dios. No digáis que es voluntad de Dios que vosotros permanezcáis en una situación de pobreza, enfermedad, en una mala vivienda contraria muchas veces, a vuestra dignidad de personas humanas. No digáis: 'Es Dios quien lo quiere'. Sé que eso no depende sólo de vosotros. No ignoro que otros deberán hacer mucho para poner fin a las malas condiciones que os afligen o para mejorarlas. Pero vosotros debéis ser siempre los primeros en hacer mejor vuestra vida en todos los aspectos. Desear superar las malas condiciones, darse la mano unos a otros para buscar juntos mejores días, no esperar todo de fuera, sino comenzar a hacer todo lo posible, procurar instruirse, para tener más posibilidades de mejorar" (Salvador, 7/8/80).


         4. OPCIONES PASTORALES.


         ¿Qué hacer frente a esta realidad? ¿Cuál es la opción más humana y cristiana ante las alternativas que se presentan en nuestro caso de las zonas inundables?


         A NIVEL GENERAL.


         1) Dejar las cosas como están repugna a nuestra conciencia cristiana porque eso significa apoyar masivamente la injusticia que pesa sobre miles de ciudadanos y hermanos nuestros.

         2) Una solución como la ya comenzada en Lambaré, de recuperar esas tierras a costos elevados y dentro de un esquema del más puro capitalismo salvaje, donde se busca la ganancia como primer objetivo, ha de ser denunciada con todas nuestras fuerzas. Esta "solución" seria aceptar el criterio de que las familias pobres no pueden vivir en lugares buenos de nuestra ciudad, que deben ser expulsadas a la periferia o lejos de la misma. ¿Con qué derechos? ¿Por qué razón los pobres tienen que vivir en los peores lugares? Hacer esto constituye una evidente injusticia ya que en la práctica es afirmar que gran parte de los bienes de la cultura, que supone la vida ciudadana, están vedados a la mayor parte de los ciudadanos.

         3) La solución que propone este trabajo nos parece la más acorde con la ética cristiana referente a lo que debe de ser una ciudad y un plan de urbanización. Recuperar las zonas inundables de nuestra ciudad, hacerlo a los costos más reducidos posibles, con los actuales pobladores de esas zonas y con el fin de que esa solución revierta en beneficio inmediato de los mismos. Soluciones de este tipo son las más cristianas y evangélicas. En ellas la ganancia y el lucro dejan el primer lugar, como objetivos, al desarrollo y dignidad de las personas especialmente de aquellas más débiles y desprotegidas.

         4) Un principio queda muy claro y debe defenderse con firmeza: No es lícito que a costa de los más pobres se especule con tierras que están siendo habitadas por los sectores más desprotegidos de nuestra sociedad. Ello atenta gravemente contra el derecho que todo hombre tiene a un suelo donde habitar.

         5) Cualquier solución que se proponga ha de ser contando con la colaboración de los habitantes de estas zonas.


         A NIVEL INSTITUCIONAL.


         1) Si las leyes favorecen el desalojo de los pobres de los centros urbanos y favorecen la marginación de hecho de esos sectores, esas leyes deben ser consideradas como injustas y, por lo tanto, urge su reforma.

         2) Ante el derecho primario de un suelo propio y una vivienda digna, las leyes positivas que se le interpongan deben de ceder para permitir lo fundamental.

         3) No basta con ofrecer vivienda a los sectores más pobres. Urge a la vez defender esa vivienda con unas leyes que impidan la especulación sobre las mismas y sobre los terrenos en que se asientan. Sin una protección legal a las viviendas destinadas a los sectores populares los programas de construcción de las mismas servirán de muy poco.


         A NIVEL DE LOS PROPIOS AFECTADOS.


         1) Deben de tomar conciencia de sus derechos y de la injusticia que supone el vivir en las condiciones actuales.

         2) Deben reclamar ser los primeros actores y sujetos de los posibles cambios y transformaciones.


         A NIVEL DE LA IGLESIA COMO COMUNIDAD ORGANIZADA.


         1) Concientizar a los pobres acerca de su situación y ayudarles a tomar conciencia de los problemas que les atañen.

         2) Apoyar a los grupos de vecinos de las zonas inundables que pacíficamente quieran organizarse para defender sus derechos y buscar las soluciones más justas.

         3) Informar a los cristianos y a la opinión pública acerca de los graves problemas que afectan a tantos hermanos nuestros que habitan en viviendas precarias y en condiciones inhumanas para de esta forma sensibilizar y urgir a la solidaridad.

         4) Denunciar con claridad y sin ambigüedades los atropellos y manipulaciones que sobre las poblaciones afectadas puedan realizarse.

         5) Proponer soluciones.

         6) Las parroquias, en su accionar pastoral, deben asumir, apoyar, asesorar y compartir los problemas de los sectores populares y ayudarles a que se organicen y puedan defender sus propios intereses. Hacer esto es una de las formas más eficaces de ejercitar la caridad y el amor al prójimo deberes tan importantes de la Iglesia.

         7) Los profesionales cristianos, que trabajan en instituciones públicas o privadas, deben de contribuir a la solución de este problema indicando las soluciones mejores desde el punto de vista técnico y cristiano, proponiendo otras nuevas, creando conciencia en los medios en que se desenvuelven y denunciando aquellas falsas soluciones que atenten contra los derechos de los más pobres.


 

 

 

         PALABRAS FINALES


         Los problemas de Asunción que hemos estudiado afectan a todos, y todos tenemos, como ciudadanos y también como cristianos, el deber de colaborar en su adecuada solución.

         De nuestra participación activa en la búsqueda de una solución justa a los mismos dependerá el que logremos, para nosotros mismos y para nuestros hijos, una Asunción humanamente habitable, en lo posible, fraternal, y que no nos avergüence a nosotros mismos y a la historia.

         "Construir la ciudad, lugar de existencia de los hombres y sus comunidades, crear modos de projimidad y de relaciones, percibir una aplicación original de la justicia social, tomar a cargo este futuro colectivo que se anuncia difícil, es una tarea en la cual deben participar los cristianos" (O.A. 12).

 

 

 

 

INDICE


Prólogo

A modo de Introducción

I.       Alternativas de solución a los efectos depredadores de las inundaciones

II.      Características del área de estudio

III.     Legalidad para unos, ilegalidad para otros

IV.    La disyuntiva de irse o quedarse

V.      Las dificultades a vencer

VI.    La alternativa de las defensas costeras. Aspecto técnico-económicos

VII.   La conveniencia de las defensas costeras

VIII.  La problemática a la luz de la fe cristiana

Apéndice

 

 

 

 





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HISTORIA
HISTORIA DEL PARAGUAY (LIBROS, COMPILACIONES,
BIBLIOTECA
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