EL PUEBLO GUARANI COLONIAL.

a) Formación

TIERRAS, BIENES COMUNALES Y POTENCIALIDAD ECONÓMICA DE LOS PUEBLOS

Como principio básico valía una legua y media como área exclusiva del pueblo guaraní, incluyéndose las tierras para la labranza. En el siglo XVIII eran frecuentes los pleitos con los vecinos estancieros por el deslinde de tierras; el pueblo de Yaguarón pidió la medición ya en el año 1711, y el gobernador Robles ordenó el amojonamiento, práctica seguida luego en otros pueblos (422). Las disputas por los linderos eran más frecuentes en la segunda mitad del siglo XVIII ya que la invasión de los pobladores criollos, arrendatarios y clandestinos, alcanzó mayores proporciones; los pleitos tenían su fundamento por cuanto fue la tierra de agro del pueblo la que limitaba con estancias de los vecinos, un problema que, como hemos observado, ya contemplaban las ordenanzas de Hernandarias y Alfaro (423). Fuera de estos límites, los pueblos poseían frecuentemente las tierras apreciables, destinadas en gran parte a las estancias, siendo como era el ganado el mayor bien comunal; al respecto tenemos datos revelados por los inventarios de los bienes de los pueblos, periódicamente elevados por los comisionados del gobernador y coincidiendo por lo general con el cambio de los corregidores guaraníes o los administradores españoles. El pueblo de Caazapá poseía las tierras más extensas; sus linderos, según el inventario de 1764, se describen entre R. Tebicuary, Yvytyrusú, cabezadas del R. Capiibari y R. Piraporarí, lo que indica que una parte correspondía a los yerbales (424), aprovechados en la economía propia del pueblo. El padrón de 1793 asignaba al mismo pueblo 30 leguas de terreno en línea este-oeste y 46 ½ leguas en norte-sur (424a). Las tierras de Yuty se extendían hasta Sta. Rosa y S. Ignacio, abarcando el R. Ñacunday; al respecto conviene tener presente que el asiento antiguo de este pueblo hallábase en donde las tierras de S. Cosme, y su desplazamiento hacia el R. Tebicuary arriba fue posterior. En contraste, el pueblo de Atyrá poseía pocas tierras, debiendo considerarse su mudanza en ocasión de las invasiones mbayáes; apenas poseía de 2 a 3 leguas en los alrededores; sus límites corrían desde la cordillera de Pirayú, arroyos Piribebuy, Atyrá hasta Tobatí; con frecuencia este pueblo evocaba la falta de tierras para estancias y, por ende, la pobreza de ganado, más aún en vista de que este pueblo solía integrar muchos indios refugiados a título de connaturalizados pueblerinos; disponía de una sola estancia en el paraje de Tapequesá (425). La asignación de tierras a los pueblos guaraníes del Norte, luego de los desplazamientos por incursiones mbayáes y payaguáes, ofrecía algunas dificultades; el primer emplazamiento de Atyrá en 1674 en los campos de Yaguí junto al arroyo Tambaí fue contradicho por los vecinos estancieros que consideraban la extensión de las tierras del pueblo en su perjuicio (426). Altos tenía dos estancias, en Yaguapirá y Catiguá; en Itá sólo se registró la estancia en el paraje de Añangatí con un área de 3 ½ leguas; para Yaguarón se citaron en la época de Robles las estancias en Ybiambucú, Ñuatí, Apuay, y según el inventario de 1764, en Pirayubí, Ybiambucú y Tobatirí, cada una con tierra de cerca de 3 leguas. El gobernador Cota definió los linderos del nuevo pueblo de Itapé: 5 leguas al norte y sur hasta Ibúy Mitaí, y 3 leguas al este hasta el Monte Grande; estas tierras pertenecían según el documento, "a los dichos indios privilegiadamente como a reducidos voluntariamente a Nra. Santa Fé y que en virtud de Cédulas reales tienen la escogencia de tierras a su voluntad y conveniencias..." (427); estos linderos fueron excesivos para tan sólo 2 grupos monteses de 213 almas en total que se redujeron en 1682, pero se los consideraba dentro de la posibilidad de que se redujeran otros monteses guaraníes de los alrededores. Los nuevos pueblos tarumáes del Norte y Belén estaban en pleitos continuos por sus linderos con los vecinos y arrendatarios, disputando sus tierras también los curuguateños y los pobladores de Quaretí por la proximidad de los yerbales. Los arrendatarios afirmaban hasta que el pueblo de San Joaquím "... es intruso en aquel lugar como que lo poblaron clandestinamente más de 1000 indios de Misiones del pueblo de Nra. Sra. de Fée transmigrados en diferentes ocasiones..." (428); asimismo se consideraba el pueblo de S. Estanislao como "un pueblo clandestino"; estos alegatos de los arrendatarios en su favor se deben al hecho de que los dos pueblos fueron fundados por los jesuitas en 1746 y 1749 respectivamente, sirviéndose éstos de un núcleo de guaraníes misioneros como base pobladora de los pueblos. Al pueblo de S. Joaquím se disputaba el derecho de poseer tierras en la otra banda de la Serranía y de Monte Grande (429); el pueblo de S. Estanislao tenía discusiones con los arrendatarios; aunque sus linderos fueron amojonados por orden del gobernador Melo, los pobladores de Quarepoti disputaban la parcela vecina de Aguapey (430). El pueblo de Belén contaba con muchos indios tapés traídos por los jesuitas; disponía de tierras de 1 ½ legua en contorno y hacia el Este 3 leguas; siempre se lo consideraba uno de los pueblos más pobres y más dependiente de los conchabos en los yerbales y en las chacras de los criollos vecinos (431). El pueblo de los chavaraná-arawak de San Juan Nepomuceno se asentó en las tierras pertenecientes al pueblo de Caazapá.

