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  REFORMA AGRARIA - PROPUESTA Y ACCIONES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE UNA REFORMA AGRARIA EN PARAGUAY

REFORMA AGRARIA - PROPUESTA Y ACCIONES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE UNA REFORMA AGRARIA EN PARAGUAY

REFORMA AGRARIA

ES DESARROLLO NACIONAL

PROPUESTA Y ACCIONES PARA LA IMPLEMENTACIÓN

DE UNA REFORMA AGRARIA EN PARAGUAY

 

 

ORGANIZACIONES PARTICIPANTES

Asociación de Productores de Alto Paraná, ASAGRAPA

Coordinadora Regional de Agricultores de Itapúa, CRAI

Coordinadora de Productores Agrícolas – San Pedro Norte

Federación Nacional Campesina, FNC

Organización de Lucha por la Tierra, OLT

Organización Campesina del Norte, OCN

BASE Investigaciones Sociales, BASE IS

Coordinadora de Derechos Humanos del Paraguay, CODEHUPY

 

Apoyan:

POJOAJU

RED RURAL

Comité de Iglesias para ayudas de Emergencia

Fe y Alegría

Servicio Paz y Justicia, Paraguay

Sobrevivencia-Amigos de la Tierra

Elaboración del documento : JUAN MARTENS//

TOMÁS PALAU// QUINTÍN RIQUELME

Coordinación : MARIELLE PALAU

Asistencia Gral : JAQUELINA ORTEGA

Diseño y diagramación : VIOLETA DOLDAN

Fotos : LUIS VERA// RUBÉN APURIL

CIPAE

Noviembre, 2010

Este proceso ha sido posible gracias a la

colaboración solidaria de Diakonia

 

 

ÍNDICE

 

Introducción/ 5

1. Las bases institucionales necesarias para la implementación de la RAI/ 15

1.1 La reforma institucional necesaria/ 17

1.2 Beneficiarios y beneficiarias de la Propuesta de Reforma Agraria/ 19

2. Propuesta de democratización al acceso y propiedad de la tierra/ 21

2.1 Introducción/ 23

2.2 Caracteres de la legislación paraguaya en cuanto a la regulación y protección de las tierras/ 23

2.3 Tierras mal habidas/ 28

2.4 Inexistencia de un registro unificado de la propiedad rural/ 33

2.5 Síntesis de Propuestas/ 36

3. Propuesta de Producción, Industrialización y Comercialización para la Reforma Agraria/ 37

3.1 Introducción/ 39

3.2 Producción agroecológica/ 41

3.3 Pymes y Agro-industrialización/ 46

3.4 Mercadeo de Productos Agropecuarios/ 48

3.5 Servicios productivos/ 49

3.6 Síntesis de Propuestas/ 51

4. Propuesta de dotación de infraestructura para una Reforma Agraria Integral (RAI)/ 55

4.1 Introducción/ 57

4.2 Diagnóstico de las instituciones gubernamentales involucradas en la

Reforma Agraria y el Desarrollo Rural/ 58

4.3 Síntesis de Propuestas/ 69

 

 

 

INTRODUCCIÓN

LA REFORMA AGRARIA QUE SE PLANTEA

La reforma agraria (RA) es un proceso de transformación y modificación de la estructura agraria actual (minifundio - latifundio) en el cual necesariamente deben darse cambios en el régimen de la tenencia y propiedad de la tierra, donde se adopten políticas integrales tendientes a mejorar las condiciones de vida de los campesinos y las campesinas, y sentar las bases para aumentar y hacer más eficiente el proceso productivo nacional (agrícola e industrial).

Junto con la transformación de la estructura agraria, es necesaria la adopción de medidas de mejoramiento de las condiciones de vida de la población campesina (infraestructura, servicios básicos, salud, educación y comunicación) y lo más importante, políticas de apoyo a la producción nacional: crédito, seguro agrícola, asistencia técnica, servicios a la producción, organización de cadenas productivas y acceso a mercados, investigación y desarrollo, reformas tributarias, etc.

Implica, en términos concretos, un reordenamiento jurídico e institucional destinado a promover el desarrollo agropecuario sustentable, incentivando el mejoramiento de la producción y una mayor equidad en la distribución de la tierra tanto para las mujeres como para los hombres.

Por lo tanto, un verdadero proceso de RA es necesariamente integral y tiene varios componentes, no se agota simplemente en la distribución de la tierra y en el mejoramiento de la producción.

Incluye además, garantizar una serie de derechos y de servicios: salud, educación, comercialización, desarrollo de tecnologías limpias y apropiadas, mejoramiento de las comunidades rurales, etc. Los programas que solo entregan tierra, se llaman de ‘colonización’ y normalmente terminan en fracaso, porque es obvio que un productor o una productora y su familia no pueden sobrevivir solamente con tierra. La RA implica además soberanía alimentaria; no solo producir sino tener acceso a una alimentación sana, culturalmente apropiada, producida localmente y en cantidad suficiente para garantizar el desarrollo integral de las personas, en resumen, tener el control de lo que se produce y lo que se consume.

La realización de la reforma agraria es una decisión política, es fundamentalmente una responsabilidad del Estado que se debe expresar en una política gubernamental a favor de las y los productores campesinos, y de los campesinos y las campesinas sin tierra, que permita no solo el acceso a la tierra, sino también generar trabajo, evitar la expulsión de familias campesinas a las ciudades, aumentar y abaratar la producción de alimentos sanos y nutritivos, reactivar las pequeñas industrias rurales, producir materias primas para las industrias nacionales, construir relaciones equitativas entre mujeres y hombres, proteger y mejorar el ambiente y, finalmente, mantener la cultura y la identidad de ser paraguayos y paraguayas.

Hasta el momento, en el país no se ha realizado la reforma agraria porque la tierra es el principal factor de producción y quienes se benefician del modelo de desarrollo actual -basado en la ganadería y en grandes extensiones de cultivo de soja y otros cereales- pretenden que la misma siga concentrada en pocas manos, es decir, que no se afecten sus intereses. Cuanto más concentrada sea la propiedad de la tierra, mayor es la riqueza que genera para un pequeño grupo social.

