Portal Guaraní - SOBERANÍA - Por LUIS BAREIRO

Acostumbrados a los anuncios que provocan verdaderos terremotos políticos, la inclusión de tres funcionarios de menor rango en la lista de aquellos considerados significativamente corruptos por el Gobierno de los Estados Unidos nos dejó un jueves con sabor a poco. Toda la parafernalia montada por la Embajada norteamericana para presentar este nuevo informe hizo que las especulaciones se dispararan, dejando al borde del infarto a los beneficiarios de Horacio Cartes, y con el champán o la modesta sidra enfriándose al santo botón en las heladeras de sus detractores.

Como sea, la ampliación de la lista de significativamente corruptos sirvió de excusa para que los novísimos contestatarios del imperio resucitaran su queja sobre la presunta pérdida de soberanía que suponen para nuestro país estos anuncios sísmicos en la Embajada. Debo decir que en un punto coincido con los revolucionarios de nuevo cuño. Las sucesivas designaciones han dejado picando una cuestión que nos urge resolver y que, hasta tanto no lo hagamos, nos deja con la autonomía e independencia bajo sospecha.

Las designaciones no son otra cosa que la aplicación por parte del Gobierno de los Estados Unidos de una ley sancionada por el Congreso de su país que le permite, sobre la base de información obtenida mediante su servicio de inteligencia, impedir que determinadas personas no estadounidenses ingresen a su territorio o utilicen su sistema financiero y monetario. Les autoriza además a prohibir a cualquier ciudadano o empresa estadounidense tener relaciones comerciales con esas mismas personas.

Los anuncios que se realizan en la Embajada de los Estados Unidos (técnicamente territorio norteamericano) responden a la aplicación de esa ley. Horacio Cartes y Hugo Velázquez no pueden ingresar a Estados Unidos ni operar con el sistema financiero estadounidense, y las empresas y los ciudadanos de Estados Unidos tienen prohibido vincularse comercialmente con ellos.

En Paraguay y en el resto del mundo (salvo que tengan algún otro problema legal que desconozcamos), Cartes y Velázquez son libres de moverse cuando y como se les dé la gana, y pueden comprar o vender en cualquier otra moneda que no sea la estadounidense y tener relaciones comerciales con todo el quiera relacionarse con ellos.

¿Todo esto afecta en algo a nuestra soberanía? Sí. Y explico por qué. En cada uno de los anuncios, el Gobierno de los Estados Unidos afirmó que posee información fehaciente sobre la comisión de hechos punibles en Paraguay, hechos que van desde el soborno a parlamentarios hasta vinculaciones con organizaciones terroristas.

Esto significa que en alguna oficina del Departamento de Estado de los Estados de los Unidos hay información que prueba sin que quede lugar a dudas que un ex mandatario pagó coimas a determinados legisladores y mantuvo vínculos con organizaciones criminales; y que el actual vicepresidente sobornó a funcionarios para impedir investigaciones en la Justicia que terminarían por perjudicarlo.

Si esa información existe todo el aparato judicial paraguayo debería estar operando para conseguirla, analizarla e imputar o sobreseer a los designados de acuerdo con nuestras leyes. Que un agente fiscal cuente que ya se la pidieron por nota a la Embajada prueba que jamás tuvieron interés en conseguirla. Es como si nos dijera que le escribieron al embajador al WhatsApp. Con ese criterio, podrían solicitarla directamente al secretario de Estado Antony Blinken en su perfil del Facebook, o al señor Biden en su Instagram.

Desde la propia Embajada recordaron que el Ministerio Público puede acceder a esa información a través del Departamento de Justicia de su país. Si cualquier periodista puede preguntar cuál es la vía, los fiscales sencillamente nos están tomando del pelo.

En un estado de derecho la soberanía de un país se ejerce haciendo cumplir sus leyes en su territorio y mediante sus instituciones. Si un gobierno extranjero dice tener información sobre delitos cometidos en el Paraguay, es obligación de nuestras instituciones obtener esa información por las vías que correspondan y darle el uso que nuestras leyes y nuestra constitución establecen. Eso es ejercer soberanía. Lo demás es verso político.

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