La entrada de los criollos en los pueblos indios continuaba en contra de las ordenanzas y provisiones, pero en el siglo XVII aún se trataba de simple permanencia, no justificada generalmente, por razones de trueque; en el siglo XVIII ya aparecieron los pobladores criollos clandestinos y arrendatarios en las tierras de los indios. En el expediente levantado contra la administración de Caazapá y Yuty en 1704 hay censura de las licencias que se daban a los vecinos villariqueños para ocupar tierras de los indios y poblarlas; se realizó la revisión en Caazapá, Yuty e Itapé, dando el comisionado del gobernador la orden de desalojo y el bando de "...que ninguna persona de cualquier calidad y condición que sea sean osados a perturbar ni inquietarlos en ella con introducción de poblaciones de chacras ni estancias en su contorno, en ellas ni en parte de ellas..." (432); el desalojo fue categórico en Itapé, con justificación de ser inconveniente la presencia de criollos "... vecinos tan inmediatos, y ser indios... gentío miserable e incapaz...". El despoblamiento de algunos valles constantemente hostigados por los ataques chaqueños y además el siempre más creciente número de colonos criollos pobres inducían a estos a ocupar o arrendar las tierras buenas de los pueblos. En los tiempos de Antequera había en las tierras de Atyrá algunos pobladores pobres, más bien clandestinos, los hombres sirviendo en los yerbales y quedando las familias a cargo de la chacra (433). Los informes de los bienes comunales mencionan que la administración recibió en 1764 en concepto de arriendo 8 arrobas de tabaco (434), siendo la costumbre el pago de los arriendos en especie de tabaco, a veces la única fuente para repartirlo entre los indios del pueblo. El informe del curato de Atyrá de 1793 caracteriza a las familias arrendatarias como pobres, incapaces de cumplir hasta con el deber al curato (435); el curato de los pueblos indios se encargaba también de los pobladores criollos bajo el concepto de "la feligresia externa". En 1793, el pueblo de Atyrá tenía oficialmente 20 arrendatarios (436), lo que no incluía a los pobladores clandestinos y temporarios, estos últimos también frecuentes por la particularidad de "agrícolas nómadas" de aquellos tiempos. Los pueblos Ypané, Guarambaré e Itá contaban con arrendatarios criollos ya desde el año 1737 (437); Yaguaron percibía bajo el mismo concepto 90 arrobas de tabaco en 1764. Los curuguateños arrendaban las tierras del pueblo de S. Estanislao y S. Joaquím; entre los pobladores más solventes se menciona un arrendatario con 68 caballos, 95 cabezas de ganado corralero y 116 ovejas (438). Los pueblos Caazapá, Itapé y Yuty también abundaban en arriendos, siendo los pobladores criollos y mestizos (439); estos pueblos hasta contrataban a criollos, pardos e indios tapés para su servicio en los yerbales. Esta penetración criolla en las tierras de los pueblos guaraníes alcanzaba proporciones considerables hacia 1790; los padrones parroquiales indican para el mencionado año el siguiente cuadro: Ypané con 253 parroquianos indios y 20 criollos o españoles; Atyrá con 972 indios y 595 criollos; Yuty con 674 indios y 355 parroquianos criollos (440). Las consecuencias fueron lamentables para los indios; la carta del protector de los naturales, P. Achard, en 1781 al gobernador revela para el pueblo de Itá y otros la desmoralización de los indios y la merma de la capacidad económica de los pueblos (441); el protector pidió por esta razón el desalojo de los pobladores y su colonización en zonas de Remolino, costas del R. Paraguay, Tebicuary, Ñeembucú, Piray y Jejuí. La ley de una legua y media de contorno ya no era válida; los pueblos se llenaron de gente criolla; en las estancias, el ganado del pueblo guaraní se mezclaba con el de los arrendatarios, faltando a los mismos pueblos la tierra de modo que "... no hay engorde de animales, no hay multiplico, ni aumento, todo se va acabando y consumiendo..."; la impotencia económica del pueblo por falta de ganado circunstanciaba la dispersión de los indios en busca de conchabos; "... los Españoles se van conglovando de generación en generación en las tierras de los indios, y sus descendientes van ocupando más lugar y lugares en perjuicio de los indios...". Más preocupación aún causaba al protector de los naturales la desintegración del régimen comunal que los indios manifestaban por el contacto cotidiano con los pobladores criollos; se quejaba de la insubordinación de los indios a los doctrineros y administradores, "... de suerte que estos ya no pueden gobernar bien sus pueblos y comunidades... porque todos y cada uno a cual más a cual menos tienen sus amparadores ocultos en su mismo territorio". Los indios hacíanse "trajinantes y andantes todas las familias", no cumpliendo con el trabajo comunal, abandonando el trabajo en sus labranzas y tampoco asistiendo a las doctrinas; rondaban por los ranchos de los pobladores criollos, viendo en el pequeño y ocasional conchabo una "ganancia". El robo de los bienes comunales practicaban indios y criollos; los vicios de borrachera eran propios de ambos. Los pobladores, criollos, mestizos y mulatos libres se introducían paulatinamente ya en los mismos pueblos guaraníes o se asentaban por largo tiempo en ellos; en el capítulo 3 de la Circular a los pueblos, el gobernador L. de Ribera dice: "No permitirán (administradores de los pueblos) que los pobladores se introduzcan en las tierras de indios ni que vengan a los pueblos a causarles extorsiones, haciendo pague cada uno puntualmente lo que corresponde por las tierras arrendadas..." (442); la circular se refiere a la costumbre de eludir el pago estipulado de arrendamiento y considerar las tierras de los pueblos guaraníes coloniales como "tierras libres" o "tierras baldías". Por otra parte también acrecentó el pequeño comercio y trueque de los pobladores criollos en los pueblos indios con frecuentes extorsiones a los indios, pues estos, faltos de todo concepto de valores reales y del comercio por ser siempre dependientes de los almacenes de la comunidad con bienes solamente necesarios o traídos por el administrador como único "tendero" del pueblo, resultaban ineptos para el nuevo módulo que surgió a consecuencia de la penetración criolla en los pueblos; esto no obstante, la descomunalización de los indios guaraníes comenzaba a gestarse. La definitiva descomunalización de las tierras de los pueblos obedecía al decreto de 1848: el guaraní recibió, teóricamente por lo menos, un lote de tierra de 2 X 2 X 6 cuerdas, calculándose el valor de una cuerda en 72,16 metros, más algunas vacas lecheras, bueyes y caballos (443).

