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José María Blanch S.J.

  ACCIÓN Nº 365 - Revista de reflexión y diálogo de los Jesuitas del Paraguay


ACCIÓN Nº 365 - Revista de reflexión y diálogo de los Jesuitas del Paraguay

ACCIÓN

Revista de reflexión y diálogo de los Jesuitas del Paraguay


Director:  JOSÉ MARÍA BLANCH, sj


Nº 365

JUNIO 2016

Centro de Estudios Paraguayos ANTONIO GUASCH

 

 

Editorial del mes

“Fiscalía Ijapu”

“De pie, vamos a recibir al Tribunal” es la frase repetida mecánicamente por la actuaria cada vez que se inicia o se retoma la audiencia pública en aquella fría Sala 2 de juicios orales del Poder Judicial. Frase que evoca aquella del “excelentísimo señor presidente y comandante en jefe…”.

Esa escena forma parte de la tragicomedia con forma de juicio oral que se viene desarrollan- do en el caso de la masacre de Curuguaty, obra que fue dirigida en sus inicios por el fiscal Jalil Rachid, posteriormente  asignada a los fiscales Nelson Ruiz, Leonardi Guerrero y Liliana Alcaraz, tras la asunción de Rachid como viceministro de Seguridad Interna de nuestro país, premio obtenido por su destacado papel en la acusación a los campesinos y campesinas de Marina Kue.

Estos fiscales representan al Ministerio Público, órgano proclamado como “representante de la sociedad ante los órganos jurisdiccionales para velar por el respeto de los derechos y de las garantías constitucionales”. Es increíble que justamente los derechos y las garantías constitucionales de los acusados estén siendo sistemáticamente pisotea- dos por el propio órgano creado para defenderlos.

Ante los gritos desde el público de “Fiscalía Ijapu” se vio a los fiscales mencionados, los días martes 14 y miércoles 15 de junio del año en  curso, actuar  irresponsablemente  ante  una muchedumbre  que destilaba dolor, impotencia y rabia por la infinita injusticia que había venido acumulándose desde las primeras horas de la mañana del 15 de junio del 2012.

Desde el inicio de la sesgada investigación llevada adelante por la fiscalía, que había omitido la investigación de la muerte, ejecución y tortura de los 11 campesinos fallecidos en el enfrentamiento, se han podido observar numerosas irregularidades, que van desde el ocultamiento de pruebas, desestimación de información clave, hasta la colocación a destiempo y de manera fraudulenta de supuestas pruebas. Irregularidades que han sido denunciadas una y otra vez, especialmente durante la audiencia preliminar.

Pese a esto la jueza Janinne Ríos decidió elevar la causa a juicio oral y, tras el cambio de aboga- dos y varias suspensiones, el juicio se inició con el alegato del fiscal Jalil Rachid, en el que expuso la teoría de la emboscada hecha por unos 60 campesinos, incluyendo a mujeres y niños, a los más de 320 policías supuestamente desarmados.


En principio se temía que el juicio sería un escenario donde los y las testigos pasarían a re- citar un libreto preparado. Pero para asombro de muchos, si bien hubo varios libretos, en casos de- terminantes como la declaración de los forenses, jefes policiales con pelotones a su cargo, funcionarios del Indert, entre otros, las contradicciones han sido insalvables. Además, ni un solo testigo ha podido identificar a uno de los acusados o acusadas. En todos los casos referían sentirse confundidos, no recordar de dónde vinieron los primeros disparos, etc.

Sin embargo, la fiscal Liliana Alcaraz inició sus alegatos finales el pasado martes 14 de junio, afirmando que el Ministerio Público estaba del lado de la verdad y que efectivamente se había probado la teoría del caso expuesta en el alegato inicial. Aunque esto fuera repetido por ella misma y sus colegas con tonos de voz cada vez más altos, la inconsistencia de su afirmación basada en un testimonio N.N. y en un supuesto informe psicológico de la profesional que realizó una entrevista inquisitoria a los acusados, no es otra cosa que la prueba más elocuente de que la Fiscalía no puede demostrar lo que sostiene que ha probado.

Pero, además, ha llegado al límite de desafiar la lógica no solo jurídica sino la del sentido común, al asegurar que podía entrar en la mente de uno de los acusados. Que podían afirmar que quienes son sindicados ahora como autores de los disparos que mataron al subcomisario Erven Lovera anhelaban matarlo.

Sostienen, por un lado, que las campesinas y los campesinos se habían organizado para matar y, por otro, que estaban decididos a afincarse en el lugar. Que contradictorio sería para un grupo criminal preparar la muerte de 6 de los 324 policías de élite, armados con fusiles automáticos, para luego de semejante quijotada permanecer afincados en esas tierras para cultivar, sin que ningún policía vengara a sus compañeros y más aún sin que las fuerzas del orden vinieran a buscarlos por semejante crimen.

En el momento  de solicitar años de prisión para cada uno de los acusados y acusadas la Fiscalía se trasladó a épocas oscuras, cuando formar parte de una organización en la que las tareas están divididas, reconocerse afín a un determinado conjunto de ideas, luchar por los derechos del pueblo usurpados por terratenientes, sí era un delito. Desoyendo la libertad de culto e ideas, consagradas en la Constitución Nacional, el órgano encargado de hacer respetar las garantías constitucionales atentó contra ellas y, antes que probar su teoría como lo requiere el Código Penal, se dedicó a criminalizar a los campesinos, a las mujeres por cocinar y cuidar a los niños, a otros por utilizar una frase “exclusiva” de los héroes, a todas y todos por pensar de una determinada manera.

En este vergonzoso juicio la Fiscalía ha pedido condenar sin ninguna prueba científica a 40, 25, 20, 8 y 5 años de prisión a personas inocentes. Y lo ha hecho con un objetivo confesado públicamente: “Queremos que se dicte una sentencia justa en estricto derecho para que a su vez pueda resultar un actor persuasivo para cualquier otro sector o grupo de campesinos”, como afirmó en su alegato el fiscal Nelson Ruiz.

En manos del Tribunal está la última palabra; esperemos que no ocurra con este lo que sucedió con los encargados de hacer respetar los derechos y las garantías constitucionales, con miras a bus- car el esclarecimiento y castigo para los que real- mente dispararon en la matanza de Curuguaty el 15 de junio de 2012.

 

 

 

 

 

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