COARTAN LIBERTAD DEL PUEBLO

Por ILDE SILVERO

ilde@abc.com.py

Un juez del Alto Paraná prohibió a escrachadores acercarse a tres camaristas de CDE, tanto a sus domicilios como a su lugar de trabajo. La resolución judicial es absolutamente insólita y rotundamente inaceptable porque lo dispuesto atenta contra el derecho a la libertad de expresión consagrado específicamente en la Constitución Nacional.

La medida fue ordenada por el juez penal de garantías Amílcar Marecos como medida cautelar en el marco de un hábeas corpus genérico planteado por tres camaristas, que habían sido escrachados por haber dado libertad ambulatoria a un ex policía condenado a 10 años de prisión por abuso sexual en niños.

Los camaristas habían solicitado la medida cautelar porque se sintieron molestos al ser escrachados en la vía pública por activistas de la organización “Con los niños, NO”. Estos jueces ya fueron separados de sus cargos por el Consejo de la Magistratura y afrontarán un juicio por mal desempeño de sus funciones.

Lo que aquí corresponde es dejar absolutamente en claro que ningún juez, ministro ni el propio presidente de la República tiene facultades constitucionales para coartar la libertad de expresión de los ciudadanos.

No importa si las personas protestan porque se gasta plata en enviar gente a la Luna, porque las fábricas contaminan el aire, porque las autoridades casi entregaron la soberanía en Itaipú o porque Cerro nunca pudo llegar a conquistar la Copa Libertadores.

Cualquier persona tiene el derecho a expresar lo que piensa, con la única limitación de que sea en forma pacífica, sin violencia, sin afectar derechos de terceros ni meterse en la vida íntima y la propiedad privada de las personas.

Prohibir las manifestaciones públicas es una herencia nefasta de las dictaduras en cualquier parte del planeta. En nuestro país, durante el régimen stronista, “la calle era de la policía” y no podían reunirse ni manifestarse más de tres personas, salvo expresa autorización de la comisaría de la zona. Esta severa restricción, por supuesto, no regía para los chupamedias del tirano, quienes podían reunirse en cualquier parte y a cualquier hora, incluso borrachos, para hacer hurras al dictador.

Los escraches constituyen una forma legítima de protesta de un sector de la ciudadanía contra personajes de la vida pública que se burlan abiertamente de la ley, quedan impunes tras cometer delitos y la vara de la justicia no les alcanza. Entonces, a la ciudadanía no le queda otra opción que, por lo menos, manifestar en público su indignación y rechazo ante estos hechos vergonzosos.

Otra faceta que revela la resolución judicial de CDE es la errónea concepción de que los jueces están por encima de la ley, que son ciudadanos de primera clase a quienes no se puede criticar ni denunciar cuando cometen actos violatorios de las normas legales.

Ante la ley, los jueces y fiscales son personas comunes y corrientes como todas las demás. No porque tengan a su cargo la administración de justicia, tienen privilegios especiales que los convierten en miembros de una raza superior.

El más humilde de los recolectores de basura en los vertederos tiene la misma dignidad e idénticos derechos cívicos y legales que un juez. Al menos, así debería ser en una república, en una democracia, en un estado de derecho.

Si el señor juez no quiere que lo escrachen, pues que no cometa el grosero error de liberar de la prisión a un confeso condenado a diez años de cárcel por haber violado a una menor. Si anda haciendo negociados con sus facultades judiciales, pues que se atenga a las consecuencias, le gusten o no los escraches.

Fuente: ABC Color

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Sección OPINIÓN

Viernes, 18 de Octubre de 2019

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