Como base para estudiar la potencialidad económica de los pueblos guaraníes coloniales servirán los inventarios de los bienes, especialmente el inventario de 1764, realizado por el comisionado Sgto. Mayor M. J. López a requerimiento del gobernador Martínez Fontes (444). Los inventarios indican generalmente las fluctuaciones y las crisis periódicas por las cuales pasaban los pueblos, debido a varias causas: hostigaciones de los chaqueños, administraciones malas e interesadas, preferencias por la producción unilateral, sacas de indios de los pueblos, falta de la participación individual y responsable de los indios, epidemias y plagas que arruinaban cosechas. La existencia de ganado siempre se consideraba como una garantía de la solvencia económica de los pueblos; según Aguirre, la existencia total del ganado en los pueblos en el año 1790 ascendería a 199.500 cabezas, con la repartición siguiente: Caazapá con 60.000 cabezas, Yaguarón 30.000, Itapé 25.000, Atyrá 17.000, Yuty 18.000, S. Joaquím 16.000, Altos 13.000, Guarambaré 11.000, Ypané 3.000 y Tobatí con sólo 2.000 cabezas (445). En 1764, Yaguarón tenía 10.000 reses, 599 bueyes, 577 caballos y 872 yeguas, pero en el año 1711 solamente 1.464 cabezas de ganado vacuno, cifra debida a la merma por mala administración de la anterior existencia de 5.649 cabezas; en el mismo año, el pueblo de Yaguaron presentó al gobernador la queja sobre "la suma pobreza en que se hallan y agravios que padecieron en su propio pueblo ellos y sus familias..." (446); la falta de ganado significaba no tan solamente una menor repartición semanal de carne sino también la falta del valor adquisitivo para el vestuario, yerba, tabaco, escaseando a veces la misma alimentación diaria por lo limitado de la producción. El gobernador Robles acuso al corregidor guaraní y al cabildo de negligencia administrativa; la contestación de los indios refleja la realidad: ellos no tenían la participación directa en la administración de los bienes y menos aún tratándose del manejo comercial que representaba como bien económico el ganado; "...que no corre por mano de ellos la administración de los dichos efectos que produce el trabajo de dichos indios e indias y sus ocupaciones en dichas faenas de carretas, beneficio de garabata, guembé e hilanzas de algodón y otras manufacturas que se han hecho por razón de bienes de comunidad... cuanto el gasto del ganado vacuno no le han tenido sin intervención y liberamiento de sus curas quienes han corrido siempre en despachar las cédulas y vales de las cantidades que se han sacado de las dichas estancias..." (447). El corregidor Cherazí-caé fue destituido o sea, le retiraron su vara; si legalmente el corregidor guaraní compartía la responsabilidad con el administrador, la práctica comprobaba lo contrario; el cabildo era puramente representativo. Los indios recurrían también al robo de ganado en necesidades; los pleitos judiciales demuestran condenas a 50 azotes en rollo para los ladrones indios de ganado como en el caso de los guaraníes de Tobatí y Altos, acusados del robo por las estancias de la cordillera arriba.

El pueblo de Atyrá presenta las mismas fluctuaciones; en 1764 contaba con 6.600 cabezas de ganado vacuno, 242 bueyes y 298 caballos; pero en el año 1738, el año crítico para el pueblo, solamente contaba con 848 cabezas de ganado, de las cuales existían sólo 78 cuando se realizó el inventario, pretextando de gastarse el ganado en sustento, gastos y faenas del pueblo (448). Los pueblos de Guarambaré e Ypané siempre figuraban entre los más pobres por el número de ganado y por la falta de tierras para estancias, en contraste con Caazapá que en 1764 contaba con 76.000 cabezas de ganado; la proporción respectiva en el pueblo de Altos dependía en gran parte de los administradores, pues allá las estancias fueron aprovechadas por la gobernación.

