ALCA, ROL DEL ESTADO Y DERECHOS LABORALES (VÍCTOR BÁEZ MOSQUEIRA)

ALCA, ROL DEL ESTADO Y DERECHOS LABORALES
 
VÍCTOR BÁEZ MOSQUEIRA

Será difícil, en un documento de pocas páginas, hacer referencia completa a los derechos de los/as trabajadores/as del Paraguay que serán afectados por el ALCA, ya que debemos concebir a estos derechos no sólo dentro de los límites de su relación laboral dentro de la empresa, sino como el ejercicio completo de la ciudadanía de quienes viven de su trabajo.

La primera reflexión es que el Area de Libre Comercio de las Américas (ALCA) no es el único proceso en curso. Existen otros que afectarán igualmente a los trabajadores y trabajadoras, como la OMC y los acuerdos bilaterales de inversión y el recientemente firmado entre Chile y Estados Unidos, siendo éste último el modelo en el cual se basarían los próximos tratados bilaterales y el mismo ALCA. Todos estos procesos tienen contenidos similares y formarian parte de una estrategia general de los países centrales, cuyos Estados, a su vez, son rehenes de los fuertes lobbys de las grandes empresas.

Debemos partir de la base de que, a pesar de su denominación, los procesos como el ALCA no tratan solamente del libre comercio sino, sobre todo, versan sobre la libre inversión. Esto permitirá que las grandes empresas norteamericanas y canadienses entren a nuestros países a hacer lo que se les venga en gana. Como decía Dorval Brunelle, catedrático de la Universidad de Québec y miembro de la Alianza Social Continental, al referirse al acuerdo bilateral entre Chile y Canadá, firmado hace algunos años: "Aquí no se trata de que Chile venda unas cuantas botellas más de vino a los canadienses. De lo que realmente se trata es de que los inversionistas canadienses entren a hacer lo que quieran con los bosques chilenos".

Esto condiciona, por supuesto, los roles que los Estados deben ejercer para la defensa de los intereses de sus ciudadanos y ciudadanas, sea en el campo del empleo, de la suficiencia alimentaria, del medioambiente, de las políticas de género, de la seguridad social, etc.

Un keynesiano como Joseph Stiglitz, premio Nóbel de economía, aseguraba en un discurso en la OIT, en noviembre de 2001, que la liberalización económica (materializada en procesos como el ALCA, OMC, etc) y la flexibilización laboral, juntas, aunque sean medidas diferentes, aumentan las ventajas del capital por sobre el trabajo. Tanto la flexibilización laboral como la liberalización económica responden a una época en que las críticas al viejo Estado redundaron prácticamente en la destrucción de los Estados y en el reinado absoluto del mercado.

Pero el fracaso ostensible del neoliberalismo en países como la Argentina, buque insignia del modelo hasta el hundimiento de su economía hace menos de dos años, hoy trae nuevamente al tapete un viejo debate: el rol de los Estados. En su libro "Los felices 90", Stiglitz apunta que "la batalla ideológica entre quienes abogan por una reducción al mínimo de la intervención del Estado en la economía y los que creen en la necesidad de que aquél desempeñe un papel relevante... se está librando en un país tras otro, no menos en el mundo en desarrollo que en el desarrollado, y a ambas riberas del Atlántico o del Pacífico".

¿Qué tiene que ver el rol del Estado, en este caso el paraguayo, con los derechos de los trabajadores trabajadoras y con el empleo, que son dos temas que interesan a quienes viven de su esfuerzo diario?

Tiene mucho que ver, porque está probado que el empleo y, sobre todo, la calidad del empleo, no son temas que el mercado, solo, puede abordar. Deben haber políticas públicas tendientes a promover más y mejores empleos. Por otro lado, serán los Estados y no los mercados los encargados de velar por el respeto a los derechos laborales, que son parte integral del conjunto de Derechos Humanos.

Por tanto, el NO AL ALCA que retumba en todo el continente, de parte de sectores políticos y sociales progresistas, de pequeños y medianos empresarios, de sindicalistas y de campesinos, ha probado ser efectivo a corto plazo, pero insuficiente a mediano y largo términos, pues no solamente el ALCA tiene un contenido que anula el rol regulador y organizador de los Estados, sino que lo que se viene negociando en la OMC y en los convenios bilaterales tendrá exactamente el mismo efecto.