Teniendo en cuenta estas realidades y aun aceptando que la implementación de RA es responsabilidad del Estado, no se debe dudar en afirmar que en el Paraguay la puesta en funcionamiento de una reforma agraria depende en gran medida no sólo de la capacidad propositiva, sino fundamentalmente, de la fuerza política y consiguiente capacidad de presión de los movimientos campesinos y sectores democráticos.

A pesar de que la RA estaba presente con menor o mayor vehemencia en los discursos y promesas electorales dentro del periodo de la transición política, y aun suponiendo con cierto realismo que el actual Poder Ejecutivo tiene una considerable dosis de voluntad política para iniciar un proceso de RA, los poderes fácticos, a menudo cómodamente instalados al interior del Poder intento de inicio de la RA en el Paraguay.

Además de saber con claridad qué es la RA, qué se necesita para hacer, cómo, con quiénes y en qué tiempo se debe hacer, la puesta en funcionamiento de la misma en Paraguay, necesita de un poderoso motor impulsor. Ese motor está conformado por los movimientos y organizaciones campesinas, en coordinación con las fuerzas políticas democráticas.

El Paraguay es un país cuya principal riqueza es la agricultura, por lo que no va haber desarrollo nacional si no hay desarrollo rural sustentable. Pero desarrollo rural sustentable no es el crecimiento de los monocultivos, la soja por ejemplo, que beneficia sólo a unos pocos (1), contamina el ambiente (2), las aguas, el suelo, la salud de las personas (3) con la utilización indiscriminada de agrotóxicos, destruyendo la naturaleza y expulsando a la gente de sus chacras (4) y, además, las ganancias de esos pocos grandes sojeros en su mayoría extranjeros, van a parar fuera del país y una parte a compra de insumos, más maquinarias y tierras (5). Lo mismo pasa con los monocultivos forestales de eucalipto o pino, o con las explotaciones mineras. Ocupan mucha tierra, destruyen el ambiente y dan poco trabajo (6).

Un desafío importante para la reforma agraria implica la incorporación de la perspectiva de género, que permitirá comprender por qué a pesar de que campesinas y campesinos enfrentan problemáticas comunes de acceso a tierra, créditos, apoyo técnico, acceso a tecnología, existen razones culturales que impiden el acceso de las mujeres en las mismas condiciones que los hombres. La unidad agrícola familiar está signada por la rígida división sexual del trabajo, que debe ser problematizada comenzando por la revisión de roles, el reconocimiento del aporte económico del trabajo doméstico, y apuntando a la redistribución de tareas en el ámbito doméstico y reproductivo con la inclusión del hombre.

El análisis de género permite entender cómo el avance del monocultivo afecta de forma diferenciada a las mujeres, ya que a medida que los cultivo de soja u otros monocultivos se extienden, las fincas familiares quedan aisladas, generando inseguridad y pérdida de las relaciones solidarias generadas entre las familias campesinas. El aislamiento es un elemento que expone aún más a las mujeres como víctimas de violencia.

Es necesario visibilizar y valorar el aporte productivo de las mujeres a la economía campesina, así como considerar el trabajo no remunerado que realiza. Si bien el Estatuto Agrario reconoce como sujeto de la reforma agraria a la mujer, el poco avance de la RA en el país no ha contribuido a que la mujer acceda a este recurso. La RA debe garantizar la titulación conjunta para la pareja, además de generar mecanismos de acceso a la tierra de las mujeres, tenga o no jefatura familiar bajo su responsabilidad. De modo a fortalecer la agricultura campesina, se deben generar los mecanismos para que sean incluidas no sólo en el plano legal, sino también cuestionando las barreras culturales vigentes.

Por otro lado, las instituciones responsables de la RA deben contar con datos y análisis desagregados por sexo, sobre las formas diferenciadas en que mujeres y hombres participan en los procesos agrícolas, cuál es la relación de la mujer con la propiedad de la tierra, qué tareas y responsabilidades desarrolla en la producción familiar, cómo se relacionan entre sí mujeres y hombres en la esfera privada y, de qué manera se refleja en la esfera pública. Esto permitirá definir las políticas diferenciadas por género necesarias de implementar y relacionadas a, la otras.

 

OBSTÁCULOS PARA LA REFORMA AGRARIA

 

Actualmente existe una gran concentración de la tierra, latifundios por un lado, minifundios por otro. En Paraguay el 85,5% de las tierras de más de 500 hectáreas, está en poder del 2,6% de los propietarios. Muchas de estas tierras han sido obtenidas mediante la prebenda y la corrupción, mientras que miles de familias campesinas e indígenas fueron expulsadas del campo. Por otro lado, el 0,73% de las tierras está en poder del 40,69% de las explotaciones agropecuarias de menos de 5 hectáreas7. Esta polarización en la tenencia de la tierra se acentúa año tras año.

La posesión de la tierra en el Paraguay fue siempre un símbolo de status, de nivel, de prestigio, de poder, además por supuesto, de ser una fuente de enriquecimiento. Por esto, es un tema principalmente político. Quien controla la tierra, controla la producción y la generación de riqueza; si está en pocas manos, este poder se vuelve elitista y no democrático. Lo que está en juego con la reforma agraria es la misma democracia, es decir, un régimen donde el poder económico esté concentrado en pocas manos o un sistema político donde el poder esté distribuido de la manera más pluralista posible. El acceso y control de la tierra como mecanismo de producción y generación de riqueza, es uno de los principales medios de concentrar o distribuir el poder económico en el Paraguay.

Un Estado social y de derecho, una democracia sana y vigorosa, debe buscar que el poder se encuentre repartido lo mejor posible entre sus ciudadanos. Un poder concentrado, solo lleva a un régimen autoritario y a una situación de violencia estructural que se reflejará en tensiones permanentes a todos los niveles. Por esta razón la reforma agraria, que tiene como uno de sus componentes la racional distribución de la tierra, ha sido frenada por los gobiernos de turno, a excepción quizás durante el breve período de gobierno de Rafael Franco en 1936.