El aprovechamiento directo del ganado por parte de los indios era limitado; la distribución de carne más usual, siempre que hubiera ganado suficiente, era: los jueves y sábados, la repartición de carne para todos los indios y sus familias; los lunes, la repartición de carne a las mujeres cuando tomaban el trabajo de hilanza; había raciones ocasionales para artesanos que trabajaban para el pueblo, y para viejos, enfermos y huérfanos; las raciones en las estancias se repartían por medio de capataces (449). Muchas reses se gastaban en ocasión de las fiestas del pueblo y visitas de los gobernadores, por ejemplo en Itá en 1764 cerca de 2.829 reses. Se consumían reses para manutención de los peones en construcción de iglesias, viviendas para el pueblo y ocupados en el trajín del pueblo. Las reses se gastaban también en pago de salarios, así a los mayordomos criollos de las estancias, de Catinguá de Altos por ejemplo, a los peones yerbateros, a los peones muleros, criollos por flete en beneficios, a los pintores mulatos empleados en obra de iglesias, a los encomenderos a título de indemnización por los mitayos retenidos por las necesidades del pueblo, etc. Las reses también servían de medio de trueque por tabaco, por adquisición de cañaverales, de telas y otros artículos. Algunas reses se entregaban a título de "premios y suplementos" a indios capataces de estancias y a los indios concejales, por necesidad o a pedido, de donde [se surgió] el interés del indio en formar parte del Cabildo. Las reses constituían también donativos en pro de la ayuda a las reducciones nuevamente formadas; para la reducción de los abipones contribuyeron Itá y Yaguarón, para Belén de los mbayáes varios pueblos, para San Juan de Neponuceno de los chavaraná el pueblo de Caazapá (450). En tales condiciones no era extraño que muchos pueblos, entre ellos hasta el potente Yuty, tenían que recurrir periódicamente a la compra de ganado (451). Los pueblos que sufrían periódicos robos de ganado por los chaqueños, siempre eran míseros, siendo en tal caso el aprovechamiento de los yerbales su único y básico bien de valor. Se prestaba bastante atención a la existencia de bueyes para el trajín de carretas; los indios siempre fueron buenos boyeros. Todos los indios eran buenos jinetes y el trabajo de vaqueros les agradaba, aunque en menor escala que a los chaqueños aculturados; esto no obstante, el caballo para uso individual del indio fue prohibido a fin de evitar sus fugas de los pueblos. El ganado era esencialmente propiedad comunal; no consta en los documentos si las reses que se daban a vaqueros y concejales indios a título de premios, deben considerarse como una verdadera propiedad del indio o una simple posesión limitada a una vida; el hecho de que los mestizos declarados libres y también los "indios libres" buscaban un lote fuera del pueblo, con vaca y buey, hace suponer que muchos indios pueblerinos también buscaban este módulo de vida más independiente.

Cada pueblo tenia varias chacras; mandioca, maní, porotos y maíz se cultivaban para el consumo del pueblo; en algunas ocasiones, el maíz servía también de trueque por sal, tabaco, lana de segunda calidad, y de pago para algunos pequeños trabajos, no teniendo el maíz nunca gran valor adquisitivo. La capacidad del cultivo dependía por ende de la densidad de la población; en los pueblos con 600 almas por ejemplo, plantábase generalmente unos 500 liños de mandioca, pero en Atyrá, donde la concentración de indios fue mayor en el siglo XVIII, el cultivo de mandioca alcanzaba 2388 liños (452). El cultivo del maíz era más fluctuante, de 50 a 200 fanegas, siendo muy circunstancial una producción de 500 fanegas. Al trigo y a la caña de azúcar se prestaba limitada atención; ni trigo ni azúcar se incluían en la alimentación diaria de los indios. Los pueblos norteños sufrían en el siglo XVII la falta de sementeras por causa de las invasiones de los mbayáes, los que "... corrían todas las tierras donde podían tener labranzas molestándoles..." (453), según se quejaban los arecayenses. El algodón se cultivaba con cierta intensidad en todos los pueblos, siempre que hubiera brazos suficientes para el trabajo comunal; los guaraníes tenían que cumplir con sus múltiples obligaciones: de mitayos, de peones por mandamientos del gobierno, y de simples comunes en el pueblo; las constantes fugas de los indios perjudicaban la capacidad productiva del mismo pueblo. La producción de algodón muestra así promedios muy fluctuantes por años y por circunstancias específicas de cada pueblo, dependiendo algunos para el total de su vestuario de la adquisición de lienzo por medio de trueque. En el año 1764, la producción de algodón fue pobrísima en la mayoría de los pueblos; en 1790, Atyrá produjo 383 arrobas y Altos 225 arrobas de algodón; Caazapa y Yuty siempre fueron insolventes en cuanto a los algodonales se refiere. El beneficio de tabaco no fue de gran consideración hasta fines del siglo XVIII; una cosecha de 100 a 150 arrobas de tabaco, más bien colorado que negro, ya se apreciaba como grande; en 1780, los pueblos fueron obligados a cultivar el tabaco negro torcido por intereses de la Real Hacienda de tabaco (454). En gran parte, el tabaco provenía de los pagos de arriendos de tierras o se adquiría por trueques, no precisamente por las necesidades del pueblo indio, sino para disponer de la principal "moneda" para la adquisición de caballos de Corrientes.

