EL DINERO SÍ TIENE COLOR
Por ILDE SILVERO
ilde@abc.com.py
Por fin los diputados hicieron algo sensato y recomendable: decidieron empezar de cero el análisis del proyecto de ley de financiamiento político, luego de la polémica desatada por haberlo aprobado en general con puntos que permitirían el aporte de narcotraficantes u otro tipo de mafiosos a las campañas electorales.
El proyecto prevé aumentar de 5.000 jornales (G. 392 millones) a 50.000 jornales (G. 3.925 millones) el “aporte” o “donación” individual de personas en campañas políticas. Otro artículo deja de lado a la Contraloría General de la República y a la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero (Seprelad) en cuanto al control del dinero usado en las campañas proselitistas.
Esto último es realmente un disparate porque el proyecto de ley argumenta la necesidad de transparentar las donaciones y el uso del dinero en las campañas políticas y, al mismo tiempo, elimina la posibilidad de control y auditoría de estos financiamientos por parte de los organismos estatales competentes como la Contraloría y la Seprelad. Con esto, lo que se busca es evitar que el Estado y la sociedad conozcan el origen y el manejo del capital que financia a determinados partidos y candidatos. Aunque el control se traspase a la fiscalía y al TSJE, estos organismos no tienen la competencia ni la capacidad para analizar aportes y usos del financiamiento político.
Otra cuestión no menos importante es que, de aprobarse el proyecto, la plata pasará a desempeñar un rol central en la vida política nacional. Como se eleva a unos 700.000 dólares el monto de lo que cada ciudadano puede donar a los candidatos, en las campañas electorales claramente se establecerá una gran diferencia entre quienes pueden disponer libremente de varios miles de millones de guaraníes y quienes deban recaudar fondos recurriendo a aportes de los amigos, polladas y rifas. La publicidad intensiva en los grandes medios masivos de comunicación solo estará al alcance de unos pocos, solventados por poderosos grupos narcotraficantes, mafiosos o conglomerados empresariales.
Otorgar privilegios legales a marionetas de narcotraficantes y de acaudalados empresarios sería atentar contra la naturaleza misma de la política, cuyo fin principal es promover, administrar y preservar el bien común, es decir, velar por los intereses de la ciudadanía, en especial, de los más necesitados.
Los políticos deberían distinguirse por su vocación de servicio a la comunidad y a la patria, tratando de hacer realidad los ideales de su organización partidaria. Quienes ejerzan cargos públicos no pueden desempeñarse como empleados de algún patrón ni, menos aún, como operadores de grupos mafiosos.
La mayoría de nuestros políticos son bastante impresentables, muchos incluso enfrentan procesos judiciales, pero la solución no está en “importar” salvadores de la patria de otras áreas. El camino es insistir en la educación correcta de las nuevas generaciones para formar a nuevos políticos honestos y capaces para servir al pueblo.
Dicen que el dinero no tiene color, pero la plata sucia de los delincuentes no puede ser la madre de nuestros gobernantes.
Fuente: ABC Color
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Sección OPINIÓN
Domingo, 09 de Julio de 2017
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