LAS VERDADES INCÓMODAS DEL CASO ARROM Y MARTÍ

Por ANDRÉS COLMÁN GUTIÉRREZ

Twitter: @andrescolman

A quienes seguimos de cerca los hechos políticos y delictivos de los 90 y 2000 no nos quedan dudas de que los activistas Juan Arrom y Anuncio Martí tuvieron responsabilidad en crear un grupo armado vinculado al Partido Patria Libre –que desde el 2008 se denomina Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP)– juzgado por el secuestro de María Edith de Debernardi entre noviembre de 2001 y enero de 2002. El propio “comandante en jefe” del EPP, Alcides Oviedo, confirmó la participación de Arrom, a quien considera “traidor” y “desertor”.

Tampoco tenemos dudas de que el gobierno del presidente Luis González Macchi (1999-2003), con la Fiscalía y el Poder Judicial, avaló a un grupo policial y judicial que detuvo ilegalmente a Arrom y Martí durante el caso María Edith, del 17 al 30 de enero de 2002, los mantuvo secuestrados y los sometió a torturas, hasta que sus parientes y periodistas los hallaron en una vivienda de Villa Elisa.

Era una época política compleja. Tras la crisis con el oviedismo, el asesinato del vicepresidente Argaña, el Marzo Paraguayo y la renuncia del presidente Raúl Cubas, en 1999 subió al poder un sector del Partido Colorado que se involucró con impunidad en actos arbitrarios y de corrupción. Ante el secuestro de Debernardi por el grupo pre-EPP, entró a actuar el equipo de inteligencia que había detenido en Brasil a Lino Oviedo, aplicando tácticas de “guerra sucia” como en la dictadura, capturando y torturando ilegalmente a los sospechosos del secuestro, en lugar de someterlos a la Justicia.

Hay mucha evidencia de que altos jefes policiales y funcionarios judiciales, bajo la dirección de los ministros Julio Fanego (Interior) y Silvio Ferreira (Justicia), mantuvieron detenidos ilegalmente durante 14 días a Arrom y Martí, hecho calificado como “terrorismo de Estado”, escándalo que costó la destitución de los ministros Fanego y Ferreira, pero como Arrom y Martí luego huyeron al Brasil, el sistema judicial de entonces –que estaba muy ligado a la misma rosca política–, acabó blanqueando el caso, absolviendo a los policías y a los funcionarios torturadores.

Esta es la cuestión que en febrero se resolverá en la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). No está en discusión que Arrom y Martí sean secuestradores (es otro proceso, no cerrado en nuestra Justicia). Se juzga que el Estado paraguayo no sancionó a sus miembros por haber actuado al margen de la ley. Dirán que Arrom y Martí son secuestradores y se merecen lo que les pasó, pero un país que está integrado a un sistema internacional de justicia debe rendir cuentas si viola los derechos humanos (aún de los delincuentes) por más que hayan pasado 20 años.

Si nos llegan a aplicar un resarcimiento económico, sería injusto que los ciudadanos tengamos que pagar. Hay que cobrarles a los que fueron responsables en su momento, aunque ahora algunos ocupen altos cargos en el Estado.

Fuente:  ULTIMA HORA (ONLINE)

www.ultimahora.com

Sección OPINIÓN

Sábado, 05 de Enero de 2019

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