En realidad, la agricultura comunal bajó en su rendimiento desde los comienzos del siglo XVIII, la ausencia de hombres de los pueblos por causas ya indicadas creaba el problema de la escasez de brazos; la saca de los adolescentes del pueblo tampoco favorecía el trabajo comunal; en los pueblos quedaban muchas mujeres abandonadas por hombres, viudas con hijos, cuya alimentación corría a cargo de la comunidad. La Real Cédula de 1740 deja constancia de la influencia que la saca de indios tuvo sobre la agricultura: «..como se vió en este tiempo el pueblo de Caazapá que por faltar indios que cultivasen sus tierras lo hacían las mujeres y como la debilidad de estas no fuese suficiente a suplir el trabajo de los varones... a tal extremo la falta y la carestía de los alimentos que solo con naranjas agrias de los montes y una corta ración de leche y carne que el Religioso Doctrinero les administraba, se mantenían aunque tan flacos y macilentos que daban compasión ver multitud de criaturas y indias ancianas y otras preñadas todas como esqueletos atropellándose por alcanzar aquella escasa vianda..." (455); es indudable cierta orientación a base de los informes de los jesuitas en dicha cédula, pero los documentos de otros pueblos coloniales, especialmente de Guarambaré, Belén, Ypané, S. Estanislao, están también llenos de noticias del ocaso de los pueblos por falta del cultivo y de indios. La preferencia que se daba a los conchabos y el consiguiente abandono de la agricultura causó verdadera alarma durante los gobiernos de Melo, Alós y Ribera, aunque ellos mismos por otra parte exigían constantemente la contribución de la peonada india para tabacales y otras obras. El gobernador Alós prohibió la ausencia de los indios, incluyendo a los artesanos conchabados por el mismo pueblo, en la época de la cosecha de frutos, cuando el pueblo necesitaba brazos comunales (456). El reglamento de Ribera sobre la administración de los pueblos contempla el fomento agrícola, imponiendo plantaciones de caña, tabaco y algodón (457). También en su circular de 1804, aunque básicamente dirigida a los pueblos de las Misiones, el gobernador Ribera llama la atención sobre el ocaso de la agricultura, exigiendo de los administradores un control más riguroso de las plantaciones de la comunidad (458). Más decadente fue aún el cultivo de los lotes particulares que los indios por derecho tenían en sus pueblos; según el sistema comunal del pueblo, el indio pudo cultivar su lote en los días libres, los viernes y sábados, incluyendo su mujer e hijos también libres estos días; no tenemos datos sobre la dimensión de estos lotes particulares; de estos lotes particulares; no faltaba tierra, pero sí el tiempo y el interés por causa del insignificante provecho que retribuía. Ya desde los primeros tiempos del "táva" social, ciertos grupos guaraníes defendían las labranzas, mientras otros preferían buscar ventajas en rescates en mitazgo o en conchabos, la protesta contra "obras públicas" y la defensa del indio cultivador motivaron la revuelta guarambarense de Arecayá bajo el mismo corregidor Yaguariguay. El trabajo en las chacras siempre dominaba como un verdadero patrón de intereses estables de los indios pueblerinos; esto no obstante, los cultivos individuales de los indios abandonábanse por la excesiva ausencia de los hombres del pueblo, pues cuando regresaban de los conchabos obligatorios, "... los que tenían sus sembrados en particular los encontraban talados y enteramente agotados sin otro recurso que la liberalidad del pueblo..." (459). Los indios de la categoría de "necesarios al pueblo tenían, a base de premios ocasionales, mejores oportunidades; las jubilaciones permanentes o temporales que implicaban la exención de las faenas de la comunidad del mitazgo, constituían tales premios; el corregidor Simón Yanguiriyú por ejemplo, fue por "méritos" jubilado por dos años para que dedicara dicho tiempo a "labranza e hilanza" (460), es decir, a su propia economía familiar. La integración de los "indios libres" en los pueblos algo contribuía a la individualización agrícola, pues los hijos nacidos de las uniones de los indios libres e indias del pueblo seguían el status del padre, con implícito derecho a la libertad de su economía familiar. Los administradores se manifestaban reacios a la nueva tendencia de los indios "premiados" libres y declarados como tales, de tener sus lotes fuera de la estrecha comunidad del pueblo; consideraban que tales ranchos individuales servían de "...asilo de los indios vagabundos que llegan a título de peones que como no pueden ser celados y estan en su libertad carnean reses ajenas y (hacen) mucho daño al vecindario y al común del pueblo..." (461). Estos medios fueron los únicos que implicaban cierto asomo de la individualización del común del pueblo, aunque esta como principio nunca se reconocía durante la época colonial. De esta manera, hacia fines del siglo XVIII, comenzó a formarse la capa "del chacarero guaraní" en contraste con el peón guaraní, vago con frecuencia e inestable.

