LA JUGADA DE LA CORTE SUPREMA - Por ALCIBÍADES GONZÁLEZ DELVALLE - Domingo, 16 de Enero de 2022

LA JUGADA DE LA CORTE SUPREMA

Por ALCIBÍADES GONZÁLEZ DELVALLE

alcibiades@abc.com.py

Se inicia otro año con una Corte Suprema de Justicia que con toda certeza, a juzgar por sus antecedentes, seguirá con la misma desidia -¿o complicidad?- de años anteriores acerca de la desmesurada corrupción que empobrece al país, moral y económicamente, aunque robustece a los poderosos que desvalijan al Estado.

Tomando solo un caso –tal vez el más emblemático por el volumen de dinero sustraído- tenemos el de dos exministros de Agricultura y Ganadería, Enzo Cardozo y Rody Godoy, acusados por lesión de confianza y estafa al Estado por sesenta y ocho mil millones de guaraníes. Sí, leyó bien, sesenta y ocho mil millones de guaraníes. En el 2012 ascendían más o menos a veinte millones de dólares. En otro caso, Cardozo está procesado por una suma menor, pero igualmente importante: casi cuatro mil millones. Se le había procesado también por otra estafa de tres mil quinientos millones pero la fiscal Rosa Acuña, naturalmente, le salvó.

Acerca de los cuatro mil millones, cuya investigación estuvo a cargo de la fiscal Alba Delvalle, el juez Humberto Otazú había citado a Cardozo, y otros, el 11 de junio de 2019 para la imposición de medidas. Pero las veces que se fija una fecha, aparecen las famosas chicanas que son la confesión de culpabilidad de los acusados. Si fuesen inocentes, ellos mismos pedirían demostrar su inocencia lo antes posible.

El 5 de abril de 2005 la fiscal Alba Delvalle ya había pedido el juicio oral para los involucrados en la supuesta estafa de cuatro mil millones de guaraníes. Este dinero de Agricultura y Ganadería, del que Cardozo fuera ministro, y Godoy su sucesor, estaba destinado al Programa Nacional de Fomento Pecuario (Pronofope) y del Frente Combatiente contra la Pobreza (Freccop). Demás está decir que la cuantiosa suma no llegó a destino, o sea, a quienes debía llegar. Se combatió la pobreza pero no la de los pobres.

Cardozo, Godoy y otros, están igualmente involucrados en otro caso mucho mayor: sesena y ocho mil millones de guaraníes que debían ayudar a los pequeños productores, también para salir de la pobreza, pero se hundieron aún más en ella para que un grupo de delincuentes se hiciese de costosas propiedades entre tierras, residencias, lujosos vehículos.

Ya con miras a perpetrar la estafa, en el 2011 se creó una supuesta federación de productores (Fenaprofhp) que firmó un “convenio” con Enzo Cardozo en su calidad de ministro de Agricultura. Inmediatamente se iniciaron los desembolsos contrarios a la ley para estos casos. No se hicieron estudio de mercado, proyectos de inversión, estudio de suelo, etc.

De acuerdo con los documentos arrimados al voluminoso expediente, Enzo Cardozo y luego Rodi Godoy .-que le sustituyó en el cargo- firmaban la resolución de transferencia sin que se presentara la rendición de cuenta de la anterior entrega. Luego, para disimular, la Fenaprofhp presentaba una larga lista de supuestos beneficiarios. Se acudía al sencillo expediente de falsificar las firmas.

También la ley exige la presentación de tres presupuestos de las mercaderías a adquirirse. La Fenaprofhp lo hacía puntualmente, sólo que los presupuestos salían de un mismo comerciante que tenía a su nombre tres casas comerciales. Luego se aceptaba el presupuesto “más bajo” y se ordenaba la compra. El más bajo significaba, por ejemplo, que una carretilla de 35.000 guaraníes en plaza, la Fenaprofhp hacía figurar 350.000 guaraníes frente a los 352.000 de “la otra empresa”. Y no para comprar una carretilla, sino supuestamente cientos de ellas. Y así con todos los insumos que iban a parar a la finca de los directivos de la “federación” que son propietarios de establecimientos modelo. Silvio Riveros, presidente de la “federación”, compró al contado una propiedad en Ybycui por 3.200 millones de guaraníes. Fue al poco tiempo de que recibiera del ministerio de Agricultura, “para los productores”, la suma de 4.000 millones de guaraníes. Riveros y otros, por este caso, están cumpliendo pena carcelaria.

La condena a los directivos de la federación es insuficiente para castigar merecidamente a los estafadores. Un juez había solicitado ante la Fiscalía General la confiscación de las propiedades que se compraron con el dinero producto de la estafa al Estado.

En su momento, Cardozo presentó una acción de inconstitucionalidad y logró suspender la audiencia preliminar en la que se iba a decidir si el caso se iba a juicio oral y público. El expediente está en la sala constitucional de la Corte a muy buen resguardo. Es otro descaro de nuestra “justicia”.

Se teme que la Corte aplique la “doctrina Carolina Llanes” y se prescriban las causas “porque ya pasó demasiado tiempo”. Claro, esta es la jugada

Fuente: ABC Color (Online)

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Sección: OPINIÓN

Domingo, 16 de Enero de 2022

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