La reflexión consecuente es, entonces, que, si queremos confrontar las partes de una estrategia única global que pone a los mercados como centro (ALCA, OMC, ABIs) debemos empezar por debatir qué tipo de sociedad queremos y qué tipo de Estado es el que tenderá a combatir la creciente desigualdad que impide la profundización de la democracia en nuestros países.

Hasta hace más o menos dos años, el concepto de que la economía estaba por encima de la política , había producido un fenómeno de centripetación política, en la cual los partidos de derecha, izquierda o centro fijaban sus debates en lo económico y financiero. Felizmente, esta concepción está siendo paulatinamente superada. La misma Internacional Socialista ha titulado su último Congreso, realizado en Brasil, el año pasado, como "la vuelta de la política", entendiendo a ésta como el marco establecido para el desenvolvimiento de las relaciones y transacciones económicas.

CÓMO EL ALCA ANULA EL ROL REGULADOR Y ORGANIZADOR DE LOS ESTADOS

En realidad, en el modelo del libre comercio y la libre inversión, representado por el ALCA, la OMC, los ABIs, lo que menos importa es la eliminación de la competencia desleal y la instalación de una libre competencia. La verdad es que lo que pretenden las grandes empresas es luchar por los mercados antes que luchar en los mercados (Stiglitz, op.cit.) . Dicho de otro modo, lo que quieren es apoderarse de los mercados y no dudan en abatir todo aquello que se oponga a la consecución de ese fin. Algunos ejemplos son:

Compras gubernamentales: Los gobiernos locales, departamentales, provinciales o nacionales son grandes clientes potenciales. Normalmente utilizan reglas sobre el proceso de compras gubernamentales para alcanzar metas de políticas públicas, como creación de empleo en determinados sectores, protección al consumidor, desarrollo económico, igualdad y equidad de género, respeto a los derechos humanos y laborales, etc. Con la OMC o el ALCA no se podrán tomar en cuenta estas importantes metas públicas sino que serán considerados solamente los factores de precio y calidad. De hecho, las empresas nacionales de la mayoría de los países latinoamericanos no estarán en condiciones de competir con las grandes transnacionales en estos aspectos, lo cual redundará en la escasa creación den nuevos empleos o en la pérdida de antiguos trabajos, entre otras causas.

Trato nacional: Aun cuando la empresa esté localizada en el exterior (y con más razón si está ubicada en el país), los gobiernos están obligados a darle a ésta un trato no menos favorable que el aplicado a las empresas nacionales. Con esto se echa por tierra cualquier intención política de cualquier gobierno de dar incentivos especiales a sectores productivos o de servicios que el país necesite desarrollar.

Amplia definición de la inversión:La definición de "inversionista" es muy amplia, incluyendo a quienes ya han realizado una inversión en el país, a quienes la están realizando o a quienes tienen la intención de realizarla. Esto último es muy interesante, porque permitirá a aquellas personas o empresas que pretenden realizar una inversión en un país y que, por algún motivo, desisten a último momento, a reclamar indemnizaciones a los Estados en los que su proyecto o intención ha fracasado.

Por supuesto, las inversiones están liberadas de casi cualquier regulación, tienen libre circulación (incluida la de los capitales golondrina) se prohíbe a los Estados ponerles cualquier requisito de desempeño y están contemplados mecanismos que permiten a las corporaciones demandar a los Estados Nacionales por cualquier medida que moleste sus operaciones o que disminuya sus ganancias.

Veamos algunos casos de disputas inversionista-Estado registrados dentro del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, ya que el ALCA pretende ser la extensión del mismo a todo el continente:

1-Ethyl Corporation: Empresa química de Estados Unidos que impugnó una regulación ambiental del gobierno canadiense, que prohíbe el uso del aditivo de gasolinas MMT, utilizado por la empresa. Ethyl fue indemnizado con 13 millones de dólares. (1997)

2-Metalclad: Empresa de Estados Unidos que impugnó la decisión del municipio mexicano de Guadalcázar, San Luis Potosí, de negarle permiso para la construcción de un vertedero de desechos tóxicos, y de haber declarado el lugar como reserva ecológica. Metalclad fue indemnizado con 15,6 millones de dólares.(1997)

3-Karpa: Exportador estadounidense de cigarrillos, que impugnó la negativa del gobierno mexicano de rebajar impuestos de exportación. Fue indemnizado con 1,5 millones de dólares.