Otro obstáculo es el modelo agroexportador que hoy está vigente en la región que no es ni sustentable económicamente, ya que acelera la dependencia de insumos importados y crea importantes déficit en la balanza comercial del país, ni socialmente incluyente, ya que expulsa población del campo y no requiere de mano de obra, ni respetuoso del ambiente (produciendo deforestación, desertificación, contaminación de cursos de agua y otros perjuicios). El modelo de desarrollo empresarial está centrado en el agronegocio, y la tierra al igual que otros bienes de la naturaleza cumple una función de simple mercancía. Necesita utilizar cada vez mayor cantidad de insumos químicos para mantener la misma productividad, destruyendo los recursos naturales debido principalmente a la pérdida de la fertilidad natural de los suelos, lo que está conduciendo a la naturaleza al límite de su capacidad, de ahí su insustentabilidad ambiental.

Desde el golpe de Estado de 1989 y hasta ahora, no se hizo nada significativo en materia de reformar las injustas estructuras sociales en el campo paraguayo. En la Asamblea Nacional

Constituyente de 1992 hubo un fuerte lobby por parte de los sectores latifundistas que consiguieron poner trabas a la reforma agraria y a la expropiación de tierras, ya que lograron que se estipule que hay que pagarla al contado y a precio de mercado, y que la tierra en cuestión debe ser considerada latifundio improductivo. En estas condiciones la expropiación es casi imposible.

El otro impedimento se da en el Parlamento, ya que tanto en la Cámara de Diputados como en la de Senadores, hay resistencias para aprobar leyes que favorezcan a la población campesina.

Ni siquiera se reglamentó el Estatuto Agrario aprobado en el año 2002. Los parlamentarios, pertenecientes a partidos tradicionales y a nuevos partidos conservadores, defienden sus intereses particulares, así como los intereses de las y los grandes propietarios y del empresariado sojero vinculados a empresas multinacionales. Sin leyes es difícil avanzar, aunque con la actual legislación, a pesar de escasa, existe un margen de posibilidad.

El Poder Judicial, institución encargada de administrar la legalidad, está manifiestamente del lado de los que tienen poder económico. Desde los y las integrantes de la Corte Suprema, hasta el más olvidado de los jueces y juezas, favorecen en sus dictámenes y sentencias a los que tienen dinero y poder. Las campesinas y los campesinos son casi siempre perjudicados por las actuaciones de la Justicia. Lo mismo ocurre con el Ministerio Público y sus fiscales. El Poder Judicial, como parte del engranaje de poder, no ha hecho nada para recuperar las tierras malhabidas, es más, ha trabado todo intento por recuperarlas, incluso aquellas que legalmente pertenecen al Estado, como lo testimonia el caso de la colonia San Juan, en Puente Kyha, Canindeju. A pesar de la documentación aportada por la Comisión Verdad y Justicia (8) nada se ha hecho para regularizar la situación denunciada.

Debe destacarse la baja calidad de la democracia cuando se promete en campaña una cosa y se realiza otra después; cuando el voto refleja el poder económico y no la voluntad popular. El gobierno no ha presentado públicamente un plan de RA, a pesar de ser una de sus principales propuestas electorales, tampoco ha elaborado planes concretos, y las personas encargadas de hacer la reforma agraria deben lidiar con equipos técnicos y administrativos que están en la función pública desde gobiernos anteriores, cuando no era un requisito la idoneidad para ser parte del aparato del Estado.

Además de todo lo anterior, la prensa, en manos de grandes empresarios y como parte del sistema económico concentrado, se ha convertido en un aliado irrestricto del empresariado sojero y latifundistas. En efecto, la prensa está hoy manejada por un empresariado que defiende sus intereses económicos antes que los principios de equidad, veracidad e independencia en la cobertura noticiosa. Muchos de los dueños de los más importantes medios forman parte de esa élite económica que concentra la riqueza nacional. La precarización del empleo en los medios, la presión hacia la línea editorial y los incentivos y castigos para imponer la autocensura entre los periodistas, la falta de garantías sindicales reales, etc. han ido socavando los principios de una prensa independiente y la han convertido en una prensa vocera de los grandes intereses económicos. Esta prensa se ha convertido en medio de expresión y defensa de las élites económicas, y ha dejado de cumplir su rol social de informar con veracidad, independencia de poderes políticos y/o económicos, y apegada a los hechos. Pocos son los casos de medios importantes y periodistas que cumplen ese rol. De esta forma la mayoría de la prensa se encarga de demonizar la reforma agraria y de criminalizar al campesinado y sus organizaciones (9).

 

LAS CONSECUENCIAS DE LA FALTA DE REFORMA AGRARIA

 

La concentración de la tierra en pocas manos es un problema histórico, surge a partir de la guerra genocida de la Triple Alianza que truncó el periodo de desarrollo independiente del Paraguay.

El proceso de privatización de las tierras públicas continuó durante la dictadura, con la repartija a los personeros del régimen, de más de nueve millones de hectáreas, las hoy llamadas “tierras mal habidas”. Las consecuencias de la alta concentración de la tierra, han sido nefastas para el desarrollo del país, porque:

• Se producen menos alimentos, ahora hay que importarlos. Cada vez más tierras se destinan al monocultivo. En el Paraguay, 271.701 productores de menos de 100 hectáreas cuentan con una superficie total de 2.419.667 hectáreas, mientras la soja cubre un total de 2.463.510 hectáreas10. Además el 95% de la soja que se planta en Paraguay es transgénica, con utilización de alta carga química. Las y los productores de la agricultura familiar que cuentan con menos de 20 hectáreas, se dedican básicamente a los rubros de consumo, por lo tanto, son los principales proveedores de alimentos al mercado nacional.

