NADIE POR ENCIMA DE LA LEY
Por ILDE SILVERO
ilde@abc.com.py
Nadie está por encima de la ley es una afirmación que oímos con frecuencia en el ámbito político y académico. Sin embargo, una cosa es concordar con una premisa obvia y otra que tal principio se respete en la vida diaria. Hay mucha gente que actúa como si la ley fuese un cuento de hadas.
Esta perniciosa costumbre de no respetar los principios jurídicos que hemos adoptado como nación es practicada en los más diversos sectores sociales. Cobra mayor notoriedad la acción ilegal de las autoridades nacionales, empezando por quienes encabezan los tres poderes del Estado.
Algunos líderes políticos, tanto del oficialismo como de la oposición, insisten en la propuesta de que el actual presidente de la República renuncie y luego asuma como senador activo, cuando la Constitución Nacional establece, con meridiana claridad, que los ex presidentes de la nación “serán senadores vitalicios, no integrarán el quorum y tendrán voz pero no voto”. Nadie puede estar por encima de lo que dispone nuestra Carta Magna.
Si lo señalado es claro y categórico, no es posible comprender por qué los miembros de la Corte Suprema de Justicia dieron lugar y aceptaron la apelación del Partido Colorado para que el titular del Ejecutivo sea candidato al cargo de senador activo. No importa qué biblioteca leyeron ni a qué jurista famoso consultaron, los ministros de la Corte tampoco están por encima de la ley y, menos aún, en contra de normas constitucionales.
Los integrantes del Poder Legislativo, que gustan llamarse a sí mismos “honorables”, en más de una ocasión han aprobado proyectos de leyes que contradicen principios de la propia Constitución Nacional. Aquí no se trata de negar la facultad inherente al Congreso de sancionar leyes, incluyendo la anulación o reforma de leyes anteriores. Lo que no pueden hacer es arrasar con su propio reglamento interno (como la famosa “sesión mau” del Senado) ni violar artículos de la Constitución Nacional. Los diputados y senadores tampoco están por encima del orden jurídico vigente.
Si la cabeza comete irregularidades, el resto del cuerpo anda de mal en peor. Cada semana estallan pequeños y grandes escándalos de malversaciones de fondos, sobrefacturaciones, exigencias de coimas, compras sin licitaciones, planilleros que cobran sin trabajar, empleados privados que perciben sueldos estatales, enriquecimientos ilícitos, apropiación dolosa de bienes públicos, etc.
Ministros, presidentes de instituciones públicas, gobernadores, intendentes, jueces, fiscales, comisarios, policías y zorros de tránsito no se preocupan mucho de las apariencias y sin disimular demasiado, pisotean leyes, normas, ordenanzas o reglamentos internos como si fuera lo más natural del mundo.
La falta de respeto a la ley es tan generalizada que también los simples ciudadanos se acoplan al modus operandi de las autoridades. Muchos industriales, comerciantes, profesionales, trabajadores formales y changadores ambulantes buscan la manera de eludir obligaciones legales, principalmente pago de tasas e impuestos, total, todo el mundo está en lo mismo. Esta “cultura de la ilegalidad” nos mantiene atados en el atraso y el cretinismo social.
Fuente: ABC Color
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Sección OPINIÓN
Domingo, 24 de Junio de 2018
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