Estas acciones fueron llevadas a cabo contra los Estados citados, debido a la definición muy amplia de las expropiaciones, situación semejante a la del ALCA y otros procesos, por la cual se considera que la expropiación directa no es la única forma, sino que existen formas de expropiación indirecta, como las acciones de un gobierno que interfieren en las expectativas de la inversión.

Los juicios, que tampoco son llevados a cabo en tribunales públicos nacionales, sino en tribunales supranacionales constituidos por árbitros privados, quienes son seleccionados por cada parte, de un listado de tecnócratas.

DIVORCIO DE LAS CADENAS DE PRODUCCIÓN NACIONAL

El ejemplo de lo que pasa en México, que está dentro del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (NAFTA, por sus siglas en inglés) es ilustrativo de lo que puede acontecer con nuestros países en el ALCA. Las inversiones que fabrican ciertos productos son parte de cadenas internacionales de producción. Estas empresas compran insumos, no del país donde están establecidas, sino de otras empresas del mismo grupo empresarial. Por ejemplo, una empresa internacional instalada en México, que fabrica automóviles, no compra las partes para frenos de la producción mexicana, sino que las adquiere de una empresa hermana radicada en otro países. Así, el "libre comercio" entre países se convierte en un comercio "intra-empresas" con las consecuentes quiebras de las empresas nacionales proveedoras y la lógica disminución de los puestos de trabajo.

EL ROL DE LOS MINISTERIOS DE TRABAJO

El papel que han cumplido los Ministerios de Trabajo ha sido diferente durante las distintas épocas. En las dictaduras han tenido un rol represor en cuanto a derechos colectivos se refiere (sindicalización, contratación colectiva, huelga) y ha pasado por alto el cumplimiento de los derechos individuales (salario mínimo, vacaciones, horas extras, etc.). Luego de la caída de las dictaduras, coincidente con el advenimiento y auge del neoliberalismo, han jugado un papel subordinado o decorativo, a tal punto que, a pesar de haber insistido los Ministros de Trabajo ante sus colegas Ministros de Comercio que estaban negociando el proceso del ALCA sobre la necesidad de la participación de sus carteras en las negociaciones, las rogativas fueron repetidamente ignoradas por los últimos.

Es más, se nota una tendencia a reducir más todavía la importancia de los Ministerios de Trabajo, convirtiéndolas en sub secretarías o en vice ministerios de Trabajo, como lo hicieron en Colombia y como existe un ante-proyecto en el parlamento paraguayo, cuando que consideramos que la tendencia debe ser exactamente contraria, debiendo realzarse la importancia política de los Ministerios de Trabajo, los cuales, además de ocuparse de las relaciones obrero-patronales, deben centrar su atención en las políticas de creacción de empleos y en la seguridad social.

El proceso del ALCA tiene tres organizaciones asesoras: la OEA, el BID y la CEPAL. Dentro de la OEA, existe una Conferencia Interamericana de Ministros de Trabajo, que consideramos es la instancia en la cual se están debatiendo los derechos laborales en el ALCA, a pesar de nuestra insistencia, como sindicalistas, de que deben ser tomados en cuenta también otros procesos que están en curso en las Américas.

Una de las metas de esta Conferencia Interamericana de Ministros de Trabajo es lograr, con el apoyo de la OEA, el BID y la OIT, el "fortalecimiento de los Ministerios de Trabajo". Pero un simple ejercicio lógico nos llevará a la conclusión de que esa meta es irrealizable bajo la óptica del ALCA.

La gran pregunta es: ¿ Cómo se va a fortalecer un organismo del Estado, como un Ministerio del Trabajo, si en las negociaciones globales del ALCA, la OMC o los ABI's se da, como hemos visto, un debilitamiento o anulación de la capacidad general de los Estados de hacer políticas laborales, sociales, ambientales, económicas, fiscales, de género o culturales que puedan atentar contra las expectativas de ganancias de los inversionistas extranjeros? ¿Se puede fortalecer una parte del todo, cuando el todo está siendo debilitado en forma adrede? La respuesta lógica es no, no se puede.

Hagamos la pregunta de otra forma, buscando, esperanzados una respuesta favorable: ¿Se quiere, acaso, aunque más no fuera, mejorar la capacidad de inspección de los Ministerios de Trabajo sobre el cumplimiento de los derechos laborales establecidos?. Pero la respuesta sigue siendo la misma. Aunque se quiera, no se podrá. Los inversionistas pueden considerar los Códigos de Trabajo como molestos para sus pretensiones. Además, en el modelo del libre comercio y la libre inversión, la competencia entre países se basa en una carrera hacia el fondo del pozo, donde se sacrifican los derechos laborales para producir más barato.

