COMPUEBLANOS EN ACCIÓN - Por ILDE SILVERO - Domingo, 04 de Noviembre de 2018

COMPUEBLANOS EN ACCIÓN

 Por ILDE SILVERO

ilde@abc.com.py

Todas las semanas surgen nuevos casos de ciudadanos y concejales de municipios del interior que solicitan la intervención de sus respectivas comunas por presunta mala administración y corrupción de sus intendentes. Estas acciones deben ser apoyadas porque los compueblanos tienen derecho a conocer el manejo de los fondos municipales.

Durante muchas décadas, los gobernadores e intendentes de los diversos departamentos y ciudades han manejado los fondos públicos casi como si fueran recursos particulares, lo que dio lugar a un festín de malversación de dinero del pueblo y apropiación ilícita por parte de dichas autoridades.

Quién no conoce a intendentes o gobernadores que antes de ser electos tenían un nivel de vida modesto, acorde a la mayoría de las familias de cada ciudad. En muchos casos, dos a tres años después de haber asumido sus cargos, estas autoridades elevaron notoriamente su estilo de vida, compraron mansiones, vehículos de alta gama, edificios, estancias y hasta departamentos de lujo en el exterior.

Por supuesto que en una sociedad libre, las personas pueden ir mejorando su situación económica y progresando con su trabajo y esfuerzo. El problema surge cuando el rápido enriquecimiento es protagonizado por una autoridad recién electa, cuando los costosos bienes adquiridos de ninguna manera están acordes al nivel de su ingreso salarial.

Actualmente, el ejemplo más notorio y publicitado es el famoso Clan Zacarías de Ciudad del Este. En la última década, los hermanos Justo y Javier Zacarías Irún y la esposa de éste, Sandra McLeod, controlaron la gobernación y la intendencia del Alto Paraná y de su capital. Denuncias de concejales e investigaciones periodísticas demostraron que el clan tuvo un meteórico enriquecimiento ilícito, pues adquirió numerosas propiedades en el país y en el exterior, y creó varias empresas para prestar servicios o vender bienes a sí mismos, es decir, a la municipalidad y a la gobernación altoparanaense. El Congreso está analizando ahora la posible intervención de la comuna esteña.

Los concejales y los miembros de las juntas departamentales son los primeros responsables de la tarea de controlar, acompañar e ir chequeando el uso de los fondos comunales y gubernamentales, respectivamente. Ellos tienen un buen sueldo para cumplir esa función específica. En segunda instancia, son todos los pobladores de un distrito o del departamento quienes pueden también pedir explicaciones y hacer una tarea de seguimiento del uso de los fondos públicos. Si los vecinos se dan cuenta de que, de pronto, el intendente o el gobernador demuestra tener una prosperidad económica importante, eso huele mal porque seguramente hay hechos ilícitos detrás.

Mediante la ley de transparencia, cualquier ciudadano puede exigir copias de los documentos que avalan la manera en que se usaron los fondos públicos. Este es un instrumento valioso que puede ayudar a combatir la corrupción y denunciar a los delincuentes disfrazados de autoridades.

Un consejito para los interesados: Facebook e Instagram pueden ser buenos aliados; allí los nuevos ricos sucumben a la tentación de exhibir los flamantes símbolos de derroche económico.

Fuente: ABC Color

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Sección OPINIÓN

Domingo, 04 de Noviembre de 2018

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