¡SALUD, INDIGNADOS!
Por ILDE SILVERO
ilde@abc.com.py
La indignación popular expresada en las calles no es un buen síntoma en una democracia, pero cuando las instituciones oficiales no funcionan, ¡bienvenida sea la acción de la ciudadanía en la vía pública!
Resultó francamente impresionante la realización simultánea y autoconvocada de múltiples manifestaciones de personas indignadas en nuestra capital y en varias ciudades del interior. Todos contra la corrupción fue el lema principal, teniendo en cuenta la presencia en el Congreso de varios políticos denunciados y algunos imputados por actos de corrupción en cargos del Estado.
La forzada renuncia del diputado José María Ibáñez, ciertamente, fue un triunfo del repudio generalizado de la ciudadanía por su elección como legislador a pesar de haber admitido ante la justicia que robó plata del Estado para pagar los salarios de sus tres “caseros de oro”.
Pero la batalla ganada no es suficiente, pues aún están en las Cámaras del Senado y de Diputados otros 11 legisladores que tienen cuentas pendientes con la justicia por delitos varios como malversación de fondos públicos, negociados con obras estatales y tráfico de influencia desde cargos oficiales.
Aunque estas movilizaciones masivas generan cierto clima de intranquilidad e inestabilidad institucional, deben proseguir porque las situaciones de injusticia y la caradurez de los políticos sinvergüenzas no han cesado y continúan allí, en altos cargos gubernamentales, bien pagados con la plata del pueblo, burlándose de los ciudadanos “comunes”, como reconoció uno de los descerebrados que fungen de representantes del pueblo.
En la convivencia entre seres humanos, siempre habrá diferencias de opinión y conflictos, porque no somos una comunidad de ángeles. Lo que está mal es que las instituciones públicas creadas para garantizar la armonía y la paz en una sociedad democrática no funcionan, no cumplen con sus obligaciones específicas y, en consecuencia, llegamos a instancias de reacción del pueblo ante los abusos de quienes ostentan el poder.
La Corte Suprema de Justicia autorizó que un presidente en ejercicio del poder, como Horacio Cartes, pueda volver a candidatarse para el mismo cargo reformando la Constitución Nacional vía enmienda.
El Tribunal Superior de Justicia Electoral aceptó que los expresidentes de la República puedan candidatarse a senadores activos cuando claramente nuestra Carta Magna establece en forma imperativa que “serán senadores vitalicios con voz pero sin voto”.
El juez del caso Ibáñez debió haber ordenado la prisión del ladrón de fondos fiscales, la devolución de lo robado y la inhabilitación expresa para volver a ocupar cargos públicos por, al menos, cinco años.El fiscal que entiende en la denuncia por tráfico de influencias de González Daher como presidente del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados debió solicitar la prisión preventiva del acusado y también la inhabilitación para volver a postularse a cualquier puesto en la función pública.
Vemos con toda claridad que las instituciones oficiales encargadas de administrar justicia y de respetar y hacer respetar nuestra Constitución Nacional y nuestras leyes no han cumplido con su deber. Estas falencias generan las situaciones de conflicto y enervan la paciencia de la gente que se ve forzada a salir a las calles para rectificar tales distorsiones legales y políticas.
Entonces, por ahora, salud a los indignados por exigir el respeto de la ley en las calles y que las autoridades de los tres poderes del Estado vayan aprendiendo la lección de que la impunidad no es eterna y que las acciones delictivas, más tarde o temprano, recibirán el castigo que merecen.
Fuente: ABC Color
www.abc.com.py
Sección OPINIÓN
Martes, 07 de Agosto de 2018
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