• Se perdió la diversidad en la agricultura, se plantan menos productos, se usan semillas transgénicas y aumentó el uso de agrotóxicos. En Paraguay la producción diversificada estásiendo reemplazada por el comercio de ciertos rubros agrícolas. El interés de los grandesproductores no está en producir alimentos, sino en generar mayores ganancias. Por ello, enesta nueva lógica de producción se mercantiliza todo: la tierra, el agua, los bosques, las semillas,el conocimiento, etc.

• Hay un acelerado proceso de deterioro del ambiente (deforestación, contaminación, etc.). En los últimos 50 años Paraguay perdió el 90% de sus bosques, lo que equivale a la extinciónde casi la totalidad de los recursos forestales, según datos de Guyra Paraguay (11). Los bosquesson sustituidos por pastos artificiales y por cultivos de soja y otros cereales. En tanto, según laSEAM, la deforestación anual llega a unas 130.000 hectáreas (una gran disparidad entre losdatos de una y otra institución), agudizando los problemas ambientales y del clima (12). Muchosde los antiguos bosques son hoy desiertos de soja transgénica. Con la deforestación se contribuyeen forma acelerada a un problema muy grave a nivel mundial, el cambio climático, que ocasionaperjuicios en los aspectos productivos, ambientales, y trae aparejado desastres naturales.

• Aumentó la pobreza y sigue aumentando. 38,5% de la población es pobre, aproximadamente 2.300.000 personas, de las cuales el 20% es indigente, más o menos 460.000 personas (13). Una de las causas de esta situación es la exclusión de miles de familias campesinas del acceso y propiedad de la tierra para hacerla producir. La RA es un derecho de estas familias para salir de la pobreza. En tanto, este derecho no debe ser enfocado con criterio asistencialista, sino desde una perspectiva de desarrollo sustentable. No basta -por ejemplo- realizar sólo transferencias monetarias; la pobreza campesina debe ser enfocada teniendo es cuenta que es el resultado de problemas estructurales.

• En la ciudad crecen los trabajadores informales y los que viven de limosnas. La Población Económicamente Activa (PEA) en Paraguay suma un total de 2.981.126. De este total, 170.620 se encuentra desocupada y 790.770 sub ocupada. La desocupación y la subocupación se encuentran en mayor medida en el sector urbano. Este dato indica que la migración del campo a la ciudad afecta de manera directa al mercado laboral en las ciudades. Sumando las personas desocupadas del Departamento Central y Asunción se llega a una cifra aproximada de 86.000 personas. Esto estaría explicando el aumento del índice de inseguridad en las ciudades (14).

Si 200 hectáreas de soja emplean a 1 persona, 200 hectáreas en poder de familias campesinas sujetas de la RA, pueden emplear como mínimo a 40 personas. No se trata de desestimar la tecnología, ya que ésta elimina o disminuye el trabajo bruto, sino precisamente de desarrollar políticas públicas que permitan el acceso de las familias campesinas a tecnologías que ayuden a la producción de alimentos y generación de riquezas por parte de este sector.

• Aumentó la migración del campo a la ciudad y del país hacia el extranjero. En el Paraguay, la migración rural está asociada históricamente a la exclusión de la tierra y al modelo de desarrollo rural impuesto desde la lógica de los sectores empresariales. En la actualidad, el avance del agronegocio en territorios campesinos ha acelerado este fenómeno. El Departamento Central cuenta con 2 millones de habitantes, cantidad que supera ampliamente la capacidad del Estado para brindarles los servicios básicos15. En el período 2003 a 2005, más de 50 familias llegaban al Departamento Central cada día, sin posibilidades de encontrar un trabajo digno.

Muchas de ellas se encuentran hoy en las calles buscando el sustento cotidiano. La violencia en la ciudad está asociada directamente al aumento de la población sin expectativas económicas ni futuro de poder vivir dignamente con el trabajo propio. La violencia es resultado de haber empujado a la marginalidad y de haber excluido a miles de compatriotas que quieren trabajar dignamente. A su vez, la migración es resultado del modelo de desarrollo rural vigente, que genera descampesinización. Las mujeres son mayoría entre quienes migran a las ciudades y a otros países. Se suman a trabajos o empleos informales sin la debida protección social y se exponen a ser víctimas de redes de trata internacional con fines de explotación sexual y laboral.

• Se va perdiendo la identidad cultural. La tierra para el campesino y la campesina, además de factor de producción, es el lugar, el espacio donde desarrolla su modo de vida y sus múltiples relaciones de cooperación: familiar y comunitaria. Esta matriz cultural que lo identifica y que hace parte de su identidad particular, la va perdiendo cuando es desplazada de su espacio natural. Sin identidad particular, pierde su identidad nacional. Buena parte de nuestra raíz cultural y seña de identidad como pueblo, viene de una vigorosa y desarrollada cultura campesina, pero décadas de falta de apoyo gubernamental y marginación, han ido empujando a la población rural a la migración, sobrevivencia y pérdida de un entorno natural y productivo que sustentabala forma de ser que nos define como país.

• Aumentaron las desigualdades sociales y con ello aumentó la delincuencia y la inseguridad. En Paraguay, el 11% de la población de 6 a 17 años (1.774.001) no asiste a ningunainstitución de enseñanza. Esto significa que 177.400 niños/as y adolescentes tendrán limitadassus posibilidades en el futuro. Esta cantidad sube a 16,3% en el sector rural (289.162 personas -16).

En cuanto a salud, el 75,8% de la población paraguaya no cuenta con cobertura de seguro médico. En el sector rural el porcentaje sube a 88,6%. Del total de la población, 28,8% sufre algún tipo de enfermedad, siendo el sector urbano el que tiene mayor cantidad de enfermos -17. La delincuencia, así como el aumento de la inseguridad ciudadana están directamente relacionadas a la falta de acceso a derechos sociales como salud, educación, vivienda, etc., y han precarizado al extremo las condiciones de vida de la población campesina.

