YA ES ALGO - Por ALCIBÍADES GONZÁLEZ DELVALLE - Domingo, 17 de Abril de 2022

YA ES ALGO

Por ALCIBÍADES GONZÁLEZ DELVALLE

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Luego de una lluvia de chicanas, al fin la justicia ordenó que el gobernador del Departamento Central, el cartista Hugo Javier González, guarde arresto domiciliario. Suponemos que es el primer paso camino a la cárcel por los muchos delitos que la fiscalía le atribuye. Acorralados por la evidencia, los abogados del gobernador salen a decir una serie de despropósitos que solo sirven para embarullar.

En principio, la juez de San Lorenzo, María Elena Cañete, dispuso que el gobernador guarde reclusión en su domicilio de Fernando de la Mora. Uno de los abogados solicitó que fuera en otro lugar, cercano a la Gobernación, donde podrá continuar en el ejercicio de su cargo “además de permitir cumplir el rol de padre de forma responsable”.

No me voy a referir a asuntos íntimos, pero eso de “donde podrá ejercer su cargo de gobernador” es un completo disparate. La justicia resolvió el arresto domiciliario por considerarlo “prudente atendiendo la gravedad del hecho”. ¿Y cuál es la gravedad del hecho? El presunto mal uso de fondos covid por seis mil trescientos ochenta y dos millones de guaraníes. Y siendo así –la gravedad del hecho- ¿en qué cabeza cabe que desde un arresto domiciliario se le permita seguir, entre otras funciones, firmando cheques en el supuesto de que algo sobrará? ¿Qué supone el arresto? Un castigo. ¿Por qué? Porque hay una montaña de pruebas acopiadas por la fiscalía que demuestran posibles delitos que merecen pena carcelaria. ¿Cómo es posible, frente a estos hechos, ni siquiera pensar que el gobernador siga ejerciendo el cargo desde su domicilio en calidad de arrestado?

Javier González cumple la medida judicial en un barrio cerrado ubicado entre Ypacaraí y Areguá. Atendiendo a la lógica de los abogados, el gobernador abrirá su despacho en la prisión “bajo control aleatorio de la Policía Nacional y la comisaría jurisdiccional de la zona”. Estas medidas se toman cuando hay fundadas sospechas de graves delitos. No es el clima ideal para que un funcionario ejerza el cargo en tales condiciones. Es más, González debería haber renunciado cuando comenzaron a saltar los resultados de la investigación de la Secretaría Nacional Anticorrupción (SENAC) y de la Subsecretaría de Estado de Tributación (SET) y ponerse a disposición de la justicia. Las citadas entidades demostraron el uso de facturas clonadas en la rendición de cuentas, luego corroboradas por la fiscalía, a más de otros casos que manchan el propósito constitucional de las gobernaciones.

Junto con González, hay otros 14 acusados por lesión de confianza, asociación criminal, producción de documentos no auténticos y declaración falsa. ¿No son suficientes para que la Gobernación esté en otras manos?

El concejal departamental, Adrián Billy Vaesken, dijo que de acuerdo con la Carta Orgánica del Gobierno Departamental, González debe informar sobre su ausencia. Es para que el titular de la Junta llene la vacancia según el artículo 13 de la Ley 426/94. Hay vacancia en caso de “ausencia, muerte, renuncia o impedimento del gobernador”. Aunque no existiere esta normativa, de cumplimiento obligatorio, sería anormal que un arrestado, aunque fuese en su domicilio, continúe en el ejercicio de su cargo por dos principales razones: No cabe mudar el despacho en el lugar de reclusión y por un principio de ética elemental.

Otra cuestión: ¿Es enteramente culpable Hugo Javier González? ¿No lo es, también, el cartismo que para tomar la gobernación de Central se valió de la popularidad de un animador de fiestas sin ninguna experiencia política ni administrativa? ¿Y qué es eso de salir rabiosamente en defensa de hechos probadamente corruptos? ¿Es más delincuente el autor o el protector?

En fin, felices pascuas.

Fuente: ABC Color (Online)

www.abc.com.py

Sección: OPINIÓN

Domingo, 17 de Abril de 2022

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