A este paso, ponemos como ejemplo la producción textil asiática, basada principalmente en el trabajo de presidiarios con tecnología de punta y nos hacemos la siguiente pregunta: ¿Será que, para poder competir en el mercado textil mundial, debemos obligar a los presos de Tacumbú a producir textiles, sin salarios y con tecnología de punta? Y si lo hacemos ¿qué pasaría con las miles de familias y con ciudades enteras que viven de esa industria?.

LOS DERECHOS LABORALES EN EL ALCA

En los primeros borradores del ALCA no existía referencia alguna a los derechos laborales. En el capítulo de Inversiones había solamente una invitación a los países a que no rebajaran sus legislaciones laborales con el objetivo de atraer inversiones.

La firma del tratado de libre comercio (y libre inversión) entre Chile y Estados Unidos, trae, sin embargo algo que puede ser considerado como precedente, como ya dijimos, para el ALCA y otros acuerdos bilaterales: la obligación que asumen las partes de respetar y hacer respetar su legislación laboral. Pero nada dice de los casos en que uno o más países partes de estos tratados decida, de todas formas, flexibilizar su legislación o directamente desregular en perjuicio de los derechos de los trabajadores y trabajadoras. Se crea así un campo propicio para disminuir los derechos laborales, por procedimientos parlamentarios, con el objetivo de "atraer inversiones" sin ninguna consecuencia ulterior para el país que lo haga.

En realidad, desde la reunión de la OMC en Singapur, en 1996, la tendencia es rechazar el nexo entre comercio y derechos laborales, dejando a éstos últimos bajo la esfera de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que tiene muy poco campo de acción para hacer que los países hagan respetar los derechos laborales. En 1998, la OIT emitió una declaración que obliga a los países miembros a respetar, por el simple hecho de ser parte de la organización, cinco disposiciones fundamentales: a)derecho a organización sindical; b)derecho a contratación colectiva; c) combate a la discriminación en los puestos de trabajo; d) combate al trabajo infantil y e) combate al trabajo forzoso.

Si bien estos derechos son de obligatorio cumplimiento internacional, muchos países no los cumplen y no se han establecido penas comerciales para ellos. Las oposición a las sanciones por la falta de respeto a los derechos laborales proviene especialmente de los países en desarrollo, que temen que las potencias comerciales utilicen ese argumento como medida proteccionista. Lo cierto es que estos países pobres, con su oposición a las sanciones, están en realidad protegiendo a élites explotadoras que operan dentro de sus propias sociedades nacionales, sean empresas del país o extranjeras.

Pero esto no termina ahí, pues hay otros derechos como limitación de la jornada de trabajo, descanso, vacaciones, formación profesional, salario justo o mínimo vital, protección contra el desempleo y contra accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, seguridad social, etc. que deben ser tomados en cuenta como parte de una política de empleo decente y de promoción de los Derechos Humanos en los puestos de trabajo. El ALCA no se refiere a ninguno de ellos ni mucho menos los promueve. Como vimos, lo que hace es elevar los privilegios de los inversionistas a niveles nunca antes vistos, en desmedro de los Estados nacionales y de sus ciudadanos y ciudadanas.

LAS ALTERNATIVAS

Una vez descriptas las consecuencias que tendrá el ALCA para los trabajadores y trabajadoras del continente y, por ende, del Paraguay, nos apresuramos a afirmar que esto no tiene que ser así necesariamente, que hay alternativas. Algunas de ellas, esbozadas por la Alianza Social Continental, de la cual formamos parte son:

- El comercio y la inversión no deben ser fines en sí mismos, sino instrumentos para alcanzar un desarrollo justo y sustentable. Las metas centrales de las políticas deben ser la promoción de la soberanía económica, el bienestar social y la reducción de la inequidad en todos los niveles.

- Las políticas continentales no deberán mermar la capacidad de un Estado-nación para cubrir las necesidades sociales y económicas de sus ciudadanos y ciudadanas. Los Estados-nación tienen derecho al desarrollo nacional. La meta de las regulaciones nacionales en el sector privado deberá ser la de garantizar que las actividades económicas promuevan un desarrollo justo y sustentable.

- La inversión deberá generar empleos de calidad, producción sustentable y estabilidad económica. Los gobiernos deben tener el derecho a rechazar cualquier inversión que no haga una contribución neta al desarrollo, sobre todo en los flujos del capital especulativo. El mecanismo del TLCAN que permite a los inversionistas demandar directamente a los gobiernos debe ser abolido y prohibido en otros acuerdos.