Este incremento de la inseguridad y la falta de expectativas para salir adelante, han llevado a muchas personas a la emigración o a rebuscarse para sobrevivir ya sea en empleos rurales precarios o incluso en actividades ilegales. La persistencia de las condiciones de empobrecimiento por décadas, ha roto las relaciones sociales y comunitarias y generaron las condiciones necesarias para el aumento de la delincuencia. La falta de expectativas y la falta de derechos, por generaciones, acaban produciendo efectos negativos no sólo en las personas sino en el conjunto social. La inseguridad en el campo también se debe al incremento de mafias organizadas que se aprovechan de las condiciones de pobreza de las personas para lucrar con negocios ilícitos, ya sean drogas, abigeato u otro tipo de tráfico ilegal.

• Aumento de la violencia hacia las mujeres. La migración hacia la ciudad y las condiciones en que viven las familias expulsadas del campo, vulnerabiliza aún más a las mujeres.

La violencia hacia ellas es un problema social que sigue aumentando. Si bien Paraguay no cuenta con un registro único de datos a pesar de que existen disposiciones legales para ello -18, “¿Hasta cuándo? Violencia contra las mujeres en el ámbito doméstico” brinda datos sobre los casos de violencia denunciados en la policía, en el Centro de Emergencias Médicas, en los Juzgados de Paz de Asunción y en el Servicio de Apoyo a la Mujer (SEDAMUR). Éstos totalizan 3495 casos19.

 

LAS BASES DE LA PROPUESTA

 

La extensión total del territorio del Paraguay es de 40 millones de hectáreas, y por lo tanto éste es el límite máximo para desarrollar cualquier actividad, en el futuro el Paraguay seguirá teniendo esas 40 millones de hectáreas y no más. Por otro lado, la población crece a un 2.7% anual (si hay 6.6 millones de habitantes, el año que viene habrán 180 mil paraguayos más) y la población rural crece más rápido que la urbana20 (aunque al llegar a la edad económicamente activa la mayoría emigre). Esto significa que en un futuro no muy lejano, no toda la población rural tendrá las mismas oportunidades de dedicarse a la agricultura. Como la pobreza va a tardar en reducirse, el sector campesino de la agricultura paraguaya se va a volver cada vez más pobre (en promedio) y aunque en términos relativos la población rural represente cada vez una menor proporción de la población total del país, en términos absolutos va a ser mayor. Esto preanuncia un aumento a la conflictividad en el sector rural, aunque tan solo sea por razones demográficas de la actividad ganadera que compiten por la tierra, más otros factores externos como el encarecimiento tendencial de los precios de los alimentos, la competencia por el agua, el agotamiento de las fuentes tradicionales de energía (leña y carbón), el desgaste agrológico y la contaminación de los suelos, la perspectiva de aquí a pocos años, se vuelve aún más adversa para el sector campesino.

La única respuesta acorde a la gravedad de la situación es encarar de manera decidida un proceso de RA con promoción del desarrollo rural sustentable basado principalmente en la agricultura familiar de base campesina -21.

Las bases sobre las que descansa esta propuesta de RAI son las siguientes:

· estructura y formas de tenencia de la tierra democratizada

· apoyo a la agricultura campesina y a la soberanía alimentaria

· industrialización de materias primas para dar valor agregado a la producción agrícola

· Estado con papel activo, dinamizador y regulador y de incentivo a otros actores públicos (municipios, gobernaciones, universidades, etc.) y privados, enfocados en el desarrollo rural

· producción basada en la organización de pequeños productores/as (cooperativa y/o colectiva)

· producción rural diversificada y económica, ecológica y culturalmente sustentable

· financiación de la agricultura campesina.

 

EL COMPONENTE POLÍTICO: TRANSFORMAR LA ESTRUCTURA DE TENENCIA DE LA TIERRA

 

Para 2010 se estimaba la existencia de un poco más de 552.000 familias con menos de 20 has. o sin tierras, que deberían ser beneficiadas de una política de reforma agraria. Esto que se podría calificar de “déficit estático” de tierra, representa la necesidad del Estado de encarar la distribución de no más de un millón y medio de hectáreas (una cifra mínima con respecto a las más de nueve millones mal adjudicadas) de modo a aliviar la presión generada por la migración rural-urbana, la desocupación y la pobreza extrema. Un programa de RA y Desarrollo Rural Sustentable que prescinda de esta realidad está destinado a morir antes de nacer. A partir de la creciente falta de tierra para las y los futuros “sin tierra”, debiera ser previsto un fondo para la adquisición de tierras destinadas a cubrir las necesidades en los años futuros.

No hay duda que la principal restricción para encarar la RA en el país, es de naturaleza política.

La tierra sigue siendo símbolo de prestigio social, acumulación de riqueza y poder político. Se trata pues de cambiar la actual estructura de tenencia de la tierra, principalmente reduciendo la extraordinaria concentración de la misma en pocas manos, encontrando para ello mecanismos legales, administrativos y económicos que permitan el acceso a la tierra por parte de mayorías campesinas que están siendo expulsadas de sus lugares de origen en el campo. Como es natural, esta tarea requiere de una fuerte organización de los sectores sociales afectados y el avance en la capacidad de lograr políticas favorables e inclusivas desde el Estado.

 

EL PAPEL DEL ESTADO

 

La mayor presencia del Estado en el sector rural es imperativa. Si hoy la población rural representa el 40% de la población total del país, los recursos públicos debieran estar destinados en esa misma proporción a cubrir las necesidades de la población allí residente. Se trata de la implementación de una política social de carácter universal que permita el disfrute de los bienes y servicios básicos a esa población históricamente marginada de los beneficios del desarrollo.

