EN EL VERGEL LUQUEÑO

 Por BLAS BRÍTEZ

bbritez@uhora.com.py

La cuestión inmobiliaria en Luque tiene dos caras que forman parte de una misma moneda. La usual metáfora pecuniaria resulta aquí pertinente y reveladora. Por un lado, está la oferta de las empresas loteadoras, propietarias de fincas ubicadas en las atractivas y vastas zonas periféricas; y, por el otro, está la instalación —regular o irregular, mas siempre legítima desde la necesidad— de un centenar de multitudinarios asientos urbanos, más o menos precarios, más o menos cercanos a los terrenos que las compañías dedicadas a los bienes raíces ofertan. La especulación con el valor de los bienes inmuebles (antiguos o edificados en la última década, tanto en el centro como en los barrios) es otra característica de una localidad en la que malvivió y murió el dramaturgo Julio Correa (1890-1953), escritor que reflejó el drama de la tierra. En este último reparto del negocio, el apellido González Daher es esencialmente protagónico: allí están sus mil casas de la usura, una de ellas en donde vivió en alquiler durante treinta años el músico y escritor Chester Swann (1942-2012), cuya demolición se prevé en breve y en favor de algún proyecto comercial superior.

La crecida demanda en los enclaves urbanos —por parte de una clase media empleada o con emprendimientos en Asunción— incluye la búsqueda de franjas cercanas a la capital excedida en su entraña habitable. Es la tortura diaria del tráfico asunceno, sin transporte público justo y eficaz. Pero son los menos quienes llegan así a Luque (y a las otras ciudades aledañas). Los más lo hacen en el tumulto de las sacudidas migratorias internas, las que la pobreza y la falta de oportunidades en el campo provocan a base de enajenación de la tierra, aislamiento e inseguridad social cada vez más visibles y graves. Por eso hoy uno de cada cuatro asentamientos del Departamento Central es luqueño.

Según datos no oficiales recabados por la Fundación Techo (Relevamiento de Asentamientos Precarios, 2015), hay casi 8.000 familias diseminadas en unas 7.000 viviendas distribuidas en la geografía de una ciudad que bordea los 300.000 habitantes. Es decir, calculando 4,4 moradores por casa en los asentamientos (que es lo que calcula el sociólogo José Galeano Monti, en Territorios de exclusión social, 2017), estamos ante el aserto insobornable de que por lo menos el 10% de la población luqueña vive hoy en un lugar parecido al que 1.800 policías llegaron en la mañana del miércoles para desalojar con violencia a 1.200 personas de sus improvisados hogares, en medio del fuego y los gritos de los niños y las niñas.

Según la citada investigación de Techo, el 66,7% de los migrantes en Luque lo son por causas económicas; en el 67,9% de los casos hay ausencia de programas de vivienda estatales o de la sociedad civil; ningún indicador principal en el área de servicios (luz pública y residencial, agua, alcantarillado, recolección de basuras, etc.) llega al 70%, en algunos casos mucho menos. El desempleo, la drogadicción y la falta de caminos son los problemas que los propios habitantes consideran como fundamentales.

El estudio La seguridad humana y su complementariedad con la seguridad ciudadana (Centro de Estudios Judiciales, 2017) demuestra que existe una relación “directamente proporcional” entre la situación de vulnerabilidad en los asentamientos y el “efecto que esto genera en la seguridad ciudadana de sus comunidades”. Hablamos de miles de personajes en situación de inseguridad real, lo que parece no producir empatía alguna de aquel lado de la moneda inmobiliaria en el vergel luqueño: el del capital.

Fuente:  ULTIMA HORA (ONLINE)

Sección OPINIÓN

Viernes, 08 de Marzo de 2019

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