La queja sobre la falta de vestuario era la más frecuente; los pueblos económicamente pobres apelaban a las licencias para el beneficio de yerba a título de proveerse de lienzo necesario para los indios. Los pueblos decadentes, como S. Estanislao y S. Joaquím en 1778, se endeudaban a los españoles y criollos por la necesidad de vestuario, excusando la deuda por epidemias, secas, heladas, falta de ganado, etc.; tales deudas deben interpretarse en el siguiente sentido: el administrador del pueblo, con consentimiento de la comuna india y la licencia del gobernador, empeñaba los brazos indios para el trabajo en yerbales u otros conchabos. Se quejaban de la falta de vestuario también los pueblos guaraníes solventes como Itá, Yaguarón, Caazapá, pero en este caso mediaban los intereses de los mismos administradores ya que las hilanzas indicaban un alto porcentaje de productividad. La hilanza constituía la principal obligación comunal de la mujer guaraní, valiendo la regla de una onza de hilanza por día. Predominaba la hilanza de algodón por el valor adquisitivo del lienzo y el uso del mismo para el vestuario de indios y de los pobres criollos en general; la hilanza de lana fue menos frecuente; el ganado lanar nunca representaba una existencia suficiente en los pueblos, debiendo adquirirse por trueque hasta la lana de "ovechara", de segunda calidad, destinada para el vestuario de los indios también. Los abusos de los encomenderos en extracciones de las indias de los pueblos se debían en gran parte al interés por la mano de hilanza; las mismas mujeres yanacona trataban de hilar en su tiempo libre y tener oportunidad de pequeños rescates. En los pueblos continuaba el aprovechamiento riguroso de la hilandera, citándose entre los casos de "maltrato de indios" (462) el hecho de repartir algodón para hilanza a las indias para fines utilitarios de los mismos administradores; con frecuencia hasta las indias viejas estaban obligadas a dedicarse a la hilanza. Las malas cosechas de algodón indudablemente obligaban a los pueblos a adquirir el algodón de los españoles, pero en este caso el aprovechamiento de hilanza para el vestuario iba en perjuicio de los indios; aunque las cosechas fueran buenas, las hilanzas no se destinaban solamente para el vestuario de los indios, sino que constituían también un medio de trueque. Con el lienzo se pagaban los peones criollos y negros que con tanta frecuencia trabajaban en las estancias de los pueblos, generalmente en calidad de troperos en el arreo del ganado, los peones y capataces en los yerbales ya indios o criollos, salarios a los indios libres misioneros; con lienzo también se indemnizaba a los encomenderos por la retención de los mitayos, y se cubrían gastos que ocasionaban los festejos patronales y doctrinantes especiales en ocasión de la Semana Santa. Como cuadro ilustrativo general de la producción del lienzo en los pueblos pueden servir los siguientes datos: en 1790, Atyrá produjo 2.252 varas de lienzo grueso y 1.548 varas de lienzo delgado; en 1764, Altos produjo 3.212 varas, Guarambaré 1.500 y Yaguarón 5.183 varas. La necesidad del lienzo y el lienzo como "moneda" inducían a los administradores a exigir hilanzas aún bajo el castigo de azotes; en este sentido fueron acusados en 1704 los doctrineros de Caazapá y Yuty, pero ellos rechazaron la acusación, justificándose con que aplicaban tal pena solamente en el caso de no asistir los indios a la doctrina (463). El vestuario de los indios se dividía en diario y dominguero o festivo, éste generalmente cuidado en los mismos almacenes del pueblo; el vestuario diario del indio reducíase con frecuencia al simple chiripá para hombres y al tipoy para mujeres; su aspecto mísero en este sentido debe juzgarse en vista de la misma pobreza en que se hallaban muchos criollos del campo. Hay que agregar también la vestimenta destinada a los concejales para ocasiones festivas y renovaciones de los cabildos, mencionando los inventarios muchas veces tales "vestidos ricos de paño"; las fiestas patronales, de Corpus y de Semana Santa eran oportunidades para la distinción por status que los indios tenían en sus pueblos; constituía esta distinción casi el único medio de individualización social del indio y determinaba en gran parte su patrón de intereses y de valoración social (464). El pueblo de San Estanislao siempre era pobre e insolvente; dice Azara: "La pobreza, miseria y desnudez excede en este pueblo a lo que puedo decir: aún las hojas de Eva faltan a casi todas las mujeres; por cuyo motivo no pueden concurrir a la iglesia y son infieles como suena" (465). Peor era la situación en el pueblo de Belén, donde en tiempo de Azara y antes no se pudo realizar el padrón de los indios del pueblo "... en atención a que la desnudez no permitió que se presentasen principalmente las mujeres" (466).

Eran las licencias para el beneficio de yerba una poderosa causa de la extracción de indios de los pueblos, pero los pueblos mismos tenían grandes limitaciones para la explotación propia de los yerbales, exceptuando los pueblos que en sus propias tierras disponían de los yerbales, Caazapá, Yuty, S. Joaquím, S. Estanislao. La yerba como "moneda" valía también en la economía de los pueblos guaraníes, especialmente tratándose de trueques en Sta. Fé y Corrientes; para el propio consumo en los pueblos, la yerba tenía que ser generalmente adquirida. Las licencias que se otorgaban a los pueblos para la explotación de yerba tenían casi siempre por fin resolver las deudas de la comunidad, contraídas en los años de insolvencia económica, u obtener medios para construcción o reparación de las iglesias o viviendas. Como ejemplo podemos mencionar la lucha del pueblo Guarambaré por su sobrevivencia en los años críticos de su nuevo emplazamiento local; en la carta del cura-administrador al gobernador se justifica el derecho que un pueblo tiene sobre los beneficios de yerba, considerándose los yerbales por "bienes comunes y está prevenido por Leyes Reales a que éstos los pueden desgastar los naturales así en leña como pastos y aguas..." (467). La explotación de los yerbales se consideraba un derecho casi exclusivo de los españoles y criollos, teniendo los indios la función de simples braceros; pero la "yerba-moneda" obligaba a las comunas indias apelar al mismo derecho para cumplir con las obligaciones económicas de la comunidad, especialmente cuando "... el pueblo (es) tan pobre y sus naturales tan desválidos". Guarambaré obtuvo la licencia del gobernador Mendiola en 1694, pero el pueblo pidió otros dos derechos implícitos: la exención del diezmo que pesaba sobre el beneficio de yerba y la facultad de "... fabricar un barquillo hasta en cantidad de buque de dichas 4.000 arrobas", pues un trueque directo de "yerba-lienzo" en Sta. Fé favoreciera al pueblo por los precios más convenientes. Estas posibilidades de aprovechamiento de los yerbales se vieron siempre obstaculizadas por la falta de indios, exigidos desmesuradamente por mitazgo y mandamientos gubernamentales, debiendo los pueblos con frecuencia emplear los braceros criollos y pardos o mulatos libres. Otro ejemplo ilustrativo nos ofrece el pueblo de S. Joaquím en el año 1740; en este caso se trataba de una transacción comercial del pueblo con un mercader viajante; el pueblo tenía sus algodonales arruinados por una plaga de gusanos; el administrador y la comuna india recurrieron a la oportunidad de comerciar yerba por lienzos y machetes (468); se endeudaron por anticipado en total 3.621 arrobas de yerba; el documento indica que la deuda fue parcializada individualmente de 40 a 90 arrobas, lo que quiere decir que el empeño de los brazos para el comprometido beneficio de yerba no fue igual para todos los comunes; este caso provocó la reprimenda de parte del gobernador; el trato directo de los pueblos con los mercaderes de paso era siempre celosamente impedido por los gobernadores; el corregidor y el cabildo guaraní de S. Joaquím se justificaban en cartas escritas en la lengua guaraní. También el pueblo de S. Estanislao aprovechaba sus yerbales que tenía a las orillas del R. Capiybára; Azara dice que este pueblo pudo aprovechar alrededor de 6.000 arrobas de yerba anualmente, pero hay que contemplar al respecto los intereses de los curuguateños y las frecuentes crisis económicas del mismo pueblo. Los caazapeños y yuteños explotaban sus yerbales muchas veces a título de falta de algodonales, pero ambos pueblos contrataban en el siglo XVIII con abundancia a peones criollos y mulatos. Los pueblos de la estrecha comarca asunceña ocasionalmente también recurrían al beneficio de yerba; los inventarios dejan constancia de los gastos invertidos en la búsqueda de yerbales, como por ejemplo por Yaguarón en 1764 en Aguaray; los yerbateros generalmente no eran indios sino criollos; la preferencia por la peonada criolla por los mismos pueblos guaraníes coloniales obedecía a dos razones principalmente: la ocupación de indios por servicios obligatorios y en conchabos favorecidos por el mismo pueblo, y mayor eficiencia de los yerbateros criollos, siendo el indio siempre reacio a los trabajos de este carácter; el hombre de a caballo y el yerbatero se conjugaban como patrón mental de la clase de criollos pobres. El consumo de yerba era general, figurando también en las cuentas de manutención de indios en ocasión de obras públicas, práctica ésta conocida ya de los tiempos de Irala. (470)