La función del Estado prescindente en la economía, es también otra falacia neoliberal. El mercado libre, en el sentido de que oferentes y demandantes tienen las mismas condiciones y capacidades, no existe. En la práctica, los más grandes absorben a los más chicos. Esta creencia solo ha ocasionado pobreza e incremento de las desigualdades. La libertad de vender y comprar es también otro engaño; no hay libertad cuando existe una desigualdad en el acceso y control de los recursos, esto es, cuando un pequeño grupo concentra la mayor y mejor cantidad de tierras, los recursos económicos, el conocimiento tecnológico, etc. mientras que grandes mayorías no acceden a tierras, ni a créditos, ni a asistencia técnica adecuada, ni a tecnologías, ni a maquinaria, ni a otros factores productivos. Ese tipo de mercado “abandonado” a su suerte, solo crea exclusión e incrementa desigualdades.

En ese tipo de mercados es necesario crear entes reguladores que hagan de contrapeso permitiendo que todos tengan las mismas oportunidades. Para ello se deben generar políticas de compensación y de incentivos que permitan a los actores menos desarrollados, acceder a las mismas oportunidades que aquellos que han acumulado mayor poder por diversos motivos.

También es importante dejar claro que no se está contra el mercado per se, sino contra el planteamiento de que el centro de la sociedad sea un mercado sin ningún tipo de regulación ni contrapeso que permita dar similares oportunidades a todos los ciudadanos. Es más, un mercado eficiente debería ser aquel que se basa en la pluralidad máxima de actores ya sea en la producción y en el consumo. El mercado que se plantea ahora, es de poquísimos productores y muchísimos consumidores pobres; el que se plantea en esta propuesta es de muchos productores y muchos consumidores.

De continuar las cosas como están, la agricultura campesina tiende a desaparecer fagocitada por la gran agricultura empresarial. La presencia del Estado en el campo, a través de la intervención en la cadena de comercialización, de la instalación de silos, de asistencia técnica, del crédito, del apoyo a la micro agroindustria, de la planificación y control de la producción y otros, es una condición básica para hacer realista cualquier programa nacional de desarrollo rural. Lo anterior supone una reorganización institucional de los organismos públicos del sector, así como de las universidades, para involucrarlas en este esfuerzo nacional. Requiere igualmente de una reformulación del Presupuesto General de la Nación que acompañe estos esfuerzos de inclusión social y productiva. Requiere también la redefinición del papel de las organizaciones sociales y las del campesinado y el papel que en este esfuerzo debe jugar el sector privado.

 

SOBRE LAS NECESARIAS FUTURAS FORMAS DE TENENCIA

 

Para asegurar que se mantengan tanto la democratización en el acceso a la tierra como la producción sustentable, es necesario recurrir al fomento de formas tradicionales de tenencia y producción de la tierra como la propiedad cooperativa, comunitaria y/o colectiva, a fin de asegurar que los pequeños productores puedan afrontar de manera positiva y sustentable una producción económicamente eficiente (para lo cual habrá de reformarse el actual Estatuto Agrario). Estas formas tradicionales en el campesinado, pero nuevas en la ruralidad paraguaya contemporánea, aparecen en el horizonte como únicos modos de tenencia que resistirán las actuales tendencias de la agricultura nacional y regional. Estas experiencias, si bien incipientes, ya existen en el país en poblaciones campesinas. Las formas comunitarias o asociativas de tenencia tienen una larga tradición en las comunidades indígenas y podrían ser adaptadas sin mayores dificultades al Campesinado -22.

La función del Estado prescindente en la economía, es también otra falacia neoliberal. El mercado libre, en el sentido de que oferentes y demandantes tienen las mismas condiciones y capacidades, no existe. En la práctica, los más grandes absorben a los más chicos. Esta creencia solo ha ocasionado pobreza e incremento de las desigualdades. La libertad de vender y comprar es también otro engaño; no hay libertad cuando existe una desigualdad en el acceso y control de los recursos, esto es, cuando un pequeño grupo concentra la mayor y mejor cantidad de tierras, los recursos económicos, el conocimiento tecnológico, etc. mientras que grandes mayorías no acceden a tierras, ni a créditos, ni a asistencia técnica adecuada, ni a tecnologías, ni a maquinaria, ni a otros factores productivos. Ese tipo de mercado “abandonado” a su suerte, solo crea exclusión e incrementa desigualdades.

En ese tipo de mercados es necesario crear entes reguladores que hagan de contrapeso permitiendo que todos tengan las mismas oportunidades. Para ello se deben generar políticas de compensación y de incentivos que permitan a los actores menos desarrollados, acceder a las mismas oportunidades que aquellos que han acumulado mayor poder por diversos motivos.

También es importante dejar claro que no se está contra el mercado per se, sino contra el planteamiento de que el centro de la sociedad sea un mercado sin ningún tipo de regulación ni contrapeso que permita dar similares oportunidades a todos los ciudadanos. Es más, un mercado eficiente debería ser aquel que se basa en la pluralidad máxima de actores ya sea en la producción y en el consumo. El mercado que se plantea ahora, es de poquísimos productores y muchísimos consumidores pobres; el que se plantea en esta propuesta es de muchos productores y muchos consumidores.

De continuar las cosas como están, la agricultura campesina tiende a desaparecer fagocitada por la gran agricultura empresarial. La presencia del Estado en el campo, a través de la intervención en la cadena de comercialización, de la instalación de silos, de asistencia técnica, del crédito, del apoyo a la micro agroindustria, de la planificación y control de la producción y otros, es una condición básica para hacer realista cualquier programa nacional de desarrollo rural. Lo anterior supone una reorganización institucional de los organismos públicos del sector, así como de las universidades, para involucrarlas en este esfuerzo nacional. Requiere igualmente de una reformulación del Presupuesto General de la Nación que acompañe estos esfuerzos de inclusión social y productiva. Requiere también la redefinición del papel de las organizaciones sociales y las del campesinado y el papel que en este esfuerzo debe jugar el sector privado.

