LOS SUFRIMIENTOS INDÍGENAS
Por ALCIBÍADES GONZÁLEZ DELVALLE
alcibiades@abc.com.py
La codicia de tres ganaderos hace pasar indecibles penalidades a una comunidad indígena. Sus tierras fueron ocupadas por Miguel Muñoz Armas y los menonitas Oscar Hein Ratzlaff y Kurt Friesen, quienes pretenden ignorar la legitimidad de los documentos que avalan la posesión de los nativos. La propiedad está ubicada en Infante Rivarola, departamento de Boquerón, frontera con Bolivia. Pertenece a la comunidad Loma, Guarani Ñandéva.
La colonia, asiento de los indígenas, se creó en 1984 de manos del entonces Instituto de Bienestar Rural (IBR), por resolución número 640 del 29 de octubre. Tiene una superficie de 10.000 hectáreas. La personería jurídica de Loma se reconoció el 24 de abril de 1989, por decreto 1232, que expresa: “…autorízase el funcionamiento de la mencionada comunidad con carácter de persona jurídica”. Todo legal. Ya podían los nativos sentirse propietarios de las tierras. Fue un caso de estricta justicia frente a las angustiosas necesidades –raras veces resueltas- de los indígenas, que cada vez más son empujados a vivir como indeseables, ¡en su propia tierra!
En el 2010, los nombrados ganaderos le echaron el ojo a la propiedad de los nativos y solicitaron al Indert que les vendiese. El pedido, como era de esperarse, les fue denegado –por escrito, en el 2011– por la sencilla razón de que pertenece a la comunidad Loma. O sea, ya escapaba a la jurisdicción de la oficina estatal, por lo menos para disponer de ella y transferirla a terceras personas.
¿Se dieron por vencidos los ganaderos? ¿Estaban dispuestos a acatar una medida gubernamental? ¿Iban a respetar la propiedad indígena? No. Todo lo contrario. Con la negativa del Indert en la mano, y sin importarles que la propietaria del inmueble sea una comunidad indígena, se instalaron en ella de lo más campante. Instalaron, como si nada, sus establecimientos ganaderos de donde no piensan salir, salvo que los nativos les paguen seis mil millones de guaraníes (aproximadamente un millón de dólares) por “las mejoras” que supuestamente habían hecho en el terreno invadido.
La pregunta elemental es: desde la honestidad y la buena fe, ¿por qué realizaron tales gastos si ya se les había demostrado que las tierras son de los indígenas?
Hay más: ante la embestida de los ganaderos, el Indert inició la mensura judicial en mayo de 2019 que concluyó en agosto del presente año. ¿El resultado? Favorable a los indígenas, a los propietarios legales, a quienes se pretende impedir la posibilidad, por tanto tiempo esperada, de mitigar sus necesidades para que tres empresarios engorden su ganado, como tantos otros que hacen lo mismo.
¿Más todavía? Sí. Ante la decisión del Indert de cumplir con la ley –como era su obligación– los ganaderos solicitaron una medida de no innovar. No innovar los dueños de la tierra, no tocar un poste de su propiedad, pero los intrusos continúan utilizando la ajena. El daño inmediato se traduce en la imposibilidad de que en la comunidad Loma se realice, como está proyectada, la instalación de energía eléctrica que permitiría que los pobladores tuviesen agua.
El Estado paraguayo tiene demandas en los organismos internacionales acerca del incumplimiento de las leyes que amparan a los nativos. Muchas de esas demandas han tenido sentencias negativas para el país. Se ha demostrado que los pueblos indígenas caen fácilmente en las redes de la codicia por sus tierras con total indefensión.
El caso de Guarani Ñandéva parecería ser un caso más, pero no lo es. ¿Qué lo hace distinto? El atropello, la instalación de estancias, inversiones millonarias, la aclaración del Indert de que las tierras pertenecen a los indígenas según todos los documentos que lo avalan, la pretensión de los empresarios de que se les abone, para salir, casi un millón de dólares; la medida cautelar que deja sin electricidad y sin agua a los verdaderos propietarios. ¿Qué más? La inseguridad de vivir y trabajar en la propia tierra.
Fuente: ABC Color (Online)
www.abc.com.py
Sección: OPINIÓN
Domingo, 25 de Octubre de 2020
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