La carpintería y la herrería garantizaban desde los comienzos de los pueblos cierta autosuficiencia en cuanto a las obras del pueblo se refería. Las obras de herrería cubrían estrictamente las necesidades del pueblo, y el mismo oficio de los herreros guaraníes era limitadísimo; bien distinto era el problema de la carpintería y de los carpinteros guaraníes; además, en las obras de carpintería los mismos administradores tenían derecho del 10 % de utilidades, aumentando así el interés productivo.

El gobernador Robles reprochaba las arbitrariedades de los pueblos en cuanto la falta de Libros con anotaciones sobre el producto de los trabajos comunales, figurando en primer lugar la cuestión de la fabricación de carretas (471); el absolutismo de los gobernadores en cuanto este control se mantuvo durante todo el período colonial. Se destacaban por obras de carpintería los pueblos Itá, Yaguarón y Atyrá por disponer de bosques muy aprovechables en sus tierras, y Caazapá y Yuty, aunque menos por causa de su diferente orientación económica. Los pueblos indios aprovechaban poco sus bosques y madera; como en el caso de los yerbales, también respecto a la madera prevalecía el criterio de que su aprovechamiento básicamente correspondía a los españoles y criollos; éstos, por ejemplo, explotaban la madera ampliamente en los bosques de Yuty y, faltándoles con frecuencia la mano de obra, extraían clandestinamente a los indios de los pueblos vecinos; el indio hachero trabajaba en estos casos a la par con el hachero criollo o mestizo. Algunas de las condiciones nos ilustra el caso del aprovechamiento de los bosques pertenecientes al pueblo de Itapé; el protector de los naturales impuso las siguientes condiciones: los bosques a explotarse tienen que estar alejados del pueblo, una reafirmación de la exclusividad de los comunes guaraníes en los pueblos; se prohibe la comunicación directa de los hacheros criollos con los guaraníes del pueblo a fin de evitar abusos y arbitrariedades de ambas partes; se prohibe la prestación de las herramienta y otros útiles de propiedad del pueblo; el término de la explotación de madera debe ser limitado, y el pueblo tiene que recibir por vía de contratación su beneficio (472). Tales reglas generalmente no se observaban, de donde la protesta del protector de los naturales. Un mayor control de los obrajes efectuábase durante los gobiernos de Melo y Ribera. Entre las obras de carpintería que se mencionan en los inventarios y contratos figuran: carretas, canoas, puertas, ventanas, mesas, taburetes y baúles; por lo general, el trueque era por yerba-moneda con interés de disponer del valor adquisitivo para las contrataciones que se realizaban con los mercaderes o en Corrientes. Una guaranduma hecha en Itá en 1772, de 22 varas de largo, se cambió por 1.100 pesos en yerba (473); no hay datos sobre una definida escala de valoración de estas obras, estando siempre dependientes de los intereses y circunstancias inmediatas o apremiantes. El gobernador Alós fomentó el artesanato como medio productivo de los pueblos; de su reglamentación se desprende que el guaraní carpintero que trabajaba en las obras del pueblo para fines de venta o de trueque, tenía derecho a la mitad del salario normal, es decir, igual que si estuviera conchabado por la misma razón; trabajaba sin salario, empero, si las mismas obras eran en provecho utilitario directo del pueblo, considerándose su trabajo como una simple obligación comunal (474). Si por otra parte consideramos la existencia de carretas en pueblos, los inventarios indican su pobreza para el uso propio. Al comenzar el proceso de la desmitación de los indios y la nueva política económica de la provincia, los pueblos decayeron en su importancia de fabricar obras de carpintería, y más bien conchababan a los comunes carpinteros a los particulares o recurrían a la prestación de los brazos artesanos a título de adquirir bienes considerados comunales; el pueblo de Tobatí, por ejemplo, adquirió 1.000 cabezas de ganado a cambio de peones indios que trabajaban en obras de carpintería (475). L. de Ribera fomentaba en los pueblos los "oficios mecánicos" y exigía que 4 o 6 indios deberían iniciarse en la artesanía (476). Las obras se hacían para la comunidad o para la comuna como unidad social, pero para su uso particular, el indio, recargado con obligaciones forzosas, ausente periódicamente, viviendo en las cuadras de rancherías, sin una real economía familiar, no manifestaba interés ni ambición. Si "trabajar" en los primeros tiempos significaba "rescatar", posteriormente también trabajar en obras limitábase a los pequeños e insignificantes fines de trueque. La falta de productividad individual del indio, debido al sistema de mitazgo y comunal, y no menos, la ideología sobre la incapacidad económica del indio, caracterizaban uno de los mayores defectos en el proceso de hispanización de los guaraníes.