- Los países deberán promover los intereses de desarrollo nacional y priorizar el ambiente. Los servicios básicos como educación, atención a la salud, energía, agua y otras utilidades deben estar disponibles para todas las personas que habitan el continente. Esos servicios públicos no deben ser dejados en manos de las llamadas reglas del mercado.

- El Estado tendrá derecho a proteger o excluir los alimentos básicos de los tratados comerciales.

- Las políticas continentales habrán de garantizar los derechos básicos de hombres y mujeres que trabajan, crear fondos de compensaciones para trabajadores o comunidades que padezcan pérdidas de empleos y promover el mejoramiento de sus niveles de trabajo y de vida de los trabajadores y sus familias.

Sobre este último párrafo debe mencionarse que el gobierno de Brasil ha presentado en la última reunión de la Conferencia Interamericana de Ministros de Trabajo, realizada en Salvador, Bahia, en setiembre de 2003, una propuesta de creación de un fondo de compensación para la creación de empleo decente. Esta propuesta esta siendo analizada este año en los grupos de trabajo y se debe llegar a una conclusión antes de fin de año.

Pero está visto que todos y cada uno de los puntos expuestos como alternativas exigen el desarrollo de políticas públicas, provenientes de un proyecto nacional de desarrollo que está en abierta contraposición con los planteamientos del ALCA. Por otra parte, los derechos de trabajadores/as a un empleo digno y a una ciudadanía plena están insertos en cada uno de los párrafos de las alternativas.

Afortunadamente, se registran suaves brisas de cambio, provenientes del sur del continente. Por ejemplo, la negativa del presidente Kirchner a ir más allá de los compromisos a los que llegó con el FMI en el pago de la deuda argentina reflejan que ha optado por hacer crecer la economía y tender hacia el combate a la pobreza. Un párrafo de su discurso ante el parlamento argentino, diciendo que la competencia comercial internacional argentina no va a basarse en los bajos salarios de los trabajadores de ese país es también llamativo, así como sus alusiones sobre la necesidad de una política nacional de desarrollo.

Otro ejemplo positivo es la resistencia cada vez mayor de varios países a aceptar el proyecto del ALCA tal como lo presenta el gobierno de Estados Unidos. Esto, sin embargo, debe llevarnos a centrar nuestra atención en otras formas de una misma estrategia del gobierno de ese país, como los tratados bilaterales que, en esencia, tienen igual contenido al del ALCA.

En cuanto al rol de los Ministerios de Trabajo, su importancia estará en directa relación con la existencia o no de un proyecto nacional de desarrollo del cual debe formar parte el empleo, la calidad de éste y el respeto a los derechos de los trabajadores. Ya hay suficientes ejemplos en el mundo de que la competencia comercial o de atracción de inversiones basada en el sacrificio de derechos laborales sólo produce más pobreza.

El inicio de la solución al problema que presenta el rol de los Ministerios de Trabajo es que dejen de jugar un papel subordinado y que lo cambien por un rol protagónico, junto con otras carteras sociales, en el diseño e implementación de ese proyecto nacional de desarrollo, participativo e incluyente.

Por último, ningún acuerdo comercial o de integración podrá estar completo si no existe un compromiso entre los países partes de aplicar y respetar los derechos laborales básicos, con un mecanismo apropiado y efectivo de cumplimiento que deberá formar parte integral de cualquier acuerdo como un requisito obligatorio. Sin ello, los poderes legislativos de los Estados miembros no deben ratificarlo.
 

BIBLIOGRAFÍA

Stiglitz, Joseph: Los felices 90.

Beck, Ulrich: ¿Qué es la globalización?

Báez Mosqueira, Víctor: Escenarios y Alternativas.

Alianza Social Continental: Alternativas para las Américas.

COSATE: Hacia una ampliación de la Agenda del CIMT.

ASC, ART, ASC: Por qué decimos NO al TLC.

NOVAPOLIS – REVISTA DE ESTUDIOS POLÍTICOS CONTEMPORÁNEOS

EDICIÓN Nº 6 – FEBRERO DE 2004

REFLEXIONES SOBRE EL ALCA

DESDE UNA PERSPECTIVA PARAGUAYA

Fuente: http://www.novapolis.pyglobal.com

(Registro: Agosto 2011)