Portal Guaraní - PENALIDADES DE UN INOCENTE - Por ALCIBÍADES GONZÁLEZ DELVALLE

Es posible cometer errores, desde luego, y son perdonables en el supuesto de que no hubiera mala fe. Pero la intención perversa no es error, más aún cuando reiteradamente se insiste en ella. El periodista concepcionero Édgar Chilavert recuperó el miércoles su libertad luego de 20 meses de estar encarcelado por un delito que no cometió.

Desde un comienzo, tal como se venía publicando en ABC Color con la firma de Roque González Vera, la fiscala Carina Sánchez procuraba tener entre rejas al periodista. Ella, de una modesta formación profesional –sus escritos y la lógica de sus pensamientos la delatan a gritos– tuvo sin embargo mucha imaginación para inventar casos y cosas que alargaran los días de prisión de Chilavert.

Cuesta entender que se llegara a veinte meses para terminar con los padecimientos de un inocente y de su madre anciana. Pasó demasiado tiempo para acabar con el engaño, las tramas, las mentiras de una fiscal dócil a oscuros –o demasiado claros– intereses que evidentemente presionaban con fuerza.

¿El delito de Chilavert? Uno solo pero inmenso: denunció la venta irregular de una propiedad municipal que fuera donada por el Ministerio de Defensa Nacional para la construcción de un puerto granelero municipal. Fue con la prohibición expresa de que se vendiera el terreno. El intendente, Alejandro Urbieta, firmó esta cláusula pero la incumplió. Concepción se quedó sin el puerto, que era la posibilidad de una fuente de importantes recursos para la ciudad.

La denuncia de este hecho por parte del periodista desencadenó su drama. Con la complicidad de abogados y fiscales, se llevó adelante la ficción de abuso sexual a un menor. La orden que cumplió la fiscalía con admirable precisión, aunque burdamente, era que Chilavert dejase de molestar con sus documentadas denuncias.

¿Qué pruebas tenía la fiscala para sostener su acusación? Nada. Todos sus inventos fueron documentadamente refutados por la defensa del periodista, ejercida con profesionalismo por los abogados Daniel Alarcón y Osvaldo Sánchez. Cada intervención de estos profesionales demostraba la mala fe de la fiscalía, apoyada por abogados de su misma naturaleza torcida.

La fiscalía sostuvo su acusación con la fotocopia –inválida– de un mensaje simulado entre víctima y victimario. Las otras pruebas, que se encontraron supuestamente en el celular de Chilavert, fueron fotografías de jóvenes con el torso desnudo. De aquí la fiscalía dedujo que el periodista fue el autor del hecho criminal. Si hubiera encontrado la fotografía de un revólver lo habría acusado de asesino serial.

Las denuncias de Chilavert sobre la venta irregular del terreno municipal normalmente tenían que ser investigadas por la fiscalía. Pero no. Intervino la mafia para silenciar al denunciante. Los denunciados, intendente, concejales, asesora jurídica, para nada han sido molestados. Ni lo serán.

El Tribunal estuvo compuesto por los jueces Darío Hernán Estigarribia, María Magdalena Dos Santos y Jovino González, quienes por unanimidad declararon la inocencia del acusado. Es más, remitieron los antecedentes al Jurado de Enjuiciamiento para que se investiguen a los fiscales que tan vergonzosamente habían llevado el pleito con un solo objetivo: acallar las denuncias de un posible delito. Con seguridad, si hay justicia, se los encontrará culpables. Sería insuficiente el castigo si solo se los apartara de las funciones que deshonraron. Tendrían que estar en la cárcel, como mínimo, el mismo tiempo que le impusieron a Chilavert.

Son tan torpes estos fiscales que para desimular lo que ya no podían disimular, pidieron 18 años de cárcel para el periodista. Intentaron hacer aparecer su incompetencia y mala fe como el producto de una investigación rigurosa y honesta.

El abogado de Chilavert, Daniel Alarcón –según publica ABC Color– dijo que Sandra Quiñónez, fiscala general del Estado, se “involucró en el montaje de la denuncia falsa (...) No es usual que en una causa de abuso sexual se involucren directamente cinco fiscales para sostener una acusación. Lo grave es que la denuncia que se presentara para investigar la venta del puerto de Concepción está paralizada. Todas las carpetas se encuentran en su poder”.

Se entiende que Sandra Quiñónez pusiera a cinco fiscales. Solo así era posible cometer tantos disparates. Uno solo no podría hacerlo. Ni dos. Con los antecedentes de la fiscala general, las denuncias contra el intendente concepcionero pasarán una larga siesta en su oficina.

ENLACE INTERNO A ESPACIO DE VISITA RECOMENDADA

EL IDIOMA GUARANÍ, BIBLIOTECA VIRTUAL en PORTALGUARANI.COM

(Hacer click sobre la imagen)