Los pueblos carecían de libertad de comercio; se imponían estrictamente las licencias del gobernador con un control absoluto sobre el ganado, venta de frutos, bienes comunales y adquisiciones; este principio era válido en toda la época colonial, de donde las exigencias continuas de los gobernadores de llevar los libros depositarios de los bienes y obras. La Cédula de 1740, entre otros abusos, critica también: "... el no ser libres los indios para comerciar sus frutos ni venderlos a los mercaderes que transitan por los pueblos, ni transportarlos por el río o tierra a otras ciudades sin licencia del gobernador y otros ministros que es cuesta mucho esta licencia en la distancia de 40 o 50 leguas, y a veces se retarda o niega por fines particulares, y que otros logren el comercio con ellos, quedando por esta causa sin libertad para venderlos los indios y sin poderse socorrer en sus necesidades..." (478); los pueblos indios nunca adquirieron la libertad de comercio o sea, la independencia de las obligatorias licencias del gobernador.

Los padrones y los informes de bienes de los pueblos hablan generalmente del aspecto pobre de las viviendas indias, siendo las órdenes para la renovación de las rancherías casi regulares en todas las visitas de los gobernadores. Azara indica el plano del pueblo de Atyrá (479) como generalmente válido para todos los pueblos guaraníes coloniales, exceptuando Caazapá y Yuty que seguían el orden del pueblo jesuítico, y S. Joaquím por razones especiales que mencionaremos más adelante. El pueblo tenía la disposición rectangular, con la iglesia y plaza central; de un lado se situaban Curato, Administración, Cabildo y Casa de oficios; en los tres restantes lados se ubicaban las viviendas indias que eran "cuadras de ranchería cubierta con paja con separaciones que dividen las familias" (480); no se observaba el principio de "ranchos individuales" aunque la "pared familiar" siempre existía; según el padrón de Itá de 1707, también había en una sola vivienda 3 o 4 familias juntas (481); el problema de ranchos individuales o familiares y ranchos comunales nunca se planteaba como un principio. La misma construcción de las viviendas indias obedecía a la disponibilidad económica del pueblo y, no menos, al interés del administrador; por otra parte hay que considerar que la ausencia de hombres por mitazgo o conchabos tampoco inducía a mayores preocupaciones por las viviendas. Un ejemplo de la agrupación de indios en las cuadras nos ofrece el informe de 1711 bajo el gobierno de Robles (482); en Altos, las viviendas estaban repartidas en 4 aceras, estando cada una de las aceras a cargo de 3 caciques principales, efectuando éstos el control de los indios de su cacicazgo; de esta manera, la agrupación pueblerina de los indios seguía observando las antiguas unidades parciales; parecidamente se mantenían unidos los cacicazgos en las Misiones. Se prescribía que la ranchería debía tener puertas hacia la plaza y no hacia el campo; esta norma fue adoptada para controlar mejor a los indios que se apartaban del pueblo por buscar conchabos o abandonaban definitivamente el pueblo; se sospechaba que algunos indios guaraníes de los pueblos comarcanos ligábanse con los chaqueños en ocasión de sus pillajes por las estancias de los pueblos. Algunos "táva", como Tobatí por ejemplo, tenían un cercado con estacas de madera, con solamente dos puertas de entrada y salida para los comunes. Las casas de cabildo, curato y administración solían tener techos de teja, y los padrones siempre lo indican con precisión. No todos los indios fueron concentrados en las cuadras del pueblo; muchos tenían sus ranchos por las estancias; esto no obstante, el pueblo guaraní desde sus principios manifestaba la tendencia de concentrar el gentío, en contraste con los primeros "pueblos" criollos con su característica dispersión por los valles, tradición ésta que fue rota recién en la primera mitad del siglo XVIII. En el pueblo de S. Joaquím, los ranchos fueron esparcidos y distanciados, no formando cuadras, debido a que los comunes del pueblo, en combinación con sus parientes tarumáes monteses, prendían fuego a sus ranchos. Las cuadras del pueblo no integraban el factor socio-económico y servían tan sólo a los fines de la distribución administrativa; el antiguo sistema guaraní, basado en la cooperativa de la casa comunal y linaje, fue roto.

 

c) Las inquietudes de los pueblos guaraníes por las hostilidades "guaycurúes"