 

SOBRE LAS NECESARIAS FUTURAS FORMAS DE TENENCIA

 

Para asegurar que se mantengan tanto la democratización en el acceso a la tierra como la producción sustentable, es necesario recurrir al fomento de formas tradicionales de tenencia y producción de la tierra como la propiedad cooperativa, comunitaria y/o colectiva, a fin de asegurar que los pequeños productores puedan afrontar de manera positiva y sustentable una producción económicamente eficiente (para lo cual habrá de reformarse el actual Estatuto Agrario). Estas formas tradicionales en el campesinado, pero nuevas en la ruralidad paraguaya contemporánea, aparecen en el horizonte como únicos modos de tenencia que resistirán las actuales tendencias de la agricultura nacional y regional. Estas experiencias, si bien incipientes, ya existen en el país en poblaciones campesinas. Las formas comunitarias o asociativas de tenencia tienen una larga tradición en las comunidades indígenas y podrían ser adaptadas sin mayores dificultades al campesinado -22 productores individuales a organizaciones gremiales que les ofrezcan garantías mínimas de éxito.

En esa política colectiva de propiedad de la tierra, las organizaciones campesinas deben reconocer las relaciones desiguales de poder entre mujeres y hombres que implican la definición de demandas específicas para mujeres, las que deben ser asumidas por la organización en su conjunto. Los movimientos campesinos deben garantizar la participación de mujeres en instancias de decisiones, de modo a ser incluidas como sujetos con plenos derechos, porque de otro modo ellas pueden nuevamente quedar al margen del acceso a la toma de decisiones, acceso a recursos, capacitaciones, etcétera.

 

SOBRE LAS FORMAS DE PRODUCCIÓN

 

De la misma manera, es difícil imaginar programas o planes productivos exitosos que prescindan de la organización campesina, de una organización respetada, protegida y reconocida por el Estado. La provisión colectiva de insumos productivos limpios o no contaminantes, la siembra conjunta de determinados rubros (de renta o consumo) la comercialización conjunta de la producción, la propiedad social de almacenes de consumo, silos, maquinarias y otros, serán necesarios en todo programa de desarrollo rural que se quiera implementar.

Es fácil imaginar que tales modificaciones a las actuales formas de producción y apoyo a la agricultura campesina por parte del Estado, suponen algo más que meras modificaciones a las políticas públicas actuales orientadas al sector.

En resumen, se trata de un ‘cambio de modelo de desarrollo’. Un cambio que oriente los esfuerzos y recursos no hacia las exportaciones de materias primas, sino primero hacia la satisfacción de las necesidades alimentarias de la población y luego, hacia la exportación de alimentos y materia prima con valor agregado a nivel nacional, a través de una producción sustentable, que no comprometa los recursos a mediano o largo plazo. Como podrá apreciarse, no es una tarea imposible; pero para que la misma se torne realidad es necesario el compromiso político por parte del Poder Ejecutivo, o más bien, del propio Estado, y el cumplimiento de mandatos constitucionales.

 

PROPUESTA DESDE LAS ORGANIZACIONES CAMPESINAS

 

En este documento se presenta una propuesta para encarar la reforma agraria en el campo paraguayo. La misma es el resultado de un largo proceso de consultas, debates y acuerdos entre organizaciones campesinas. Son varias las organizaciones que antes y después del advenimiento del actual gobierno habían ya elaborado sus propias propuestas, las cuales no sólo no presentan diferencias sustanciales, sino que son complementarias, algunas poniendo más énfasis en un aspecto y otras en otro. Estas propuestas empezaron a elaborarse ya en los comienzos de la transición por organizaciones nacionales, regionales e incluso locales; como era de esperar se multiplicaron a partir de abril de 2008 con el triunfo de Lugo. Existe una larga lista de propuestas pero, a los efectos de simplificar, se hacen algunas consideraciones entre la propuesta actual y las de la Federación Nacional Campesina (FNC) y la del Espacio Unitario (EU).

Se encontraron las siguientes características:

• La propuesta del EU dedica todo un apartado a los aspectos institucionales y al marco normativo de la RA, que no aparece ni en la de la FNC ni en la que aquí se presenta, excepto marginalmente (tal es el caso de la coincidencia en la necesidad de establecer un impuesto gradativo a la tierra). Entre las propuestas planteadas por el EU se encuentran: la reformulación del rol de Estado para el logro de la Reforma Agraria Integral (RAI) dentro del marco de una estrategia de soberanía alimentaria; la redefinición del órgano de aplicación de la política y de la legislación agraria y, la reformulación de la política económica del Estado.

• La FNC dedica su propuesta a la reactivación de la economía nacional, la mitad de las acciones a un programa nacional de industrialización de las materias primas de origen agrícola, que no figuran ni en la del EU ni en la que aquí se presenta, excepto en lo que a agroindustrialización se refiere.

• En lo referido al componente tierra, la propuesta de la FNC se refiere genéricamente a la necesidad de desconcentrar la actual propiedad de la tierra con un programa masivo de distribución de la misma, en tanto que la propuesta que aquí se presenta abunda en detalles de cómo hacerlo, mencionando las modificaciones necesarias al actual cuerpo normativo agrario.

La propuesta del EU aborda este problema desde la perspectiva de un cambio del rol del Estado.

• En los aspectos que hacen referencia a la producción, comercialización y crédito, las tres propuestas tienen prácticamente un idéntico contenido. Las principales diferencias en este sentido son: que la FNC plantea formas de subsidio o protección a la producción; que el EU hace una explícita mención a la protección medioambiental y recursos hídricos que no aparece en las otras dos y, que en la propuesta del EU no hay referencia a la provisión de créditos a la agricultura campesina, aspecto que se recoge en los otros dos programas23.

Las organizaciones campesinas han llevado adelante una histórica lucha por la reforma agraria, más de 100 activistas y dirigentes fueron asesinados desde el año 1989, y muchas mujeres y hombres han sido criminalizados y reprimidos por el Estado y por grupos armados de terratenientes, en su lucha por conquistarla. Fernando Lugo prometió iniciarla, sin embargo, a más de dos años de haber asumido la Presidencia de la República, la concentración de la tierra continúa prácticamente igual y las políticas de acceso a los derechos económicos, sociales y culturales, a la infraestructura, a los créditos y otros componentes indispensables para una verdadera reforma agraria, apenas son impulsados.

