AUTOBLINDAJE DESCABELLADO - Por ILDE SILVERO - Domingo, 18 de Noviembre de 2018

AUTOBLINDAJE DESCABELLADO

 Por ILDE SILVERO

ilde@abc.com.py

No es un capricho ni fruto del azar la división de los poderes de la república en tres instituciones independientes entre sí con el fin de tener un sistema democrático de gobierno, no sometido a la voluntad unilateral de una persona o de una élite política. Los tres poderes en conjunto son responsables de la convivencia pública de una nación.

En la práctica cotidiana, eso significa que el Congreso sanciona las leyes, el Poder Ejecutivo administra el país según las normas y el Poder Judicial interpreta y juzga el cumplimiento del sistema jurídico y, eventualmente, aplica penas a quienes lo violan.

Lo señalado es una cuestión muy básica, para alumnos de la educación media, pero, al parecer, la mayoría de los diputados ahora quiere distorsionar el orden establecido.

El procedimiento de la pérdida de investidura de los parlamentarios, aprobado en general en Diputados, es un engorroso trámite para sancionar a los corruptos y fija como órgano juzgador al Tribunal Superior de Justicia Electoral.

El TSJE, aunque órgano independiente, forma parte del sistema judicial con una función bastante específica: organizar, realizar, supervisar y proclamar los resultados de los comicios generales, tanto presidenciales como legislativos y comunales.

Ahora, según el proyecto en estudio, el Poder Legislativo le va a pedir al TSJE que resuelva, en última instancia, si un diputado o un senador ha cometido o no acciones delictivas que ameriten la pérdida de su investidura parlamentaria.

Esta propuesta es increíblemente descabellada, principalmente, por dos motivos: uno, que según la Constitución, los congresistas son pares entre sí y solo su propia cámara les puede aplicar alguna sanción, no un poder externo; segundo, los tres ministros del TSJE están capacitados para dirimir cuestiones electorales, pero no tienen competencia, ni preparación ni recursos para ponerse a investigar y resolver si algún parlamentario malversó fondos públicos, hizo tráfico de influencias o se vio involucrado en graves casos de corrupción.

De sancionarse finalmente este proyecto, el Congreso estaría renunciando a una prerrogativa constitucional de autonomía y los jueces electorales deberían asumir imprevistos roles de la justicia penal al tener que juzgar la conducta de diputados y senadores que ya están en ejercicio de sus funciones legislativas.

La futura ley establecería un doble blindaje para los miembros del Congreso contra quienes existen pedidos de pérdida de investidura. Primero, una mayoría absoluta en cada cámara debería votar a favor de la sanción y, segundo, el caso pasaría luego al TSJE para que este órgano resuelva finalmente la cuestión

Este proceso largo, engorroso y pasible de apelaciones, aparece como pensado para desalentar a los grupos ciudadanos y organizaciones políticas que quieran peticionar al Congreso la pérdida de investidura de uno de sus miembros. Como entre bueyes no se quieren meter cornadas, ahora pretenden pasar la pelota tata a la Justicia Electoral, que no tiene vela en este entierro.

Sin dudas, el autoblindaje va a pasar a ser una estrategia de autobandidaje.

Fuente: ABC Color

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Sección OPINIÓN

Domingo, 18 de Noviembre de 2018

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