Finalmente, ante la situación mencionada, se presenta esta Propuesta de Reforma Agraria, que recogiendo los reclamos planteados por las propias organizaciones campesinas, plantea las acciones que son necesarias para que cada paraguayo y paraguaya acceda a un pedazo de tierra para trabajarla, producir y vivir dignamente. Es bueno reiterar que si bien la RA no se agota en la distribución de un pedazo de tierra, ella no puede ser implementada en el Paraguay sino a través de una modificación estructural de la tenencia de tierra. Este documento está organizado tomando en cuenta cuatro ejes centrales: una nueva institucionalidad, tierra, producción, e infraestructura. En cada uno de los capítulos se encontrará un breve diagnóstico de la situación actual y propuestas concretas para dar inicio a la reforma agraria.

 

NOTAS

 

1 POJOAJU, et al. (2010) “Impactos del modelo agroexportador en los derechos humanos de la población en Paraguay. Por un modelo productivo y de desarrollo sustentable que logre el bienestar de todas y todos”, Asunción, POJOAJU.

2 Palau, T. et al. (2008) Los refugiados del modelo agroexportador, Asunción, BASE Investigaciones Sociales.

3 Benítez, Stela et al. (2008). Malformaciones congénitas asociadas a agrotóxicos. Documento de Trabajo Nº 120. BASE Investigaciones Sociales. UNA-Séptima Región Sanitaria, Encarnación-Ministerio de Salud Pública

4 Palau, T. ob. cit.

5 Rojas, Luis (2009) Corporaciones transnacionales y el modelo de producción agrícola en el Paraguay, en: Economía mundial, corporaciones transnacionales y economías nacionales. Colección Grupo de Trabajo, CLACSO

6 Rojas, Luis (2009) Actores del Agronegocio en Paraguay ,Asunción, BASE Investigaciones Sociales-DIAKONIA Acción Ecuménica Sueca.

7 MAG (2009) Censo Agropecuario Nacional 2008, Asunción, Ministerio de Agricultura y Ganadería.

8 Tierras Mal Habidas (2008) Informe Final de la Comisión de Verdad y Justicia. Tomo IV

9 Sánchez, José T. (2009) “El rol de la prensa” en: Criminalización a la lucha campesina. BASE Investigaciones Sociales-Fundación Rosa Luxemburgo.

10 MAG (2009) Censo Agropecuario Nacional 2008, Asunción, Ministerio de Agricultura y Ganadería

11 Según Guyra Paraguay; en: http://www.latinoamerica-online.info/soc04/natura23.04.html

12 http://www.elnuevoherald.com/2010/06/05/735414/latinoamerica-biodiversidad-se.html

13 DGEEyC (2008). EPH 2008.

14 Ibídem

15 Ibídem

16 DGEEC (2008) Encuesta Permanente de Hogares. Asunción, Dirección General de Estadística, Encuestas, y Censos.

27 Ibídem

18 González V., Myriam (2009) “¿Hasta cuándo? Violencia contra las mujeres en el ámbito doméstico” en: Informe de DDHH en el Paraguay 2009. CODEHUPY

19 Estos datos son una aproximación hacia la violencia contra las mujeres, considerando que la zona que abarca es en su mayoría Asunción y alrededores. No se cuenta con datos de áreas rurales.

20 CEPEP (2009). Encuesta Nacional de Demografía y Salud Sexual y Reproductiva 2008. Informe Resumido

21 El concepto de “agricultura familiar campesina” tiene escasa tradición de uso en la literatura especializada y de hecho parecería ser redundante, bastaría con hablar de “agricultura campesina” ya que toda agricultura campesina es de hecho familiar. El concepto de “agricultura familiar” sin embargo, es equívoco, ya que tanto la campesina como la farmer son familiares aunque de facturas significativamente diferentes. Este último concepto lo único que aclar conceptualmente es que no se está hablando de agricultura empresarial. El uso del concepto “agricultura familiar campesina” es reciente y está circunscrito principalmente al ámbito de organismos regionales y subregionales de integración, asistencia técnica y financiamiento.

22 Como ejemplo de su eficiencia para promover el arraigo, se puede mencionar que en los años de 1980, en el Departamento de Amambay había unos 20 asentamientos campesinos. En esa misma época existían en ese mismo Departamento no más de 35 comunidades indígenas. Actualmente, 30 años después, al menos el 50% de los asentamientos campesinos fueron absorbidos por empresas sojeras y ganaderas, mientras las comunidades indígenas se multiplicaron casi por dos. Actualmente, en ese Departamento existen aproximadamente unas 60 comunidades Pa) Tavyterã. ¿Cuál es el secreto que explica la desaparición de la mitad de los asentamientos campesinos por un lado y la duplicación de las comunidades indígenas por el otro? Ningún secreto, se debe a que la tenencia comunitaria de la tierra no sólo resiste a la concentración empresarial de la tierra, sino que es capaz de ganarle terreno.

23 La OLT, organización que forma parte del EU es la única organización campesina que tiene un posicionamiento de inclusión del análisis de género en la reforma agraria. Sus propuestas pueden sintetizarse en: priorización de las mujeres para el acceso a la tierra, garantías en la propiedad de las fincas, asistencia técnica y crediticia especialmente para mujeres madres solteras y jefas de familia, programas de planificación familiar y equipamiento adecuado, sobre todo para la salud materno infantil, prevención de embarazos y enfermedades de transmisión sexual, recuperación de semillas nativas y de la agricultura familiar. También hacen referencia al cumplimiento y respeto a los derechos de las mujeres, principalmente los relacionados a la salud y la protección contra la violencia de género, así como la visibilización y reconocimiento del trabajo productivo de las mujeres a nivel familiar, organizativo y comunal.

 

 

 

 

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Fuente digital : http://www.baseis.org.py

 

Registro: Agosto 2011

 







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